Abriendo la norma
Cámara Primera Civil y Comercial Sala III de San Isidro · Causa 36.705
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución recurrida. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado (art. 69 del C.P.C.C.).
En la ciudad de San Isidro, a los 28 días del mes de febrero de 2019, se reúnen en Acuerdo las señoras Jueces de la Sala Tercera de la Excma. Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro, Doctoras María Irupé Soláns y Silvina Andrea Mauri, para dictar sentencia interlocutoria en el juicio: "Ferrer, María Cecilia c/ Marin, Rafael Cristian s/ incidente del art. 250 del CPCC"; causa nºSI-36.705/2012; practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal), resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: doctoras Soláns y Mauri, resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, la señora Juez Dra. Soláns dijo:
I. A fs. 23/5, de este incidente, el Sr. Juez a quo rechazó las excepciones de falta de legitimación y falta de acción interpuestas por el demandado, que reclamaba el cese de cuota alimentaria establecida para su ex cónyuge.
Para así decidir entendió que la cuota alimentaria fue fijada por sentencia firme durante la vigencia de la ley anterior y habida cuenta que la ley no tiene efecto retroactivo y no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales, el derecho adquirido respecto de la cuota alimentaria establecido antes de la vigencia de la ley anterior, no puede ser alcanzado por el CCyC.
II. Esta resolución fue apelada por la demandada a fs. 28, conforme memorial de fs. 34/8, que fue contestado por la actora a fs. 40/2. Se agravia el demandado porque sostiene que no se encuentra en discusión que la actora tiene una sentencia dictada con el régimen anterior, y que reconoció su derecho a reclamar alimentos por su condición de cónyuge inocente en el divorcio, sin embargo reconoce un derecho que la nueva ley no contempla, de allí que de ningún modo puede mantener sus efectos ex nunc, dado que no hay derecho adquirido respecto de la cuota fijada. Alega que, como se trata de una obligación cuyas prestaciones se devengan mes a mes –tracto sucesivo-, hacia el futuro, es de aplicación el nuevo ordenamiento legal conforme lo estipula el art. 7 del CCyC, sin que ello importe la retroactiviodad de la ley. Expone que se encuentra fuera de duda que la aplicación de la nueva ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales; que la aplicación de la nueva ley a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes tiene el mismo límite que la retroactividad; sin embargo lo que escapa a la cuestión analizada, a la luz del criterio del Juzgador, es que el CCyC sólo prohíbe que la retroactividad de la ley afecte esos derechos, más no su aplicación a consecuencias jurídicas posteriores derivadas de los mismos, eficacia temporal que no está sujeta a la misma prohibición que la prevista para la retroactividad.
Indica que la afectación de un derecho amparado por garantías constitucionales, como sostiene equívocamente el juez, no es tal ya que por aplicación de la nueva normativa no hay razón alguna para continuar en el futuro con el pago de la prestación alimentaria a la que le son aplicables las normas de la nueva ley. Por otro lado, afirma que la cosa juzgada en materia de alimentos no es absoluta, no es razón suficiente para continuar en el futuro con una prestación alimentaria que obliga al deudor a mantener al otro cónyuge en el nivel económico del que gozaron durante la convivencia porque la cosa juzgada relativa a las prestaciones alimentarias es siempre débil. Aduce que en el caso nos encontramos con una sentencia declarativa de derechos nacidos en períodos sucesivos, como es la prestación alimentaria, debiendo aplicarse la ley derogada a los períodos transcurridos durante su vigencia y la nueva a los posteriores.
Menciona que nuestro código actual se apartó de la regla de los derechos adquiridos del art. 3 del código anterior, en consecuencia, respecto de la misma sentencia se deben aplicar ambos ordenamientos.
Expresa, por otro lado, que el derecho de propiedad reconocido en la Constitución Nacional no es absoluto, sino sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio y en este acaso esas leyes permiten aplicar las nuevas a las consecuencias de las relaciones existentes sin dejar a salvo los derechos adquiridos, como lo hacía la anterior.
Concluye que los argumentos vertidos permiten demostrar la falta de apoyo legal en la decisión del sentenciador, dado que no hay un derecho adquirido de la actora para reclamar las cuotas alimentarias en ejecución, lo que explica que la nueva ley pueda modificar o dejar sin efecto para el futuro el derecho alimentario, no obstante estar reconocido en una sentencia, sin que ello implique afectar la mentada garantía constitucional de propiedad, contrariamente a lo sostenido por el Juez.
III. Antecedentes relevantes El 22 de mayo se decretó el divorcio vincular de las partes por culpa del demandado (art. 202 incs. 1, 4 y 5 del CC), por sentencia que se encuentra firme (fs. 18 vta).
El 28 de junio de 2013 se dictó sentencia condenando al demandado a abonar alimentos a la actora en su carácter de cónyuge inocente por la suma de $ 5000 mensuales –arts. 207, 208, 209, 218 del CC- (fs. 1 a 10 del presente incidente).
A fs. 11/15 obra la sentencia de segunda instancia, dictada el 13 de mayo de 2014, confirmando la resolución apelada.
El 1 de diciembre de 2017, la actora solicita se intime al accionado a abonar la cuota alimentaria fijada (fs. 16).
A fs. 18/20 el demandado interpone excepción de falta de acción, alegando el cese de la cuota alimentaria por aplicación del CCyC. A fs. 22 contesta la actora el traslado conferido.
A fs. 23/5 se dicta la resolución en crisis.
IV. Análisis de la resolución apelada en función de los agravios. En primer lugar cabe dejar sentado que a través de la defensa de falta de acción (legitimación activa) en el marco de la ejecución forzada de la sentencia de alimentos, el demandado ha introducido el cese de la obligación alimentaria (la falta de obligación de pago a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial).
Al analizar la defensa el Juez de grado sostuvo que no cabe volver a juzgar la procedencia de la obligación establecida en la sentencia, por el solo dictado de una ley posterior.
Sostiene el agraviado que tal juzgamiento es procedente en virtud del tipo de sentencia que fijó la obligación alimentaria (declarativa de derechos, cosa juzgada formal), de la obligación establecida (de tracto sucesivo, con nacimiento en cada período), y del carácter de consecuencia de una relación o situación jurídica que detenta el deber de pago que resiste.
En primer lugar cabe destacar que de los antecedentes reseñados surge que, en la causa se ha establecido la procedencia del crédito alimentario conforme la ley aplicable al momento del juzgamiento (es decir existe una definición judicial sobre la cuestión), y como consecuencia de tal acertamiento se ordenó la condena de pago contra el ahora impugnante (arts. 202 incs. 1, 4, 5 y 207 del CC).
De allí que la sentencia que impuso la obligación de pago a cuyo cumplimiento el impugnante se opone actualmente, es claramente una sentencia de condena, en tanto a la declaración –sobre el alcance de una relación jurídica- se le suma el cumplimiento de una prestación (el pago de sumas de dinero a favor de la reclamante).
Es por eso que no se ha demostrado el error invocado, en tanto el tipo de sentencia dictada (de condena), no autoriza por su condición la reedición del juzgamiento de la relación jurídica derivada del divorcio ahora en los términos de la nueva ley. Expone el impugnante que la obligación fijada en la sentencia “nace en cada período” por ser de tracto sucesivo.
Sin embargo, la condición de obligación de tracto sucesivo del deber impuesto en la sentencia (obligación alimentaria de pago mensual), no significa que el decisorio haya fijado múltiples obligaciones que puedan ser individualmente juzgadas (sobre la relación jurídica que hace a la procedencia del deber alimentario) si aún no corrió el mes respectivo. En autos se estableció una única obligación (pago de alimentos), de cumplimiento a través del pago periódico (cada a mes); no se fijó una pluralidad de obligaciones, cuyo individual deber de pago haya quedado pendiente de eventual juzgamiento a partir de cada momento de cumplimiento exigible -mes a mes- como sugiere el apelante.
Atendiendo a que la cuota se inscribe en el plano de las relaciones patrimoniales (Weill-Terré, Droit Civil. Les personnes. La famille. Les incapacités, n° 434, citado por Bossert, Gustavo A., Régimen jurídico de los alimentos, Buenos Aires, Astrea, 2006, pág. 83), se ha reconocido el carácter indemnizatorio de la prestación, que produce sus efectos en el momento de establecerse la indemnización, por más que se pague en forma de renta (Bossert, Gustavo A. ob. cit., pág. 84; arts. 616, 746 y conc. CC). Y es tal condena la fuente de la obligación que nos ocupa.
