Abriendo la norma
Cámara Primera Civil y Comercial Sala I de San Isidro · Causa SI-31897-2015 (J. 12)
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica la sentencia de fs. 169/182, elevando el importe indemnizatorio de las consecuencias no patrimoniales a la suma de 80.000 $, confirmando las cuestiones restantes que fueron motivo de agravios.
Las costas ante esta Alzada se imponen, por el recurso de la demandada, a su cargo y por el de la actora, 70% a su cargo y 30% a la demandada.
Difiérase la regulación de honorarios para el momento oportuno (arts. 31 y 51 Ley 14.967).
"MOREIRA RAUL JUSTO JOAQUIN C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SUCURSAL TRIBUNALES DE S.I S/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR AFECTACION A LA DIGNIDAD"
Expte.: SI-31897-2015 (J. 12)
Registro Nº 16 En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 7 días de Febrero de 2019, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, doctores Hugo O.H. Llobera y Carlos Enrique Ribera, para dictar sentencia en el juicio: “MOREIRA RAUL JUSTO JOAQUIN C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SUCURSAL TRIBUNALES DE S.I S/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR AFECTACION A LA DIGNIDAD” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: doctores Ribera y Llobera, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
¿Debe modificarse la sentencia apelada?
A la cuestión planteada, el señor juez doctor Ribera, dijo:
I. La sentencia de fs. 169/182 dispuso hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios entablada por Raúl Justo Joaquín Moreira contra Banco de la Provincia de Buenos Aires, condenando a este último a abonar la suma de 88.000 $, con más los intereses y costas del proceso.
El actor apeló por derecho propio a fs. 183, mientras que la apoderada del demandado lo hizo mediante escrito electrónico del 3-10-2018.
II. Agravios El actor expresó agravios a fs. 125/140.
Comienza su queja discrepando con el modo de valorar la incapacidad sobreviniente. No obstante haber mencionado todo lo acontecido, se otorgó un importe escaso. Omitió considerar el 10% incapacitante dictaminado por pericia.
Luego, se agravia de la suma concedida para afrontar el tratamiento psicológico, pues no se tuvo en cuenta la secuela de carácter permanente que advirtió el experto.
Cuestiona también la indemnización estimada para paliar el daño moral. Si bien admite que la fijación de la partida es subjetiva, refiere haber demostrado el sufrimiento y los padecimientos que tuvo que soportar por el evento de marras, que no fue una anécdota sino que le generó una perturbación que debe ser reparada. Cita jurisprudencia sobre el modo de mensurar este rubro.
Sustanciada la queja, no recibió objeciones de su contraria.
A su turno, expresó agravios la representante del Banco demandado a través del escrito electrónico del 31-10-2018.
Con el primer argumento busca revertir la responsabilidad que le atribuyeron en forma errónea por la actividad que desplegó una fuerza de seguridad. El suceso fue analizado en el marco de la responsabilidad civil indirecta por el hecho de los dependientes, conforme art. 1753 del Código Civil y Comercial.
Expone que su dependiente (funcionario público)
obró bajo la obligación de denunciar hechos punibles sobre los que tenga conocimiento, tal la supuesta adulteración del cheque y la actitud llamativa del depositante.
El procedimiento de prevención y seguridad seguido por el oficial policial, que requirió apoyo de la seccional primera de San Isidro, resultó totalmente ajeno a su representado. La revisión de sus efectos personales, el móvil de traslado, el tiempo y las condiciones de permanencia en la Comisaría, escapan a la intervención, decisión y resolución del Banco que representa.
Continúa narrando que actuó una fuerza de seguridad que tiene ciertos protocolos y que es ajena a su mandante, constituyéndose así en un hecho de un tercero que lo exime de responder. Cita precedentes que avalarían su postura.
Argumenta que tampoco existe nexo de causalidad entre lo obrado por su mandante y los daños alegados por el actor. Todos los hechos que generaron el perjuicio invocado se produjeron con intervención de la fuerza policial, limitándose el empleado bancario a ponerlo en conocimiento ante la posible comisión de un ilícito.
En segundo término, cuestiona los montos por los que prosperaron cada uno de los rubros reclamados, considerándolos excesivos. Basó su cuantificación en el informe de la perito psicóloga, la que en gran medida utiliza presunciones.
No advierte probados los supuestos del daño moral, así como también reputa excesivo el monto fijado y la extensión del tratamiento psicológico sugerido.
Sustanciados los agravios, el actor responde mediante escrito obrante a fs. 143/148.
Con respecto a la intervención de la fuerza de seguridad, refiere que fue convocada por el responsable de la sucursal. La policía actuó bajo protocolo al ser llamada para atender a una persona que presumiblemente habría intentado cometer un delito.
