Abriendo la norma
Cámara I Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 274.662
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue por las razones expuestas, la sentencia de fecha 04 de noviembre de 2020 debe ser confirmada (art. 58, ley 17.418; arts. 1, 2, 2532, 2560 y concs., Cód. Civ. y Com. y arts. 242, 254, 260, 270 y concs., CPCC).
POR ELLO:
Se rechaza el recurso interpuesto por la señora Myrian Marcela Masciotta con fecha 09/11/2020, 08:31:39 hs. y, en consecuencia, se confirma la sentencia del 04 de noviembre de 2020 en lo que fuera materia de recurso y agravio. Costas a la actora en su calidad de vencida (art. 58, ley 17.418; arts. 1, 2, 2532, 2560 y concs., Cód. Civ. y Com. y arts. 242, 254, 260, 270 y concs., CPCC).
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL 274.662 "MASCIOTTA MYRIAN MARCELA C/ CAJA DE SEGUROS SAS/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)”.
En la ciudad de La Plata, a los 2 días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, se reúnen en Acuerdo de la Excma. Cámara Primera de Apelación, Sala Segunda, la señora Jueza doctora Irene Hooft y el señor Juez doctor Federico Guillermo García Ceppi para dictar sentencia en la causa caratulada: "MASCIOTTA MYRIAN MARCELA C/ CAJA DE SEGUROS SAS/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC.
ESTADO)”, C. 274.662 y habiéndose procedido con anterioridad a efectuar el pertinente sorteo de ley el cual arrojó el siguiente orden de votación: Dres. HOOFT - GARCÍA CEPPI, resolviendo el Tribunal plantear las siguientes:
PRIMERA: ¿Corresponde modificar la sentencia de fecha 04 de noviembre de 2020?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, la señora Jueza, doctora Irene Hooft, dijo:
I.1. En la especie, el Magistrado de grado admitió la excepción de prescripción opuesta por la Caja de Seguros SA y, en consecuencia, rechazó la demanda interpuesta por la señora Myrian Marcela Masciotta, con costas a esta última.
Para así decidir, el iudex a quo partió de la premisa que el plazo aplicable a la acción entablada en autos era el previsto en el art. 58 de la ley 17.418 y esto, porque con independencia de que la controversia implicaba una relación de consumo, la reforma operada por la ley 26.994 sobre la ley 24.240, al acotar el ámbito de aplicación del art. 50, no deja lugar a dudas en punto a la preeminencia de la norma especial sobre la regulación genérica del art. 2560 del Cód. Civ. y Com.
Establecido lo anterior, el juzgador consideró que el reclamo de la señora Masciotta, con base en el contrato de seguro colectivo celebrado por su empleador, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con la demandada Caja de Seguros SA, quedó expedito el 29 de junio de 2016, fecha que se erige en dies a quo del plazo anual contemplado en el art. 58 de la ley 17.418 y por ello, al realizar el reclamo administrativo ante la aseguradora la acción ya se encontraba prescripta.
A mayor abundamiento, con cita de diversos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, destacó que la accionante no había cuestionado la constitucionalidad del art. 58 de la ley 17.418.
I.2. Contra este modo de decidir se alzó la actora, a través del recurso de apelación de fecha 09/11/2020, 08:31:39 hs., el cual, fundado con fecha 11/11/2020, 16:40:32 hs, mereció la réplica del 18/11/2020, 09:53:37 hs.
I.2.a. En apretada síntesis, la parte actora funda su reproche en los siguientes argumentos:
i. A diferencia de lo resuelto por el sentenciante, el plazo aplicable es el genérico de 5 años contemplado en el art. 2560 del Cód. Civ. y Com., ya que dicha norma solo prevé como excepción lo establecido en la legislación local y resulta claro que la ley 17.418 es normativa de fondo. Afirma que el art. 2532 del Cód. Civ. y Com. establece una regla de subsidiariedad atinente, únicamente, al capítulo primero del título primero del libro sexto del código sancionado por la ley 26.994, extraño a los plazos de prescripción.
