Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 117.268
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan la apelaciones de los Dres. Hernández y Aguirre, con costas por referirse a la determinación de los honorarios (arg. art. 27 LH).
MP FORICHER MARIO RAFAEL C/GRANONE S.A. S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO (EXC.ALQUI.ARREN.ETC)
Causa: 117268 La Plata, setiembre 21 de 2022 AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1. La decisión La jueza de grado el 27/06/22 decidió 1) Rechazar el incidente de nulidad opuesta por el Doctor Jorge Abel Aguirre con costas a su cargo en su calidad de vencido (art. 69 del CPCC).
2. Rechazar el incidente de nulidad y la preclusión opuesta por el doctor Raúl Ángel Hernández, con costas a su cargo (art. 69 del CPCC).
3. Rechazar el planteo nulitivo del Perito Agrónomo Daniel Antonio Piedrabuena, sin costas (art. 68 del CPCC).
Señaló que no procede un incidente de nulidad para disconformarse con lo resuelto, sino por vicios de trámite. Agregó que la actora, la demandada y el letrado incidentista han consentido el monto de la base regulatoria, sobre el cual corresponde efectuar el prorrateo, y que es improcedente la actualización de la deuda a los efectos de efectuar un prorrateo. Sostuvo que la multa por temeridad y malicia de fecha 26/9/2019 (impuesta en la alzada) no formó parte de la condena que puso fin al litigio, y no conforma la base regulatoria, por lo que no corresponde su inclusión en el monto a prorratear. Respecto de la tasa y sobretasa que su inclusion favorece al demandado condenado en costas porque reduce su responsabilidad y es extemporánea. Finalmente que el prorrateo de honorarios de ningún modo implica un menoscabo sobre los honorarios regulados, sino que solo se establece un límite de exigibilidad contra el condenado en costas, por lo tanto no se vulneró el derecho de propiedad del incidentista, ni que se le restrinja el reclamo pleno de sus honorarios, ya que en virtud de la solidaridad impuesta por el art. 58 del D. Ley 8904/77, podrá exigir el pago de la totalidad de sus honorarios o de la diferencia a su cliente.
2. El recurso El Dr. Hernández -por derecho propio- apeló el 2/7/22, recurso que fue concedido el 4/07/22, fundado con la memorial de 12/07/22 y contestado el 1/08/22. Se agravia porque la jueza de grado no incorporó la multa, la tasa de justicia y la sobre tasa de justicia, ni los intereses a la liquidación para realizar el prorrateo, siendo ello a su entender una falla estructural de la decisión de fecha 20/12/2021, cuya NULIDAD solicitó en tiempo procesal oportuno. Agrega que es un error tomar la liquidación al efecto arancelario, porque a los efectos del “PRORRATEO” de los honorarios de los abogados intervinientes, además deben incluirse costas, tasa y sobretasa, e intereses. Se agravia también por entender que es extemporáneo el pedido de prorrateo pues cuando el deudor entra en mora (10 días de notificado el honorario) pierde el derecho a pedir el prorrateo en adelante y adeuda el total.
Por su parte, el Dr. Aguirre - por derecho propio- apeló el 4/07/22, recurso que fue concedido el 04/07/22 fundado con la memorial de fecha 11/07/22 y contestado el 1/08/22. Se agravia por considerar que existe un vicio procesal pues como la prestación adeudada es una deuda de valor previo a efectuar el prorrateo de honorarios correspondía practicar nueva liquidación, estableciendo los valores actuales de la deuda.
3. Tratamiento de los agravios 3.1. Ambos apelantes atacaron la decisión sobre el prorrateo por la vía del art. 169 del CPCC, el incidente de nulidad, que es la vía indicada para impugnar un acto procesal que se reputa inválido por defectos o vicios procedimentales durante la instancia anteriores de su dictado, es decir, para alegar que la resolución atacada es conclusión de un procedimiento viciado.
3.2. Los fundamentos de los agravios del Dr. Hernández se dirigen a supuestos errores de juzgamiento (in judicando) de la jueza de grado que debieron ser impetrados mediante el recurso de apelación, por lo cual su apelación habrá de rechazarse, por haber equivocado la vía.
3.3. En cambio, el vicio señalado por el Dr. Aguirre, se refiere al trámite procesal (in procedendo). Señala que previo a la decisión sobre prorrateo debió practicarse una liquidación a esos efectos y dar traslado, porque éste no se realiza sobre la base arancelaria, sino sobre la suma de costas (incluyendo intereses, tasa y sobretasa) y restando los honorarios del letrado de la demandada. Es decir, que se requeriría un incidente sobre prorrateo, a fin de resguardar los derechos de los acreedores por honorarios afectados por la prorrata.
