Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial Sala II de la Plata · Causa 118.339
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se hace parcialmente lugar al recurso del actor y se admite como indemnización tres años más del daño lucro cesante por las campañas agrícola y ganadera de los años 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008, y se otorga por cada una la suma de $21.920, lo que asciende a la cifra total de $65.760. El cómputo de los intereses de este daño, incluyendo las anteriores campañas, se establece a partir del vencimiento de cada una de las mismas, que se fija al 1 de septiembre de cada año, comenzando el cómputo del primer vencimiento el día 01/09/2003. Asimismo, se confirma la sentencia en todo lo restante que ha sido materia de recurso y agravio. Las costas se imponen a la demandada en su condición de esencialmente vencida (art. 68, C.P.C.C.).
FRANCISCO AGUSTÍN HANKOVITS SILVIA PATRICIA BERMEJO LUIS ALBERTO MAIMONE SECRETARIO
BRANDARIZ, RUBEN C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJ-RESP.EST-POR DELITOS Y CUASID.SIN USO AUTOMOT.
C.C.C. II Sala 2a.
Registro N° 88 (S) Folio 544 FS Causa 118339 En la ciudad de La Plata, a los 2 días del mes de julio de dos mil quince, reunidos en acuerdo ordinario la señora Vocal de la Sala Segunda, doctora Silvia Patricia Bermejo y el señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de dicha Sala (art. 36 de la Ley 5827), para dictar sentencia en la causa 118339, caratulada"BRANDARIZ, RUBEN C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJ-RESP.EST-POR DELITOS Y CUASID.SIN USO AUTOMOT.”, se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora BERMEJO.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 641/660?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION LA SEÑORA JUEZ DOCTORA BERMEJO DIJO:
I. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios incoada por Rubén Brandariz contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, por la inundación que sufriera un campo de su propiedad. En consecuencia, condenó a este último a abonar al actor la suma de $123.317, con más los intereses a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en los depósitos a plazo fijo a treinta días, vigente durante los distintos períodos de aplicación -tasa pasiva-. Por último, impuso las costas al demandado vencido y difirió la regulación de los honorarios hasta la oportunidad prevista por el artículo 51 del Decreto Ley 8904/977 (fs. 641/660).
II. Tal pronunciamiento viene apelado por el legitimado activo, mediante el recurso articulado a fs. 661, concedido libremente a fs. 662, fundamentado por la expresión de agravios de fs. 676/680, el que mereció réplica de la apoderada de Fiscalía de Estado (fs. 694/700 vta.). También lo impugna la accionada (fs. 664), quien sostiene su ataque (fs. 681/690), sin que fuera contestado. Luego, se llamó autos para sentencia (fs. 701).
III. El actor objeta la superficie del campo que la sentencia consideró afectada. Alega que se debió de indemnizar 84 has., más un 20% por encharcamiento, según dice que manifestara el perito ingeniero hidráulico, lo que da como resultado 100,8 has. Concluye que se debe modificar lo decidido en este aspecto y solicita se disponga que en la etapa de ejecución de sentencia se determinen los importes de los rubros “recuperación de tierras” y “lucro cesante”, de acuerdo a la superficie efectivamente anegada durante la época correspondiente a la indemnización admitida en el fallo y no, como mencionara anteriormente, sobre la extensión que el perito encontró bajo agua al momento de realizar la pericia en el año 2013, es decir, diez años después de los hechos que motivaron la presente causa.
También critica el lapso por el cual reconoció el lucro cesante.
Menciona que el error del perito arrastró al sentenciante al otorgarlo sólo por 3 años. Argumenta que el tiempo en el cual el campo estuvo bajo las aguas, se debió adicionar el que tardó la recuperación del suelo, por cuanto tampoco pudo producir, hecho que conllevara a la pérdida económica que debe ser resarcida.
Agrega que de hacerse lugar al recurso y modificarse la superficie afectada y la extensión del perjuicio, deben fijarse nuevos valores para los rubros “recuperación de tierras” y “lucro cesante”, los que deben valuarse a la fecha más próxima a la sentencia o con criterio de actualidad.
Asimismo, se disgusta respecto de la justipreciación de los rubros “cultivos y alambrados” y “pérdida por venta anticipada de hacienda”, pues los mismos han sido los vigentes para los años 2001 y 2002, es decir, doce y trece años antes del fallo. Por ende, opina que se encuentran totalmente depreciados.
Afirma que al momento de la ejecución de sentencia se deben determinar los valores de la totalidad de los ítems que integran el monto de la condena con características de actualidad.
Por último, se disconforma con la fijación de los daños en pesos y no en dólares estadounidenses para poder disminuir la inflación.
IV. La letrada apoderada del Fisco de la Provincia de Buenos Aires censura la sentencia en cuanto atribuye exclusivamente a su representada la responsabilidad por los daños cuya reparación se pretende. Alega que el sentenciante, en forma equivocada, encuentra como causa adecuada de la inundación que sufriera el campo del actor, los trabajos realizados por la Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas. En cambio, sostiene que los excesos pluviométricos y las características geomorfológicas de las parcelas de autos han tenido la virtualidad de producir o contribuir al anegamiento. Luego de una pormenorizada explicación de las características geomorfológicas del inmueble, concluye que la responsabilidad de su representada, sería únicamente por una superficie de 25.29 has., que resultó anegada en correspondencia con la hoya que afecta la parcela 818a., hasta la que se extendió el zanjeo denunciado por la actora.
Manifiesta que de haberse ponderado la prueba rendida en autos en su totalidad (pluviométrica y topografía de la zona), la atribución de responsabilidad sería de una ínfima incidencia. Explica, en esa lógica, que del informe pericial obrante a fs. 316, se cuantificó el aporte de las lluvias para el período 1999/2002, en un orden del 50%, porcentaje que no se tuvo en cuenta al momento de fijar la responsabilidad de la Provincia.
En otro orden de ideas, esgrime que los riesgos de la explotación, ínsitos en la actividad, deben ponderarse para la cuantificación del perjuicio, por lo que lo valorado por lucro cesante debiera reducirse al menos en un 30%. Agrega que el juzgador no ponderó para la justa recomposición del patrimonio, los avatares propios de la explotación agrícola y su comercialización, como son, los factores climáticos, fluctuaciones del valor de mercado, el acierto o desacierto de las decisiones del propietario, etc.
Por último, se queja por considerar erróneo que el sentenciante tome como fecha del evento dañoso el mes de diciembre de 2001, cuando en realidad, menciona, se encuentra acreditado que los daños se suscitan con anterioridad a esa fecha, debiendo en consecuencia, el cálculo de intereses, detenerse al 30 de noviembre de 2001. Explica que si se reparan las obligaciones que reconozcan causa o título anterior a dicho momento, se encontrarían alcanzadas por el régimen de consolidación de deudas, impuesto por la ley 12.836. Ya con relación a los intereses aplicables al lucro cesante, entiende que, solo habrán de correr desde la finalización de cada ciclo productivo.
