Abriendo la norma
Cámara Primera Civil y Comercial de San Isidro · Causa SI-16988-2008 (J. 8)
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el Acuerdo que antecede se modifica la sentencia apelada en el siguiente sentido: 1) Se rechaza la excepción de prescripción respecto de la acción por resarcimiento de los daños con origen en la falsa denuncia. 2) Se hace lugar a la acción de causa extracontractual planteada por Javier Antonio Vizcarra contra Caja de Seguros S.A., condenándose a esta última a abonarle al actor, en concepto de daño moral, dentro del término de diez días de quedar firme la presente, la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000). Se desestima la partida por daño psicológico.
Los intereses se liquidaran al 6% anual desde la fecha de toma de conocimiento de la causa penal (4-4-2006) y hasta la presente; luego y hasta el efectivo pago a la tasa pasiva digital más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones en pesos a treinta días. Se confirma en todo lo demás que ha sido materia de agravios.
Las costas de ambas instancias se imponen: 1) por la acción originada en el contrato de seguro, al actor vencido; 2) por la excepción de prescripción en lo que concierne al reclamo de origen extracontractual y por la demanda que prospera con tal sustento, a la demandada vencida.
Se difiere la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31, 51 del decreto ley 8.904/77 y arts. 51 ley 14.967 y 7 CCCN).
"VIZCARRA JAVIER ANTONIO C/ LA CAJA COMPAÑIA DE SEGUROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
Expte.: SI-16988-2008 (J. 8)
Registro Nº 164 En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 26 días de Noviembre de 2019, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O.H. Llobera y Analía Inés Sánchez, para dictar sentencia en el juicio: “VIZCARRA JAVIER ANTONIO C/ LA CAJA COMPAÑIA DE SEGUROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Llobera y Sánchez, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
¿Debe modificarse la sentencia apelada?
A la cuestión planteada el señor juez doctor Llobera, dijo:
I. Antecedentes 1. Javier Antonio Vizcarra promueve demanda por daños y perjuicios contra “Compañía de Seguros La Caja” por daños y perjuicios.
En el escrito inicial expresa:
Que el 28 de junio de 2005, cuando eran las 22:00hs, aproximadamente, circulaba por la calle French de Villa Martelli, Partido de Vicente López, en el Ford Escort LX 1.8 3P coupé, color negro, modelo 1998, dominio CBJ-436, de su propiedad.
Que antes de llegar a la calle Laprida, un furgón Kangoo, que circulaba por ella hacia Constituyentes le obstruyó el paso; del referido rodado descendieron tres hombres dos de los cuales se encontraban armados; luego de apuntarle abordaron el Ford Escort y se dieron a la fuga. Que el día 29 del mismo mes de junio se presentó en la Comisaria de Villa Martelli y realizó la denuncia de robo, la cual resultó archivada.
Que luego de presentar toda la documentación a la demandada, ésta inició una investigación que derivó en una causa penal contra su persona, por falsa denuncia; dichas actuaciones tramitaron por ante la UFI N° 1 de Vicente López; fue elevada a juicio y concluyó con la absolución de su parte. Que como consecuencia de la referida causa criminal, se le inició una actuación administrativa en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde se desempeñaba al tiempo de los hechos, debiendo afrontar los gastos y honorarios de su letrado.
Que no cobró la indemnización por el robo del automotor ni los gastos que debió afrontar como consecuencia de la causa penal iniciada en su contra.
2. Caja de Seguros S.A. se presenta y contesta demanda, pidiendo que se rechace la misma por haber operado la prescripción de la acción conforme lo previsto por el art. 58 de la ley 17.418. En forma subsidiaria solicita que la indemnización se limite al valor de un automóvil similar al que fuera objeto de la póliza.
II La sentencia El fallo hace lugar a la defensa de prescripción liberatoria y rechaza la demanda. Impone las costas al demandante en su condición de vencido y omite expedirse sobre la regulación de honorarios.
III. La apelación El actor apela (fs. 246) y expresa agravios (fs. 253 a 255), los que son contestados por la accionada, quien pide se confirme la sentencia.
IV. Los agravios d) El planteo El demandante en su expresión de agravios pide se revoque la sentencia y se haga lugar a la demanda. Cuestiona lo decidido por la Magistrada, afirmando:
Que se ha incurrido en un error al computar el plazo de prescripción previsto por el art. 58 de la ley de seguros (17.418, en adelante LS) desde la fecha en que él fue notificado del inicio de la causa penal entablada en su contra.
Que tampoco se ha considerado en forma adecuada la totalidad del marco probatorio.
Que se ha pasado por alto que aquí no sólo se reclama el valor del automotor sino también los daños sufridos por el inicio de la causa penal en su contra por falsa denuncia y/o fraude, como así también por el sumario administrativo en el ámbito de la Policía.
Que la responsabilidad de la accionada deriva no sólo de la LS sino también por la legislación civil y cita en su favor el art. 2561 del CCCN.
Que tampoco se tuvo en cuenta el trámite de la mediación como hecho que interrumpió el curso de la prescripción. b. El análisis i. El derecho aplicable Para determinar el derecho aplicable cabe tener presente los hechos relatados por las partes, el tiempo en que ocurrieron y los términos en que la situación tuvo lugar, como así también la incidencia que en el caso tenga la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) en vigencia a partir del 1-8-2015 (ley 27.077 en el art. 7º, 2º párrafo), en adelante CCCN, el cual establece que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.” La norma, en su última parte hace referencia a las "leyes supletorias"; en este sentido y como ampliaré más abajo la prescripción pude ser dispensada pero no es materia disponible.
La Ley 24.240, de Defensa del Consumidor (en adelante LDC), y el CCCN en su Libro Tercero, Título III, regulan lo que la Constitución Nacional en su artículo 42 denomina relación de consumo. Se trata de un sistema normativo de protección al consumidor, que ha incidido de modo transversal en un muy vasto sector del ordenamiento jurídico de carácter patrimonial, alterando los efectos ordinarios que se producían con anterioridad a su entrada en vigencia. Las normas en cuestión afectan la aplicación de otras del derecho civil, comercial y procesal, para comprenderlas e integrarlas de un modo sistemático, lo cual ha de hacerse conforme las pautas que brindan los arts. 1094 (Interpretación y prelación normativa), 1095 (Interpretación del contrato de consumo) del CCCN y 3 de la LDC.
En distintos precedentes la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la finalidad de la LDC consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario, que, a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto inter-normativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la Constitución Nacional (CSJN., causas C.745.XXXVII., “Caja de Seguros S.A. c/ Caminos del Atlántico S.A.C.V.", 21-3-2006, "Fallos" 329:695; ídem, F.331.XLII; ídem, "Federación Médica Gremial de la Cap. Fed. - FEMEDICA- c/ DNCI - DISP 1270/03", 18-11-2008, "Fallos" 331:2614, disidencia del doctor Maqueda.
En el mismo sentido la Suprema Corte provincial en la causa n° 115.486, del 30-9-2014, “Capaccioni, Roberto Luis contra Patagonia Motor S.A. y BMW de Argentina S.A.
Infracción a la Ley del Consumidor”, resolvió que “(...) La normativa específica relativa a las relaciones de consumo no constituye una mera regulación de determinado ámbito de las relaciones jurídicas, como tantas otras. Es eso y mucho más. La preocupación del legislador -signada por la clarísima previsión del art. 42 de la Constitución Nacional y la correlativa contenida en el art. 38 de la Constitución provincial- radica en obtener la efectividad en la protección del consumidor. El principio protectorio como norma fundante es cimiento que atraviesa todo el orden jurídico. El propio art. 1° de la ley 24.240, texto ley 26.361 así lo expresa terminantemente: ‘la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario’” (SCBA, LP, C 117.760, S 1-4-2015 “G, A. C. contra "Pasema S.A." y otros. Daños y perjuicios”, JUBA). Asimismo ha dicho que “(...) una relación de consumo no conforma una relación exclusivamente patrimonial, sino que en ella hay una concepción particular de la sociedad y del mercado, cuyo modelo de contrato no es el concebido por el Código Civil ni por el Código de Comercio, sino que en estos la relación se teje entre fuertes y débiles, entre satisfechos y necesitados (...)” (SCBA, LP, C 117.245, S 3-9-2014, “Crédito para todos S.A. contra Estanga, Pablo Marcelo. Cobro ejecutivo”, JUBA).
