Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial Sala II de la Plata · Causa 124.526
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución de fs. 146/147, otorgándose al señor A. el plazo de cinco (5) días a partir de la notificación de la presente, a efectos de que desarrolle los argumentos defensivos que estime constituido a las partes de autos (art. 143, CPCC. según ley 14.142; art. 1 del Anexo I del Reglamento para la notificación por medios electrónicos).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXIV Causa N° 124526; JUZGADO DE FAMILIA Nº 6 - LA PLATA C., R.S. C/ A., D.E. S/ DIVORCIO POR PRESENTACION UNILATERAL REG. INT.: 322 Sala II - FOLIO: 825 La Plata, 27 de noviembre de 2018 AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. Vienen las presentes actuaciones a efectos de tratar el recurso de apelación incoado por el demandado a fs. 158 y vta., contra la resolución de fs. 146/147, en cuanto rechaza el incidente de nulidad articulado por el señor A., imponiéndose las costas a su cargo. A fs. 167/170 luce la fundamentación del recurso articulado, el cual mereció réplica de la contraria a fs. 172/175 vta. II. En prieta síntesis, se agravia el nulidicente por entender que la sentencia dictada no sólo no ha hecho mérito de las circunstancias planteadas y de las prueba adjuntadas, sino que, además, efectuó un examen excesivamente formal e irrazonable de las constancias del caso, prescindiendo de los elementos objetivos que debieron ser considerados de conformidad con las reglas de la sana crítica (fs. 167/170).
Específicamente, el apelante sostiene que el motivo por el cual peticionó la nulidad no lo fue por la notificación de la "puesta en conocimiento" del divorcio, sino que su perjuicio radica en relación a la propuesta del convenio regulador -por haber sido dictada bajo apercibimiento de que, en caso de guardar silencio, importaría la aceptación de la misma y su correspondiente aprobación- y la medida cautelar de alimentos dictada a favor de la contraparte (fs. 167/170).
Así, explica que las consecuencias patrimoniales derivadas de la no contestación del traslado del convenio regulador y la imposibilidad de apelar la sentencia de alimentos provisorios por una suma de $60.000, constituyen un agravio más que suficiente para justificar la nulidad del traslado peticionado, máxime, meritando la cantidad de bienes denunciados por la actora (fs. 167/170).
III. En el caso, luego de promovida la demanda de divorcio por presentación unilateral, en la cual la señora C., R.S. solicitó se fijen alimentos provisorios -con carácter cautelar-, la juez a quo decidió poner en conocimiento al señor A., E.D. la petición de divorcio planteada, otorgándole traslado de la propuesta reguladora y de la documental acompañada, por el plazo de cinco días. En ese entender, le hizo saber al último de los nombrados, que de oponerse o plantear su disconformidad parcial, la cuestión transitaría por la etapa que contemplan los artículos 832 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, a los fines de que las partes intenten la autocomposición, siendo que, en caso de silencio, importaría la aceptación de la misma y su correspondiente aprobación, sin perjuicio de las facultades conferidas por el artículo 438 del Código Civil y Comercial (fs. 90 y vta.).
Finalmente y en lo que aquí interesa, la juez de grado consideró atendibles las razones dadas en el punto V de fs. 84/87 y, consecuentemente decidió que el demandado abone la suma de $60.000 por alimentos provisorios para su cónyuge -en función del caudal económico denunciado por la señora C. en su escrito de inicio- (fs. 90 y vta.). Ya habiéndose librado la cédula a efectos de notificar lo dispuesto por la iudex a quo a fs. 90 y vta., se aprecia que el oficial notificador informó que se constituyó en el domicilio de calle 458 y 138, casa n°6, Barrio “Los Ceibos”, de la localidad de City Bell, en los meses de noviembre (fs. 91/93) y diciembre (fs. 96/98), no siendo atendido por persona alguna. No obstante, expresó que en dichas oportunidades consultó a un personal de guardia del barrio y a un vecino, siendo ambos contestes en que allí vive el requerido (fs. 91/93 y fs. 96/98).
En ese entender, la actora refirió que, acorde los informes realizados por el oficial notificador, se encuentra acreditado que el requerido vive en el domicilio denunciado, por lo cual solicitó se libre una nueva cédula, a los mismos fines y efectos que la anterior, con habilitación de días y horas inhábiles y responsabilidad de parte (fs. 99 y fs. 101). Dicha petición, fue receptada favorablemente por la juez de la instancia de origen a fs. 102, quien ordenó librar una nueva cédula con habilitación de días y horas y bajo de responsabilidad de la parte, haciéndole saber al oficial notificador que debería dar estricto cumplimiento con el artículo 338 del CPCC (fs. 102).
Ya con fecha 5 de marzo, el oficial de justicia se constituyó en el domicilio anteriormente indicado, fijando la cédula en la puerta de acceso del domicilio con copia y dejando constancia que lo hacía bajo responsabilidad de la parte actora. Cabe destacar que, el mentado oficial se hizo presente el día anterior en dicho domicilio y, al no encontrar a persona alguna, procedió a fijar un aviso para que el requerido lo espere el día 5 de marzo de 2018, dando cumplimiento así con el artículo 338 del CPCC (v. fs. 103/104 vta.). Con fecha 20 de marzo de 2018 el señor A., D. se hizo presente, planteando la nulidad de notificación, explicando cuáles, a su entender, son los perjuicios sufridos al verse impedido de contestar en tiempo y forma la demanda, solicitando la suspensión de la medida cautelar y del trámite del principal, hasta tanto se resuelva la misma (fs. 128/131).
Si bien refirió que el domicilio donde fue dirigida la notificación es efectivamente suyo y el de los hijos mayores de edad que tiene en común con la señora C., lo cierto es que, en la fecha en la cual se fijó la cédula se encontraba de viaje en el exterior. A tal efecto, acompañó los pasajes del viaje realizado -de ida y vuelta-, copia certificada ante escribano público de su pasaporte y copia simple del DNI de sus hijos, en donde consta el domicilio de los mismos (fs. 108/131).
En ese entender, la juez a quo dio traslado a la contraria del planteo de nulidad (fs. 132), tuvo presente -para la oportunidad en que se encuentre resuelto el incidente- la suspensión del proceso respecto a la propuesta efectuada por la señora C. y no hizo lugar a la suspensión de la medida cautelar ordenada a fs. 90 vta., en atención a la naturaleza de la prestación alimentaria que tiende a cubrir las necesidades impostergables de la alimentada (fs. 134).
Contestado que fuera el traslado por la actora (fs. 140/144), la iudicante de grado decidió rechazar el incidente de nulidad articulado por el señor A., imponiendo las costas a su cargo. Ello así, con fundamento en que la circunstancia que el señor A. no se encontrara momentáneamente en el país al tiempo de realizarse la diligencia de notificación, no constituye por sí un motivo suficiente para declarar la invalidez del acto, pues fue el propio nulidicente el que afirmó que el domicilio en el cual se diligenció la cédula era su domicilio real, debiendo, en consecuencia, prever qué hacer ante situaciones legales que pudieran aparecer (fs. 146/147).
Es la presente cuestión la que corresponde dirimir, atento el recurso de apelación articulado a fs. 158 y vta. IV. La nulidad procesal sólo puede fundarse en la omisión o violación de las formas del proceso que frustren o impidan la obtención de su finalidad, conforme el principio de la instrumentalidad de las formas, cuya misión consiste en resguardar el cumplimiento de los fines a ellas confiados por la ley (doc. art. 169 C.P.C.C.).
Si bien no debe perderse de vista que la nulidad procesal es un remedio excepcional y de interpretación restrictiva, tampoco debe dejar de soslayarse que cuando se encuentre en tela de juicio la garantía de la defensa en juicio de raigambre constitucional, las cuestiones que se susciten deben apreciarse con mayor amplitud (art. 18, CN).
Es que las formas procesales son el medio o instrumento de que el legislador se vale para hacer efectiva la garantía constitucional de la defensa en juicio, lo cual constituye el fundamento de los llamados derechos procesales de las partes; importando la indefensión, plasmada en forma real, la máxima nulidad en que pueda incurrirse en un proceso (Cfme. Alsina, "Derecho Procesal", ed. 1957, T.I., pág. 652 y ss., 729 y ss.; esta Sala, causa 121703, sent. int. del 21/3/18; RSI 79/18).
En el caso no se discute que la cédula diligenciada lo haya sido a un domicilio en el cual no residía el aquí recurrente -pues este último explicó que se trataba de su domicilio real y en el cual convivían sus hijos mayores de edad-, ni tampoco se objeta el obrar del oficial notificador al fijar la cédula bajo responsabilidad de parte, sino que la cuestión radica en que el señor A. no se encontraba en su domicilio al momento de diligenciarse la cédula -5 de marzo de 2018-, dado que aquél estaba vacacionando en el exterior desde el 24 de febrero de 2018 –fecha de egreso del país- hasta el 12 de marzo de ese año –fecha de ingreso al mismo-.
Desde esta óptica, si bien se aprecia que no existe vicio alguno en cuanto a la forma en la que se realizó el acto, ni objeción en cuanto al domicilio en el cual se diligenció la cédula y pese a no existir, tampoco, una conducta criticable y/o atribuible a la señora C. -, deviene menester considerar la especial situación en la que se encontraba el señor A., en pos de no violentar su derecho de defensa en juicio (conf. art. 18, CN).
Es que en las presentes actuaciones quedó acreditado, con las constancias acompañadas junto con el planteo de la nulidad de notificación –copia de pasaporte argentino a nombre de Daniel Eduardo A., con visado de Argentina de fecha de salida 24 de febrero de 2018, y de entrada 12 de marzo del mismo año; pasaje de Buenos Aires a Panamá y de Panamá a Buenos Aires, con sus respectivas tarjetas de embarque de la empresa Copa Airlines y certificación efectuada por escribano público-, que el señor A. estaba ausente del país al momento de fijarse la cédula en su domicilio real (v. fs. 108/125). Mal puede pretenderse que el aquí nulidicente, en caso de ausentarse del país, deba prever qué hacer frente a situaciones legales que pudieran aparecer, pues no había aún intervenido en este proceso, dado que no se encontraba notificado del mismo. Distinta sería la situación en la que ya se encontrara litigando en las presentes actuaciones y, estando ausente, se diligenciara la mentada cédula a su domicilio, pudiendo, en este caso, exigírsele el deber de previsión al cual hace mención la iudex a quo.
Por otro lado, debe apreciarse que el demandado no tomó efectivo conocimiento de la demanda de divorcio, del convenio regulador y los alimentos dispuestos de manera provisoria sino hasta que volvió al país, viéndose imposibilitado de efectuar las defensas que estimara pertinentes. En ese entender, corresponde revocar la resolución de fs. 146/147, dado que, conforme la situación descripta, las consecuencias que se derivan de la misma y según lo normado por el artículo 157 del CPCC, es que correspondía decretar la suspensión del plazo para contestar el traslado ordenado a fs. 90 y vta. (conf. doct. art. 157, CPCC).
Cabe expresar que los plazos procesales son susceptibles de suspensión o de interrupción. Suspender implica privar temporariamente de efectos a un plazo, inutilizar a sus fines un lapso del mismo; interrumpirlo, en cambio, implica cortar un plazo haciendo ineficaz el tiempo transcurrido. Mientras la suspensión no compromete la aptitud del tiempo transcurrido hasta que ella se produce, la interrupción neutraliza en forma total a ese tiempo, al que corresponde tener como no sucedido. Tales conceptos coinciden con los enunciados con los artículos 2539 y 2544 del Código Civil y Comercial, con respecto a la suspensión e interrupción de la prescripción, y no median razones que descarten su aplicabilidad a los plazos procesales (conf. Lino Enrique Palacio, “Derecho Procesal Civil”, cuarta edición actualizada, edit. Abeledo- Perrot, 2017, Tomo II, pág. 1355).
En efecto, el artículo 157, último párrafo del CPCC dispone que: “Los jueces y tribunales deberán declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente” (art. 157, CPCC).
Por ello, en atención a que el acto de notificación de promoción de la presente determina el ingreso al proceso, pues de ella depende la válida constitución de la relación procesal, y en miras que lo que se encuentra comprometido es la garantía de la defensa en juicio y el principio de bilateralidad, es que corresponde, en esta especial situación, tener por suspendido el término del emplazamiento efectuado a fs. 90 y vta., otorgándosele al demandado el plazo de cinco días a partir de la notificación de la presente, a efectos de que desarrolle los argumentos defensivos que estime pertinentes (arg. arts. 18, CN; 34, inc. 5, apartados b, c y e, 36 inc. 2º, 149, 157 último párrafo, del C.P.C.C). Ello así, a fin de garantizar la sustantiva concreción del debido proceso legal para cumplir adecuadamente con los fines del proceso judicial y lograr efectivizar la tutela judicial de las partes (art. 15, Const. Prov.). Las costas de Alzada, atento la especial situación acaecida en las presentes actuaciones, corresponde se impongan por su orden (conf. arts.
68, 69, CPCC).
POR ELLO, se revoca la resolución de fs. 146/147, otorgándose al señor A. el plazo de cinco (5) días a partir de la notificación de la presente, a efectos de que desarrolle los argumentos defensivos que estime constituido a las partes de autos (art. 143, CPCC. según ley 14.142; art. 1 del Anexo I del Reglamento para la notificación por medios electrónicos). DEVUELVASE. Fdo. Electrónicamente: Francisco Agustin Hankovits (Juez. Art. 36 AC. 5827). Leandro Adrian Banegas (Juez).
Fin de la sentencia