De tal modo, según su parecer, la circunstancia de que la asegurada sea una consumidora, al no estar comprendida en el art. 58 de la ley 17.418, conduce, a falta de una norma específica relativa a las acciones fundadas en relaciones de consumo, a su desplazamiento a favor de la genérica del Cód. Civ. y Com.
ii. El conflicto de intereses tutelados autoriza, por aplicación del tratamiento más favorable al consumidor, a adoptar la norma cuyo plazo de prescripción sea la más extensa, destacándose que la regla general del Cód. Civ. y Com., dado el marco jurídico existente, se constituye en el piso mínimo de protección.
iii. La inserción dentro del elenco de derechos fundamentales de los derechos de los consumidores y usuarios impide la adopción de un temperamento cuyo resultado sea el acortamiento de los plazos de prescripción, precisándose que la derogación parcial del art. 50 de la ley 24.240 no implica el renacer de normas especiales, sino la integración del sistema de consumo con las normas del nuevo plexo, y con ello, como resultado, la fijación de nuevos plazos. A su juicio, la Ley de Defensa del Consumidor no pierde la regulación de la prescripción de las acciones, sino que dichas pautas se concentran ahora en uno de los cuerpos integrantes del sistema constitucional de defensa del consumidor, ubicado dentro del código unificado.
Asimismo, puntualiza que el principio de progresividad contemplado en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional no permite adoptar una postura que implique desmejorar la interpretación dada por la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia.
iv. Señala que ante el incumplimiento contractual endilgado a la demandada, no se está reclamando solo el pago de la prestación dineraria adeudada, sino los daños y perjuicios derivados de la conducta asumida por la deudora, supuesto en el cual, la codificación unificada prevé un plazo trienal.
Adicionalmente, plantea la necesidad de recurrir al principio in dubio pro consumidor en virtud del cual, el plazo trienal del art. 2561 sería el aplicable a la presente controversia.
v. Aplicar el plazo anual de la ley 17.418 importaría aplicar, en violación del art. 7 del Cód. Civ. y Com., una ley supletoria en perjuicio del consumidor, ya que la relación jurídica entre las partes es preexistente a la modificación de la ley 24.240.
I.2.b. A su turno, la representación de Caja de Seguros SA contesta la expresión de agravios con los siguientes razonamientos:
i. El recurso no supera las exigencias previstas en el art. 260 del CPCC al carecer de una crítica concreta y razonada de lo resuelto por el señor Juez de grado.
ii. La decisión del Juez de la anterior instancia se encuentra alineada con la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Buffoni”, precisando que la reforma operada sobre el art. 50 de la ley 24.240 por la ley 26.994 otorga preeminencia, por efecto de lo previsto en el art. 2532 del Cód. Civ. y Com., al art. 58 de la ley 17.418 sobre la regulación general contenida en el art. 2560 del citado código.
iii. La causa de la obligación jurídicamente demandable es la emergente del contrato de seguro, lo que vuelve aplicable el art. 58 de la ley 17.418 y con ello, al ser exigible la prestación a favor del asegurado con la notificación de la aceptación de su pase a situación de retiro activo voluntario, esto es, el 29 de junio de 2016, pretender la aplicación del art. 50 de la ley 24.240 con la redacción anterior a la ley 26.994 traduce una aplicación ultraactiva vedada por el ordenamiento.
iv. Sostener que la aplicación del plazo anual implica, sin más, un retroceso en los derechos del consumidor se desentiende de otras reducciones de plazos derivadas de la sanción de la ley 26.994.
v. No puede dejarse de lado que, producto de la modificación del marco regulatorio, ya no se da un supuesto de coexistencia de dos normas que regulan una misma situación como ocurrió hasta la sanción de la ley 26.994.
I.3. Que mediante presentación de fecha 11/2/2021, 11:08:36 hs., el señor Fiscal de Cámaras departamental, con sustento tanto en los principios del derecho de los consumidores y usuarios como en los efectos derivados de una eventual aplicación del plazo anual previsto en el art. 58 de la ley 17.418, emitió dictamen favorable al rechazo de la prescripción articulada por Caja de Seguros SA, propiciando la revocación de la sentencia de grado.
II. El recurso, por las razones que habrán de darse seguidamente, no prospera.
II.1. Liminarmente se impone abordar el pedido de deserción formulado por la concursada en su contestación del memorial, el cual ha de rechazarse en el convencimiento de que las críticas ensayadas por la recurrente apuntan a desvirtuar la conclusión de la resolución en torno al acogimiento de la defensa de prescripción articulada por Caja de Seguros SA y a las razones en que se apoya la decisión, por lo cual, más allá de su atendibilidad, satisfacen la carga impuesta por el art. 260 del CPCC.
II.2. En virtud de lo establecido, corresponde comenzar por señalar que, tal como se encarga de poner de relieve el Magistrado de grado y fuera analizado en su momento por esta misma Sala en el caso C.273.645, sent. del 17/09/2020, el escenario normativo atinente a la prescripción de las acciones fundadas en contratos de seguros ha sufrido una sensible modificación luego de la sanción de la ley 26.994.
