Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 130586
Lo que resolvió el tribunal
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se declara la incompetencia de la justicia de la Provincia de Buenos Aires para entender en la causa, debiéndose remitir las actuaciones para su radicación ante el Juzgado Federal del Departamento Judicial La Plata, previa comunicación a la Receptoría General de Expedientes y baja del sistema informático lo que deberá instrumentarse en la instancia de origen con la mayor celeridad. Costas por su orden atento la forma en que se resuelve (art. 68, 2do. párr., CPCC).
Sentencia Definitiva
Causa N° 130586; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº14 - LA PLATA
A. M. E. CONTRA OSDE SOBRE AMPARO - INCIDENTE ART. 250 CPCC (COPIA)
En la ciudad de La Plata, a los veintiocho días del mes de Octubre de Dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 130586, caratulada: "A. M. E. CONTRA OSDE SOBRE AMPARO - INCIDENTE ART. 250 CPCC (COPIA)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es competente esta jurisdicción para intervenir en la causa?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la resolución dictada el día 13 de julio de 2021, en cuanto hace lugar a la medida cautelar peticionada por la actora. El memorial de fecha 6 de agosto de 2021 mereció réplica el día 19 del mismo mes y año.
2. Primeramente cabe afirmar que este Tribunal de Alzada goza de la potestad para observar de oficio la concurrencia de los requisitos de admisibilidad de la pretensión y de la oposición, como de la constitución válida de la relación procesal, examinando recaudos previos y condicionantes de la decisión sustancial que está llamado a emitir de conformidad con los agravios articulados y en donde campea el principio de congruencia (art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial –en adelante CPCC-), por lo que en la verificación oficiosa de los presupuestos procesales de admisibilidad señalados no hay propiamente reformatio in pejus peius -prohibición por la cual no se puede modificar el decisorio cuestionado en perjuicio del recurrente- (Conf. La Alzada poderes y deberes-, J.J. Azpelicueta y A. Tessones, LEP, 1993, pp. 40/41).
El principio iuria novit curia (la judicatura conoce el derecho) es un deber de los jueces y no constituye una mera facultad judicial de los mismos (CSJN, Fallos 324:2946).
Cabe destacar, asimismo, que la Constitución Nacional ha organizado una jurisdicción nacional o federal (arts. 108 y 110, CN) encargada de conocer en las cuestiones que taxativamente prevé en los arts. 116 y 117. Esta jurisdicción federal es limitada, excepcional y atribuida en razón de la materia, de las personas o del lugar (SCBA, A. 71.643, sent. del 29-3-2017).
A los fines de resolver cuestiones de competencia, se ha de tener en cuenta en primer término la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda, y después, sólo en la medida en que se adecue a ellos, el derecho que invoca como fundamento de su pretensión (esta Sala, causa 125.739, RSD 123/19, sent. del 23-5-2019).
Desde esa perspectiva, aprecio que la amparista persigue que se condene a OSDE a brindar cobertura urgente e integral de los costos de los tratamientos de medicina reproductiva, incluyendo los procedimientos de estimulación controlada de la ovulación, monitoreo ecográfico, punción ovárica, columna de anexinas, gastos de internación, quirófano, medicamentos respectivos así como de todas las técnicas complementarias, para realizar un procedimiento de Reproducción Asistida de Alta Complejidad (ICSI, Inseminación Intracitoplasmática de Espermatozoides), Dx: esterilidad primaria disminución de la reserva ovárica factor masculino, incluyendo la criopreservación de embriones y el pago de los honorarios médicos devengados por la ejecución de los tratamientos (v. demanda de fecha 12/7/2021).
En este contexto, cabe tener presente lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 5 de noviembre de 2020, en la causa número 710/2020/CS001, caratulada: “B, S. N. c/ A.P.R.O.S.S. s/AMPARO”, en un caso similar al aquí ventilado en el cual, al suscitarse un conflicto de competencia entre la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto -Provincia de Córdoba- y el Juzgado Federal con asiento en dicha ciudad, y apoyándose en el dictamen del Procurador Fiscal, declaró la competencia del Juzgado Federal de Primera Instancia en razón de la materia. Allí, el Representante de la Procuración General de la Nación, con fecha 26 de agosto de 2020, indicó que “…la contienda trabada resulta análoga a la resuelta por la Corte Suprema el 12 de marzo de 2019, en autos FCB 53356/2018/CS1, “P. L., S. c/ APROSS y otro s/ amparo ley 16.986”, a cuyos términos cabe acudir, en lo pertinente, por razones de brevedad. En efecto, como ocurre en la causa citada, la discusión objeto de autos conduce, prima facie, al estudio de las obligaciones impuestas por la ley 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida, norma de índole federal y de orden público, con vigencia en todo el territorio de la República, que abarca a todos los prestadores del servicio de salud de los ámbitos público, de la seguridad social y privado (arts. 8 y 10 de la ley 26.862 y su dec. reglamentario 956/2013); con lo cual, el proceso debe tramitar ante el fuero federal, ratione materiae…”.
En virtud de los lineamientos así fijados por el Máximo Tribunal de la Nación, y atento que el objeto de la acción de amparo incoada en estos obrados es la cobertura de una prestación prevista en la ley nacional 26.862 y su decreto reglamentario, con lo cual se deberá determinar la operatividad de legislación de carácter federal y de orden público, resulta competente el fuero federal en razón de la materia.
Conforme todo lo antes referido, cabe concluir que ha de declararse la incompetencia de la justicia de la Provincia de Buenos Aires, y en consecuencia, si bien por tratarse el competente de un juez de extraña jurisdicción a la provincial correspondería el archivo de las actuaciones (art. 352, inc. 1, CPCC), elementales razones de economía y celeridad procesal ameritan remitir el expediente para continuar su trámite en el fuero competente, máxime si se advierte que la disputa se centra en cuestiones que involucran la salud de la demandante (arts. 18, 43, CN, 15 Const. Prov.; 8, 25 y conc., Convención Americana de Derechos Humanos).
Por consiguiente, de ser compartido este criterio por mi distinguido colega, corresponde declarar la incompetencia de la justicia de la Provincia de Buenos Aires para entender en la causa, debiéndose remitir las actuaciones para su radicación ante el Juzgado Federal del Departamento Judicial La Plata, previa comunicación a la Receptoría General de Expedientes y baja del sistema informático lo que deberá instrumentarse en la instancia de origen con la mayor celeridad.
Por las particularidades del presente y atento la forma en que se resuelve, postulo que las costas de esta alzada se impongan por su orden (art. 68, segundo párrafo, C.P.C.C.).
Voto por la NEGATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde declarar la incompetencia de la justicia de la Provincia de Buenos Aires para entender en la causa, debiéndose remitir las actuaciones para su radicación ante el Juzgado Federal del Departamento Judicial La Plata, previa comunicación a la Receptoría General de Expedientes y baja del sistema informático, lo que deberá instrumentarse en la instancia de origen con la mayor celeridad, con costas por su orden atento la forma en que se resuelve (art. 68, 2do. párr., CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se declara la incompetencia de la justicia de la Provincia de Buenos Aires para entender en la causa, debiéndose remitir las actuaciones para su radicación ante el Juzgado Federal del Departamento Judicial La Plata, previa comunicación a la Receptoría General de Expedientes y baja del sistema informático lo que deberá instrumentarse en la instancia de origen con la mayor celeridad. Costas por su orden atento la forma en que se resuelve (art. 68, 2do. párr., CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia