Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial Sala II Integrada de la Plata · Causa 120.638
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, en virtud de lo expuesto, oído el señor Fiscal (fs. 14), se revoca el apelado decisorio de fs. 4/6, debiendo continuar interviniendo en el presente juicio de divorcio el Juzgado de Paz de la localidad de General Paz.
Con fecha 13 de Octubre de 2016, la Cámara Segunda de La Plata, Sala Segunda integrada por la Dra. Silvia Patricia Bermejo y el Dr. Francisco Agustin Hankovits, en la causa n° 120.638 "E., R. O. C/ M., K. F. S/ DIVORCIO POR PRESENTACIÓN UNILATERAL" revocó la declaración de incompetencia del Juzgado de Paz de General Paz para entender en la causa de divorcio. A tal efecto la Alzada estimó que aun cuando las disposiciones del Código Civil citadas en el artículo 61, II párrafo, inciso “a” de la ley 5827 ya no existen y la normativa sustancial ahora vigente continúa regulando al divorcio, el cual no tiene posibilidad de contradicción. Por ello, consideró que corresponde entender el art. 61, párrafo II inciso “a” de la ley 5827 de forma amplia y comprensiva de las acciones de divorcio, asegurando el acceso irrestricto a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva.
VJS
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXII Causa N° 120638; JUZGADO DE PAZ - GENERAL PAZ E., R. O. C/ M., K. F. S/ DIVORCIO POR PRESENTACIÓN UNILATERAL REG. INT.: 237 Sala II - FOLIO: 545 La Plata, 13 de octubre de 2016.
I. Vienen las presentes actuaciones a fin de tratar el recurso de apelación interpuesto a fs. 7, contra la resolución de fs. 4/6, que declara la incompetencia del Juzgado de Paz de General Paz. El recurso se sustentó a fs. 12 y obra dictamen del señor Fiscal a fs. 14.
II. En estos obrados inició el apelante acción de divorcio en forma unilateral, de conformidad a las nuevas pautas que establece el vigente Código Civil y Comercial de la Nación en sus artículos 435, 437 (v. fs. 3), habiendo acompañado la propuesta de convenio regulador de los efectos derivados del divorcio, acorde lo requiere el artículo 438 de ese cuerpo legal.
Recibidas las actuaciones, el señor Juez de Paz declara su incompetencia, pues entiende que con la modificación del Código de fondo no subsiste la competencia otorgada por el artículo 61 de la ley 5827 en los juicios de “separación personal, divorcio vincular y conversión de separación personal en divorcio vincular” en los términos de los artículos 205, 215, 216 y 238 del Código Civil T.O. ley 23.515. Que la acción iniciada bajo los parámetros del nuevo Código no corresponde a ninguna de las formas de divorcio a los que refiere el artículo 61 ap. II inc. A de la ley 5827.
Por otra parte, advierte la eventual colisión entre los devenires que puedan producirse en la distribución de los bienes de la sociedad conyugal y lo dispuesto por el artículo 61 apartado II inc.d de la ley 5827, ya que solamente la Justicia de Paz puede intervenir en la homologación de acuerdos de liquidación de la sociedad conyugal en aquellos casos en que el divorcio se hubiera tramitado por ante el mismo Juzgado. Sostiene que el divorcio puede ser solicitado por uno o ambos cónyuges, pero es requisito de la viabilidad la presentación de las propuestas reguladoras, entre las que se encuentra la liquidación de la sociedad conyugal (arts. 437/439 CCCN), por lo que se ha creado un estado de incertidumbre de las acciones en las que corresponde intervenir al fuero, que no ha sido disipado aún por una reforma o redistribución de competencia de acuerdo a la nueva legislación.
Indica el Magistrado que la solicitud del divorcio unilateral implica una contienda desde el inicio y que la obligación de presentar propuestas reguladoras de los efectos del divorcio significa ingresar en territorios donde está incluida la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, como un elemento más de la acción, lo que ofrece un obstáculo al tratamiento, en esos términos, dentro del fuero de la Justicia de Paz. Considera que con ello se perjudica al justiciable del interior de la provincia, mas en tanto siga vigente la ajenidad sobre la competencia sobre la división contenciosa de bienes, además de poder entender sólo en divorcios por presentación conjunta, la justicia de paz no puede intervenir. Por lo tanto, juzga que la acción bajo la nueva legislación vigente no es de su atribución, conforme la ley 10.571, sino del fuero de familia del Departamento Judicial de La Plata.
III. El artículo 61, II párrafo, inciso “a” de la ley 5827, según ley 10.571, otorga competencia al fuero de Paz de General Paz en los juicios de separación personal, divorcio vincular y conversión de separación personal en divorcio, en los términos de los artículos 205, 215, 216 y 238 del Código Civil ya derogado.
Como se aprecia de esa redacción, el legislador provincial, pendiente la vigencia del Código Civil anterior, admitió la sustanciación ante esos órganos de las referidas acciones no contradictorias. De tal manera, quienes tenían domicilio en el radio del Juzgado podían optar por entablar esas pretensiones ante el mismo o el de familia de la cabecera departamental (conf. art. 3 inciso 6 del decreto ley 9229/78 según ley 10.571).
Empero, no puede considerarse que la derogación del anterior Código Civil conlleve a vaciar de contenido a la competencia que la ley provincial 5827 le atribuye a los juzgados de paz en el divorcio (Cfme. esta Sala Causa 119786 RSI 96 del 26/4/2016). Además, cabe aclarar, esa aptitud se mantiene -en el caso de estos órganos con competencia más amplia, como es este caso- en los conflictos que se originan en las materias que integran la propuesta reguladora (arts. 438 y sgtes., C.C.C.N.).
