Abriendo la norma
Cámara Primera Civil y Comercial Sala I de San Isidro · Causa SI-16305-2012 (J. 12)
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el Acuerdo que antecede se modifica la sentencia apelada en el sentido que: 1) se rechaza la demanda contra Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles. 2) se desestima la indemnización por incapacidad; 3) se reduce el resarcimiento por daño moral a $ 300.000 (pesos trescientos mil); 4) se reduce el importe para tratamiento psicológico a $ 28.600. Se confirma en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravios.
Las costas se imponen a a) Por el recurso de la actora, en un 65% a dicha parte; y el 35% restante correspondiente a los intereses, por su orden. b) Por el recurso de la Clínica 30% a dicha parte y el 70% a la actora. c) Por el recurso de OSECAC en el orden causado, tanto las de primera como las de segunda instancia.
Se difiere la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31, 51 del decreto ley 8.904/77 y arts. 51 ley 14.967 y 7 CCCN).
"LENCINA GRISELDA ELIZABET C/ CLINICA PRIVADA INDEPENDENCIA S.A.
Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. RESP.
PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO)"
Expte.: SI-16305-2012 (J. 12)
Registro Nº 2 En la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, a los … días del mes de febrero de dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O. H. LLobera y Carlos Enrique Ribera y, para dictar sentencia en el juicio: "Lencina, Griselda Elizabet C/ Clínica Privada Independencia S.A. Y Otro/A S/Daños Y Perj. Resp. Profesional (Excluido Estado) - Expte. nº SI-16305-2012” y habiéndose practicado oportunamente el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Llobera y Ribera, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Debe modificarse la sentencia apelada?
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor Llobera, dijo:
I. Antecedentes 1. La demanda Las presentes actuaciones se inician con motivo de la demanda por daños y perjuicios, por mala praxis médica, promovida por Griselda Elizabeth Lencina contra Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles, Clínica Privada Independencia S.A. y contra la médica Soledad Suárez Ordoñez. Asimismo, solicitó la citación en garantía de Seguros Médicos S.A.
En el escrito inicial la demandante argumenta:
Que el 25-2-2011 concurrió a la Clínica Privada Independencia S.A., en lo sucesivo la Clínica, por ser uno de los centros asistencias ofrecidos la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles Obra Social, en lo sucesivo OSECAC, a la que se encontraba afiliada.
Que la asistencia lo fue para dar a luz a su primer hijo, el que nació en la fecha indicada mediante cesárea en la que intervino la médica codemandada, Soledad Suárez Ordóñez.
Que el 27-2-2011 se le dio el alta médica a las 16.00 horas.
Que luego de transcurridos tres días con persistentes dolores en la zona abdominal, los que fueron creciendo en intensidad, el 4-3-2011 concurrió a la Clínica pues notó la presencia de pus y sangrado en la herida. Que al ingresar se le informó que tenía una infección en el mencionado lugar, por lo cual permaneció internada durante doce días.
Que los daños por los cuales reclama se originaron en la operación de cesárea programada y la infección intrahospitalaria, en adelante IH, contraída en la Clínica.
Que la responsabilidad de la Clínica es de naturaleza contractual, directa y objetiva, ya sea por derivar de una obligación de seguridad (art. 504 C.C.) o por el hecho de sus dependientes.
Que OSECAC es responsable como prestadora del servicio y por el incumplimiento del deber asistencial que debe brindar a sus afiliados de modo oportuno y eficiente.
2. Las contestaciones 2.1. OSECAC Esta accionada contestó demanda negando la responsabilidad que se le atribuye y solicitó el rechazo de la pretensión (fs. 154 a 164). En su defensa argumentó: Que desarrolla su actividad como prestador de servicios sociales y de salud, con carácter de persona de derecho público no estatal, hallándose conformada por el aporte obligatorio de sus afiliados y empleadores.
Que su actuación responde a los principios de solidaridad y justicia distributiva con sustento en el art. 14 de la Constitución Nacional.
Que en virtud de ello el vínculo jurídico con sus afiliados no reconoce una fuente contractual onerosa de derecho privado con el paciente.
Que en su caso su deber de responder encuentra sustento en la órbita extracontractual como consecuencia de una relación impuesta por las leyes 23.660 y 23.661.
Que sin perjuicio de ello niega la responsabilidad que se le imputa.
Que resultaría una conducta de cumplimiento imposible la imposición de "supervisar" todos los actos de cada uno de los efectores (médicos, instituciones, sanatorios, servicios de ambulancia y emergencias) y/o los del propio paciente en cuanto a los cuidados que debe asumir.
Que las prestaciones médicas son obligaciones de medios y así deben encuadrarse las de OSECAC.
Que su parte cumplió con la oferta prestacional y su libre acceso por parte del beneficiario.
Que más allá del control de asistencia e internación genérico que le corresponde, escapa a su esfera de acción el control directo sobre los hechos o el accionar de las personas que presuntamente habrían causado el daño.
Que el Sistema de Salud ha sido diseñado con un control de habilitación y de matrícula, los cuales generan la presunción de idoneidad de los prestadores directos de los servicios asistenciales.
Que no cabe exigirle a OSECAC un deber tácito de seguridad pleno que exceda sus reales posibilidades de control.
Que la responsabilidad exclusiva y excluyente corresponde al prestador directo.
Que no existe acción u omisión alguna imputable a su parte.
Que se trata de un sistema asistencial "cuasi abierto"; OSECAC no puede digitar o indicar el profesional para la atención del beneficiario; éste debe optar dentro de los servicios profesionales e instituciones puestos a su disposición; por ello no hay responsabilidad de su parte. Que desconoce la totalidad de la documentación acompañada y niega los hechos en que se pretende fundamentar la acción.
Que niega la IH, la existencia mala praxis médica, la relación de causalidad invocada y las consecuencias dañosas pretendidas.
Que Lencina se internó el 25-2-2011 en la Clínica en la cual se le realizó una operación cesárea.
Que el pos-operatorio fue satisfactorio por lo cual se le otorgó el alta el día 27 del mismo mes y año.
Que la reclamante concurrió a la Clínica el 4-3-2011 con motivo de una infección en la herida quirúrgica, por lo cual permaneció internada durante ocho días.
Que muchas de las infecciones de herida quirúrgica se producen cuando el paciente es dado de alta; los microorganismos que las causan usualmente provienen del mismo paciente (infección endógena).
Que la infección exógena puede ocurrir por instrumental contaminado, por contaminación del ambiente operatorio o cuando los microorganismos tienen acceso a la herida luego que ha sido cerrada; señala que rara vez provienen de diseminación hematógena o de prótesis o implantes colocados en el sitio de la cirugía.
Que las pacientes pueden sufrir complicaciones por ciertas enfermedades concomitantes, entre las que menciona la diabetes, obesidad y tabaquismo, las que atribuye como antecedentes personales de la actora; argumenta que tales personas tienen un riesgo de infección significativamente mayor.
Que las prestaciones y atenciones médicas se brindaron en forma diligente, dado los antecedentes agravantes que portaba Lencina, los cuales facilitaron que se generase una infección.
Que las indemnizaciones reclamadas son improcedentes.
2.2. Clínica Privada Independencia La Clínica comparece, contesta la demanda y pide su rechazo. Desconoce la autenticidad de la documentación acompañada por la actora. En su defensa argumenta:
Que deben tenerse en consideración los antecedentes médicos de la actora.
Que a Lencina se le realizó la cesárea que menciona en el escrito de inicio y que su herida quirúrgica evolucionó en forma normal.
Que días posteriores a que se le diera el alta médica la demandante consultó por presentar dolores por lo cual fue internada con diagnóstico de infección de herida quirúrgica.
Que existen factores propios del paciente que predisponen para infecciones como la sufrida por la actora, entre los que refirió la diabetes, la obesidad y el tabaquismo; señala que todos ellos se presentaban en ella.
Que la reclamante tenía un embarazo de alto riesgo, con diversos factores que condicionaban la evolución desfavorable de su herida.
Que en virtud de tales antecedentes, la parturienta tuvo una complicación frecuente, previsible e inevitable, pese a que el actuar de los médicos fue diligente.
Que recibió las prestaciones médicas que correspondían para la resolución del cuadro, por lo cual no corresponde responsabilizar a los profesionales actuantes ni a su parte.
Que no media relación causal de los daños reclamados con la actuación de la Clínica por lo cual son improcedentes como así también su extensión.
2.3. Soledad Suárez Ordónez.
La profesional médica contestó la demanda y solicitó su rechazo (fs. 235 a 242). Adelanto que la demanda a su respecto fue rechazada, aspecto de la sentencia que ha quedado firme, sin embargo dado que la aseguradora adhiere a sus dichos, considero necesario extenderme en sus argumentaciones. Fundamentó su posición en las siguientes consideraciones:
Que no existió de su parte mala praxis médica por lo que no cabe la responsabilidad que se le imputa y ni proceden los daños que la actora dice haber sufrido. Que desconoce la autenticidad de la documentación aportada.
Que hallándose de guardia el día 25-2-2011 en la Clínica atendió a la actora quien se hallaba internada desde la mañana con diagnóstico de embarazo de término. Que realizó la cesárea cumpliendo con los protocolos médicos y de antisepsia correspondientes. Que concluido el parto no tuvo más contacto con la paciente durante su internación.
Que la demandante reingresó a la Clínica el 4-3-2011 por presentar dolor y secreción en la herida quirúrgica.
Que dado que también se encontraba de guardia ese día le correspondió atender por segunda vez a la demandante a quien brindó las prestaciones e indicaciones médicas pertinentes.
Que con posterioridad a ello no tuvo más contacto con la reclamante.
Que la actora nunca tuvo signos de una infección grave y que en los cultivos realizados no se encontró ningún germen, en tanto cuando hay IH se hallan gérmenes típicos.
Que los pacientes con sobrepeso, como el caso de la peticionante, se encuentran predispuestos a que las heridas no cicatricen en forma correcta Que su actuación médica fue diligente, por lo cual no media responsabilidad de su parte.
Que la pretensión indemnizatoria es improcedente, sin perjuicio de lo cual impugna la extensión de los rubros reclamados.
2.4 Seguros Médicos S.A.
La aseguradora fue citada a pedido de la Clínica y de la médica Ordoñez. Al presentarse admitió que al momento del hecho se hallaba vigente la póliza Nº 801.887 contratada por la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, la cual brindaba cobertura por los riesgos de responsabilidad civil derivados de las actividades desarrolladas por la Clínica Independencia S.A.
En su presentación hace saber que la suma máxima asegurada era de $ 300.000, con una franquicia del 10% a cargo del asegurado (con un mínimo del 3% y un máximo del 6% sobre la suma asegurada (fs. 143/149). Agrega que también se encontraba vigente la póliza Nº 800.634 contratada por la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, la cual otorgaba cobertura por los riesgos de responsabilidad civil derivados de las actividades desarrolladas por la asegurada Soledad Suárez Ordoñez, con un monto asegurado de $ 200.000 por acontecimiento. Sin perjuicio de ello solicita el rechazo de la demanda a cuyo fin adhiere a las contestaciones de demanda de sus asegurados.
3. La sentencia La sentencia apelada hace lugar a la demanda contra Clínica Privada Independencia S.A. y Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), a quienes condena a pagar a la actora, Griselda Elizabeth Lencina, en forma concurrente, la suma de pesos ochocientos noventa y ocho mil ($ 898.000), con más un interés directo del 6% desde el 25-2-2011 y hasta la fecha de encontrarse firme la sentencia; a partir de la mora en su cumplimiento estableció los intereses a la tasa pasiva digital más alta que publique el Banco de la Provincia de Buenos Aires, hasta el efectivo pargo. Hace extensiva la condena a Seguros Médicos S.A. Asimismo rechaza la demanda respecto de Soledad Suárez Ordónez. En cuanto a las costas por la acción que prospera contra Clínica Privada Independencia S.A. y OSECAC, las impone a dichas demandadas y su citada en garantía. Respecto de la acción contra Soledad Suárez Ordóñez las atribuye en el orden causado. Por último difiere la regulación de los honorarios de los profesionales para la oportunidad prevista por el art. 51 del decreto-ley 8.904/77.
II Las apelaciones La Clínica apela y expresa agravios (fs. 405), los que son contestados por la actora (fs. 407 a 410)
Seguros Médicos S.A. apela, pero no expresa agravios por lo cual se declaró desierto su recurso (fs. 405).
OSECAC apela y expresa agravios (fs. 405), siendo contestados por la demandante (fs. 411).
La actora apela (fs. 317) y expresa agravios (fs. 395 a 401) los cuáles no han merecido respuesta de sus contrarias.
III Los agravios 1 La responsabilidad a) Los planteos y sus réplicas La Clínica argumenta que no ha mediado una mala praxis en el servicio asistencial brindado a la demandante. Los argumentos ensayados pueden resumirse de los siguientes aspectos:
Que la sentencia se sustenta en una supuesta relación de consumo por la cual tendría una obligación de resultado, en tanto expresa que: “la responsabilidad de la Clínica (…) surge de la naturaleza de la relación de consumo que la vinculaba con la actora, porque pesa sobre la demandada una obligación tácita de seguridad que la obliga a suministrar un servicio adecuado y eficiente en orden a garantizar la salud del paciente”, “(…) la responsabilidad del centro de salud no es de orden subjetivo, sino objetivo en virtud de la ley 24.240 de defensa del consumidor (…)”. Que no corresponde la aplicación de la Ley de Defensa al Consumidor (Ley 24.240 – en lo sucesivo LDC), por cuanto constituye un sistema general de responsabilidad del proveedor, con eje en los arts. 5 y 10 bis, y un sistema especial contenido en el art. 40 para los supuestos en que el daño haya sido causado con una cosa o servicio riesgosos; en todos esos casos, la responsabilidad tiene naturaleza objetiva, lo que se compadece con el carácter de parte débil del consumidor y la finalidad tuitiva que inspiró el dictado de la ley. Que cuando se somete a juzgamiento las tareas de facultativos o auxiliares, que involucran obligaciones de medio, lo que entre otros supuestos acontece con la prestación principal a cargo de los médicos, -en la medida en que sólo se compromete la realización de un comportamiento diligente para alcanzar el resultado esperado por el paciente, el cual no está garantizado, dada su aleatoriedad-, podría alegarse que la aplicación de la LDC no contempla aactividades que generen responsabilidad objetiva; por ello no puede aplicarse en el caso de autos la LDC, sin forzar su interpretación.
Que la situación sería distinta si se tratase del deber de seguridad de la Clínica y de la Obra Social, referidas a obligaciones de resultado; ello cuando el daño es ocasionado por el empleo de cosas (artefactos de rayos x, material médico, suministro de medicamentos contraindicados, etc.).
Que tal preceptiva no puede extenderse de forma indiscriminada a cualquier supuesto porque ello implicaría desconocer las muy particulares características de la ciencia médica; en ella tienen incidencia tanto el actuar del profesional como la respuesta biológica y los antecedentes del paciente. Que el alea y la dosis de incertidumbre, que envuelven a la ciencia médica, impiden que se pueda garantizar un resultado concreto.
Que la Señora Jueza, para justificar la aplicación de la LDC, aseguró que “el régimen legal de los contratos de consumo se funda en un factor autónomo y objetivo de atribución de responsabilidad cuyo fundamento reside en el deber de seguridad o garantía con el propósito de imponer la prevalencia de la equidad en aquellas relaciones en las que, por imperio de las circunstancias, el equilibrio real aparezca desbalanceado en perjuicio del consumidor o usuario. Para ello, se impone a los proveedores de bienes y servicios ciertas reglas de actuación positivas u omisivas frente a situaciones apreciadas como particularmente perjudiciales.”.
Que teniendo en cuenta el fundamento arriba expresado por la Magistrada, cabe preguntarse cuál es en el caso de autos el supuesto desequilibrio en perjuicio de la actora y si es equitativo que se responsabilice a una entidad que hizo todo lo médica y humanamente posible para brindarle una adecuada atención médica.
