Abriendo la norma
Cámara Primera Civil y Comercial Sala III de San Isidro · Causa 28.026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos se confirma la sentencia apelada en todo lo que decide y ha sido materia de agravio.
Las costas devengadas ante esta Alzada se imponen a la apelante.
Se difiere la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad legal correspondiente (art. 7 del CCCN y art. 31 del dec. ley 8.907/77).
Reg.nº: 28 En la ciudad de San Isidro, a los 28 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Tercera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro, en los términos del art. 36 de la ley 5827 y Ac. extraordinario del 7/8/2017 (apartados I y II), doctores María Irupé Solans y Hugo O. H. Llobera, para dictar sentencia en el juicio: “Renner, Cristian Oscar c/ AMX Argentina S.A. s/ cumplimiento de contrato” causa nº SI-28026- 2014; y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Llobera y Soláns resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es justa la sentencia apelada?
V O T A C I O N A LA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LLOBERA DIJO:
I. Los antecedentes de la causa.
1. La demanda El actor promueve demanda por cumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra AMX Argentina S.A.. En su escrito inicial expresa:
Que es titular de la línea de telefonía celular n° 11-6013-9680 de la firma demandada.
Que desde hace mucho tiempo tiene el servicio de internet móvil “ilimitado”.
Que durante años el servicio funcionó con normalidad.
Que tenía consumo de internet móvil elevado ya que por razones de seguridad tiene en su domicilio una cámara de monitoreo que retransmite on line a su teléfono las imágenes que captura.
Que en septiembre de 2013 comienza a tener restricciones en cuanto a la velocidad de navegación, que baja de 3 megas a 0,10/0,14 megas. Esta restricción, pasados ciertos consumos mensuales, hace que casi la mitad del mes se vea impedido de acceder al video on line que monitorea su domicilio.
Que inició un expediente administrativo en la oficina de Defensa del Consumidor de Pilar. En el marco de dicho proceso se llegó a un acuerdo en el que la línea debe contar con servicio de internet ilimitado y no aplica política de restricciones denominada “trato justo”.
Aclara que la política “trato justo” fue aplicada a contratos posteriores al del actor y tiene por objeto limitar el consumo de internet móvil, medido en términos de Giga Bits.
Que el acuerdo fue homologado, sin embargo al poco tiempo detecta el problema de la falta de velocidad nuevamente.
El servicio de atención al cliente informa que la línea no tiene servicio de restricción; sin embargo cuando alcanza un consumo de 3 GB de transferencia mensual se restringe la velocidad del servicio. Ante el reclamo sin respuesta, interpone la demanda y solicita como obligación de hacer que se cumpla con el Acuerdo homologado por disposición administrativa el 10/1/2014.
Reclama el daño moral sufrido y daño punitivo. Pide que la multa civil solicitada sea destinada íntegramente al Organismo Estatal, Hospital Público u Organización No Gubernamental que designe el Juez.
2. La contestación de AMX Argentina S.A.
La accionada se presenta y en la negativa efectuada, niega enfáticamente que en el contrato original se hubiera comprometido a no modificarlo y a no limitar el consumo de internet. También niega que en el acuerdo suscripto en Defensa del Consumidor se haya comprometido a modificar las condiciones de contratación y a no limitar su consumo de internet.
Al dar su versión de los hechos expresa:
Que la relación con el actor se desarrolló durante años con total normalidad hasta que en el año 2013 se abre la instancia administrativa.
Que desde que el actor contrató el servicio en el año 2006 hasta el año 2013 operaron cambios de planes ya que es facultad de AMX hacerlo por las características del servicio que presta, notificando con antelación.
Esta potestad surge de la solicitud de servicio firmada por el actor.
Mediante factura n° 61788486 emitida el 22-10-2012 se informó que a partir del 25-1-2013 el plan cambiaría las condiciones.
El actor recibió la factura mencionada y consintió los cambios de planes.
Por tal motivo a partir del 22-10-2013 el actor ya no contaba con un servicio de internet ilimitado. En la audiencia del 10-12-2013, sin reconocimiento de hechos ni derechos se llegó a un acuerdo por el cual el Sr. Renner pasaba a tener un plan AC104 con servicio de internet ilimitado, entendiéndose por “ilimitado” que el usuario puede utilizar los servicios en cualquier momento del mes y cuantas veces quiera. Lo que no significa que se pueda utilizar indiscriminadamente y a la misma velocidad, en cualquier punto de la ciudad y en cualquier día. La velocidad de navegación depende de lo pactado para cada plan. En el caso del actor su plan de navegación es de 3G y al llegar a los 3 Giga de consumo dentro de un mes calendario (no del ciclo) disminuye la velocidad de navegación.
AMX no se comprometió ni garantiza la prestación de forma ininterrumpida del servicio, por lo que no existe incumplimiento de su parte.
