Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial Sala I de la Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la decisión recurrida, con costas a la apelada en su objetiva condición de vencida (art. 69 CPCC).
Causa: xxxxxxxxxx La Plata, 31 de Mayo de 2022 AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. La decisión I.1. La Sra. jueza de grado el 1/2/22 modificó las medidas cautelares fijadas las que deberán ser cumplidas por el Sr. P.G.N, (esposo), DNIxxxxxxxxxxx, domiciliado en mz. xxxxxxxxxxxxxxde Berisso:
a) Prorrogo la prohibición de acercamiento a la Sra. D.M.E D.N.I. xxxxxxxxx ampliándola a su hermana M.D.
b) prorrogo un perímetro de exclusión de 200 metros, por igual término respecto a la vivienda ubicada en la calle xxxxxxxxxxxxx DE BERISSO y la amplió respecto del domicilio de M.D, c) prorrogó el inmediato cese de todo acto de perturbación, intimidación u hostilidad de manera directa o indirecta, ya sea a través de la presencia física o a través de medios orales, escritos, telefónicos o informáticos hacia la denunciante D.M.E., ampliándola hacia D.M. y hacia los progenitores V.H.D.Y M.C.A.
Determinó que las medidas se mantendrán hasta tanto:
a) P.G.N. acredite, tanto su concurrencia como el sostenimiento del espacio terapéutico al que dice asistir (arts. 12 y 14 de la Ley 12569 según Ley 14.509) y concurra al DISPOSITIVO DE MASCULINIDADES actualmente en funcionamiento en el Municipio de Berisso. A tal fin dese intervención al dispositivo de masculinidades, a cargo de la Dirección de Políticas de Género, Mujer y Diversidad del Municipio de Berisso, a fin que, tomen contacto con el denunciando de autos, P.G.N., y procedan a su incorporación en el dispositivo vigente para re-educación de hombres que ejercen violencia.
Y b) hasta que la Sra. D.M.E acredite, tanto su concurrencia como el sostenimiento de un recorrido psicoterapéutico y la asistencia al dispositivo vigente para mujeres sometidas a violencia.
II. Los agravios Contra esa decisión el denunciado interpuso recurso de apelación el 1/2/22 y 4/2/22, desglosados (ver informe actuarial del 11/2/22) que fueron concedidos el 11/2/22 y fundados con la memoria de fecha 14/2/22, llegando a la alzada sin contestación.
Se agravia porque no hay riesgo actual o inminente que justifique la prórroga y ampliación de las medidas dictadas, tomándose esa decisión luego de seis meses de inactividad en la causa, sin tomar conocimiento de la situación actual y sólo fundado en un informe que fue confeccionado 5 meses y 9 días después de la entrevista, en plena feria. Agrega que se viola el artículo 7 bis incorporado por Ley N° 14509 que señala que "Frente a un nuevo incumplimiento." cuando no se ha verificado nuevo incumplimiento, ni peligro alguno. Señala que las partes se encuentran divorciadas y hace más de un año que no poseen ningún tipo de contacto, ni con su familia Considera que la jueza hace suyo el informe de la psicóloga, pero el informe de esta última posee un fuerte sesgo, sin el amparo de técnicas proyectivas ni documentales, desoyendo su conducta durante todo este proceso, en el que solicitó ser oído en reiteradas ocasiones y que ha estado a disposición de los requerimientos del Juzgado. Agrega que no se ha realizado una Entrevista interdisciplinaria, solamente estuvo presente la Lic en Psicología, lo cual, a su entender, vulnera garantías ínsitas en el proceso de familia, donde la palabra EQUIPO necesariamente debe aludir a más de un individuo. Agrega que la perito saca conclusiones sin otro asidero que los dichos y hechos endilgados por la denunciante, sin prueba de un mínimo hecho de violencia de su parte. Sostiene que es falso también lo que indica la perito sobre que tiene una causa en el juzgado 4 “por la misma razón", pues en esa es denunciante. Considera que la perito realiza “a la ligera la descripción de una personalidad a partir de una entrevista unipersonal y telemática, sin administración de tests proyectivos”. Manifiesta que se habla de violencia económica cuando no surge de la "denuncia" dicho alguno que permita instaurar un posible conflicto económico durante la vigencia del vínculo, ni luego de su disolución.