La modalidad de cumplimiento de la obligación (pago mensual) no altera su naturaleza (una única obligación) por lo que la condición de la prestación de la que es deudor el quejoso (de “tracto sucesivo”) no configura una razón que autorice per se el juzgamiento de la relación que dio origen a la condena, en cada oportunidad de cumplimiento (periódico).
Sostiene el recurrente que el deber de pago mensual de la obligación en análisis representa una consecuencia de una relación o situación jurídica en los términos del art.7mo del CCyC.
En el caso, como antes se refiriera, el deber de pago del impugnante fue impuesto a través de una sentencia, y tal acto es el resultado de un proceso judicial entendido como los “hechos o actos a los que se les asignan unas consecuencias jurídicas”. Y ello tiene que ver con que sea exigible socialmente, es decir la existencia de una exigencia social de solución. Todas las definiciones de proceso reconocen que se trata de resolver un conflicto mediante la actuación de la ley en el caso concreto a través de dos instancias: la declaración -nivel de decir, ordenar- y la ejecución -nivel de hacer- (conf. Marco G. Monroy Cabra, citado por Zambrano Torres, Alex Ricardo, Derecho Procesal, experiencias jurídicas y filosofía del Derecho, alexzambrano.webnode.es). El proceso aparece como un medio de determinar el derecho dentro de un conflicto a fin de hacer realidad la administración de justicia en la sociedad (Gelsi Bidart, citado por Alex Zambrano, ob. cit.).
La realidad del acto conclusivo (sentencia firme) determina que ha existido una valoración de la significación jurídica de los hechos, que se ha determinado la norma que rige la cuestión y que se ha resuelto la procedencia o improcedencia de la pretensión (antecedente o justificante de la posterior ejecución), de allí que produzca certeza respecto a la situación o relación jurídica especifica propia del proceso judicial que define, produciendo entonces consecuencias jurídicas –prestación decretada en la sentencia, de pago mensual- que en función de tal antecedente (acertamiento judicial firme) difieren de las situaciones o relaciones jurídicas previas a tal clase de definición, es decir la que los sujetos vinculados por una relación jurídica viven en el derecho mientras que la significación legal o la observancia del derecho no haya sido definida por el juzgador- a las que alude el artículo 7mo del Código Civil y Comercial.
El acertamiento produce una definitiva modificación de la posición institucional, de la condición objetiva o de la relación jurídica, por lo que sus alcances responden a la determinación efectuada por la autoridad judicial. Es por ello que las consecuencias jurídicas derivadas de la sentencia firme difieren de las que pudieren resultar de la condición de una persona –o de las vinculaciones entre ellas- en relación a la ley vigente en cada momento, en tanto la situación jurídica que no ha sido objeto de juzgamiento firme aún no ha sido concretizada en un proceso judicial por lo que no ha dado nacimiento a ninguna obligación cierta y ejecutable (máxime de contenido patrimonial, como en el caso) fijada en una sentencia de condena. Es decir, que como regla los efectos de las decisiones judiciales firmes (sobre todo cuando se trata de una cuestión de tipo patrimonial y la nueva ley no se ha expedido expresamente en contra de la aplicación de tal regla en determinada materia, invocando razones de orden público), escapan a la previsión normativa referida, sobreviviendo a la nueva norma. De allí que el art.7mo del CCyC no habilite un nuevo juzgamiento sobre la relación jurídica que dio lugar a la obligación decretada en la sentencia de condena (que necesariamente presupone la definición judicial de la prestación debida), aún por el periodo de cumplimiento posterior que coincide con la vigencia de la nueva ley (y en razón de su existencia).