Siempre proveyó el servicio contratado y del modo pactado, tanto en la solicitud de servicio original como en los sucesivos cambios de planes.
AMX ha obrado dentro de los parámetros y procesos reglamentarios de su actividad con buena fe comercial.
No existe evidencia de la que surja que a partir de abril 2014 la velocidad de internet cayera II. La sentencia apelada En el fallo se tuvo por reconocido que el actor es cliente de la demandada desde diciembre del 2006 cuando suscribió la solicitud de servicio que luce agregada a fs. 172/3.
También que las partes suscribieron un acuerdo en el Organismo de Defensa del Consumidor de la Municipalidad del Pilar el 10/12/2013.
Asimismo, que dichas actuaciones se iniciaron por una queja que presentó el actor planteando que, al superar los 3 GB de transferencia, notaba que la velocidad de conexión bajaba notablemente; a tal punto que deja de poder utilizar el servicio de video vía streaming de las cámaras de seguridad de su domicilio. Además, se afirmó que el reclamante, al hacer la consulta a la empresa, ésta le comunicó que el día 20-04-2013 decidió en forma unilateral que su plan sufriese una restricción de la velocidad de conexión, que ello es irreversible y que se ve afectado por el cambio. El objeto del reclamo era el restablecimiento del servicio a su normalidad, de modo que se respete el convenio realizado un año y medio atrás.
La sentencia tuvo por reconocido los términos del acuerdo homologado en sede administrativa que coinciden con el que se reedita en el ámbito judicial.
Entiende la Magistrada de Primera instancia que el conflicto se centra en interpretar los términos del acuerdo, pues el contrato originario quedó superado por la convención celebrada ante el órgano administrativo. Sostuvo que lo acordado allí, no especificó que el servicio de internet tuviese limitaciones en la velocidad al consumir los primeros 3 GB, como si lo hizo en relación a los SMS o el servicio de comunicación sin cargo. La restricción que explicó a posteriori era una circunstancia relevante para el acuerdo, que debió ser informada con la claridad necesaria para permitir su comprensión, y no encontró acreditado que lo hubiese hecho.
Por otro lado no halló demostrado que la facultad de modificación unilateral de los términos del contrato se encuentre respaldada en alguna disposición legal. Consideró que resulta indiferente para el actor si el convenio resulta antieconómico para AMX, pues ello hace una ecuación comercial que le es ajena al cliente, quien no es socio de la empresa.
Entendió que no media un trato discriminatorio para con el resto de los clientes en beneficio de Renner, pues aquí no se trata de resolver los intereses de una categoría de modo dispar, sino la específica prestación que debe darse al actor.
Agregó que no está probada la necesidad de modificar los planes en razón de las nuevas tecnologías y las mayores demandas de consumo y que por el contrario, sí está acreditada la factibilidad técnica de acceder a la misma velocidad de servicio durante todo el mes, pagando una suma adicional.
Concluyó entonces que se dan los presupuestos de la responsabilidad civil pues media una obligación incumplida de darle al actor un servicio de internet con la misma velocidad de conexión por cada período de facturación, de modo que pueda utilizar la prestación en forma ilimitada, sin restricciones en su uso de ningún tipo.
Condenó a la accionada al cumplimiento de la obligación de hacer y al pago del daño moral y daño punitivo.
III. La apelación AMX Argentina S.A. recurre el fallo conforme los agravios presentados a fs. 248/267, no mereciendo contestación de la contraria.
IV. Los agravios 1. La responsabilidad de AMX a) El planteo La recurrente expresa que en autos no se probó el “status quo” anterior con el que estaba conforme el demandante, ni el supuesto problema sobreviniente; tampoco la restricción de velocidad luego de septiembre de 2013 ni la disminución de velocidad en abril de 2014. También señala que no se encuentra probada la existencia de cámaras en el domicilio de Renner y que pese a todo ello se condena a AMX por un problema que jamás fue acreditado en autos y se achaca un incumplimiento en base a los "dichos" del demandante. Considera que está probado que AMX tiene la facultad de introducir cambios a los planes que ofrece, notificándolo con antelación; que Renner consintió los cambios de planes efectuados pues jamás notificó su voluntad de resolver el servicio o cambiar de plan. Entiende que ello prueba que no es cierto que el actor contara con un servicio de internet ilimitado (en la acepción que Renner pretende, es decir velocidad máxima de navegación las 24 horas del día los 30 días del mes) que se hubiera mantenido en el tiempo sin ningún tipo de alteración.
Aduce que en sede administrativa y sin reconocimiento de hechos ni derechos, se llegó a un acuerdo por el cual el Sr. Renner pasaba a tener servicio de internet ilimitado, entendiéndose por "ilimitado" que el tráfico para los planes y packs de internet libre, al llegar a los 3 Giga de consumo dentro de un mes calendario (no del ciclo) disminuye la velocidad de navegación.