Expone que el hecho que derivó en la presente causa fue el excesivo y alejado proceder del protocolo bancario, obrando con rigor extremo. Hubo una apreciación subjetiva de dichos funcionarios, quienes decidieron no escuchar al actor, poniéndolo a disposición de la fuerza de seguridad. Dice que el dependiente bancario interpretó mal la carga de denunciar lo que presume como un ilícito, evaluando en forma desmedida la situación. Contaba con otros elementos para encarrilar el conflicto y creyó ver la comisión de un delito cuando en realidad se trataba de una persona que estaba trabajando y acatando órdenes de sus superiores, llevando a depositar un cheque para cumplir con un pago en una cuenta judicial. Además, el sistema bancario está preparado para advertir eventuales errores involuntarios en la confección de un cartular.
Pretende evadir su responsabilidad cuando dice ser ajeno al procedimiento policial, pero éste se llevó a cabo como consecuencia de la desmesura de los funcionarios del demandado. Nada hubiese ocurrido si se hubiera seguido a pies juntillas la legislación, reglamentación y el protocolo previsto para tal actividad.
Insiste en que el verdadero hecho generador del daño sufrido por el actor fue provocado por los funcionarios de la entidad bancaria.
En lo atinente a la causalidad, comparte el criterio del fallo. Los hechos derivaron pura y exclusivamente de la actitud incomprensible y excesiva de los dependientes del demandado, que no aplicaron en la práctica las soluciones que la misma actividad, legislación, reglamentación y protocolo sugieren.
La sentencia se funda en el art. 38 de la Ley 24.452 que regula el “rechazo bancario del cheque” y su procedimiento, la reglamentación de la cuenta corriente bancaria dictada por el Banco Central que completa y amplía el precepto enunciado, imponiendo deberes al cuentacorrentista-librador y al banco girado, desarrollando todas las alternativas posibles frente a una situación como la de autos. Añade que el supervisor del Banco no consignó el motivo del rechazo del cheque ni certificó una copia para entregar al actor, lo que fue condenado por la a-quo. Reitera que hubo un exceso en la función al no advertir las consecuencias dañosas de sus actos. La relación causal es palmaria. Alude al argumento del fallo de que no se trataba de un cheque por cobrar (siendo aceptable extremar recaudos) sino de un depósito en una cuenta judicial, produciéndose la acreditación mediante el sistema de clearing bancario o cámaras compensadoras. Y aun mediando sospecha de autenticidad, ese único motivo no amerita dar intervención a la fuerza pública de seguridad. También se agregó que la responsabilidad del banquero es de índole profesional, sirviendo de parámetro para analizar su conducta. Así, comparte el criterio que el dependiente del Banco contribuyó a la consumación del daño, debiendo responder en la especie.
Por último, hace referencia a la queja sobre los rubros indemnizatorios, donde se cuestionó que se haya basado en el informe pericial. Dice que tuvo oportunidad para impugnarlo en la etapa pertinente y la dejó perecer. Así, habiendo adquirido firmeza dicho dictamen, contiene fundamentos técnicos suficientes como para ser considerados a la hora de decidir.
III. Antecedente del caso Raúl Justo Joaquín Moreira relata que el 9-4-2015 se dirigió al Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal Tribunales de San Isidro, a efectos de realizar un depósito judicial que se iba a efectivizar a través de un cheque librado por la tesorera de “AM Seguridad Empresaria SRL”, empresa en la que trabaja hace más de 14 años, desempeñándose como administrativo en el área de recursos humanos. Llegó al Banco, aguardó su turno correspondiente, lo atendió el cajero y le entregó el referido cheque. Dicha persona examinó detenidamente el documento durante un periodo de tiempo no habitual y ante la consulta de si había algún problema, le solicitaron que aguarde en la ventanilla. En ese momento, le exhibió el cheque al resto de los cajeros, introduciéndolo varias veces en una máquina cuadrada con una ranura. Luego, este sujeto se dirigió al sector interno y salió de su vista.
Pasados 30 minutos, el cajero retornó con una persona que había sido vista brindando información a clientes. Este último señor volvió a examinar el instrumento, introduciéndolo varias veces en la máquina aludida y comenzó a dialogar con los otros cajeros. Se le solicitó que se mude de caja y entregue su documento de identidad. Transcurridos 20 minutos, se situaron detrás de él dos oficiales de la policía bonaerense con el referido señor (a la postre el gerente de la sucursal) informándole que existía un inconveniente con el cheque, que estaba adulterado y que tenía que acompañar a los oficiales a la comisaría. Ante dicha situación, les dijo que el cheque pertenecía a la empresa para la que trabaja, que había sido confeccionado y firmado por la tesorera y apoderada, rogándole que llamen y constaten sus dichos, pues si había un error material, aquella se iba a encargar de anularlo y confeccionar uno nuevo, ello con el objeto de poder realizar el pago pendiente de un convenio judicial.
