Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial Sala III de la Plata · Causa 122.358
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el precedente acuerdo ha quedado establecido, por mayoría, que el decisorio dictado el día 20 de Agosto de 2021, es justo (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 3 y cc. del Código Civil y Comercial, 68, 246, y cc. del CPCC; 36 y cc. ley 24.240; jurisprudencia citada).
POR ELLO:
Y demás fundamentos del acuerdo que antecede, se confirma el apelado decisorio de fecha 20 de agosto de 2021, con imposición de costas por su orden ante la ausencia de contradicción (art. 68, CPCC.).
En la ciudad de La Plata, a los 26 días del mes de Octubre de dos mil veintiuno reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Segunda, doctor Leandro Adrián Banegas, Sala Primera, doctor Ricardo Daniel Sosa Aubone, por integración de la Sala Tercera, y por disidencia el señor Juez vocal de la Sala Primera, doctor Jaime Oscar Lopez Muro, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “FINVERT S.R.L. C/ QUIROGA ADRIAN NORBERTO S/ COBRO EJECUTIVO", (causa nº 122358), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Banegas.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fecha 20 de agosto de 2021 ? 2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Mediante la decisión citada, la Sra. Juez de la primera instancia rechazó el embargo sobre los haberes que percibe el demandado como empleado de la Prefectura Naval Argentina, sustentada en la inembargabilidad dispuesta por el artículo 1 del decreto ley 6754/43. Contra tal forma de resolver el ejecutante apeló sosteniendo sus agravios en la memoria presentada el día 24 de agosto de 2021 (art. 246 CPCC, dictamen Fiscal de Cámaras del 29/09/2021).
2. Iniciando la tarea revisora, cabe destacar que un nuevo análisis de la cuestión debatida a la luz de la interpretación del plexo normativo aplicable -efectuado por quien suscribe en la causa 128660 RSD 238/20 e.o. tramitada en la Sala II de esta Cámara- me ha llevado a novedosas y trascendentes consideraciones que impusieron sentar un cambio de postura, con el alcance que seguidamente se explicita.
El derecho de defensa en juicio, que se materializa mediante el principio de bilateralidad o contradicción (arts. 15, Constitución Provincial, CP; 18, 75 inc. 22, CN; 8, Convención Americana de Derechos Humanos, CADH; 14 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCyP), admite postergaciones de su ejercicio para un útil y efectivo servicio de justicia. Tal es el caso del proceso ejecutivo, caracterizado por un estrecho marco cognoscitivo donde se obtiene una verdad meramente formal, habida cuenta el acotado margen defensivo para el legitimado pasivo, resguardado en la posibilidad de entablar un juicio de conocimiento posterior, oportunidad en la que se podrá acudir a todas aquellas defensas que se le privó de ejercer en esta expedita vía judicial, como son aquéllas que se relacionan con la causa de la obligación (arg. art. 551, CPCC).
Mediante este tipo de procesos, el legislador ha privilegiado conceder al acreedor una vía rápida y efectiva para la satisfacción del crédito desalentando -en principio- un amplio debate que permita discutir la causa de la obligación. Sin embargo, y aunque el artículo 542 del Código Procesal Civil y Comercial prescriba que “las únicas excepciones admisibles en el juicio ejecutivo” son las que allí se enumeran, en reiteradas oportunidades se han acogido –por vía de jurisprudencia- otras defensas, destinadas sustancialmente a resguardar el derecho de defensa del ejecutado y evitando excesos de rigor formal.
Precisamente, en este esquema se enmarcan los procesos incoados en base a títulos valores emitidos en virtud de relaciones de crédito para consumo, pues la constatación del cumplimiento de los recaudos que exige el artículo 36 de la Ley de Defensa al Consumidor (ley 24.240, LDC) se erige actualmente como integrante de la tutela judicial efectiva.
Sobre tal normativa, se ha dicho está compuesta por preceptos de orden público, destinados a resguardar el derecho de acceso a la justicia y de defensa en juicio de la parte que el legislador ha considerado débil en la contratación que se hubo celebrado (arts. 14, 18, CN; 15, CP; 8, 25, CADH; 65, ley 24.240; esta Cám. Sala II, causas 127.599, RSD 126/20, sent. del 19/08/20; 127.794, RSI 237/20, sent. int. del 1/09/20; 127.724, RSD 147/20, sent. del 9/9/20, e/o).
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) señaló que: “…En el marco de una situación objetiva de desigualdad, se hace necesario fortalecer la posición del más débil, para de ese modo restablecer la igualdad, que es garantía constitucional. Ese fortalecimiento del más débil en la relación de consumo se exhibe con nitidez desde la perspectiva procesal.
En ese terreno, la normativa que nos ocupa contiene fecundas alteraciones al régimen común. Y esas alteraciones tienen su explicación a la luz del principio de igualdad procesal, natural exteriorización en el campo procesal del principio general de igualdad ante la ley consagrado por el art. 16 de la Constitución nacional…” (Voto del Dr. de Lázzari, causa C 117245, “Crédito para todos S.A. c/ Estanga Pablo Marcelo s/ ejecutivo”, sent. del 3/9/14). Sobre este piso de marcha, corresponde subrayar que esta Sala reiteradamente afirmó que de presumirse que el documento que se pretende ejecutar instrumenta una relación de crédito para consumo, deviene aplicable lo prescripto por el artículo 36 de la ley 24.240 en cuanto establece los requisitos que deben contener los instrumentos probatorios de la operatoria (doct. esta Cám. Sala II, causas 119.381, RSD 2/16, sent. del 2/2/16; 119.411, RSD 3/16, sent. del 2/2/16, 123.915, RSI 199/18, sent. int. del 18/8/18; 124.937 127.616, RSI 182/20, sent. del 14/07/20; 127.853, RSI 233/20, sent. int. del 27/08/20, e/o).