Por ello razona que su parte cumplió acabadamente con el servicio en el acuerdo suscripto el 10-12-2013, motivo por el cual el Sr. Renner ninguna queja registró en lo sucesivo, sino recién casi 5 meses más tarde. El servicio se prestó con normalidad y el actor abonó las facturas en tiempo y forma, de plena conformidad. Sostiene que la sentencia no tuvo en cuenta que el contrato originario existe y coexiste con el acuerdo celebrado en sede administrativa. Agrega que el pacto del 10-12-2013 sólo contempla un plan de servicios sin observar cuestiones como el precio, obligaciones de las partes, forma de rescisión, jurisdicción, etc.
Alega que la sentencia lo condena a prestar un servicio al que jamás se obligó. En ninguna de las dos fuentes se obligó a prestar un servicio de internet a velocidad máxima durante todo el mes, las 24 horas. b. El análisis b.1. El derecho aplicable y la relación de consumo Para determinar el derecho aplicable cabe tener presente los hechos relatados por las partes, el tiempo en que ocurrieron y los términos en que la situación tuvo lugar, como así también la incidencia que en el caso tenga la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) vigente desde el 1° de agosto de 2015 (ley 27.077).
El reclamante centra la acción en el incumplimiento de la accionada en la velocidad de navegación de internet oportunamente contratado. Entiende que la situación se encuentra comprendida en las disposiciones de la Ley de Defensa al Consumidor.
El art. 7 del CCCN dispone que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.”
Tratándose en el caso de una relación de consumo entre el actor y la sociedad demandada, en su carácter de proveedora del servicio de telecomunicaciones, corresponde aplicar la norma que sea más favorable al consumidor (arts. 7 y 1095 CCyCN y art. 3 ley 24.240) y de mediar duda sobre dicho encuadre, la situación ha de resolverse en beneficio de este último (art. 1094 CCCN y art. 3 LDC).
La Ley de Defensa del Consumidor y el CCCN en su Libro Tercero, Título III, regulan lo que la Constitución Nacional en su artículo 42 denomina relación de consumo. El sistema normativo de protección al consumidor ha incidido de modo transversal en un muy vasto sector del ordenamiento jurídico de carácter patrimonial, alterando los efectos ordinarios que se producían con anterioridad a su entrada en vigencia. Las normas en cuestión afectan la aplicación de las propias del derecho civil, comercial y procesal, entre otras, para comprenderlas e integrarlas de un modo sistemático, lo cual ha de hacerse conforme las pautas que brindan los arts. 1094 (Interpretación y prelación normativa), 1095 (Interpretación del contrato de consumo) del CCCN y 3 de la LDC.
En distintos precedentes la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto inter-normativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la Constitución Nacional (CSJN., causas C.745.XXXVII., “Caja de Seguros S.A. c/ Caminos del Atlántico S.A.C.V.", 21-3-2006, "Fallos" 329:695; ídem, F.331.XLII; ídem, "Federación Médica Gremial de la Cap. Fed. - FEMEDICA- c/ DNCI - DISP 1270/03", 18-11-2008, "Fallos" 331:2614, disidencia del doctor Maqueda; en igual sentido CC 2 Quilmes, causa n° 16.462, RD 113/15, S 7-8-2015, “Sosa Miguel Angel C/Automotores 2001 y otros s/Daños y Perjuicios”, JUBA). En el mismo sentido la Suprema Corte provincial en la causa n° 115.486, del 30-9-2014, “Capaccioni, Roberto Luis contra Patagonia Motor S.A. y BMW de Argentina S.A. Infracción a la Ley del Consumidor”, resolvió que “(...) La normativa específica relativa a las relaciones de consumo no constituye una mera regulación de determinado ámbito de las relaciones jurídicas, como tantas otras. Es eso y mucho más. La preocupación del legislador -signada por la clarísima previsión del art. 42 de la Constitución nacional y la correlativa contenida en el art. 38 de la Constitución provincial- radica en obtener la efectividad en la protección del consumidor. El principio protectorio como norma fundante es cimiento que atraviesa todo el orden jurídico. El propio art. 1° de la ley 24.240, texto ley 26.361 así lo expresa terminantemente: ‘la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario’” (SCBA, LP, C 117.760, S 1-4-2015 “G, A. C. contra "Pasema S.A." y otros. Daños y perjuicios”, JUBA). Y que “(...) una relación de consumo no conforma una relación exclusivamente patrimonial sino que en ella hay una concepción particular de la sociedad y del mercado, cuyo modelo de contrato no es el concebido por el Código Civil ni por el Código de Comercio, sino que en estos la relación se teje entre fuertes y débiles, entre satisfechos y necesitados (...)” (SCBA, LP, C 117.245, S 3-9-2014, “Crédito para todos S.A. contra Estanga, Pablo Marcelo. Cobro ejecutivo”; JUBA).