Alega el recurrente que el tipo de efecto propio de la sentencia en materia alimentaria (cosa juzgada formal, débil), determina que sea viable el nuevo juzgamiento de la cuestión que dio lugar a la condena firme, en virtud de la nueva norma que rige las relaciones entre los ex -esposos. A todo evento, cabe agregar que el carácter de cosa juzgada formal propio de la sentencia que fija alimentos, tampoco habilita el nuevo juzgamiento que pretende el apelante, en tanto en función de lo supra desarrollado, la posibilidad de juzgamiento posterior que autoriza tal condición está expresamente limitada a la hipótesis de cambio de situaciones de hecho propias de la materia; y no al cambio de la situación jurídica oportunamente juzgada –vg. por dictado de una nueva ley- y que dio razón a la condena firme cuyo cumplimiento ahora se resiste.
El cumplimiento es la práctica de la actividad mandada, según la observancia del derecho que la funda que ha determinado una relación concreta entre las partes y la prestación pretendida, estableciendo la posición de los sujetos.
Así, conforme el sistema vigente, en materia de alimentos las pruebas o circunstancias supervinientes que pueden alterar la cosa juzgada (obligación alimentaria) son las que informen sobre la situación diferente expresamente prevista en el marco de la responsabilidad fijada (en tanto la ley positiva en que se fundó el fallo fijó los límites de discutibilidad del mismo (arts.210, 218 del CC), y no cualquier otra aunque contraríe el juzgamiento firme.
Por ello, y si bien como señala el recurrente, la sentencia de alimentos es susceptible de ser modificada, lo cierto es que sólo prosperará el pedido de modificación – aumento disminución o cese- de la cuota fijada por sentencia si ha ocurrido, posteriormente, una variación en los presupuestos de hecho que se tuvieron en cuenta para establecerla; es decir que resulta modificable, solo si se han alterado los elementos fácticos analizados por el juez; por tratarse de circunstancias precisas que al desaparecer dejan sin base a la responsabilidad acertada (arts.210 y 218 del CC).
De otro modo, se volvería a juzgar la misma situación, con la perspectiva de que, ante ella, se dictasen, sucesivamente sentencias contradictorias. (Conf. Bossert, Gustavo A, obra citada, pág. 619). Así las cosas, no es posible que el solo dictado de una nueva ley mas benigna para el deudor, autorice un nuevo juzgamiento de la razón jurídica que originó la decisión que dio lugar a la exigibilidad de la obligación determinada por sentencia judicial (arts.17,18,y 19 de la Constitución Nacional).
Y si bien el sistema jurídico autoriza la reedición del juzgamiento firme (el acertamiento sobre responsabilidad) en casos de dictado de una ley posterior, se trata de una excepción a la indiscutibilidad de la cosa juzgada cuya revisión se funda en razones de política penal, pues la afectación de bienes supremos tal como la libertad de los justiciables, se ha considerado de mayor importancia que las comprometidas en los procesos de todas las restantes materias que, por tanto, han quedado ajenas a esa posibilidad (anulabilidad de la cosa juzgada –impedir que siga rigiendo- por dictado de ley posterior que exonera al condenado) . Y sólo en casos extremos a consideración del legislador, tales efectos se han extendido a otras materias por decisión expresa debidamente explicitada por aquel, circunstancia que no se da en la especie( Art.17,18,19 CN, en el mismo sentido Moisset de Espanés, Derecho Transitorio en el Nuevo Código Civil y Comercial, Ed. Advocatus, pág.222/224).
En consecuencia, tampoco la condición de cosa juzgada formal de la sentencia en análisis, demuestra el error apuntado.
Por lo tanto, y no siendo menester tratar todos los agravios, sino sólo los conducentes para una solución adecuada (art. 266 del CPCC), voto por la afirmativa.
A la misma cuestión la señora Juez doctora Mauri, por iguales motivos votó en el mismo sentido.
A la segunda cuestión, la señora juez doctora Soláns dijo:
Dada la forma como se ha resuelto corresponde confirmar la resolución apelada en todo lo que decide y ha sido materia de agravio. Respecto a las costas de Alzada, conforme la índole de la cuestión, se imponen en el orden causado (art. 69 C.P.C.C.).
ASI LO VOTO
A la misma cuestión la Sra. Juez doctora Mauri por iguales motivos votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos en el mismo, se confirma la resolución recurrida. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado (art. 69 del C.P.C.C.).
Regístrese y devuélvase.
Fin de la sentencia