Abriendo la norma
Cámara en lo Penal de San Isidro
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, I. No hacer lugar a la audiencia solicitada por los letrados defensores de Rita Raquel Manzini, por los motivos expuestos en el considerando (artículo 442 del CPP.).
II. Declarar admisibles los recursos de apelación interpuestos contra la resolución que obra en copias a fs. 4/31 y 62/89 de la presente incidencia, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (artículos 337 último párrafo, 421, 439, 441, 442 y 443 del CPP.)
III. Revocar parcialmente la resolución que obra en copias a fs. 4/31 y 62/89 en lo relativo a la calificación legal, la que se establece en el delito de lesiones culposas gravísimas (artículo 94 segundo párrafo del CP.) respecto de Rita Raquel Manzini y lesiones culposas gravísimas en concurso real con falsificación de instrumento público (artículos 94 segundo párrafo y 292 del CP) respecto de Sandra Elvira Kuret, por los motivos impuestos en el considerando (artículos 23 inc. 5, 209, 210, 434 y ccdtes. del CPP.)
VI. Confirmar parcialmente la resolución que obra en copias a fs. 4/31 y 62/89 en cuanto dispone elevar la presente causa a juicio respecto de Sandra Elvira Kuret por considerarla prima facie autora penalmente responsable del delito de falsificación de instrumento público (artículo 292 del CP.), por los motivos impuestos en el considerando (artículos 23 inc. 5, 209, 210, 434 y ccdtes. del CPP.).
V. Declarar EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL por prescripción respecto del tramo del hecho imputado que fuera recalificado …
Causa n° 78150/II.
"Kuret, Sandra Elvira - Manzini, Rita Raquel s/ Inc de Apel Elevación a Juicio."
/// Isidro, 06 de agosto de 2014.
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por los Sres. Defensores particulares, Dres. Ramón Osvaldo Urssino, a fs. 32/40 y vta. y José María Orgeira, Mariano Orgeira y Adrián Tellas a fs. 90/113, contra la resolución que obra en copias a fs. 4/31 y 62/89 de la presente incidencia.
Antecedentes y agravios.
Viene la presente causa a conocimiento de esta Alzada a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por los Sres. Defensores particulares de las coimputadas Rita Raquel Manzini y Sandra Elvira Kuret, contra la resolución que obra en copias a fs. 4/31 y 62/89 de la presente incidencia, mediante la cual el Sr. Juez titular del Juzgado de Garantías Nº 2 Departamental, Dr. Orlando Abel Díaz, dispuso no hacer lugar a las solicitudes de sobreseimiento formuladas y remitir la presente IPP. a juicio respecto de las nombradas Manzini y Kuret por considerarlas "prima facie" autoras penalmente responsables del delito de lesiones gravísimas, previsto en el artículo 91 del CP. respecto de ambas, concurriendo en forma real con el delito de falsificación de instrumento público, previsto en el artículo 292 del CP. respecto de Kuret (artículos 23, 232 inciso 4º "a contrario" y 337 del CPP.).
i. Agravios del letrado defensor de Sandra Elvira Kuret.
El Dr. Urssino, letrado defensor de la coimputada Kuret introdujo como motivo principal de agravio que -a su criterio- el Sr. Juez a quo ha basado la resolución recurrida en una errónea y arbitraria valoración de la prueba. Ello toda vez que -luego de hacer un raconto de la prueba colectada por el Ministerio Fiscal- sostuvo que no se han logrado reunir elementos probatorios válidos para realizar reproche alguno a las imputadas, y ni siquiera surge que la víctima se haya contagiado en el Hospital donde estas desarrollaban sus tareas. Esto último, en virtud ha sido tratada en distintos nosocomios luego del alta que se le diera en el Hospital Magdalena V. Martinez.
Por otro lado, destacó que tampoco se encuentra acreditado que su asistida haya realizado alguna acción que tuviera que ver con el motivo del contagio, razón por la que no puede reprochársele participación alguna en los hechos investigados.
Por otro lado, refirió que no existe prueba alguna que determine que la bolsa 506 haya sido utilizada.
Asimismo, hizo referencia a que no se utiliza la totalidad del contenido de la bolsa para una transfusión, por lo que cabría concluir que si la bolsa infectada se hubiera utilizado, se habrían contagiado otros pacientes, circunstancia que no sucedió.