Lamentablemente, no solo no hicieron la llamada sino que fue escoltado por la policía, pasando por delante de decenas de personas que circulaban por ahí, obligándolo a vaciar sus bolsillos y abrir el maletín que llevaba consigo. Refiere haberse sentido humillado, avergonzado e indignado. Así, narra que accedió al pedido policial (pues no tenía nada que ocultar), insistiendo sobre lo embarazoso de la situación ante mucha gente que lo miraba como si fuera un delincuente.
Al llegar a la comisaría, lo alojaron en el patio de la dependencia, negándosele una llamada telefónica. Al cabo de una hora -sin explicaciones- logró enviarle un mensaje de texto a su padre que trabaja en la misma empresa, quien lo llamó y le explicó lo acontecido. También se comunicó el abogado de la empresa, a quien alcanzó a decirle donde estaba.
Luego, se acercó un policía, le preguntó cuál era su altura y a los pocos minutos vio dos oficiales cargando un colchón, por lo que comenzó a proyectar que iba a pasar la noche allí. A continuación, acompañó a otro oficial a la cocina, donde incautaron todas sus pertenencias y se labró un acta. Le solicitaron que se saque el cinturón y le dijeron que lo iban a alojar en una celda por cuestiones de seguridad. Lo llevaron al calabozo y pasó 40 minutos en dicho lugar. Dice que fueron los minutos más largos y angustiosos de su vida, que veía como pasaba el tiempo y la situación no se aclaraba. En dicho momento, se acercó una persona identificándose como comisario para que le explique lo sucedido y, luego de hacerlo, aquél le dijo que no había motivos para que esté detenido. Le solicitó el número telefónico de la empresa y nombre de referencia. Salió del calabozo y aguardó en la cocina. Pasados otros 40 minutos, llegó el abogado junto a uno de los dueños de la empresa y fueron hasta el despacho del referido comisario. Le explicó que estaba allí por orden de un fiscal penal por una denuncia realizada por el gerente del Banco Provincia (sucursal Tribunales SI) por presentar un cheque fraudulento. Acto seguido, le informaron que el documento había sido confeccionado erróneamente, pero no era fraudulento, que evidentemente había habido un error del Banco y que ya habían llamado al gerente, quien estaba en camino hacia la dependencia policial.
Por disposición de la Fiscalía, se pudo retirar de la comisaría, labraron las actuaciones correspondientes, le devolvieron sus efectos personales y se retiró del lugar junto al abogado y al dueño de la compañía.
Explica todos los malestares y padecimientos que la situación descripta trajo aparejada tanto en su vida diaria como en la laboral. Exige la reparación del daño sufrido, atento haberse afectado su dignidad, moral y libertad, infringiéndosele también un daño psicológico, todo lo que será oportunamente probado.
Sustanciada esta pretensión, se presentó la apoderada del Banco Provincia de Buenos Aires, contestando la acción incoada. Efectúa una negación genérica de los hechos y de la documentación aportada.
Relata que efectivamente el actor se presentó en la delegación referida para depositar el cheque del Banco Galicia nro. 62645427 por 29.450 $. Una vez entregado el valor al cajero, éste realizó el análisis formal de estilo para, en su caso, transaccionarlo. Al advertir algunas irregularidades en el cheque, requirió la colaboración de otros compañeros cajeros, quienes coincidieron con su opinión, por lo que dio intervención al encargado de la delegación, quien le solicitó al actor su documento de identidad y el cambio de ventanilla para una mejor atención. Resalta que mientras mayores medidas de seguridad se tomaban, Moreira se mostraba cada vez más nervioso y alterado. Y así, atento las visibles irregularidades que presentaba el valor –respecto de su monto- como la conducta evidenciada por la persona que pretendía depositarlo, hicieron que el encargado de la delegación diera aviso al personal de seguridad existente en el recinto de la institución. El efectivo policial se contactó con Moreira y ya no hubo actuación posterior de su representado. Desconoce todo lo acontecido luego de que se retirara del Banco. Refiere que sus dependientes actuaron conforme la obligatoriedad de los funcionarios públicos de anoticiar al personal de seguridad ante la posible comisión de un delito. Sostiene que se pretende endilgarle una responsabilidad que correspondería a dicha fuerza policial.
Así las cosas, una vez producidos los medios probatorios, se dictó sentencia admitiendo la demanda entablada por la suma de 88.000 $. Para así decidir, se consideró injusto el daño sufrido por el actor, el que se originó en la inconducta del funcionario bancario, toda vez que la intervención policial solo fue posible en la medida del anunciamiento efectuado por aquel. Por ello, habiendo el dependiente bancario contribuido a la consumación del daño, el principal deberá responder en la especie, reparando los perjuicios que se demuestren.
IV. La responsabilidad Inicialmente, cabe aclarar que teniendo en cuenta la fecha en que aconteció el hecho relatado en la demanda (9-4-2015), corresponde aplicar a la especie el Código Civil que regía en dicho momento, pues así se ha interpretado dicha situación a la luz de la irretroactividad legal que signa el art. 7º del CCCN.