3.4. El art. 730 CCCN es una norma de fondo, no procesal, que establece un tope a la responsabilidad por las “costas” de primera o única instancia, sin perjuicio de que la diferencia que surja del honorario efectivamente regulado y el tope a percibir (prorrata mediante) pueda ser perseguida contra el cliente (SCBA Ac 86.496, Interloc. del 28/IX/2005, ‘Banco La Pampa c/ Zanone s/ Cobro ejecutivo’; causa L 77.859, Sent. del 27/VII/2005, ‘Acosta c/ Expreso Nueve de Julio SA s/ Daños y perjuicios’; Ac 78.984, Sent. del 30/VI/2004, ‘Gentile c/ Grotewold s/ Daños y perjuicios’. Ver también Ac 75.597, Sent. del 22/X/2003, ‘Ghibaudi c/ Municipalidad de Pinamar s/ Demanda originaria por demolición’; ‘Sciandra c/ Celulosa Argentina SA s/ Daños y Perjuicios’, Sent. del 13/III/2003, ‘Macalusi c/ Siderar SAIC s/ Daños y perjuicios’; causa L 77.914, Sent. del 02/X/2002, ‘Zuccoli c/ SUM SA s/ Daños y perjuicios’. Véase también ALIMENTI, Jorgelina F., en: Doctrina actual de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (coordinado por BERIZONCE – LOGAR), editado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, año 2004, págs. 349 y ss.)
Al referirse a costas queda definido por la jurisprudencia en torno al art. 77 CPCC que incluye conceptualmente a los honorarios firmes de todo tipo devengados en juicio -de abogados, peritos y auxiliares-, los gastos preprocesales, procesales, los originarios en el juicio, como así también los útiles para la decisión del pleito. El art 730 CCCN excluye los honorarios de los letrados del condenado. Comprende entonces además de los honorarios firmes, la tasa de justicia y sobre tasa, por las actuaciones en primera o única instancia. Asimismo la SCBA sostuvo que también resultan incluidos dentro del mentado 25 %, los respectivos aportes previsionales de los letrados y expertos, en el porcentaje que debe soportar la parte deudora de los aranceles (SCBA, Ac 87.186, Interloc. del 12/V/2004, ‘Belardinelli c/ Provincia de Bs. As. s/ Accidente de trabajo’; Ac 83.335, Interloc. del 13/II/2002, ‘Koslowsky c/ Empresa de Construcciones y Anexos Rodríguez Drago S.R.L. s/ Despido’; Ac 69.453, Interloc. del 17/II/1998, ‘Ibáñez c/ El Chivo S.A. s/ Cobro de pesos’).
No puede presumirse una renuncia a invocar el límite de responsabilidad porque no existe norma alguna que imponga ejercer esa defensa cuando se le notifican los honorarios. La prorrata se efectiviza al momento del pago o en la etapa de ejecución de los honorarios, si no se cumple voluntariamente la obligación. En este último caso deberá ser opuesta por el condenado en costas antes de que quede consentida la notificación de la ejecución del primer ejecutante de los aranceles. Ello implicará que deberá suspenderse dicho trámite ejecutorio y ser decidido inmediatamente y sin sustanciación tal prorrateo, para que –una vez firme tal cuestión- el ejecutante ajuste su pretensión y los restantes, reclamen lo que les corresponda, conforme el cálculo antedicho.
La voluntad de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que permiten inducirla es restrictiva (art. 948 CCC). Por tratarse de una norma de fondo, el magistrado debe regular los honorarios conforme las normas arancelarias locales, sin estar sujeto al límite del 25 %, y el condenado en costas puede oponerse a la ejecución de una suma superior al límite (carga procesal). El momento oportuno es cuando le notifican la citación de venta.
Conforme todo lo expuesto no es necesario realizar un incidente de prorrata en esta etapa procesal, como pretende el apelante como fundamento de la nulidad de la decisión.
Si se solicitare prorrateo al juez previo a iniciar la ejecución, cualquiera de los afectados por la prorrata (letrados o auxiliares de justicia que verían menguados sus emolumentos en la porción de prorrateo) podrá apelar la decisión. Tratándose de una cuenta matemática no debería generar una incidencia sino el pago voluntario con ese límite. La situación es similar a cuando el condenado en costas posee un beneficio de litigar sin gastos, el honorario se regula pero no es exigible al beneficiado.
POR ELLO, se rechazan la apelaciones de los Dres. Hernández y Aguirre, con costas por referirse a la determinación de los honorarios (arg. art. 27 LH). REG NOT DEVUELVASE EN FORMA URGENTE AL JUZGADO DE ORIGEN.
Fin de la sentencia