Se advierte en todo lo dicho que un vínculo jurídico puede hallarse comprendido bajo el régimen general de responsabilidad derivada de los contratos, o bien bajo las específicas del sistema protectorio del consumidor, por el cual se procura restablecer el equilibrio entre las partes en una relación que, por su naturaleza muestra al consumidor como su parte débil frente a quien se caracteriza por su profesionalidad en la producción, importación y/o comercialización de un bien o servicio, con las ventajas que el conocimiento a su respecto le reporta.
ii. El encuadre legal del reclamo No resulta controvertido que el actor contrató con la demandada un seguro sobre el automotor de su propiedad. Bajo esa óptica se configuró una evidente relación de consumo entre la entidad cuyo objeto es brindar el servicio de seguros de modo profesional y una persona humana (art. 19 CCCN) como destinataria final de las prestaciones implícitas en el referido contrato. Ello constituye una evidente relación de consumo en los términos de los arts. 1, 2 y 3 de la LDC. En virtud de ello y conforme lo establece el art. 7 del CCCN, las presentes actuaciones deben resolverse por aplicación de las disposiciones contenidas en la referida LDC como así también por el CCCN, éstas en tanto resulten más favorables al consumidor y sin perjuicio de la LS en lo pertinente. La demanda comprende el resarcimiento de daños con causas que, aunque vinculadas, son claramente diversas. Una de ellas es el incumplimiento del contrato de seguro y el perjuicio que tal circunstancia habría generado al actor, esto es, no haber percibido la indemnización del siniestro y de probarse, el lucro cesante que dice ha experimentado. Se trata de consecuencias inherentes al atribuido incumplimiento contractual.
El otro aspecto se relaciona no ya con el contrato en sí mismo, sino con una conducta observada por la accionada, cual ha sido formular en contra del actor una denuncia penal que originó un proceso en su contra del cual luego fue absuelto; lo mismo cabría decir de las actuaciones administrativas en el ámbito laboral. Esto el demandante lo considera falsa denuncia; dice que le ha generado un daño psíquico y también moral. Aprecio que este aspecto del reclamo no tiene sustento en el contrato mismo sino en una fuente extra-contractual; se trata de una acción realizada por la demandada que, de acreditarse, habría sido realizada con culpa.
Pese a que en la demanda no se profundiza en esta distinción entiendo que ello constituye un deber del Tribunal, en orden a la aplicación de las normas que han de dirimir el caso, más allá de la invocación que hagan las partes. Esto es lo que he de tener en cuenta para decidir lo atinente a la excepción de prescripción.
iii. Prescripción de la acción del consumidor para exigir el cumplimiento del contrato de seguro, con más los daños derivados.
iii.i La ley 24.240 (texto originario)
En cuanto al plazo de prescripción que debía aplicarse en materia de prescripción de la acción del consumidor asegurado contra su aseguradora, existió un gran debate, por falta de claridad en el texto originario de la LDC. Había quienes afirmaban que regía la LS (art. 58) y por tanto el plazo era de un año y quienes pensaban que la cuestión encuadraba en el art. 50 de la LDC, por lo cual era de tres años (Abbas, Ana, "El plazo de prescripción aplicable al contrato de seguro", L.L. 2012-E-102/108; Bergoglio, Remo y Márquez, José Fernando, "La prescripción de las acciones fundadas en el contrato de seguros", L.L. 2012-E, 108/111). La postura mencionada en primer término afirmaba que el art. 50 se hallaba en el Capítulo XII, relativo a “Procedimientos y Sanciones”, y que la norma no mencionaba las acciones judiciales. Por otra parte se argumentaba que, si bien la LDC era una norma posterior a la LS, no había modificado a esta última y además la 17.418 era una ley especial, por lo que ella prevalecía (Rubén Stiglitz y Fabiani Compani, “El plazo de prescripción en el Contrato de Seguros", L.L., 14-11-2005, p.7,; Mangliardi, Eduardo, “Algunas cuestiones puntuales respecto de la prescripción en el contrato de seguros”, J.A., Número Especial: Seguros, p. 17 y 18, 11-10-2006; Stiglitz, Rubén, “Derecho de Seguros” T.II, p.500, 3ª. Ed., Abeledo Perrot, Bs. As., 2001; Peruchi, Héctor y Peruchi, Juan Ignacio, “Código Seguros”, T. II, 234, Comunicación y Proyectos, Bs. As., 2015, p 234).
Por el contrario, otra parte de la doctrina entendía que, tratándose de consumidores el art. 50 de la LDC implicaba una modificación al régimen del art. 58 LS y por tanto, el plazo de prescripción era de tres años (Farina, Juan M., “Defensa del consumidor y del usuario”, p.518, Astrea, 3ª. Ed., Bs. As., 2004; Ossola, Federico A., La Prescripción Liberatoria en las relaciones de consumo”, L.L., 6-11-2006, p.6; Juyent Bas, Francisco – Flores, Fernando, “El plazo de prescripción en las relaciones de consumo: ‘cara o ceca’ de una temática sin definición”, E.D., 7-2-2007, P. 4). También se señalaba la trascendencia tanto de la LDC como del art. 42 de la CN, en el sentido que implicaba una “verdadera divisoria de aguas” en la normativa entonces vigente, ya que “modificaron leyes y cambiaron filosofías, en toda nuestra patria”, siendo aquella una norma “ultra-específica” por lo cual, tratándose de un consumidor esa era la ley específica que se debía aplicar; además, en caso de duda sobre la ley aplicable, siempre debía (y debe) estarse a la interpretación más favorable al consumidor, siendo, por otra parte, la LDC una norma de orden público conforme a su art. 65, conformando un sistema autónomo y auto-referente (Sobrino, Waldo, “Consumidores de Seguros”, La Ley, 2009, p. 524 y ss; Sobrino, Waldo A.R., “Ley de Seguros Comentada”, art. 58, www.laleyoline.com.ar).
iii.ii La reforma que introdujo la ley 26.360 El art. 50 de la LDC, con la modificación introducida por la ley 26.361, prescribía: “Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales.”
La nueva redacción introdujo claridad al tema, al mencionar expresamente a las acciones judiciales. Por ello bajo dicha normativa no cabían dudas que habría de aplicarse el plazo más favorable al consumidor, pero nunca inferior a tres años (Coppola, Marcelo A. – Lacambra, Jorge A., “Análisis de la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor”, E.D., 13-5-2008, p.1.).
No obstante diversos tribunales han sostenido lo contrario, así se dijo que “El plazo de prescripción de una acción por cumplimiento de contrato y daños interpuesta contra una compañía de seguros es el anual previsto en el art. 58 de la Ley de Seguros y no el establecido en el art. 23 de la ley 26.361, pues la Ley de Defensa del Consumidor complementa o integra aquella normativa pero no la reemplaza”(CCivCom., Lab. y de Min. de Gral Pico,. 6-2-2019 –“Kuceski, Daiana c. HDI Seguros SA s/ ordinario”, RCyS 2019-X , 276 RCCyC 2019 (octubre) , 253 •AR/JUR/5970/2019.
Con el mismo criterio se resolvió que “El plazo previsto en el art. 58 de la ley 17.418 es aplicable a una acción contra una compañía de seguros y no el previsto en el art. 50 de la ley 24.240, ya que no puede sostenerse que el plazo de prescripción anual que establece una norma especial pueda considerarse ampliado a tres años por otra que tiene un carácter general, máxime cuando la solución propiciada es la que consagró la ley 26.994” (CNCom., sala D, 18-10-2016, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c. La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ ordinario”, L.L. 9-2-2017, 8, con nota de Fernando Cracogna, L.L., 2017-A, 276 con nota ídem, RCyS 2017-III, 227, AR/JUR/83070/2016. En el mismo sentido CNCom, Sala D, "Zandona, Hugo M. c/ Caja de Seguros SA", 2-2009; ídem, Sala C, "Carbonel, Eduardo J. c/ Provincia Seguros S.A.", 14-2-2012; ídem, Sala B, "Belén, Ramón Ángel c/ Mapfre Argentina Seguros de Vida S.A.", 23-4-2012; ídem, Sala A, "Rilo Fandiño, Manuel c/ La Nueva Coop. de Seguros Ltda.", 15-11-2013; ídem, Sala A, "Rodríguez, Antonino c/ Liderar Cía. Gral. de Seguros S.A. s/ Ordinario", 5-5-2015.).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha dicho al respecto que “A partir de la reforma introducida por la ley 26.361 al régimen normativo de usuarios y consumidores, ninguna duda cabe acerca de que el plazo de prescripción establecido por el art. 50 de la ley 24.240 incluye a las acciones judiciales emergentes de los contratos de consumo, entre los que cabe contabilizar, según las circunstancias, a los contratos de seguro.” (SCBA, LP, C 107.516, S 11-7-2012 “Canio, Daniel Gustavo c/Seguro Metal Coop. de Seguros s/Cumplimiento contractual”, JUBA B3902249; CC01, SN, 11.362, S 10-4-2014, “Rossignol, Juan Carlos c/ H.D.I. Seguros S.A. s/ cumplimiento de contrato”, JUBA, B860617).