En este apartado, corresponde analizar si la entidad bancaria demandada resulta responsable por los perjuicios que aduce el actor, el que concurrió al Banco a depositar un cheque y, ante una sospecha de fraude por parte de la entidad, se dio aviso a las fuerzas de seguridad, que procedieron a trasladarlo a la comisaría, donde estuvo alojado un tiempo.
El demandado se agravia por la decisión adoptada en la sentencia, señalando que no debe responder por la actuación de un tercero, en este caso, las fuerzas policiales. Dice haber cumplido con los deberes de funcionario público, avisando ante la sospecha de un presunto ilícito. Por otro lado, expone no advertir relación de causalidad entre el daño invocado por Moreira y el accionar de los dependientes del Banco.
Por su parte, el actor dice que toda la situación relatada y los perjuicios que padeció, obedecieron al negligente proceder de los empleados del banco demandado, sin cuyo accionar no habría intervenido la fuerza policial. Ahora bien, para encuadrar jurídicamente la responsabilidad que pretende endilgarse a la entidad bancaria, cabe recurrir a las normas de los arts. 1109 y 1113 –primer párrafo- del Código Civil (cnf. Art. 7º CCCN). El primer artículo impone la obligación de reparar a quien, por su negligencia o culpa, ocasione un daño a otro, mientras que la restante norma extiende tal exigencia a los daños que causaren los que están bajo su dependencia (hoy en vigencia art. 1753 del CCCN).
Asimismo, teniendo en cuenta la profesionalidad y especificidad de la función que cumple la demandada, corresponde considerar la variable del art. 902 del Código Civil, imponiendo mayores obligaciones que resulte de las consecuencias de los hechos a quienes tienen mayor deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas. Sobre esta cuestión, el máximo Tribunal provincial ha dicho que “Tratándose de una entidad crediticia, sus actos y su desenvolvimiento en plaza deben analizarse, desde el punto de vista de la imputabilidad de sus consecuencias, dentro de los parámetros del art. 902 del Código Civil, esto es cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos” (SCBA, C.116386 S, 13-11-2013).
Al respecto, también se ha dicho que “No debe perderse de vista que la responsabilidad del banquero es consecuencia de la actuación profesional propia de esa empresa, que presume una pericia especial para el desempeño de su actividad, y que obliga a juzgar sus deberes con mayor severidad, conforme las pautas que prescribe el art. 902 del Código Civil” (CACC MP, 150783, RSD-22-13, S. 21-2-2013). De ahí que “La circunstancia de que el dependiente haya abusado de sus funciones, no excusa la responsabilidad del principal si el daño se produjo con motivo de las mismas, por lo que la responsabilidad indirecta del principal surge aun cuando el empleado haya obrado sin órdenes del patrón o si se quiere, abusando de sus funciones, si con motivo de éstas se ha producido el hecho dañoso” (CACC PE C.3124 RSD-10-00, S. 17-2-2000).
Bajo esta propuesta, la responsabilidad bancaria (sea por acción u omisión) será analizada sobre un factor de atribución subjetivo, debiéndose demostrar que actuó con culpa o dolo (arts. 512, 902 y 1109 del Código Civil). Así cabe relevar las constancias de autos para verificar el eximente propuesto acerca de que no debe responder por el hecho de un tercero (fuerzas de seguridad) o la falta de relación causal entre el daño invocado y el proceder de los empleados del Banco demandado.
Así las cosas, no se encuentra debatido el suceso relatado en la demanda. Los avatares que ha debido soportar el actor ante la intervención del Banco (y luego a través de la fuerza de seguridad que ellos convocaron) no son materia de debate sino que el demandado dice haber seguido los protocolos de seguridad pertinentes, cumpliendo el deber de denunciar la posible comisión de un delito en caso de así advertirlo.
Por ello, corresponde analizar si había motivos fundados para sospechar y convocar a la policía –con los alcances que impone el art. 902 del CC- y, por otro lado, qué medidas deben adoptar los funcionarios del banco en el ejercicio de su función.
Con motivo del hecho narrado se labró la causa penal nro. 2446-15 caratulada “Moreira S/averiguación de ilícito”. Allí, personal policial dio cuenta de que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal Tribunales, requirió la intervención de dicha fuerza pues había una persona de sexo masculino que quería hacer un depósito con un cheque adulterado (f. 1). Declaró el gerente del banco, ratificando los hechos y que el cheque presentaba alteraciones (f. 5). Acto seguido, se presentó el apoderado del empleador de Moreira, expresó el carácter de dependiente de aquel, la labor que estaba desarrollando y la legalidad del documento (f. 6). No habiendo otras tareas investigativas, el 13-4-2015 se dispuso el archivo de las actuaciones.