Que las pruebas fueron analizadas en forma parcial. Que el perito expresó que “la dehiscencia de la herida quirúrgica (…) a pesar del avance en el cuidado post operatorio, continúa siendo una de las complicaciones más serias” y que “la infección puede presentarse a pesar de haber tomado todos los recaudos y previsiones que el caso requería”.
Que el experto, “En relación a la profilaxis antibiótica recibida por la actora, señaló que estudios recientes demostraron que disminuye el índice de infecciones y el número de visitas al médico durante el post operatorio” y que “durante la realización de la cesárea se actuó según la técnica habitual y que el accionar profesional fue acorde al tipo de intervención quirúrgica efectuada y la complicación que sufriera”.
Que el galeno expresó que “...el accionar profesional fue acorde al tipo de intervención quirúrgica efectuada y la complicación que sufriera (la actora)...” quien “...presenta una cicatrización que no impide su limpieza”. Que, además, dictaminó que “la cicatriz de la actora no provoca incapacidad en relación al evento denunciado” y que “no se fija incapacidad al no determinar relación causal con el motivo de litis”.
Que el perito explicó que “la obesidad, la diabetes y el tabaquismo son factores facilitadores para la génesis de una infección post cesárea”; en tanto “condicionan la aparición de complicaciones tales como infección de herida quirúrgica”.
Que también informó que “... las cicatrices son un evento inseparable al acto quirúrgico...”; y que “...el caso de autos, la realización de una cesárea se hallaba indicada”. Que las pericias llevadas adelante por los especialistas han de ser evaluadas según las reglas de la sana crítica y la libre convicción del juez, labor intelectual que tiene que estar sustentada en patrones jurídicos y máximas de experiencia; que ello no fue observado por la Señora Jueza. Que por ello existe arbitrariedad en la sentencia cuando expresa que “no se me escapa que en la especie el perito médico mencionó que la actora presentaba como factores de riesgo diabetes DBT II de un año de evolución (insulino resistencia), que se encontraba medicada con Metformina y que era tabaquista; y que los mismos pueden condicionar complicaciones tales como infección en la herida quirúrgica. No obstante ello, no es posible derivar de dicha afirmación que tales condiciones hubieran incidido efectivamente para la evolución desfavorable de la herida. Ello importaría un salto lógico inadmisible y contrario a las reglas que rigen en la especie. Constituiría una mera especulación (…) infiero que no hay duda que el contagio -si bien no se puede decir cómo aconteció- ocurrió en el centro de salud donde se realizó la operación cesárea...” Que no se comprende cómo la Señora Jueza puede considerar “una mera especulación” la respuesta clara y precisa del perito médico respecto a que la diabetes y el tabaquismo son factores que condicionan la aparición de complicaciones tales como infección de herida quirúrgica (ver respuesta Nº 4 al cuestionario de mi mandante) y, en cambio, inferir “que no hay duda que el contagio -si bien no se puede decir cómo aconteció- ocurrió en el centro de salud”.
Que resulta increíble que se pueda afirmar que no haya dudas sobre algo que no se puede decir cómo aconteció, tal como lo expresa la Magistrada.
Que bajo ningún punto de vista quedó plasmado que la infección de la demandante se haya producido en la Clínica, lo cual es una conclusión que el perito no señala en su informe; sólo dice que una infección IH es “aquel evento que ocurre posterior a 72 h de permanecer en un hospital o derivada de dicha estancia y detectada aun después de su egreso”, pero nunca asegura que tal tipo de infección haya sido la que padeció la actora.
Que otra arbitrariedad incurrida por la Sentenciadora es que afirma que “tampoco se demostró que la institución médica hubiera adoptado efectivamente las medidas imprescindibles para evitar la infección que contrajo”, cuando en verdad el perito dictaminó que consta la adopción de medidas antisépticas y la utilización de campos estériles y que se administraron antibióticos intra operatorios según protocolo; indica que el experto dijo que: “la profilaxis antibiótica para prevenir la infección de herida quirúrgica en la mayor parte de las operaciones limpias se consideró inapropiado, pues el riesgo de infección era tan bajo que no justificaba el uso de antibióticos. No obstante lo cual consta en la HC que se efectuó profilaxis de acuerdo a protocolo Parte de anestesia, fecha 25.02.2011. Dr. Bernhardt Daniel Silvio. Keterolac, Cefalotina 1g.”
Que de acuerdo al referido informe pericial, en la atención de la demandante, se tomaron mayores recaudos que los habituales para situaciones similares a la de la actora. Que en la sentencia se expresa “los demandados admitieron que -pese a los antecedentes personales y gestacionales de la paciente- el embarazo transcurrió dentro de los carriles normales”, pero que en verdad en la contestación de demanda de la Clínica se advirtió que el aumento de peso de la paciente era superior a lo previsto y aconsejable en un embarazo.
Que también se le indicó a la actora un plan dietético e hipoglucemiantes (ver apartado consideraciones médicas) y en otro apartado se señala que “La actora era una paciente que cursaba un embarazo de alto riesgo por el aumento exagerado de peso, siendo además diabética insulino resistente, tabaquista, con múltiples factores condicionantes para la evolución desfavorable de una herida”.
Que, de todo ello, surge la arbitrariedad manifiesta de la sentencia, derivada del apartamiento de constancias comprobadas en la causa, de inferencias carentes de sustento fáctico y científico suficiente; de la pretensión de aplicar irrestrictamente una ley, sin tener en cuenta las especiales peculiaridades de la ciencia médica (en la que no se puede asegurar un resultado).
Que por todo ello la sentencia debe ser revocada en su totalidad, declarándose la falta de responsabilidad de la Clínica.
Por su parte OSECAC también cuestiona que exista responsabilidad de la Clínica. En tal sentido señala: Que la calificación de la responsabilidad civil institucional proveniente de las IH fue considerada, hasta fines del siglo XX, de carácter objetiva por lo cual el nosocomio sólo podría exonerarse de indemnizar el daño con la prueba de la culpa de la víctima, del hecho de un tercero por quien no responde o por el caso fortuito o fuerza mayor. Que en la responsabilidad civil con factor subjetivo, a más de las causales mencionadas, que desligan la obligación de reparar, se agrega la falta de culpa, vale decir, un obrar diligente, prudente o perito por parte de la institución sanitaria.
Que en el supuesto de autos nos encontraríamos ante un caso fortuito pues se ha acreditado el carácter irresistible de la infección.
Que así resulta del informe pericial, en el cual el experto, en el punto cuatro de sus conclusiones médico-legales, dice que “A pesar del avance en el cuidado post operatorio, la dehiscencia de la herida continúa como una de las complicaciones más serias a la que los cirujanos enfrentan alguna ocasión de su práctica quirúrgica. La frecuencia prácticamente ha variado poco durante los últimos 50 años con series que mencionan de 0 a 6 % y hasta el 10%.-… 5)La tasa global de infecciones quirúrgicas oscila entre 2,6 y 2.9% por cada 100 egresados. Sin embargo, la profilaxis antibiótica para prevenir la infección de herida quirúrgica en la mayor de las operaciones limpias se consideró inapropiada, pues el riesgo de infección era tan bajo que no justificaba el uso de antibióticos. No obstante lo cual consta en la HC que se efectuó profilaxis de acuerdo a protocolo Parte de anestesia, fecha 25/02/2011. Dr. Bernhardt Daniel Silvio, Cefalotina 1g. 6) Este perito entiende que el accionar profesional fue acorde al tipo de intervención quirúrgica efectuada y la complicación que sufriera”.
Que de las consideraciones precedentes de la pericial médica resulta que es inexacto lo sustentado por la Jueza al manifestar que el experto sólo informó de modo genérico e ilustrativo; por el contrario el Perito, expresó que, si bien en estos supuestos no se recetan antibióticos, en el caso se recetó Cafalotina 1g.; y que ello seguramente lo fue para extremar los cuidados, atento los antecedentes de la paciente; que también señaló el experto que antes de su egreso de la Clínica se realizó a la actora una cura plana de la herida, todo lo cual consta en la Historia Clínica, en lo sucesivo HC.
Que asimismo debe tenerse presente que según la HC, la cual no fue redargüida de falsedad, resulta que la paciente egresó el 27 de febrero, afebril, después de 48 hs, desde el alumbramiento y sin complicaciones; que su reingreso se produjo el día 4 de marzo, cuando habían pasado siete días desde la intervención quirúrgica y cinco desde su alta; ello en tanto el perito informa que las IH se producen dentro de las 72 horas del egreso de los centros de salud. Que cuando la paciente reingresó se encontraba afebril, con buen estado general y hemodinámicamente compensada; con escasa secreción liquida; los análisis y estudios de imágenes dieron resultados normales; se la trató en forma diligente y fue dada de alta a los ocho días.
Que la Magistrada no tuvo en cuenta que la infección en la herida se produjo cuando habían transcurrido 120 horas del alta.
Que en consecuencia, si el día 27-2-2011 fue dada de alta, sin signos de infección y pasadas las 120 hs. ingresa con la herida infectada, puede considerarse que esta patología se desarrolló por otras causas, ajenas a una IH, que pudieron deberse a falta de higiene, de cuidados, etc. Que la Sentenciadora ha errado en el cálculo del lapso desde que la beneficiaria egresa y reingresa con la infección.
Que la actora propuso un peritaje, totalmente ajeno a la infectología pero que su parte, siendo consciente de la teoría de la carga dinámica de la prueba, ofreció un idóneo en la materia, con lo cual quedó debidamente probado, que no hubo en la atención de la demandante mala praxis alguna.
A su turno la parte actora contesta los agravios de sus contrarias. En primer término señala que las presentaciones de las apelantes no conforman una crítica concreta y razonada del fallo, aspecto sobre el cual habré de expedirme luego de referenciar el contenido de las manifestaciones de la demandante en cuanto a lo dicho por sus contrapartes.
Con relación a lo expresado por la Clínica, en cuanto a la aplicación de la LDC, considera que ello es indiscutible y cita precedentes de esta Sala. Dice que, en contrario a lo afirmado por la Clínica, el carácter de nosocomial de la infección resulta del informe pericial, sin que éste hubiera sido cuestionado por la recurrente. Sostiene que en virtud de la teoría de las cargas dinámicas era la Clínica quien debía demostrar que las causas de la infección le eran ajenas, fundando su argumento en fallos de la SCBA y de esta Sala. Afirma que ello no fue cumplido por la agraviada.
En lo que se refiere a la incapacidad sostiene que la apelante desconoce los fundamentos de su procedencia y extensión y que en el caso se ha acreditado daño psicofísico. Al momento de contestar la expresión de OSECAC dice que en verdad lo que está cuestionando son los fundamentos de la propia responsabilidad civil, en tanto el régimen ordinario no regiría a su respecto. Dice que, sin embargo, en el caso se está ante una Clínica que no ha acreditado contar con servicio alguno de prevención y tratamientos de las infecciones, lo cual no es ajeno al servicio que ha contratado OSECAC. Añade que la recurrente no ha acreditado cuáles son los parámetros que adopta para contratar con quienes prestan servicios a sus afiliados y cita jurisprudencia de la Justicia Nacional en lo Civil.
En lo que hace a los rubros indemnizatorios, insiste en que el criterio de esta Sala es que la cuestión debe analizarse en un sentido amplio, cubriendo los diferentes aspectos de la vida de la persona afectada. b) Deserción de los recursos La actora, al contestar los traslados de la presentaciones efectuadas por sus contrapartes, cuestiona de algún modo que lo expresado por ellas constituya en verdad una expresión de agravios al no erigirse en una crítica concreta y razonada del fallo (fs. 407). Tales afirmaciones entiendo que obligan a considerar si ello amerita una declaración de deserción del recurso.
Cabe recordar que expresar agravios es, conceptualmente, ejercitar el control de juridicidad mediante la crítica de los eventuales errores del juez y al ponerlos en evidencia, obtener una modificación parcial o íntegra del fallo en la medida del gravamen que causara (causas n° 68.165, 68.667, 71.713, 81.604; “Álvarez, Emilia Mercedes c/ Sauma Automotores S.A.C.I.F.A.G.Y. y Otro s/ sumarísimo - Expte. nº 33.129”, 1-11-2018); “Barros, Pascuala del Carmen c/ D'Elia, Lucrecia Alba s/ Prescripción Adquisitiva”, 30-3-2010, causa N° 109.136; "Pettersson Elena Yolanda C/ Márquez Antonio S/ Prescripción Adquisitiva", Expte.: D-1462-6, 16-12-2014; "Alderete Vanina Jaqueline C/ Motza Microomnibus Tigre S.A. Y Otro/a S/Daños y Perj. Autom. S/Lesiones (Exc. Estado)", Expte.: SI-12973-2015, 2-7-2018; entre muchas otras).
Bajo la óptica adoptada, el tribunal de alzada no puede examinar consideraciones de tipo genérico que denotan una mera disconformidad subjetiva con la sentencia y que por tanto son insuficientes como fundamento del recurso (doc. arts. 246 y 260 del CPCC).
Entiendo que la facultad de declarar desierto un recurso ante la insuficiencia de la expresión de agravios debe ejercerse por la alzada con un criterio restrictivo, ya que lo contrario puede llevar a que, en forma arbitraria, se afecte el derecho de defensa del recurrente.
De la lectura de los argumentos brindados por las requeridas, que he detallado más arriba, advierto que en principio se refieren en forma concreta a la sentencia, a las constancias de autos, a la prueba pericial en particular y a la doctrina aplicable como metodología para apoyar su reclamo, razón por la cual, estimo debe tenérsele por cumplida la obligación del art. 260 del CPCC.
En razón de lo dicho y de compartirse este criterio, he de proceder al análisis de los agravios vertidos.
c) El análisis i. El derecho aplicable La sentencia ha quedado firme en cuanto a que no cabe atribuir responsabilidad por mala praxis a la médica que realizó la cesárea. Por el contrario, la Clínica y OSECAC cuestionan la atribución de responsabilidad que se les hace en el fallo.
Aprecio que las aclaraciones precedentes resultan importantes por cuanto ello tiene incidencia en la normativa aplicable.
A efectos de lo indicado en párrafo que antecede, cabe tener presente los hechos relatados por las partes; el tiempo y demás circunstancias en que ocurrieron; la incidencia que tenga la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994 – CCCN-) vigente desde el 1-8-2015 (ley 27.077).
El art. 7 del CCCN dispone que a partir de su entrada en vigencia, “...las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.” Por otra parte, los servicios prestados por profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad pública facultada para ello no se encuentran alcanzados por las normas que regulan la relación de consumo (art. 2 seg. párr.
LDC).
De tal modo que la conducta del profesional de la medicina, hallándose comprendida en la exclusión legal debe ser analizada como una obligación de medios y no de resultados, en virtud de la cual se compromete a asistir al paciente con prudencia y diligencia (esta Sala, causa n° SI-33266 “Basso Lucia del Valle c/ Falzone Alvaro y ot. s/ daños y perjuicis” RSD n° 7-6-2018; ídem, causa nº 92.388, “Garrote de Galván, Estela c/ Municipalidad de San Isidro”; ídem, causa n° D-2424-7, "Cymbala de Reggi, Irma Argentina c/ O.S.D.E y Dra. Pollice s/Daños y Perjuicios", 29-8-2012, RSD 104; CCivCom. Mar del Plata, causa nº 111.888, 12-6-2001, “Oyanguren Héctor Marcelo c/ Clínica de Fractura y Ortopedia”, JUBA B1403364; CCivCom. 2º La Plata, Sala III, causa nº 94.894, 17-4-2001, “Pérez, Ascensión c/ Cancinos, Jorge S.”, JUBA B353346; CCivCom. Lomas de Zamora, causa nº 52.340, 21-3-2002, “Vico, Hilario Ramón y otros c/ Municipalidad de Esteban Echeverría y otro”, JUBA B2550292; CCivCom. Mar del Plata, Sala II, causa nº 125.501, 28-8-2003, “Giménez, Juan Manuel c/ Hospital Interzonal General de Agudos”, JUBA B1403955).