Sin embargo, el aludido fallo señala con claridad que el plazo trienal contemplado por la ley 26.361 no era aplicable en forma retroactiva.
En tal sentido señaló el Dr. Pettigiani que ello era así en virtud del principio de irretroactividad de la ley. Aclaró en su voto que si bien es doctrina de la Corte que “… si la ley es interpretativa de otra -en cuanto resulta que ha tenido por finalidad precisar su sentido y establecer su verdadero ámbito de aplicación- ambas se confunden formando una sola, que no es nueva, sino la anterior aclarada y cuya aplicación es procedente en todos los casos que no estuviesen definitivamente juzgados (conf. Ac. 55.182, sent. del 13-VI-1995), no cabe a mi criterio otorgar tal carácter -meramente interpretativo o aclaratorio- a la aludida reforma legislativa que, a lo largo de treinta y siete artículos, introdujo sustituciones e incorporaciones normativas de una trascendencia indudablemente más extensa que el mero carácter aclaratorio que pretende atribuirle el recurrente.” Asimismo puso de relieve que el art. 3 del Código Civil establecía que las leyes “…se aplicarán a partir de su entrada en vigencia aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, es decir que consagra la aplicación inmediata de la ley nueva, que rige para los hechos que están in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción; lo que no puede juzgarse de acuerdo con ella son las consecuencias ya consumadas de los hechos pasados, que quedan sujetas a la ley anterior, pues juega la noción de consumo jurídico (conf. C. 101.610, sent. del 30-IX-2009).
Por otra parte destacó, con cita de destacada doctrina (Moisset de Espanes, Luis, "El derecho transitorio en materia de prescripción", Bol. Fac. de Der. y C. Sociales de Córdoba, año XXXIX, 1975, n° 1-3, p. 289 y parte III de su libro sobre irretroactividad de la ley, p. 135; Alterini, Atilio A., "Las reformas a la ley de defensa al consumidor. Primera Lectura, 20 años después", "La Ley", Sup. Reforma de la Ley de Defensa al Consumidor, p. 21), que tampoco resultaba aplicable dicha reforma, por cuanto así lo preveía expresamente el art. 4051 del Código Civil, que “…consagraba una solución permanente de derecho transitorio que, por su especificidad, debe privar sobre el principio de aplicación de la ley nueva que recepta el art. 3 del mismo ordenamiento. En efecto, la interpretación adecuada es la que coloca al art. 3 del Código Civil como norma general relativa a la eficacia de la nueva ley en el tiempo, manteniendo la operatividad de lo normado en el art. 4051 del ordenamiento cuando la sucesión normativa se refiere al instituto de la prescripción, salvo disposición en contrario de la legislación sobreviniente respectiva, como ocurriera con la reforma del año 1968, art. 2, ley 17.940 (conf. C. 101.610 cit.).
Y añadió un argumento específico al decir que “No obstante reconocer que la cuestión ha suscitado dudas y opiniones diversas, me inclino a considerar acertada la interpretación que postula que la prescripción anual del art. 58 de la ley 17.418 no quedó desplazada por la trienal establecida en el art. 50 de la ley 24.240, en su redacción original. Estimo que los aludidos principios iusprivatistas en torno a los binomios "ley general - ley especial" y "ley anterior - ley posterior" resultan dirimentes en el debate sustanciado en autos. A ello se debe sumar el hecho de no haber sido incluidas -en la redacción original de la ley 24.240- las acciones judiciales en el elenco de remedios "prescriptibles", junto a las acciones y sanciones de carácter administrativo regladas en el capítulo XII de la misma, circunstancia recién verificada en forma inequívoca a partir de la mencionada reforma plasmada en la ley 26.361. Por último, comparto también la idea que el plazo prescriptivo especial previsto en la Ley de Seguros tuvo en miras la valoración del riesgo económico específico que el contrato implica, el que no podría quedar alterado -sin más- por la Ley de Defensa de los Consumidores, insisto, en la versión normativa temporalmente aplicable al sub lite.”.
De tal modo nuestro Superior provincial expuso su doctrina sobre el punto, estableciendo cuál era el criterio que debía prevalecer cuando se trataba de la prescripción de la acción del consumidor contra su aseguradora antes de la reforma introducida por la ley 26.361.
Esto lo es sin perjuicio que el criterio señalado, ante el conflicto ley general (LDC) versus ley especial (LS), no resulta idéntico al expuesto por la CSJN con posterioridad en la causa “Buffoni, Osvaldo Omar c/ Castro, Ramiro Martín s/ daños y perjuicios” (8-4-2014); en ésta reafirmó su doctrina sobre la preeminencia de la ley especial (LS) que nos ocupa. Así, luego de recordar su asentada jurisprudencia sobre la oponibilidad de las cláusulas del contrato de seguro al tercero damnificado, consideró que “… no obsta a lo dicho la modificación introducida por la ley 26.361 a la Ley de Defensa del Consumidor, pues esta Corte ha considerado que una ley general posterior no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de la singularidad del régimen de los contratos de seguro (M. 1319, XLIV, “Martínez de Costa, María Ester c/ Vallejos, Hugo Manuel y otros s/ daños y perjuicios”, fallada el 9 de diciembre de 2009).” (CSJN, "Buffoni, Osvaldo Omar c/ Castro, Ramiro Martín s/ Daños y perjuicios", 8-4-2014, causa B. 915. XLVII; considerando 12 – sjconsulta.csjn.gov.ar).
Como resulta de lo expuesto el citado antecedente trataba sobre la oponibilidad de las cláusulas contractuales del seguro a un tercero, víctima del siniestro, en particular el límite de cobertura allí dispuesto. Sin embargo, los términos del fallo en el considerando transcripto, no dejan margen a dudas sobre el criterio general de la Corte Suprema, en cuanto reconoció la preeminencia de la LS por sobre la LDC, al menos en los aspectos que se encuentran expresamente regulados por la primera, con fundamento en la especialidad de la norma sobre la ley general.
Parece conveniente resaltar que la decisión sólo contó con la disidencia de la Dra. Argibay, quien consideró que el recurso extraordinario que diera lugar a la queja era inadmisible en los términos del art. 280 del CPCCN, por lo que en verdad no se expidió sobre el fondo de la cuestión. Desde entonces y hasta el presente CSJN ha ratificado en muy numerosos fallos la referida doctrina, sobre los alcances de la franquicia, aunque sin cita del caso “Buffoni”, entre los precedentes.
Es claro que la cuestión de la franquicia no está en juego en este caso, pero vale pensar que si el Máximo Tribunal Nacional confiere preeminencia a lo convenido por las partes en un contrato de seguro, por sobre el régimen que cabría aplicar en virtud del ordenamiento que deriva del art. 42 CN incluida la LDC, cuando en el caso ello resulta avalado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con mayor razón debiera imponerse tal solución si la fuente no es el contrato sino la ley, en el caso la LS. La preeminencia de esta última es explícita en los sucesivos votos del Dr. Carlos Rosenkrantz quien, incluso en muy numerosas causas falladas con posterioridad a la vigencia de la ley 26.994, afirma – considerando 13 -, que la Ley de Defensa del Consumidor (texto según la ley 26.361) es una ley general posterior que no deroga ni modifica una ley especial anterior, en referencia a la LS, cuando esta ley regula un régimen singular tal como ocurre en el caso de los contratos de seguro. Así lo ha expresado en la causa "Recurso de hecho deducido por la citada en garantía en la causa Díaz, Graciela Luisa c/ Evangelista, Jorge Daniel Pascual y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)", 12-6-2018; y también en fecha muy reciente, el 5-11-2019, en las causas “Balbuena, Rubén Andrés y otro c/ Transporte Automotor Plaza S.A.C.I. y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)”; CIV 66226/2012/1/RH1 “Federación Patronal Seguros S.A. y otro c/ Transporte Automotor Plaza S.A.C.I. y otro s/ interrupción de prescripción”; CIV 49545/2014/1/RH1 “Farías, Alicia Beatriz c/ Transporte Automotor Plaza S.A.C.I. y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte); CIV 99767/2013/2/RH1 “Mastrángelo, Andrea Verónica c/ Transporte Automotor Plaza S.A.C.I. (Línea 143) y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/. les. o muerte)”; CIV 22857/2011/2/RH2 “Staffieri, Moira Vanesa c/ Pullman General Belgrano SRL s/ daños y perjuicios” y CIV 32973/2014/2/RH1 “Flor González, María Ceveriana c/ Crucero del Norte S.R.L. y otro s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)"; sjconsultas.csjn.gov.ar).