Por otro lado, se ha expedido a fs. 119/123 la perito calígrafa que relevó el documento, específicamente en la firma de quien lo habría suscripto y confeccionado. Su conclusión es tajante en cuanto que “no presenta ninguna maniobra irregular, raspados, borrados y/o adulteraciones. Las grafías y firmas insertas en dicho cheque pertenecen al puño y letra de María Laura Moriñigo” (ver f. 120). Esta labor pericial no recibió objeciones de los litigantes, por lo que habré de apreciar sus fundadas conclusiones en un todo de acuerdo con las reglas de la sana crítica (arts. 384 y 474 del CPCC).
Luego, declararon dos personas que resultan ser empleadores del aquí actor. Si bien su deposición no se encuentra vedada por el ordenamiento jurídico vigente (art. 425 del CPCC), he de apreciarlas con carácter restrictivo en razón del vínculo que los une.
Habiendo reproducido la videoaudiencia del día 12-12-2017, en primer lugar declaró Bonicalzi, quien refiere ser abogado de la firma que emitió el documento. Dijo conocer al actor por ser quien realiza tareas administrativas y depósitos en los acuerdos que celebra el declarante en representación de la empresa. Refirió que el cheque lo confeccionó Moriñigo y que cuando se lo mostraron dijo que era “una locura” (sic) porque no presentaba ningún inconveniente (minuto 4:28 aprox.). También aclaró que le dijeron que lo mandó a detener el gerente del banco por haber intentado falsificar un depósito judicial. Agrega que cuando vio al actor en la comisaría estaba muy mal, sin cinturón ni cordones (minuto 5:43 aprox.) y luego refiere que el gerente del banco, que estaba en sede policial, admitió el error y le pidió perdón (minuto 6:05 aprox.).
A continuación, se observa la declaración de Andrés Moriñigo, titular de la empresa de seguridad referida. Ofreció buenas referencias del actor como persona y empleado desde el año 2000. Confirmó que el cheque fue firmado por su hermana (lo que ratificó al exhibírsele el documento en el minuto 17:22 aprox.) y que no presentaba cuestiones dudosas. Dijo que Moreira fue a la comisaría a pedido del banco y que estuvo en un calabozo despojado de sus efectos personales. Con respecto al cartular, comentó que en años trabajando jamás le pasó, que estaba bien confeccionado y que era para depositar, no para cobrar.
Sobre este medio probatorio, ha dicho la Corte bonaerense que “La valoración del testimonio, es la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido. Se trata fundamentalmente de una actividad del juez, porque a él le corresponde decidir sobre el mérito de convicción que le merezca esta prueba; las partes, sin embargo, pueden y deben hacer su propia valoración, para presentarla al juez en calidad de alegatos. Existe sin embargo, una diferencia sustancial entre las dos valoraciones: la segunda está orientada principalmente en busca de argumentos de prueba favorables a la causa que cada parte defiende, y la primera por la imparcial función pública de encontrar la verdad, en cuanto esto sea posible, para administrar justicia en el caso concreto. Por esta razón, procesalmente la valoración de la prueba es una actividad exclusiva del juez, y las partes apenas pueden prestar su colaboración en escritos o exposiciones orales” (Devis Echandía, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Ed. Víctor P. de Zavalía, Bs. As., 1976, tomo II, pág. 247; SCBA, C.98296, 22-12-2008). Como fue expresado, he de apreciar sus declaraciones con cuidado y precaución, en un todo de acuerdo con el resto de los medios probatorios ofrecidos en la especie y bajo las reglas de la sana crítica (Arts. 384, 456 y concs. del CPCC).
Con lo hasta aquí analizado se ha demostrado la primera variable propuesta a modo de culpa (art. 512 CC), es decir, que no había motivos aparentes que hagan suponer a los empleados del Banco que se estaba por cometer un ilícito, siquiera a modo de sospecha. Nada surge de la causa penal, el perito calígrafo dictaminó, no solo la originalidad del documento sino que no presentaba ninguna irregularidad, y los testigos ratificaron la autenticidad del cartular y la habitualidad con que el actor desempeñaba esta tarea para la empresa depositante (Arts. 375, 384, 456 y 474 del CPCC). No empero ello, cabe precisar cuál es la actitud que deben asumir los empleados del banco para rechazar un cheque o ante situaciones de sospecha (aun no pareciendo la de autos una de ellas).
El art. 38 de la Ley 24.452 dispone que “el girado deberá siempre recibirlo. Si no lo paga hará constar la negativa en el mismo título, con expresa mención de todos los motivos en que las funda, de la fecha y de la hora de la presentación, del domicilio del librador registrado en el girado. La constancia del rechazo deberá ser suscrita por persona autorizada. Igual constancia deberá anotarse cuando el cheque sea devuelto por una cámara compensadora. La constancia consignada por el girado producirá los efectos del protesto. Con ello quedará expedita la acción ejecutiva que el tenedor podrá iniciar contra librador, endosantes y avalistas. Si el banco girado se negare a poner la constancia del rechazo o utilizare una fórmula no autorizada podrá ser demandado por los perjuicios que ocasionare. La falta de presentación del cheque o su presentación tardía perjudica la acción cambiaria”.