Se advierte en todo lo dicho que un vínculo jurídico puede hallarse comprendido bajo el régimen general de responsabilidad derivada de los contratos, en general, o bien bajo las específicas del sistema protectorio del consumidor, por el cual se procura restablecer el equilibrio entre las partes en una relación que, por su naturaleza muestra al consumidor como su parte débil frente a quien se caracteriza por su profesionalidad en la producción, importación y/o comercialización de un bien o servicio, con las ventajas que el conocimiento a su respecto le reporta.
En el supuesto que nos ocupa el actor adquirió de la accionada la prestación de un servicio de telefonía móvil y servicio de comunicaciones personales (fs. 172/173) y el reclamo tiene su finalidad en el cumplimiento del contrato en los términos pactados, y de modo especial en el acuerdo arribado en sede administrativa.
No existe ninguna duda que dicho acto constituyó un contrato de consumo en los términos contemplados por el CCCN (art. 1093), generándose la respectiva relación y las consecuencias que de ello derivan (art. 1092 y art. 3 LDC).
Los consumidores, por su vulnerabilidad e inferioridad técnica, fáctica y jurídica frente al poder de las empresas especialmente las megaempresas, prestadoras y productoras de bienes y servicios, tal como lo es la accionada, requieren de una especial protección. Es necesario tener presente que la normativa específica relativa a las relaciones de consumo no constituye una mera regulación de determinado ámbito de las relaciones jurídicas. La preocupación del legislador –signada por la clarísima previsión del art. 42 de la Constitución Nacional y la correlativa contenida en el art. 38 de la Constitución provincial- radicó en obtener la efectividad en la protección del consumidor. El principio protectorio como norma fundante es cimiento que atraviesa todo el orden jurídico. El art. 1° de la ley 24.240 (texto ley 26.36l) lo expresa con claridad pues dispone que “la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario”. Este principio protectorio del consumidor también es plasmado por el art. 1094 del CCCN, en tanto prescribe que “Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor”; ello coincide con lo legislado en el art. 3 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC).
Se trata del punto de partida desde el cual debe ser asumida la cuestión referida al consumo pues es una regulación que apunta a favorecer el ejercicio pleno de los derechos de los más débiles, asumiendo que las fuerzas del mercado son infinitamente más poderosas que el consumidor aislado. Es un sistema, un paradigma intervencionista del Estado, con el objeto de corregir las consecuencias socioeconómicas negativas que la realidad demuestra fehacientemente (SCBA, causa n° 117.760, 1-4-2015).
b. 3 Principios aplicables y prueba producida El nuevo Código Civil y Comercial, si bien fija como regla general que los factores de atribución y los eximentes de responsabilidad deben ser probados por quien los alega (art. 1734), permite a los jueces aplicar la teoría de las cargas probatorias dinámicas, consagrada en el art. 1735 de dicho cuerpo legal, más aún, en el presente que se trata de una relación de consumo. Esto sin perjuicio de las consecuencias que se deriven de los daños ocasionados por el bien que constituye el objeto de cada contrato de consumo, situación en que rige la responsabilidad objetiva (art. 40 y 40 bis LDC).
Retomando la cuestión de las cargas dinámicas, es la empresa de telefonía demandada quien se encuentra en mejor situación para producir las pruebas que demuestren su postura, alegando que no hubo quebranto de su parte y que cumplió en debida forma con el contrato y acuerdo complementario oportunamente suscripto, informándole al actor las condiciones específicas en que se modificaba su velocidad de internet (arts. 375, 384 CPCC; arts. 1734 y 1735 del CCyC).
Conforme surge de fs. 172/173 (solicitud de servicio) y fs. 138 (Acuerdo celebrado en expte. n° 4089- 12909-2013), no hay controversia en cuanto a los orígenes de la relación de consumo que vinculó a las partes. El actor firmó una solicitud de servicio para adquirir un plan que incluía servicio de internet.
La discusión se origina porque Renner afirma que lo contratado comprendía un servicio ilimitado en cuanto a la velocidad y que al restringir esta característica, la accionada está incumpliendo el contrato original. Como ya lo he mencionado, el demandante inició un trámite administrativo ante la oficina de Defensa del Consumidor cercana a su domicilio en Pilar y en su queja de fecha 17-10-2013 explica que “…al superar los 3 GB de transferencia, nota que la velocidad de conexión baja notablemente, a tal punto que deja de poder utilizar el servicio de video vía streaming de las cámaras IP de su hogar. Al hacer la consulta, se comunica que el día 20/4/2013 la empresa ha decidido unilateralmente que su plan pasa a sufrir una restricción de la velocidad de conexión una vez superados los 3GB de transferencia.” (fs. 129).