iii.iii La reforma introducida por la ley 26.994 La ley que sancionó el CCCN, vigente desde el 1-8-2015, modificó nuevamente el texto del art. 50 de la LDC, ubicado en XII sobre “Procedimiento y sanciones”. El precepto quedó redactado en los siguientes términos: “Las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de (3) tres años. La prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de actuaciones administrativas”
A su vez el Capítulo XIII referido a las acciones judiciales mantiene en sus artículos el texto establecido por la 26.361 y 26.993, de modo que nada contempla sobre la prescripción.
Con posterioridad a la mencionada reforma parte de la jurisprudencia ha entendido que corresponde aplicar la norma que regula los seguros. Ya me he referido a la doctrina de la CSJN sobre la prevalencia de la ley especial y en particular el explícito voto del Dr. Rosenkrantz en los fallos posteriores a “Buffoni”. A más de ello otros tribunales sostienen dicha prioridad.
En tal sentido se ha reafirmado que “La ley 24240 y sus modificatorias, son leyes generales que no derogan ni expresa ni tácitamente a ley de seguros que, no obstante ser anterior, es ley especial… principio éste que puede incluso derivarse de la interpretación de lo reglado en el artículo 3 del estatuto de defensa del consumidor al dejar a salvo la aplicación de la normativa específica del régimen que regula la actividad del proveedor… Corresponde admitir la excepción de prescripción en el marco de una demanda promovida por cumplimiento de contrato de seguro, que amparaba a un automotor robado en la vía pública, por cuanto la acción deducida prescribe por el transcurso de un año (ley 17418:58); solución que se coordina con la reforma introducida por la ley 26.994 a la ley 24.240: 50 (conf. Lorenzetti, R.,Código Civil y Comercial de la Nación, comentado, Santa Fe,2015, t. XI, ps. 835/836)… a partir de la sanción de la ley 26.361, la prescripción trienal se aplicaba a las acciones judiciales relativas a los contratos de seguro, siempre y cuando, simultáneamente, lo fueran de consumo… Sin embargo, la ley 26.994 modificó la ley 24240: 50, estableciendo que "las sanciones emergentes de la presente ley prescriben por el término de tres años…", aclarándose de esa manera, que sólo resulta aplicable dicho plazo a las sanciones administrativas, y no a las acciones judiciales. Por otra parte, si bien el plazo de prescripción genérico del contrato de consumo es ahora de cinco años (CCCN 2560), éste sólo se aplicará si no existe un plazo especial previsto en las disposiciones específicas (conf. Lorenzetti, R. "Código Civil y Comercial de la Nación, comentado", Santa Fe, 2015, t. XI, pág.835), como ocurre con el plazo anual de la ley 17.418: 58. 30699/12) (CNCom., Sala D, García, Laura Ximena C/ Federación Patronal Seguros S.A. s/Ordinario”, 27-4-2017; ídem, ídem, 24-8-2017, 23.138/16, “Nicotra, Claudio Daniel c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ Ordinario”, PSJ-CNCom.) En la doctrina se perfilan diversas posturas.
Así por un lado se afirma que la reforma introducida por ley 26.994, pese a que ha suprimido la prescripción de las acciones de consumo en el art. 50 LDC, en definitiva ha favorecido a los consumidores. Esto en razón que, al no indicar un plazo, rige el genérico de prescripción previsto por el art. 2560, el cual es de cinco años, pues corresponde hacer la "interpretación más favorable al consumidor", que estable el art. 1094 del CCCN (Sobrino, Waldo A., "Prescripción de cinco años en Seguros en el nuevo Código", LL 2015-A-1008; ídem, "El nuevo plazo de prescripción de cinco (5) años en los seguros por aplicación del Código Civil y Comercial", ElDial — DC223D, publicado el 24-11-2016). Incluso se ha descartado la posible aplicación del plazo bienal del art. 2563 (CCCN), referido a la declaración de nulidad relativa, revisión e inoponibilidad de actos jurídicos teniendo en cuenta el carácter de "consumidor" del asegurado, ante la falta de plazo particular en la ley especial o en el Código Civil y Comercial; es decir, no habiendo sido contemplado en forma específica el plazo de prescripción para contratos de consumo, deberá estarse al plazo genérico (Sobrino, W.
A., "Prescripción de cinco años en Seguros en el nuevo Código", LL 2015-A-1008). De tal modo se afirma que no existen dudas en cuanto a que el consumidor podrá reclamar el cumplimiento del contrato y los daños y perjuicios, en el plazo de cinco años (art. 2560 CCCN) ya que en caso de duda siempre corresponde la interpretación que sea más beneficiosa para aquél, lo cual impone la ampliación del plazo para reclamar (Álvarez Larrondo, Federico M., "El consumidor a partir del proyecto de Código Civil", RCyS 2013-III-5, LL Online: AR/DOC/55486/2012. En la misma línea, Bloise, Sergio Alberto, “La Prescripción de las Acciones de Consumo en el Nuevo Código”, Diario Consumidor, Doctrina – 25-8-2015).
Aunque también se dijo que ello es así en tanto para una determinada relación de consumo no esté previsto un plazo menor (Monti, Eduardo J., “Derecho de Usuarios y Consumidores”, Cathedra Jurídica, Bs.As., 2015, p. 69), incluso hay quien afirma que ello es así en tanto no se trate de la acción por reclamo de la garantía, que es de seis meses para la cosa nueva y de tres meses para la usada (Badran, Juan P., “Prescripción Liberatoria”, Lerner, Córdoba, 2015, p. 183). Bajo tales perspectivas el plazo sería de un año. Otros autores sostienen que al no existir un plazo específico en la LDC, y dado que “…se ha suprimido el principio de norma más favorable que existía en el art. 50, LDC, según ley 26.361, habría elementos para interpretar que las leyes específicas que regulan aspectos particulares de determinadas relaciones de consumo podrían ser aplicables en materia de prescripción" (Chamatropulos, Demetrio Alejandro, "Estatuto del Consumidor Comentado", La Ley, Buenos Aires, t.
II, p. 232. Cracogna, Fernando “La prescripción en el derecho de seguros. Hacia el fin de una controversia”; este autor sostiene que no existen dudas que con la reciente reforma se aplica el plazo anual de la LS – L.L. 9-2-2017, 8 – L.L. 2017-A, 277 - RCyS2017-III, 227, AR/DOC/3877/2016).
Por tal motivo se ha considerado que la reforma importa un retroceso en este punto desde que no sólo se eliminó el plazo trienal para la prescripción de las acciones judiciales sino que incluso tratándose del pedido de nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos se establece un plazo de dos años (art. 2562 CCCN); ello además de haberse eliminado el segundo párrafo del art.50 el cual disponía que “Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario”, refiriéndose al plazo de tres años, lo cual estaba en línea con el art. 3 que establece el principio in dubio pro consumidor” (Tambussi, Carlos E., “Incidencias del Código Civil y Comercial – Contratos de Consumo”, 1ª. Reimpresión, Hammurabi, Buenos Aires, 2015, p. 145).
Por ello se afirma que, ante la modificación del art. 50 LDC, la norma que rige la prescripción, en todos los casos es el art. 58 LS y con mayor razón tomando en cuenta lo decidido por la CSJN en el caso “Buffoni”, ya referido, reiterado hasta fecha reciente por la CSJN, en los precedentes del 5-11-2019 antes citados y lo que surge de la Exposición de Motivos del CCCN, en cuanto a que “…Finalmente, en otros, no hay ninguna modificación, como sucede con la ley de seguros o de concursos y quiebras” y además, porque el art. 2671 del referido Código dispone que “La prescripción se rige por la ley que se aplica al fondo del litigio” (Peruchi, Héctor y Peruchi, Juan Ignacio, ob. cit. p.237).