V. Como surge de la sentencia atacada, se hizo lugar a la demanda instaurada con motivo de las inundaciones que a partir del último trimestre del año 2001 sufriera el campo del señor Brandariz -integrado por las parcelas que describiera-, lo que le atribuyó al obrar exclusivo del Fisco de la Provincia de Buenos Aires (arts. 902 y sig., 1109, C.C.).
Discrepa el Fisco en su recurso en cuanto no se han contemplado otros factores que, a su entender, también han incidido. En ello erige que la Provincia no tiene la responsabilidad exclusiva de las inundaciones en el campo del actor. Ataca que el fallo haya estimado que la causa del siniestro fueron únicamente las obras ejecutadas por la Dirección de Saneamiento y Obras Hidráulicas. Agrega que, en realidad, las características geomorfológicas del terreno y los excesos pluviales han tenido virtualidad para producir o contribuir al anegamiento.
En su recurso, la apoderada de la Provincia expresa que, previo a la ejecución del zanjeo denunciado por el actor, en el terreno podía observarse anegación cuando los niveles de precipitaciones superaban los valores normales para la zona. En ese razonamiento, intenta evidenciar que los excesos pluviométricos no fueron ajenos al anegamiento del inmueble de la litis, como así tampoco sus características geomorfológicas, dado que las parcelas 823 y parte de las correspondientes a la 818a y la 818b -las cuales presentan menores cotas- son terrenos por donde se encausan los excesos pluviales anteriormente mencionados.
Es claro que el juzgador no negó tal circunstancia, pero concluyó que, “si bien los registros de precipitaciones fueron notoriamente elevados para la media anual en la región, ello no resulta motivo suficiente para entender que la lluvia, aún con la copiosidad que se produjo, pudo originar un evento como el que se ventila en autos” (fs. 641/ 660 vta. en esp. fs. 652/653).
Para arribar a tal epílogo, el a quo expuso que, “resulta indicio claramente revelador y determinante que, luego de haberse realizado el “zanjeo” –entre mediados y fines de noviembre de 2001- el terreno del actor sufrió –ya en diciembre del mismo año- el ingreso descontrolado de las aguas, pese a que –insisto- el incremento de precipitaciones era notable ya en meses y años anteriores” (v. fs. 653).
De manera uniforme se admite en doctrina que, para que deba responderse por un daño, es necesario que el mismo haya sido “causado” mediante acción u omisión, por su autor. A ello alude, también, en diversos preceptos, el Código Civil, cuando establece que el daño indemnizable es el que se “causare” o “se hubiere causado” u “ocasionado” a otro (arts. 1068, 1074, 1119, 1111, 1113, 1114, y ss. C.C.) Y así, determinado, a su vez la medida del resarcimiento a cargo del responsable habrá de resultar de la propia extensión de las consecuencias dañosas derivadas de su proceder, vale decir, que aquellas que puedan ser tenidas como “efectos” provocados o determinados por su conducta, la que entonces viene así a ser “causa” (Cazeaux-Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones”, T. IV, pág 759, 3ra. Ed., Edit. Platense, La Plata, 1994; esta Sala, causa 109927, sent. del 30-9-07, RSD 166).
En casos similares al presente, ha estimado esta Sala que “no siempre el daño, como es sabido, se puede atribuir a una sola causa, sino que pueden aparecer dos o más factores generadores del menoscabo de la víctima, de modo que el perjuicio proviene no ya de un proceso causal, sino de la interferencia de dos o más series causales: en estos casos el daño es provocado por dos o más acciones independientes entre sí, idóneas por sí solas para causar el perjuicio (o, al menos, incrementar su magnitud). Acciones que, alguna de ellas, pueden consistir en un acontecimiento que no quepa imputarle a nadie, ni a la víctima ni al demandado ni a un tercero, sino que resulta de la fuerza mayor o del caso fortuito (doct. art. 514 Código Civil), como la ocurrencia de hechos naturales imprevisibles o, aún previsibles, inevitables” (conforme esta Sala, causa 109927, sent. del 30-9-07, RSD 166/07). En cuanto –por principio- nadie puede ser responsable de los detrimentos que surgen de una causa extraña e independiente de su voluntad, que no pudo prever ni evitar; puede ocurrir que el perjuicio haya sido producido por la coincidencia de dos causas autónomas: un caso fortuito (o de fuerza mayor y el propio hecho realizado por el demandado, existiendo entonces relación de causalidad entre este último y el daño causado, aunque resulte lógico exonerar de responsabilidad en la medida en que la magnitud del daño ha sido incrementada por la incidencia del caso fortuito o fuerza mayor (conforme Cazeaux-Trigo Represas, obra citada, pág. 802, n° 2545;
Bustamante Alsina, J.: “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, p. 306 y ss.; 8va. Ed., Abeledo Perrot, Bs. As., 1993; Mosset Iturraspe, J.: “Responsabilidad por daños”, T. I, pág. 243 n°5, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1998; esta Sala, causa 109927, sent. del 30-9-07, RSD 166).
Es dable destacar que la concausa, también denominada causalidad acumulativa, se brinda cuando varias condiciones, las cuales pueden ser anteriores, coetáneas o posteriores, asumen el carácter de causa adecuada.
De sostener la teoría de la equivalencia, o también conocida como conditio sine qua non, las concausas traídas en los fundamentos de la apoderada de Fiscalía, serían consideradas como una condición necesaria para la producción del hecho dañoso. Claro está, de ser probadas las mismas, por lo que, según esta teoría, todas las condiciones positivas o negativas concurrirían necesariamente a producir el resultado de manera tal que, suprimida una de ellas, el resultado sería diferente. En consecuencia, con rigor lógico debe admitirse que cada una de las condiciones, con ser necesaria, sea la causa del resultado (conf. Jorge Bustamante Alsina, "Teoría de la Responsabilidad Civil", Edit. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, novena edición ampliada y actualizada, pág. 268).
VI. Ahora bien, de los fundamentos en los que se erige el recurso de la legitimada pasiva, se debe examinar y observar si en el caso de autos surgen acreditadas las concausas referidas: las características geomorfológicas del terreno y los excesos pluviales.
Aprecio que deben considerarse primeramente las constancias obrantes en el expediente administrativo nº 2560-2849/2004 acollarado, que ambas partes han ofrecido como prueba.
Esas actuaciones fueron iniciadas a raíz de una nota que el señor Brandariz le dirigió al señor Gobernador. Solicitaba en ella que la Provincia le resarza los perjuicios sufridos por las obras destinadas a dirigir a sus campos los excedentes hídricos, para así preservar al casco urbano de la ciudad de América.
En esos obrados intervinieron diversas dependencias técnicas de la Provincia y no se mencionó en ninguno de esos informes que las características del terreno o las lluvias hayan incidido en los daños que sufriera el reclamante. Así, la Dra. María Luisa Deluca, Consultoría Técnica de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas y el Dr. Matías Ferrer, Responsable del área de Consultoría Técnica de la misma dependencia suscribieron un informe en el cual daba cuenta de la realización “…del zanjeo en el camino que une la localidad de América con la Estación Cerrito, para aumento del paso del agua a través del terraplén dispuesto en forma transversal al escurrimiento, siendo esta la acción que diera lugar a la denuncia en tratamiento” (el destacado corresponde al original, fs. 33, exp. administrativo acollarado).