El fallo también se funda en la reglamentación del Banco Central sobre cuenta corriente, ahondando sobre dicha cuestión. Hace referencia a que cuando la entidad decida no pagar un cheque, debe consignar el motivo en los términos habilitados por la Ley de cheque y retenerlo (sirviendo como prueba para evaluar la posible comisión de un ilícito, según el caso), entregando copia certificada del documento a su portador.
Así, queda claro que el banco está obligado a recibir el cartular y si observa una irregularidad, lo rechaza y retiene, consignando el motivo y entregando copia certificada al depositante. No obstante, de las constancias de autos no se desprende que se haya respetado esta normativa. El empleado bancario dudó acerca de la autenticidad del título valor y arbitró los medios pertinentes para poner al depositante a disposición de las fuerzas de seguridad, pasando por alto el procedimiento aludido. No se dejó constancia alguna en el documento sino que se procedió a incautarlo, tal y como se observa en la certificación policial que luce a fs. 6.
El recurrente aduce que es obligación de los funcionarios públicos denunciar la posible comisión de un delito (art. 287 inc. 1º del Código Procesal Penal Provincial) pero de la prueba aportada al pleito no se desprenden circunstancias que justifiquen el proceder del gerente del Banco demandado. El título no parecía –a prioriirregular y el nerviosismo o alteración que atribuye al actor parece lógico de quien estaba viviendo una situación anómala, poniéndose un manto de sospecha con la actitud que mantenían diversos empleados que revisaban el documento, temor que –a la postre- tuvo su fundamento, pues derivó en su detención por personal policial. Es decir que, tenía motivos más que suficientes para exhibir un nerviosismo propio de quien atraviesa una situación a la que no está acostumbrado (art. 384 del CPCC).
No obstante, parece a todas luces exagerado el procedimiento seguido por el demandado, máxime cuando el actor se disponía a depositar un título valor y no a cobrarlo, en cuyo caso sí pareciera lógico extremar los recaudos. Tampoco hubo intención de corroborar las explicaciones brindadas por Moreira ante la situación descripta (art. 384 del CPCC).
Y todo lo aquí narrado transcurre en el contexto en que el banco desarrolla un servicio de extrema profesionalidad, en cuyo caso, mayor es la exigencia que se le requiere para que tome a su cargo todos los recaudos necesarios para evitar causar un perjuicio innecesario a quienes se encuentran utilizando los servicios de la entidad, tal como ocurrió con el aquí reclamante (art. 902 del Código Civil).
Tampoco cabe acoger el agravio de que no habría relación causal entre el daño y el proceder de los dependientes del Banco demandado, intentando desviar su responsabilidad en un tercero (policía). Así, juzgo razonable y lógico que los avatares tolerados por el actor tienen su origen exclusivo y excluyente en el accionar irregular del empleado bancario que decidió ponerlo a disposición de las fuerzas de seguridad, aun no habiendo prueba terminante de que se estaba cometiendo un ilícito. Por ello, no cabe duda que se ha demostrado la relación de causalidad entre hecho generado por el Banco y el daño padecido por Moreira (art. 1109 Código Civil).
Como colofón, habiéndose demostrado que no había motivos aparentes para disponer la detención del actor a través de las fuerzas de seguridad, mecanismo que obedeció única y exclusivamente a la liberalidad del personal bancario, es que como consecuencia de ello deberá responder por el accionar de su dependiente, tal y como lo prevé la normativa citada (arts. 512, 902, 1109 y 1113 del Código Civil –cnf. Art. 7º del CCCN-; arts. 375, 384, 456, 474 y concs. del CPCC).
Por todo lo cual y sopesando lo aquí analizado, es que propongo al Acuerdo confirmar este aspecto de la sentencia.
V. Rubros indemnizatorios V.1 Incapacidad sobreviniente El fallo fijó la suma de 20.000 $ ponderando la incapacidad psicofísica del actor, sus condiciones laborales y particulares.
Esta decisión genera el agravio de ambos litigantes. El actor la estima escasa, destacando que si bien se apreciaron todas las circunstancias que lo aquejaron, la valoración no se condice con la real incidencia que tuvo el suceso. Por su parte, el demandado refiere que la concesión se fundó en una pericia psicológica que esboza solamente presunciones.
En este aspecto, este Tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades, que se entiende por lesión toda alteración a la contextura física o corporal, como una contusión, escoriaciones, heridas, mutilación, fractura, etc., y todo detrimento del funcionamiento del organismo, sea por un empeoramiento del desempeño de la función o un desempeño más gravoso de ello, cualquier perjuicio en el aspecto físico de la salud o en el mental, aunque no medien alteraciones corporales. Y lo indemnizable a la víctima no es otra cosa que el daño ocasionado y que se traduce en una disminución de su capacidad en el sentido amplio que comprende, además de su aptitud laboral, la relacionada con la actividad social, cultural, deportiva, etc. (arts. 901/904 del Código Civil, cnf. Art. 7º CCCN, CACC SI, Sala 1º, causas 67.077, 67.817, 68.035, entre otras).