El anteproyecto de reforma a la LDC en su art. 183 contempla restablecer el plazo trienal. El mentado artículo expresa “Las acciones judiciales para el ejercicio de los derechos de consumidores prescriben en el término de tres (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen se fijen plazos de prescripción menores, rige el plazo establecido en este artículo". La redacción del proyectado primer párrafo del art. 183 despeja toda duda a que el plazo de tres años, como un piso, que comprende todas "las acciones judiciales" iniciadas por los consumidores en el ejercicio de sus derechos como tales, con independencia que el tema tuviera otra regulación, sea en leyes generales o especiales (Rubinstein, Marcelo, "Prescripción liberatoria en las relaciones de consumo. Avances y retrocesos" Sup. Especial Comentarios al Anteproyecto de LDC, 27-3-2019, 715, Cita Online: AR/DOC/663/2019).
iii.iv. La prescripción en el caso de autos Como conclusión de la reseña efectuada en los puntos precedentes – en especial teniendo en cuenta la doctrina legal de la SCBA - se puede afirmar, en cuanto al plazo de prescripción aplicable a la acción del consumidor, para reclamar el pago de la indemnización a la aseguradora y los eventuales daños derivados del incumplimiento contractual, que:
Durante la vigencia de ley 24.240 en su texto original, el plazo era de un año conforme LS (art. 58).
Mientras se halló vigente la reforma introducida por la ley 26.360 lo fue de tres años de acuerdo a la LDC (art. 50) y lo que resulta del fallo de la doctrina de la SCBA citada, sin perjuicio de la incidencia de la posterior sentencia “Buffoni” y sucesivos fallos.
A partir de la modificación introducida por la ley 26.994, las posibilidades interpretativas serían: a) un año, por haberse eliminado la previsión expresa en el art. 50 LDC, por lo cual la LS (art. 58), como ley especial se impone (criterio indicado en el caso “Buffoni”, y siguientes, CSJN, con las salvedades ya mencionadas); b) cinco años, por cuanto partiendo de la misma premisa, esto es que la LDC no lo establece, se impone el común quinquenal (art. 2560 CCCN); c) dos años si se considerase aplicable lo previsto para la acción de pedido de nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos (art. 2562 CCCN), con las observaciones antes indicadas.
Ahora bien, habiendo considerado los diversos criterios que existen respecto al plazo de prescripción de las acciones judiciales, cuando éstas se refieren a una relación de consumo, y la acción del consumidor se origina en un contrato de seguro, debo atender a que el hecho desencadenante del conflicto entre las partes se produjo el 28-6-2005, bajo la vigencia del texto originario de la LDC. Como se ha visto, al respecto hay una clara toma de posición de la SCBA, la cual se inclinó, para tales supuestos, por el plazo anual de la LS. Esa solución se impone con mayor razón dado el criterio observado por la CSJN en la causa “Buffoni” el cual, incluso, ha sido pronunciado bajo la vigencia la ley 26.360.
En consecuencia corresponde aplicar al caso de autos la prescripción de un año prevista en la ley entonces vigente. Por ello considero que resulta innecesario tomar postura en cuanto a la incidencia de la ley 26.994.
iii.v. Inicio del plazo de prescripción Establecido el plazo que ha de regir la extinción de la acción corresponde analizar a partir de qué momento comenzó a correr.
En la sentencia se consideró que la acción quedó expedita el día en que el actor tomó conocimiento de que se había promovido en su contra un juicio penal por falsa denuncia y estafa en grado de tentativa.
El actor en su expresión de agravios si bien que queja que la Magistrada haya tomado esa fecha inicial no realiza ningún desarrollo que demuestre que ella resultó equivocada. Su cuestionamiento se dirige a afirmar que la Señora Jueza no tomó en consideración que en el caso se reclaman los daños derivados de la conducta asumida por la aseguradora, en particular los gastos y honorarios que le significó la causa penal y el daño moral que le produjo tanto esta última como el sumario realizado por su empleador, la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Concluye que por todo ello el plazo de prescripción que se debe tomar es el de tres años contemplado por el art. 2561 del CCCN.
De tal modo aprecio que el apelante, no sólo no ha expuesto ningún argumento para fundamentar que la Magistrada se habría equivocado al determinar que el hecho a partir del cual se debía computar el plazo era el de la notificación a su parte del inicio de la causa penal, sino que tampoco indicó cuál sería a su criterio el correcto.
Sin perjuicio de ello comparto el criterio sustentado en la sentencia apelada, en el sentido que a partir del día en que el requirente tomó conocimiento de la causa penal promovida en su contra, por falsa denuncia del hurto de su vehículo, promovido por la aseguradora, no podía caberle duda alguna que no le iba a pagar el siniestro y por tanto a partir de entonces quedó expedita la acción contra ella para reclamar la indemnización prevista en la póliza. En lo relativo a que en el caso correspondería aplicar el plazo de tres años contemplado por el art. 2561 del CCCN, aprecio que ello no es así. En efecto, si bien el segundo párrafo del artículo citado se refiere al resarcimiento por “…daños derivados de la responsabilidad civil…”, recuerdo el mentado art. 7 del nuevo Código en cuanto establece que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales." Y, si bien luego dispone que “Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”, es claro que la regulación de la prescripción no constituye “una ley supletoria”, lo cual surge con nitidez del art. 2533 (CCCN), sin perjuicio de la renuncia a la ya ganada (art. 2535), lo cual es otra cuestión. Además, tampoco podría aplicarse a supuestos en que la prescripción operó durante la vigencia de la ley precedente. El 2537 (CCCN) establece: “Modificación de los plazos por ley posterior. Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior.” Este criterio tiene como fuente directa lo que preveía el art. 4051 del C. Civil (conforme leyes 17.711 y 17.940); con la excepción final, extraída de la jurisprudencia de la CSJN en la materia.
Al respecto se ha señalado que “…se trata de una solución razonable, pues fue la ley anterior la que genero´ la expectativa de que en ese periodo el titular activo del derecho tendría amparo jurisdiccional para la defensa de su derecho; el deudor podría ser liberado al cumplimiento del plazo… Se optó, pues, por el sistema que de mejor modo respeta la confianza de todos…” (Marisa Herrera - Gustavo Caramelo - Sebastián Picasso Directores, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo IV, 1ª. ed. - Ciudad Autónoma de Bs. As., Infojus, 2015, p. 273).
El demandante, conforme lo determinó la Magistrada de la anterior instancia, tomó conocimiento de la causa penal iniciada en su contra el día 4-4-2006, aspecto que como ya mencioné ha quedado consentido.
En consecuencia, teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 6-6-2008 no quedan dudas respecto a que la prescripción anual del art. 58 de la LS había operado. Cabe señalar que en el ámbito de nuestra Provincia la ley 13.951, que instauró la mediación previa con carácter obligatorio data del 10-2-2009; es decir, se trata de una norma posterior al inicio de esta causa. En el presente caso, por otra parte, la mediación tuvo lugar en el ámbito nacional el día 7-5-2008 y bajo la vigencia de la ley 24.573 (Sancionada el 4-10-1995, promulgada el 25-10-1995), la cual en su art. 29 establecía que la mediación suspendía el plazo de la prescripción desde que se formalizaba la presentación a que se refería el artículo 4, es decir, a partir del día que el reclamante formalizaba su pretensión ante la mesa general de recepción de expedientes que correspondiese. La ley 26.589 (B.O. 6-5-2010) que sustituyó a la antes citada, fue mucho más precisa al establecer los diferentes supuestos de inicio de la suspensión y que el plazo de prescripción y de caducidad se reanudará a partir de los veinte días contados desde el momento que el acta de cierre del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria se encuentre a disposición de las partes (art. 18).
Sin embargo y más allá que el actor no ha indicado el carácter de la mediación (por sorteo oficial o privada), la pretendida "interrupción", rectius "suspensión", ésto según lo contemplan las norma citadas, tampoco sería admisible toda vez que no existe constancia alguna respecto a cuándo fue requerida. Por lo cual el solo dato de la fecha de la audiencia resulta insuficiente al efecto pretendido. De todas formas es notorio que teniéndose por expedita la acción el día 4-4-2006, al momento de realizarse la audiencia de mediación (7-5-2008), la prescripción anual aplicable para el reclamo del siniestro había operado. En función de lo hasta aquí desarrollado considero que debe confirmarse la decisión apelada, en cuanto se refiere al reclamo de pago de la indemnización pactada en la póliza que vinculaba a las partes, como así también de la acción por los daños derivados de tal incumplimiento, que en el caso corresponde a la reparación del pretendido lucro cesante.
iv. La prescripción del daño de origen extra-contractual El actor tanto en su demanda cuanto en los agravios refiere haber sufrido diversos daños. Así menciona, además del lucro cesante ya mencionado en el aparato anterior, los honorarios que dice debió afrontar por su defensa en la causa penal promovida en su contra ($ 15.000); daño moral ($ 205.000); y daño psicológico ($ 50.000).