Cabe, entonces, analizar si hubo responsabilidad de parte de la Clínica tal como decidiera el fallo apelado y ese aspecto comprende la actuación de otros integrantes del establecimiento y de sus autoridades en orden a que se cumpla con el deber de seguridad; en otras palabras establecer si el Centro Médico estuvo a la altura de sus obligaciones de asistencia para con quien, tras ser operada, contrajo una infección en su herida quirúrgica.
Cuando el médico que es demandado trabaja en un establecimiento asistencial, existe entre ambos una estipulación a favor de terceros, vale decir del paciente que requiere asistencia (art. 1027 CCCN; art.503 Código Civil – entonces vigente).
Tal situación determina que, en caso de incumplimiento de los deberes médicos, nace de una acción directa no sólo contra el médico sino también contra la entidad prestadora en razón del contrato asistencial celebrado entre ellos a favor del paciente (Bueres, Alberto J., “Responsabilidad civil de los médicos”, Ed. Hammurabi, 3ª. edic., 2006, p. 302 y ss.; Bustamante Alsina, J., “Responsabilidad civil de los médicos en el ejercicio de su profesión”, LL, 1976-c-63; ídem, “Responsabilidad civil del médico por el hecho ajeno”, ED, 152-880; Alterini, Atilio A., Ámeal, O.A., López Cabana, R.M., “Derecho de Obligaciones Civiles y comerciales”, 2ª. edic., Bs.As., 2000, p.803; Belluscio, A.C., “Obligaciones de medios y obligaciones de resultados. Responsabilidad de los sanatorios”, LL 1979-C-23, nº5; Ghersi, Carlos, “Responsabilidad por prestación médico asistencial”, Hammurabi, 1992, p.202; Rouillón, A.A.N., “Responsabilidad civil de médicos y establecimientos asistenciales”, Zeus, 16-J-267, nº5; Monti, José L., “Formas de organización y responsabilidad de las empresas de salud”, Ad Hoc, Bs. As., 1999, p.186. Según Garay, O.E., “La responsabilidad profesional de los médicos”, La Ley, 2003, p.775).
El médico que incurrió en mala praxis responde por su culpa; en tanto el centro asistencial, en orden a lo normado por el art. 1027 (en similar sentido art. 504 del CCC, entonces vigente), la LDC y las disposiciones del CCCN (art.7); es decir, en función de su obligación tácita de seguridad, la que ya desde el anterior ordenamiento opera de modo objetivo (Vázquez Ferreyra, Roberto A. “Algunos principios de la responsabilidad civil médica” en diario La Ley 28-4-1999, p.10).
Es decir, la responsabilidad de los centros asistenciales resulta siempre que se haya demostrado un supuesto de culpa por parte del médico que trabaja en ellos pero ese no es el único supuesto por el cual pueden verse condenadas a responder. En cualquier caso la obligación de aquellos, cuando procede, no es solidaria sino concurrente con la del médico pues cada una reconoce una causa diferente. En efecto, existe en tales supuestos unidad de acreedor, pluralidad de deudores, unidad de objeto pero diversidad de fuentes (CN. Civ., Sala D, 28-2-1996, “G, F. y otro c/ Centro Médico Lacroze y otros”, voto de Alberto J. Bueres, LL, 11-9-1996, p.10).
En consecuencia la responsabilidad del médico y la del establecimiento en que se prestó el servicio, si bien se encuentran vinculadas no necesariamente han de resolverse por aplicación de las idénticas normas ni en el mismo sentido. La exclusión del profesional en lo que se refiere a la prestación médica del marco normativo de la LDC no impide que ciertos aspectos de la responsabilidad del centro asistencial queden comprendidos bajo los alcances de dicha ley. El art. 1092 (CCCN) que define la relación de consumo no hace lo propio con lo que debe entenderse por proveedor. A este último se refiere el art. 1093 con motivo de definir el contrato de consumo. A su vez la definición que aparece en el art. 1093 no coincide literalmente con la que nos da la LDC, pero sí en lo sustancial. En lo que aquí interesa el art. 1093 CCCN considera proveedor a la persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente, o una “empresa” productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada. Más allá que el concepto de “empresa” no tiene una entidad propia, desde el punto de vista jurídico, que la constituya en un tercer tipo de persona, lo cierto es que más allá de la imprecisión terminológica del texto legal, no caben dudas de la amplitud que el legislador ha pretendido dar a lo que debe entenderse por proveedor.
Con mayor precisión y con adecuado fundamento, la LDC parte del presupuesto de la profesionalidad de quien realiza la actividad, ya sea que se trate de una persona física o jurídica, pública o privada, pues esa es en definitiva la nota que le confiere superioridad frente al consumidor. En efecto, la profesionalidad coloca al proveedor en una situación ventajosa respecto del consumidor.
La referida Ley señala las diferentes actividades comprendidas: “producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios” (art.2). Esta enumeración no debe tomarse de modo taxativo, ya que pueden existir otras actividades que según el caso pueden revestir similar carácter a los efectos de la protección prevista. El concepto es lo suficientemente amplio para abarcar vastas actividades que como resulta de la propia LDC pueden ser brindas en forma onerosa o gratuita. Y dado que el art. 3 LDC establece que “En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor...” entiendo que no existe ningún impedimento para que los servicios médicos prestados por los establecimientos como el que nos ocupa en el caso, sean alcanzados por las disposiciones de la LDC y los arts. 1092 y siguientes del CCCN.
En consecuencia siendo que en el caso la Clínica se encuentra obligada como proveedora del servicio médico (art. 2 LDC y art. 1093 CCCN) observando el deber de seguridad (art. 5 LDC), aprecio que en lo que a dicha entidad se refiere el caso se encuentra alcanzado por las normas de protección al consumidor. Por todo ello, aunque el hecho tuvo lugar antes de la vigencia del CCCN, en virtud de lo dispuesto por su art. 7, la responsabilidad del establecimiento demandado ha de juzgarse bajo las normas del nuevo Código, en tanto sean más favorables al consumidor y las de la LDC.
Ahora bien, previo a juzgar la responsabilidad por IH debe determinarse si la padecida por la actora efectivamente reviste tal carácter o bien fue adquirida fuera del establecimiento.
ii El origen de la infección y la carga probatoria.
Lo que aquí corresponde analizar son dos aspectos.
Ante todo si la infección que sufrió la actora en su herida quirúrgica puede ser considerada de origen nosocomial (IH); luego, en caso afirmativo, si la Clínica había adoptado las medidas adecuadas para combatir la presencia de agentes patógenos que pudiesen generarla.
La carga probatoria pesa, en principio, sobre la parte que invoca la mala praxis. Esto es claro en lo que se refiere al actuar del profesional de la medicina. La cuestión se torna diferente en lo relacionado con la obligación de seguridad que el art. 5 de la LDC impone al establecimiento asistencial, pues en caso de resultar un daño como consecuencia del servicio prestado resultan de aplicación las previsiones de los arts. 40 y 40 bis de la citada ley. En lo pertinente puede concluirse que conforme dicha normativa si el daño al consumidor resulta de la prestación del servicio responderá el proveedor, en el caso la Clínica, salvo que demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.
Por tanto, en función de las normas citadas (LDC)
la responsabilidad del establecimiento asistencial es de carácter objetivo. Ello en tanto resulte de la prueba que la infección padecida por la paciente sea IH. De acreditarse esto último el establecimiento, para liberarse de responsabilidad debe demostrar que ha puesto toda la diligencia debida para evitar el referido daño configurándose caso fortuito, desde que aún previendo la posibilidad de la agentes patógenos su presencia resulta inevitable; es decir, las dos condiciones necesarias para la configuración de tal causal de exoneración.
Centrando ahora la atención en la primera cuestión, es decir, si la infección que afectó la herida quirúrgica de la actora se ha debido a un agente nosocomial, es preciso formular algunas consideraciones sobre la prueba, primero de carácter general y luego el análisis de la que ha tenido lugar en esta causa.
En ese orden de ideas cabe recordar que el objeto de la prueba en el proceso dispositivo, serán los hechos jurídicos alegados como sustento de las demandas, defensas o excepciones, entendiendo por tales los principales alegados y también los secundarios que se encuentren genéricamente comprendidos en los primeros. Es decir, y a diferencia del sistema inquisitivo, quedan fuera de la investigación los hechos no alegados por las partes al trabarse la controversia.
Las normas jurídicas constituyen un mandato que debe aplicarse frente a determinadas situaciones de hecho. Estas últimas deben recrearse a través de un proceso, con la finalidad de formar convicción en quien deberá sentenciar, de que tales hechos han tenido lugar y de ese modo imponer la aplicación de aquél.
En consecuencia es necesario que en el proceso se logre recrear la situación fáctica acaecida y la demostración de su coincidencia con el supuesto contemplado en la norma para asignarle las consecuencias jurídicas en ella previstas.
Así el art. 375 del CPCC prescribe que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de la norma que invocare como fundamento de su petición.
Por esto los hechos constituyen el objeto de la prueba judicial. A través de ella serán recreados en el expediente, adquiriendo una vida propia más o menos coincidente con la verdad ocurrida.
La prueba por lo tanto tiene como fin formar en el juez la convicción sobre la ocurrencia o no de un determinado hecho.
Lo expresado lo es sin perjuicio de que el concepto de prueba judicial no es unívoco. Comprende el resultado de la actividad llevada a cabo por las partes y por el juez, las fuentes utilizadas para lograr aquellos resultados (Ej. testigos) y la actividad, procedimiento o medios para producirlos (declaración del testigo). Así lo ha entendido esta Sala en los autos “Herrera Cabrera, Mitchel Franklin C/ Municipalidad del Pilar” (causa nº 100.375); "Basso Lucia del Valle c/ Falzone, Álvaro y otro/a s/ Daños Y Perjuicios", Expte.: SI-33266-2009, Sent. 7-6-2018, Reg. 71; entre muchos otros.
En supuestos como la presente, la parte demandada, tiene la obligación de poner a disposición del tribunal, todos los elementos de convicción que disponga; se exige una conducta de cooperación al establecimiento imputado de mala praxis.
Esto es así porque en principio nadie mejor que la entidad prestadora del servicio médico para conocer y disponer de los medios de prueba necesarios para que aquello se acredite en el expediente.
Este criterio, de colaboración en la acreditación de los hechos, cualquiera sea el rol de la parte, es conocido como de las “cargas dinámicas”, sustentado por la moderna doctrina procesal, cuestión que bajo diversas formas ha sido tratada ampliamente por la doctrina (Falcón, Enrique M., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 241; Fenochietto, Carlos E. - Arazi, Roland, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tomo 2, Ed. Astrea, Bs.As., 1987, p. 324; Peyrano, Jorge W. y Chiappini, Julio O., ”El derecho probatorio posible y su realización judicial”, Rubinzal - Culzoni, 1990; Lorenzetti, Ricardo L., “Responsabilidad profesional” en Reformas al Código Civil, Abeledo - Perrot, 1995, p. 169). Pese a ello, esta doctrina tampoco puede hacernos olvidar la premisa impuesta por el art. 375 CPCC, en especial cuando la actora no ha llevado a cabo ninguna prueba relevante o incurre en negligencia en su producción.
Es que la responsabilidad de la prueba en los procesos de sistema dispositivo, recae de modo principal sobre las partes y no depende sólo de su condición de actora o demandado.
Se relaciona con la situación en que se ubica cada una en el proceso y a ella incumbe proponer e impulsar las medidas pertinentes, para que en tiempo oportuno produzcan el efecto buscado. A través de su actividad deben lograr la acreditación del hecho invocado, sea como sustento de la acción o de la defensa.
Parece justo que en los supuestos donde el develamiento de la verdad está al alcance de ambas partes, se requiera una actitud positiva de ellas con el fin de que aquélla sea esclarecida.
No obstante, ese dinamismo probatorio nunca podrá traspasar el límite que impone el art. 18 de la Constitución Nacional, por lo cual mal podría exigirse el planteo por el propio demandado de puntos periciales que sepa le serían adversos. En este sentido es mi parecer que sólo se puede requerir al accionado el máximo de colaboración para acreditar todo aquello que permita poner en evidencia la corrección de su proceder.
Tampoco puede pasarse por alto que en el campo de la actividad médica y entiendo que ello alcanza al establecimiento que presta el servicio, rige el principio de discrecionalidad; éste se manifiesta en la libre elección que debe reconocerse al profesional para la adaptación de los sistemas terapéuticos conocidos a las características particulares del caso y a las reacciones específicas de los pacientes sometidos a un tratamiento, dado que no todos los organismos responden exactamente de la misma forma. En función de la precitada doctrina, con los límites que estimo le caben y que he mencionado, se impone a los establecimientos desplegar la actividad procesal tendiente a la acreditación de su correcto proceder; no porque se presuma su culpa, lo cual sería severamente violatorio de la garantía de inocencia (art. 18 Const. Nacional), sino porque son quienes se encuentran en mejor posición para acreditar la verdad de los hechos, en especial porque suele tratarse de cuestiones complejas y de difícil comprobación para el damnificado (CSJN, 24-11-1998, JA, 1999-III-331 -voto del Dr. Gustavo Bossert -; CSJN, 2-6-1998, JA, 2000-IV-187, secc. índice, nº 40; esta Sala, causas n° 92.388, 103.445, entre muchas otras), pero por sobre todo en orden a la responsabilidad objetiva que establece la LDC (arts. 5, 40 y 40 bis).
Sobre esta relatividad de la condición de actor o demandado a los fines de la prueba, se ha dicho con claridad que evita la aplicación mecánica de conceptos, como puede llegar a serlo incluso el de “pruebas dinámicas”, que la carga la define la situación en que la parte se coloca en el juicio;
por ello, si la parte demandada hace afirmaciones de descargo o presenta una versión distinta de los hechos, soporta la carga de probarlos; no así cuando sólo se limita a negarlos (Fenochietto, Carlos E. - Arazi, Roland, ob. cit., Tomo 2, Ed. Astrea, Bs.As., 1987, p. 325). Ello sin olvidar que un hecho puede ser presentado en forma positiva o negativa, según la habilidad retórica de quien la formule (Fenochietto, Carlos E. - Arazi, Roland, ob. cit., p. 321).
ii.i La prueba producida ii.i.i La Historia Clínica En el caso bajo juzgamiento la carga dinámica de la prueba imponía a la parte demandada aportar a la causa tanto la documentación que demostrase el correcto proceder como el planteo de puntos periciales que permitieran arribar a igual conclusión, en primer lugar en cuanto a la calificación de nosocomial o no de la infección adquirida por la actora.
Un elemento de importancia está constituido por la HC de la paciente la cual fuera objeto de la medida previa que se tiene a la vista.
Al respecto la ley 26.529 (Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado – B.O., 20-11-2009), vigente al tiempo en que ocurrieron los hechos que motivan las presentes define a la HC como el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud y en cuanto a su contenido dispone que “...puede confeccionarse en soporte magnético siempre que se arbitren todos los medios que aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. A tal fin, debe adoptarse el uso de accesos restringidos con claves de identificación, medios no reescribibles de almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad …” (art. 13).
“Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes y de lo que disponga la reglamentación, en la historia clínica se deberá asentar: a) La fecha de inicio de su confección; b) Datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar; c) Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad; d) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes; e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere; f) Todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso de certeza, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas.
Los asientos que se correspondan con lo establecido en los incisos d), e) y f) del presente artículo, deberán ser realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos universales adoptados y actualizados por la Organización Mundial de la Salud, que la autoridad de aplicación establecerá y actualizará por vía reglamentaria.” (art. 15). “Forman parte de la historia clínica, los consentimientos informados, las hojas de indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en cada caso, breve sumario del acto de agregación y desglose autorizado con constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante.” (art. 16).