Esos funcionarios, con posterioridad a ese informe volvieron a explicar que “…la situación planteada por el presentante… fue consecuencia del accionar que tuvo esta Repartición en el marco de la emergencia hídrica… con lo que se provocó un mal menor, en aras del interés general…” (fs. 37, ídem). Asimismo, consta que las pérdidas esgrimidas por el actor, han sido consecuencia directa del accionar de la Administración (v. fs. 75, ídem.). Como se ha expuesto, los informes oficiales obrantes en un expediente administrativo tienen fuerza probatoria por sí (SCBA, B 54841, sent. del 20-VIII-1996).
No se ignora que “Los expedientes administrativos … tienen valor de prueba en juicio y para apartarse de sus constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido, siendo necesario que se especifiquen sus fallas suministrando prueba de ellas” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, in re: “Ferrocarriles Metropolitanos (FEMESA) c. Teleplata S.A.”, sent. del 15-V-2007, publicado en:DJ 2007-III, 471, Cita online: AR/JUR/3951/2007). Empero, cabe recordar que esas actuaciones fueron ofrecidas como prueba por ambas partes.
En síntesis, si en el expediente referido, la propia demandada sólo atribuyó el daño al obrar lícito de la Administración, no puede en este proceso contradecirse con su postura anterior.
Aun cuando lo expuesto es suficiente para sellar la suerte negativa del agravio, sólo para satisfacción del recurrente he de señalar que tampoco de la prueba producida aprecio que le asista razón.
En lo atinente a las características geomorfológicas del terreno, en el informe presentado por el Ingeniero Civil y en Construcciones Della Croce se sostiene que “el campo presenta bajos localizados como toda extensión de tierra sin tratamiento de emparejamiento del suelo, es decir como la naturaleza lo trató y como el viento fue modelando el perfil o mejor dicho el relieve medanoso. Así, se van cubriendo los bajos, cuando se presentan ciclo de régimen hídrico rico, hasta llegar a cotas topográficas inferiores” (fs. 307/ 324, esp. fs. 316).
No obstante ello, destaca expresamente que, “La incidencia de las obras o mejor dicho de las dos causas fundamentales por la cual los escurrimientos se descontrolaron y llegaron al campo para inundar el mismo y campos vecinos, fueron el “terraplén de la Ruta 70” y el “zanjón” paralelo al camino de América a Cerrito y también paralelo a las vías del FFCC Sarmiento” (ver pericia de fs. 316, punto 6).
Refiere que el evento pluviométrico de esa época (de noviembre de 2000 a noviembre del 2002) que se refleja en las imágenes que refiere, los bajos y lagunas no están en la zona del campo. Considera las imágenes anteriores y posteriores a la construcción de la obra –de noviembre de 2001- y otras de 1993 (Anexo 2) ilustran que el campo no se ve afectado, a pesar de las importantes lluvias y los consiguientes anegamientos de esa época. Ello se desprende en cuanto expresa que “considerando la fecha límite de construcción de la obra que fue en Noviembre del año 2001, tenemos que considerar las imágenes antes y posterior a ella. De todas maneras, hay imágenes del año 1993 que está representada en el anexo 2 de esta pericia, donde la ubicación del campo no está afectada por la gran pluviosidad y por consiguiente anegamiento en esa época” (ver pericia de fs. 316, punto 6). Detalla que conforme las imágenes vistas en el expediente de carácter reservado de las causa (2560-2849/2004 y alcances 1 y 2) y las del INTA de Castelar, que “…considerando las de fecha de febrero del 88, octubre del 97, noviembre del 98, 99 y 2000, junto con la de abril, junio, septiembre, y noviembre del 2001, las aguas del bajo ubicado sureste del campo en sentido de la localidad de Cerrito, no habían llegado ni incidido en los bajos del campo de la actora. Los bajos del campo de la actora se presentan en las parcelas 823 y en el extremo inferior de las parcelas 818 A y 818 B” (fs. 307/ 324, esp. fs. 316/317, punto 6).
Si bien hace mención a que la parte del campo ubicada al sur es baja, dado que es donde se empezó a llenar de agua, que provenía de la Estación Cerrito, no establece que haya sido la morfología del terreno la causa por la cual se haya anegado el predio (fs. 307/324, fs. 356/361, esp. fs. 360 de la contestación del pedido de explicaciones).
Remata en que “la obra de la profundización y ampliación de la cuneta del camino, que une la localidad cabecera de Partido: América con el poblado-estación Cerrito, luego devenido en canal de un ancho de solera de 2 metros por un tirante útil de 2 a 3 metros, fue la causante directa de la entrada del agua al campo de la actora” (ver pericia de fs. 317, punto 7). “Con respecto a que si la masa hídrica podía acceder y/o permanecer en el campo de la actora, es de fundamental conocimiento que las partes altas del campo se encontraban o se encuentran desde donde venía el agua, donde por otro lado debía vencer lomadas que la más importante se marca en la plancheta del IGM”. “Conclusión, NO, (n)o podrían llegar las aguas, sino por el efecto del canal ubicado entre el camino y las vías de Ferrocarril Sarmiento” (ver pericia de fs. 318, punto 7 in fine).
Respecto del punto 8 de la pericia obrante a fs. 307/324, el experto culmina mencionando que, “la incidencia sobre el campo de las obras de zanjeo, es total, puesto que de otra manera no hubieran llegado las aguas (ver pericia de fs. 317/324, esp. fs. 318, punto 8).
Del pedido de explicaciones se puede extraer que, “antes de que se hiciera el canal paralelo a las vías del Ferrocarril Sarmiento, las aguas se podían estancar en los bajos, pero no llegaban al campo de la actora, cosa que pasó cuando el canal funcionó y cuando el terraplén de la Ruta 70 desvirtuó los escurrimientos en manto. Cuando se analiza el zanjón, pues es así ya que tiene dimensiones importantes, que no son una zanja normal al costado de una calle, se dice que este afectó el 100% de los inundados del campo (…)”. (ver contestación al pedido de explicaciones, fs. 356/361, esp. fs. 358, punto 6). Por otro lado, el perito Ingeniero agrónomo indicó que, de acuerdo a los estudios realizados sobre imágenes satelitales, se determinó que en el lote 818a, al momento del ingreso del agua, había pasturas naturales (v. fs. 540, punto 7; arts. 384, 474, C.P.C.C.).
Las reglas de la sana crítica indican que para apartarse del dictamen pericial suficientemente fundado, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir razones científicas fundadas, son insuficientes para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica (art. 474 del C.P.C.C.; esta Sala, causa 109550, sent. del 22-7-08, RSD 138/08).
En suma, en vista a los dictámenes, el esfuerzo de la quejosa por demostrar la aludida relación entre las zonas bajas y las superficies afectadas es infructuoso. Ello pues, no se ha acreditado que previo al obrar lícito del Estado provincial, los bajos de la actora hayan sufrido inundación alguna, ni siquiera en los períodos de máximas precipitaciones, acorde surge de los informes emitidos por de los expertos.
