Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial Sala I de la Plata · Causa 123904
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara que deberá seguir entendiendo en las presentes actuaciones la Sra. Juez de Paz de Roque Pérez, con conocimiento de la Sra. Juez titular a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 20 de La Plata y de la Receptoría General de Expedientes. REG. OFÍCIESE.
DEV.
MP VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO FINES DETER. C/ ALBANESI JOHANNA S/ EJECUCION PRENDARIA REG. INTER. N° 164 /18, LIBRO INTERLOCUTORIOS LXXIV. JDO. 20
Causa: 123904 La Plata, 3 de Agosto de 2018 AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. La Sra. Juez títular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 20 de La Plata a fs. 91/92 se declaró incompetente interpretando que el art. 36 in fine ley 24.270 exige que esta causa tramite en el juzgado mas cercano al domicilio del demandado, ordenando que se remitan las actuaciones al juzgado de paz de Roque Pérez, que resulta competente en razón del territorio conforme el domicilio de la ejecutada y en razón de la materia conforme el párrafo II inc K de la ley 5827.
II. Contra esta forma de decidir apela el ejecutante, fundando el embate a fs. 95/101 vta,, señalando que las leyes de defensa del consumidor nacional y provincial no derogan el derecho de opción, siendo competente en razón del territorio también el juzgado civil y comercial de la cabecera departamental (art. 50 ley 5827 y 3 inc. 6 dec. ley 9229/78). Agrega que no se trata de una relación de consumo, pues para que el ejecutado sea considerado consumidor el acto de consumo debe estar desprovisto de animo lucrativo, buscando satisfacer necesidades personales del consumidor como "destinatario final", y en este caso no se ha acreditado el destino del automotor adquirido (art. 1092 CCC), no siendo suficiente una presunción, pues la prueba corresponde al accionado.
III. Incursionando en el análisis de la protesta diré que esta Sala ha dicho que la competencia territorial, en asuntos meramente patrimoniales, ha sido determinada por la ley en vista del interés privado de los litigantes, teniendo en cuenta primordialmente su particular conveniencia o comodidad al margen de todo criterio que roce el orden público y por lo tanto, siendo de carácter relativa, es susceptible de renuncia y puede ser prorrogada en forma expresa o tácita por las partes (arts. 1°, 2 y 5 del Cgo. Procesal; esta Sala, causa 115.388, RI 233/12, e.o.).
Cierto es que el artículo 50 de la ley 5827 (t.o ley 13.634)
dispone que los juzgados de primera instancia en lo Civil y Comercial ejercerán su jurisdicción en todas las causas de las materias civil, comercial y rural de orden voluntario o contradictorio con excepción de las que correspondan a los Juzgados de Familia y de Paz. Junto a este principio general, en forma conjunta, la ley asigna competencia a los jueces de paz exclusivamente en las pretensiones y materias que taxativamente se han incluido en el artículo 61 de la norma citada, entre ellas, el juicio ejecutivo prendario, como es el caso que nos ocupa.
Esas esferas de competencia, en cuanto coinciden o se superponen, posibilitan al accionante o peticionario domiciliado dentro de los límites de la jurisdicción del Juzgado de Paz, a ejercitar el derecho de opción de acudir ante el Juez de primera instancia o ante el Juez de Paz letrado (v. inc. 6 del art. 3, dec. Ley 9229/78, t.o. ley 10.571); opción concebida para ampliar la tutela a los justiciables sin domicilio en las ciudades donde tiene su sede la cabecera departamental (Cfme. Sosa, Gualberto Lucas "Instituciones de la Moderna Justicia de Paz Letrada", Ed. Platense, 1993, pág. 110 y ss.).
Ahora bien, analizada la cuestión bajo las pautas de la ley 24.240, se advierte que su artículo 36 establece reglas sobre competencia, con la obligación para la contraria de iniciar la acción ante el Juez del domicilio del consumidor. Así, reza la norma en la parte pertinente, que: "…Será competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, en los casos en que las acciones sean iniciadas por el consumidor o usuario, a elección de éste, el juez del lugar del consumo o uso, el del lugar de celebración del contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el del domicilio del demandado, o el de la citada en garantía. En los casos en que las acciones sean iniciadas por el proveedor o prestador, será competente el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario." Entonces, en caso de una tratarse de una relación de consumo, es necesario interpretar esas reglas procesales de competencia de modo compatible con los principios derivados de la legislación de protección de usuarios (arts. 1, 2, 36 y 37, ley 24240). Y ello a fin de poder arribar a la solución que proteja del modo más eficiente posible la finalidad tuitiva de grupos tradicionalmente postergados y particularmente vulnerables, como ocurre con los usuarios y consumidores.