“La historia clínica es inviolable. Los establecimientos asistenciales públicos o privados y los profesionales de la salud, en su calidad de titulares de consultorios privados, tienen a su cargo su guarda y custodia, asumiendo el carácter de depositarios de aquélla, y debiendo instrumentar los medios y recursos necesarios a fin de evitar el acceso a la información contenida en ella por personas no autorizadas. A los depositarios les son extensivas y aplicables las disposiciones que en materia contractual se establecen en el Libro II, Sección III, del Título XV del Código Civil, "Del depósito", y normas concordantes...” (art. 18). “Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiere corresponder, los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte de los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales constituirán falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional de las sanciones previstas en el título VIII de la Ley 17.132 -Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares de las mismas- y, en las jurisdicciones locales, serán pasibles de las sanciones de similar tenor que se correspondan con el régimen legal del ejercicio de la medicina que rija en cada una de ellas.” (art. 21).
A su vez, el Código de Ética Médica de la Asociación Médica Argentina (AMA), establece que la HC debe ser un instrumento objetivo y comprensible por terceros, y no sólo por quienes escriben en ella (Art. 168); es de suma importancia por tener carácter probatorio ante la ley y por razones económico-administrativas (Art. 169); debe ser redactada y firmada por el mismo médico que realizó la prestación, consignándose cuando un colega remplace a otro (Art. 170); debe ser legible, sin tachaduras, no se debe escribir sobre lo ya escrito, no debe ser borrada, sin dejar espacios en blanco y ante una equivocación debe escribirse ERROR y aclarar lo que sea necesario, no debiéndose efectuar añadiduras entre renglones (Art. 171); debe ser foliada y con el nombre del paciente, del miembro del Equipo de Salud y la fecha, consignándose los horarios de las prestaciones que se realicen y fundamentalmente un preciso detalle de las condiciones en que ingresa el paciente (Art. 172); debe hacerse una descripción exacta de todos los estudios y análisis que se vayan practicando, y en el supuesto que se arribare a un método invasivo, una descripción plena de todos los síntomas que aconsejaron practicarla, todo en forma contemporánea a las distintas prestaciones que se vayan realizando (Art. 173); ha de dejarse constancia detallada de las interconsultas, registrando la opinión que resulte de ellas (Art. 174); contendrá un detalle de la información suministrada al paciente y/o familiares y respuestas que va teniendo el paciente frente al tratamiento, ya sea médico o quirúrgico (Art. 175); no deben omitirse datos imprescindibles para mejor el tratamiento aunque los puedan ser objeto de falsos pudores o socialmente criticables (Art. 176); debe constar el libre Consentimiento Informado firmado por el paciente, la familia o el responsable legal (Art. 177); la redacción defectuosa es un elemento agravante en los juicios de responsabilidad legal (Art. 178); se le reconoce un derecho personalísimo respecto a su contenido y anexos clínicos, cuyo único titular es el paciente, y por otra parte, la negativa a entregársela a su propio titular puede dar lugar al resarcimiento del daño causado (Art. 179 y 180); el médico y/o sanatorio son los custodios de la HC, la desaparición de ésta o su falta de conservación, entorpecerá la acción de la justicia, al tiempo que le quita la posibilidad al médico tratante y al mismo sanatorio, de una oportunidad invalorable de defensa en juicio; y además, el custodio de la misma deberá responder por esta situación (Art. 181); por ello debe garantizarse la preservación del secreto médico y la HC no debe ser expuesta a quienes tengan otros intereses que no sean los puramente profesionales (Art. 182); es ético respetar el mandato judicial que ordene su presentación (Art. 183); deberán implementarse sistemas de seguridad en el uso de la HC computarizada, para asegurar la inalterabilidad de los datos y evitar el accionar de violadores de información reservada (Art. 185).
La omisión de la HC o su imperfecta redacción privan al paciente de un crucial elemento de juicio para determinar la culpa imputable al médico; no es una presunción absoluta, ya que debe ponderarse en relación a los antecedentes del caso y las pruebas aportadas por las partes.
Por ello resulta una exigencia, tanto para el médico como para el establecimiento que provee el servicio, que presten amplia colaboración en el esclarecimiento de los hechos que configuran la controversia del caso, para lo cual deben aportar todos los elementos a su alcance a fin de demostrar su diligencia. Por el contrario, si asumen una conducta pasiva en materia probatoria, ello constituirá una violación a principios básicos de buena fe procesal, que no pueden dejar de valorarse al momento de sentenciar. En función de ello, si se omite acompañar la HC, se incurre en una grave irregularidad y genera una presunción judicial de culpa, pues no permite acreditar su diligencia en la atención del paciente.
Siguiendo esa línea de pensamiento se puede afirmar que, si bien ambas partes deben contribuir a conformar el plexo probatorio, en los casos en que la HC presente severas deficiencias, la carga de la prueba de haber obrado con diligencia recae sobre la parte que está en mejores condiciones de hacerlo; esto es, el profesional de la medicina. Y, en cuanto al establecimiento asistencial, debe aportar todo lo necesario para desvirtuar la responsabilidad objetiva que le viene impuesta (arts. 5, 40 y 40 bis LDC). El documento que no ocupa constituye un instrumento decisivo para la solución del litigio, pues permite observar la evolución médica del paciente y coopera para establecer la relación de causalidad entre el hecho de la persona o de la cosa y el daño (CSJN, “Pla, Silvio Roberto y otros c/ Clínica Bazterrica S.A. y otros”, 4-9-2001, LL, 2002-A, 731). También permitirá evaluar el desenvolvimiento de los médicos, quienes participan principalmente en su confección y control, en forma coetánea a la atención del paciente.
La HC se vincula con la posibilidad de calificar los actos médicos, en cuanto a si han sido realizado de acuerdo a estándares asistenciales vigentes al tiempo en que los hechos tuvieron lugar; coopera para el establecimiento de la relación de causalidad entre ellos y los eventuales daños sufridos por el paciente (CSJN, “Pla, Silvio Roberto y otros c/ Clínica Bazterrica S.A. y otros”, 4-9-2001, LL 2002 A, 730-103299).
De lo dicho se desprende la enorme importancia que tiene una HC para resolver casos como el presente y de la responsabilidad que pesa sobre los prestadores con relación a su confección y custodia (causa n° D-2424-7,"Cymbala de Reggi, Irma Argentina c/ O.S.D.E y Dra. Pollice s/Daños y Perjuicios", 29-8-2012, RSD 104; "Basso Lucia del Valle c/ Falzone, Álvaro y otro/a s/ Daños y Perjuicios (Sumario)", Expte.: Si-33266-2009, 7-6-2018, RSD n°71); entre otras). La HC labrada en la Clínica lo fue bajo la vigencia de la Ley 26.529, arriba referenciada en cuanto al contenido y forma en que debe llevarse.
El perito médico legista no formulado observaciones sobre la forma en que ha sido llevada la HC de la demandante y ello ha servido de sustento para concluir en la ausencia de responsabilidad de la médica que realizó la cesárea, pero como se verá resulta insuficiente para descartar que la infección contraída por la paciente fuese nosocomial.
En efecto, de ella no se desprenden elementos que permitan desvirtuar por completo la responsabilidad del centro asistencial, pues como corresponde, está referida a la atención directa brindada a la actora. No obstante, como se verá existen otros aspectos sobre los cuales la referida accionada debió acreditar que procedió en forma adecuada y que pese a ello se produjo la infección. En otras palabras, demostrar lo necesario para desprenderse de su responsabilidad objetiva.
ii.i.ii La pericial médica Para establecer si la infección padecida por la actora en su herida quirúrgica fue contraída por un agente intra-hospitalario, he de recurrir a la prueba pericial médica (fs. 320 a 324), comprensiva de las explicaciones brindadas por el experto ante las aclaraciones y cuestionamientos formulados por las partes.
El perito expone que la “dehiscencia” de la herida quirúrgica es la separación posoperatoria de la incisión que involucra todas las caras de la pared abdominal. Aclara que separación o evisceración se utilizan como sinónimos, aunque puede haber dehiscencia sin evisceración. Expresa que este fenómeno, a pesar del avance en el cuidado posoperatorio continúa siendo una de las complicaciones más serias a la que los cirujanos se enfrentan. En cuanto a su frecuencia señala que ha variado poco durante los últimos cincuenta años, con series que mencionan de 0 a 6% y hasta un 10%, con una mortalidad del 9 al 44%. Agrega que durante las últimas cuatro décadas se han mencionado factores principales y adicionales, preoperatorios y posoperatorios a los que se han otorgado diferentes grados de importancia sobre su papel en la dehiscencia de la herida quirúrgica, no habiendo acuerdo entre los autores sobre la mayor relevancia de los factores locales sobre los sistémicos.
Marca un punto que aprecio de interés para el caso y es que, según el perito, la mayor parte de los casos de morbilidad y mortalidad maternas descritos en mujeres -quienes se hace operación cesárea-, demuestran la existencia de hemorragia, complicaciones anestésicas, afectaciones de las vías urinarias, enfermedades trombóticas y sepsis materna. En cuanto a la mortalidad dice que disminuyó con la utilización de material de sutura no absorbible pero se incrementó la frecuencia de infección, lo cual dio lugar al uso de antibióticos.
No obstante las observaciones precedentes, explica que en la actualidad el índice de infección de heridas quirúrgicas post cesárea varía del 2,5 al 16,1%, según la población evaluada, ya que influyen de manera directa los determinantes para la misma: bacterias, resistencia del huésped a la infección, factores médicos, quirúrgicos y posquirúrgicos, que incluyen el asma, las complicaciones pulmonares, la tos asociada y los vómitos. Explica que la profilaxis antibiótica para prevenir la infección de la herida quirúrgica en la mayor parte de las operaciones limpias se consideró inapropiada, pues el riesgo de infección era tan bajo que no justificaba el uso de antibióticos. No obstante refiere que estudios recientes demostraron que la profilaxis disminuye el índice de infecciones y el número de visitas al médico durante el pos operatorio.
En lo que al caso de la actora se refiere, el experto hace saber que el 25-2-2011 fue sometida a una operación cesárea segmentaria y que consta que se le efectuó profilaxis antibiótica con Ketorolac, Cefatolina 1g, lo cual – indica – consta en la HC, según parte de anestesia del Dr. Bernhardt Daniel Silvio. Luego fue dada de alta el día 27-2-2011.
Añade el médico que dictamina que la paciente fue internada nuevamente el día 4-3-2011, es decir, a los cinco días de haber recibido el alta médica y su primer egreso de la Clínica.
En dicha oportunidad le fue diagnosticado un “absceso de pared, infección cesárea” lo cual fue tratado con antibioticoterapia ampicilina + Sulbactam; drenaje de absceso, cura de herida. El diagnóstico de egreso fue dehiscencia de herida quirúrgica en resolución.
Agrega el perito que la demandante presentaba como factores de riesgo diabetes DBT II, de un año de evolución (insulino resistencia) medicaba con Metformina, Tabaquista, diez cigarrillos diarios.
La actora en el punto 4 (fs. 322) pidió que el experto indicase “los elementos que permiten concluir que se trata de una infección intra-hospitalaria...”. El médico al responder, lejos de advertir que no existiese tal clase de infección, respondió que así debe considerarse “Todo aquel evento que ocurre posterior a las 72 hs de permanecer en un hospital o derivada de dicha estancia y detectada aún después de su egreso.”
Ello sin perjuicio que, cuando se lo interrogó respecto a porcentaje de incapacidad que corresponde a la cicatriz causada a la actora, contestó que “no se fija incapacidad al no determinar relación causal con el motivo de litis” (fs. 332 vta). Añade luego, por remisión a las consideraciones médico legales (ML6), que la obesidad, diabetes y el tabaquismo son factores facilitadores para la génesis de una infección post cesárea (fs. 333); por tanto existían factores endógenos de la paciente susceptibles de ser punto de partida para la infección (remite a consideración ML 9).
También, al ser requerido por la Clínica (fs. 333)
señala el experto que la infección puede presentarse a pesar de haber tomado todos los recaudos y previsiones para el caso (remite a Consideración ML 9).
La referencia a que la IH es la que como regla general se presenta en un plazo de 48-72 horas luego del ingreso hospitalario, aunque existen infecciones, como por ejemplo las transmisibles por sangre (hepatitis B, VIH, etc.) que pueden haberse adquirido en el hospital y aparecer luego del alta hospitalaria, y que deben ser consideradas sin embargo como IH, también aparece en cierta bibliografía (M. Macedo, J. Blanco “Infecciones hospitalarias”,p.245,http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/ infeccioneshospitalarias).
La infección padecida por la demandante se evidenció cinco días después de su primer egreso de la Clínica y ocho días después de haberse realizado la cirugía. Es evidente que si la infección ha tenido lugar en la herida quirúrgica ella no pudo ser anterior a dicha cirugía. La cuestión es determinar si la infección se produjo por un factor atribuible al establecimiento asistencial o ha tenido lugar por un agente externo luego de su primer alta médica. Aún en el primer caso si los factores de riegos de la paciente incidieron efectivamente en el caso o sólo quedan bajo la calificación de una posibilidad no probada.
El perito médico se ha expresado en el sentido que el procedimiento quirúrgico fue correcto, acorde al tipo de intervención quirúrgica efectuada (fs. 332).
Ahora bien, la corrección de tal proceder no obsta a que pese a todo, como lo señala el galeno, la paciente pudiese sufrir una infección de la herida, originada en un agente nosocomial.
Es en este punto donde aprecio que, la Clínica debió aportar elementos de prueba tendientes a demostrar que observó protocolos de asepsia adecuados para prevenir la presencia de tales agentes aptos para generar la infección. En cuanto al tiempo en que aparecen las infecciones del origen que se analiza, no caben dudas que sería coetánea o posterior a la operación desde que no afectó cualquier parte del organismo sino la herida propia de la cesárea. Nada indica que tuviese una causa anterior, sin perjuicio de los factores de riesgo que presentaba la paciente. De tal modo que el tiempo exacto en que la infesta actuó no lo aprecio determinante por cuanto el perito dice que es el “...evento que ocurre posterior a 72 hs de permanecer en un hospital o derivada de dicha estancia y detectada aún después de su egreso” (fs. 332). De tal modo, no advierto relevante si la enfermedad se manifestó a los tres días exactamente, pues por la propia definición dada por el experto sólo requiere que sea posterior a ese plazo. De tal manera los agravios relativos a que habría tenido lugar recién a los cinco días del primer egreso carecen de virtualidad para enervar la decisión de la Magistrada sobre el punto. Vale citar que en documentación emanada del Ministerio de Salud de la Nación se “...define como Infección Hospitalaria a toda infección adquirida durante la internación y que no estuviese presente o incubándose al momento de la admisión del paciente, o bien en el caso de un recién nacido, cuando ésta fuese adquirida durante su pasaje a través del canal del parto. En el caso de las heridas quirúrgicas la infección puede manifestarse luego del alta del paciente, hasta 30 días...”, (http://www.vihda.gov.ar).
He de considerar que la herida de la demandante al tiempo de reingresar se hallaba aún en plena etapa de cicatrización. Es cierto que la infección también pudo originarse en deficiente atención e higienización por la propia paciente luego de egresar de la Clínica, la prueba producida en autos no aporta nada que permite llevarme a esa conclusión.
Tampoco se ha acreditado que, si bien la interesada presentaba factores de riesgo como sobrepeso, diabetes y tabaquismo, la pericial no ha sido concluyente en cuanto a que, efectivamente, tales circunstancias hayan sido las determinantes de la infección; ni siquiera que hayan actuado como concausas; son posibilidades hipotéticas que en el caso no fueron probadas.
Ante tal estado de acreditación de lo sucedido entiendo que, en razón del deber de seguridad que pesaba sobre la Clínica (art. 5 LDC), a ella correspondía producir la prueba en cuanto a que, en su caso, disponía de protocolos tendientes a controlar la presencia de agentes patológicos con aptitud para producir la mentada infección y que, además, ellos eran cumplidos con rigurosidad.
En este sentido y a modo de ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado a conocer a través de su página web, una “Guía Práctica para la “Prevención de las infecciones nosocomiales”, 2ª. Ed., la cual reconoce el importante apoyo recibido para dicho trabajo por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Ese documento se preparó después de celebrar varias reuniones extraoficiales del grupo de trabajo editorial en Lyon y Ginebra entre 1997 y 2001. Es decir, se trata de un documento emanado de un reconocido organismo internacional y al alcance de cualquier prestador de servicios de medicina - - - - --http://www.who.int/csr/resources/publications/ES_WHO_CD S_CSR_EPH_2002_12).
