Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia interlocutoria registrada como N° 152/26, en todo lo que ha sido materia de agravios y, consecuentemente, disponer que prosigan las actuaciones según su estado.
2SIN COSTAS en esta instancia, por tratarse de una controversia entre la parte y la judicatura (arts. 69 CPCC).
Puerto Madryn, de noviembre de 2026 VISTOS Y CONSIDERANDO:
Estos autos caratulados "<PER_1> c/ <PER_2> s/ Cobro de pesos e indem. de ley” (Expte. N° 411/26) venidos del Juzgado Laboral N° 2 (Expte. N° 10459/25), por haberse interpuesto la parte actora recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria registrada como N° 152/26.
I. El Sr. Juez de grado, mediante la resolución de marras, dispuso: “…Hacer lugar a la nulidad de notificación de la demandada interpuesta por <PER_2> ….” Expone la apelante que el decisorio omite considerar la naturaleza comercial y la realidad fáctica del inmueble notificado. Dicho local cuenta en su fachada con cartelería publicitaria de gran tamaño e imponente marquesina que lo individualiza de manera pública, ostensible e inconfundible, lo que garantiza de manera categórica que las diligencias de notificación fueron practicadas en el asiento real del establecimiento comercial y no en un inmueble distinto o ajeno.
Aduce que el a quo incurre en una grave inaplicación de los principios rectores en materia de nulidades procesales dado lo prescrito por el art. 171 CPCC, pues la propia demandada reconoció de forma expresa y jurada haber tomado conocimiento efectivo del proceso y de la cédula N° 265175, la cual le fue entregada por quienes continuaban explotando el comercio. Explica que al admitir la nulidad sin verificar el cumplimiento del mandato imperativo del art. 174 citado, la demandada se limitó a articular una impugnación puramente formal basada en la discrepancia de la chapa catastral (2016 vs. 2017/2018), pero omitió por completo expresar de qué defensas de fondo o de hecho se vio privada ni qué perjuicio concreto experimentó en su derecho de defensa. Se trata de un planteo de indefensión puramente abstracto y ritualista.
Señala que el argumento de la demandada relativo a que tomó conocimiento un mes después porque los nuevos adquirentes del local no le avisaron de inmediato o no le remitieron la documentación a tiempo, constituye una vicisitud privada totalmente inoponible a la trabajadora y a la validez procesal del emplazamiento.
Refiere que el informe remitido por la Municipalidad de Puerto Madryn ratificó que <PER_2> fue titular de la habilitación comercial del local “<PER_3>” en esa misma ubicación física entre marzo de 2022 y octubre de 2025.
Alude que la resolución interlocutoria resulta contradictoria e incurre en una falencia de motivación que vicia la decisión del a quo. Por un lado, para declarar la nulidad de la notificación adopta un criterio de extrema rigidez formalista y a renglón seguido, al fundar la imposición de costas "por su orden" reconoce expresamente que la existencia de diversas numeraciones para el domicilio de la demandada pudo inducir a error a la parte actora al momento de individualizar el domicilio. Por lo tanto, hay allí una contradicción insalvable.
Alega que la admisión del error excusable por la coexistencia de numeraciones demuestra que la cédula fue dejada en la unidad comercial real de la demandada, lo que invalida el presupuesto de "domicilio no acreditado" utilizado para anular el traslado.
Se agravia ante la falta de aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, pues la realidad insoslayable acreditada en autos es que el local comercial “<PER_3>” constituye una unidad física, económica y fáctica perfectamente determinada sobre la acera de la calle <DIRECCION>. Fue allí donde se enviaron las intimaciones epistolares previas (que ingresaron a la esfera del empleador); y fue en ese mismo e inconfundible local comercial donde el Oficial Notificador depositó la cédula de notificación N° 265175.
II. La invalidez de los actos del proceso debe juzgarse teniendo en cuenta la finalidad que éstos, en cada caso concreto, estén destinados a producir. Es decir que la nulidad procesal de dichos actos debe fundarse en la violación u omisión de las formas del proceso que frustren o impidan la obtención de la finalidad de los mismos.