A su vez, destacó que de la documentación acompañada surge que a la víctima se le realizaron transfusiones el 18 de abril de 2005 cuando su asistida no se encontraba en el hospital, toda vez que se presentó a trabajar recién el 19 de abril del mismo año.
Con relación al delito de falsificación de instrumento público, refirió que la corrección en los libros fue realizada en forma inmediata al verificar haber cometido un error, y no más de una semana después como se le imputa y no surge de ninguna prueba. Por otro lado, hizo referencia a que la falsificación de un documento debe ser idónea para inducir a error para que lesione el bien jurídico y por lo tanto exista tipicidad. En cuanto a esto, las correcciones realizadas por su asistida no pueden pasar inadvertidas, por lo que no generan perjuicio.
Asimismo, el recurrente se agravió en que no se ha demostrado que la intervención de las imputadas haya sido dolosa, toda vez que el a quo fundamentó dicha posición en un aumento significativo del riesgo, lo que tornaría inexistente la histórica clasificación entre delitos dolosos y culposos. Finalmente, efectuó reserva de caso federal.
ii. Agravios de los letrados defensores de Rita Raquel Manzini.
Los Dres. José María Orgeira, Mariano Orgeira y Adrián Tellas, defensores de la coimputada Manzini, en su extenso escrito, introdujeron un planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio y del auto de elevación a juicio.
La nulidad de la requisitoria de elevación a juicio la fundamentaron en que -a su criterio- se dictó dicho acto procesal cuando restaba la producción de diligencias probatorias requeridas por esa parte -evacuación de citas-. En concreto, refirieron que no se ha citado a declaración testimonial al Dr. Valentín Nores, director del Hospital Magdalena V. Martinez. Asimismo, no se estableció por qué motivo no fue citada la imputada en el ámbito administrativo a fin de hacer su descargo -conforme fuera solicitado por la imputada al momento de su declaración a tenor del artículo 308 del CPP.-; tampoco se incorporó en original la documentación pedida por esa parte a fs. 162. Por último, tampoco se profundizó en establecer si la enfermedad de la víctima pudo ser contraída después de su externación.
En otro orden, entendieron los recurrentes que debe dictarse la nulidad de la requisitoria fiscal de elevación a juicio toda vez que en ella no se ha cumplido con la carga de acreditar la autoría y se omitió efectuar una descripción clara y circunstanciada del hecho imputado.
Con respecto al pedido de nulidad del auto de elevación a juicio, sostuvieron los recurrentes que al momento de su dictado, subsistía la ausencia de pruebas advertidas al momento de denegar la detención de Manzini.
Asimismo, destacaron, en cuanto a este acto procesal, que contiene los mismos errores en que incurrió el Ministerio Público Fiscal, al no acreditar participación directa y real de Manzini.
Por último, destacaron que no surge el carácter doloso del accionar de su asistida por no verificarse los elementos cognitivos ni volitivos de dicha clase de delitos.
En suma, destacaron los recurrentes que se ha presentado una requisitoria de elevación a juicio que nada prueba y se ha dictado un auto de elevación a juicio que suma arbitrariedad propia en perjuicio de su asistida. Finalmente, hicieron reserva de caso federal.
En consecuencia, el Tribunal dispuso tratar y votar las siguientes,
1. ¿Corresponde hacer lugar a la audiencia prevista en el artículo 442 del CPP.?
2. ¿Es admisible el recurso interpuesto?
3. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Pitlevnik dijo:
Los letrados defensores de la coimputada Rita Raquel Manzini solicitaron, en su escrito impugnativo, informar oralmente a esta Alzada. En virtud de ello, corresponde designar audiencia oral en los términos en que lo requieren, toda vez que a mi humilde entender la solicitud abastece lo previsto por el art. 442, segundo párrafo del CPP.
Así lo voto.
A la primera cuestión el Sr. Juez Stepaniuc dijo:
Me aparto del voto de mi colega preopinante toda vez que a mi entender la audiencia solicitada debe ser rechazada pues los peticionantes no han dado fundamentos suficientes de la necesidad para la realización del acto (art. 442 CPP).