La referida “Guía” define la IH de la manera siguiente: “Una infección contraída en el hospital por un paciente internado por una razón distinta de esa infección (1). Una infección que se presenta en un paciente internado en un hospital o en otro establecimiento de atención de salud en quien la infección no se había manifestado ni estaba en período de incubación en el momento del internado. Comprende las infecciones contraídas en el hospital, pero manifiestas después del alta hospitalaria y también las infecciones ocupacionales del personal del establecimiento” (Con cita: Emmerson AM et al. The second national prevalence survey of infection in hospitals — overview of the results. J Hosp Infect, 1996, 32:175–190.2.
En particular hace referencia, entre otros casos de estas infecciones, a las originadas en cirugías. Al respecto señala 1.2.2 Infecciones del sitio de una intervención quirúrgica Las infecciones del sitio de una intervención quirúrgica también son frecuentes: la incidencia varía de 0,5 a 15% según el tipo de operación y el estado subyacente del paciente (18,19,20). Representan un problema grave que limita los beneficios potenciales de las intervenciones quirúrgicas. Tienen un enorme efecto en los costos de hospitalización y en la duración de la estadía postoperatoria (entre 3 y 20 días más) (21, 22, 23, 24). La definición es principalmente clínica: secreción purulenta alrededor de la herida o del sitio de inserción del tubo de drenaje o celulitis difusa de la herida. Las infecciones de la herida quirúrgica (por encima o por debajo de la aponeurosis) y las infecciones profundas de los órganos o de las cavidades orgánicas se identifican por separado. La infección suele contraerse durante la propia operación, ya sea en forma exógena (es decir, del aire, el equipo médico, los cirujanos y otro personal médico), endógena (de la flora de la piel o del sitio de la operación) o, en raras ocasiones, de la sangre empleada en la intervención quirúrgica. Los microorganismos infecciosos son variables, según el tipo y el sitio de la intervención quirúrgica, y los antimicrobianos que recibe el paciente. El principal factor de riesgo es el grado de contaminación durante el procedimiento (limpio, limpio-contaminado, contaminado, sucio) que, en gran medida, depende de la duración de la operación y del estado general del paciente (25). Otros factores comprenden la calidad de la técnica quirúrgica, la presencia de cuerpos extraños, incluso tubos de drenaje, la virulencia de los microorganismos, la infección concomitante en otros sitios, la práctica de afeitar al paciente antes de la operación y la experiencia del equipo quirúrgico.”
Precisamente la “...secreción purulenta alrededor de la herida...” ha sido uno de los aspectos observados en la demandante, según resulta del informe pericial (fs. 330 con referencia a la HC p.35).
Retomando las indicaciones de la mencionada “Guía”, se advierte que contiene precisiones, no sólo sobre la higiene a observar por el personal que intervenga en la cirugía y condición estéril de los materiales e instrumental utilizado, sino sobre otros aspectos varios. Así se mencionan criterios de aplicación en el Capítulo V sobre “Prevención de las infecciones nosocomiales”, comprendiendo diversos aspectos, tales como: “Estratificación del riesgo; Reducción de la transmisión de una persona a otra; Descontaminación de las manos; Higiene personal; Ropa protectora; Mascarillas; Guantes; Prácticas inocuas de inyección; Prevención de la transmisión por el medio ambiente; Limpieza del entorno hospitalario; Uso de agua caliente e hirviendo; Desinfección del equipo empleado para el paciente; Esterilización”. También en el orden local existen recomendaciones.
Me refiero a lo que resulta del “Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias” y el “Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina” (VIHDA). Así en el encuentro que tuvo lugar en la Ciudad de Mar del Plata en el mes de enero de 2010 se ha señalado que la referidas infecciones existen en los centros médicos y que son controlables pero difícilmente erradicables; que en unos establecimientos puede haber más y en otros menos dependiendo de las “medidas de Prevención y Control que cada uno implemente, de los procesos sistemáticos de vigilancia y de la correspondiente y permanente intervención” (Presentación efectuada por el Dr. Guiermo Losa; Ing. Laura Fernández; Ing. Roberto Giordano Lerena; Lic. María de los Ángeles Cabral; Ing. Carolina Díaz; P.U. Diego Arcidiácono;
http://www.vihda.gov.ar/sitio%20vihdaii/archivospublicaci ones/infecciones%20hospitalarias%20una%20endemoepidemia%2 0de%20alcance%20mundial.pdf).
El mencionado Programa Nacional se origina en la Resolución Ministerial N°2885/83 del Ministerio de Salud de la Nación y en ese marco funciona VIDHA (http://www.vihda.gov.ar) desde el año 2004, del cual, a Enero de 2010 participaban más de 130 hospitales públicos y privados de la Argentina a los cuales se les brinda software desarrollado específicamente para la vigilancia, asistencia y soporte técnico, capacitación y asesoramiento a fin de que los mismos puedan prevenir, vigilar, controlar e intervenir con el único fin de mejorar la calidad de su atención médica y con ello disminuir las tasas de IH (ver pág. Web indicada). Pues bien, aunque nada indica que tales Programas resulten obligatorios para todos los centros médicos, al menos pone en evidencia que existen diversos protocolos a seguir para prevenir, vigilar, controlar e intervenir las IH. Frente a ello no parece acertado que la Clínica haya omitido indicar qué procedimientos observaba para, precisamente, “prevenir, vigilar, controlar e intervenir ante las IH”. La Clínica pudo adoptar las pautas de los mencionados Programas u otras, incluso de propia autoría, pero nada ha alegado al respecto; de la prueba tampoco resulta en ese sentido. La asepsia comprobada es únicamente la que resulta de la HC, a cual está referida exclusivamente a la atención a la paciente y a la preparación de los materiales utilizados en la intervención, pero, como se ha visto, la evitación de las IH conlleva una actividad significativamente mayor por parte de los establecimientos asistenciales.
En otras palabras, la Clínica no ha afirmado y menos aún probado que hubiese adoptado tales conductas de prevención, las que aprecio exigibles en orden a una adecuada prestación del servicio en condiciones de seguridad, tal como lo exige el art. 5 LDC.
En cuanto a la IH se sostiene que puede derivar de cuatro causas: a) por extensión de un proceso de vecindad que contacta con tejidos no protegidos por las barreras mucosas; b) por mala técnica de antisepsia pre-operatoria; c) por gérmenes asentados en material quirúrgico indebidamente esterilizado (vestimenta, guantes, instrumental, etc.) o en objetos pertenecientes al ámbito del quirófano inadecuadamente aseptizado; d) por falta o deficiencia en la asepsia del cirujano o de los miembros del equipo quirúrgico, de los integrantes del equipo paramédico o del personal a cargo del post-operatorio. En consecuencia, y desde el punto de vista legal, demostrada la relación de causalidad entre el acto quirúrgico y un proceso infeccioso nosocomial, se configura -en principio- la responsabilidad del establecimiento asistencial, porque se trata del incumplimiento de la obligación de seguridad que le cabe y que consiste en otorgar servicios que brinden seguridad al paciente en su atención, por la propia organización sanatorial, sus auxiliares y técnicos. Además, medioambiente quirúrgico adecuado: quirófano, higiene de techos, paredes, lámparas, etc. (Do Pico, Juan Carlos y Do Pico Mai, Carlos Luis, “La infección nosocomial y el equipo de cirugía- Aspectos legales y jurisprudenciales”, Revista de la Asociación Médica Argentina;
www.amamed.org.ar/publicaciones_revistas).
Si bien no cabe exigir que la Clínica hubiera observado textualmente la “Guía” publicada por la OMS ni las consideraciones de doctrina sobre infectología citadas, aprecio que ambos elementos y sobre todo aquella bien pueden considerase para concluir que existen procedimientos universalmente conocidos para evitar las IH y la accionada no ha demostrado haber llevado a cabo ningún protocolo en tal sentido. Ello más allá de la adecuada técnica utilizada por la médica y la limpieza del campo en el cual se realizó la intervención, concepto vago este último ya que no hace referencia ninguna al ambiente del quirófano en sí ni de otras dependencias en las cuales permaneció la paciente hasta su primer egreso.
ii.ii Conclusión sobre la responsabilidad de la Clínica Por todo ello considero que la Clínica no ha cumplido con la carga que le viene impuesta, no sólo por el sistema de la dinámica probatoria a la que ya me he referido más arriba, sino que tampoco ha satisfecho la exigencia del art. 40 LDC, para desligarse de su responsabilidad; esto en el sentido que debió demostrar que la causa de la infección le fue ajena. Y sobre este punto creo que debe aclararse que bien ha señalado el perito que, aun adoptando todos los recaudos para prevenirla la infección nosocomial puede producirse igual.
Si en este último supuesto procedería eximir de responsabilidad al centro asistencial, ello no resultaría aplicable al caso de autos, desde que la Clínica no ha invocado y menos demostrado que haya observado protocolo alguno tendiente a evitar la presencia de agentes aptos para producir la infección que sufrió la actora.
La accionada no ha probado la existencia de causal de exención de su responsabilidad objetiva (art. 5, 40 y 40 bis LDC) ni la de prevenir el daño que también le viene impuesta por el ordenamiento común (arts. 9 y 1710 CCCN; en similar sentido art. 1198 CC).
Sobre este último aspecto creo necesario mencionar que ello no es algo novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, ni aparece recién con la sanción del CCCN. En efecto ya bajo la vigencia de la Constitución de 1853 con su vastísima protección de derechos, la obligación de evitar el daño y el consiguiente derecho a su prevención aparecía resguardada, en forma implícita en sus arts. 14, 28 y 33 (“Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.”)
En lo que aquí interesa no puedo pasar por alto lo dispuesto por el art 42 de la CN luego de la reforma de 1994: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud...”
Por lo tanto la regla de no dañar es un principio con rango constitucional y todo habitante de la República está obligado a observarla más allá de la norma de inferior jerarquía que reglamente el respectivo derecho (arts. 28 y 31 CN). La violación del deber de no dañar constituye un obrar antijurídico que deriva en la obligación de reparar, en el caso con sustento en un factor de atribución de carácter objetivo, en tanto el daño guarde relación de causalidad; la prueba de la eximente en tal caso pesa sobre quien la invocare (arts. 7, 1710, 1716, 1717, 1721, 1726, 1734 y conc. del CCCN) y cuando alcanzan a un consumidor asumen la connotación especial de dicho régimen protectorio (art. 42 CN; 38 CPBA; art. 7 y 1092 CCCN; arts. 1 a 3, 5, 40 y 40 bis LDC; arts. 5 Código Provincial de Implementación de los Derechos de Consumidores y Usuarios - ley PBA, 13.133)
Tal obligación de prevención del daño, vinculada con la relación de consumo es comprensiva de todas las situaciones en que el sujeto es protegido antes, durante y después de contratar; cuando es dañado por un ilícito; o cuando es sometido a una práctica del mercado; cuando actúa individualmente o cuando lo hace colectivamente (Lorenzetti, Ricardo Luis, “Consumidores”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003, pág. 74). Entiendo, por mi parte, que ello no debe circunscribirse sólo al ámbito del contrato de consumo, sino de la relación de consumo (art. 1092), de la cual el contrato es sólo una de las causas eficientes.
Además, es claro que, a partir de la vigencia del CCCN se ha tornado irrelevante, a los fines de la protección, que el origen de la relación sea contractual o extracontractual. Además, tal irrelevancia ya se encontraba presente en los términos de la LDC (arts. 1 y 3).
Es por ello que la protección de la salud del consumidor y la consiguiente obligación de evitar el daño por parte del establecimiento asistencial, a mi modo de ver, ya existía de un modo implícito en el derogado Código Civil por imperativo de respecto de la buena fe (art. 1198), aunque ahora aparezca de modo explícito en el CCCN (art. 1710); su violación conlleva la obligación de reparar (art. 1716 y ss CCCN).
En conclusión, con fundamento en lo dispuesto por los arts. 28, 33 y 42 de la CN; arts. 36 inc. 8 y 38 de la Constitución de esta Provincia; arts. 7, 1092, 1710, 1716, 1717, 1721, 1726, 1734 y conc. del CCCN; arts. 1 a 3, 5, 40 y 40 bis LDC; arts. 5 Código Provincial de Implementación de los Derechos de Consumidores y Usuarios - ley PBA, 13.133); arts. 375, 384, 476 y concs. del CPCC, concluyo que en el caso ha mediado IH y que la Clínica es responsable por ella. ii.iii La responsabilidad de OSECAC La Obra Social mencionada cuestiona la existencia de infección IH, con los argumentos que ya he mencionado en el apartado precedente y respecto de lo cual he concluido no sólo que aquella ha existido sino que la Clínica no ha podido desprenderse de la responsabilidad que le viene asignada por ley. En este estado debe determinarse si por lo ocurrido le corresponde a OSECAC la responsabilidad que le ha sido impuesta en la sentencia apelada.
Más allá de la opinión que se pueda tener sobre el punto, nuestro Máximo Tribunal tiene dicho que la Obra Social no responde por la mala praxis en que pueda incurrir el establecimiento asistencial.
En la causa n° 101.912 sentenciada el 30-3-2010, el Dr. Eduardo Pettigiani, cuyo voto conformó la mayoría, expresó que en casos como el presente corresponde atenerse al régimen normativo de aplicación a O.S.E.C.A.C., que es el dispuesto por la ley de obras sociales (ley 23.660, 29-12-1988, B.O. 20-1- 1989) que derogó el oportunamente instituido por la ley 22.269.
Señala que de ella se desprende que las obras sociales forman parte del Sistema Nacional del Seguro de Salud, estando sujetas a las disposiciones y normas que lo regulan.
En cuanto a este último, instituido por la ley 23.661 (29-12-1988, B.O. 20-1-1989, destaca que “...es un seguro social creado a efectos de plasmar el pleno goce del derecho a la salud, cuyo objetivo es procurar el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas.” Agrega que “...las obras sociales como agentes naturales de dicho seguro de salud (arts. 3, ley 23.660 y 2, 23.661), asumen el rol de financiadores del sistema a favor de sus beneficiarios (arts. 21 inc. a, 27, 29, 31 32, 33, 34 y concs., ley 23.661) y sólo por vía de excepción o defecto brindan directamente la prestación a través de los efectores de su propia capacidad médico-asistencial instalada (arts. 25 y 26, ley 23.661), algo que ya desaconsejaba la anterior ley regulatoria de las obras sociales (art. 31, ley 22.269).”.
Por lo tanto y desde esa perspectiva juzgó “... que salvo que se postule y acredite que se trata de un supuesto de obra social cerrada, tal la que brinda cobertura directa a través de su propia capacidad médico-asistencial instalada exclusivamente, o que ciñe la cobertura a un cuadro asimilable a éste, semicerrada, por la clara y categórica restricción de la facultad de elección del prestador por parte del afiliado, en contradicción con la manda del art. 25 de la ley 23.661, no existe una obligación de seguridad por la que deba responder por la mala praxis médica, atento la libre elección del prestador por parte del paciente.” En dicho voto, señaló el Señor Ministro de la Corte, que la relación entre el paciente y la obra social no es de tipo contractual sino de base legal (arts. 8 y 9, ley 23.660 y 5 inc.
"a", ley 23.661). En función de lo expresado encontró aplicable al caso y entiendo que del mismo modo debe serlo al supuesto de autos, la doctrina legal que dimana del precedente Ac. 58.354, "Acosta" (sent. del 21-IV-1998) en cuanto se sostuvo que: "...entre los médicos afiliados y el I.O.M.A. -léase O.S.E.C.A.C.- no existe relación de dependencia que autorice a considerar obligado a dicho ente por los casos de mala praxis que involucren a aquéllos". Por último agregó el Magistrado del Superior que no es “... óbice a lo expuesto la doctrina legal del superior Tribunal nacional dictada en atención a supuestos de obras sociales cerradas por los fundamentos expuestos más arriba, que en mi parecer las hacen diferentes y diferenciables.” En aquella causa el Dr.