Propongo, en base a las consideraciones expuestas, no hacer lugar al agravio analizado (arts. 902, 1109, C.C.; 384, 474, C.P.C.C.).
VII. Un segundo paso de análisis exige determinar si existieron excesos pluviométricos que hayan contribuido de manera decisiva a la inundación motivo del reclamo.
El Ingeniero Civil Della Croce sostiene que “(…) del estudio de las precipitaciones durante el período que va desde 1970 a 1984, donde se observan valores para 1973 de 1392 mm. caído en un año, el establecimiento de la actora no tuvo daño alguno. (…). Pero siguiendo con análisis históricos se tiene en cuenta que la media histórica de Trenque Lauquen en el período de 1911 – 2001 es aproximadamente 780 mm. anuales se obtiene que desde el año 1999 al 2002 inclusive se han producido una sucesión de lluvias extraordinarias que superan en más de 450 mm. el mencionado valor histórico” (v. pericia de fs. 314).
Así, establece en una escala acorde los años, el total anual de milímetros caídos a consecuencia de las lluvias y la diferencia con la media del período de 1911 a 2001. De ello se observa que, en el año 1999 el total de milímetros anuales por precipitaciones fue de 1436; en el año 2000 se observan 1232 milímetros anuales; en 2001 el total anual fue de 1390 milímetros; en 2002 fue de 1257 milímetros. No debe perderse de vista que a partir de ese momento las precipitaciones disminuyeron, por lo que en el año 2003 se aprecian 1071 mm.; en el 2004 un total anual de 1164 mm; y ya en 2005, tan solo 711 mm.
No obstante, distingue que “el suelo una vez anegado y saturado por precipitaciones no permite la evacuación de nuevas precipitaciones, provocando mayor retención en los espejos de agua. Todo ello agravado con una mayor pluviometría registrado en los meses de septiembre, octubre, y noviembre de 2001”. Por otro lado, manifiesta que, “haciendo un análisis generalizado de las imágenes planteadas, la de febrero del 86 el bajo anexo al campo tiene un importante caudal de agua pero no llega a influir ninguna parcela del mismo” (ver pericia de fs. 321, punto 1 in fine).
Se aclaró que “antes de que se hiciera el canal paralelo a las vías del Ferrocarril Sarmiento, las aguas se podían estancar en los bajos, pero no llegaban al campo de la actora, cosa que pasó cuando el canal funcionó y cuando el terraplén de la Ruta 70 desvirtuó los escurrimientos en manto. Cuando se analiza el zanjón, pues es así ya que tiene dimensiones importantes, que no son una zanja normal al costado de una calle, se dice que este afectó el 100% de los inundados del campo, que por otro lado no tiene que ver con la incidencia de lluvia que puede ser del 50 % estimativo que propongo” (ver contestación al pedido de explicaciones obrante a fs 358). Luego aclara que ello no es un cálculo exacto, pues puede diferir de un mes a otro (fs. 356/361, esp. fs. 358 cit.)
El mentado profesional de la materia, destaca que del estudio llevado a cabo en el Departamento Clima del INTA de Castelar por la serie de imágenes anteriores a noviembre del año 2001, nunca esa zona del campo tuvo presencia de agua (ver pericia de fs. 324, punto 10 in fine). En esa lógica, manifiesta que acorde la imagen referencial del IGM del año 1993, para esa época también las condiciones hídricas eran bastantes intensas, por los grandes eventos pluviométricos. Aunque destaca, que los bajos o lagunas no están en la zona del campo (v. fs. 316). En el informe del Servicio Meteorológico Nacional, se adjunta una planilla con las precipitaciones mensuales correspondientes a los períodos 1999 al 2008. Del mismo se desprende que en el año 1999 la suma de las precipitaciones mensuales da un resultado de 1346 mm; las del año 2000 de 874 mm y, ya en el año 2001, de 1185 mm. En consecuencia, se ilustra que hubo mayores precipitaciones aun en el año 1993 y no obstante el campo no se inundó. Es decir, que previo a la inundación, sufrida como consecuencia de las obras llevadas a cabo por la Provincia de Buenos Aires, ya se apreciaron otras grandes precipitaciones sin visualizarse, acorde lo señalado por los expertos, indicios que el campo sufriera anegaciones que produzcan los daños ahora evidenciados (v. informe del Servicio Meteorológico a fs. 99/100). Si bien en la pericia de fs. 307/ 324 el experto señala el porcentaje de incidencia de las lluvias en esos años (v. fs. 316), también explica que: “En esta causa de inundación que nos ocupa, es totalmente claro y definido, no solamente por este perito sino también por las autoridades, que los factores determinantes fueron los zanjeos sobre el préstamo del camino de comunicación de la Ciudad América con el poblado de Cerrito. Además con la barrera formada sobre la margen norte de la ruta 70, generando un descontrol ante el avance de las aguas como el producido” (v. fs. 319). Esta afirmación es la que se condice con las constancias antes referidas del expediente administrativo como con las restantes aseveraciones efectuadas en las mismas experticias transcriptas.
Por ende, en mira a lo establecido por los peritos, como así también el informe del Servicio Meteorológico, al que hemos hecho alusión anteriormente, se puede concluir que, el anegamiento del campo del Sr. Brandariz se produjo por el obrar lícito del estado provincial, al ejecutar las obras de terraplén de la Ruta 70 y el zanjón paralelo al camino de América a Cerrito y también paralelo a las vías del FFCC Sarmiento. Si bien hubo fuertes precipitaciones, no revistieron la relevancia que la apoderada del Fisco intenta endilgar, por lo que, de no haber existido el obrar de la Provincia, las aguas se podían estancar en los bajos, pero no llegarían al campo de la actora (arts. 902 y conc., 1109, CC; 384, 474, C.P.C.C.).
En virtud de lo expuesto, es dable colegir que si bien se contemplaron las lluvias y su incidencia, tampoco las mismas puedan considerarse como concausas que atemperen la responsabilidad atribuida al Fisco (arts. 384, 474, C.P.C.C.).
VIII. Otro de los agravios traídos por ambas partes es el alcance de la superficie afectada.
El pronunciamiento se atuvo a las conclusiones de la pericia del Ingeniero Civil – Construcciones, (v. fs. 307/324 y las explicaciones de fs. 356/360 vta., fs. 369 y fs. 495/497), como así también los del ingeniero agrónomo, (v. fs. 559/562, y sus explicaciones obrantes a fs. 557/558 y fs. 559/562).
Al no existir coincidencia entre los expertos respecto de la determinación de las zonas afectadas, el sentenciante de grado arribó a la conclusión que la misma rondó en las 80 hectáreas, teniendo en cuenta, para dicho cálculo, la inundación en sí misma, con más los charcos y proximidades de napas, circunstancias que fueran ponderadas por los dictámenes anteriormente citados (v. fs. 557 vta.).
