Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 120811
YAN
En la ciudad de La Plata, a los 10 días del mes de Octubre de 2023 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "LEGAJO REGISTRO NOTARIAL N°69 DEL PARTIDO DE BAHIA BLANCA " (causa: 120811 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES :
1ra. ¿ Es ajustada a derecho la apelada sentencia de fecha 13/6/2023?
2da. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestion planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. En las presentes actuaciones el Juez Notarial, en base a la información recibida a raíz de varias denuncias penales donde está involucrado el escribano D.N.P., resolvió suspenderlo preventivamente en el ejercicio de su función notarial como titular del Registro Notarial N° 69 de Bahía Blanca.
Las causas penales que dieron motivo a dicha decisión fueron las siguientes:
Causa CCC 72339/2014, caratulada D.N.P. y otros s/Defraudación por Estelionato”, que tramita ante el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, Secretaría Penal N° 2, donde con fecha 17/8/2022 se dictó su procesamiento sin prisión preventiva por considerarlo “prima facie” autor penalmente responsable de los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica (arts. 248 y 293 del Código Penal) y partícipe necesario del delito de estafa en la modalidad de estelionato (art. 173, inc. 9 del Código Penal), todos ellos en concurrencia ideal (art. 54 del Código Penal), resolutorio que fue apelado por la defensa y confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca el 13/4/2023.
Causa FBB 313/2013, caratulada “N.C.A. y otro s/Uso de Documento Adulterado o Falso (art. 296) y Falsedad Ideológica”, en la que el 2/9/2019 se dictó el procesamiento sin prisión preventiva del notario D.N.P., por el delito por el delito de falsedad ideológica (art. 293 del CP), y el 10 de febrero de 2020 se declaró clausurada la instrucción y se elevó al Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Bahía Blanca. Organismo que hizo saber que el 8 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la audiencia prevista por el art. 293 del CP, y se le concedió la suspensión del juicio a prueba al imputado C.A.N., adjuntando la resolución, de la que se extrae que se le otorgó la suspensión tanto a C.A.N. como al Notario D.N.P., por el plazo de dos (2) años, condicionada al cumplimiento de ciertas condiciones. La suspensión fue solicitada por la defensa de los imputados y si bien con relación al Notario D.N.P. el Ministerio Público se opuso a la aplicación del instituto en cuestión por entender que el delito investigado corresponde a una conducta notarial, el Tribunal Oral entendió que tal oposición no impedía la suspensión del juicio a prueba, haciendo lugar a la misma.
Causa FBB 6246/2015-TOI, caratulada “P.J. y oro s/Uso de Documento Adulterado o Falso (art. 296). Denunciante: R.S.M.", que tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, donde al momento de formular el requerimiento de elevación a juicio, se le atribuyó al Notario D.N.P. el delito de Falsedad ideológica de instrumento público (art. 293 del Código Penal), misma conducta por la que fue procesado. Que fijada fecha de audiencia preliminar para el día 28 de marzo de 2022 el Tribunal Oral resolvió, con expresa cita a lo dispuesto el 8 de noviembre de 2021 en los autos citados en el párrafo anterior, haciendo propios los argumentos allí vertidos, "...HACER LUGAR a lo solicitado por el señor Defensor Particular, y en consecuencia: suspender el juicio a prueba por el plazo de dos (2) años, a partir del día de la fecha, …” .
En el “CONSIDERANDO”, el juez notarial afirmó que el Dec. ley 9020/78 -ley orgánica del notariado de la provincia de Buenos Aires- confiere al Juzgado jurisdicción disciplinaria sobre los notarios que actúen en el territorio provincial (arts. 38 y 40), teniendo el seguimiento de la buena marcha de los Registros Notariales, y que ante la mera posibilidad de que esa prestación del servicio se encuentre afectada por un accionar indebido, deben arbitrarse las medidas preventivas y de seguridad que sean conducentes al resguardo del valor esencial cual es la fe pública, delegada por el Estado en el notariado provincial.
Continuó, sin entrar a un circunstanciado análisis de los distintos elementos que conforman las imputaciones efectuadas al notario D.N.P., en las causas de mención, resulta evidente que se dan en el caso los presupuestos enunciados en la última parte del considerando precedente, en razón de encontrarse el Notario en la actualidad con dos suspensiones de juicio a prueba en curso, ambas de dos años, una desde el 8/11/2021 y otra desde el 28/3/2022, a lo que se adiciona un procesamiento sin prisión preventiva que se encuentra firme por los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica y partícipe necesario del delito de estafa en la modalidad de estelionato, todos en concurrencia ideal.