En el citado precedente, esta Sala resolvió, en el marco de una acción sustancialmente análoga a la presente, que la previsión del art. 58 de la ley 17.418, ante la reforma operada sobre el art. 50 de la ley 24.240 por medio de la ley 26.994, no admitía desplazamiento por efecto de lo establecido en la normativa general contemplada en el art. 2560 del Cód. Civ. y Com.
Ahora bien, a la luz de los reproches formulados por la señora Masciotta contra lo decidido por el colega de la instancia, se vuelve necesario tanto el repaso como la profundización de los argumentos vertidos en oportunidad del dictado de la sentencia en la causa C. 273.645 ya citada. Efectivamente, al igual que en el referido precedente, en la presente causa se propone una aplicación ultraactiva del art. 50 de la ley 24.240 anterior a la ley 26.994, razonamiento que, con base en las reglas de los arts. 2537 y 2554 del Cod. Civ. y Com., debe ser desestimado a poco de verificarse que la prestación adeudada en los términos del contrato de seguro celebrado se volvió exigible encontrándose vigente la nueva redacción del art. 50 citado.
Sobre el particular, explica Ossola que el comienzo del cómputo constituye un hecho instantáneo a partir del cual se define el régimen legal de la prescripción liberatoria en concreto y por ello, si pese a que la causa de la obligación es anterior a la vigencia de la nueva ley, la prescripción aún no ha comenzado a correr bajo el imperio de la ley antigua – tal como acontece en autos con la modificación del art. 50 de la ley 24.240 por la ley 26.994- será de aplicación inmediata la ley posterior, conclusión que se apoya en la opinión ya vertida durante la vigencia de los hoy derogados arts. 3 y 4051 del Código Civil seg. ley 340 por Moisset de Espanés (Ossola, F.A., “Prescripción y caducidad en el Código Civil y Comercial de la Nación. Aplicación de la ley en el tiempo”, en Revista de derecho privado y comunitario 2015-1: Prescripción. Aplicación del Código Civil y Comercial a las situaciones preexistentes. Alegria H. y Mosset Iturraspe, J. (dirs), Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 246/247; cfr. Kemelmajer de Carlucci, A., “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 67/68).
Por último, mal podría sostenerse que el criterio adoptado implica una violación de la última parte del art. 7 del Cód. Civ. y Com., ya que el art. 3 de la ley 26.994, a través del cual se aprueban las modificaciones previstas en el anexo II, entre las que se encuentra la reforma al art. 50 de la ley 24.240 según ley 26.361, dista de ser una norma supletoria al versar sobre la prescripción, institución que se encuentra imbuida de orden público (cfr. Ossola, F.A., ob. cit., p. 243).
Lo expuesto, reafirma la idea ya sostenida por esta Sala según la cual, al no hallarnos frente a un caso de prescripción en curso, la aplicación ultraactiva del art. 50, en su versión anterior a la dada por la ley 26.994, no puede ser admitida.
II.3. Esclarecido lo anterior, cabe pasar al estudio del agravio consistente en la pretendida aplicación del plazo quinquenal o trienal de los arts. 2560 y 2561 del Código Civil y Comercial, en lugar del plazo anual fijado por el art. 58 de la ley 17.418.
i] La cuestión del desplazamiento del art. 58 de la ley 17.418 luego de la reforma operada sobre el art. 50 de la ley 24.240 por la ley 26.994 también ha sido abordada por esta Sala. Veamos.
En el referido precedente C.273.645, luego de hacer un breve recorrido por las diferentes posturas adoptadas por la doctrina y jurisprudencia, se ponderó especialmente que después de la sanción de la ley 26.994, el ordenamiento jurídico ya no posee dos normas que regulen una misma situación de hecho como ocurrió durante la vigencia del art. 50 de la ley 24.240 – texto según ley 26.361 – y el art. 58 de la ley 17.418. Actualmente, el régimen consumeril carece de un plazo de prescripción específico para las acciones judiciales emergentes a su amparo, lo que vuelve indispensable recurrir a la regulación general en la materia contemplada en el Código Civil y Comercial (vgr. en materias de cumplimiento de contrato, responsabilidad civil, revisión de contratos, etc.) ii] Pues bien, la interpretación que pregona la aplicación del plazo quinquenal contemplado en el art. 2560 del Cód. Civ. y Com. a las acciones derivadas de un contrato de seguro colectivo como el que nos ocupa tiende a invisibilizar, al menos parcialmente, la previsión específica que el legislador hiciera en el art. 58 de la ley 17.418 de acuerdo con la cual “Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible.” Frente a ello, la representación de la parte actora sostiene que la redacción del art. 2560 de Cód. Civ. y Com., autoriza, como única excepción al plazo de prescripción liberatoria quinquenal, los que resulten distintos por previsión de legislaciones locales. Así, partiendo de la idea de que la ley 17.418 no resulta una normativa local sino derecho común, concluye que la regulación del Código Civil y Comercial habría desplazado la específica de la ley de seguros.