En la foja correspondiente a “SUGERENCIAS”, del expte n° 4089012909-2013, el reclamante manifiesta su deseo de que se “restablezca el servicio de internet a su normalidad y se respete el convenio realizado un año y medio atrás” (fs. 130).
En la audiencia de conciliación el representante de la demandada ofreció al señor Renner, entre otras cuestiones, un servicio de internet ilimitado sin aplicación de la política de restricción denominada “trato justo” y éste aceptó el ofrecimiento realizado (fs. 138). Luego de lo cual, dicho acuerdo fue homologado (fs. 140).
A su vez ha de tenerse en cuenta que al contestar la demanda, la accionada reconoció que el servicio prestado por AMX funcionó sin inconvenientes y que la relación con el actor se desarrolló durante años con normalidad (fs. 64vta y 67vta). También sostuvo que se encontraba habilitada a efectuar cambios en los planes de sus clientes mediante la notificación oportuna. Alegó que con la factura n° 61788486 emitida el 22-12-2012 se informó que el plan de Renner cambiaría sus condiciones a partir del 22-10-2013 y que ya no contaría con servicio de internet ilimitado. De este modo queda fuera de discusión que el actor contaba con un plan que le brindaba servicio de internet ilimitado en velocidad y que la accionada modificó las condiciones del servicio en esas fechas (arts. 330 y 354 CPCC). Por lo que la afirmación en los agravios de la recurrente, respecto a la falta de prueba sobre el “status quo” anterior del demandante, el problema sobreviniente y la restricción de velocidad quedan sin asidero ante el reconocimiento efectuado al contestar la demanda.
AMX adujo en su escrito de contestación y reitera ahora al agraviarse que debe entenderse por “ilimitado” que el usuario puede utilizar los servicios en cualquier momento del mes, y cuantas veces quiera, no encontrándose “limitado” a utilizar diariamente una porción del servicio. Lo que no significa que pueda utilizar en forma indiscriminada y a la misma velocidad en cualquier punto de la Ciudad y en cualquier horario del día.
Sin embargo, los aspectos del contrato y sus variaciones reseñados precedentemente, no permiten tener por acreditado en autos que la acepción sobre el servicio de internet “ilimitado” que alega la accionada haya sido debidamente informada al actor ni los términos ahora argüidos por la defendida. Sino todo lo contrario, con las propias afirmaciones de AMX al contestar la acción queda reconocido que el actor tuvo acceso a un servicio de internet cuya velocidad le permitía usarlo sin restricción alguna, ni cuestionamientos de la proveedora. No hay constancias en autos que AMX, tal como afirma, haya cumplido con su obligación de informar al actor cuál es el alcance que debe otorgarse al servicio que ofrece como internet “ilimitado”, cuando conforme los términos en que lo estaba utilizando, comprendía la velocidad pactada por tiempo ilimitado y no al acceso diario del servicio (art. 375 del CPCC).
Podría argumentarse que las condiciones del servicio o su alcance, en los términos que pretende la accionada, pudieron haberse pactado en la audiencia de conciliación celebrada ante la oficina de Defensa del Consumidor el día 10-12-2013 y así dejar inequívocamente estipulado que la velocidad de internet iba a quedar restringida una vez alcanzados los 3GB.
Pero lejos de ello resulta claro de los términos del acuerdo que la accionada, ofreció una cuenta con servicio de internet “ilimitado” sin explicar el alcance de tal expresión. No surge del acta y de ninguna otra constancia de autos, fuera de las manifestaciones de la apelante, que el consumidor haya sido informado respecto al contenido que abarca un servicio de “internet ilimitado” de manera detallada, eficaz y suficiente (art. 4 LDC; art. 1100 CCYCN y art. 42 CN). Tal circunstancia no puede ser soslayada en esta decisión, atento la característica esencial del servicio que provee y la queja específica planteada por el usuario.
Si se trataba de un cambio de plan de modo unilateral, en ejercicio de la potestad que le es reconocida en la solicitud de servicio, mayor celo debió poner la proveedora del servicio en brindar la información necesaria y adecuada, estableciendo exactamente el alcance de las modificaciones que en el caso se tradujeron en la limitación del consumo de internet a alta velocidad, pues aquello resultaba fundamental para conocer en forma precisa el límite de lo acordado en sede administrativa.
Por otra parte la posibilidad de variar de forma unilateral las condiciones del contrato no puede ser ejercida de modo abusivo en perjuicio del consumidor (art. 37 LDC).