Incluso, estimó que debían deducirse 6 hectáreas, teniendo en consideración que los “bajos” que se presentaban en la parcela 818a eran inundables naturalmente (v. fs. 557 vta.).
Advierto que la procedencia de este reclamo se disipa con el expediente administrativo acollarado. Como se refiriera, el mismo se inició por la solicitud del señor Brandariz ante la emergencia hídrica. En la petición que presentara a las autoridades que diera inicio al expediente explica que las obras que invirtieron el desnivel natural de las aguas, lo que llevó a que el agua se fuera acumulando, invadió 43 hectáreas (v. fs. 17/19, exp. acollarado). Como ha dicho nuestra Suprema Corte provincial, “Por aplicación de la denominada "teoría de los actos propios" resulta inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces” (SCBA, L 86920, sent. del 8- X-2014; L 104305, sent. del 20-III-2013).
En consecuencia, habiendo manifestado que la superficie afectada era de 43 hectáreas no puede pretender ahora que se le repare por 100,8 hectáreas como refiere en el recurso.
De todas maneras, aprecio que el agravio puede tomarse para analizar si puede estimar en esa extensión que implica una hectárea más que le reconoció la sentencia. Y, desde tal horizonte, anticiparé que aprecio que no le asiste razón en el reclamo.
En lo que concierne a la labor efectuada por el Ingeniero Civil, se puede observar que, acorde las imágenes satelitales aportadas por la Cartografía del IGM, en su inicio –noviembre de 2001- el campo constaba con una superficie anegada de 48 hectáreas. Ya en diciembre de ese mismo año, las hectáreas afectadas eran 72, adunando a ello que, los picos máximos de superficie afectada por el agua se dieron en Agosto de 2002, donde se visualizan 84 hectáreas con incidencias por el agua. En adelante, procedió a disminuir, puesto que en el mes de marzo de 2003 y en agosto de 2004 se reputan afectadas 72 y 36 hectáreas respectivamente (v. fs. 319).
Esgrime que a mayor cantidad de hectáreas ocupadas por el agua, debieran incrementarse los efectos que producen el encharcamiento y anegamiento sumados a estas superficies, todo ello en función del análisis de los suelos como de su planimetría, motivo por el cual estima se debe adicionar un 20% (v. fs. 318).
Por otro lado, de la pericia efectuada por el perito ingeniero agrónomo, en el pedido de explicaciones, consta que la superficie total que se encontró bajo agua fueron 42 hectáreas, correspondientes a la parcela 818a, con 38 hectáreas, y la parcela 818b, con 4 hectáreas.
He de destacar que “cuando son dos o más profesionales llamados a expedirse, entra en el campo de elección del juez, por la especial situación en que éstos puedan hallarse, la posibilidad de atender a unos u otros, según que, por aplicación de los principios de la sana crítica, que no son otra cosa que normas de experiencia común, le adjudique a la opinión de alguno de ellos un mayor grado de rigor científico u objetividad y, por ende, mayor eficacia convictiva” (art. 474 del C.P.C.C; cfme. esta Sala, causa 108359, RSD 126/2007, sent. del 26/06/2007).
Por consiguiente, encuentro que por la especialidad del experto, el informe del ingeniero agrónomo es más acertado –si bien es de ambas competencias la posibilidad de expedirse sobre el punto en cuestión-, al igual que es más cercano incluso a lo pedido, lo que informa este experto (v. fs. 559/562, y sus explicaciones obrantes a fs. 557/558 y fs. 559/562, específicamente v. fs. 561 vta.), por lo que estimo que el agravio no puede prosperar y mantenerse la sentencia atacada en este aspecto por las consideraciones expuestas por el experto (arts. 384, 474, C.P.C.C.).
IX. Otro de los embates de la legitimada activa es la estimación del lucro cesante.
El a quo, acogiéndose a la pericia del Ingeniero Agrónomo, consideró que "el tiempo de recuperación del campo tiene que haber rondado los 3 años, término relativo, dado que debieron de cumplirse los procedimientos adecuados -drenajes o especies vegetales- y sobre el cual también inciden otros agentes (...)" (v. fs. 641/ 660 vta., esp. fs. 659).
En esta lógica, la actora de autos recurre ante esta Alzada con el fin de desvirtuar lo sostenido por el juez de grado, aduciendo que se debe comprender, no sólo la indemnización durante la imposibilidad de explotación del campo por estar bajo las aguas, sino también, una vez que las mismas se retiren, el tiempo que insuma la recuperación de los suelos. Ello, con motivo en que mientras los suelos no se recuperen, el campo no tendrá la productividad que tenía antes de la inundación.
Cabe anticipar que, a mi entender, asiste razón a la actora apelante. La indemnización por el rubro "lucro cesante", originada de la responsabilidad del estado por su obrar lícito, ha sido consecuencia de arduos debates, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.
Si bien es cierto, que en ninguna de las disposiciones de la Ley Fundamental, ni de los tratados internacionales que por el artículo 75, inciso 22, los cuales tienen jerarquía constitucional, se enuncia en forma expresa el derecho de percibir una indemnización integral de todos los perjuicios que pueda sufrir un afectado por una medida estatal dañosa (entre ellos lucro cesante), ello no es razón suficiente para desconocer el derecho a su reconocimiento con base constitucional (conforme SJA., Perrino Pablo E., "La responsabilidad estatal lícita y la indemnización del lucro cesante", publicada el 11/11/2009).
Así, se sostiene que, de la mera inexistencia de un precepto expreso en aquel preciso sentido no puede derivarse, sin más, que la reparación plena al obrar estatal lícito carezca de base constitucional. Ello es así porque, las normas constitucionales que garantizan ampliamente los derechos de propiedad e igualdad -arts. 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional- como así también el art. 19 de la Carta Magna, del cual deriva el principio alterum non laedere, brindan sustento suficiente al principio de la reparación del lucro cesante cuando el daño es ocasionado por el obrar lícito del Estado (conforme SJA., Perrino Pablo E., "La responsabilidad estatal lícita y la indemnización del lucro cesante", publicada el 11/11/2009).
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ido construyendo a lo largo del tiempo el concepto de justa indemnización. En este sentido, ha expresado que "... la indemnización debe ser integral; el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 268:112, 268:238).
Empero, lo que es materia de agravios de la recurrente, no es la concesión del presente rubro, sino su extensión en referencia al lapso que el sentenciante estimó para la fijación del mismo. Ello en tanto se le reconoció por tres años y no por el lapso que la tierra no produjo hasta su recuperación. De las constancias de autos surge, acorde señalara el perito Ingeniero Agrónomo, que como consecuencia de la inundación se ha producido la salinización superficial y subsuperficial en los suelos del establecimiento. Esto se comprueba por el resultado arrojado por el análisis de la tierra, realizado en el laboratorio de edafología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la ciudad de La Plata (v. fs. 536/545, y sus explicaciones obrantes a fs. 557/558 y fs. 559/562, en especial fs. 539 vta. punto 5).
En ese orden de ideas, explica cómo se ven afectadas las superficies de las parcelas por la inundación.
