Abriendo la norma
Cámara I Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 273.954
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue la sentencia de fs. 243/262 debe ser modificada (arts. 7, 768 inc. c, 1722, 1729, 1738, 1739, 1741, 1746, 1757, 1758 del C.C.C..; 163 inc. 6, 164, 165, 260, 272, 375, 384, 474 y cctes. Del C.P.C.C. 31 y 51 de la Ley 8904 y 31, 51 ley 14.967)
POR ELLO y demás fundamentos del precedente acuerdo se modifica la sentencia de fs. 243/262 en los siguientes aspectos: 1. se confirma el capital de condena por los daños al vehículo con los intereses dispuestos en el capítulo IV; 2. se reduce la incapacidad sobreviniente de Cristina Edith Morales a $ 420.000, con más $ 48.000 para atender los gastos de tratamiento psicoterapéutico; 3. se elevan los gastos médicos y de farmacia de Cristina Edith Morales a $15.000; 4. se elevan los gastos médicos y de farmacia de Luciano Rebozzio a $5.000; 5. Se eleva el daño moral en beneficio de Cistina Edith Morales que se justiprecia en $ 350.000 y 6. se confirma la sentencia en todo lo demás que decide. Y atento el resultado alcanzado, las costas de esta instancia se imponen en un 50 % a cargo de cada parte, difiriéndose la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL
273.954 "MORALES, Cristina E. c/ LAGO, Carlos A. y otros s/ Daños y Perjuicios”
En la ciudad de La Plata, a 1 día del mes de septiembre de dos mil veintiuno, reunidas en Acuerdo las señoras Juezas de la Excma. Cámara Primera de Apelación, Sala Segunda, Dra. Irene Hooft, Sala Primera, Dra. Adriana Beatriz Montoto y su Presidente, Dra. Ana María Bourimborde (art. 35 ley 5.827), para dictar sentencia en la causa caratulada: "MORALES, Cristina E. c/ LAGO, Carlos A. y otros s/ Daños y Perjuicios” y habiéndose procedido con anterioridad a efectuar el pertinente sorteo de ley el cual arrojó el siguiente orden de votación: Dras. BOURIMBORDE - HOOFT – MONTOTO, resolviendo el Tribunal plantear las siguientes:
PRIMERA: ¿Corresponde modificar la sentencia de fs. 243/262?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento cabe dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, la señora Presidente Dra. Ana María Bourimborde dijo:
I. Antecedentes En la sentencia definitiva del presente juicio sumario se hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Cristina Edith Morales, -ésta por sí y en representación de su hijo menor Luciano Rebozzio- contra Carlos Alberto Lago y Lucas Javier Deste y condenó a los demandados a pagar a la co actora Cristina E. Morales la suma de $ 1.101.480 y a su hijo Luciano Rebozzio la suma de $ 261.500, con más sus intereses. Al mismo tiempo hizo extensiva la condena a la citada en garantía “La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada” e impuso las costas a las vencidas y se postergó la regulación de honorarios para su oportunidad.
Ambas partes apelaron el pronunciamiento; la actora con fecha 17/06/2020 y la accionada y la citada en garantía el 15/06/2020; recursos que fueron concedidos el 18/06/2020. El apoderado de la actora expresó agravios a fs. 278/281, escrito que mereció el responde de las contrarias que luce a fs. 303/304 y la demandada y citada en garantía expresaron agravios a fs. 287/290, presentación que fue respondida por la actora a fs. 298/300 y vta. II. El caso El pleito tiene su origen en un accidente de tránsito ocurrido el 20 de diciembre de 2013 aproximadamente a las 22.25 horas, en la ciudad y partido de La Plata. En las circunstancias antedichas la actora y su hijo circulaban en un vehículo marca Volkswagen Gol 1.6, dominio HNO 613, por la Avda. 60 entre 116 y 117. Relata que desde que venía circulando por la Avda. 60 desde Berisso hacia La Plata, al arribar a la rotonda “Favaloro” tuvo que detenerse porque había un vehículo detenido que circulaba en su misma dirección. Justamente era el taxi conducido por el demandado Lago marca Chevrolet Corsa dominio LBW 127. A partir de allí el mentado chofer empezó a proferir agresiones y hacer maniobras intimidantes, hasta que al llegar a la altura mencionada de la Avda. 60 logró adelantársele y luego frenar de golpe, por lo que ella no tuvo más opción que embestirlo.
III. Los agravios III.1. Arriba a esta instancia incuestionada la atribución de responsabilidad establecida en el pronunciamiento en crisis.
La actora se agravia en relación con los valores fijados para resarcir los daños ocasionados al vehículo, la denegatoria de la indemnización por la desvalorización, las sumas fijadas por la incapacidad psicofísica sobreviniente y el daño moral, así como los gastos de farmacia. La demandada y citada en garantía solicitan la reducción de los importes concedidos, discuten la admisión de la reparación del vehículo y la privación de uso, cuestionan el monto otorgado en concepto de incapacidad sobreviniente y el daño moral.
En las contestaciones de los traslados, tanto la accionante como la accionada piden la deserción de los recursos de la parte contraria.
III.2. En referencia a los pedidos de deserción de los recursos, advierto que las expresiones de agravios de fs. 278/281 y fs. 287/290 superan en general el examen de admisibilidad establecido por el art. 260 del C.P.C.C., al ser válidos intentos de revertir lo decidido en la instancia de origen, de conformidad con lo detallado en el acápite III.1., sin perjuicio de lo que se expondrá en particular al abordar determinados rubros indemnizatorios.
IV. Daños al vehículo La actora se agravia por la determinación del valor de la reparación del automotor. Señala que se ha fijado el valor informado por el presupuesto agregado a fs. 13, que indica es del año 2013, aunque se ha establecido este monto al tiempo de la pericia realizada por el ingeniero mecánico de fecha 10/04/2018 adicionándole intereses al 6% anual desde la fecha del siniestro (20/12/2013) hasta la fecha de la sentencia y luego a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días (tasa pasiva BIP) hasta su efectivo pago. Requiere que se establezca el valor del presupuesto al tiempo de la pericia o que se establezca al tiempo del siniestro automovilístico. Propone como posible solución aplicarle a la suma del capital estimado en el presupuesto la tasa de interés correspondiente a un plazo fijo digital a treinta días. La demandada cuestiona la concesión del rubro en tanto no hay evidencia sobre el valor de reparación del rodado. Destaca que en la pericia mecánica no se estimó el monto necesario para reparar el vehículo de la demandante y que esta última no lo planteó como punto a dilucidar. En la sentencia de primera instancia se hizo lugar al daño emergente por desperfectos del automóvil como consecuencia del siniestro en base al presupuesto del taller de chapa y pintura “Taja S.R.L” agregado a fs. 13 y al informe del perito ingeniero mecánico que dio cuenta de los menoscabos invocados en la demanda.