Por ello y de acuerdo con los principios aplicables en materia de defensa al consumidor, no puede interpretarse que AMX haya cumplido con las obligaciones a su cargo.
c) La propuesta al Acuerdo Por las razones antedichas y lo dispuesto por los arts. 4, 19, 37, 40 y concs. de la ley 24.240 y su modificatoria Ley 26.361; arts. 1092, 1093, 1094, 1095, 1100, y concs. del CCCN; art. 42 CN propongo que se confirme lo dispuesto en la instancia de origen en cuanto al deber de AMX Argentina S.A., de cumplir con lo oportunamente pactado, manteniendo el actor la velocidad de internet en los términos en que fue prestada hasta el 19-4-2013 y luego acordado en la oficina de Defensa del Consumidor, es decir sin restricción en virtud del consumo.
2. Daño moral a) El planteo La sentencia reconoció al actor la suma de $20.000 en concepto de daño no patrimonial por encontrar configuradas en el caso las circunstancias que exorbitan las normales molestias de un incumplimiento contractual. En tal sentido vale recordar que debió efectuar una denuncia administrativa, concurrir a la oficina de Defensa del Consumidor en diversas oportunidades y como coronación del inconveniente, ver frustrada su legítima expectativa a que el acuerdo se cumpliera.
La accionada se agravia por la procedencia del rubro. Sostiene que el actor no produjo prueba tendiente a demostrar los supuestos padecimientos morales que dijo haber sufrido como consecuencia de los hechos atribuidos a AMX. En forma subsidiaria cuestiona el monto fijado y solicita su reducción.
b) El análisis i. Dado que se trata de una relación de consumo resulta de aplicación, como lo he mencionado más arriba, lo establecido en el art. 7 último párrafo CCCN, por lo cual en el caso corresponde atenerse a lo normado por los arts. 1737, 1738, 1739, 1740 y 1731 del nuevo ordenamiento. Esto por cuanto los alcances del art. 1738 resultan más extensos que el derogado art. 1078. En efecto, la referencia del precitado artículo a las afecciones espirituales legítimas, le confiere al daño moral un contenido amplio, que abarca todas las consecuencias no patrimoniales. En ese sentido “…ha descendido notoriamente el "piso" o "umbral" a partir del cual las angustias, molestias, inquietudes, zozobras, dolor, padecimientos, etcétera, determinan el nacimiento del daño moral, acentuándose la protección de la persona humana (Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Director Ricardo Luis Lorenzetti, cit. Rubinzal - Culzoni Editores, Tomo VIII, p. 485). Además, el esquema de pensamiento “…ha girado desde el inicial "precio del dolor” al actual "precio del consuelo", llegándose también a sostener la existencia de "daños morales mínimos", en base a la constitucionalización de la tutela de la persona humana” (ob. cit., tomo VIII, p. 485). Esta mayor amplitud obedece, a que la nueva legislación ha optado por un criterio según el cual el daño es la lesión de “(...) un interés jurídico, entendido como la facultad de actuar del sujeto para obtener el bien jurídico objeto de satisfacción o la expectativa lícita de continuar obteniéndolo” (ob. cit., p. 475).
Por otra parte, en casos como el de autos, debe tenerse presente que la unificación de la responsabilidad civil ha eliminado las diferencias conceptuales y estructurales entre daño extracontractual y daño contractual, los que quedan asimilados, configurándose un régimen unitario en materia de daños a las personas, aunque subsistan ciertas previsiones especiales para los supuestos de imposibilidad de cumplimiento de la obligación (art. 1732).
El daño moral requiere la existencia de un perjuicio en el orden espiritual o físico, que la Señora Juez tuvo por acreditado en razón del peregrinar en sede administrativa y judicial para que el derecho de Renner sea reconocido, generándole tal hecho convicción suficiente para tener por probados los momentos de incertidumbre y angustia por los que reclama el actor (arts. 375 y 384 del CPCC; art. 42 CN; art. 1738 del CCCN; arts. 1, 3, 4, 8bis, 40 ley 24.240).
En el marco de la normativa aplicada al caso, la recurrente, no demuestra el error de tal fundamento, pues se limita a formular consideraciones y citas genéricas, sin indicar de modo concreto dónde existe el error y cuáles son los hechos y circunstancias acreditados en el proceso con virtualidad para destruir los argumentos desarrollados por la Juzgadora al considerar que la restricción de la velocidad de internet y la necesidad del actor de recurrir a las vías administrativa y judicial importaron hechos suficientes para generarle sentimientos de impotencia merecedores de resarcimiento económico (conf. FASSI, "Código Procesal..."; 2da. ed., vol. I, pág. 720; doctr. causa 106.468 del 16-4-09 RSD: 11/09 y SI3243/2010 del 20-12-12 RSD 139/12 de Sala IIIa). Ello con mayor razón cuando en sede administrativa se pactó algo en forma no clara que plasmó un engaño al actor.
c) La cuantía de la indemnización Para meritar la adecuación de la suma de condena a la afectación de los intereses de la demandante, deben tenerse en cuenta circunstancias que se han tenido por probadas.