Menciona que "Luego de retiradas las aguas de inundación, el suelo se presenta con una elevada salinidad que puede afectar a las plantas de dos formas. Una de ellas por retención de agua, disminuyendo así la que pueden utilizar las plantas. La vegetación suele así morir por sequía, aún cuando el contenido de agua del suelo sea relativamente elevado. La otra forma es por toxicidad o exceso de determinados elementos, que producen desbalances mortales en la nutrición de las plantas” (v. fs. 536/545, en esp. fs. 540, punto 5; arts. 384, 474, C.P.C.C.).
Argumenta que "La concentración de sales en la superficie y en los horizontes superficiales, determina la gravedad del problema. Las especies vegetales presentan diferente grado de resistencia a salinidad: esto puede determinar la persistencia o reemplazo de la vegetación existente. La aparición de especies resistentes actuará entonces como indicadora de problemas de salinidad" (v. fs. 540, punto 5 de la pericia).
Destaca que “Un caso especial, a menudo relacionado con la salinidad, es la existencia de concentraciones elevadas de sodio en el suelo. Una manifestación frecuente de la presencia de sodio en cantidades perjudiciales es la aparición de manchones sin vegetación (o con especies resistentes). La superficie del suelo aparece "sucia" con manchas color negro o marrón oscuro (tienen la apariencia de petróleo), que corresponden a materia orgánica dispersa por el sodio (humatos de sodio). En los charcos el agua también aparece coloreada por esta sustancia. El fenómeno es conocido como "salitre negro” (v. fs. 540, punto 5). Es por ello que el experto establece cuáles son las técnicas que deberán utilizarse para favorecer las áreas que han sido anegadas, en especial, aquellas donde existe salinización.
Explica que las alternativas posibles serían: la realización de obras de drenaje y establecer las especies vegetales, seleccionando las que estén adaptadas al tipo de ambiente edáfico y cuyo sistema radicular no permita llegar el agua a la superficie. Una vez implantadas, indica que se deberá proseguir con la inter-siembra de especies forrajeras con mayor valor nutritivo para el ganado (v. fs. 540 vta., punto 9 "a").
Al respecto, indica cuáles son los costos de inversión de obras de drenaje y los de la inter-siembra de pasturas, haciendo referencia que si se respetan los métodos de recuperación señalados, se estima que el tiempo que demanda la recuperación será alrededor de tres años (v. fs. 540 vta., punto 9 "c").
Por último, resulta contundente lo expresado por el Ingeniero Colaianni, en cuanto sostiene que una vez retirada el agua, dependiendo del tiempo que se encuentre el suelo anegado y el nivel de salinidad de la superficie, se procederá a la recuperación de los mismos (v fs. 543, punto 13). En concordancia con ello, resulta explícito al decir que "para realizar los trabajos de recuperación de suelos se deben retirar las aguas superficiales" (v fs. 561 vta. del pedido de explicaciones).
El informe pericial del Ingeniero Della Croce, quien a fs. 320 aduce que, acorde el análisis efectuado de las imágenes del DAIS, se puede apreciar que las superficies inundadas datan de los períodos 2002, 2003, 2004 e inclusive el año 2005, donde en este último, aún existen en los bajos, potreros encharcados y hasta hay presencia de agua en superficie, pese a la evapotranspiración por estar pasando el verano 2004/2005. A su vez, manifiesta que, ya en febrero de 2006, el bajo sigue retrayéndose y el campo ya se presenta seco (v. fs. 320 y fs. 321).
Sin embargo, cuando en el punto 14 de la pericia se le pide al perito que calcule el lucro cesante o la ganancia dejada de percibir por la actora, incluido el tiempo de recuperación, se respondió que el tiempo era de tres años y se señaló cuánto correspondía por la pérdida en explotación agrícola y ganadera de las campañas 2002/2003, 2003/2004 y 2004/2005, lo que aclaró también a petición de la parte (fs. 536/ 545, 557/562; arts. 384, 474, C.P.C.C.). Las sumas allí indicadas fueron las reconocidas en la sentencia, previa deducción de lo obtenido por la venta de las cabezas de ganado. En consecuencia, estimo que le asiste razón al recurrente en cuanto a que se deben incorporar tres años más al lucro cesante ya reconocido, a lo que se le debe adicionar los intereses según lo que este voto trata infra.
Cabe aclarar que este rubro no se superpone con el reconocido en concepto de “recuperación de suelos”, pues en este ítem se contemplan las tareas antes referidas para recuperar el suelo a los fines de la producción y no lo que no se produce por tal tiempo.
En tal virtud, si bien está acreditado el daño, no así su monto, lo que hubiera estado en cabeza del actor demostrar, entiendo que para justipreciar el mismo con la prueba producida en la causa, se podrá considerar el de la última campaña -2004/2005 por un monto total de $21.920- tanto para la explotación agrícola como ganadera y multiplicarla por tres, a los fines de justipreciar lo debido por las campañas 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008, que asciende -entonces- al monto de $65.760 (arts. 1068, CC; 165, 330, 354 inc.1, 384, 474, C.P.C.C.).
X. Con respecto a las ganancias dejadas de percibir, la legitimada pasiva critica que no se han meritado los avatares propios de la explotación agrícola y su comercialización. Por consiguiente, solicita se pondere el mismo y se reduzca la cuantificación final del perjuicio en no menos de un 30%. Considero que, en este aspecto, no le asiste razón. La sentencia atacada fijó este resarcimiento en base a lo informado por el perito, restándole la ganancia obtenida por la venta prematura de 100 cabezas de ganado. Cuando en la referida pericia se señalaron las cifras por este concepto, tanto con relación a la explotación agrícola como a la ganadera, se las calculó en base a la superficie afectada multiplicándola por el “margen bruto promedio para trigo” y para los animales por el “margen bruto ciclo completo”. Acorde se lee del diccionario de la Real Academia Española “Margen”, en sentido comercial, significa “Cuantía del beneficio que se puede obtener en un negocio teniendo en cuenta el precio de coste y el de venta.”. Por otro lado, en cuanto al “margen bruto” se estableció que “…es la diferencia que existe entre los ingresos generados por una actividad (Ingreso Bruto) y los gastos en que se incurren para producir dicho ingreso (Gastos Directos).” (conf. Ings. Sergio Borga y Raúl Zehnder, “Margen Bruto Agrícola", publicado en http://rafaela.inta.gov.ar/cambiorural/mb agricola CR.htm, publicación de la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, del Inta, Centro Regional Santa Fe).
Por consiguiente, el débito de los gastos que están implícitos en la producción, en el caso de estas actuaciones, ya se ha efectuado. Se sella así la suerte adverso de este aspecto del pedido de revisión (arts. 1068, C.C.; 384, 474, C.P.C.C.).
XI. Es materia de agravios de la legitimada activa la época de estimación que el juez a quo determinara para la fijación de los montos. Así, para los "cultivos y alambrados", se fijó al 1 de diciembre de 2001, fecha en que se concluyó la obra; la “pérdida por venta anticipada de la hacienda” al 25 de abril de 2002, por ser la fecha de la operación; mientras que por "recuperación de tierras" y "lucro cesante", al día 20 de noviembre de 2013, que es cuando se presentó la pericia.