Los tres conceptos citados en último término entiendo que se vinculan con el invocado padecimiento que pudo afectar al demandante al verse expuesto por una falsa denuncia realizada en su contra. En virtud de ello la suerte de la acción tendiente a repararlos no se vincula con el incumplimiento contractual sino con una conducta diferente de la accionada, que ha consistido en promover una causa criminal contra el actor. Esto sitúa la cuestión en el ámbito de la responsabilidad extra-contractual; reitero, en cuanto a este hecho – falsa denuncia – y los daños que de ello se puedan derivar.
La reflexión precedente conlleva la necesidad de establecer si esa acción por resarcimiento se encuentra o no prescripta, en función del planteo efectuado por la demandada al presentarse en autos. Ello por cuanto a su respecto no resulta aplicable la prescripción anual del art. 58 de la LS, sino la propia de la responsabilidad por hechos ilícitos. Sobre el tema del curso de la prescripción en el supuesto de falsa denuncia o acusación calumniosa, que contemplaba el art. 1090 del Código Civil, existían distintas orientaciones tendientes a definir a partir de qué momento se inicia el cómputo del plazo de dos años que contemplaba art.4037 del referido cuerpo normativo (Cód. Civ. comentado, anotado y concordado, dirigido por Augusto César Belluscio y coordinado por Eduardo Zannoni, Bs. As., 1984, p. 264, apartado 9 y su nota 47).
Una tesis sostenía que el plazo corría desde el conocimiento de la falsa denuncia por la persona que se sentía damnificada por ella. Así lo ha decidido la Sala III de este Tribunal, con sustento en que el transcurso del proceso penal no impedía, a quien se consideraba afectado por la falsa denuncia, demandar por los perjuicios que ello le provocara (Sala III, 14-7-2014, “G. E. c. Indusfricción S.R.L. y otro s/ daños y perjuicios”, LLBA 2014 (diciembre), 1270, AR/JUR/50014/2014).
En sentido opuesto se afirmaba que su curso se iniciaba cuando en sede criminal se hallaba firme la absolución del imputado o su sobreseimiento (CNCiv., Sala F, 19-6- 2002, "Zalazar, Raúl E. c/ Gas Natural Ban S.A. s/ daños y perjuicios" L.336.146).
También se ha considerado que "Aun acaso podría sostenerse, con la atención puesta en lúcidas reflexiones paralelas vertidas por Jorge Joaquín Llambías ("Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", t.III, Bs. As., 1977, nums. 2094 y 2095), que la prescripción inicia su curso desde el hecho generador, configurado por la denuncia, pero como hasta la absolución o el sobreseimiento media una situación asimilable a la que menta el art. 3980 del Código Civil, corresponde liberar al damnificado de las consecuencias de la prescripción cumplida en este interregno, siempre que haga 'valer sus derechos en el término de tres meses' de cesado el impedimento" (CNCiv. Sala C, L. 122.061, "Falbo, O.H. y otro c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios", 18-3-93; CNCiv. Sala C, 21-4-1998, R. 225.737, "Grande, Graciela E. c/ Ríos Seoane, Francisco s/ daños y perjuicios".
Para hallar una solución adecuada, ante esta diversidad de criterios, cabe recordar que el art. 1090 del Código Civil establecía el contenido de la indemnización si el delito era de acusación calumniosa. Esta es una especie de la calumnia, con tratamiento particularizado. Para que esta figura criminal tenga lugar es necesario que exista la imputación de un delito de acción pública, que se formule la correspondiente denuncia ante la autoridad policial o judicial y que la falsedad del acto denunciado sea conocida por el denunciante, en orden a lo previsto por el art. 109 del C. Penal. Sin embargo, su ausencia no impide que de todos modos surja la responsabilidad del denunciante, de naturaleza extra-contractual, con sustento en su actuar culposo conforme lo previsto por art. 1109 del Código Civil, como cuasidelito, configurándose lo que se denomina acusación o denuncia culposa (Vázquez Ferreyra, Roberto, en Bueres-Highton, Código Civil anotado, Hammurabi, Bs. As., 1999, t. 3-A, p. 279 a 286).
Para que se presente el supuesto de denuncia calumniosa o falsa denuncia se requiere que el proceso abierto, en virtud de ella, concluya por absolución o sobreseimiento (CNCiv., esta Sala F, 6-4-98; ídem, Sala I, 8-10-98, J.A. 1999-IV-278). De tal modo, en esa oportunidad queda configurada la falsedad de la denuncia y esta calificación es la que torna expedita la acción del afectado para iniciar su reclamo. Antes de ello no es posible determinar si el hecho configuró o no falsa denuncia; la persona involucrada en una causa penal se encuentra en un estado de verdadera incertidumbre sobre el resultado al que habrá de arribar el proceso criminal, razón por la cual el derecho a ser indemnizado nace al dictarse el sobreseimiento provisorio o definitivo (Cám. 2ª. Apel. Civ. y Com. Paraná, Sala I, 19-3-2014, “A., S. G. c. A. de I., D. R. s/ ordinario”, LLLitoral, 2014 (septiembre, 903, AR/JUR/29249/2014). Por lo tanto, comparto el criterio según el cual es desde esta oportunidad que comenzaba a corre el plazo de la prescripción previsto en el Art. 4037 Código Civil.
La SCBA tiene decidido que la interpretación literal del art. 3956 del Código Civil, que fijaba el comienzo de la prescripción de las acciones personales en la fecha del título de la obligación, puede llevar a una errónea argumentación. Ha indicado que no debe perderse de vista que el principio general en la materia es que el término de la prescripción comienza desde que el crédito existe y puede ser exigido, y no corre contra los derechos o las acciones que no han tenido nacimiento. Así, en el Ac. 45.288 (sent. del 27-XII-1991, “Acuerdos y Sentencias”, 1991-IV-678) expresó que “... la redacción del precepto no es feliz desde que el principio básico es que el curso de la prescripción comienza con el nacimiento de la acción: 'ninguna acción puede prescribirse antes de existir, porque no ha podido ejercerse'... la prescripción comienza tan pronto nace 'una pretensión accionable', fórmula análoga a la del código español según la cual 'el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones ... se contará desde el día que pudieron ejercerse' (art. 1969; v.
Salvat-Galli “Obligaciones en General”, t. III., Ed. Tea, Bs.As., 1958, nº 2072 a) y 2071 a) en págs. 417/9)… el plazo relativo a los cuasi delitos… corre desde que el agraviado 'pudo ejercer la acción' pues como lo destaca Borrell Maciá '... si no puede ejercitarse la acción no puede decirse que exista'“ (“Responsabilidades derivadas de la culpa extracontractual civil”, 2da. ed., Bosch, Barcelona, 1958, cap. XXIV, nº 180, págs. 344/5). “Si bien es cierto que la prescripción de la acción emergente de un hecho ilícito, comienza desde el momento en que éste ocurre, toda vez que constituye la fuente de la obligación de resarcir, no lo es menos que tal principio -de carácter general- debe ser congruentemente aplicado en situaciones particulares, como la del caso de autos, en la que la ilicitud del hecho no se encuentra categóricamente establecida en el momento de producirse, sino que fue necesario un acto jurisdiccional, el que permitiera calificarlo como tal” Y que “... la doctrina como la jurisprudencia vienen admitiendo que, cuando la ilicitud del hecho debe resultar de una previa decisión judicial, el término de prescripción sólo puede comenzar a partir de la fecha en que la sentencia que así lo declare pase en autoridad de cosa juzgada (Salvat, op. y 279/280, 284, t. y nota 108 y sus remisiones y 291/292)...” “... se podrá objetar que la ilicitud del hecho no resulta de la sentencia que así lo declara, que ningún obstáculo de orden material o jurídico impide proponer la acción de daños con anterioridad; que la hipótesis no es equiparable a la del art. 3980.