Eduardo de Lázzari dijo que tal como se había resuelto en la causa n° 58.354 (sent. 21-IV-1998) en los sistemas asistenciales "abiertos" o "cuasi abiertos", donde el afiliado cuenta con la posibilidad de elegir el galeno con total amplitud, el deber de la obra social se limita a reparar las consecuencias dañosas derivadas de la omisión o denegatoria del servicio (art. 901, Cód. Civil).
Al respecto señaló que “... el afiliado tiene ante sí el amplio espectro de profesionales que en todo el ámbito de la provincia puede satisfacer, a su elección, su demanda de asistencia y a los que de no mediar su inserción en el sistema, le estaría tal vez vedado recurrir.”
“En esta modalidad, tal como lo señala Bueres, "se aglutina a través de la acción registral a todos o prácticamente todos los médicos o establecimientos sanitarios del lugar. En tales condiciones, el sistema asistencial se transforma en abierto o cuasi abierto, pues acuerda al beneficiario la posibilidad de elegir el galeno con total amplitud ... por lo que el deber de la obra social se limita a reparar las consecuencias dañosas derivadas de la omisión o denegatoria del servicio" (Bueres, Alberto J., "Responsabilidad civil de las clínicas y establecimientos médicos", págs. 81 y 82, puntos b y c, ed. Ábaco, 1981).”. Por último concluyó que en virtud de ello “...extender la responsabilidad a la mutual por la ineficiencia del galeno y/o de la clínica, sería algo así como hacer partícipe de la misma al Colegio de Médicos, por haberle admitido su colegiación, o a la Universidad por haberle otorgado el título habilitante (arts. 905 y 906, Cód. Civil).”.
La doctrina legal es aquella interpretación que la Suprema Corte hace de las disposiciones legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia (SCBA, causa N° 117.819 del 18-6-2014). Su objetivo es establecer una unidad interpretativa que hace al imprescindible el anhelo de otorgar seguridad jurídica a la comunidad.
La violación de la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 inc. 1° del CPCC se configura en el caso que un fallo sea dictado con injustificado apartamiento o inobservancia de un criterio jurisprudencial sentado previamente por esta Corte en casos análogos o de estrecha similitud.
Este Sala aplica la doctrina legal impuesta por la SCBA, por lo cual dado que el caso que aquí debe resolverse guarda similitud con aquellos precedentes en tanto se pretende hacer responsable a una obra social (OSECAC) por una deficiente prestación asistencial por parte de la Clínica, entiendo que corresponde decidir conforme aquella y modificar la sentencia en este aspecto, rechazando la demanda contra OSECAC, con costas por su orden atento la particularidad del caso (art. 68 CPCC).
d) Propuesta al Acuerdo De conformidad con lo previsto por los arts. 28, 33 y 42 de la CN; arts. 36 inc. 8 y 38 de la Constitución de esta Provincia; arts. 7, 1092, 1710, 1716, 1717, 1721, 1726, 1734 y conc. del CCCN; arts. 1 a 3, 5, 40 y 40 bis LDC; arts. 5 Código Provincial de Implementación de los Derechos de Consumidores y Usuarios - ley PBA, 13.133); arts. 8 y 9, ley 23.660 y 5 inc. "a", ley 23.661; doctrina legal de la SCBA arriba citada; art. 375, 384, 474 del CPCC; todas dichas normas y doctrina analizadas en su aplicación al caso en las consideraciones de hecho y derecho precedentes; propongo al Acuerdo modificar la sentencia, en el sentido que se deje sin efecto la condena a OSECAC, confirmando la responsabilidad de la Clínica Privada Independencia S.A.
2. Rubros indemnizatorios 2.1) Incapacidad sobreviniente a) El planteo La Clínica cuestiona la procedencia de la incapacidad establecida en la sentencia y de todas formas impugna la cuantía indemnizatoria. Por su parte la actora entiende que esta última es reducida.
b) El análisis i.El daño físico El daño está configurado por una lesión, que se define como una alteración a la contextura física y/o psíquica. En el primer supuesto comprende las contusiones, escoriaciones, heridas, mutilaciones y fracturas en general, alcanza todo deterioro en el aspecto físico o mental de la salud, aunque no medien alteraciones corporales.
Lo indemnizable es el daño que se traduce en una disminución de la capacidad de la persona en sentido amplio, que comprende la aptitud laboral y los restantes aspectos de su vida social, cultural, deportiva, etc. (art. 1737, 1738, 1739, 1740, 1746 del CCCN; en similar sentido Código Civil, art. 1086).
Es decir, que las afectaciones dan lugar a una indemnización en la medida que ellas importen una disminución de las funciones, sin que estas deban considerarse nada más que desde la óptica del trabajo, sino desde la plenitud psico-física de la que todo ser humano debe gozar como persona conforme al orden natural (Const. Nacional, art. 75 inc. 22; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. I; Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 3 y 8; Convención Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de San José de Costa Rica, art. 5.1, CPBA, arts. 10, 12 y 15).
ii. Daño psicológico El daño psicológico no constituye un capítulo independiente del daño moral o del material, sino una especie de uno o del otro (art. 1740, 1741, 1746 CCCN; conc. arts. 519, 522, 1068, 1069 y 1078 del Código Civil).
Las diferentes afecciones que puede sufrir una persona en su integridad psicofísica se resumen en una determinada incapacidad, la que no está conformada por estancos separados sino íntimamente vinculados. Dado esa característica esencial de la persona, cuando se evalúa su minusvalía deberán tomarse en cuenta todos los factores que la conforman.
En este sentido, aprecio correcta la posición que señala que la incapacidad psicológica no es un daño resarcible en forma autónoma, sino que se halla comprendida en el daño material o moral según el caso.
En efecto, el daño psíquico puede traducirse en un perjuicio material, por la repercusión en su patrimonio (arts. 1740 y 1746 CCCN) o bien en un daño extra-patrimonial o moral (art. 1741 CCCN), por los sufrimientos que haya producido (Aunque con referencia a la anterior codificación: Bueres, Alberto y Vázquez Ferreyra, Roberto, en “El daño a la persona en la jurisprudencia”, Revista de Derecho Privado y Comunitario. Daños a las personas, t. I, p. 293). Si se analiza la cuestión desde su resultado patrimonial, se advierte que en la disminución de la capacidad inciden tanto el aspecto físico como el psíquico. Por esta razón el daño psicológico, en tanto se pruebe su carácter irreversible, debe ser tratado como incapacidad sobreviniente. De no ser así habrá que tenerlo en cuenta al considerar el daño moral, sin perjuicio del tratamiento de recuperación que se imponga.
De lo contrario, si se tomasen como elementos independientes y se determinara la incapacidad total por la simple suma de ambos componentes, en ciertos casos podría arribarse a resultados que superarían el 100% de la capacidad de la persona.
Lo expresado avala, en mi criterio, que el daño psíquico – salvo el supuesto en que sea irreversible - no sea considerado a los fines del resarcimiento como un rubro autónomo y que en cambio se confiera lo necesario para su tratamiento.
Por ello cuando la pericial indique que la víctima debe efectuar un tratamiento, que ha sido determinado en tiempo, sesiones y valor de cada una de ellas, lo aconsejable es que la suma de dinero que se conceda por el rubro daño psicológico, equivalga al monto de dicha terapia. Por ello se ha entendido que corresponde tratar este rubro como costo del tratamiento.
iii. Daño estético Cuando se trata del resarcimiento del daño estético debe recordarse que no constituye un tercer tipo de daño, pues como lo he mencionado al considerar el daño psíquico, nuestro derecho sólo contempla el resarcimiento del daño patrimonial y el extra-patrimonial (arts. 7, 1737 a 1741 CCCN; conc. Código Civil, arts. 1068 y 1078). De tal modo el aspecto estético deberá resarcirse como daño material, en la medida en que influya en las posibilidades económicas del damnificado o lo afecte en su vida de relación; en su defecto podrá ser un elemento más para ponderar el daño moral o daño extra-patrimonial en la nueva terminología del CCCN, por el padecimiento espiritual que produce en toda persona la pérdida de la propia imagen corporal. Así lo ha reconocido nuestra Suprema Corte aun antes de regir la nueva codificación de fondo (SCBA, Ac. 52.258 del 2 de agosto de 1994, DJBA 147-177; causas de esta Sala nº 75.403, 82.662, 101.131, entre otras).
iv. Determinación pericial A efectos de determinar la existencia de una lesión y la medida en que ella incide en la plenitud de la persona, se hace necesario recurrir a la prueba pericial médica y psicológica en su caso.
En esta materia, corresponde atenerse a las conclusiones del informe del perito designado en la causa. No obstante, es sabido que el dictamen pericial no es vinculante para el juez. Por ello, podrá apartarse en forma total o parcial de sus términos cuando, tomando en consideración la competencia del perito, los principios científicos en que fundamenta su opinión, la concordancia de su aplicación con los principios de la sana crítica, en su caso las observaciones formuladas por las partes y los demás elementos de convicción que ofrezca la causa, lo lleven a la convicción de que la pericial no reviste la solidez científica para ser tomada como elemento de prueba (CPCC. art.474).
Es menester señalar que en numerosas oportunidades esta Sala se ha pronunciado con relación a la prueba pericial. Al respecto hemos dicho que los peritos son auxiliares de la justicia cuya misión consiste en contribuir a formar la convicción del magistrado quien no está obligado por las conclusiones de la pericial, la cual es sólo un elemento informativo sujeto a su apreciación (SCBA, Ac. y Sent. 1957-IV-54; 1961-V-490). Sin embargo ello no significa que pueda apartarse en forma arbitraria de la opinión fundada del perito idóneo por ser el profesional idóneo para expedirse sobre cuestiones técnicas y científicas que exceden los conocimientos y competencias del magistrado.
El informe pericial podrá ser desechado por el juez en todo o en parte, pero para ello en necesario que invoque razones muy fundadas, por cuanto el conocimiento que tiene el perito sobre su materia específica excede al de quien sólo tiene una formación jurídica (Fenochietto, Carlos E. – Arazi, Roland, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado con el CPCC de la Provincia de Bs.As.", Astrea, Bs.As., 1987, p. 524).
En esta causa, el perito médico legista, luego de examinar a la demandante, concluye que no corresponde fijar incapacidad en relación causal con el hecho que motivó esta litis y agregó que tampoco se observa la necesidad de tratamiento quirúrgico alguno (fs. 332 vta.). Estas conclusiones del galeno no merecieron observaciones. En lo que hace al daño estético, el perito médico ha informado que la dehiscencia de la herida quirúrgica, que afecta a la demandante, es la separación posoperatoria de la incisión que involucra todas las caras de la pared abdominal. La IH determinó una evolución tórpida de la herida quirúrgica y posterior dehiscencia. Aclara el experto que esas heridas no necesariamente generan dolor o picazón (fs. 332 vta.); en el caso de la actora se manifestó dolorosa a la palpación (fs. 330 vta.) y ligeramente hipocromática – aunque nada se ha señalado respecto la causa de esto último (característica de la piel, consecuencia de la infección u otros orígenes). La cicatriz que presenta la demandante no impide su limpieza. En cuanto a la entidad estética, en sí, preguntado por la parte demandante si existen cirugías que permitan resolver de modo favorable el aspecto que a la fecha del examen presentaba la cicatriz, el experto respondió “... no se observa la necesidad de efectuar tratamiento quirúrgico alguno” (fs. 332 vta.).
Ante tal afirmación podría concluirse que no media lesión estética, más allá de la propia de toda cesárea. Es que cualquier cirugía cesárea deja inevitablemente una cicatriz como toda herida que sufre la piel de una persona. O sea que aquí lo que habrá de ponderarse no es la existencia de una cicatriz en el abdomen de la mujer, propia de la práctica que se le debió realizar para que naciese su hijo, aspecto que no ha sido cuestionado, sino el mayor detrimento estético que esta haya producido con relación a lo que debió ser una cicatriz normal de cesárea.
Al respecto médico ha señalado que se produjo una evolución tórpida de la herida quirúrgica y posterior dehiscencia, esto es la separación posoperatoria de la incisión que involucra todas las caras de la pared abdominal. Pese a todo, habiendo transcurrido cuatro años y diez meses, aproximadamente desde el parto (25-2-2011) hasta la fecha de la evaluación médica (15-12-2016) el perito no observó “la necesidad de efectuar tratamiento quirúrgico alguno” (fs. 332 vta.).
En definitiva, en mi criterio, resulta que efectivamente hay una lesión estética, aunque del informe pericial no resulta que su gravedad sea de tal orden como para que amerite algún tipo de cirugía correctiva. Por tanto no se advierte el detrimento “mayúsculo” a que se alude en los agravios (fs. 398) porque ello no resulta compatible con el dictamen del perito. Concluyo que se trata de un daño moderado y así cabrá tenerlo en cuenta al tiempo de valorizarlo. La perito psicóloga describe la afección a nivel psiquis que el hecho de autos ha producido a la actora. No obstante señala que no puede estimar, previo a la realización del tratamiento sugerido si aquella podrá curarse o no. De ello se deriva que en el caso no se encuentra probado que la lesión psíquica sea irreversible como para ser tenida en cuenta a los fines de fijar una indemnización por incapacidad con sustento en ella.
En cuanto a las declaraciones de las testigos González y Novillo, a las que hace referencia la Sentenciadora, como elementos que corroborarían la existencia de incapacidad, considero que no corresponde tener en cuenta dicho elemento probatorio para determinar la minusvalía. En efecto, cualquiera sea su carácter, la prueba adecuada es la pericial respectiva y no lo que puedan ver exteriormente terceros que carecen de aptitud científica para ello o que aun teniéndola no hubieran examinado a la víctima de un hecho ni analizado su HC. Ya se ha visto que la pericial médica señaló que no existe incapacidad y que la psicológica, si bien indicó una minusvalía no se probó que fuese de carácter irreversible.
c) Propuesta al Acuerdo Por todo ello, de conformidad con lo establecido por los arts. 7, 1737 a 1741, 1744, 1746, y conc. del CCCN (en similar sentido arts. arts. 1068, 1069 y conc. del Código Civil); arts. 375, 384 y 476 del CPCC, postulo modificar la sentencia en este aspecto y desestimar la indemnización por incapacidad.
2.2. Tratamiento psicológico La condena a la demandada comprende una indemnización por tratamiento del daño psicológico. La Clínica cuestiona la procedencia de este concepto resarcitorio y a todo evento el monto establecido por ser elevado.
Para establecer la pertinencia una indemnización por tratamiento corresponde verificar dos supuestos: la existencia del daño psíquico y la indicación de su tratamiento por la pericial.
En razón de la naturaleza de las cuestiones planteadas, la pericial psicológica es la prueba de mayor relevancia, pues asesora al juzgador en temas que escapan en forma absoluta a su formación profesional (Causas n° SI-33266-2009, S 7-6-2018, RSD 71; nº SI-10683-2015, S 2-10-2018, RSD 115; n° SI-12973-2015, S 2-7-2018, RSD 82; n° 2127-6, S 27-4-2017, RSD 48).
Por ello resulta de una importancia decisiva recurrir, ante todo al informe pericial realizado por profesional idóneo en la materia.
Teniendo a la vista el referido dictamen, corresponde atenerse a las conclusiones allí vertidas por el perito designado de oficio, a menos que surja en forma manifiesta la incompetencia del experto o que los fundamentos brindados en su dictamen, ponderados a la luz de la sana crítica, las observaciones de las partes, y los demás elementos de convicción obrantes en la causa, adolezcan de clara insuficiencia (causas nº SI-23532-2012, S 27-4-2017, RSD 49; SI-27164-2012, S 30-5-2017, RSD 66).
Si bien el dictamen pericial no es vinculante para el juez, éste no puede apartarse de él de modo arbitrario. En tal sentido deberá tomar en consideración: a) la competencia del perito; b) los principios científicos en que se funda; c) la concordancia de su aplicación con los principios de la sana crítica; d) las observaciones formuladas por las partes y e) los demás elementos de convicción que ofrezca la causa (esta Sala, Causas ° SI-33266-2009, S 7-6-2018, RSD 71; nº SI-10683-2015, S 2-10-2018, RSD 115; n° SI-12973-2015, S 2-7-2018, RSD 82; n° 2127-6, S 27-4-2017, RSD 48).