Por otro lado, ha expresado el Supremo Tribunal de la Provincia que la incapacidad sobreviniente es la secuela o disminución física o psíquica que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación o restablecimiento (SCBA, Ac. 42.528 del 19-6-1990, en A. Y S., 1990-II-539). La perito psicóloga que se entrevistó con Moreira diagnosticó que padece “trastorno por estrés postraumático, con hipervigilancia (tensión y miedo ante ciertas situaciones, por ejemplo la presencia de personal policial), temor a seguir realizando las tareas que siempre había hecho (temor y negativa a manejar cheques), trastornos del sueño en forma de sueños de angustia (pesadillas con escenas que recrean el incidente), sentimientos de inseguridad y vulnerabilidad”. De este modo, estimó una incapacidad parcial y permanente del 10% (ver f. 154 vta.).
Este peritaje no ha sido impugnado en forma oportuna. El demandado -al agraviarse- hace referencias presuntivas.
No obstante ello, cabe referir que he de valorar la pericia efectuada en la causa resaltando que es, en principio, el medio más idóneo para aclarar cuestiones de una especialidad técnica ajena al conocimiento judicial. Esta se produce a través del perito, que es un sujeto ajeno a las partes, con conocimientos técnicos de los que carece el juez o, por lo menos, no está obligado a conocer, ya que su deber se circunscribe al conocimiento del derecho. Se trata de un auxiliar del órgano judicial, con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada (Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado con los códigos provinciales, Astrea, 1999, t.2, pág. 644 y ss.). De este modo, he de acoger la preponderancia del consejo de la experta por sobre la queja que la consideró presuntiva, pues juzgo relevante y certera la opinión de la especialista en la materia, desechando así los agravios vertidos a su respecto (Arts. 384 y 474 del CPCC).
Así las cosas, no se encuentra debatido en esta instancia la procedencia del rubro, sino la valoración que se hizo en la instancia de origen.
Al respecto, si bien el criterio de esta Sala en cuanto que el daño psíquico no presenta características autónomas, y que, en casos como el de autos en que hay una recomendación a la víctima de efectuar tratamiento psicoterapéutico, lo aconsejable es que la suma de dinero que se le conceda por el rubro daño psicológico, equivalga al monto de dicha terapia (causas nº 100.883, 101.709, 102.722, 101.100, 102.592, entre otras), entiendo que las particularidades del evento y los límites del agravio, me imponen la carga de valorar con equidad y razonabilidad el importe concedido en la sentencia (art. 28 CN; arts. 165 y 384 del CPCC).
Por ello, he de considerar que el actor tenía 38 años cuando ocurrió el hecho, es casado y padre de un hijo, tiene estudios secundarios completos, trabaja desde los 15 años y que desde diciembre del año 2000 lo hace para una empresa de seguridad en el área de tareas administrativas. Como actividades de esparcimiento dice concurrir a un gimnasio (3 veces por semana), dedicarse a la familia y le gusta la mecánica del automotor (ver entrevista de f. 152 vta.).
En consecuencia, bajo estas condiciones particulares, la incapacidad sugerida (10%), sopesando el incidente padecido y los límites del agravio, es que propongo al Acuerdo confirmar la suma de 20.000 $ concedida en la sentencia (Arts. 1068 y 1069 del Código Civil).
V.2 Gastos de tratamiento psicológico La sentencia admitió esta partida y fijó la suma de 48.000 $ para afrontar el gasto que conlleva el tratamiento psicológico. Para así decidir, se basó en la pericia producida en autos.
El demandado refiere genéricamente que se trata de un informe basado en meras presunciones mientras que el actor considera exigüa la suma fijada. Argumenta que, si bien se tuvo en cuenta el tratamiento aconsejado, la perito dictaminó una incapacidad permanente, no esperando que remita el cuadro descripto sino que la intención sería evitar su agravamiento. Luego de entrevistarse con el actor y de haberle suministrado variados test, la experta concluye que necesita un tratamiento psicoterapéutico de un año con una frecuencia semanal (ver f. 155).
No habiendo sido impugnado el informe en la etapa oportuna y siendo que el agravio del demandado se cierne en cuanto a que sus conclusiones serían presuntivas, lo cierto es que no advierto elemento alguno que me haga dubitar acerca de sus fundadas estimaciones, las que habré de receptar porque han sido expresadas con el debido rigor científico y las encuentro razonables en un todo de acuerdo con el deber que me impone la sana crítica (Arts. 384 y 474 del CPCC). En cuanto al valor por sesión, he de atenerme a los valores signados en el marco de la causa “Alonso C/ Crotti S/ ds y ps” (SI-1954-2016, ri 60/2018, del 24-5-2018)” estableciendo allí el valor de cada sesión en $ 550, a efectos de lograr la reparación integral del daño (art. 1083 del Código Civil).