De la lectura del dictamen realizado por el ingeniero mecánico Luis Ernesto Wallace advierto que el profesional, en base a la inspección del automóvil Volkswagen Gol 1.6, determinó que el rodado presentaba daños en la zona frontal que afectaban las siguientes piezas a reponer: el guardabarros delantero izquierdo; el paragolpes delantero, los soportes de paragolpes, el frente, el capot, las bisagras del capot, cierre, parilla, pasarruedas de plástico izquierdo, taco de motor, faro derecho, el parabrisas, la correa en V, las poleas de cigüeñal; y que se debía reparar el guardabarros derecho, la puerta delantera izquierda, el guardabarros trasero izquierdo y los largueros (v. respuesta 2, al dictamen de fecha 10/04/2018). En la especie, no es objeto de controversia la existencia de daños al automóvil, sino su determinación. Al respecto debo señalar que, acreditada la existencia de los daños, el art. 165 establece la atribución judicial para fijar “prudencial y fundadamente el importe respectivo” (cf. Augusto M. Morello, Guadalberto L. Sosa, Roberto O. Berizonce y Alberto J. Tessone, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, 4ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2015, tomo III, pág. 539 y ss.).
En este carril de marcha, adquiere relevancia el presupuesto acompañado por la actora que refleja el valor de los repuestos y de las reparaciones indicados por el perito, confeccionado el 29/01/2014. Si bien el presupuesto ha sido desconocido por la demandada al contestar la demanda, lo cierto es que dicho documento privado, enlazado con lo informado por el perito ingeniero mecánico, funciona como prueba indiciaria para tener un valor de referencia de reparación del automóvil (art. 165, 375, 384 y 474 del C.P.C.C.). Allí se indicó que los arreglos insumirían una suma total de $46.480.
De este modo, haciendo uso de las prerrogativas que el código de forma otorga al órgano jurisdiccional para determinar prudencialmente el importe por los daños acreditados, estimo que el capital de $46.480 es razonable para conceder a actora como daños al vehículo (art. 165 del C.P.C.C.).
Sin perjuicio de lo señalado, considero que asiste razón a la actora en punto a que la estimación del capital no ha sido al tiempo de la pericia sino al del presupuesto, esto es al 29/01/2014 (v. fs. 13). Es por ello que, en atención a la doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (causas “Vera” C.120.536 y “Nidera” C. 121.134) y a la fecha tenida en cuenta para la determinación de esta partida, considero que desde la fecha del siniestro 20/12/2013 y hasta el 29/01/2014, los accesorios deberán calcularse a la tasa pura del 6 % anual y a partir de allí y hasta el efectivo pago a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.; cf. SCBA, causas “Cabrera”C. 119.176 y “Trofe” L. 118.587).
V. Privación de uso La demandada se agravia por la concesión del presente rubro dado que al igual que como ocurre con los daños materiales al vehículo, en el expediente no existen pruebas que evidencien el perjuicio. Señala que correspondía a la actora acreditar el tiempo que insumiría la reparación del automóvil y que el daño no se prueba “in re ipsa”. Argumenta que “aquí no se trata de si es mucho o poco sino de la falta de acreditación del daño y especialmente del alcance del mismo, lo que convierte en arbitrario cualquier importe” (v. fs. 288)
En la decisión impugnada el Juez de la primera instancia hizo lugar al reclamo en tanto si bien el perito ingeniero mecánico no estableció el tiempo de reparación del rodado, sí dio cuenta de las piezas que había que reparar. En este contexto, destacó que las reparaciones eran en gran cantidad, aunque redujo ostensiblemente el monto reclamado en la demanda ($15.000), dado que no se aportaron datos sobre el destino que se daba a la unidad ni que se debió recurrir a medios alternativos de movilidad, otorgando $2.000 a la fecha de la sentencia.
En línea con lo decidido en relación a los daños materiales, en autos existen evidencias concretas de que el automóvil Volkswagen Gol 1.6 tuvo importantes daños, principalmente en su sector frontal, que afectaron diversas piezas, algunas que debían reponerse y otras repararse (v. Capítulo IV de esta sentencia y respuesta 2, al dictamen de fecha 10/04/2018). De este modo, no existen dudas de que para reparar el vehículo era inevitable paralizarlo, razón por la cual el daño por privación de uso -daño emergente mensurable a través del costo del empleo de medios de traslación alternativos que reemplacen la función del automóvil por el plazo que insumen las reparaciones- se encuentra efectivamente acreditado. En este carril, en razón de que el cuestionamiento versa sólo sobre la procedencia y de que el punto aquí no es “si es mucho o es poco”, considero que corresponde confirmar la partida por privación de uso en $2.000 al tiempo de la decisión de origen (arts. 901, 902, 903, 904 y concs. del C.C.).
VI. Desvalorización del vehículo La actora se agravia por el rechazo del rubro desvalorización del vehículo por cuanto a su entender los daños “sin dudas han afectado la estructura del mismo” y en consecuencia an afectado su valor.
En la sentencia apelada se sostuvo que si bien en la pericia mecánica se estimó el valor del automóvil en $110.000, no se aportó evidencia concreta sobre la pérdida del valor de reventa del rodado como consecuencia del siniestro.
Al respecto debo señalar que en esta situación en particular no se ha acreditado la existencia del daño, cuestión que incumbía a la actora. El hecho de que el vehículo requiriera reparación no fuerza la conclusión de que necesariamente perdió su valor de reventa en el mercado, motivo por el que propongo al acuerdo la desestimación del agravio (art. 260 y 261 del CPCC).
VII. Incapacidad sobreviniente de Cristina Edith Morales VII.1. Las partes se agravian por la cuantificación del rubro. La actora se queja por considerarlo reducido, en tanto en la pericia médica se ha determinado una incapacidad física de 5% y en la pericia psicológica una incapacidad en esta materia de 20%, recomendando allí un tratamiento psicofarmacológico y la realización de otro psicoterapéutico. Alega que se tuvo como referencia el salario mínimo vital y móvil vigente al tiempo de la sentencia ($16.875) y no se contempló su condición de odontóloga, que se debió haber tomado como mínimo de ingresos los correspondientes a un monotributista categoría B, que tiene un ingreso base mensual equivalente a la suma de $26.092,40, equivalente a la división del monto anual de ingresos de esta categoría ($313.108,87) por los doce meses del año.