Así lo voto.
A la primera cuestión el Sr. Juez Cayuela dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Stepaniuc, por sus mismos motivos y fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Pitlevnik dijo:
Los recursos interpuestos por los Sres. Defensores fueron presentados dentro del plazo previsto por el artículo 441 del CPP., por lo que entiendo que el requisito temporal se encuentra cumplido. Por otro lado, quienes apelan resultan ser las defensas técnicas de las imputadas, respecto del auto que resolvió elevar la presente causa a juicio, impugnación que se encuentra expresamente prevista en el artículo 337 último párrafo del CPP.
En virtud de lo expuesto, entiendo que los recursos de apelación fueron interpuestos en forma tempestiva y por quienes tenían derecho a hacerlo, razón por la cual deben ser admitidos (artículos 337 último párrafo, 421, 439, 441, 442 y 443 del CPP.) y así habré de proponerlo al acuerdo.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Stepaniuc dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante Dr. Pitlevnik por sus mismos motivos y fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Cayuela dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Pitlevnik, por sus mismos motivos y fundamentos.
Así lo voto.
A la tercer cuestión el Sr. Juez Pitlevnik dijo:
En la resolución materia de recurso, el Sr. Juez a quo entendió que se encontraba acreditado con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal y conforme el Agente Fiscal de intervención intimara a las imputadas, el hecho que transcribió de la siguiente manera: "entre los días 14 y 19 de abril de 2005, en el Hospital Provincial Magdalena V. Martinez, sito en la localidad de General Pacheco, partido de Tigre, se transfundió sangre proveniente del dador identificado con el número '506' a sabiendas que se hallaba infectada con el virus HIV, pues se contaba con un informe que señalaba `resultado reactivo`-a tal punto que se han desprendido de los libros de registro del sector Hemoterapia tanto los datos correspondientes a los análisis como el destino otorgado a los hemoderivados- a D.F.S., de modo que resultó contagiado con tal virus, desinteresándose en consecuencia del acaecimiento del resultado que resultaba probable y predecible..."
Por otro lado, si bien no fue consignado por el a quo, en la requisitoria de elevación a juicio de fs. 271/273 el Sr. Agente Fiscal de intervención agregó que "además a Sandra Elvira Kuret ha de atribuírsele la inserción de datos falsos en los libros de Hemoterapia del Hospital Provincial Magdalena V. de Martinez, denominados 'Libro III, Inmunoserología -desde la foja 57 se ha modificado la columna correspondiente al análisis de HIV en que se agregó la sigla SR (que indica 'suero reactivo' y por lo tanto su resultado positivo) además de la anotación 'se descarta'- y 'Libro II, Producción de hemocomponentes' -desde que en la foja 101 se testó la sigla NR (que indicaba 'no reactivo' y por tanto su resultado negativo) agregando luego 'HIV+' (como resultado positivo para HIV), mientras que se procedió a agregar en la columna de observaciones de tal instrumento la frase 'se descarta' en el margen superior 'descartado HIV+'; en ambos libros se procedió a insertar tales afirmaciones en un mondo diverso al habitial en que junto a tal aserción se agregó la fecha en que se descartaba, con la finalidad de ocultar el uso indebido del material hemoderivado que por imposición legal debió haberse descartado".
En la resolución mencionada, asimismo, el Sr. Juez Garante de intervención refirió que con las pruebas colectadas, el Ministerio Fiscal tuvo por cierta la existencia de los hechos constitutivos "prima facie" del delito de lesiones gravísimas, previsto en el artículo 93 del CP. respecto de ambas imputadas, concurriendo en forma real con el delito de falsificación de instrumento público, previsto en el artículo 292 del CP. respecto de Kuret.
1. Con relación al hecho en el que resultó damnificado D.F.S En cuanto a este hecho, he de adelantar que la tipicidad dolosa que imputó -sin explicación alguna- el Sr. Fiscal en su requisitoria de elevación a juicio y fundamentó luego el a quo en el auto recurrido, en mi opinión, no puede sostenerse.