Tal tesis se apoya en un razonamiento que presenta una premisa mayor errónea, esto es, que el art. 58 de la ley 17.418 habría sido lisa y llanamente derogado por la ley 26.994, única justificación plausible para su inobservancia. Me explico.
El artículo 2560 del Proyecto de Código Civil y Comercial del Poder Ejecutivo Nacional redactado por la Comisión de Reformas designada por el dto. 191/2011 tenía un texto diferente al finalmente presentado luego de la sanción de la ley 26.994. Efectivamente, el artículo citado rezaba: “El plazo de la prescripción es de CINCO (5) años, excepto que esté previsto uno diferente”. Con la fórmula empleada, la Comisión de Reformas proponía “…una norma de carácter abierto que prevé la modificación ulterior de plazos que regula la solución de situaciones sometidas al régimen de prescripción. La solución, que mantiene el sistema en vigencia, armoniza la finalidad de la modificación que se produzca (otorgamiento de seguridad jurídica a ciertas relaciones mediante acortamiento de los plazos aplicables) y la situación de quien podría verse sorprendido por ese acortamiento.” (“Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación” en “Código Civil y Comercial de la Nación. Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional redactado por la Comisión de Reformas designada por el Decreto Presidencial 191/2011”, La Ley, Bs. As., 2012, p. 600/601 – el resaltado no es del original -).
A su turno, la “Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación”, encargada del estudio del aludido proyecto, en su dictamen, propuso como redacción del art. 2560, la siguiente: “El plazo de la prescripción de es de CINCO (5) años, excepto que esté previsto uno diferente. Este plazo de cinco años se aplica a la prescripción de impuestos, tasas, contribuciones y otro tributos nacionales y provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales” (v.
https://ccycn.congreso.gob.ar/orden_del_dia_892/892-2013_anexoIV.pdf). Así las cosas, a partir del estudio de los debates parlamentarios sobre la base del proyecto que tuvo dictamen de la comisión bicameral mencionada y que antecedieran a la sanción de la ley 26.994, se puede afirmar que la actual fórmula del art. 2560, la que como se sabe, dispone que “[e]l plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local.", fue el resultado de la modificación propuesta por la senadora Giménez, cuya intervención no deja lugar a dudas que su finalidad era la preservación de las facultades legisferantes de las Provincias en materia de prescripción de tributos locales y con ese objetivo fue aprobada primero por el Senado y luego, en revisión, por la Cámara de Diputados, concluyendo el trámite parlamentario (“Antecedentes Parlamentarios.
Año XXI. N.° 10. Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación”, La Ley, Bs. As., 2014, p. 9, 99/102 y 139/140). Lo expuesto permite desentrañar la finalidad perseguida en la norma a partir de la redacción dada al art. 2560 del Cód. Civ. y Com. y autoriza a descartar la propugnada por la apelante, ya que por su intermedio se estaría adoptando una postura derogatoria no solo de lo establecido en el art. 58 de la ley 17.418 sino de todas aquellas normas que se apartaran de lo regulado en la codificación unificada, lo que evidentemente no puede sostenerse sin riesgo de trastocar todo el ordenamiento jurídico nacional y volver letra muerta lo afirmado por la propia Comisión Reformadora cuando, al presentar su trabajo, explica que “…[e]l anteproyecto respeta los otros microsistemas normativos autosuficientes.
Es decir, se ha tratado de no modificar otras leyes, excepto que ello fuera absolutamente necesario. Ha sido imprescindible una reforma parcial de la ley de defensa de consumidores, a fin de ajustar sus términos en los puntos que la doctrina ha señalado como defectuosos o insuficientes. (…) Finalmente, en otros casos, no hay ninguna modificación, como sucede con la ley de seguros o de concursos y quiebras.”(cfr. “Fundamentos…”, ob. cit., p. 444; arg. art. 2, Cód. Civ. y Com. – el resaltado no es del original). A modo de cierre, la subsistencia del art. 58 de la ley 17.418 no muestra reparos, por lo que una hermenéutica ajustada a los lineamientos de los arts. 1 y 2 del Cód. Civ. y Com. no debe prescindir de aquel sin incurrir en un desborde de la tarea del intérprete, máxime cuando, de un lado, se trata de una norma especial en materia de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro (y con ello, prevalente respecto de la regulación general contenida en el art. 2560 del del Cód.