Por todo lo expresado, considerando lo dispuesto por los arts. 1068 y 1069 del Código Civil, el precedente “Alonso” y los límites impuestos por la actividad recursiva, corresponde proponer al Acuerdo la confirmación de la suma establecida en la sentencia, que no resulta excesiva (arts. 165, 375, 384, 474 y concs. del CPCC).
V.3 Consecuencias no patrimoniales (daño moral)
El fallo apelado fijó la suma de 20.000 $ como resarcimiento por las consecuencias que en este ámbito sufrió la victima del hecho narrado.
El demandado se agravia esbozando que el daño no se condice con lo probado mientras que el actor sostiene haber demostrado en forma fehaciente el sufrimiento y padecimiento moral tolerado, señalando todos los ámbitos en que resultó afectado. De este modo, pretende la elevación de la suma establecida.
En este contexto, se ha dicho reiteradamente que "La determinación de sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende -en principio- del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión; constituyendo una típica cuestión de hecho, privativa de los jueces de la órbita ordinaria que no es revisable en la instancia extraordinaria, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo" (SCBA, LP C, 108654, S, 26-10-2016).
Bien es sabido que este capítulo tiene su fundamento en la obtención de una satisfacción compensatoria, -y por ende, imperfecta-, de dolor íntimo experimentado, en este caso, a raíz del siniestro. Esta reparación habrá de estar ordenada a asegurar, con su resarcimiento, la obtención de gratificaciones sustitutivas de los bienes perdidos, en cuanto fuente de gozo, alegría, u otros bienes estimables en la esfera psico-física (conf. Iribarne, H.P., De los daños a personas, pág. 162, Ediar, Bs. As., 1993; CACC San Isidro, Sala 1ra., causa Nro. 70.713 del 11-96).
En este aspecto, cabe tener en consideración las afecciones padecidas por Moreira en la oportunidad en que fue a depositar un cheque y terminó detenido en una comisaría por un liberalidad del gerente del Banco demandado. Se probó que tiene una incapacidad psíquica en el orden del 10% de la T.O., teniendo que someterse además a una psicoterapia de recuperación. No cabe duda que todos los avatares narrados en esta sentencia tienen una dimensión suficiente para generar un resarcimiento de esta índole.
En adición a lo expuesto, estimo adecuado mencionar lo particular del caso en examen. El actor estaba cumpliendo con una labor que le fue encomendada por su empleador, tal un trámite bancario simple como es el depósito de un cheque, terminó siendo aprehendido por la policía y trasladado a la comisaría. Ya en dicha dependencia, estuvo en el patio, luego fue a un calabozo y posteriormente, a la cocina; todo ello sin brindársele mayores explicaciones. Entiendo que el disgusto fue mayúsculo, máxime considerando que no había motivos que ameriten tal padecer. Y más aún, el hecho de ser escoltado por personal policial desde el banco hasta a un patrullero, pasando por delante de un caudal de gente importante como el que presenta el edificio de Tribunales, resulta otra afrenta a considerar al momento de justipreciar el presente rubro (art. 384 del CPCC y art. 1078 del Código Civil).
Por consiguiente, teniendo en cuenta las circunstancias personales antes mencionadas y la incapacidad psíquica referida, estimo que la suma concedida no resulta suficiente. Así, apreciando todo lo aquí argumentado, propongo al Acuerdo elevar el importe de la instancia de origen a la suma de ochenta mil pesos (80.000 $) (arts. 165 y 384 del CPCC; art. 1078 del CC).
VI. Costas de Alzada Las costas generadas por la actuación profesional en esta instancia deberán imponerse del siguiente modo: por el recurso del demandado, íntegramente a su cargo, y por el recurso del actor, 70% a su cargo y 30% al demandado, ello respetando el principio objetivo de la derrota y la suerte dispar de los agravios (Art. 68 del CPCC).
Por todo lo cual y fundamentos expuestos, voto por la afirmativa.
Por los mismos fundamentos, el doctor Llobera vota también por la afirmativa.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se modifica la sentencia de fs. 169/182, elevando el importe indemnizatorio de las consecuencias no patrimoniales a la suma de 80.000 $, confirmando las cuestiones restantes que fueron motivo de agravios.
Las costas ante esta Alzada se imponen, por el recurso de la demandada, a su cargo y por el de la actora, 70% a su cargo y 30% a la demandada.
Difiérase la regulación de honorarios para el momento oportuno (arts. 31 y 51 Ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Carlos Enrique Ribera Hugo O.H. Llobera Juez Juez Santiago Lucero Saa Secretario
Fin de la sentencia