La demandada estima que no ha habido una adecuada argumentación para establecer la suma concedida, dado que a su criterio no se expresaron los parámetros utilizados para determinar el rubro. Expresa que se acreditó una incapacidad física “de tan solo el 5% de la total” y con respecto a las afecciones psicológicas del demandante, en la pericia no resulta claro que el 20% de incapacidad estimado sea una consecuencia del accidente, en virtud de que allí se puso de manifiesto que la señora Morales padece trastornos psíquicos desde joven.
En la decisión impugnada se otorgó en favor de la actora la suma de $800.000, en concepto de daño psicofísico y por tratamientos psicológico. Se tuvo presente la edad de la víctima al tiempo del siniestro (47 años), su condición de divorciada, su profesión de odontóloga aunque ante la falta de prueba se tomó como parámetro el salario mínimo vital y móvil a la fecha de la sentencia ($16.875), la incapacidad física de 5%, la psicológica de 20% y los costos del tratamiento psicológico.
VII.2. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en múltiples oportunidades, ha expresado que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad deber ser objeto de reparación al margen de que se desempeñe o no una actividad productiva pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 308:1109; 312:752, 2412; 315: 2834; 316: 2774; 318:1715; 320: 1361; 321:1124; 322:1792, 2002 y 2658; 325:1156; 326:874).
En posición que comparto, la actividad humana, y su afectación con motivo de la incapacidad sufrida, como observa Picasso, el daño, en sentido jurídico, no se identifica con la lesión a un bien (las cosas, el cuerpo, la salud, etc.), sino con la lesión a un interés lícito, patrimonial o extrapatrimonial, que produce consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales (Calvo Costa, Carlos A., Daño resarcible, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 97) y son tales consecuencias las que son objeto de reparación. De ahí la falta de autonomía de todo supuesto perjuicio que pretenda identificarse en función del bien sobre el que recae la lesión (la psiquis, la estética, la vida de relación, el cuerpo, la salud, etc.), pues en estos casos habrá que atender a las consecuencias de esas lesiones en la esfera patrimonial o extrapatrimonial de la víctima, subsumibles dentro de alguna de las dos amplias categorías de perjuicios previstas en nuestro derecho: el daño patrimonial y el moral -cfe. voto del dr. Picasso en CNCiv., sala A, “P.,Z C/Coto Centro Integral de Com. SA”, sent. del 18-IX-2018, LLey online AR/JUR/48976/2018- (esta Cámara Sala II, causa N° 267.880, voto de la Dra. Hooft, “Amatriain”, sent. 26-XI-2019, e.o.).
En línea con lo expuesto, he sostenido reiteradamente que la reparación, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio (conf. esta Cámara, Sala Primera, causa N° 264.821, sent. del 29/06/2017; Sala Segunda, causa N° 265.166, sent. del 25/09/2018 y Sala Tercera, causa 265.233, sent. del 18/12/2018; entre muchas otras).
Ello, por cierto, concuerda con las pautas de valoración establecidas en el art. 1746 del C.C.C., sancionado por la ley 26.994, que comenzó a regir el 1 de agosto de 2015 (según la ley 17.077), en tanto “para evaluar el resarcimiento no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados por la Ley de Accidentes de Trabajo, aunque puedan resultar útiles para pautas de referencia, sino que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales de los damnificados, la gravedad de las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de relación” (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis (dir.), “Código Civil y Comercial de la Nación, comentado”, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2015, T. VIII, pág. 528).
VII.3. Con este piso de marcha, deviene esencial analizar las pericias realizadas por el médico Rio David Alfredo (v. fs. 163/166) y por la médica especializada en psiquiatría y psicología Mirta Julia Alvarez (v. fs. 182/185).
En referencia a la primera experticia, advierto que el experto en la materia puntualizó que la señora Morales sufrió como consecuencia del accidente un traumatismo de hombro derecho y un traumatismo de columna cervical, y que en la actualidad presenta contractura muscular dolorosa persistente, pérdida de la lordosis en las radiografías y reducción del rango articular de la columna cervical, con una incapacidad total de 5% (v. fs. 166 y vta.). Se debe considerar que en las respectivas apelaciones no se debate sobre las secuelas físicas constatadas por el médico de la especialidad, sino sobre el monto otorgado para compensar los menoscabos producidos por las mismas.
En relación al informe de la especialista en psiquiatría y psicología, suscita controversia el grado de incapacidad estimado en la pericia y si el mismo responde en su totalidad al siniestro de autos. De la lectura del dictamen advierto que efectivamente allí se destacó que la señora Morales “presenta como antecedente de importancia la realización de tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico, tratada con antidepresivos y ansiolíticos, desde los 28 años”. Sin perjuicio de ello, la médica describió que la víctima del accidente “ante el hecho padecido, se sintió horrorizada, temió por su vida y la de su hijo, el niño estaba asustado, lloraba, no quería bajarse del auto. Se sintió aturdida, sin comprender qué sucedía; con el transcurrir de los días y paralelamente a las dolencias físicas que sufrió, comenzó a cambiar de carácter, está muy nerviosa, no puede dormir, si logra hacerlo aparecen pesadillas, presenta sensación de estar reviviendo la situación traumática, con síntomas físicos, tales como sudoración, dolor de estómago, palpitaciones, sentimientos de querer olvidar y no poder, temblores, temores, sentimientos de desgano, siente pocas fuerzas para hacer las actividades cotidianas, no recuerda ciertos aspectos del hecho, desesperanza, dificultades en la concentración, cambio de carácter con irritabilidad.
Asimismo, dejó de movilizarse en auto, sólo conduce en Berisso, debido al intenso temor y la ansiedad anticipadora que le genera el tránsito, rememorándole el hecho sufrido, Su vida social y laboral se ha visto restringida y presenta tendencia al aislamiento. Padece síntomas de re experimentación cuando se ve expuesta a estímulos externos o internos que la remiten al hecho. Debido a la sintomatología que presentaba, su psiquiatra debió aumentarle la medicación” (v. fs. 183 y vta). La experta indicó que “no se evidenciaron actitudes de simulación ni inclinación a sobredimensionar los hechos de autos, como así tampoco las consecuencias de índole psicológica de los mismos” (v. fs. 183 vta.). También, expuso lo siguiente “percepción: presentó inmediatamente después del hecho imágenes intensivas que le provocan malestar.