Civ. y Com.) y del otro, tal como lo pusiera de relieve el señor Juez de grado, se advierte que la accionante no ha cuestionado la constitucionalidad del plazo anual del artículo 58 de la ley 17.418 (CSJN, “Mansilla” Fallos 337:179; “Whirpool” 337:1451; Fallos 339:477, 341:250, 342:1170, 341:1768; arg. arts. 1, 31 y concs., Const. nac.).
II.4.a. Aventadas las posibles dudas en torno a la subsistencia del art. 58 de la ley 17.418, no encuentro atendible la tesis propuesta por la actora de acuerdo con la cual, la regulación del Código Civil y Comercial en materia de prescripción constituiría un piso de protección mínimo que, ante la desigualdad inherente a la relación de consumo que liga a las partes, debe ser preferido para la solución del caso.
Permítaseme subrayar que, al igual que el colega de la instancia, advierto que en el caso se encuentra involucrado el llamado estatuto del consumidor (arts. 42, Const. nac.; 38, Const. pcial.; 1092 y sgtes., Cód. Civ. y Com.; 1, 3 y 65, ley 24.240), pero ello no conlleva, sin más, a prescindir de la aplicación del artículo 58 de la ley 17.418. Para comenzar y tal como fuera explicado anteriormente, en la especie, no media una superposición regulatoria susceptible de generar una situación de duda en punto a la norma aplicable y esto, a riesgo de incurrir en reiteraciones tediosas, encuentra sustento en la decisión legislativa de modificar el art. 50 de la ley 24.240 y, simultáneamente, mantener el art. 58 de la ley 17.418.
No ignoro, desde ya, la existencia de voces en doctrina y aun de pronunciamientos judiciales que han descalificado al plazo anual de la Ley de Seguros, sea por considerarlo exiguo y lesivo de los derechos del asegurado (cfr. CNCom. sala F “Gómez M.A.”, sent. de 05/07/2021; Sobrino, W.A.R., “Prescripción de cinco años en seguros en el nuevo Código”, cita La Ley online AR/DOC/206/2015; e.o.) o por entender que la modificación operada sobre el art. 50 de la ley 24.240 no puede traducir una remisión a diferentes regímenes de prescripción fundados ya no en la pertenencia de la acción a la sustancia consumeril, sino en el contenido específico del contrato o relación jurídica que en cada caso estuviera involucrada (cfr. CNCom., sala C ,“Linzitto, S.M.”, sent de 01/06/2020). Sin embargo, tales afirmaciones no lucen suficientes para fundar un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, no debiendo perderse de vista que, como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia bonaerense, siguiendo pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “…el principio constitucional de la separación de poderes no consiente a los jueces el poder prescindir de lo dispuesto por la ley respecto al caso, so color de su posible injusticia o desacierto. La Corte federal tiene dicho que la sentencia que se arroga la facultad de modificar a sabiendas la ley, es violatoria del principio de la división de los poderes, fundamental en el sistema republicano de gobierno adoptado por la Constitución nacional. Esa violación no se justifica con el argumento de que la ley es anticuada y no satisface ya las exigencias de justicia que tuvo originariamente en vista. El Poder Judicial es órgano de interpretación y aplicación de la ley, no de su derogación o reforma (conf. Fallos 234:82, 310; 241:121)” (SCBA, P 117.818, e. o.).
II.4.b. De otra parte, sin desconocer el rango constitucional de los derechos de los consumidores, considero que observar un plazo prescriptivo menor no compromete derechos humanos ni comporta una vedada aplicación regresiva (cf. posición de la sala F de la CNCom., causa “Sittner”, reiterada en “Gomez” cit.).