He afirmado en anteriores pronunciamientos, y es criterio de esta Sala (Causas nº 69.554/II y 72.386/II entre otras) que si el cambio de calificación legal no aparece como el vehículo de una pretensión definitiva y actual de la parte recurrente, entonces resulta correcto aplicar lo previsto en el artículo 23 inc. 5º del C.P.P., que permite omitir el tratamiento de un planteo de cambio de calificación legal. Sin embargo, en caso que entre la calificación legal que se estima correcta y aquella otra que consideraron aplicable tanto el Fiscal de la causa como el Juez a quo exista una disparidad de gran magnitud que tenga consecuencias relevantes y concretas en el proceso -como ocurre en la presente, según mi entender- esta Alzada se encuentra habilitada, excepcionalmente, a pronunciarse respecto de la calificación legal aunque las imputadas no se encuentren privadas de su libertad.
En ese marco, no encuentro en la presente -como ya adelantara- prueba alguna que permita sostener racionalmente la tipicidad dolosa -con dolo eventual- por la cual fue requerida y dispuesta la elevación a juicio de la presente causa.
Suele sostenerse que existe dolo eventual cuando la realización del resultado típico es reconocida como probable según el plan concreto del agente, sin que esa probabilidad sea tomada como referencia para la renuncia de realización de la conducta. Es decir, en el dolo eventual, el agente "cuenta seriamente con la posibilidad de realización del tipo, pero a pesar de ello sigue actuando para alcanzar el fin perseguido, y se resigna así... a la eventual realización de un delito, se conforma con ella" (Cfrme. Roxin, Claus, "Derecho Penal, Parte General", ed. Civitas, Tomo I, pg. 427). Esa voluntad de realización de la conducta (mediante la no renuncia), independiente de la representación de posibilidad de concreción del resultado -aceptada incluso por la parte de la doctrina que postula un dolo meramente cognocitivo- es la clave, a mi modo de ver, para trazar la línea divisoria entre el dolo eventual y la imprudencia.
En tal sentido: "La concepción actualmente dominante, denominada "teoría de la decisión", o "teoría de la actitud", permite que baste para el dolo eventual con que el autor se conforme con la posible realización del tipo. Ella parte de que el dolo presupone mas que el conocimiento del peligro de la realización del tipo. El autor puede confiar con temeridad, a pesar de tal conocimiento, en que el resultado no se producirá, y, entonces, actuará solo con imprudencia (consciente). Solo cuando él tome en serio aquel peligro, lo tenga en cuenta, tendrá que tomar una resolución acerca de si eso que él quiere alcanzar es valioso a sus ojos, en caso necesario, al precio de realizar el tipo: si, entonces, él actúa, existe allí la decisión contra la norma jurídica de conducta; y esto es completamente independiente de cuan desagradable pueda ser para él la consecuencia negativa. En otras palabras, se habla de dolo eventual respecto de todas las circunstancias o de las consecuencias que el autor asume en pos de la verdadera meta de la acción" (Stratenwerth, Günther, Derecho Penal parte general I El Hecho Punible, ed. hammurabi, 2008, pgs. 195 y 196).
Asimismo: "El dolo (eventual) exige conocimiento de la concreta capacidad de la conducta para producir el resultado típico fuera del marco del riesgo permitido. Esta peligrosidad concreta y típicamente relevante es la base objetiva a que debe referirse la representación intelectual necesaria para el dolo, pero no se trata tanto de cuantificar un determinado grado de probabilidad que deba advertir el sujeto -como pretende la teoría de la probabilidad-, cuanto de preguntar si el sujeto que advierte la posibilidad del delito cree que en su caso, puede realizarse dicha posibilidad o, por el contrario, lo descarta. No importa la sola conciencia de la probabilidad estadística, sino el pronóstico concreto de lo que puede ocurrir en el caso particular" (Mir Puig, Santiago, Derecho Penal, parte general, ed Reppertor, 1998, pgs. 248 y 249). En este marco, a mi criterio, no se ha agregado prueba alguna que permita siquiera inferir que Sandra Elvira Kuret y Rita Raquel Manzini se han representado como probable la concreción del resultado finalmente acaecido. En las declaraciones testimoniales de Julia Mónica Rapazzini de fs. 28/29, de María Alejandra Castets de fs. 54/55, de Alicia Beatriz Endara de fs. 57/58 y de Silvia Bibiana Hasson de fs. 68/69 se ha explicado detalladamente el procedimiento adecuado para el tratamiento de material hemático. Todas las testigos reseñadas han manifestado que luego de extraído dicho material del donante por parte del banco de sangre, se toma una muestra para análisis y se lo remite al sector de hematología. Recibida la sangre en dicho sector, se deposita en una heladera especificamente designada para material "bloqueado" hasta tanto se cuente con el protocolo emanado del laboratorio que de cuenta -luego de efectuados dos análisis- que la sangre no se encuentra infectada. Luego de recibido este protocolo se pasa de la heladera de material "bloqueado" a la correspondiente al material "liberado" para su utilización.