Memoria: algunas fallas en la evocación. Amnesia lacunar referida a algunos aspectos del episodio. Pensamiento y lenguaje: el discurso de la señora Morales es de cantidad abundante y tono normal. Presenta ideas de minusvalía, no se detectan ideas de autoeliminación ni planificación suicida. Timia displacentera. Dificultades para mantener el sueño, con pesadillas y sueños recurrentes. Tendencia a la irritabilidad. Evitación de situaciones o actividades que le recuerden el episodio y ansiedad anticipadora”, reiterando que “presenta antecedentes de tratamiento psiquiátrico y psicológico previos al hecho por presentar un cuadro depresivo, se encuentra medicada con Paroxetina (antidepresivo) y Clonazepan (ansiolítico).
No presenta antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas” (v. fs. 183 vta.). Al evacuar el cuestionario pericial, la galena precisó que “es necesario que realice tratamiento psicoterapéutico durante el lapso de un año, con una frecuencia semanal” (v. fs. 184, respuesta 4.), con un costo que oscila entre los $450 y $950 (v.f s. 185, respuesta 12), y que la señora Morales “presenta una incapacidad parcial y permanente, con un porcentaje del 20 %, según Baremo de Cuerpo Médico” (v. fs. 184 vta., respuesta 11). De la lectura del dictamen, conocido con la impugnación de la demandada en cuanto a que el porcentaje de incapacidad derivado del accidente no resulta para nada claro. Lo que es evidente es que una parte de la incapacidad estimada encuentra como causa un cuadro depresivo tratado con antidepresivos y ansiolíticos desde los 28 años (v. fs. 183 y vta.), aunque no caben dudas que el siniestro profundizó su estado de salud, generando incluso un aumento de la medicación (v. fs. 183 última línea y vta.).
En este contexto, es importante señalar que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos sólo constituyen elementos referenciales y meramente orientadores, aunque nunca vinculantes para el Tribunal que ha de graduar una compensación en dinero, cuando corresponda, atendiendo al desmedro efectivamente irrogado a la persona –según sean las reales limitaciones que las secuelas verificadas puedan acarrearle- y sopesando objetivamente las aptitudes genéricas del sujeto, existentes o potenciales, y no sólo las relativas a su desempeño laboral, todo ello con un criterio equilibrado de prudencia, razonabilidad y equidad. Frente a los parámetros reseñados, entiendo que es razonable tomar como pauta de referencia una incapacidad psicológica parcial y permanente generada por el siniestro en torno al 10% del total.
En razón de lo expuesto, estimo que la actora padece una incapacidad residual psicofísica parcial y permanente del 14,5% (5% física y 10 % psicológica). Con respecto a la condición de odontóloga de la actora para cuantificar la indemnización dos puntos sellan la suerte adversa del agravio. El primero es que la interesada era quien debía producir prueba sobre sus ingresos como profesional y no lo hizo, y la segunda es que la pauta de tomar los ingresos correspondientes a un monotributista categoría B es un capítulo no propuesto a consideración del Juez de origen, circunstancia que veda su tratamiento en la segunda instancia (arts. 272 y 375 del C.P.C.C.) En suma, teniendo en consideración la edad de Cristina Edith Morales al tiempo del suceso (47 años), su condición de odontóloga aunque utilizando como parámetro el salario mínimo vital y móvil al tiempo de la sentencia de la primera instancia, el grado de incapacidad residual psicofísica parcial y permanente de 14,5%, así como la incidencia de las lesiones padecidas sobre las facetas de su existencia individual, familiar y social, en la actualidad y durante el resto de su vida biológica, es que considero que la indemnización por “incapacidad psicofísica sobreviniente” debe ser r educida a la suma de $ 420.000, con más la de $ 48.000 enderezada a cubrir el costo del tratamiento psicoterapéutico recomendado por la especialista durante un año y con una frecuencia semanal, admitiéndose un total de 48 sesiones anuales puesto que, según el curso normal y ordinario de las cosas, durante algunas semanas suele mediar un receso en la terapia por vacaciones, a un costo de $ 1.000 por sesión -a la fecha de la decisión de grado.
En consecuencia, este item ha de prosperar por la cantidad total de $ 468.000 (v. fs. 184, respuesta 4 y 185, respuesta 12; arts. 1737, 1738, 1739, 1740 y 1746 del C.C. y C.; 165, 375, 384, 474 y concs. del C.P.C.C.).
VIII. Incapacidad sobreviniente de Luciano Rebozzio La legitimada pasiva apela por elevada la indemnización de $200.000 otorgada en favor del menor Luciano Rebozzio, respecto de quien el médico informó una incapacidad del 3% -que no cuestiona-, dado que a su criterio el juez no justificó el monto otorgado (v. fs. 289 últimas dos líneas y primera de fs. 289 vta.).
En la decisión atacada se puso de relieve que el médico traumatólogo determinó una incapacidad parcial y permanente del 3%, se ponderó la edad del menor al tiempo del suceso y se destacó que se contemplaron sus condiciones socioculturales (v. fs. 259).
Sabido es que el art. 260 del ceremonial, al regular lo relativo al contenido de la expresión de agravios, impone al recurrente la carga de efectuar una “…crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas…” a los fines de sostener con suficiencia su impugnación.
La primera aclaración sobre el contenido de ese imperativo viene contenida en la propia norma. El legislador ha advertido que no bastará al efecto “remitirse a presentaciones anteriores”.
De este modo, no cualquier presentación satisface la suficiencia técnica requerida por la norma. La expresión de agravios requiere una precisión en la impugnación susceptible de demostrar el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (cfe. Fenochietto, Carlo E. – Arazi, Roland; Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y concordado, Ed. Astrea, 1993, Tomo I. p. 837).
La jurisprudencia se ha ocupado de perfilar cómo ha de abastecerse la carga en cuestión, poniendo de manifiesto tanto lo que “ha de ser” una expresión de agravios como lo que en modo alguno abastece la carga que el legislador ha impuesto al recurrente.
En ese entendimiento ha advertido el Superior Tribunal provincial que el desarrollo de los agravios a la luz del art. 260 del CPCC supone -como carga procesal- una exposición jurídica en la que, mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado, se evidencie su injusticia. Requiere así una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia punto por punto y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea injusta o contraria a derecho (SCBA, C. 116.882, Sent. 26/VI/2013).
Contrapartida de ello, resulta que no bastan las afirmaciones genéricas, o puramente subjetivas (SCBA, AyS 1957-II-39) o que reproducen actuaciones anteriores (SCBA, LL 70-460), pues no basta con señalar una mera disconformidad con las razones esgrimidas. Se trata –en definitiva- de poder evidenciar de manera concreta, frontal, clara y eficaz el vicio que padece la decisión que se objeta.