En este sentido está acreditado que Cristian Oscar Renner, contaba con 32 años de edad a la fecha en que efectuó una queja formal ante la oficina de Defensa del Consumidor (fs. 134), confeccionó el reclamo administrativo (fs. 129/130) y concurrió a dos audiencias de mediación (fs. 138 y fs. 24) ante la actitud de incumplimiento asumida por la demandada.
Sin duda, estas molestias han ocasionado disgustos, pérdida de tiempo empleado en reclamos inútiles y han influenciado en el estado anímico del demandante de modo negativo. Por todo ello considero que la suma reconocida en la sentencia ($20.000) es justa.
d) La propuesta al Acuerdo En virtud de todo lo expresado y lo dispuesto por los arts. 1737, 1738, 1739, 1740 del CCCN, en similar sentido arts. 1078 y concordantes del Código Civil; arts. 375, 384 y conc. del CPCC, propongo al Acuerdo desestimar los agravios de la recurrente y confirmar la sentencia en este aspecto.
3. Daño punitivo a) El planteo La sentencia reconoció la procedencia del daño y lo estimó en la suma de $ 50.000 Se agravia la accionada por cuanto la decisión no ingresa en el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del daño punitivo introducido por su parte al contestar la demanda.
También cuestiona la procedencia del daño, por cuanto no se dan en el caso los requisitos para su otorgamiento. Alega que no existió un incumplimiento grave, ni lucro indebido por parte de la empresa, ni dolo o culpa grave.
b) El análisis de la inconstitucionalidad planteada Sostiene la apelante que el art. 52 bis es manifiestamente inconstitucional, en tanto se opone a garantías y principios del derecho penal. En tal sentido aduce que la norma no contiene de modo preciso el tipo penal, no refiere cuales serían las obligaciones legales o contractuales cuyo incumplimiento acarrearía la penalidad y no contempla la graduación de la pena. La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y, por ello, debe ser considerada como última ratio del orden jurídico y sólo ha de ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (CSJN, Fallos 322- 842, 319-3148; SCBA, Ac. 75.112 del 2-10-01; causa D- 3790-6 sent. 15-12-2015 RSD: 194/2015 de sala IIIa). Además, el planteo de inconstitucionalidad debe ir acompañado de la prueba que revele la existencia de un efectivo y concreto daño del que se desprenda un menoscabo constitucional por la aplicación de la resolución cuestionada, no procediendo la declaración de inconstitucionalidad si la afectación o gravamen hacia el interés legítimo invocado no se ha probado ni concretado, siendo meramente conjetural (conf. causa 107.083 sent. 2- 6-09 RSD: 49/09 de Sala IIIa).
En el caso, la empresa demandada se limita a sostener en la expresión de agravios que el art. 52 bis de la LDC se encuentra en franca violación al principio de legalidad en materia penal, pero nada refiere respecto a la existencia de un quebranto del orden constitucional, no evidencia conflicto de derecho alguno y menos aún demuestra que la aplicación de la norma al caso resulte un perjuicio a su parte, siendo sus argumentos dogmáticos y subjetivos.
Máxime que la figura del art. 52 bis de la ley 24.240 complementado con el resto de los requisitos legales referidos a la gravedad del hecho, las circunstancias que lo rodean y las pautas del art. 49 que brindan parámetros para la aplicación y graduación de las sanciones del art. 47, cumple con el principio de legalidad y con el debido proceso, pues siempre son aplicadas en sede jurisdiccional, en un procedimiento en el que se desarrollan todas las etapas, se concede al proveedor el derecho de defensa en juicio y a ofrecer toda la prueba que hace a su derecho, en el que finalmente puede ser condenado al pago del daño punitivo por un juez natural de la jurisdicción y competencia pertinente (CC0100 SN 12476 sent. 14/3/2017 “Bustos, Claudio Max c/ AMX Argentina S.A. s/ ds. y ps. s/ incumplimiento contractual).
Así entonces con los argumentos expuestos no es posible sustentar en esta causa la declaración de inconstitucionalidad pretendida.
c) La propuesta al Acuerdo En virtud de lo expresado y lo normado por el art. 31 de la Const. Nacional y 57 de la Const. Prov. de Bs.As., propongo al Acuerdo rechazar el planteo de inconstitucionalidad respecto al art. 52 bis de la ley 24.240.
d) El análisis de la procedencia del daño punitivo Conforme lo dispuesto por la ley 24.240, reformada por la ley 26.361, se enuncia la posibilidad de castigar el trato indigno en perjuicio de los consumidores, mediante la figura del daño punitivo.
La referida legislación dispone en el art. 52 bis: “Daño Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley” (artículo incorporado por art. 25 de la Ley n° 26.361 B.O. 7/4/2008).