Si bien no fue materia de investigación, por alguna razón, la bolsa correspondiente al donante "506" (o el producto adquirido luego del procesamiento del material hemático) aparentemente fue depositada en la heladera equivocada. Y por esa razón pudo haber sido utilizado para una transfución que se le realizó a la víctima.
Por lo tanto, desde mi punto de vista, a las imputadas lo que podría reprochársele dada la función que ambas desempañaban al momento del hecho -Manzini era la jefa del sector y Kuret la encargada de llevar los libroses la omisión de controlar que el material hemático respecto del cual aún no se contaba con el protocolo que certifique que no estaba infectado -que según la practica descripta tendría que haberse depositado en la heladera de material "bloqueado"- haya sido colocado en un lugar que permitió su utilización. Sin entrar en la discusión relativa a la graduación del riesgo jurídicamente desaprobado que pudo haber generado el supuesto "no hacer evitable" mencionado, ni al nexo de determinación entre este riesgo y el resultado finalmente acaecido, lo cierto es que la situación descripta implicaría como hipótesis de máxima -a mi modo de ver- inobservancia de reglamentos y deberes a cargo de las encausadas, o, dicho en otras palabras, violación a un deber objetivo de cuidado, que solo puede dar lugar a una tipicidad imprudente. La Fiscalía, como se dijo, no explicó por qué, a su criterio, se trata de un hecho realizado con dolo eventual. No ha brindado razón alguna por la cual, dos profesionales de un hospital público (una de ellas se desempeñaba allí desde hacía más de 20 años) habrían consentido en trasfundir sangre contaminada con el virus de HIV a un recién nacido. O se trata de dos personalidades perversas dispuestas a poner en peligro la vida de bebés o de profesionales de la salud que a raíz de un error posiblitaron que se produjera una transfusión con el triste resultado obtenido. Nada me permite optar por la primera de las alternativas. La terrible consecuencia acaecida como lo es el contagio a un bebé con sangre infectada por el virus de HIV, no habilita a modificar la concepción de la conducta imputada.
Por estas razones es que, según mi criterio, este tramo de la situación fáctica que se le imputa a Sandra Elvira Kuret y a Rita Raquel Manzini debe ser calificada como prima facie constitutiva del delito de lesiones gravísimas culposas, previsto en el artículo 94 segundo párrafo del CP.
Ahora bien, el delito mencionado prevé una pena máxima de tres años de prisión, que por aplicación del artículo 62 inciso 2 del CP. resulta ser también el plazo para que opere la prescripción de la acción penal. El último acto interruptivo de conformidad con el artículo 67 del CP. fue la requisitoria de elevación a juicio obrante a fs. 271/273, presentada el 15 de febrero de 2010.
El sumario demandó ocho años, de los cuales cuatro transcurrieron sin impulso, a la espera de la resolución de recursos interpuestos por una de las defensas contra una nulidad dictada respecto de la requisitoria de elevación a juicio. Dichos recursos, fueron declarados inadmisibles en todas las instancias. Más allá de que, desde mi punto de vista, dicha tramitación no obstruía a la continuidad del trámite, lo cierto es que la paralización del expediente dio como resultado el vencimiento de los plazos previstos en el art. 62 inc. 2 del C.P.- Vale aclarar en cuanto a este punto que, como ya lo tratara en la Causa Nº 76.608/II de esta Sala, no debe aplicarse en el caso de autos la suspensión del artículo 67 segundo párrafo del CP. para los delitos presuntamente cometidos por funcionarios públicos.