Como todo imperativo del propio interés, su incumplimiento apareja una consecuencia para la parte que lo soslaya: la declaración de deserción del recurso y –consecuentemente- la firmeza de la decisión objetada a su respecto (cfe. art. 261 CPCC; SCBA, AyS; 1956-IV- 483). En este carril de marcha, advierto que la apelante sólo incorpora como argumento para revertir la decisión de la primera instancia que allí no se justifica fundadamente la exagerada suma de $200.000, sin indicar por qué resulta exagerada ni injustificada, asumiendo que el menor como consecuencia del siniestro tiene una cicatriz y ligera deformidad a nivel mentoniano, que resulta estrófica y normopigmentada, aunque no altera los rasgos anatómicos fisiológicos y que despierta dolor a nivel mentoniano, extremos que arrojan una incapacidad de 3% (v. fs. 165).
En consecuencia, por las razones expuestas, estimo que el agravio es insuficiente para revertir lo decidido en la instancia (arts. 260 y 261 del C.P.C.C.).
IX. Daño Moral de Cristina Edith Morales IX.1. Ambas partes cuestionan la cuantificación del daño moral.
La actora peticiona la elevación del importe en función de cómo se sucedieron los hechos, entiende que se trata de un caso de “violencia contra la mujer por su condición de tal” por las agresiones que debió soportar durante y con posterioridad a la colisión (v. fs. 280 y vta.).
La demandada estima elevada la suma otorgada, dado que a su criterio en el fallo impugnado no hay fundamentos que avalen las importantes cuantías concedidas.
IX.2. Sabido es que, conforme doctrina de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, el rubro comprende las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes que, se configura por el conjunto de padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho. Por su intermedio se procura reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida de la persona y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos (cf. SCBA, doctr. Ac. 52.258, sent. del 02-VIII-1994; Ac. 79.922, "D., F. y o.", sent. de 29-X-2003; C. 93.343, sent. del 30-III-2011; B. 64.180, sent. del 27-XII-2017).
Si bien la determinación de su cuantía es de difícil estimación, ya que no se encuentra sujeta a parámetros objetivos sino al prudente arbitro judicial sobre la base de la afección a los padecimientos sufridos, su reconocimiento debe procurar “…satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido”, siendo que el dinero constituye “un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales…” (CSJN, Fallos 334:376).
Su determinación, en suma, no se halla gobernada por reglas o parámetros rígidos: queda, en definitiva, librada al prudente arbitrio judicial y a parámetros de razonabilidad (SCBA, C. 117.926, sent. del 11-II-2015).
IX.3. Ahora bien, teniendo en cuenta estos parámetros, las lesiones constatadas que se describen en el capítulo sobre incapacidad sobreviniente (v. Capítulo VII.) y la magnitud del accidente, infiero que Cristina Edith Morales como consecuencia del siniestro ha sufrido repercusiones disvaliosas que la afectaron y la afectarán en su espíritu, equilibrio anímico y bienestar psicofísico. A ello se suma que, tal como fue denunciado en la demanda (v. fs. 28) y corroborado por los dichos de la testigo presencial señora Mariel Rosana Roman, tras producirse la colisión, el demandado profirió insultos y tomó contacto físico con la señora Morales con la intención de agredirla.
Puntualmente, sobre tales circunstancias, la señora Roman refirió que el taxista se bajó de su rodado y “comenzó a increpar e insultar [a la actora]” e incluso la “zamarreó” mientras ella reclamaba que le permitiera sacar a su hijo que estaba dentro del auto llorando. Reiteró la deponente que el demandado “la manoteó varias veces, queriéndole pegar”, actitud que mantuvo mientras la accionante le pedía por su hijo, escuchando que Lago le gritaba “tenías que ser mujer, h…de…., te cruzaste y cosas así” -sic- (v. 10:59:48 hs de la audiencia, cf. CD fs. 214). Ello fue expresamente ponderado por el judicante de grado al tratar el daño moral donde tuvo presente que, en el caso, la accionante sufrió una “situación de persecución, insultos, choque, contacto físico y temores no sólo por su persona sino por su hijo menor”, que se sumó a las lesiones antes examinadas (v. fs. 258). De tal modo, se configuró un cuadro que excede al mero accidente de tránsito, donde la condición de especial vulnerabilidad por el hecho de ser mujer de la señora Morales se constituyó en el presupuesto del obrar violento desplegado por el demandado (cf. CEDAW, Convención de Belem do Pará, ley 26.485), lo cual no puede ser soslayado al justipreciar la presente partida.
Llegados a este punto, valorando los extremos reseñados, estimo corresponde elevar prudencialmente el daño moral a la suma de $ 350.000, monto reclamo en la expresión de agravios, lo que así propongo al Acuerdo (arts. 163 inc. 6, 164, 375, 384, 475 del CPCC; 1078, 1083 C.C.;
1741 C.C.C.).
X. Daño moral de Luciano Rebozzio La señora Morales, en representación de su hijo, reclama la elevación del importe de $60.000 concedido en concepto de resarcimiento por daño moral.
La demandada considera exagerada la indemnización y requiere su reducción, trayendo nuevamente el argumento de la escasa fundamentación de la cuantificación en esta partida.
Para decidir estas impugnaciones he de aplicar igual criterio que el utilizado al decidir sobre el daño moral correspondiente a la señora Morales (v. Capítulo IX.2). Bajo las premisas señaladas en los párrafos precedentes, estimo que el joven padece como consecuencia del accidente de tránsito una cicatriz y una ligera deformidad a nivel mentoniano, que resulta estrófica y normopigmentada, aunque no altera los rasgos anatómicos fisiológicos y que despierta dolor a nivel mentoniano, extremos que arrojan una incapacidad de 3% (v. fs. 165). Por esta razón considero que la suma de pesos $60.000, cuantificada a la fecha de la sentencia (12/6/2020, v. fs. 253vta.), es suficiente para compensar los padecimientos experimentados a causa del infortunio (art. 165 del C.P.C.C. y 1741 del C.C.C.).
XI. Gastos médicos y de farmacia de Cristina Edith Morales Sabido es que el reintegro de gastos médicos, de farmacia y de traslado en que incurrieron las víctimas a raíz del accidente resulta procedente aun cuando no exista prueba documentada que demuestre precisa y directamente la erogación, siempre que resulte razonable su correlación con las lesiones sufridas y el tratamiento necesario (CNCiv., sala J, “Andreasen c/Tesone Britez”, sent. del 21-X-2014; LLey online AR/JUR/57720/2014; íd., sala I, “S.H., SU. c/Edgasal SA”, sent. del 01-XI-2012, LLey online AR/JUR/62184/2012; id. sala D, “Ramírez Zully c/El Condor ETSA”, sent. del 27-VI-2003, Ley online AR/JUR/7701/2003; CCCom. 1º LP, sala II, causa 268.176, Sent. del 12/03/2019).