Concordante con ello, se ha explicado que el daño punitivo se incorpora “a favor del consumidor, con una cuantificación que posee dos indicaciones: la primera, dirigida hacia el magistrado, en el sentido de que debe graduar la sanción en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, y por otro lado coloca como tope tarifario la multa del art. 47 inc. b) que establece el valor de las multas como máximo, en hasta cinco millones de pesos” (Juan M. Farina, Defensa del consumidor y del usuario, Astrea, pág. 566 y ss.). Agrega este autor que ello permite “una reparación cuya causa remite, en última instancia, a sancionar el incumplimiento per se y cuya justificación coadyuva a la prevención. Puede decirse, entonces, que la inclusión de esta figura es absolutamente compatible con la finalidad de las normas de consumo, las que despliegan su actividad tanto en el área de la prevención como de la reparación”. Dice además que “los daños punitivos tienen, así, un propósito netamente sancionatorio, y revisten particular trascendencia en aquellos casos en los que el responsable causó el perjuicio a sabiendas de que el beneficio que obtendría con la actividad nociva superaría el valor que debería eventualmente desembolsar para repararlo” (Fariña obra cit. pág. 567; cc. Alterini, Juan Martín, Responsabilidad Civil. Derecho del Consumo y Daños Punitivos, Rc y S.Número Especial en homenaje al Dr. Alterini, Atilio A., 2009, abril, p. 51, nota 15). Teniendo en cuenta las circunstancias analizadas y la conducta indolente desplegada por la demandada en el presente caso, cabe imponerle a AMX S.A. una multa en los términos del citado art. 52 bis de la Ley de Defensa al Consumidor, considerando su misión disuasiva como herramienta que persigue reparar los efectos de ciertos actos, asociada no sólo a los valores de justicia y equidad sino también a los de seguridad y paz social. e) La cuantía de la indemnización.
En este aspecto del reclamo no se puede dejar de tener en cuenta las circunstancias analizadas, la conducta desplegada por la demandada en cuanto a la falta de información detallada respecto al alcance de lo pactado ante el órgano administrativo, el incumplimiento reiterado del contrato de provisión del servicio de internet móvil ilimitado prometido y la posición dominante de la empresa altamente reconocida en el mercado.
En el caso, si bien AMX S.A. ofreció un servicio ilimitado en el plan de datos contratado por el actor, alegó después de iniciada la demanda que el servicio contemplaba un pack que al llegar a los 3 Giga de consumo disminuía la velocidad. Adujo que le había brindado esa información técnica al reclamante, lo cual no sucedió, tal como quedó demostrado en autos y solicitó el rechazo de la acción por no estar obligada a prestar el servicio reclamado.
Todo ello evidencia una reprochable conducta contraria a la doctrina de los propios actos y de la buena fe (art. 9 CCCN). En ese marco, incumplió en forma deliberada la obligación que asumiera con el demandante, a sabiendas de que su accionar era antijurídico, obrando con un reprochable desprecio por los derechos de su cliente, conducta en la que ha persistido durante la sustanciación del proceso, donde negó haber incumplido el contrato y solicitó el rechazo íntegro de la demanda, con costas. Aprecio que la actuación de la accionada al realizar un acuerdo en sede administrativa fue engañosa pues no especificó la restricción del servicio, recurriendo nuevamente en esa oportunidad al abuso de términos imprecisos a los que pretende dar un sentido no acorde con el normal y corriente del término “ilimitado”.
En consecuencia, pese a su carácter restrictivo, se encuentra debidamente acreditada la existencia de todos los requisitos exigibles para la procedencia de la condena en concepto de "daño punitivo", esto es, el incumplimiento de una obligación contractual por parte de la demandada, quien menoscabó abiertamente los derechos de su cliente (conf. CNCom. Sala A, “Gordillo Marta Silvia c/ AMX Argentina S.A. (Claro) s/ ordinario” 22718/10, sent. 18-7-14). f) La propuesta al Acuerdo En virtud de lo expresado y lo normado por los arts. 52 bis y cc. Ley Defensa al Consumidor y art. 42 Const. Nacional y 38 de la Const. Prov. de Bs.As., propongo al Acuerdo confirmar la suma de $ 50.000 reconocida en concepto de daño punitivo.
V. Las costas de Alzada En mérito a la forma en que se propone resolver los agravios planteados, entiendo que las costas de esta Alzada deben imponerse a la apelante vencida (art. 68 del CPCC).
Por los fundamentos expuestos voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Soláns por los mismos fundamentos votó por la afirmativa.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos se confirma la sentencia apelada en todo lo que decide y ha sido materia de agravio.
Las costas devengadas ante esta Alzada se imponen a la apelante.
Se difiere la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad legal correspondiente (art. 7 del CCCN y art. 31 del dec. ley 8.907/77).
Regístrese, notifíquese y devuélvase a la Instancia de origen.
HUGO O. H. LLOBERA MARÍA IRUPÉ SOLÁNS
Juez Juez ANA M. BREUER Secretaria
Fin de la sentencia