Agrega que la psicóloga aconseja la continuidad de la medida “dada la capacidad de manipulación del demandado por el conocimiento del tratamiento de la problemática y por el grado de vulnerabilidad sufrido por la demandante que aún no ha realizado un tratamiento rehabilitatorio que la fortalezca ante la violencia recibida", con el agregado que esta afirmación se hace en Enero de 2022. La Sra. declaró que una vez que la medida caduque tiene miedo que él se "saque la bronca, que no se puede sacar porque está vigente la medida". La ampliación se basaría en el “temor” de la denunciante cuando no hay hechos que lo justifiquen, vulnerando el Principio de Inocencia y las bases de un Estado de Derecho donde la base son los Actos y no la supuesta personalidad de una persona.
Señala que la denunciante habló de supuestas adicciones, y luego alega errores de tipeo (ver escrito de fecha 18/1/2021), dice que él tuvo intentos de suicidio y que una de las supuestas agresiones se produjo en horario laboral, pero jamás intentó probarlo de algún modo; que se habla de violencia física pero no hay certificación o evaluación de lesiones por cuerpo forense. Se ordena continuar con el tratamiento psicológico sin tener en cuenta la certificación presentada por quien suscribe de estar transitando un tratamiento y sin siquiera despachar el escrito en que puso a disposición del Juzgado los datos de contacto del profesional que lo atiende.
Se agravia además porque la medida se extiende a personas a las cuales nunca se le dió intervención en el proceso, los progenitores y hermana de la denunciante (que además no se llamaría M.D.) con las cuales no posee contacto hace más de un año.
También se agravia por la falta de cumplimiento del Art. 11 y 14 de la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, pues no se ha cumplido con el plazo de 48 hs, ni la entrevista personal de la jueza con él y las otras personas a las que alcanzan las medidas. Señala que no es ajustado a derecho enviarlo a un grupo de "resocialización" sin haberle tomado una audiencia, ni siquiera telemática. Aduce que no se victimiza, sino que lo vivencia como una profunda violencia institucional agravada por el hecho de que he realizado las observaciones sobre falencias procesales y no se le ha dado una respuesta que ampare el principio de inocencia y su dignidad humana, usando su profesión y preparación intelectual en forma vejatoria e instaurando un estereotipo de hombre malo y violento por naturaleza. Sostiene subsidiariamente que no es procedente ordenar el “dispositivo de masculinidades” cuando ya acreditó recorrido terapéutico, por lo que se encuentra garantizada el supuesto fin buscado de " rehabilitación, sociabilización y reorganización de las partes mediante la concurrencia de programas educativos o a un adecuado tratamiento psicoterapéutico" tal como tiene dicho la Jurisprudencia (CC0203 LP 120746 RSI-325-16 I 30/11/2016).
Se agravia subsidiariamente por la duración de las medidas, pues considera que es ilegal imponer como condicionamiento de la medida una condición que depende solamente de la voluntad de la denunciante (el Art. 344 CCCN y del Artículo 12 LPVF conforme Ley 14509), pues se establece que duran “hasta que la Sra. D.M.E. acredite, tanto su concurrencia como el sostenimiento de un recorrido psicoterapéutico y la asistencia al dispositivo vigente para mujeres sometidas a violencia”.
III. Tratamiento de los agravios III.1. El proceso de violencia familiar tiene por única finalidad el poner un paño frío, en una escalada de violencia. Por lo tanto, basta el relato de la víctima para que procedan las medidas, siempre que sea coherente, verosímil y de él se desprenda que la medida peticionada es necesaria para evitar una nueva acción, omisión, abuso, que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual y/o la libertad de la denunciante o su grupo familiar y proporcional con el riesgo denunciado (medios a fines). Este estándar probatorio poco exigente es adecuado porque ante una situación de presunta violencia, generalmente realizada en el ámbito de la intimidad, exigir mayor prueba tornaría ineficaz el dispositivo protectorio. Como contrapartida la ley: a) obliga a que el cuerpo técnico realice un informe a efectos de "aplicar otras medidas, interrumpir o hacer cesar alguna" de las dictadas (art 8 L12569), b) el juez tiene amplias medidas para indagar los sucesos, rigiendo el principio de verdad material (art. 8 ter), y que c) dentro de las 48 hs de dictadas esas medidas debe tomar personalmente una audiencia con las partes por separado, y luego de oído el denunciado "ratificará, modificará u ordenará las medidas que estime pertinente (art 11 de la ley 12.569). En ese mismo sentido la ley nacional de PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Nº 24.417 en su art 3 dispone que “El juez requerirá un diagnóstico de interacción familiar efectuado por peritos de diversas disciplinas para determinar los daños físicos y psíquicos sufridos por la víctima, la situación de peligro y el medio social y ambiental de la familia. Las partes podrán solicitar otros informes técnicos”. Y su art. 5º que “ dentro de las 48 horas de adoptadas las medidas precautorias, convocará a las partes y al ministerio público a una audiencia de mediación instando a las mismas y su grupo familiar a asistir a programas educativos o terapéuticos, teniendo en cuenta el informe del artículo 3”.