En los fundamentos del entonces anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, se indicaba que algunos aspectos valorativos que lo caracterizaban podían resumirse, entre otros principios, en la constitucionalización del derecho privado. Así, “(l)a mayoría de los códigos existentes se basan en una división tajante entre el derecho público y privado. El Anteproyecto, en cambio, toma muy en cuenta los tratados en general, en particular los de Derechos Humanos, y los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad. En este aspecto innova profundamente al receptar la constitucionalización del derecho privado, y establece una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado, ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina jurídica argentina. Esta decisión se ve claramente en casi todos los campos: la protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, la tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, de la mujer, de los consumidores, de los bienes ambientales y muchos otros aspectos (énfasis, otra vez, agregado; art. 1 Cód. Civ. y Com.; v. también, Lorenzetti, R.L. “Código…”, 1a. ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, v. 1, p. 29/30; Alterini, J.H. “Tratado…, 2a. ed., La Ley, CABA, 2016, v. 1, p. 198). De tal modo, si aplicar al caso de autos el plazo anual fijado en el art. 58 de la ley de seguros importara –como predica una tesis- una regresión en los términos señalados, qué decir, por ejemplo, de los plazos anuales o bianuales contenidos, según los casos, en los actuales artículos 2562 inciso “a” y “d” y 2564 incisos “a”, “c” y “d” del Código Civil y Comercial. En tales supuestos los plazos resultan menores al trienal previsto en el artículo 50 de la ley 24.240 -texto según ley 26.361- y aun así, fueron previstos por un cuerpo normativo que propuso constitucionalizar el derecho privado y tutelar, entre otros, a los consumidores. Considerar que todas esas reducciones configuran potenciales aplicaciones regresivas que afectan el nivel de protección alcanzado equivaldría a dar por sentada la incoherencia del legislador del Código Civil y Comercial que habría declamado una intención y obrado en un sentido totalmente opuesto.
Por lo demás, no puede dejarse de lado que atribuir una conducta regresiva al legislador fundada únicamente en el acortamiento de plazos prescriptivos aplicables a las acciones derivadas de contratos de seguro celebrados por o en beneficio de consumidores, incluso soslayando la problemática que supone la aplicación del principio de progresividad y no regresividad en materia de derecho de consumidores (cfr. Sahián, J.H., "Principios de progresividad y no regresividad en los derechos de los consumidores", cita La Leyonline AR/DOC/3067/2017), implica una postura que se desentiende, al menos, de tres cuestiones que estimo de relevancia. La primera, consistente en que el estudio de la institución de la prescripción no se agota en la regulación de los plazos, sino que debe extenderse a otros aspectos tales como la suspensión, interrupción, dispensa, puntos de partida y renuncia que también deben ser ponderados al momento de analizar la reforma legislativa.
La segunda, vinculada a las razones dadas por los integrantes de la comisión reformadora para justificar, por un lado, la previsión, bajo el título “contratos de consumo”, de una serie de principios generales de protección del consumidor que actúan como “una protección mínima” y que entre sus beneficios se destaca la preservación de la coherencia del sistema, construcción de la que no cabe excluir a la regulación especial de la prescripción de las acciones judiciales derivadas de un contrato de seguro y, por el otro, la propuesta de un articulado en materia de prescripción liberatoria que pretende mantener el sistema en vigencia y asociando el valor de la seguridad jurídica en ciertas relaciones al acortamiento de los plazos aplicables (cfr. “Fundamentos…”, ob. cit, p. 530/531 y 601). La tercera y última, que tal como advierte Parellada, entre las razones que conducen al legislador a la modificación de los plazos de prescripción anidan las atinentes a la seguridad jurídica, ya que, como es sabido, dicha institución compromete intereses públicos en la estabilidad de las relaciones o situaciones jurídicas. Así, no parece a priori equivocado y quizás merezca una detenida reflexión como argumento de corte sociológico, lo sostenido por el citado autor cuando apunta que “[e]xiste una serie de circunstancias objetivas que determinan que el tiempo sea vivido en forma diversa a lo largo de las distintas épocas. (…) Cuando la nueva ‘percepción del tiempo’ hace que se viva a un ritmo ‘acelerado’ y esa concepción se difunde, en la sociedad se juzga que la pendencia prolongada de las situaciones o relaciones jurídicas se vea como disvaliosa, y se aspira a que los plazos de prescripción se acorten, para contribuir a la seguridad jurídica…”. (cfr. Parellada, C. A., “Modificación de los plazos de prescripción por ley posterior” en Revista de derecho privado y comunitario 2015-1: Prescripción. Aplicación del Código Civil y Comercial a las situaciones preexistentes. Alegria H. y Mosset Iturraspe, J. (dirs), Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 270/273).
Robustece lo anterior la pauta interpretativa acuñada por el máximo Tribunal Federal y receptada por nuestra Corte provincial, de acuerdo con la cual “… no cabe suponer que el legislador haya actuado con inconsecuencia o imprevisión al dictar las leyes, por lo que éstas deben interpretarse evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y las deje a todas con valor y efecto.” (doct. causa B. 63.493, "Tonelli", sent. de 27/08/2008 y sus citas).