El juez al resolver no puede quedar acorralado en frases sueltas o respuestas aisladas del perito, sino que debe lograr una visión de conjunto del cuadro real y completo que resulte de la prueba. Y ese cuadro en busca de la verdad tampoco puede consentir que tales frases sueltas o respuestas aisladas desdibujen la realidad (esta Sala, causa "Basso Lucía del Valle c/ Falzone, Álvaro y Otro/a s/ Daños y Perjuicios (Sumario)", n°SI-33266-2009, S 7-6-2018, Reg. 71).
En cuanto a la prueba pericial psicológica, valen las restantes consideraciones vertidas en la presente al analizar la incapacidad a las que me remita por razones d brevedad.
Del informe presentado por la licenciada en psicología que se expidió en esta causa, resulta:
Que existe un diagnóstico de base, conformado por “... una personalidad neurótica obsesiva con rasgos de personalidad evitativa, con un patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa. Una persona con estos rasgos fundamentalmente siempre estará atento a huir de la humillación y el rechazo. Es por ello que la “cicatriz” pareciera que la hubiera derrumbado” (fs. 288 vta.).
Que “... utiliza como mecanismos de defensa el control, represión, negación, inhibición, intelectualización y asilamiento afectivo” (fs. 288 vta.).
Que “... a raíz del accidente presenta daño psíquico: trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo 309.0 (F43.21) donde predomina el estado de ánimo bajo, la anhedonia y la desesperanza. Y es un trastorno persistente o crónico (de más de seis meses) (fs. 288 vta.).
Entre los “Hallazgos clínicos indicadores de daño psíquico y respuestas traumáticas”, menciona “...Se ve claramente la sobreimplicancia de la actora con su hijo. Lo coloca en primer lugar con manos y pies tipo garra lo que habla de impulsos hostiles hacia él que están absolutamente reprimidos. Las paredes de la casa y las paredes están desmoronándose: lo que habla de débil control yoico. Ya ha dejado de luchar. Las transparencias estarían dando cuenta de angustia y miedo... se observa una marcada inhibición a la posibilidad de cambio lo que habla de un estado total de desesperanza... ansiedad sexual...
sensación de no poder obtener ninguna gratificación externa lo que fortalece su ánimo depresivo.” (fs. 286 vta. y 287).
En relación al test del pasado, presente y futuro, indica que “...Su referencia concreta a su pánico de tener otro hijo ya hace ver que el daño se ha instalado hasta en lo discursivo. Su pánico pareciera no ser sólo el tema de la cicatriz sino por el ahogo en que se encuentra en su rol de madre por la cual inconciente (sic) que siente por la presencia de Ramiro (aclaro, por mi parte, que se refiere a su hijo) y que al ser inadmisible sentir lo reprime anulándose como persona tanto en su rol de mujer, amiga, amante y trabajadora.” (fs. 287).
En lo referido al test de Bender explica que se puede “... sospechar problemas que fueron condicionantes de lo traumático...” (fs. 287 vta.).
Con motivo del test de Roschard dice que “Se observa claramente un daño que quedó incrustado en cierto estado de confusión que le generan sentimientos que no puede elaborar y la paralizan, la congelan en los afectos” (fs. 290 vta.).
Al responder el punto pericial 1 de la actora, contesta que “El trastorno de adaptación consiste en un desarrollo de síntomas emocionales o del comportamiento en respuesta a un factor de estrés identificable que se produce en los tres meses siguientes al inicio del factor de estrés” (fs. 291).
Agrega que “...aún hoy persisten los síntomas, habría que clasificarlo como un trastorno adaptativo con estado de ánimo deprimido...” (fs. 291).
Que el hecho de autos la afectó psíquicamente, conformando la figura de daño psíquico, dado que le ha dejado secuelas incapacitantes (fs. 291).
Al responder el punto pericial 3 de la demandante, expresa que “La actora presenta como personalidad de base previa ciertos rasgos de personalidad de tipo evitativa. Esos rasgos presentan un patrón general de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa. Estas características de personalidad están asociadas con una mayor vulnerabilidad para la angustia situacional. Un estilo de afrontamiento evitativo es siempre un factor de riesgo para que se instale un trastorno de adaptación, ante situaciones de estrés, porque los altos niveles de afecto negativo proponden (sic) a percibir con mayor gravedad el evento traumático.” (fs. 291 vta).
Que la demandante vio “... modificada su vida a raíz de las consecuencias psíquicas que motivaron los autos. En la actualidad y como consecuencia de los hechos de autos, se encuentra con secuelas deficitarias de fuerte connotación devaluante y limitativa para el desarrollo de su vida integral, afectiva y productiva... padece una alteración de su funcionamiento psíquico – defensivo, compensatorio. Las evaluaciones psicológico forenses dan cuenta de la presencia de padecimientos en la esfera psíquica, esto es; “daño psíquico” que guarda relación de causalidad con el hecho de litis, de índole reactivo, lo cual le dificulta su vida normal en plenitud” (fs. 291 vta.).
En ocasión de expedirse sobre el punto pericial 6 (actora) dice que “Ni desde su discurso, ni de lo que se infiere de las técnicas realizadas, pueden observarse...” fobias al sufrimiento corporal y tampoco a las prácticas médicas, fuera de lo que implica una cesárea (fs. 292).
Con motivo de todo ello recomienda que la reclamante realice un tratamiento psicoterpéutico individual de características focales, para asistir, fundamentalmente, los aspectos intrapsiquicos tendientes a la elaboración de la situación traumática vivida. En cuanto a su duración la estima en no menos de dos años con frecuencia semanal. Por último indica que no puede, previo al tratamiento, determinarse si la actora podrá o no curarse (fs. 292) Ante la solicitud de la actora (fs.298), responde que sin perjuicio de no poder determinarse cuál será la situación luego del tratamiento, al tiempo de ser evaluada presentaba una incapacidad psíquica que estimó en un 20%, según el Baremo para daño neurológico y psíquico de Castex (fs. 309); luego agrega que el daño padecido es moderado Con motivo de las aclaraciones pedidas por la Clínica (fs. 306 y 307), aclara que en la incapacidad dictaminada (20%) no se incluye la que pudiera corresponder a su personalidad de base, pues según doctrina que cita, los rasgos característicos de la personalidad de un sujeto no implican un estado patológico previo, sino características propias de la personalidad del sujeto; es decir, no constituye un cuadro psicopatológico previo. El hecho traumático puede producir el agravamiento de tales características, apartándose de la normalidad (fs. 310 vta.)
Luego de leer el informe presentado por la psicóloga y habiendo transcripto los aspectos que aprecio más relevantes, considero que las respuestas brindadas a las cuestiones planteadas por las partes no pueden ser tomadas en forma aislada ya que conducirían a conclusiones equivocadas sino que deben ser apreciadas en conjunto de modo que puedan armonizarse las diferentes respuestas y fundamentos expresados. En ese sentido cada respuesta viene condicionada por los términos de la pregunta y por lo tanto sólo refleja, en forma individual, una parte de la verdad pero no la verdad misma de lo sucedido. Debo destacar que no me apartaré de las conclusiones de la perito sino que relacionaré sus respuestas de modo que sean congruentes. De tales antecedentes advierto que la actora, antes del evento, tenía “una personalidad neurótica obsesiva con rasgos de personalidad evitativa, con un patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa. Una persona con estos rasgos fundamentalmente siempre estará atenta a huir de la humillación y el rechazo (fs. 288 vta). Sin perjuicio de ello, señaló la perita, que los rasgos característicos de la personalidad de un sujeto no implican un estado patológico previo, sino características propias de su personalidad; es decir, no constituye un cuadro psicopatológico previo. Lo que ocurre es que el hecho traumático puede producir el agravamiento de tales características, apartándose de ese estado preexistente que para la afectada era su normalidad (fs. 310 vta.).
Aprecio que ello es lo que ha ocurrido claramente en el caso de la demandante. La situación vivida como consecuencia de la IH actuó acentuando los rasgos de su personalidad, de por sí caracterizada por ser “evitativa, con un patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa.” Señaló la experta que una persona así “...siempre estará atenta a huir de la humillación y el rechazo.”
La posibilidad de que la personalidad de base actúe como concausa del daño psíquico ha sido considerada por la jurisprudencia (CC, 2ª, Sala 1, La Plata, causa n° 94.262, RSD-149-1, S 29-5-2001, “De San Miguel, Darío Luis c/Rocuzzo, Paula C. y otros s/Daños y perjuicios”; CC 1ª Sala 3, La Plata, causa n° 218.463RSD-216-94, S 30-8-1994, “Tissera, Norberto Nelson c/Torres, Marisa y otro s/Daños y perjuicios” - JUBA.
Por todo ello entiendo que no corresponde admitir en su totalidad el agravio de la Clínica en cuanto niega la existencia de daño psicológico. No obstante debe reconocerse que en la generación del daño como en su extensión, la personalidad de base ha actuado como concausa. En efecto la IH sin duda produjo un padecimiento, del cual se derivó dolor y angustia, lo cual permitió que la lesión psicológica se produjera y ello con los alcances descriptos en la pericial. Adviértase que, con nitidez, la perito ha señalado que la demandante, en forma previa a los hechos (personalidad de base) ya era una persona “evitativa, con un patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa” y es de pura lógica que tales síntomas no se condicen con una sensación de plenitud psíquica y un estado de bienestar psicológico.
Estas circunstancias impiden, desde mi punto de vista, aceptar que se atribuya en su totalidad al hecho imputable a la demandada la producción del daño y su extensión, debiendo distribuirse en forma equitativa, ya que las partes no han instado a que se dilucide en qué proporción ha incidido el antecedente de la actora, posibilidad probatoria que ha estado al alcance de ambas en igualdad de condiciones, dado el tipo de prueba de que se trata. En este aspecto, nada impide a la víctima que pretende un resarcimiento basado en su alegada lesión demostrar su verdadero alcance, pues es ella la interesad en el resarcimiento. Diversa es la cuestión y no puede llevar a confusiones, la protección especial que como consumidora tiene en cuanto a la relación de causalidad, analizada en el punto 1 de este apartado III. Otra cuestión es la prueba del daño en sí mismo (la lesión, la muerte, el mero daño material) y su extensión.
Del mismo modo corresponderá distinguir cuando se aborde la cuestión atinente a la psicoterapia, pues como se ha dicho si según la pericial la parte actora al momento de la experticia, presentaba una sintomatología que "...se encontraba en la base de su personalidad... y que sólo se vio agravada por el ilícito acaecido; no considero ajustado a derecho que el demandado deba correr con el integral costo de todas las sesiones citadas. El mismo - atento la existencia de la referenciada concausa - debe, ser soportado -en partes iguales- por el actor y por el demandado” (CC0002 QL, causa n°3.057, RSD-141-2, S 11-9-2002, “Caravaca, Cristian c/Plesofsky, Alicia Rosa s/Daños y Perjuicios”, JUBA). Por lo dicho, teniendo en cuenta lo informado por la experta, de lo cual no resulta que el daño sea irreversible, he de concordar con la Magistrada de la anterior instancia, en cuanto a que en el caso lo que corresponde es atender al costo del tratamiento tendiente a la remisión del perjuicio sufrido.
El daño psíquico en sí deberá ponderarse, con el alcance arriba analizado en cuanto a la existencia de concausa, al momento de valorar la indemnización por daño moral y considerar, aquí sólo el tratamiento.
En función de lo dicho, tomaré en consideración el tratamiento semanal aconsejado, por el plazo de dos años y el costo por sesión que fija esta Sala, en la suma de $ 550 (causa N° 1.954/2016, S 24-5-2018), a efectos de lograr la reparación integral del daño (1737 a 1740 y 1746 del CCCN). c) La propuesta al Acuerdo En virtud de lo dispuesto los arts. 7, 1092, 1093, 1737 a 1740 y 1746 del CCCN; arts. 5 y 40 de la ley 24.240; arts. 375, 384, 474 y concordantes del CPCC, aprecio que la suma de $ 96.000, para atender el tratamiento psicológico, es elevada, por lo cual postulo que se reduzca la suma de $ 57.200.
Asimismo, en virtud de la con-causalidad probada, dicho importe se reduce a la cantidad de $ 28.600.
2.3 El daño extra-patrimonial a) El planteo La sentencia reconoce a existencia de daño moral y establece como indemnización la suma de $ 400.000. Ambas partes y con criterios opuestos en cuanto al alcance de dicho resarcimiento expresan sus agravios. La Clínica cuestiona la procedencia y cuantía de la indemnización, sostiene:
Que sin negar ni desconocer los sufrimientos que padeció la actora, no fueron causados por de su parte. Que si no hubo ilícito ni incumplimiento contractual, no hay daño moral que reparar; por ello los padecimientos de la reclamante no pueden ni deben serle indemnizados ya que no hay relación causal que lo justifique, ni hecho alguno que válidamente le sea imputable a la demandada.
Que la Señora Jueza aseguró que la demandante sufrió una IH, pero tal circunstancia en ningún momento quedó plasmada.
Que, a todo evento los profesionales intervinientes tomaron aún mayores recaudos que los recomendados a fin de brindarle a la actora la mejor atención médica.
Que la Magistrada le achaca responsabilidad por una cicatriz, pero que ello es consecuencia inevitable de la operación.
Que la realización de una cesárea, tal como lo reconoce el perito médico se hallaba indicada en el caso de autos. Que resulta aún más arbitrario el siguiente párrafo: “Estimo a la par que el recién nacido también ha sufrido al no poder contar con el contacto y la alimentación materna en sus primeros días de vida, tal como lo han referido las testigos, y no puede desconocerse que hoy el art. 1741 también reconoce su legitimación para reclamar una compensación por ese injusto daño. Si bien no hay un reclamo autónomo en este sentido, he de considerarlo incorporado al reclamo de su madre”. Señala que a pesar de que nunca se lo solicitó de ninguna forma una reparación para el menor la Señora Jueza, incorporó un reclamo que no sólo no fue realizado en nombre del niño sino tampoco por su madre por ver algún padecimiento de éste; por ello la sentencia adolece del vicio de incongruencia en la tipología “sentencia extra petita, pues concede algo distinto a lo peticionado al introducir cuestiones no planteadas por las partes y ajenas de este modo a la relación jurídico – procesal Que, además, el monto de la condena resulta, sin fundamentación alguna, completamente ultrapetita, por cuanto el reclamo era por la suma de $150.000 y se le reconocieron $400.000.
Que por ello la condena, por daño moral debe revocarse y en defecto de ello, pide se reduzca su monto de modo considerable.
La demandante responde en el sentido que nada conduce a desconocer ni reducir la indemnización acordada. Dicha parte, a su vez dice se agravia porque entiende que la indemnización no guarda relación con los sufrimientos padecidos y que la inclusión del daño estético en aquél valor se torna imperceptible, pese a lo indicado en tal sentido por la Señora Jueza (fs. 372 vta.).
b) El análisis i La arbitrariedad – sentencia extra-petita La Clínica afirma que la sentencia adolece de arbitrariedad por dos motivos: en primer lugar por conceder indemnización por daño moral por el niño que nació y se vio privado de estar con su madre y ser alimentado por ella; el segundo aspecto es por conceder una suma superior a la peticionada.
En virtud de ello analizaré ante todo el planteo relativo al alcance extra-petita.
La Sentenciadora expresa “Estimo a la par que el recién nacido también ha sufrido al no poder contar con el contacto y la alimentación materna en sus primeros días de vida, tal como lo han referido las testigos, y no puede desconocerse que hoy el art. 1741 también reconoce su legitimación para reclamar una compensación por ese injusto daño. Si bien no hay un reclamo autónomo en este sentido, he de considerarlo incorporado al reclamo de su madre.” (fs. 373 vta.).