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la causa 119.887 in re "Rodriguez, Ricardo Alberto c/ Duarte, Yolanda s/ Ejecutivo" (sent. int. del 21-X-2015) al dirimir una cuestión de competencia entre dos Juzgados de Paz, se expidió que por ser el órgano de ese fuero que debía intervenir uno de los que poseen competencia restringida (conf. art. 61, párrafo I, ley 5827) se debía remitir la causa a la justicia de primera instancia de la cabecera departamental. Sentado ello, en la especie puede concluirse entonces, a contrario sensu, que si el Juzgado de Paz posee una competencia amplia, como el caso del Juzgado de Paz de Saladillo (art. 61 apartado II inciso k de la ley 5827), es ante este órgano que debe radicarse la acción iniciada por el actor (proveedor), pues es el Juzgado más próximo al domicilio del demandado (arts. 3 de la ley 9229/78 y 36 de la ley 24.240).
En suma por virtud de esa lectura armonizable los jueces se hallan habilitados a declarar de oficio su incompetencia a partir de la constatación, mediante elementos serios y adecuadamente justificados de que se trata de una relación de consumo y existe un Juzgado de Paz competente en el domicilio del deudor.
IV. Sentado que en caso de tratarse prima facie de una relación de consumo prima la regla del juzgado mas próximo al consumidor sobre la posibilidad del actor de iniciarlo en el juzgado civil y comercial de la cabecera también competente, pasaremos a tratar el segundo agravio, referido a que no estamos ante una relación de consumo que justifique esa interpretación.
La juez a quo ha fundado la presunción de existencia de una relación de consumo a la que se refiere el art. 36 de la ley 24240 en la multiplicidad de procesos de idéntico tenor iniciados por la parte accionante, presume que se dedica de modo profesional al préstamo de dinero para el consumo (conf. Ley 26.361; SCBA, Ac. 109.305, 01-09-10, Ac. 116.507 del 07-03-12). La ejecutante no ha negado ser una empresa dedicada de modo profesional al préstamo de dinero para el consumo y que frecuentemente tramita el cobro de estos documentos existiendo múltiples procesos de idéntico tenor, no ha atacado la presunción que realiza el juez a quo. Igualmente, conforme el contrato que obra a fs. 6/7 y la certificación de deuda de fs. 2 en la especie se persigue el cobro de la suma adeudada por un mutuo para la adquisición de un vehículo automotor gravado con el derecho real de prenda. La ejecutante es una empresa reconocida cuyo objeto es otorgar prestamos con un fin determinado: la compra de vehículos de la marca Volkswagen. El contrato de consumo es el mutuo, no la compraventa de un automotor, como señala el apelante al referirse a la comprobación del "destino del automóvil".
Asimismo, cabe aclarar que en esta instancia -y siguiendo los pronunciamientos emanados de la Suprema Corte de Justicia en torno a esta problemática, dictados a partir del fallo "Cuevas (S.C.B.A., causa C 109305, 1-9-2010; esta Sala, causa 119743, RSD 81/16, e.o.)-, lo que ha de constatar el a quo es si mediante elementos serios y adecuadamente justificados, se trataría prima facie de una relación de consumo, al sólo fin de pronunciarse sobre la competencia. La aplicación de las normas de consumo a la hora de resolver dependerá de los hechos probados en la causa en la etapa probatoria.
Por todo lo expuesto se concluye que litigar en extraña jurisdicción puede significar, ya sea por motivaciones económicas, de distancia o de desconocimiento del medio, un obstáculo a la debida defensa en juicio y una violación al derecho de jurisdicción en torno a lo prescripto por el art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la tramitación del presente proceso de ejecución prendaria en el ámbito de este Juzgado en lo Civil y Comercial del partido de La Plata, sin que algunos de los presupuestos legales que habilitan la elección se encuentren dentro de la competencia territorial de los mismos, resulta abiertamente ilegítima y habilita al a quo para declarar de oficio su incompetencia (art. 4 del CPCC y art 36 ley 24240).
Con razón de lo expuesto, la presente causa deberá quedar radicada por ante el Juzgado de Paz correspondiente al denunciado domicilio del demandado (arg. SCBA, en la causa 119.887 in re "Rodriguez, Ricardo Alberto c/ Duarte, Yolanda s/ Ejecutivo", sent. int. del 21-X-2015).
POR ELLO, se declara que deberá seguir entendiendo en las presentes actuaciones la Sra. Juez de Paz de Roque Pérez, con conocimiento de la Sra. Juez titular a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 20 de La Plata y de la Receptoría General de Expedientes. REG. OFÍCIESE.
DEV.
Fin de la sentencia