Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 131.591
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe deja establecido que la actora recurrente goza de pleno derecho del beneficio de gratuidad previsto en los artículos 53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133, el que alcanza también al depósito previo exigido en el art. 280 del CPCC -texto según ley 14.647-. Y encontrándose, en consecuencia, reunidos en estos obrados todos los requisitos exigidos por los arts. 278, 279 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC; según leyes 14.141 y 14.647; conf. Ac. 4065/22 SCBA), se concede el Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley interpuesto con fecha 04/07/2022 (art. 281 del Código citado).
FS/HDT
Sentencia Interlocutoria Causa N° 131591; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - LA PLATA PRIETO MARIO JULIAN C/ CHRYSLER ARGENTINA S.A Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.
INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
La Plata, 05 de julio de 2022.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Tiénese presente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora en el escrito electrónico en vista de fecha 04/07/2022, correspondiendo avocarse a lo requerido en su punto tercero apartado "b".
2. A. Liminarmente, cabe destacar que esta Sala ha entendido que el beneficio de gratuidad es otorgado por ministerio de la ley y no por el juez o jueza de la instancia anterior, no precisando de una petición de parte para su otorgamiento (conf. causas 132029, RR 246-2022, sent. int. del 23/06/2022; 131531, RS 92-2022, sent. del 17/05/2022; 129206, RSD 84-2021, sent. del 15/04/2021; e/o).
Al respecto, se ha dicho que el beneficio de justicia gratuita que regula la ley 24.240 de Defensa del Consumidor -LDC- es de por sí una figura autónoma -pues ni el artículo 53, ni el 55 remiten a las reglas del beneficio de litigar sin gastos contempladas en el ordenamiento procesal aplicable, sino que se limitan a conferir gratuidad sin otro aditamento-, el cual opera automáticamente por ministerio de la ley, aun cuando es igual en sus alcances al beneficio de litigar sin gastos en cuanto exime al beneficiario de los mismos gastos -así del depósito del artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-; del pago de la tasa de justicia; y de las costas del proceso- pero que no se confunde con aquél, desde que el primero no depende de instancia o pedido de parte, es definitivo y no provisional, no se acuerda a las resultas del pleito -pues la ley lo contempla para todas las acciones iniciadas, aprehende necesariamente la gratuidad de todos los gastos de justicia y no está sujeto a la condición resolutoria de que el beneficiario mejore de fortuna, a diferencia de lo que en tal sentido se establece en el Código Procesal Civil y Comercial con relación al beneficio de litigar sin gastos (conf. Kielmanovich, “Beneficio de litigar sin gastos y beneficio de justicia gratuita”, publicado en “La Ley” el 23/8/19, cit. on line AR/DOC/2535/19; esta Sala, causa 126.699, RSD 12/20, sent. del 13/02/2020).
B. Por otro lado, deviene menester señalar, como se expusiera en el párrafo anterior, que el beneficio de gratuidad es una figura autónoma y con características distintas al beneficio de litigar sin gastos. Es en ese entender, la ley 24.240 -ley nacional, LDC- como la ley 13.133 -ley provincial, Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios- regularon en forma específica la mentada franquicia.
En efecto, cabe destacar que el artículo 53 de la Ley 24240 -LDC- dispone, en lo que aquí interesa, que “… las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio”.
Por su parte, el artículo 25 de la ley 13.133 prescribe que: “Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios, individual o colectivamente, de conformidad con las normas de defensa del consumidor, estarán exentos del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica...”.
Al preverse en la Ley de Defensa del Consumidor el beneficio de justicia gratuita, el legislador pretendió establecer un mecanismo eficaz para la protección de los consumidores, evitando que obstáculos de índole económica puedan comprometer su acceso a la justicia y, en consecuencia, privarlos de la efectiva tutela de los derechos consagrados en el texto constitucional (CSJN, doct. Fallos: 338:1344). Y ello ha sido replicado en el ámbito provincial. Asimismo, cabe señalar que un plexo jurídico debe ser interpretado “de modo coherente con todo el ordenamiento”, como acontece en la especie, máxime ello que la ley cuya aplicación pretende el actor recurrente es de orden público (art. 65, Ley 24.240 -LDC-).
Conforme ello, no es posible soslayar que, en el marco de las relaciones de consumo, el consumidor se encuentra en una situación de debilidad estructural, por ello, y en orden a preservar la equidad y el equilibrio, resulta admisible que la legislación contemple previsiones tuitivas en su favor (esta Sala, causa 126.699 cit.).
En este sentido, la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa cuando se trate de reclamos originados en la relación de consumo (CSJN, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ Nación Seguros S.A. s/ Ordinario”, sent. del 24/11/2015; considerando 6°; esta Sala, causa 126.699 cit.).
Sobre ese sendero, se advierte que el beneficio otorgado no se limita a la tasa de justicia, sino que se refiere a toda “imposición económica”, por lo que cabe concederlo con efectos análogos al del beneficio de litigar sin gastos (esta Sala, causa 120738, sent. del 9/2/2017; causa 126.699 cit.; Sala 3, causa 117654, sent. del 14/10/2014; Sala 1, causa 120958, sent del 29/11/2016; “La Gratuidad en las acciones individuales y colectivas de consumo”, por Horacio L. Bersten, Diario L.L., 17 de marzo de 2009, págs. 4 y ss.).
C. Cabe enfatizar que la tutela de los consumidores y usuarios tiene, como se sabe, no sólo protección legal, sino especialmente constitucional (arts. 42 Const. Nac. y 38 del Carta magna provincial). En este contexto y conforme lo antes expuesto, si bien las leyes del consumidor reseñadas prescriben la gratuidad de las "actuaciones judiciales" que se inicien de conformidad a esa normativa constitucional (art. 53 de la ley 24.240; art. 25 de la ley 13.133), corresponde interpretar que dicha gratuidad en los términos ya mencionados debe alcanzar al depósito previo exigido en el art. 280 del CPCC -texto según ley 14.647-.
Refuerza lo anterior la circunstancia que, en el caso particular, la normativa de defensa de usuarios y consumidores resulta dirimente para dar sustento a la pretensión del actor, es decir, posee relación directa e inmediata pleito (confr. arg. SCBA, causa C 119.302, sent. int. del 05/11/2014).
D. Por las razones precedentemente brindadas y toda vez que resulta aplicable de modo directo a la Litis la ley de defensa del consumidor, es que la actora recurrente goza de pleno derecho del beneficio de gratuidad previsto en los artículos 53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133, el que alcanza también al depósito previo exigido en el art. 280 del CPCC -texto según ley 14.647-. De ese modo se concreta, sobre el particular aspecto en tratamiento, de forma efectiva su tutela constitucional (arts. 42, Const. Nac. y 38 Const. de la Prov. de Bs. As.).
POR ELLO, se deja establecido que la actora recurrente goza de pleno derecho del beneficio de gratuidad previsto en los artículos 53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133, el que alcanza también al depósito previo exigido en el art. 280 del CPCC -texto según ley 14.647-. Y encontrándose, en consecuencia, reunidos en estos obrados todos los requisitos exigidos por los arts. 278, 279 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC; según leyes 14.141 y 14.647; conf. Ac. 4065/22 SCBA), se concede el Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley interpuesto con fecha 04/07/2022 (art. 281 del Código citado). REGÍSTRESE.
NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. Oportunamente, ELVÉVENSE las actuaciones a la Secretaria Civil, Comercial y de Familia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la forma de estilo.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia