Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 125050
En la ciudad de La Plata, a los dos días del mes de Mayo de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “LEGAJO REGISTRO NOTARIAL N° 14 DEL PARTIDO DE VEINTICINCO DE MAYO", (causa nº 125050), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs. 659/683 vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
I. En el aludido decisorio el Juez Notarial resolvió suspender en el ejercicio de su función al notario Juan María Elverdín, titular del Registro Notarial Nº 14 del Partido de Veinticinco de Mayo, por el término de cuarenta y cinco días, sanción que debería comenzar a cumplir al día siguiente de aquél en que la decisión adquiriera firmeza. Asimismo ordenó el archivo de los protocolos correspondientes al citado Registro hasta el año 2010 inclusive y le hizo saber al notario que debería comunicar a ese órgano jurisdiccional la inscripción definitiva de la escritura 83 del año 2011, debiendo informar fecha y número de ingreso al Registro de la Propiedad.
Para así decidir el Juez Notarial ponderó las distintas irregularidades halladas a raíz de las inspecciones realizadas en el protocolo de los años 2011 y 2012 por el Colegio de Escribanos, aquella formulada sobre los protocolos de los años 2013 a 2016 y el Libro de Requerimientos para Certificaciones de Firmas e Impresiones Digitales nº 67 –inspección decidida por el Juzgado Notarial-; como así el proceder del notario frente al extravió de los folios de actuación notarial adquiridos el 3 de julio de 2013 en la Delegación Nueve de Julio (ver fs. 539/540 vta.).
De las irregularidades observadas en las inspecciones aludidas, las mismas puede resumirse que resulta: la falta de documentación habilitante, de documentación que dice agregar, falta certificar y/o autenticar; falta nota de expedición de testimonio e inscripción en el Registro de la Propiedad, en el Registro de Testamentos, en el Registro de Anotaciones Personales y en la Dirección de Personas Jurídicas; escrituras inscriptas fuera de término tanto en el Registro de la Propiedad como en el Registro de Testamentos; deficiencias de datos en notas que deben colocarse en el protocolo; irregularidades en testamentos; deficiencias en certificados registrales o en su caso, el faltante de certificados de dominio, inhibición, del Registro Automotor, de cesiones de acciones y derechos hereditarios, en escrituras cuya existencia era previa e imprescindible; asimismo se observó que faltaba transcribir actuaciones judiciales en tres escrituras, que había deficiencias en el texto escriturario -se empleaban términos del código derogado- y espacios en blanco, entre otras.
Asimismo se valoró el proceder del notario frente al extravío de los sellos de actuación notarial.
Contra dicha forma de decidir, el escribano interpone recurso de revocatoria y de apelación y nulidad en subsidio (ver fs. 688/696). El primero de ellos fue rechazado a fs. 708/711, siendo concedidos los restantes en la misma resolución.
En prieta síntesis, explica la estructura del control disciplinario de la ley 9020, sosteniendo que en las presentes actuaciones se dio el supuesto previsto en su art. 47, esto es, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires le comunicó al Juzgado Notarial la inspección realizada en los protocolos de los años 2011 y 2012, pero luego de esa denuncia, esgrime, el Juzgado Notarial no ordenó la designación de un inspector –como lo establece el art. 79 del decreto ley citado-, ni la documentación que debía inspeccionarse, como sí lo hizo en la inspección de los protocolos y último libro de Requerimientos para Certificaciones de Firmas e Impresiones Digitales correspondientes a los años 2013 a 2016.
Situación que le permite concluir en que, los inspectores del Colegio de Escribanos carecen de la competencia para realizar las funciones que específicamente el legislador ha puesto en cabeza del Cuerpo de Inspectores; con lo cual y como no se designó instructor alguno que practique las diligencias requeridas a fin de determinar la existencia de faltas y la autoría de las mismas, la sentencia tiene su basamento en una inspección efectuada por personas que no poseen competencia específica en la materia, constituyendo para quien recurre, un defecto grave de procedimiento y un quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, violando así la garantía constitucional prevista en el art. 18 de la C.N. y por ende la tutela continua y efectiva (art. 15 C.P.B.A.).
Por lo demás sostiene que existen irregularidades en los traslados otorgados de las inspecciones formuladas en sus protocolos, traslados que según entiende, parecieran retrotraer a etapas ya finalizadas, ya que el sumario ya había sido cerrado.
Sostiene que dicha falta de unidad de cierre del sumario ha violentado su derecho de defensa, ya que el no saber concretamente cuáles fueron ls irregularidades observadas y a quién fueron imputadas, resulta imposble, según su criterio, poder alegar y ofrecer prueba oportuna y pertinente.
Considera el Juzgado Notarial debió declarar la nulidad de la primera notificación (fs. 631) y correr vista de todos los períodos inspeccionados, por cuanto y si bien su parte contestó el requerimiento, dando las explicaciones, nada dijo en relación a la conclusión del sumario, ya que la doble vista trajo aparejada una confusión excusable por las circunstancias procesales irregulares, máxime cuando entiende la inspección realizada en los protocolos del año 2011 y 2012 fue sólo de aportes notariales y a raíz de la jubilación pedida por el padre del notario sancionado, en donde muchas de las irregularidades detectadas no le son imputables, ya que él en esa época era adscripto al Registro Notarial, no Titular del mismo.
En definitiva y como considera que la justificación de la suspensión dispuesta se basa únicamente en antecedentes erróneos, que en su totalidad no son de su autoría, así como en una desacertada interpretación del régimen de responsabilidad, entiende corresponde la aplicación del principio in dubio pro reo, ya que existe una duda razonable sobre su culpabilidad.
A todo evento, esgrime que las irregularidades que se le imputan ya se encontrarían subsanadas, como así pide que se valore la ausencia de daño efectivo y concreto, sus antecedentes profesionales y personales y la gravedad de la sanción impuesta que el impide trabajar y ejercer la profesión durante todo ese tiempo.
II. Atendiendo al tenor de los agravios que vienen a la Alzada, y dando las debidas razones del caso (arts. 171, Constitución Provincial; 3, Código Civil y Comercial), principio por señalar que la responsabilidad disciplinaria debe hacerse efectiva conforme a los principios y normas del “Derecho Disciplinario” y se configura cuando el sujeto pasivo comete faltas en el ejercicio de las tareas a su cargo, transgrediendo las propias normas internas que las regulan, pues ellas en definitiva tienden a mantener el debido funcionamiento del servicio, lo cual se trata de alcanzar mediante la aplicación de sanciones autorizadas por el ordenamiento jurídico (arts. 35, 38, 40 y 64, decreto ley 9020/78; Cfr. Perrino Pablo Esteban, "Responsabilidad Disciplinaria de los Escribanos" págs. 10 y 84 citando S.C.B.A. en La Ley 1992-C-pág. 390; Falbo “Responsabilidad Disciplinaria Notarial” en “Revista Notarial” Nº 900 pág. 1022 Nº 9; esta Sala, causas 110.576, RSD. 214/08; 116.640, RSD. 66/14).
En tal sentido debe dejarse en claro la alta significación que traducen estas violaciones, por la especial naturaleza de la profesión de escribano, ya que las facultades que se les atribuyen de dar fe de actos y contratos, constituye una concesión del estado que no existe en las restantes profesiones, y no se agota la salvaguarda de ello en la moralidad de quiénes ejercen la profesión, sino que su objeto radica, principalmente en asegurar y mantener la fe pública de la cual son depositarios los escribanos (arts. 1, 2, 7, 35, 38 ley 9020; 997 y sgtes. Código. Civil; cfr. ob. cit. Pablo Esteban Perrino, "Responsabilidad Disciplinaria de los Escribanos", Ed. Depalma, año 1993, págs. 10 y 84 citando S.C.B.A. en La Ley 1992-C-pág. 390; esta Sala causas 89.153 Reg.Sent. 255/98, 110576, Reg. Sent. 214/08).
De ahí entonces, que la falta que comete un escribano debe ser juzgada independientemente que hubiere causado perjuicio al cliente, porque no debe olvidarse que en esta materia no se trata de juzgar una supuesta nulidad del acto otorgado, sino de apreciar el incumplimiento de los deberes que le corresponden al notario como oficial público, donde sólo son relevantes las cuestiones que hacen a las obligaciones funcionales de los escribanos, y al correcto ejercicio de la función notarial, careciendo de importancia la buena o mala fé de su actuar, dado que la inconducta existe por el solo y objetivo hecho del incumplimiento de normas legales que encuadran al ejercicio del notariado (arts. 35, 36, 64 ley 9020; Perrino antes citado pág. 62, trayendo a pie de página numerosas citas del Tribunal Superior Notarial; esta Sala causas B-71.220 RSD 124/91; 114.696, RSD 47/2012).
III. Al mismo tiempo, la adopción de cualquiera de las sanciones previstas en la ley notarial, está sujeta a que el trámite disciplinario haya respetado adecuadamente el debido proceso legal, aspecto que fue señalado críticamente por el apelante (arts. 18, Constitución Nacional, 10, Constitución Provincial).