Con relación al instituto de la “probation” estimó que no opera ninguna variación en la situación procesal del encartado quien continua imputado hasta el dictado del sobreseimiento, que recién ocurrirá cuando concluya el periodo de suspensión del juicio a prueba. Por cuanto, de una parte, lo suspendido, a su propio pedido, es el trámite normal del proceso penal, lo que en manera alguna cierra la causa penal ni la imputación, ya que la extinción de la acción penal, por vía del dictado del correspondiente sobreseimiento no se da con la concesión de la suspensión, sino que se encuentra condicionado al cumplimiento de la pautas fijadas por el magistrado al momento de concederla (en el mismo sentido, cita precedentes de la Cámara Primera, Sala Primera, La Plata, causa 262.828, 31/3/2016). Agregó que la finalidad de quien requiere la suspensión del juicio a prueba no es la de obtener una sentencia absolutoria, sino la de no seguir sometido a mediante la extinción de la acción penal (conf. CSN, “Padula”), y que ello se produciría con el dictado del sobreseimiento una vez cumplido el plazo por el cual se suspende el proceso, y verificado el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución, a más de las previsiones generales contempladas en los párrafos tercero y cuarto del artículo 76 ter del Código Penal, sumado a lo normado en el párrafo segundo del mismo.
Sobre este piso de marcha, y en base a la sumatoria de procesos en curso, estimó que el caso encuadra en las previsiones del art. 42 inc. 2 del dec. ley 9020/78, en cuanto a la naturaleza, gravedad y reiteración de causas por delitos contra la fe pública y la propiedad y dispuso suspender preventivamente al notario D.N.P. en el ejercicio de la función notarial.
1.2. El Escribano objeto de condena interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio y nulidad contra la resolución del 13/6/2023 (presentación del 3/7/2023).
1.3. El recurso de reposición fue rechazado y el de apelación y nulidad en subsidio fueron concedidos con efecto devolutivo (resolución del 12/07/2023).
II. Los agravios.
2.1. Al expresar los fundamentos de su presentación, comienza aludiendo al principio de inocencia, con base en que se tuvieron en cuenta antecedentes y procesos penales que aún no se encuentran firmes.
Con respecto a esto último, agrega que la causa CCC 72339/2014, caratulada “D.N.P. y otros s/Defraudación por estelionato, la condena no esta firma por haber sido apelada y que por ello se afecta el principio constitucional de inocencia, el que debe respetarse en la medida que no exista una sentencia penal condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada.
Sostiene que existe reiteración de causas y no de hechos, que es lo que establece el art. 42 inc. 2 del Dec. ley 9020; y que no se puede decir que hay reiteración de hechos, puesto que no estando firme la sentencia de condena no se puede considerar probado que los haya realizado.
Expresa que las tres causas mencionadas, ya han sido objeto de conocimiento por parte del juzgado notarial y han sido objeto de sentencia de destitución del escribano, con fecha 23/8/2016, y que por ello se ha violado el principio constitucional que impide juzgar dos veces un mismo hecho.
Al fundamentar dicha afirmación, dice que se ha desnaturalizado el verdadero sentido jurídico del instituto de la suspensión del proceso a prueba, ya que el mismo es una forma de extinción de la acción penal respecto al imputado que cumplió determinadas reglas de conducta durante un período. Agrega -aunque ello no hace a la afirmación inicial- que la suspensión del proceso a prueba no significa el reconocimiento de los hechos, sino que es un beneficio que permite extinguir la acción, desvinculando al imputado del proceso como si el hecho nunca hubiera existido, sin que le queden antecedentes penales. Luego vuelve sobre el tema en el punto 1, titulado “De la probation”.
Dice que la medida cautelar dictada afecta su derecho a trabajar y cuestiona el criterio con que ha sido dispuesta la misma, sosteniendo que no hay verosimilitud del derecho ni peligro en la demora, y que la falta de delimitación temporal de la medida la convierte en una afectación de derechos que excede el alcance precautorio de la misma (ver punto 1 titulado “De la medida preventiva:”).
2.2. Luego cuestiona el proceso en virtud del cual se lo ha sancionado, el cual considera que afectó su derecho de defensa por no haber tenido trámite sumario (art. 57, inc. 1, Dec. ley 9020/78). Sostiene que debió seguirse el trámite establecido por los arts. 44 a 56 del dec. ley 9020/78 que permiten el debido proceso.
Considera que la medida dispuesta configura una verdadera sanción que afecta los principios del debido proceso, proporcionalidad, legalidad, razonabilidad y verdad material.
2.3. En el punto 1 titulado “De la nulidad”, pide que se declare nula la sentencia por haber sido dictada en contravención de los principios del debido proceso y defensa en juicio, aunque no puntualiza hechos concretos que permitan sustentar dicho planteo.