Otra garantía de este proceso para equilibrar a ambas partes es que las medidas deben contener un plazo (art. 12) pudiendo disponer su prórroga cuando perduren circunstancias que así lo justifiquen (art 12 12569).
En suma, las medidas cautelares del art. 7 Ley 12.569 poseen otra finalidad y otro estándar probatorio que un proceso de conocimiento sumario u ordinario de fondo, pero la prórroga requiere la prueba de hechos que justifiquen un peligro actual de que la/s presuntas víctimas de violencia sufran lesiones o maltrato físico o psíquico. El estándar probatorio requerido en esta instancia, para prorrogar o ampliar, realizadas ya -conforme la ley- la audiencia y las medidas de prueba, es mayor.
III.2. Asiste razón al apelante respecto que no existe prueba alguna en el expediente que respalde prorrogar y ampliar las medidas ordenadas el 1/1/2021 por la denuncia realizada por la Sra D. La pericia de la sicóloga del cuerpo técnico se refiere a los hechos sucedidos antes de su realización en agosto de 2021. Asimismo, en fecha 4/5 la actora manifestó que las medidas cautelares dictadas en autos se cumplían de manera satisfactoria, no habiendo acontecido nuevos hechos de violencia, y lo ratificó en la entrevista del 4/8/21. El informe presentado el 27 de enero de 2022 resulta de los hechos acahecidos antes de su realización y relativo a la situación de ese momento de la pareja. Por ello las consideraciones del mismo, que el denunciado ejerció violencia psicológica, física y económica durante la relación, y sus conclusiones, que aconseja prosigan los tratamientos sicológicos y continúen las medidas de protección hacia Diaz “dada la capacidad de manipulación del demandado por el conocimiento del tratamiento de la problemática y por el grado de vulnerabilidad sufrido por la denunciante que aún no ha realizado un tratamiento que la fortalezca ante la violencia recibida”; no pueden sustentar una prorroga de las medidas dictadas, ni ampliar a otras personas, no existiendo tampoco denuncia alguna de hechos hacia estos familiares que la justifiquen. Esto sin desmedro que la mención a que el “conocimiento del tratamiento de la problemática “ del demandado parecería a criterio de la psicóloga sustentar una “peligrosidad” en abstracto del denunciado, sin referir hechos que evidencien la supuesta “capacidad de manipulación”.
III.3. En suma, salvo que existan nuevos episodios de violencia (hechos) que justifiquen la prórroga de las medidas, mantener sine die abiertas las actuaciones transforma un proceso meramente protectorio en un juicio ordinario, desnaturalizando la finalidad de la legislación de violencia doméstica, cuyo fin es la tutela urgente, .
Asimismo, y obiter dicta, asiste razón al apelante respecto que las medidas deben tener un plazo que - sea cierto o incierto- no puede depender de la voluntad de la denunciante (el Art. 344 CCCN y del Artículo 12 LPVF conforme Ley 14509). En ese sentido no es ajustado a derecho que se establezca que duren hasta que se cumplan dos condiciones el Sr P. se incorpore al dispositivo de violencia “y” hasta que la Sra. D.M.E. acredite su concurrencia y el sostenimiento de un recorrido psicoterapéutico y la asistencia al dispositivo vigente para mujeres sometidas a violencia.
POR ELLO, se revoca la decisión recurrida, con costas a la apelada en su objetiva condición de vencida (art. 69 CPCC). REG. NOT. DEV
Fin de la sentencia