Tiene dicho este Tribunal que la "defensa en juicio" o el "debido proceso" consisten en la oportunidad o posibilidad suficiente de participar (o tomar parte) con utilidad en el proceso. De ahí que el debido proceso deje la idea de un proceso regular y razonable, y de una tutela judicial eficaz. La garantía de la defensa en juicio exige, por sobre todas las cosas, que no se prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que pudieran asistirle, asegurando a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada, previo juicio llevado en legal forma, ya se trate de procedimiento civil o criminal, requiriéndose indispensablemente la observancia de las formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia (conf. Bidart Campos, "Manual de la Constitución Reformada, t. II, pág.327/ 329 con cita de fallo de CSJN).
En línea con ello puede afirmarse que media violación a la garantía de la defensa, cuando se priva a los interesados de toda oportunidad útil para requerir de los jueces una decisión sobre el derecho que estiman asistirles, o cuando, por consideraciones rituales, el ejercicio del derecho en debate es despojado de toda razonable eficacia. La garantía de la defensa en juicio se vincula con el principio de contradicción, que requiere que se acuerde a las partes, en el proceso, oportunidad suficiente de audiencia y de prueba, lo cual no significa que aquéllas deban ser oídas y tengan derecho de producir prueba en cualquier momento y sin ninguna restricción formal, ni tampoco, que el desarrollo del proceso se encuentre supeditado al ejercicio efectivo de tales facultades. En otras palabras, la garantía de la defensa no impide la reglamentación de los derechos de las partes en beneficio de la correcta substanciación de las causas, y no puede ser invocada por quienes, por simple omisión o negligencia, no ofrecieron o produjeron sus pruebas en la oportunidad y forma prescriptas por las respectivas normas procesales (conf. CSJN, Fallos 185:242; 225:123; 229:411; 267:293, cit. por Palacio, Lino E., ob. cit. v.I, págs.144/149; esta Sala, causa 113.575, RSD. 57/11).
En ese camino, el recorrido del trámite que concluye -como en autos- en una sanción debe contemplar la debida audiencia del Notario, que implica la posibilidad de ofrecer, producir y controlar la prueba que sustente su defensa y, finalmente, la obtención de una sentencia fundada (Pablo Esteban Perrino, ob. cit., págs. 146/147; causa 119270, RSD. 195/15).
IV. Bajo las premisas doctrinales expuestas, adelanto que el recurso no ha de merecer acogida, por cuanto, tal como se verá en lo que sigue, no sólo no se vislumbra vulnerado el derecho constitucional del debido proceso ni el de la tutela judicial continua y efectiva, sino que además todas las irregularidades que se le imputan al notario lo son como titular del Registro Notarial Nº 14 del Partido de Veinticinco de Mayo y no en su carácter de adscripto.
En efecto y en lo que se refiere a la nulidad de la sentencia por el quebrantamiento de las formas esenciales del proceso, es preciso destacar, tal como correctamente lo ha hecho el Sr. Juez Notarial a fs. 709 vta., que el notario fue debidamente notificado tanto de la inspección realizada por la Inspección General del Colegio de Escribanos (ver fs. 521; 551, 552, 555 y vta.) como así de aquella ordenada para los protocolos de los años 2013 a 2016 (ver fs. 555 y vta.), inspección que fuera anexada a fs. 557/571 y de la que formulara su espontáneo descargo el escribano sancionado a fs. 573/629 vta. aún cuando a fs. 631 y en los términos del art. 52 de la ley 9020 se le diera nueva vista de la inspección realizada.
Asimismo y mal que le pese, resulta erróneo lo por él afirmado en torno a que, se le corrió traslado de la inspección formulada en los años 2011 y 2012 una vez que se encontraba concluido el sumario y hecho el informe actuarial correspondiente (ver fs. 634/635) por cuanto tal como claramente emerge del referido informe actuarial, las irregularidades detectadas en la inspección de los protocolos de los años 2011 y 2012, estaban pendientes de tratamiento cuando se ordenó la inspección de los protocolos de los años 2013 a 2016 y dicho acto fue notificado expresamente al notario a fs. 555 vta., con lo cual no podía desconocer la existencia de dicha inspección; luego formuló espontáneamente el descargo en torno a las irregularidades detectadas en la segunda (fs. 573/629 vta.) y al no haber formulado descargo de la Inspección realizada por el Colegio de Escribanos se le pidió informara la inscripción definitiva en el Registro de la Propiedad de las escrituras que se describen a fs. 635 y conjuntamente, se le corrió vista de lo actuado en los términos del art. 52 de la ley 9020 tanto de la inspección formulada por el Colegio de escribanos como así del extravío de los folios de actuación notarial adquiridos el 3 de julio de 2013 (ver fs. 636/637 de fecha 13 de julio de 2018, y fs. 639).
El hoy recurrente no sólo anexó la documentación que a raíz de aquella inspección en los protocolos del año 2011 y 2012 le fue requerida por el Juzgado Notarial (ver fs. 640/654), sino que además consintió el llamado de “autos para resolver” dispuesto con fecha 25 de septiembre de 2018 (ver cédula de fs.658 y vta.).