La circunstancia que pudiese eventualmente producirse disenso en la división de bienes no importa considerar por sí la incompetencia del Juez de Paz en las restantes materias, incluida la acción de divorcio. Debe recordarse que el artículo 438 del C.C.C.N. establece que en ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. De configurarse aquella hipótesis, podrá el Juez de Paz plantear su incompetencia en relación a la tramitación de la liquidación de la sociedad conyugal, pero la misma no inhabilita al Magistrado a intervenir desde el inicio en este tipo de proceso, que tramitan bajo la nueva legislación de fondo.
IV. En la actualidad, el divorcio puede peticionarse -por uno o los dos cónyuges- sin necesidad de manifestar los motivos. Como se señaló en los fundamentos del Proyecto antecedente de esa reforma, se contribuye de tal manera a la pacificación de las relaciones sociales en la ruptura matrimonial, evitando desgastes adicionales.
Por tanto, aun cuando las disposiciones del Código Civil citadas en el artículo 61, II párrafo, inciso “a”, de la ley 5827 ya no existan, la normativa sustancial vigente continúa regulando al divorcio, el cual no tiene ninguna posibilidad de contradicción.
Es cierto que las importantes modificaciones introducidas por el nuevo Código a las relaciones de familia plantean la conveniencia de efectuar una adecuación de forma y de redistribución de la competencia de los Juzgados de Paz. Aunque la competencia de éstos debe analizarse en forma restrictiva, lo cierto es que la reforma exige también una coordinación armónica de las normas aplicables, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En una macrovisión del diseño de la competencia, prevista para los procesos de familia en el nuevo Código Civil y Comercial, se aprecia que se persigue facilitar el acceso a la justicia, en especial en el caso de personas en situación de vulnerabilidad (Bermejo, Patricia, “La competencia en materia de familia conforme el Proyecto de Reforma al Código Civil y Comercial de la Nación”, Revista de Derecho Procesal, Editorial Rubinzal-Culzoni, 2013, pág. 162). Este es un punto de encuentro de ambas reglamentaciones, en tanto el fin de crear a la Justicia de Paz fue la de concretar la cercanía del órgano con el justiciable, evitando que por la distancia se vea vulnerado el derecho de defensa. Por ende, la remoción de obstáculos al acceso a los tribunales, que representa la justicia de paz en sí misma, se potencia en los procesos de familia.
Las nuevas disposiciones sustanciales tienen plena vigencia. Las de orden procesal, como refiere Aida Kemelmajer de Carlucci, como principio, son de aplicación inmediata (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 110 y sig.), lo que la Corte de la Nación también ha sostenido (CSJN, Comp. CIV 70164/1983, in re: “G. A. S. y otro s/ insania”, sent. del 08-09-2015, entre muchos otros).
La realización de los principios contenidos en el nuevo Código Civil y Comercial no requiere de la sanción de nuevas normas, pues sus principios son directamente operativos. Para efectivizar la tutela que allí se corporaliza, el resto del ordenamiento debe armonizarse con esas directrices. Por los fundamentos brindados, la aptitud para resolver del juez de Paz se mantiene. Cabe reflexionar, desde el horizonte de la materia en litigio, que tanto el sistema del Código sustancial actual como los casos enunciados en el artículo referido de la ley 5827 coinciden en ser divorcios sin contradicción, más allá de sustentarse cada uno en normas diferentes –el anterior en los arts. 205, 215, 216 y 238 del Código Civil ya derogado y el nuevo en los arts. 435 inc. “c”, 436, 437 y sig., CCCN-, incluso unas derogadas y otras vigentes. La literalidad de la interpretación del artículo 61, párrafo II, inciso “a”, de la ley 5827 en el que se funda la incompetencia emitida, coarta el acceso a la justicia. Ello es contrario tanto al nuevo Código Civil y Comercial como a la propia ley 5827 de organización jurisdiccional en la Provincia de Buenos Aires. Como menciona el Profesor Berizonce, los tradicionales “bloques de constitucionalidad” se amplificaron notoriamente, con la consagración de nuevos derechos y garantías, propios de la tercera y cuarta “generación”. Entre ellos, se prevé expresamente el aseguramiento del acceso irrestricto a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva (Berizonce, Roberto “Bases para actualizar el Código Modelo Procesal Civil para Iberoamérica”, “XXII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal”, Editorial Jurídica de Chile, Chile, 2010, vol. 2, pág. 1306). Entender el contenido del referido artículo 61, párrafo II, inciso “a”, de la ley 5827 en forma amplia y comprensiva de las acciones de divorcio, en la redacción actual del Código Civil y Comercial de la Nación, es la única manera de afianzar la prestación del servicio de justicia (arts. 18, CN; 15, Const. Prov; 8 y 25, Convención Americana de Derechos Humanos; ésta Sala, causa 119786, RSI 96/16, sent. del 26/4/2016)
POR ELLO, en virtud de lo expuesto, oído el señor Fiscal (fs. 14), se revoca el apelado decisorio de fs. 4/6, debiendo continuar interviniendo en el presente juicio de divorcio el Juzgado de Paz de la localidad de General Paz. REGISTRESE. NOTIFIQUESE ministerio legis a la parte actora, conforme lo disponen los artículos 41 y 133 del Código Procesal Civil y Comercial (arg. art. 143, CPCC. según ley 14.142; art. 1 del Anexo Unico del Reglamento para la notificación por medios electrónicos). DEVUELVASE.
Fin de la sentencia