De las constancias de autos se colige que la cédula de traslado de demanda fue dirigida a “<PER_3>” <PER_2> con domicilio en <DIRECCION>. En su primera visita (11/11/25) el Oficial Notificador no fue atendido por persona alguna, por lo que dejó el correspondiente aviso de visita; al regresar con fecha 12/11/25, tampoco fue atendido, por lo que fijó la cédula en la puerta. Resulta menester dejar sentado que el Oficial Notificador no dejó constancia, ni realizó advertencia alguna referente a que el domicilio consignado no correspondiese a la demandada o, en su caso, advirtiese alguna irregularidad que no le permitiese dar cumplimiento a su cometido.
Resulta menester recordar que la referida cédula notificatoria goza de presunción de legitimidad y regularidad al ser un acto emanado por un oficial público (art. 296 CCyC), es decir que sus atestaciones hacen plena fe, mientras no se declare su falsedad mediante un incidente de redargución, razón por la cual el recurrente debió articular las vías idóneas para invalidad sus efectos.
Cabe agregar que “…las afirmaciones del notificador estampadas en la diligencia de notificación producida no pueden ser desvirtuadas por la afirmación en contrario de su destinatario, máxime cuando los actos realizados por aquél gozan de presunción de regularidad …” (MORELLO “Códigos Procesales” T° II-B, LEP 1992). De tal suerte que el acto notificatorio se cumplió de acuerdo a lo establecido por la normativa procedimental, en tanto de las constancias obrantes en autos se colige que el domicilio real de la demandada coincide con el oportunamente denunciado por la accionante, por lo que corresponde tener como válida la notificación del traslado de demanda efectuada en los autos principales.
En tal inteligencia, cabe agregar que “…la notificación por cédula no implica, en rigor, sino la presunción de que el interesado se ha enterado de su contenido, toda vez que no es imprescindible la entrega personal. Y ello es así porque, como acertadamente lo han reiterado nuestros tribunales, la ley no podría haber puesto una condición que haría depender la eficacia de la notificación de quien estuviera interesado en sustraerse a las consecuencias del juicio en que ha sido predicada, ya que bastaría con ocultarse o ausentarse para que resultara inválida…” (MAURIÑO, “Notificaciones procesales” Astrea, 1995 Pág. 96).
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe agregar que de los propios dichos de la demandada surge que la notificación de marras cumplió su cometido. Adviértase que en su propia presentación nulidificante (ID 2194578) enuncia “Que con fecha 23/12/2025, al concurrir circunstancialmente al domicilio de ut supra indicado, los nuevos propietarios del local hicieron entrega de la cedula de notificación n° <TEXTO_ANONIMIZAR>, la cual, había sido dejada por debajo de la puerta el día 12/11/2025”, expresión que no deja margen de error en cuanto a que el acto de notificación cumplió con su finalidad esencial y fue notificado en el domicilio correcto.
A mayor abundamiento, cabe recordar que en las relaciones de trabajo no puede exigírsele al trabajador certeza respecto al domicilio del empleador, y en consecuencia supeditar de ello las obligaciones y derechos del contrato de trabajo, como consecuencia del principio de la buena fe contractual (art.
63 LCT).
En este sentido, se ha dicho que “El trabajador no está obligado a conocer el domicilio particular del propietario y/o responsable de la persona física o jurídica, empresa (o nombre de fantasía, cualquiera fuera la forma jurídica en que se organice) con el que ha existido una relación de empleo cuya extinción dio lugar a la acción interpuesta” (STJ, Santiago del Estero 29/5/2002, N° 21393; Idem SAIJ:
FA02220253).
En definitiva, de los argumentos de la petición en tratamiento surge que se dan los supuestos indicados para proceder a la solicitud de la recurrente, por lo que corresponde hacer lugar a la misma y, consecuentemente, revocar la sentencia interlocutoria registrada como N° 152/26, en todo lo que ha sido materia de agravios.
Por ello, la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn,
1. REVOCAR la sentencia interlocutoria registrada como N° 152/26, en todo lo que ha sido materia de agravios y, consecuentemente, DISPONER que prosigan las actuaciones según su estado.
2. SIN COSTAS en esta instancia, por tratarse de una controversia entre la parte y la judicatura (arts. 69 CPCC).
3.REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.
La presente causa es firmada por dos vocales por encontrarse el Dr. Julián Emil Jalil en uso de licencia.
REGISTRADA BAJO N° /26 SIL
Fin de la sentencia