Su procedencia, de otra parte, no se ve enervada por el hecho que los accidentados se atiendan por una obra social o en un hospital público, pues siempre hay que hacer gastos no cubiertos por aquellas entidades, v.gr. por remedios y traslados o determinadas prácticas (CNCiv., sala C, “Molla, H. v/Martínez, José”, sent. del 02-III-1993, LLey online 1/26900; CCCom. 1º LP, sala II, causa 207.892, RSD. 218/90; CCCom 2º LP, sala III, causa 121.590, sent. del 15-V-2018).
En la especie está acreditado que la señora Morales fue asistida en el Hospital Larrain de Berisso el día del siniestro y al día siguiente en el Hospital Gutiérrez donde le obtuvieron placas radiográficas de las regiones de las lesiones (hombro derecho y columna cervical). También que debió guardar reposo por tres semanas, se le prescribió Diclofenac con Piridinol, Bromax y se le inmovilizó el cuello con un collar cervical. Que luego fue atendida por una especialista en neurología en ICM de La Plata y medicada con DICLAC - B histina, que fue estudiada en forma específica con Audiometría y Equilibriometría descartando patología auditiva y que fue examinada además en controles médicos alejados con el Dr. Rosales que le indicó un proceso de rehabilitación quinésica (v. fs. 165 vta.). En razón de lo expuesto, tomando los parámetros previamente señalados, así como los padecimientos de la actora descriptos en el capítulo correspondiente, es que propongo al acuerdo la elevación del monto otorgado por el presente rubro a la suma de $15.000 con criterio de actualidad (arts. 1737, 1738, 1739, 1740 y 1746 del C.C. y C.; 165, 375, 384, 474 y concs. del C.P.C.C.).
XI. Gastos médicos y de farmacia de Luciano Rebozzio En relación a los gastos médicos y de farmacia en favor de Luciano Rebozzio, está acreditado que fue asistido en el Hospital de Berisso con excoriaciones en la región mentoniana y que fue examinado por el médico pediatra de guardia, que presentó lesiones en la mucosa yugal del labio inferior. Se informó que fue tratado en forma sintomática con reposo - pines en forma de jarabe (v. fs. 165).
Teniendo en cuenta el grado de las lesiones padecidas por el menor, que efectivamente se le debió suministrar medicamentos para paliar el dolor, estimo que la indemnización por este aspecto debe ser elevada a la suma de $5.000 con criterio de actualidad.
XII. Costas Propongo que las costas de la alzada sean distribuidas en un 50% a cargo de cada parte atento al resultado parcialmente favorable de los recursos (art. 68 del C.P.C.C.).
Por las anteriores consideraciones, voto por la AFIRMATIVA.
A LA PRIMERA CUESTION planteada, la señora Jueza, Dra. Irene Hooft dijo:
I. La cuestión debatida, en orden a los antecedentes y contenido de los agravios sometidos a conocimiento de esta Alzada, ha sido claramente expuesta en el voto de mi distinguida colega doctora Bourimborde a cuyo desarrollo me remito (v. ptos. I, II y III).
II. Prestó, asimismo, mi adhesión a los fundamentos y solución propuesta por la ponente respecto de los embates de las partes relativos a los rubros “Daños al vehículo” (v. cons. IV); “Privación de uso” (v. cons. V), “Desvalorización del vehículo” (v. cons. VI), “Incapacidad sobreviniente de Luciano Rebozzio” (v. cons. VIII); “Daño Moral de Cristina Edith Morales” (v. cons. IX); “Daño moral de Luciano Rebozzio” (v. cons. X); “Gastos médicos y de farmacia de Cristina Edith Morales” (v. cons. XI) y “Gastos médicos y de farmacia de Luciano Rebozzio” (cons. XI):
III. En cuanto al resarcimiento a título de “Incapacidad sobreviniente” y “gastos de tratamiento psicoterapéutico” de Cristina Edith Morales, si bien por las razones y fundamentos que seguidamente expondré, comparto la solución de la ponente.
III.1. El voto inaugural delinea el concepto y alcance de la denominada “incapacidad sobreviviente” (v. 1º y 2º párrafo del pto. VII.2, lo cual comparto.
III.1.a. Ahora bien, en lo que atañe a su cuantificación el Código de Vélez Sarsfield no contenía directivas precisas al efecto (art. 1086 CC). El nuevo Código Civil y Comercial, en cambio, contempla pautas detalladas para el cálculo de la “incapacidad sobreviniente”, innovando al exigir el cálculo del valor presente de una renta futura no perpetua.
Así, a tenor de lo normado por su art. 1746, las fórmulas matemáticas se erigen en un parámetro que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de justipreciar la entidad de los daños patrimoniales por lesiones o incapacidad física y/o psíquica. El texto es rotundo en tanto para valorar y cuantificar ese género de indemnizaciones -correspondientes a consecuencias resarcibles patrimoniales- adopta explícitamente el llamado método de capital humano y provee directivas detalladas para la realización del cálculo (Acciarri, Hugo A., “El artículo 1746 como nuevo sistema para calcular indemnizaciones y su diferenciación con los anteriores métodos”, LLLey online AR/DOC/3626/2015).
Su consideración no significa reducir la labor jurisdiccional a un cálculo aritmético o concebir a la vida humana desde una visión estrictamente economicista. Antes bien, por su intermedio, se restringe el margen de discrecionalidad judicial y se aporta transparencia a la decisión -facilitando su impugnación- al contener la expresión visible, abierta y sistemática del razonamiento seguido a los fines de determinar la cuantía del daño bajo análisis. Constituye por tanto un procedimiento que deja a la vista cada uno de los pasos del razonamiento (Acciarri, Hugo. A, “La cuantificación de indemnizaciones por incapacidad en el nuevo código. Su lógica jurídico-económica”, RCCyC 2015 (julio) 291, LLey online AR/DOC/2150/2015; CCCom. MdP, sala II, causa 169.161, sent. del 18/VIII/2016; causa 166.636, sent. del 20-XII-2018; cf. mi voto en causas ya cit.).