La Suprema Corte provincial tiene decidido en forma reiterada que “Está vedado a los jueces dictar sentencia "extra petita", esto es apartándose de los términos de la relación procesal y decidiendo en forma distinta a la pedida por las partes, pronunciándose sobre cosas no planteadas en los términos de demanda y contestación; caso contrario se infringiría el principio de congruencia entendido el mismo como la correspondencia entre la sentencia y el pedimento formulado respecto de las personas, el objeto y la causa.” (SCBA, LP, C 102009, S 18-6-2014, “Rosetti, Héctor Hugo y otros c/Banco de la Provincia de Buenos Aires. s/Acción de revisión”; SCBA, LP, Ac 65193, S 3-11-1999, “Puebla de López, Juliao, Feodora y otra c/Cooperativa Industria, Textil, Argentina de Producción y Consumo Ltda. s/Cobro sumario”; SCBA, LP, Ac 60401, S 8-7-1997, Freites, Héctor O. c/Provincia de Buenos Aires s/Daños y perjuicios”, AyS 1997 III – JUBA).
La sentencia en crisis asume que la criatura nacida sufrió al “...no poder contar con el contacto y la alimentación materna en sus primeros días de vida...”. Esta es una circunstancia no invocada por la actora en su demanda y que aun siendo una posibilidad, no sólo no se ha probado, sino que tampoco necesariamente ha de ser así. En la decisión apelada se reconoce que tal pretensión no ha sido planteada en forma autónoma pero por tratarse de un derecho del niño estaría incorporado al reclamo de la madre. No dice que sea en razón del sufrimiento de la madre por el alejamiento, etc. respecto de la criatura – circunstancia que como he expresado no sólo no ha sido invocada sino tampoco probada -; expresamente hace alusión al sufrimiento del recién nacido y a su derecho.
Entiendo que la sentencia en este punto ha excedido los límites que impone el principio de congruencia (art. 163 CPCC), los derechos de igualdad de las partes (art. 16 CN) y defensa en juicio (art. 18 CN). En efecto, introduce una cuestión que no fue oportunamente incorporada a la controversia, sin que media una razón legal que obligue a ello.
No obstante aprecio que declarar la nulidad de la sentencia constituiría un exceso en la tutela de los derechos involucrados, desde que en el marco de la apelación el tema puede ser subsanado, ajustando, en su caso, la admisión del rubro daño moral al límite que permiten los términos en que ha quedado trabada la litis. En otras palabras, no corresponde considerar comprendido en el reclamo de la madre el pretendido derecho del menor a un resarcimiento. ii.ii La cuantía de la indemnización Dado que se trata de una relación de consumo resulta de aplicación, como lo he mencionado más arriba, lo establecido en el art. 7 último párrafo CCCN, por lo cual en el caso corresponde atenerse a lo normado por los arts. 1737, 1738, 1739, 1740 y 1731 del nuevo ordenamiento. Esto por cuanto los alcances del art. 1738 resultan más extensos que el derogado art. 1078. En efecto, se señala en el Código comentado bajo la dirección de Lorenzetti, que la referencia del precitado artículo a las afecciones espirituales legítimas, le confiere al daño moral un contenido amplio, que abarca todas las consecuencias no patrimoniales. Y agrega que En ese sentido ha descendido notoriamente el "piso" o "umbral" a partir del cual las angustias, molestias, inquietudes, zozobras, dolor, padecimientos, etcétera, determinan el nacimiento del daño moral, acentuándose la protección de la persona humana. Por último expresa que el esquema de pensamiento ha girado desde el inicial "precio del dolor” al actual "precio del consuelo", llegándose también a sostener la existencia de "daños morales mínimos", en base a la constitucionalización de la tutela de la persona humana ("Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", Director Ricardo Luis Lorenzetti, Rubinzal - Culzoni Editores, Tomo VIII, p. 485).
Esta mayor amplitud obedece, como lo señala el autor antes citado, a que la nueva legislación ha optado por un criterio según el cual el daño es la lesión de (...) un interés jurídico, entendido como la facultad de actuar del sujeto para obtener el bien jurídico objeto de satisfacción o la expectativa lícita de continuar obteniéndolo (ob. cit., p. 475).
Además, en casos como el que nos ocupa, debe tenerse presente que la unificación de la responsabilidad civil ha eliminado las diferencias conceptuales y estructurales entre daño extracontractual y daño contractual, los que quedan asimilados, configurándose un régimen unitario en materia de daños a las personas, aunque subsistan ciertas previsiones especiales para los supuestos de imposibilidad de cumplimiento de la obligación (art. 1732).
También deberá tenerse en cuenta el daño estético que afecta a la demandante con la extensión que he considerado al tratar la cicatriz que le ha quedado.
En cuanto al monto por el cual prospera el daño moral, la recurrente dice que ha sido fijado extra petita. Ello no es así toda vez que la actora dejó supeditada la indemnización por este concepto a lo que en más o en menos determinase el juez.
Sobre esta cuestión debe tenerse presente que como lo ha expresado el Dr. De Lázzari: "Se trata de no dar al reclamante más de lo necesario para borrar el perjuicio sufrido, evitando de este modo que se enriquezca injustamente; pero se trata también de no darle menos, transformando la reparación en algo ilusorio, simbólico o simplemente inconducente a los fines perseguidos" (Mosset Iturraspe, "El valor de la vida humana", p. 87 y sgtes., cfr. Matilde Zavala de González, "Cuánto por daño moral", "La Ley", suplemento del 30/IX/1998, nº 186, p. 1 y sgtes.). "El juez, en cada caso concreto, teniendo en consideración las circunstancias del hecho, la conducta del agente, la situación existencial, individual y social del damnificado, condena a la reparación y equitativamente (lo que no significa arbitrariamente o en ausencia de normas jurídicas, o en base a sus puros sentimientos).
Es decir, procurando que la condena realice la justicia conmutativa. Tal el significado que debe darse al prudente arbitro judicial que se reclama en la aplicación de las normas generales ("Zannoni, "El daño en al responsabilidad civil", 2da., ed., p. 353) (...) "La remisión al monto reclamado en la demanda, finalmente, en mi criterio carece de relevancia en atención a las circunstancias de la misma. En dicha presentación inicial fue consignada la cantidad en forma tentativa o provisional, pues el importe definitivo quedó remitido "a lo que en más o en menos resulte de la prueba a producir". Ello trasunta, antes que la voluntad de atarse rígidamente a un cálculo o estimación final, la intención cierta de someter el aspecto cuantitativo al prudente criterio judicial.
Al así haberse esbozado la pretensión quedó posibilitada ampliamente la bilateralidad del contradictorio y asegurado el debido proceso, con audiencia, igualdad y garantías plenas. En este sentido, ninguna razón, ningún motivo, ningún fundamento podría aducir la demandada en orden a supuesta lesión a su defensa. Porque supo desde el principio que el reclamo quedaba instalado en la cauta estimativa judicial, que tendría y tendrá lugar sobre la base del mérito que arrojen las constancias de la causa. No hay, en fin, apartamiento de las pretensiones enunciadas al trabarse el diferendo, ni temas que no hayan sido estrictamente introducidos por las partes en el pelito (conf. CSJN, Fallos: 270:162; 271:402; 276:111).
Entonces, si ninguna indefensión puede hallarse, mal podría hacerse genérica invocación de los principios dispositivos y de congruencia (véase Amílcar Mercader, "El resarcimiento integral en la perspectiva procesal", en Revista Jus, nº 3, p. 150 y sgtes.)" (SCBA, "Cardozo, Gerardo L. y otro c. Provincia de Buenos Aires", Ac. 66.733, 23/05/2001, Publicado en: LLBA 2001, 1351; Cita online: AR/JUR/810/2001)".
Asimismo, señaló el Señor Juez de la Suprema Corte, que “En lo que atañe al rubro daño moral (…) esta Corte ha resuelto que no media infracción legal, aún cuando la sentencia otorgue una indemnización mayor a la reclamada en la demanda si en ésta quedó aquélla librada a lo que, en más o en menos, resulte de la prueba (Art. 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; (Conf. causas Ac. 67.732, sent. del 24-II-1998; Ac. 81.476, sent. del 23-IV-2003), como acontece en la especie y puede apreciarse del escrito postulatorio (…) A ello corresponde agregar que la determinación del monto de este rubro depende en principio del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido sin que sea necesaria otra precisión, siendo su valoración cuestión privativa de los jueces de grado, irrevisable, en principio, por la Corte, salvo el supuesto de que resulte absurdo o irrazonable (Conf. Ac. 68.210, sent. del 22-XII-1999; Ac. 92.448, sent. del 30-III-2005)” (SCBA, causa C. 102.641, "B. , L. V. y otros contra 'Furfuro S.A. y otros. Daños y perjuicios. Cesación de molestias", 28/9/2011, JUBA 21.528; ídem, causa Ac. 81.476, “Marti, Pablo Fabián c. Core y/o Roldán Manuel y/o quien resulte propietario. Daños y perjuicios”; ídem, causa Ac. 53.743, "González de Verini, Lidia Juana y otros c. Von Ech, Hugo Omar y otros. Daños y perjuicios", 5/12/1995, JUBA 21.528). Por los referidos fundamentos no puede prosperar el agravio relativo a que se ha concedido más de lo solicitado en el escrito inicial.
Con dicha salvedad considero que la actora ha sufrido un daño extra-patrimonial como consecuencia del padecimiento derivado de la IH cuyos alcances paso a analizar.
A tal fin tengo presente las molestias físicas propias de todo lesión infectada, el dolor del mismo orden que ello genera; la angustia que produce en quien padece una complicación como la que afectó a la demandante; que a raíz de ello debió ser internada una segunda vez, luego de su primer alta, con todas las incomodidades que conlleva estar hospitalizado; la lesión estética con las consideraciones arriba analizadas sobre su extensión; la incapacidad psicológica temporaria y la necesidad de su tratamiento, en la proporción que corresponde tenerla en cuenta conforma las conclusiones arribadas al analizar su procedencia.
c) La propuesta al Acuerdo En virtud de todo lo expresado, teniendo en cuenta, asimismo, la edad de la paciente a la fecha de los hechos (31 años), su ocupación (empleada en casa particulares), de estado civil casada, sus estudios de nivel primaria cumplidos; con un hijo; lo dispuesto por los arts. arts. 1737, 1738, 1739 y 1741 del CCCN (en similar sentido arts. 1068, 1069 y 1078 concordantes del Código Civil); arts. 375, 384, 474 y conc. del CPCC, valoro que la suma de $ 400.000 resulta elevada, por lo cual propongo al Acuerdo reducirla a $ 300.000.
2.4. Tasa de interés aplicada a. El planteo La Magistrada manda a pagar intereses al interés puro del 6% anual desde el 25-2-2011 a la fecha de quedar firme la sentencia. A partir de la mora en su cumplimiento a la tasa pasiva más alta que publique el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
La actora se queja de esta decisión pues dice que es contraria a la doctrina legal vigente y de la jurisprudencia de esta Sala. b. El análisis Este Tribunal se ha expedido en anteriores decisiones siguiendo el criterio adoptado por el Máximo Tribunal Provincial, en la causa C. 119.176, "Cabrera, Pablo David contra Ferrari, Adrián Rubén s/ Daños y perjuicios, de fecha 15-6-2016, en el cual aplicó la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago (causas. 5.293/2015, sent. del 6-6-2017; 6.625/2011, sent. del 4-7-2017; 5.655/2013, sent. del 21-9-2017; 21.808/2012, sent. del 24-10-2017; 26.607/2012, sent. del 4-7-2017; 14.729/2015, sent. del 25-5-2018).
No obstante la Suprema Corte de Justicia de esta Provincia en dos fallos dictados en el año en curso (C. 120.536, "Vera, Juan Carlos contra Provincia de Buenos Aires”, 18-4-2018 y C. 121.134, "Nidera S.A. contra Provincia de Buenos Aires”, 3-5-2018), ha considerado el supuesto en que la sentencia fije la condena a valores "actuales". En tal sentido entiende que tal proceder, pese a no identificarse con las operaciones estrictamente indexatorias, se asemeja a ellas en cuanto evidencia una respuesta frente al impacto negativo de factores económicos notorios. Señaló que se adecua a lo que prescribe el art. 772 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en orden a las denominadas deudas de valor; y que en el caso de estimarse a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, resulta congruente con esa realidad económica liquidar los intereses devengados hasta ese momento aplicando una tasa de interés puro, como se lo ha hecho en otros períodos, con motivo de todas las modalidades de actualización. De tal modo se obtiene “el accesorio destinado a la retribución de la privación del capital, despojado de otros componentes”. También consideró la Corte que debe emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito. De tal manera, dispuso “… que para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la ya mentada alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio conforme el dies a quo establecido en la sentencia, y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.). De allí en más, resultará aplicable la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce"; L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Vemos así que la Corte ha introducido una diferenciación en materia de intereses según se trate de deudas a valores históricos o actuales debiendo utilizarse diversas tasas según dicha pauta.
Los aludidos precedentes “Vera” y “Nidera”
determinaron que esta Sala adoptara la nueva doctrina legal (causa n° SI-12973-2015, “Alderete Vanina Jaqueline c/ Motza Microomnibus Tigre S.A. y Otro/a s/Daños y Perj. Autom. S/Lesiones (Exc. Estado)", S 2-7-2018, RSD n°82).
La sentencia apelada establecía los importes de condena a valores al tiempo de su pronunciamiento, por lo cual resultaba adecuada a la doctrina legal vigente.
No obstante, en atención a que se establecen nuevos montos de condena a valores actuales, es decir al tiempo de este pronunciamiento, la tasa de interés del 6% deberá computarse desde el día indicado en el fallo apelado (25-2-2011) y hasta la fecha de quedar firme esta pronunciamiento (conforme pauta impuesta en la instancia de origen); a partir de la mora y hasta el efectivo cumplimiento se deberán liquidar intereses a la tasa pasiva digital más alta que publique el Banco de la Provincia de Buenos Aires. c) La propuesta al Acuerdo A mérito de todo lo expresado propongo al Acuerdo confirmar lo decido en la sentencia en cuanto a los intereses, modificando sólo los períodos de su cómputo como consecuencia de la modificaciones de los valores que contiene este pronunciamiento. Por lo tanto, postulo que se liquiden los intereses al 6% desde el día 25-2-2011 y hasta la fecha de quedar firme esta pronunciamiento; a partir de la mora y hasta el efectivo cumplimiento, a la tasa pasiva digital más alta que publique el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
IV. Las costas de la Alzada En mérito a la forma en que se propone resolver los agravios planteados, entiendo que las costas de esta Alzada deben imponerse: a) Por el recurso de la actora, en un 65% a dicha parte vencida (arts.68); el 35% restante correspondiente a los intereses, por su orden atento el cambio de doctrina legal (art. 68 y 71 CPCC). b) Por el recurso de la Clínica 30% a dicha parte y el 70% a la actora (art. 71 CPCC). c) Por el recurso de OSECAC en el orden causado, tanto las de primera como las de segunda instancia (art. 68 y 274 CPCC).
Por todo ello y los fundamentos expuestos, voto por la afirmativa.
Por los mismos fundamentos el señor juez doctor Ribera vota también por la afirmativa.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede se modifica la sentencia apelada en el sentido que: 1) se rechaza la demanda contra Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles. 2) se desestima la indemnización por incapacidad; 3) se reduce el resarcimiento por daño moral a $ 300.000 (pesos trescientos mil); 4) se reduce el importe para tratamiento psicológico a $ 28.600. Se confirma en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravios.
Las costas se imponen a a) Por el recurso de la actora, en un 65% a dicha parte; y el 35% restante correspondiente a los intereses, por su orden. b) Por el recurso de la Clínica 30% a dicha parte y el 70% a la actora. c) Por el recurso de OSECAC en el orden causado, tanto las de primera como las de segunda instancia.
Se difiere la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31, 51 del decreto ley 8.904/77 y arts. 51 ley 14.967 y 7 CCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase a la Instancia de origen.
Carlos Enrique Ribera Hugo O. H. Llobera Juez Juez Santiago J. Lucero Saá Secretario
Fin de la sentencia