En estos andariveles, la falta de objeción tempestiva a la decisión de pasar los autos a resolver obsta a la requerida nulidad, dado que conforme estableció este Tribunal, “la preclusión es una institución general que tiene frecuentes aplicaciones en el proceso, y que consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para el ejercicio de esta facultad en el juicio o en una fase del juicio” (Chiovenda, Giuseppe, “Instituciones de Derecho Procesal Civil”, trad. por E. Gómez Orbaneja, 2da. edic., Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1948, Tomo I, pág. 385; causas 113294 RSD 17/12; 115335, RSD 53/16).
Siendo ello así, en la medida que las irregularidades detectadas por las distintas inspecciones realizadas en los protocolos del Registro Notarial n° 14 del Partido de Veinticinco de Mayo, en particular aquellas observadas en el protocolo de los años 2011 y 2012, se individualizó al notario autorizante y sólo se advierten tratadas aquellas fallas que le son imputables al recurrente en su carácter de adscripto (carnet n°5682 ver fs. 277 y que el carnet n° 3719 pertenecía a su padre, Juan Antonio Elverdín, conforme emerge de fs. 310); tal circunstancia desvanece el agravio dirigido a una supuesta errónea interpretación y alcance de la responsabilidad del notariado, que en este supuesto no es solidaria con la del escribano titular, ya que como queda visto, las observaciones hechas a las escrituras autorizadas por el entonces titular del Registro Notarial -Juan Antonio Elverdín- no han sido incluidas en la decisión atacada, tal como se afirma a fs. 692/693 vta., por lo que se colige que la queja en este sentido debe ser desestimada (arts. 260, 261, 266 del CPCC).
Por lo demás y en cuanto a la sanción impuesta, he de señalar que la misma es la consecuencia dañosa que el ordenamiento jurídico impone a los escribanos que no cumplen los deberes inherentes a la función, ya sea por el incorrecto desempeño de la profesión notarial o por la inobservancia de los principios de ética profesional. Su fundamento radica en asegurar el correcto y adecuado ejercicio de la función notarial.
El ejercicio del poder disciplinario, tal como expusiera en lo que precede, configura una facultad de tipo discrecional, razón por la cual la determinación de las sanciones está librada a los órganos de fiscalización, dentro de los límites en que pueden desenvolverse (Conf. Perrino, ob. cit., pág. 67); y, a diferencia de lo que acontece en el derecho penal, en el cual los delitos son acuñados en tipos y la infracción es definida de manera concreta por la ley anterior al hecho punible, en el derecho disciplinario las faltas, comunmente son enunciadas en forma vaga y genérica, sin describir de manera específica el hecho antijurídico (conf. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, 2da. ed. Abeledo-Perrot, Bs. As. 1978, t. IIi-B, p. 425; Fiorini, Manual de Derecho Administrativo, La Ley, Bs.As., 1968, p. 815; Soler, Derecho Penal Argentino, TEA, Bs. As. 1976, T. II, p. 147; esta Cámara, Sala I, causa 96.815, RSD 171/02 S 22-8-2002).
Ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el derecho disciplinario no importa el ejercicio de la jurisdicción criminal propiamente dicha ni el poder ordinario de imponer penas por lo que no cabe extender sin más a su respecto exigencias vinculadas con la atribución de responsabilidad penal de las personas físicas (C.S.N.:Fallos, 203-339, 256-97, 310-316, 323:574 del 21-03-2000, e.o).
Puede afirmarse entonces, que el derecho disciplinario no tiene, por su propia finalidad, ni el rigor ni la inflexibilidad que requiere la violación de las normas del derecho penal sustantivo, ni rige en el en toda su plenitud el principio "nullun crime sine lege" (S.C.B.A., cuas B-45.781 y B-48340; Marienhoff, ob. cit. T. III-B, p. 413; Morello-Berizonce, Abogacía y Colegiación, p. 60; esta Cámara, Sala I, causa 96.815 ya citada).
En ese sentido cabe sostener que dada la facultad concedida por el Estado a los escribanos de dar fe a los actos y contratos en su conferida calidad de funcionarios públicos, resulta razonable que se sancionen rigurosamente las transgresiones, guardando adecuada proporción con la necesidad de tutelar el bien público comprometido, cuanto más si las faltas aparecen reiteradas.
Siendo ello así, en la medida que la sanción impuesta obedece al ejercicio de facultades discrecionales, que en la sanción impuesta se vislumbran valoradas la reiteración de las faltas como así anteriores penalidades impuestas al notario (ver fs. 477/495 vta.).
A lo que puede adunarse que el art. 64 inc. 3º de la ley 9020 no vulnera garantías constitucionales porque los derechos que la constitución y los tratados internacionales consa
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