O que se podrá argüir con el efecto retroactivo propio de las sentencias dictadas en proceso de condena...”. “Pero magüer tales reparos -decía el doctor Bouzat a quien pertenece el voto-, se me aparece como más valiosa la solución que propicio. Carece de sentido imponer a aquél cuyo controvertido derecho está pendiente de un reconocimiento judicial, la carga de poner en movimiento la actividad jurisdiccional en miras a mantener viva una pretensión cuya consolidación -en la realidad de las cosas- sólo habrá de operarse una vez decidida la cuestión relativa a la legitimidad de la ocupación.” “Cuestión que, no ya por virtud de precepto legislativo, sino por la fuerza misma de las circunstancias y por imperio de los principios de la lógica aparece con ribetes propios de prejudicialidad material.
Basta para evidenciarlo observar que no cabría, sin caer en el riesgo del tal meneado 'escándalo jurídico' de las sentencias contradictorias, pronunciarse en la acción de daños y perjuicios sin haberlo hecho antes en la de desalojo” (SCBA LP, AC 78.553, S 12-2-2003, “G. ,M. E. y o. c/S. ,C. P. y o. s/Daños y perjuicios”. DJBA 165, 61, con cita de fallos precedentes causa Ac. 24.016, sent. del 29-IX-1977, “Acuerdos y Sentencias”, 1977-III-727; causa Ac. 45.288. En el mismo sentido SCBA, LP, Ac 87.447, S 20-4-2005, “Chakers Sociedad de Hecho y/u otros c/Municipalidad de 9 de Julio y otro s/Daños y perjuicios”, Como se advierte en el citado caso del Máximo Tribunal se señaló que previo al resarcimiento de daños se imponía una declaración sobre la legitimidad de la ocupación, y aquí del mismo modo para reclamar un daño por la ilicitud de una denuncia, se requiere que esta circunstancia quede configurada como tal.
En efecto, no se puede decir que una falsa denuncia en tanto no medie una sentencia que disponga el sobreseimiento o la absolución del imputado (arg. Art. 3956 C. Civil). Es que, hasta que ello no tiene lugar no puede establecerse si la denuncia fue falsa o no. Y como lo ha señalado el Superior provincial, qué sentido tendría llevar adelante un juicio cuando el hecho generador aún no se ha configurado como tal.
Diferente es el caso en que un hecho pueda por sí, sin necesidad de calificación penal previa constituir fuente de obligación de resarcir, como son la mayoría de los casos de lesiones o incluso muertes que dan inicio a una causa criminal, pero cualquiera sea el resultado de ésta en lo que a la responsabilidad penal se refiere no incide en la obligación civil de reparar el daño causado. Salvo los excepcionales casos en que se probare en la causa represiva que el hecho no existió o que el demandado no intervino en modo alguno en su producción. En conclusión, aprecio que al caso de autos corresponde aplicar el mismo criterio utilizado por la SCBA, pues aprecio que la falsa denuncia constituye un hecho que, para quedar configurado y dar lugar a resarcimiento, exige – a diferencia de otros supuestos de ilícitos penales – un pronunciamiento firme en sede penal por el cual se desvirtúe el contenido de la imputación, sea por absolución o sobreseimiento del afectado.
Siendo que el actor ha sido notificado de su absolución en la causa n° 2.149, que tramitó ante el Juzgado en lo Correccional n° 4, de este Departamento Judicial, en oportunidad de la audiencia de debate oral, el día 3-12-2007 (fs. 132 a 134 causa citada); que el plazo que corresponde aplicar a la acción por reparación de un hecho ilícito en el ámbito extra-contractual, en el Código Civil era de dos años (art. 4037 C. Civil); que la demanda fue presentada el 6-6-2008 concluyo que la acción por recupero del alegado pago de honorarios, resarcimiento del daño moral y psicológico, no se hallaba prescripta.
A mérito de ello propongo al Acuerdo modificar la sentencia y rechazar la excepción de prescripción por los reclamos aquí indicados.
V La responsabilidad por falsa denuncia en el caso En cada situación, cabe analizar la forma y contenido de la denuncia a fin de determinar si se ha incurrido en falsedad o al menos en negligencia que justifique su responsabilidad civil (conf. Vázquez Ferreyra, Roberto, en Bueres, Alberto, Código Civil y normas complementarias, edit. Hammurabi, Bs. As., 1999, t. 3-A, p. 283).
Establecidos los principios de carácter general ya analizados en el apartado precedente, corresponde establecer si la conducta observada por la demandada encuandra dentro de los conceptos referidos.
La prueba aportada en este proceso y en la causa penal nº 2149, permiten verificar que hubo acusación calumniosa en los términos de las normas citadas (arts. 1090 y 1109 del CC) que habilite la procedencia de los daños y perjuicios reclamados. Mas aún cuando el aquí actor fue absuelto en orden al delito de falsa denuncia y estafa en grado de tentativa en concurso ideal (fs. 132 a 134 C.P., en fotocopias certificadas).
Para llegar a tal conclusión basta con observar lo que resulta de la audiencia de debate oral y pública en la cual el denunciante Luis Alberto Bernich, dependiente de la aseguradora, expresa que instó las actuaciones, en definitiva, por una corazonada, por la que retira la acusación. Tal como lo ha mencionado el Tribunal Correccional para realizar una denuncia debe observarse una conducta objetiva y colectar todas las pruebas que tengan a su alcance para que la respalden (fotocopias certificadas, fs. 134 CP). En razón de todo lo expresado y lo dispuesto por los arts. 1090 y 1109 del CC, considero configurado el obrar culposo de la demandada debiendo, en mi criterio, hacerla responsable por los daños que su accionar haya generado al reclamante, lo cual pasaré a analizar a continuación. VI Rubros reclamados 1. Honorarios profesionales En cuanto a los honorarios que dice haber pagado por la defensa en la causa criminal n° 2.149, no surge de la referida, que en copia certificada se tiene a la vista, ni de las presentes, prueba alguna en tal sentido. Por lo cual, habiendo incumplido el actor con la carga impuesta por el art. 375 del CPCC, estimo que debe rechazarse esta pretensión.
2. El daño psíquico i. Su configuración El daño que aquí se pretende se define como una alteración a la contextura psíquica. Comprende todo deterioro en el mental de la salud, aunque no medien alteraciones corporales.
Se trata de resarcir las lesiones e incapacidad permanente, de carácter psicológico, total o parcial; es decir, aquellas que no pueden revertirse y que se mantendrán durante toda la vida del damnificado, siendo esta la minusvalía que contemplaba el art. 1086 del Código Civil (en similar sentido art. 1746 del CCCN). Su existencia y carácter deben ser determinados a través de la respectiva pericial. Cabe recordar la jurisprudencia de la Corte Federal —anterior a la reforma pero que mantiene vigencia—, la cual sostiene que “…cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, dicha incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral. Ello así, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende, a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad en el ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida” (CSJN, 28-4-1998, "Zacarías, Claudio H. c. Provincia de Córdoba y otros", LA LEY, 1998-C, 322).
De tal manera, que lo indemnizable es el daño que se traduce en una disminución de la capacidad de la víctima en sentido amplio, que comprende la aptitud laboral y los restantes aspectos de su vida social, cultural, deportiva, etc. (art. 1086 del CC; en similar sentido art. 1746 del CCCN).
Es decir, que las afectaciones dan lugar a una indemnización en la medida que ellas importen una disminución de las funciones, sin que éstas deban considerarse sólo desde la óptica del trabajo, sino también desde la plenitud psico-física a la que todo ser humano tiene derecho como persona conforme al orden natural (Const. Nac., art. 75 inc. 22; DADDH, art. I; DUDH, arts. 3 y 8; Convención Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de San José de Costa Rica, art. 5.1, Const. prov., arts. 10, 12 y 15).
No constituye un capítulo independiente del daño moral o del material, sino una especie del uno o del otro. Las diferentes afecciones que puede sufrir la víctima en su integridad psicofísica se resumen en una determinada incapacidad de la persona, la que no está conformada por estancos separados sino íntimamente vinculados. Dado esa característica esencial de la persona, cuando se evalúa su minusvalía deberán tomarse en cuenta todos los factores que la conforman.
En este sentido, aprecio que es correcta la posición que señala que la incapacidad psicológica no es un daño resarcible en forma autónoma, sino que se halla comprendida en el daño material o moral según el caso. En efecto, el daño psíquico puede traducirse en un perjuicio material, por la repercusión en el patrimonio o bien en un daño extra-patrimonial o moral, por los sufrimientos que haya producido.