De tal modo se satisface la exigencia constitucional de motivación (SCBA, C. 101.527, sent. del 15-VII-2009; C. 116.658, sent. del 30-IX-2014, e.o.) que, en cuanto concierne a la determinación del quantum resarcitorio, exige que los jueces individualicen y ponderen los elementos de juicio que dan sustento a su decisión, no bastando con mencionar las pautas que se tuvieron en cuenta, sino que una vez que se establecieron es preciso analizarlas e interrelacionarlas, proporcionando los datos necesarios para reconstruir el cálculo realizado y los fundamentos que demuestren por qué el resultado es el que se estima más justo (SCBA, C. 106.323, sent. del 19-IX-2012; L. 98.664, sent. del 18-IV-2011; L. 116.62, sent. del 15-IV-2015). III.1.b. En orden a las consideraciones vertidas, a los fines de justipreciar la presente partida he de acudir a una fórmula que permita obtener un capital que, puesto a interés, se amortice en un período calculado como probable de vida productiva de la persona mediante la percepción de una suma mensual similar a la que hubiera percibido de no haber mediado el evento dañoso (Galdós, J. M. “Cuatro reglas sobre la cuantificación del daño patrimonial por incapacidad -art. 1746 CCC-”, RCyS 2016 diciembre, LLeyonline AR/DOC/3677/2016).
El empleo de este procedimiento, que no se encontraba vedado bajo el régimen del derogado Código Civil y cuya utilidad era reconocida tanto por la Corte Nacional como por la Suprema Corte provincial (cf. CSJN, Fallos: 320:1361; 327:2722; SCBA, causa C. 118.133, sent. del 8-IV-2015; SCBA, C. 119.926, sent. del 11-II-2015), es exigido por el nuevo ordenamiento de fondo pues únicamente por medio de ese instrumento puede mensurarse el capital al que alude su art. 1746. Estas reglas no se refieren a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar), sino solo a sus consecuencias, no alterando la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, pues se limitan a sentar una pauta para su liquidación. En este entendimiento existe “acuerdo en que debe distinguirse entre la existencia y la cuantificación del daño. La segunda operación debe realizarse según la ley vigente en el momento en que la sentencia determina la medida o extensión” (Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Segunda parte, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2016, p. 234), siendo por tanto aplicables a situaciones como la presente -esto es, relativas a hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo cuerpo (CNCiv., sala A, ”M. V., J.R.” y “A.A.R. c/G.A.M” ya cit. -voto del doctor Picasso-; íd., sala M, “V., A.C. y ot. c/Gob. de la ciudad de Bs.As.”, sent. del 31-X-2018, LL 2018-F. 243; CCCom. MdP, sala II, causa 164.033, sent. del 21-VIII-2018; íd. sala II, causa 137.518, sent. del 14-II-2018).
Tal indemnización, de otra parte, debe ser ponderada con realismo económico, teniendo en cuenta que constituye una deuda de valor (arts. 1, 2, 3, 7 y 772 CCC), lo cual impone acudir a un criterio objetivo de medición (CCCom. Azul, sala II, “O.H.S. y ot. c/P., C.M.”, sent. del 30-XI-2016, LLey online AR/JUR/107848/2016).
El citado precepto no fuerza a seleccionar una fórmula determinada (v.gr. la llamada "Vuotto", ""Marshall", “Requena-Las Heras”, "Méndez", "Acciarri" o la simple propiciada por Zavala de González) ni indica los valores que deben ser adoptados para cada una de las variables principales que integran su conformación (v.gr. ingresos laborales o profesionales y su posibilidad de variación, ponderación de otras actividades económicamente mensurables -v.gr. tareas realizadas dentro del ámbito familiar-, tasa de descuento, período de vida productiva), debiendo el juez proceder a determinar los guarismos correspondientes a cada una de sus ítems a tenor de las pruebas que los interesados hayan aportado al proceso (art. 375 su doc., 384 CPCC).
III.1.c. Llegados a este punto, sin visos de exactitud absoluta, sino en miras de develar una proyección razonable que atienda a aquello que regularmente sucede en la generalidad de los casos, según el curso ordinario de las cosas, he de precisar la sintaxis de la fórmula que habré de utilizar:
C = A . (1 + i)ª – 1 i . (1 + i)ª En ella: “C” es el capital a determinar; “A” la ganancia afectada para cada período; “i” la tasa de interés a devengarse durante el período de extracción considerado decimalizada y “a” el número de períodos restantes hasta el límite de la edad productiva o la expectativa de vida presunta de la víctima (cf. mi voto en causas C. 268.179, 267.880, 250.863 ya cit.). Y con el objeto de superar los reparos opuestos por la Corte Nacional a la fórmula Vuotto (cf. CNAT, sala III, causa “Vuotto”, fallo del 16-VI-1978) -coincidente en lo sustancial con la “Marshall” o su versión abreviada “Requena Las Heras”- he de analizar, en el caso concreto, la concurrencia o no de posibilidades de que los ingresos de la víctima no sean constantes a lo largo de su vida -ya sea en forma ascendente o descendente- y la eventual incidencia de la incapacidad en la realización de otras tareas cotidianas que no obstante no generar ingresos tengan significación económica, como así también su proyección más allá de la edad legal para acceder al beneficio jubilatorio.
A continuación, procederé a determinar las referidas variables, a saber:
i] la edad de la actora quien, a la fecha del accidente, contaba con 47 años, momento a partir del cual efectuaré el cálculo pertinente. ii] la incapacidad parcial y permanente a computar será del 14,5 % (cf. lo reseñado por la ponente en el considerando VII.3), al que adhiero en tal parcela) (arts. 384 y 474 del CPCC).
iii] los ingresos anuales de la víctima, en orden a los fundamentos brindados por la doctora Bourimborde en el citado considerando (VII.3) habré de estimarlos teniendo en cuenta el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia que, desde el 01/10/2019, ascendía a $ 16.875 (art. 1 inc. c de la Resolución 06/2019 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil) (art. 165 del CPCC).
La justipreciación de la indemnización a valores a la fecha indicada resulta una facultad reconocida por la Suprema Corte provincial (conf. arg. causas L. 77.503 y L. 75.346, ambas sent. del 6-VI-2001; C. 101.107, sent. del 23-III-2010; C. 100.908, sent. del 14-VII-2010; C. 117.926, sent. del 11-II-2015, C. 108.654, sent. del 26-X-2016). Por lo demás, teniendo en cuenta que no se ha acreditado -ni los informes periciales permiten presumirlo- un ingreso diverso, ni tampoco mayores repercusiones económicas derivadas de la incapacidad, para el cálculo pertinente partiré del salario indicado que estimo proporcionalmente suficiente para reflejar la merma en sus posibilidades laborales así como la incidencia de la incapacidad en sus tareas cotidianas no remuneradas (art. 165 su doc.
CPCC).
iv] partiendo de la base indicada en el apartado que antecede, he de considerar la probabilidad de una variación ascendente y descendente de los ingresos.