III. Análisis y resolución de los agravios.
3.1. En primer lugar corresponde tratar el cuestionamiento relativo a la nulidad de la sentencia.
El recurso de nulidad contemplado en el art. 253 del C.P.C.C., se encuentra comprendido en el de apelación y se halla circunscripto a salvaguardar las exigencias formales impuestas a la sentencia (arts. 18, Const. Nac.; 15, 168 y 171, Const. Prov.; 163, C.P.C.C.). Por lo tanto, la nulidad de la sentencia sólo procede cuando la misma adolece de vicios o defectos de forma o construcción que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido (v.gr. falta de lugar y fecha; falta de fundamentación; violación del principio de congruencia), es decir, cuando se ha dictado sin observancia de los requisitos que emanan de la ley, siempre que tales vicios no puedan ser reparados al tratarse el recurso de apelación, situación que se daría cuando esta afectada la fundamentación del decisorio de tal modo que ello se proyecta sobre la posibilidad de impugnar la misma, donde la solución nulitiva surge insoslayable (arts. 34 inc. 5, 163, 253 y 384, C.P.C.C.).
Entonces, cuando el vicio de construcción apuntado como causal de nulidad puede válidamente abordarse en el marco del recurso de apelación, situación que se da en autos -donde los vicios denunciados no son tales y el cuestionamiento apunta más que nada al acierto o justicia del pronunciamiento y no a su validez-, queda desplazada la nulidad (arts. 163, 164, 253 y 384, C.P.C.C.).
Por otra parte, el error que imputa el recurrente, respecto del trámite impreso para adoptar la medida de suspensión dispuesta, es atendible en el tratamiento de la apelación y no justifica, ni viabiliza, la nulidad que pretende, la cual corresponde desestimar por tratarse de una cuestión no sólo consentida, sino precluida (arts. 163, 164, 169, 253 y 384, C.P.C.C.; 58, Dec. ley 9020/78).
A mayor abundamiento destaco que aquellos vicios que denuncia el apelante que se refieran a supuestas irregularidades en actos procesales ocurridos con anterioridad al dictado de la sentencia, debieron ser subsanados por el incidente de nulidad (arts. 169 y siguientes del C.P.C.C.), y no a través del recurso de apelación, por lo que dichos cuestionamientos no serán objeto de tratamiento alguno por constituir un tema abstracto, y por ende inabordable en este ámbito (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 163, 164,169, 253 y 384, C.P.C.C.).
3.2. Superado tal embate, corresponde analizar los demás planteos realizados por el recurrente.
En cuanto a la supuesta violación dEl principio de inocencia y su correlato de absolver ante la duda, se enclavan netamente en el derecho penal o sancionador -donde juega como principio inconmovible la presunción de inocencia de toda persona acusada de un delito-, sin que corresponda extender su aplicación hacia otras áreas de lo jurídico como el precautorio en la jurisdicción notarial -donde se analizan causas relativas a falta de ética y las que afecten la dignidad de la investidura o del prestigio del notario-, regida principalmente por lo normado por el Dec. ley 9020/7 (arts. 38 a 58), donde el Código de Procedimiento en lo Penal sólo es de aplicación supletoria en la instrucción sumarial de los escribanos, ya que en los demás casos previstos por el art. 40 se aplicarán subsidiariamente las disposiciones del Código Procesal en lo Civil y Comercial. Tal es así, que se estableció la competencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata en grado de apelación (art. 39).
En este sentido, el propio art. 42 de la ley notarial establece la posibilidad de suspender preventivamente al notario, por lo que no se podría sostener válidamente que tal principio impide disponer -como en el caso- medidas cautelares, la que, en todo caso, cabe cuestionar en el ámbito de su razonabilidad y no, tal como lo hace el recurrente, en orden a la ausencia de legalidad. En consecuencia, el dictado de una medida cautelar, suspendiendo preventivamente al notario, por su naturaleza preventiva y no sancionatoria, no afecta la presunción de inocencia, ya que participa de todos los caracteres propios de tales medidas, por lo que es meramente provisional y por ende revocable, además de no importar un pronunciamiento de fondo sobre la imputación, por lo que no es un adelanto de la pena, y su finalidad tuitiva permite su adopción sin aguardar al dictado de una sentencia, ya que de lo contrario perdería tal carácter y sería tardía, lo que claramente descarta la presencia de la supuesta violación denunciada (arts. 42, ley 9020; 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
Entonces, la medida cautelar dispuesta ha de subsistir sólo mientras se componen en el trámite los distintos elementos de juicio que conducirán al pronunciamiento definitivo, luego de un conocimiento exhaustivo de los hechos. Habrá de desaparecer si el fallo es absolutorio, o será reemplazada por la sanción pertinente, si no lo es. Pero en tanto se haga patente la existencia de alguno de los presupuestos contenidos en la citada norma del art. 42, ante la mera posibilidad que se pueda ver defraudada la confiabilidad que la comunidad debe depositar en los actos notariales, surgirá como consecuencia la necesidad de resguardar el valor primero que da razón de ser a la función que ejercer los escribanos por una concesión del Estado, que no es otro que la fe pública.