Por esta razón el daño psicológico, en tanto se pruebe su carácter irreversible, debe ser tratado como incapacidad sobreviniente. De no ser así habrá que tenerlo en cuenta al considerar el daño moral, sin perjuicio del tratamiento de recuperación que se imponga.
Lo expresado avala, en mi criterio, que el daño psíquico no sea considerado a los fines del resarcimiento como un rubro autónomo y que en cambio se confiera lo necesario para su tratamiento.
ii. Determinación pericial La existencia de un daño originado en una lesión psíquica como así también la medida en que incida en la plenitud de una persona debe probarse mediante la pericial realizada por profesional competente en la respectiva materia, designado para expedirse en la causa.
Una vez que el experto ha presentado su dictamen y en su caso las explicaciones adicionales solicitadas por las partes, corresponde que el juez se atenga a dichas conclusiones. Esto no significa que sean vinculantes. En efecto el juez podrá apartarse de ellas en forma total o parcial, por razones muy fundadas, cuando tomando en consideración la competencia del perito, los principios científicos en que fundamenta su opinión, la concordancia de su aplicación con los principios de la sana crítica, en su caso las observaciones formuladas por las partes y los demás elementos de convicción que ofrezca la causa, lo lleven a la convicción de que la pericial no reviste la solidez científica necesaria para ser tomada como elemento de prueba (art. 474, CPCC).
iii El daño psicológico alegado El demandante dice haber sufrido un daño psíquico, el que incluso cuantifica. Sin embargo no ha ofrecido ninguna prueba tendiente a demostrarlo, por lo cual, a la luz de las consideraciones que he formulado en forma precedente, su pretensión no puede prosperar en este aspecto; por ello, en mi criterio deberá rechazarse el resarcimiento 3. El daño extra-patrimonial i. El concepto El daño moral, comprendido ahora por el CCCN bajo la denominación consecuencias no patrimoniales, está configurado por una afectación íntima que sufre la persona con motivo del actuar de terceros, que implica una injusta privación o disminución de los bienes que tienen valor fundamental en su vida y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más caros afectos (CC, arts. 1078; SCBA, Ac. Nº 63.364, 10-11-1998, DJBA, 156-17; en similar sentido arts. 1738 y 1741 del CCCN.).
Su indemnización debe atender a los sufrimientos psíquicos y afectivos del demandante, que constituyen aquello que se pretende reparar. La suma que se fije a tal efecto no está sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende, en principio, del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión (SCBA, Ac. Nº 51.179, 2-11-1993). Esta indemnización, que es de carácter resarcitorio (CSJN, 5-8-1986, ED 120-649), debe atender a los sufrimientos psíquicos y afectivos sufridos por el demandante, valorándose la gravedad del ilícito cometido, sin que sea preciso que guarde relación con el daño material, si lo hubiere, pues no reviste carácter accesorio (CSJN, 6-5-1986, RED a-499). A través de ella se procura la obtención de gratificaciones sustitutivas de aquellos bienes perdidos, como fuentes de gozo y alegría, estimables en la esfera psicofísica.
ii. Los precedentes Todas estas consideraciones han sido ponderadas en reiteradas oportunidades por esta Sala cuando ha debido fijar una indemnización por el rubro que aquí nos ocupa (causas Nº 101.321, 10-8-2006, RSD 368; 100.706, 8-8-2006, RSD 364;
102.722, 10-4-2007, RSD 110; 102.829, 27-3-2007, RSD 102; 100.883, 30-10-2006, RSD 514; 102.592, 6-3- 2007, RSD 63; 101.100, 10-8-2006, RSD 371; 101.709, 21-11-2006, RSD 644; 39.262/2011, 10-4-2018, RSD 32; 48.213/2009, 6-11-2018, RSD
130; 1.416/2016, 12-7-2018, RSD 89; entre muchas otras).
iii. La determinación en el caso La afectación del actor a la causa penal ya mencionada se encuentra probada con la fotocopias certificadas de la misma que se tiene a la vista. Entre otras cosas debió afrontar la audiencia oral y pública de debate celebrada el día 3-12-2007 por los delitos de "falsa denuncia y estafa en grado de tentativa en concurso ideal con estafa", y la incertidumbre que genera el resultado de todo pleito, máxime en la esfera represiva.
En cuanto a la tramitación del sumario administrativo entiendo que su existencia resulta avalada por el oficio librado por la Auditoria General de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la cual revistaba el demandante, advirtiéndose que lo era por infracción al Decreto 3326/04 (fs. 124, fotocopia certificada de la causa n° 2149) el cual entre otros aspectos contempla el régimen disciplinario del personal policial. No obstante ninguna prueba se ha aportado sobre la imputación efectuada ni la resolución dictada en dicho sumario. Considero que todo ello, pero en especial la causa criminal, que es de la cual se tiene constancia a la vista, por sí son situaciones que generan en quien injustamente las padece, un grado de aflicción y de angustia por el propio significado de la posibilidad de un fallo adverso y la consiguiente pena que deba afrontar. A esto se suma el lógico descrédito que significa para la persona en su ámbito de desenvolvimiento. No obstante la ausencia total de prueba certera sobre el modo en que las aludidas circunstancias pudieron afectar al demandante se impone reconocer este daño con la prudencia que requiere el art. 165 del CPCC.
Por todo ello y en orden a lo previsto por el art. 1078 del Código Civil, entonces vigente y aún bajo la perspectiva del art. 1741, que aplica esta Sala para los supuestos en que medie una relación de consumo, por cuanto implica una mayor protección del sujeto tutelado, considero justo establecer la indemnización en la suma de ochenta mil pesos.
VII. Intereses Teniendo en cuenta que el valor de la reparación del daño extra-patrimonial se establece a día de la presente, y siguiendo la doctrina de la SCJA que resulta de los fallos “Vera” y “Nidera”, postulo que los intereses se liquidaran al 6% anual desde la fecha de toma de conocimiento de la causa penal (4-4-2006) y hasta la presente; luego y hasta el efectivo pago a la tasa pasiva digital más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones en pesos a treinta días.
Vale señalar que no existe contradicción en tomar como fecha para el cómputo de la prescripción el día en que se notificó al actor de la absolución y para los intereses la fecha en que tomó conocimiento de la denuncia. Es que, como lo he expresado, para la configuración de la falsa denuncia se requiere la sentencia absolutoria o el sobreseimiento, pero la lesión en los sentimientos de la persona comienza, desde el momento en que se anoticia de la causa en su contra.
VIII. Las costas En atención a la suerte de los agravios planteados y lo dispuesto por el art. 68 y 274 del CPCC, considero que las costas de ambas instancias, deberán ser impuestas de la siguiente forma: 1) por la acción originada en el contrato de seguro, al actor vencido; 2) por la excepción de prescripción en lo que concierne al reclamo de origen extracontractual y por la demanda que prospera con tal sustento, a la demandada vencida.
Por todo ello y los fundamentos expuestos, voto por la afirmativa.
Por los mismos fundamentos la señora jueza doctora Sánchez vota también por la afirmativa.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede se modifica la sentencia apelada en el siguiente sentido: 1) Se rechaza la excepción de prescripción respecto de la acción por resarcimiento de los daños con origen en la falsa denuncia. 2) Se hace lugar a la acción de causa extracontractual planteada por Javier Antonio Vizcarra contra Caja de Seguros S.A., condenándose a esta última a abonarle al actor, en concepto de daño moral, dentro del término de diez días de quedar firme la presente, la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000). Se desestima la partida por daño psicológico.
Los intereses se liquidaran al 6% anual desde la fecha de toma de conocimiento de la causa penal (4-4-2006) y hasta la presente; luego y hasta el efectivo pago a la tasa pasiva digital más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones en pesos a treinta días. Se confirma en todo lo demás que ha sido materia de agravios.
Las costas de ambas instancias se imponen: 1) por la acción originada en el contrato de seguro, al actor vencido; 2) por la excepción de prescripción en lo que concierne al reclamo de origen extracontractual y por la demanda que prospera con tal sustento, a la demandada vencida.
Se difiere la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31, 51 del decreto ley 8.904/77 y arts. 51 ley 14.967 y 7 CCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase a la Instancia de origen.
Analía Inés Sánchez Hugo O. H. Llobera Juez Juez Santiago Lucero Saa Secretario
Fin de la sentencia