Ello toda vez la interpretación tendiente a limitar los efectos del art. 67 segundo párrafo del C.P. permite excluir aquellos casos que nada tienen que ver con la finalidad de la norma, la que, de ser aplicada lisa y llanamente, afecta a un universo de personas sin poder alguno de influir en la adminstración de justicia y que, en razón de la extensiva definición de funcionario público, terminan atrapadas en una persecución sin término de prescripción, la que debe ser entendida como el instrumento de realización del derecho constitucional de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable (Cfrme. CSJN "Vilche, José Luis"; con cita de fallos "Oliva Gerli, Carlos Atilio y otro" -Fallos: 333: 1987 y "Podestá, Arturo Jorge y López de Belva, Carlos A. y otros" Fallos: 329:445-.
El tratamiento diferenciado de la categoría funcionario público a partir de la cual se excluye a una persona de la prescripción de la acción debe estar sustentado en razones valederas, pues de otra manera importaría una discriminación negativa, por su aplicación desproporcionada, es decir, sin una fundamentada conexión entre las diferencias y los objetivos de la norma (Cf. Corte IDH, Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84. Par. 57, del 19 de enero de 1984).-
Por ello, impedir la prescripción de la acción por conductas vinculadas a la actividad que desarrolla un empleado o funcionario público, que no se encuentre en ninguna situación aventajada o privilegiada con relación a la persecución penal termina negando un derecho constitucional en base a circunstancias que nada tienen que ver con la situación concreta.
Por esa razón, concluyo que a la fecha ha transcurrido el plazo del máximo de la pena que prevé el artículo 94 del CP., por lo que, al no verificarse el supuesto del artículo 67 inciso "a" del CP. (fs. 141 y 145 respecto de Kuret y 143 y 146 respecto de Manzini), corresponde declarar extinguida la acción penal por prescripción respecto del tramo bajo análisis de los hechos imputados.
En virtud de las circunstancias apuntadas previamente es que no habré de dar tratamiento a los restantes agravios de los recurrentes relacionados con esta parte del hecho imputado ni al pedido de nulidad efectuado por los letrados defensores de Rita Raquel Manzini, por considerar que se han tornado abstractos.
2. Con relación a la infracción al artículo 292 del CP. imputada a Sandra Elvira Kuret.
Por la pena máxima que prevé el artículo 292 del CP. -seis años de prisión- aún no ha transcurrido el plazo para que opere la extinción de la acción penal por prescripción respecto de este tramo del hecho, razón por la cual habré de tratar los agravios presentados por el letrado defensor de Sandra Elvira Kuret.
Éste, como ya fuera explicitado, hizo referencia a que la corrección en los libros que efectuó su asistida se debió al arreglo de un error. Asimismo, destacó que la falsificación de un documento debe ser idónea para inducir a error para que lesione el bien jurídico y por lo tanto exista tipicidad, circunstancia que no se configura en la presente.
A mi criterio, los agravios no pueden tener acogida favorable.
En cuanto al primero de ellos, surge de la pericia caligráfica obrante a fs. 223/227 que la imputada Kuret adulteró el libro de inmunoserología, consignando "SR" (suero reactivo) sobre el ingreso original que refería "NR" (no reactivo). Asimismo, testó del libro de producción de hemocomponentes la sigla "NR" por ella ingresada, para consignar "HIV+".
La hipótesis introducida por el esmerado defensor, en cuanto a que fue una corrección inmediata producto de un error material, es posible. Sin embargo, y teniendo en cuenta que en la misma época fue contagiada la víctima, me inclino mas a interpretar que la adulteración fue realizada con la intención de evadir la responsabilidad -civil, penal y/o administrativa- que le pudiera haber correspondido por su obrar no diligente.
Cierto es que no se cuenta actualmente con la certeza de que esto haya sido así, sin embargo, estimo que se encuentra acreditado con el grado de conocimiento -probabilidad- exigido en esta etapa procesal como para habilitar el inicio de la instancia del Juicio Oral, oportunidad en que se tratará nuevamente la hipótesis de la imputada y su defensor, y en la que sí se requerirá certeza para el dictado de una sentencia condenatoria.