Así las cosas, me inclino por una interpretación más razonable del ordenamiento, descartando que aquellos tres años del artículo 50 de la ley 24.240 -texto según ley 26.361- configuren un inderogable núcleo duro de tutela (art. 2 Cód. Civ. y Com.).
II.4.c. Otro argumento a favor de la tesis de la inexistencia de una regulación general o específica por parte del estatuto del consumidor en el asunto sometido a examen que desplace la norma específica en materia de seguros, lo constituye el anteproyecto de ley de defensa del consumidor. La Comisión reformadora, por un lado, refirió que “(e)n el CCC no se consagraron normas específicas relativas a la prescripción en las relaciones de consumo, lo que ha provocado nuevos contrapuntos interpretativos.// La Comisión ha estimado necesario regular la temática en la nueva Ley.//Para ello, se distingue de manera separada la situación de las acciones judiciales y la de las acciones administrativas.// En relación a las acciones judiciales, se trata por separado la situación de las concedidas al consumidor en contra de los proveedores, y las de estos últimos en contra de los consumidores.// En las primeras se establece un plazo de tres (3) años, que se estima razonable, para el ejercicio de todas las acciones judiciales con que cuenta el consumidor. Y se dispone que si las leyes generales o especiales han consagrado un plazo menor, si el caso constituye una relación de consumo, el plazo también será de tres (3) años. Con ello se pretende la unificación del plazo de prescripción en el trienal, a fin de brindar mayor certeza y seguridad jurídica” y, por otro, proyectó un artículo 183 que establece “(l)as acciones judiciales para el ejercicio de los derechos de consumidores prescriben en el término de tres (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción menores, rige el plazo establecido en este artículo”. Una vez más y dejando a un lado el hecho de encontrarnos frente un proyecto de ley, corresponde recordar que no cabe presumir que el legislador actúe con inconsecuencia o imprevisión, situación a la que se arribaría de cohonestarse el razonamiento sostenido por la actora, de acuerdo con el cual, la regulación de la prescripción de las acciones judiciales derivadas de los contratos de seguro celebrados por o en beneficio de consumidores estaría comprendida en la actual normativa del Código Civil y Comercial.
II.4.d. La señora Masciotta refiere, en su expresión de agravios, la existencia de doctrina legal de nuestro superior tribunal provincial en punto a la aplicación del plazo trienal en materia de prescripción de las acciones nacidas de contratos de seguro. Empero, tal como fuera dicho en el precedente de esta Sala, C. 273.645, el criterio sentado por la SCBA en la causa C. 107.516, sent. de 11/07/2016 y luego reiterado en C. 262.518, “Ojeda”, sent. de 29/12/2017, no puede ser trasladado a casos como el presente y esto, lejos de ser antojadizo, encuentra motivación en las modificaciones del plexo normativo observado a partir de la sanción de la ley 26.994 (art. 2, Cód. Civ. y Com.) Es indudable que el panorama legislativo actual presenta grandes semejanzas con el existente con anterioridad a la sanción de la ley 26.361, ya que el artículo 50 de la ley 24.240, en su redacción original, generó posturas encontradas en torno a la existencia de un plazo de prescripción general en materia de acciones derivadas de contratos de consumo. Es por ello que cobra especial relevancia pasar revista a lo resuelto por nuestro cimero Tribunal provincial en la causa C. 107.516, “Canio”, sent. de 11/07/2012.
En la referida oportunidad la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires identificó como cuestión a dilucidar “…si la prescripción trienal prevista en el art. 50 de la ley 24.240 original vino a desplazar -en el marco de las relaciones contractuales de seguro- la aplicación de la prescripción anual prevista en el art. 58 de la ley 17.418.”, y si bien reconoció la existencia de posiciones disimiles, con base en los principios iusprivatistas en torno a los binomios “ley general – ley especial” y “ley anterior – ley posterior” y a “la idea que el plazo prescriptivo especial previsto en la Ley de Seguros tuvo en miras la valoración del riesgo económico específico que el contrato implica [y por ello] no podría quedar alterado – sin más – por la Ley de Defensa de los Consumidores (…)” en la versión normativa original, se inclinó por sostener la prevalencia del precepto contenido en la Ley de Seguros.
Por lo demás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Buffoni” (Fallos 337:329) sostuvo como criterio hermenéutico válido en una controversia en la que se discutían los alcances del régimen consumeril a los terceros víctimas de accidentes de tránsito, que “… una ley general posterior no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de la singularidad del régimen de los contratos de seguro”. Criterio reafirmado en fecha reciente por el Alto Tribunal en el precedente “Gómez Rocca” (Fallos 344:2002).