Reclama que los rubros "recuperación de tierras" y "lucro cesante" deben estimarse a la fecha de la sentencia o a la más próxima a la misma, para que la recuperación sea integral. Asimismo, con motivo del cambio en la superficie afectada y la extensión del perjuicio que en su expresión de agravios proponía, también opina que se debieran ajustar los valores. Así, los “cultivos y alambrados” y “recuperación de tierras” se han fijado a valores de los años 2001, 2002, es decir 12 o 13 años antes de la sentencia.
En primer lugar, en cuanto a la posibilidad de modificar los rubros en vista a haber receptado los agravios referidos a la extensión del campo alcanzado por las inundaciones, no puede prosperar. En tanto este voto propone mantener ese aspecto del fallo atacado, no será ello premisa de otro cálculo para estas reparaciones, como se solicita.
Por otro lado, se observa que en la demanda se ha pedido que la indemnización se establezca con criterio de actualidad y además se fijen intereses (fs. 29/32 y 34/44; arts. 330, 354 inc. 1, C.P.C.C.).
Conforme surge de precedentes de nuestra Suprema Corte provincial, “Los intereses moratorios tienen una fuente distinta del resto de la reparación: mientras que los demás rubros indemnizatorios se integran por causa del daño derivado del hecho, la obligación de pago de intereses responde a otro hecho perjudicial que, eventualmente, ha de seguirle: la no asunción en tiempo y forma de las consecuencias jurídicas de la responsabilidad. Así, los intereses hacen a la productividad que se ha frustrado a raíz de permanecer impago el capital adeudado" (SCBA, C 100228, sent. del 16-XII-2009, voto del señor Juez doctor Genoud).
Dicho en otros términos, “El interés de una suma de dinero reviste la condición de un accesorio cuyo cómputo es la única forma de que el acreedor reciba al momento del pago el valor real de lo que se le adeuda y dicho accesorio se debe desde que se produjo el daño, tésis ésta que es la que mejor se compadece con la idea de indemnización integral que inspira en esta materia a nuestra legislación” (SCBA, doct. Ac 55779, sent. del 10-VI-1997). En suma, la fijación de las reparaciones en otras fechas que la más próxima a la sentencia no implica que la reparación patrimonial no sea plena, pues los intereses suplen la falta de disposición del capital en el tiempo oportuno. En consecuencia, este aspecto del fallo se ajusta a derecho.
XII. En lo que respecta al agravio del accionante sobre el valor de la condena, este recurrente manifiesta que si bien el perito ingeniero agrónomo originalmente estimó los daños en pesos, al contestar el pedido de explicaciones impetrado por esa parte, refiere a uno de los rubros reclamados en dólares estadounidenses. En consecuencia, opina que la sentencia debió de haber fijado la condena en dólares estadounidenses, ya que ese es el parámetro habitual para valorar y expresar los insumos y productos del sector agropecuario. Explica que así se disminuirían los efectos negativos de la depreciación monetaria, puesto que, de lo contrario, el poder adquisitivo de la reparación resultaría sensiblemente disminuido al momento de percibirlo. Se anticipa que al ser esta petición novedosa, pues no integró la demanda, su articulación en esta ocasión la torna tardía (v. fs. 29/32 y 34/44; arts. 330, 354 inc.1, C.P.C.C.).
En efecto, no pueden ser objeto de análisis por la Alzada, los hechos que no fueron sometidos a conocimiento del juzgador en la oportunidad procesal oportuna (arts. 272 y 330 del C.P.C.C.). El principio dispositivo hace que los límites de la jurisdicción de la segunda instancia están dados por los hechos propuestos al Juez de grado y excederse de ellos, alterando los términos en que ha quedado trabada la litis, va en desmedro del derecho de defensa en juicio (Morello y otros, "Códigos...", T. III, pág. 469 y ss.: esta Sala, causas B-85.061, RSD-25/97, B-87.089, RSD 288/97, causa B-87.350, RSD 323/97, causa 88.90, RSD 255/98).
De tal modo, no habiendo sido oportunamente articulado por el accionante la fijación del monto de la condena en moneda estadounidense, su alegación por ante esta Alzada deviene extemporánea y, por ende, inatendible (fs. 29/32 y 34/44; arts. 272, 330, 354 inc. 1, C.P.C.C.).
XIII. La demandada recurrente se disgusta de la manera en que el sentenciante ha resuelto la determinación de los intereses.
Considera erróneo el pronunciamiento, en cuanto toma como fecha del evento dañoso el mes de diciembre de 2001, cuando en realidad indica, que el ingreso de aguas al predio hubo de acontecer con anterioridad a esa fecha. Peticiona, en consecuencia, detener el cálculo de intereses el 30 de noviembre de 2001, teniendo en cuenta que las obligaciones que reconozcan causa o título anterior a dicho momento se encuentran alcanzadas por el régimen de consolidación de deudas, impuesto por la ley 12.836.
Otro aspecto por el cual se disgusta es en relación a los intereses aplicables al lucro cesante, los cuales, esgrime, deberán fijarse desde la finalización del ciclo productivo.
En lo que respecta a la materia de intereses derivados de la responsabilidad que se atribuye al Estado provincial por la inundación, se debe de tener en cuenta el momento del hecho generador del perjuicio. En otras palabras, cuándo las mismas ingresaron al campo del Sr. Brandariz. Según obra a fs. 39 del expediente administrativo n°2560-
2849/2004, la fecha de construcción de las obras realizadas por el Estado provincial, si bien no se pueden precisar de manera exacta, se ejecutaron entre los días 20 y 30 de noviembre del año 2001 (v. fs. 39 del exp. adm. n°2560- 2849/2004).
Ha derivado tarea difícil determinar la fecha en la cual las aguas han ingresado al predio pero, acorde las pericias producidas, se puede establecer que las aguas, en el mes de noviembre del año 2001, no habían incidido ni arribado al campo del actor.
Afirma el Ingeniero Civil Della Croce que, "considerando las fechas de febrero del 88, octubre del 97, noviembre del 98, 99 y 2000, junto con la de abril, junio, septiembre y noviembre del 2001, las aguas del bajo ubicado sureste del campo en sentido de la localidad Cerrito, no habían llegado ni incidido en los bajos del campo de la actora" (v. fs. 317, punto 6). Siguiendo con el mentado análisis, el perito señala que, "después de fines del año 2001, las imágenes de los meses de diciembre de 2001, enero de 2002, abril de 2002, agosto del mismo año y marzo de 2003 se ve el incremento del bajo próximo al campo y el propio campo con agua en varias parcelas (v. fs. 317, punto 6)." Así, el argumento del Fisco referido a que si bien en esa fecha se realizó la obra de zanjeo pero no se puede determinar la fecha de realización del terraplén no puede llevar a no tener por probada que a principios de diciembre no estaba realizada la obra.