Lo primero si bien cabe estimarlo con suma prudencia, en la especie, dada la edad de víctima al momento del hecho cabe presumir que, según el curso normal y ordinario de las cosas, su remuneración no ha de ser idéntica a lo largo de su vida en razón de eventuales ascensos, adicionales por antigüedad -entre otras hipótesis- y demás contingencias posibles (art. 375, 384 CPCC). Lo segundo responde a la presunción razonable de que operará una merma en sus ingresos tras su probable retiro de la actividad.
Con tal objeto, tendré en cuenta cuatro ingresos probables, escalonados por etapas. Desde los 47 años y hasta los 50 años, el SMVyM actualizado $ 16.875). Desde los 50 hasta los 60 años, un incremento del 20 %, con una probabilidad del 50 % sobre la remuneración anterior, lo que arroja la cantidad de $ 18.562,50. Y desde los 60 hasta los 77 años -v. “infra pto. vi]- , habré de computar la jubilación mínima vigente a igual época que, a partir de junio de 2020, asciende a $ 16.864,05 (cf. Res. 167/2020 de la ANSES). Trasladando tales parámetros a la fórmula a emplear, se arriba a un ingreso promedio mensual de $ 17.431,29 que refleja de modo aproximado las posibilidades de conseguir una mejora en los próximos años y un descenso a partir de la edad jubilatoria. Este será el monto a tener en cuenta para la determinación de la variable “A”.
v] una tasa de descuento pura del 6 %, que permite obtener el valor presente que surge de descontar una tasa por el adelanto de tales sumas y;
vi] un período de percepción hasta el promedio de vida que llega a los 76,9 años (cf. World Health Stadistics, WHO, Annex 2, Part. 1, Argentine, both sexes), por lo cual al actor le restaban años de vida productiva. Ello ponderando que no obstante que la edad jubilatoria general para las mujeres se sitúa a los 60 años (art. 19 inc. a de la ley 24.241), la presente partida contempla otras dimensiones que exceden lo estrictamente laboral lo cual justifica estimar un lapso mayor al propio de tal índole de actividad (CSJN, in re “Arostegui”, Fallos 331:570).
h. Trasladando estas pautas a la fórmula antes indicada, los guarismos resultantes son los siguientes: i] A = $30.330,44; ii] (1 + i) = 1,06000000; iii] (1 + i)ª =5,74349117; iv] (1 + i)ª - 1 =4,74349117; v] i - (1 + i)ª =0,34460947 y vi] (1 + i)ª - 1 = 13,76483115 i (1 + i)ª Ello arroja la cantidad de $ 417.175,48 (esto es: C = 30.330,44 x 13,76483115).
III.2. En función de lo expuesto, teniendo en consideración los antecedentes ya mencionados, el resultado de los cálculos matemáticos efectuados, la edad de la señora Morales al momento del hecho (47 años) y el tiempo razonable para la realización de tareas productivas hasta los 77 años, las repercusiones económicas en las demás aptitudes vitales de la víctima; el porcentual de incapacidad permanente laboral y en la vida de relación estimado -14,5 %- y el salario “ut supra” indicado por doce meses –-no comprensivo del SAC por no haberse acreditado la realización de labores en relación de dependencia-- con las variaciones probables estimadas de tal ingreso (v. ap. iv]), coincido con la ponente en que la suma reconocida en la instancia, a saber, $ 800.000 a valores de junio de 2020 luce excesiva y debe ser prudencialmente morigerada a la cantidad de $ 420.000 en concepto de “incapacidad psicofísica sobreviniente”, con más $ 48.000 para cubrir el costo del tratamiento psicoterapéutico recomendado por la experta, lo que hace un total de $ 468.000 (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164, 375, 384, 474 del CPCC; art. 772, 1746 CCC).
IV. Con el alcance y por las razones brindadas, voto por la AFIRMATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN planteada, la señora Jueza, Dra. Adriana Beatriz Montoto adhirió al voto de la Dra. Hooft por aducir iguales argumentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la señora Presidente Dra. Ana María Bourimborde dijo:
En atención a lo precedentemente expuesto, corresponde modificar la sentencia de fs. 243/262 en los siguientes aspectos: 1. se confirma el capital de condena por los daños al vehículo con los intereses dispuestos en el capítulo IV; 2. se reduce la incapacidad sobreviniente de Cristina Edith Morales a $ 420.000, con más $ 48.000 por gastos de tratamiento psicoterapéutico; 3. se elevan los gastos médicos y de farmacia de Cristina Edith Morales a $15.000; 4. se elevan los gastos médicos y de farmacia de Luciano Rebozzio a $5.000; 5. se eleva el daño moral de la señora Cristina Edith Morales a $ 350.000 y 6. Se confirma la sentencia en todo lo demás que decide. Y atento el resultado parcialmente favorable de los recursos a ambas partes, las costas de esta alzada se distribuyen en un 50 % a cargo de cada uno (art. 68, 71 CPCC). ASI LO VOTO A LA MISMA SEGUNDA CUESTION, la señora Jueza, Dra. Irene Hooft, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos. A LA MISMA SEGUNDA CUESTION, la señora Jueza, Dra. Adriana Beatriz Montoto adhirió al voto de la ponente por iguales fundamentos, con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
Que la sentencia de fs. 243/262 debe ser modificada (arts. 7, 768 inc. c, 1722, 1729, 1738, 1739, 1741, 1746, 1757, 1758 del C.C.C..; 163 inc. 6, 164, 165, 260, 272, 375, 384, 474 y cctes. Del C.P.C.C. 31 y 51 de la Ley 8904 y 31, 51 ley 14.967)
POR ELLO y demás fundamentos del precedente acuerdo se modifica la sentencia de fs. 243/262 en los siguientes aspectos: 1. se confirma el capital de condena por los daños al vehículo con los intereses dispuestos en el capítulo IV; 2. se reduce la incapacidad sobreviniente de Cristina Edith Morales a $ 420.000, con más $ 48.000 para atender los gastos de tratamiento psicoterapéutico; 3. se elevan los gastos médicos y de farmacia de Cristina Edith Morales a $15.000; 4. se elevan los gastos médicos y de farmacia de Luciano Rebozzio a $5.000; 5. Se eleva el daño moral en beneficio de Cistina Edith Morales que se justiprecia en $ 350.000 y 6. se confirma la sentencia en todo lo demás que decide. Y atento el resultado alcanzado, las costas de esta instancia se imponen en un 50 % a cargo de cada parte, difiriéndose la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese y devuélvase a la instancia de origen.
Fin de la sentencia