II.5. No corre mejor suerte el argumento tendiente a subsumir la acción entablada en un supuesto de responsabilidad civil y con ello, pretender la aplicación del plazo trienal, ya que tal inteligencia, a mi entender, se desentiende de la causa de la obligación jurídicamente demandable, esto es, el contrato de seguro celebrado entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y Caja de Seguros SA y que tuviera a la señora Masciotta como asegurada.
Efectivamente, ya sea que se considere que las acciones emanadas de las relaciones de consumo carecen de regulación específica y por ello, la pretensión articulada en autos debe quedar aprehendida en la regulación genérica del art. 2560 del Cód. Civ. y Com. – plazo quinquenal – o, en su caso, se entienda que frente al incumplimiento de las obligaciones contractualmente asumidas por la aseguradora se da un supuesto de responsabilidad civil cuyo plazo de prescripción ha sido previsto en el art. 2561 del Cód. Civ. y Com. – plazo trienal -, las consecuencias son las mismas: se produce una difuminación del contrato de seguro que da sustento a la acción entablada por la señora Masciotta en contravención a lo establecido por el legislador en el art. 58 de la Ley 17.418.
Sobre el particular, el máximo Tribunal federal ha venido sosteniendo reiteradamente que “la prescripción liberatoria no puede separarse de la causa de la obligación jurídicamente demandable” (CSJN, Fallos: 308:1101; 320:2289; 321:2310; 323:3963; 323:3351 y 330:5306, entre otros), no debiendo perderse de vista que, más allá de una genérica referencia al régimen consumeril, la fuente de la obligación que da sustento a la acción incoada por la señora Masciotta es la derivada de un contrato de seguro y no de un contrato de consumo diferente, de manera tal que la observancia del art. 58 de la ley 17.418 viene impuesta no solo por su carácter de norma especial sino también por efecto de la reforma operada sobre el art. 50 de la ley 24.240 por la ley 26.994 (cfr . CNac.Com., Sala “D”, "Zandoná, H.M.", sent. de 2/09/2009; "Cánepa, A.M.", sent. de 26/10/2009; "Ledesma, C.I.", sent. de 27/03/2012; "Sanchez, M.G.", sent. de 31/05/2015 y “Maresca, P.S.”, sent. de 26/05/2020, e.o.; mismo tribunal, Sala B, “Rivero O.A.”, sent. de 24/08/2021; mismo tribunal, Sala E, “Juarez, J.D.”, sent. de 12/09/2019; “Martínez, M.C.”, sent. de 20/05/2021, e.o.; mismo tribunal, Sala A, “Morán, W.H.”, sent. de 05/07/2021, e.o.).
III. En síntesis, estimo que los artículos 2560 y 2561 del Código Civil y Comercial resultan inaplicables en la especie, toda vez que se verifica la excepción prevista por el plexo normativo general: la regulación específica contenida en el artículo 58 de la ley 17.418. El plazo de prescripción es, entonces, anual, lo que sella la suerte adversa al recurso intentado por la representación de la señora Masciotta.
En consecuencia, por las razones expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN, el señor Juez, doctor Federico García Ceppi adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la señora Jueza, doctora Irene Hooft, dijo:
En atención a los fundamentos brindados y si mi postura es compartida, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la señora Masciotta y confirmar la sentencia de fecha 04 de noviembre de 2020, con costas a la actora en su calidad de vencida (art. 58, ley 17.418; arts. 1, 2, 2532, 2560 y concs., Cód. Civ. y Com. y arts. 68, 242, 254, 260, 270 y concs., CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Juez, doctor Federico García Ceppi, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos, con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
Que por las razones expuestas, la sentencia de fecha 04 de noviembre de 2020 debe ser confirmada (art. 58, ley 17.418; arts. 1, 2, 2532, 2560 y concs., Cód. Civ. y Com. y arts. 242, 254, 260, 270 y concs., CPCC).
POR ELLO:
Se rechaza el recurso interpuesto por la señora Myrian Marcela Masciotta con fecha 09/11/2020, 08:31:39 hs. y, en consecuencia, se confirma la sentencia del 04 de noviembre de 2020 en lo que fuera materia de recurso y agravio. Costas a la actora en su calidad de vencida (art. 58, ley 17.418; arts. 1, 2, 2532, 2560 y concs., Cód. Civ. y Com. y arts. 242, 254, 260, 270 y concs., CPCC). Regístrese, notifíquese y devuélvase a la instancia de origen.
Fin de la sentencia