Con respecto al restante agravio, entiendo que tampoco puede prosperar toda vez que la adulteración realizada es idónea para infundir un error. De hecho, en caso que se acredite con certeza que ha sido efectuada por la encausada para evitar responsabilidades, le ha dado la posibilidad de alegar la primer hipótesis, y así es que considero que es ex ante idónea para inducir a error, a diferencia de lo que sostiene el recurrente.
En virtud de lo expuesto es que entiendo corresponde que se eleve a juicio la presente causa respecto del delito de falsificación de documento público.
3. La decisión.
En virtud de todo lo expuesto he de proponer al acuerdo que se revoque parcialmente la resolución recurrida en lo relativo a la calificación legal, la que se establece en el delito de lesiones culposas gravísimas (artículo 94 segundo párrafo del CP.) respecto de Rita Raquel Manzini y lesiones culposas gravísimas en concurso real con falsificación de instrumento público (artículos 94 segundo párrafo y 292 del CP) respecto de Sandra Elvira Kuret; se confirme parcialmente la resolución recurrida en cuanto dispone elevar la presente causa a juicio respecto de Sandra Elvira Kuret por considerarla prima facie autora penalmente responsable del delito de falsificación de instrumento público (artículo 292 del CP.), se declare extinguida la acción penal por prescripción respecto del tramo del hecho imputado que fuera recalificado como constitutivo del delito de lesiones culposas gravísimas (artículo 94 del CP.) y se sobresea a Sandra Elvira Kuret y a Rita Raquel Manzini respecto de dicho tramo del hecho. Y se tenga presente la reserva de caso federal efectuada por el letrado defensor de Sandra Elvira Kuret.
Así lo voto.
A la tercer cuestión el Sr. Juez Stepaniuc dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Pitlevnik, por sus mismos motivos y fundamentos.
Así lo voto.
A la tercer cuestión el Sr. Juez Cayuela dijo:
La cuestión ha quedado dirimida por mis colegas preopinantes, por lo que me eximo de efectuar consideraciones.
Por ello el Tribunal,
Por mayoría, I. NO HACER LUGAR a la audiencia solicitada por los letrados defensores de Rita Raquel Manzini, por los motivos expuestos en el considerando (artículo 442 del CPP.).
II. DECLARAR ADMISIBLES los recursos de apelación interpuestos contra la resolución que obra en copias a fs. 4/31 y 62/89 de la presente incidencia, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (artículos 337 último párrafo, 421, 439, 441, 442 y 443 del CPP.)
III. REVOCAR PARCIALMENTE la resolución que obra en copias a fs. 4/31 y 62/89 en lo relativo a la calificación legal, la que se establece en el delito de lesiones culposas gravísimas (artículo 94 segundo párrafo del CP.) respecto de Rita Raquel Manzini y lesiones culposas gravísimas en concurso real con falsificación de instrumento público (artículos 94 segundo párrafo y 292 del CP) respecto de Sandra Elvira Kuret, por los motivos impuestos en el considerando (artículos 23 inc. 5, 209, 210, 434 y ccdtes. del CPP.)
VI. CONFIRMAR PARCIALMENTE la resolución que obra en copias a fs. 4/31 y 62/89 en cuanto dispone elevar la presente causa a juicio respecto de Sandra Elvira Kuret por considerarla prima facie autora penalmente responsable del delito de falsificación de instrumento público (artículo 292 del CP.), por los motivos impuestos en el considerando (artículos 23 inc. 5, 209, 210, 434 y ccdtes. del CPP.).
V. DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL por prescripción respecto del tramo del hecho imputado que fuera recalificado como constitutivo del delito de lesiones culposas gravísimas (artículo 94 del CP.) y SOBRESEER a Sandra Elvira Kuret y a Rita Raquel Manzini respecto de dicho tramo del hecho (artículos 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 -a contrario- del CP., 323 inc. 1 y 434 y ccdtes. del CPP.
VI. TENER PRESENTE la reserva de caso federal efectuada por el letrado defensor particular de Sandra Elvira Kuret (artículo 14 de la ley 48). Regístrese, notifíquese y devuélvase a la instancia de origen a sus efectos. Sirva el presente de atenta nota de envío.
FDO: LEONARDO G. PITLEVNIK-LUIS C. CAYUELA-JUAN E. STEPANIUC
Ante mí: Adriana R. Ernaga
Fin de la sentencia