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1. Tal garantía exige la cabal demostración que la conducta incriminada se encuadre en alguno de los tipos penales previstos, pues de no ocurrir así, debe absolverse al imputado.
3.3. A mayor abundamiento, frente al cuestionamiento formulado por el recurrente, y en virtud de la aplicación subsidiaria del Código Procesal Penal (art. 58, dec. ley 9020/78) he de señalar que la competencia de la Cámara para revisar las resoluciones de la instancia apelada es amplia ya que además esta regida por la ley notarial y el Código Procesal Civil y Comercial.
Tal como se ha señalado, en el ámbito disciplinario notarial, las medidas cautelares pueden tomarse en el marco de una causa iniciada abierta y en virtud de la competencia y atribuciones que la ley le haya conferido, siempre en ejercicio de la función jurisdiccional (arts. 38, 39 y 40 y 42, dec. ley 9020/78; 163, 164, 260, 261, 266 y 384, C.P.C.C.).
La Ley 9020 establece: en su artículo 40 la competencia del juez Notarial y dice: “Compete al Juez Notarial conocer: 1. Los procesos: a) Por mal desempeño de la función notarial; b) Por expedición de las segundas copias de las escrituras públicas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1007 del Código Civil; c) Por renovación de títulos. La competencia asignada en los apartados b) y c) lo será sin perjuicio de la atribuida para iguales materias a los Juzgados Civiles y Comerciales. 2. La recusación de los miembros del Tribunal Notarial y de los Secretarios del Juzgado Notarial. 3. Las cuestiones suscitadas entre los requirentes o entreéstos y el Notario con motivo de la aplicación del arancel. 4. El grado de apelación, las causas en que hubiere intervenido el Tribunal Notarial y la sanción fuera de amonestación”.
Al fijar las facultades del Juez Notarial, el Art.. 42 de la indicada ley señala que podrá: “...2. Disponer, en caso de urgencia o atento a la naturaleza, gravedad o reiteración de los hechos, las medidas precautorias que juzgue pertinentes, como la suspensión preventiva del notario, el secuestro de los protocolos y demás documentos de la notaría” .
Del texto explícito de tal norma surge que el Juez Notarial interviniente tiene la facultad -o si se quiere el deber- de tomar las medidas preventivas del caso cuando existiera razón suficiente a esos fines y en la medida de su intervención en un proceso iniciado en el ámbito de su competencia, lo cual se corresponde con las particulares características de la función notarial y el resguardo de la seguridad jurídica que tal labor implica.
En autos no aparece excedida dicha función ya que la gravedad de los hechos investigados aconseja el alejamiento transitorio del Notario de la función notarial
3.4. Respecto de la violación al principio "non bis in idem", no es cierto que las causas por las cuales hoy se lo suspende preventivamente sean las mismas que motivaron la resolución del Juzgado Notarial que dispusiera su destitución luego revocada, por cuanto -tal como lo destaca el Juez Notarial-, las circunstancias que motivan la medida cautelar aquí analizada, resultan en primer lugar el procesamiento del Notario D.N.P. en la Causa N° CCC 72339/2014, caratulada: "D.N.P. y otros S/ Defraudación por Estelionato", el 17 de agosto de 2022, por considerarlo “prima facie” autor penalmente responsable de los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica (art. 248 y 293 del CP) y partícipe necesario del delito de estafa en la modalidad de estelionato (art. 173, inc. 9 del CP), todos ellos de concurrencia ideal (art. 54 del CP), resolutorio confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca el 13 de abril del corriente año, y en segundo lugar, las dos suspensiones de juicio a prueba que se encuentra cumpliendo, una en la Causa N° FBB 313/2013, caratulada: "C.A.N. y Otro s/ Uso de Documento Adulterado o Falso (art. 296) y Falsedad Ideológica", del 8 de noviembre de 2021, y la otra en la Causa: “P.J. y Otro s/ Uso de Documento Adulterado o Falso (Art. 296) Denunciante: R.S.M.”, N° FBB 6246/2015-TO1, del 28 de marzo de 2022.
En consecuencia, los hechos que conforman la base fáctica de la suspensión preventiva recurrida son diversos de los hechos delictivos im
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