Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la providencia de fecha 25 de septiembre de 2026, en todo lo que ha sido materia de agravios.
2SIN COSTAS en esta instancia, atento como se decide (art. 69 CPCC).
Puerto Madryn, de noviembre de 2026.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Estos autos caratulados "PER c/ PER s/ Cobro de pesos e indem. de ley” (Expte. N° 408/26), venidos del Juzgado Laboral N° 1 (Expte. N° 408/24), por haber interpuesto los letrados de la actora recurso de apelación en contra la providencia de fecha 25 de septiembre de 2026.
I. La Sra. Jueza de grado, mediante el resolutorio de marras, dispuso: “…de conformidad a la jurisprudencia sentada por la Excma. CAPM en los autos caratulados “PER C/ PER S.A. y otros s/ Cobro de pesos” (Expte. 08/2022) en trámite ante este Juzgado Laboral (S.I. 21/25 y S.I. 38/25, de fechas 27/05/2025 y 03/07/2025, respectivamente), las costas por la actuación en el incidente mencionado ut supra deben ser impuestas a la parte actora, motivo por el cual no corresponde regular honorarios a los letrados de la accionante, en vistas del pacto de cuota litis homologado en autos.”.
Explican los apelantes que fue la propia demandada quien dio origen a la necesidad de cautelar el crédito al apelar la sentencia de primera instancia y mantenerse en mora durante la sustanciación del recurso en la alzada. Afirman que el riesgo de su insolvencia y la demora del proceso fue lo que justifico la medida.
Remarcan que en el incidente de medida cautelar se desplegó una intensa actividad profesional tendiente a la traba efectiva de embargos e inhibición general de bienes y el hecho de que la demandada haya pagado voluntariamente dentro de la intimación posterior (15/09/26) no borra la efectividad de la medida.
Señalan la indebida denegatoria de regulación de honorarios por alegación del pacto de cuota litis, en tanto rige la relación arancelaria entre el profesional y su cliente sobre la pretensión demandada, pero no exime a la vencida de las costas generadas por la incidencia que ella misma provoco o que fueron necesarias para asegurar la eficacia del derecho.
Agregan que la labor incidental es accesoria pero autónoma a los fines arancelarios (art. 32 ley XIII N°4), por lo que la existencia de un pacto de cuota litis no le quita el carácter remunerable a la labor profesional desplegada, en especial si las costas son soportadas por la parte vencida.
II. De las constancias obrantes en las actuaciones se colige que se dictó sentencia en la instancia de grado (Sent. N° 104/25) con fecha 26/11/25, la que fue confirmada por esta Alzada (Sent. N° 42/26) el 24/06/26. Una vez firme el decisorio la demandada dio en pago con fecha 10/09/26 y aprobada la liquidación definitiva el 15/09/26 en la misma fecha depositó y dio en pago la suma remanente consecuencia de la misma.
Por su parte, surge del incidente incoado por la parte actora que, sin perjuicio de la inhibición general de gravar y vender bienes de la demandada, con fecha 06/03/26 se ordenó el embargo preventivo de la suma determinada en la sentencia de grado.
Las incidencias que se susciten como consecuencia de una medida precautoria tienen su régimen específico de costas. En estos incidentes ya no interesa la condición de vencido en el juicio principal, sino que habrá de considerarse la posición asumida por las partes en la propia controversia incidental (cfr. DE LAZZARI, “Medidas Cautelares”, LEP, T° I pág. 92). Sin perjuicio de recordar que las costas se imponen por aplicación del principio objetivo de la derrota, corresponde dejar sentado que el embargo se trabó como una medida precautoria, a fin de asegurar el cumplimiento de la sentencia de autos.
Cabe advertir que en el caso no se llegó a convertir el embargo en ejecutorio, por lo que la medida precautoria planteada por la actora no fue más que eso y el incidentista no tuvo necesidad de ejecutar la sentencia a su favor, ya que la demandada cumplió con su obligación dando en pago las sumas embargadas.
En consecuencia, corresponde desestimar la solicitud incoada a fin que se impongan las costas del embargo preventivo a la accionada.
Con referencia a la denegatoria de regular honorarios por la alegación del pacto de cuota litis, resulta menester dejar sentado que el art. 2 Ley XIII-4 prescribe “Los profesionales que actuaren para su cliente con asignación fija, periódica, por un monto global o en relación de dependencia, no están comprendidos en la presente ley, excepto los siguientes casos: a) Respecto de los asuntos cuya materia fuera ajena a aquella relación; b) Si hubiere expresamente acuerdo en contrario; c) Cuando mediare condena en costas de otra de las partes intervinientes en el proceso”.
En tal sentido la CSJN tiene dicho, que es el convenio por el que una parte le reconoce a los letrados que la representan o patrocinan, una participación sobre la suma de dinero que obtenga como consecuencia del derecho que esgrime, importando asimismo la renuncia al cobro contra su cliente de los honorarios que se pudiesen regular (Fallos 322:709).
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta que las costas del embargo preventivo se han impuesto a la actora deviene procedente desestimar esta parcela del agravio.
En definitiva, los argumentos de los apelantes no logran conmover lo resuelto en la providencia impugnada, en tanto las constancias obrantes en las presentes actuaciones corroboran su validez y, por lo tanto, corresponde su confirmación en todo lo que ha sido materia de agravios.
Por ello, la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn, R E S U E L V E:
1. CONFIRMAR la providencia de fecha 25 de septiembre de 2026, en todo lo que ha sido materia de agravios.
2. SIN COSTAS en esta instancia, atento como se decide (art. 69 CPCC).
3. REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.
La presente causa es firmada por dos vocales por encontrarse el Dr. Julián Emil Jalil en uso de licencia.
REGISTRADA BAJO N° /26 SIL
Fin de la sentencia