Además, me permito razonar que si el zanjeo se efectuó ante la emergencia hídrica para salvar a la ciudad de América, la obra del terraplén no debió de haberse concretado en otro momento, sino como otra actividad tendiente a resguardar a la población. Si así no hubiera sido, hubiera estado en cabeza de la demandada su prueba, lo que no aconteció (art. 375, C.P.C.C.). Por la prueba establecida en los presentes obrados, es que habré de proponer que los intereses que emanan del daño emergente comenzarán a correr a partir de la destrucción producida por el ingreso de las aguas, es decir en diciembre de 2001, acorde se estableció en la sentencia atacada. Como ha dicho la Suprema Corte, “…es dable señalar que en los juicios de daños y perjuicios los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio tanto a la fecha del hecho, como al momento de dictar sentencia y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente (art. 165, C.P.C.C.; conf. Ac. 44.415, sent. del 25-II-1992, "Acuerdos y Sentencias", 1992-I-120; Ac. 47.885, sent. del 18-V-1993), sin que ello importe una actualización dineraria (art. 10, ley 23.928, modif. ley 25.561; conf. Zavala de González, Matilde, "Actuaciones por daños", Hammurabi, 2004, págs. 297/300; Cazeaux, Pedro N. y Trigo Represas, Félix A., "Derecho de las Obligaciones", L.E.P., 1977, t. 1, apart. XVII, p. 233 y ss.; Llambías, Jorge J., "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", Perrot, 2ª ed., 1973, t. I, p. 316 y ss., 251)” (SCBA, 101107, 23-III-2010).
En cuanto al lucro cesante –cuyo cómputo también es motivo de objeción en ambos recursos-, es criterio de esta Sala que los intereses habrán de devengarse a partir de la finalización de cada uno de los períodos productivos establecidos (esta Sala, causa 77046, RSD 106/96, sent. del 20-V- 1996, entre otras). Es decir, que si el actor pretende que se mejore su situación en tanto pide que se fijen con criterio de actualidad y este voto propone se mantenga con la modalidad dispuesta en la sentencia de grado, a los fines de mejorar la situación del recurrente, puede entenderse que corresponde modificar el dies a quo del cómputo de los intereses con respecto al lucro cesante, ya que no deben ser desde la realización de la pericia, sino desde que aconteció cada uno de los períodos productivos ocasión en la que se produjo el daño (art. 509 del C.C.). Igual criterio cabe aplicar a los períodos cuya reparación este voto proponer reconocer, dejando establecido que en causas análogas se ha indicado que cada campaña vence el 1 de septiembre de cada año (Causa 90380, RSD 154/90 sent. del 11/04/1990), dejando establecido que la primera de ellas -años 2002/2003- el cálculo comienza a su vencimiento, día 1 de septiembre de 2003.
XIV. Resta tratar el agravio del Fisco en cuanto a la aplicación de la ley de consolidación.
En ese entender, la parte accionada al formular su crítica, en el capítulo IV (v. fs. 688 vta/690) en relación a los intereses, pretende en definitiva, demostrar que los hechos que dieron lugar a la inundación de los campos de la parte actora fueron anteriores al mes de Noviembre del año 2001, y por ende resultaría aplicable la consolidación de deudas prevista por la ley 12.836 y normativa complementaria. No cabe duda que la circunstancia que da lugar al reclamo no es la obra realizada en sí, sino la inundación o ingreso de las aguas al campo del actor, que origina el concreto daño.
Más allá del relato de los hechos efectuado, no se impugna concretamente la fecha de mora establecida para cada rubro indemnizatorio – salvo para el rubro lucro cesante- las que fijan sin duda alguna el comienzo, para el caso concreto, de los daños en estudio, siendo la primera de ellas el día 1 de diciembre de 2.001 (v. fallo fs. 659 vta/660), lo que viene congruente con lo expuesto en el escrito de demanda en cuanto al comienzo del ingreso de las aguas a los lotes del actor y que es conteste con las pericia relatadas. La demandada sostuvo solamente que de comprobarse que las aguas ingresaron antes de diciembre de 2001, resultaba aplicable la ley de consolidación (arts. 330, 354 y conc. del C.P.C.C.; v. fs. 29/31, 36/44 –v. 37 vta-; 82/104). Asimismo, en el expediente administrativo anexado por cuerda, la actora indica que el ingreso de las aguas se produjo en diciembre de 2001 (v. fs. 17/19) y es el propio Fisco que expone que el zanjeo que dio lugar al ingreso de las aguas se realizó entre el 20 y 30 de noviembre del año 2001 (v. fs. 39 de esas actuaciones), por lo cual daño no comenzó con anterioridad y no queda entonces alcanzado por la ley 12.836, tal como lo ha decido el Juez de grado.
XV. Por lo expuesto, propicio hacer lugar al recurso del actor en cuanto debe admitirse tres años más por daño lucro cesante por las campañas agrícola y ganadera de los años 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008 otorgando por cada una la suma de $21.920, lo que asciende a la cifra total de $65.760, debiendo computarse los intereses de este daño, incluyendo las anteriores campañas, a partir del vencimiento de cada una de las mismas, que se establece al 1 de septiembre de cada año, comenzando el cómputo del primer vencimiento el día 01/09/2003. Asimismo, se propone confirmar la sentencia en todo lo restante que ha sido materia de recurso agravio. Postulo que las costas se impongan a la demandada en su condición de esencialmente vencida (art.
68, C.P.C.C.).
Voto, por la NEGATIVA.
El Señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION LA SEÑORA JUEZ DOCTORA BERMEJO DIJO:
Por todo lo expuesto y en virtud del acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso del actor, debiendo admitirse la indemnización de tres años más del daño lucro cesante por las campañas agrícola y ganadera de los años 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008 y otorgarse por cada una la suma de $21.920, lo que asciende a la cifra total de $65.760. Los intereses de este daño, incluyendo las anteriores campañas, deberán cumputarse a partir del vencimiento de cada una de las mismas, que debe establecerse al 1 de septiembre de cada año, comenzando el cómputo del primer vencimiento el día 01/09/2003. Asimismo, debe confirmarse la sentencia en todo lo restante que ha sido materia de recurso y agravio; y las costas han de imponerse a la demandada en su condición de esencialmente vencida (art. 68, C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
El Señor Presidente doctor HANKOVITS por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se hace parcialmente lugar al recurso del actor y se admite como indemnización tres años más del daño lucro cesante por las campañas agrícola y ganadera de los años 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008, y se otorga por cada una la suma de $21.920, lo que asciende a la cifra total de $65.760. El cómputo de los intereses de este daño, incluyendo las anteriores campañas, se establece a partir del vencimiento de cada una de las mismas, que se fija al 1 de septiembre de cada año, comenzando el cómputo del primer vencimiento el día 01/09/2003. Asimismo, se confirma la sentencia en todo lo restante que ha sido materia de recurso y agravio. Las costas se imponen a la demandada en su condición de esencialmente vencida (art. 68, C.P.C.C.).
FRANCISCO AGUSTÍN HANKOVITS SILVIA PATRICIA BERMEJO LUIS ALBERTO MAIMONE SECRETARIO
Fin de la sentencia