Dicho precepto impone que en los instrumentos en los que se formalicen operaciones de crédito para consumo, se consignen expresa y claramente los siguientes datos: la descripción del bien o servicio contratado; el precio al contado del mismo, el pago inicial, en caso de que el precio se hubiera desdoblado en un pago a cuenta y el saldo financiado; la tasa de interés efectiva anual; el costo financiero total, el sistema de amortización del capital y de los intereses; la cantidad, periodicidad y montos de los pagos a realizar y los gastos extras que hubiere.
La exigencia de esa especificación en este tipo de operaciones tiene por finalidad posibilitar el control de las cláusulas contractuales, de acuerdo a las pautas brindadas por el artículo 37 de la ley 24.240, norma en virtud de la cual puede declararse la ineficacia de aquellas que sean abusivas. Concordantemente, se ha establecido que en caso que de la causa surjan elementos que permitan inferir que entre las partes exista una relación de consumo de las previstas en el artículo 36 de la ley 24.240, se impone que se intime al actor a que, previo a dar trámite, acredite que la causa subyacente no es de una relación de consumo o bien integre el título con la documentación respectiva (arts. 36, ley 24.240; 34 inc. 5 "b", "c", 36 inc. 2, CPCC; esta Cámara Sala II, doct. causas 119.381, RSD 2/16, sent. del 2/2/16; 119.411, 127.064, RSI 200/20, sent. del 31/07/20, e/o).
En este contexto, al abocarme a un nuevo análisis de la cuestión planteada, encuentro que lo expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires al pronunciarse en la causa C. 121.684 "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo" (sent. del 14-VIII-2019; y posteriormente en C. 122.124 "Recupero On Line S.A." resol. de 18-IX-2019, C. 122.155, "Banco Columbia", resol. de 16-X-2019 y C. 122.436, “Electrónica Megatone S.A.”, resol. del 29-VII-2020) fija parámetros que es dable aplicar a este tipo de procesos.
Allí estableció que: “… en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento procesal (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la LDC. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante.
Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución. Ello, claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el mencionado art. 36, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción” (v. punto IV.5.d, fallo cit.).
Consecuencia de ello, la habilitación en el marco del juicio ejecutivo de una indagación causal -que flexibiliza el alcance del art. 542 inc. 4 del código adjetivo- afirma y delinea nuevos contornos en el proceso ejecutivo: sea para declarar la habilidad del título, sea para considerarlo inhábil, en tanto se acredite o no la observancia del art. 36 de la LDC.
En conclusión, las atribuciones que tienen los jueces y magistrados cuando llega a su conocimiento una pretensión ejecutiva que enmascara una relación de crédito para consumo o financiación para consumo han quedado ampliadas, y las defensas que en carácter de excepción podrá oponer el consumidor ejecutado ante la notificación del pertinente mandamiento de intimación de pago y embargo se adecuan a lo establecido por la LDC, que también es mayor a las limitadas excepciones dispuestas por el artículo 542 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 36, norma citada).
De allí que, tal como surge del precedente bajo análisis “…la aplicabilidad de la LDC flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva, con respeto de los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Cons. Nac.; 15, Const. Prov.; 34 inc. 5 apdo. “c” y 36 inc. 2 y concs., CPCC) …” (v. punto IV.5.d, fallo cit.).
Aplicaciones prácticas de estos parámetros son las relativas a la procedencia de la ejecución por el capital puro efectivamente otorgado al consumidor, de acuerdo a lo que surge del análisis del título valor integrado con el negocio causal o bien autónomamente (causas 124.902, sent. del 11/2/2020, RSD 8/20, e/o) y la morigeración de los intereses pactados por las partes, si se advierte que se encuentra comprometido el orden público o contrarían los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (causas 125126, RSD 74/20, sent. del 28/05/20; 127.480, RSD 105/20, sent. del 20/07/20).
4. Lo hasta aquí expuesto resulta trascendental a los fines de sustentar el cambio de postura que ahora propongo en dirección de receptar el embargo ejecutorio para los casos que exista sentencia de trance y remate firme, adecuando lo establecido en el artículo 11 del decreto ley 6754/43 para los casos de procesos de conocimiento.
Es que resulta ostensible que la normativa, al contemplar como excepción a la inembargabilidad de los salarios de los empleados públicos la existencia de una sentencia firme dictada en un proceso de conocimiento, admitió su procedencia a los supuestos en los que haya existido –como en el presente- un proceso que permitiera al accionado entablar defensas atinentes a la causa de la obligación –vedadas en los juicios ejecutivos (art. 542 inc. 4, CPCC)- y que haya culminado con una sentencia firme respaldatoria del crédito reclamado, robusteciéndose con ello el amplio y efectivo ejercicio del derecho de defensa en juicio.
Asimismo, el principio de flexibilidad de las formas ha cobrado especial magnitud en el juicio ejecutivo, que se adecuó a fin de dar respuesta a los casos en que se pretenda ejercitar la acción cambiaria de un título en donde se instrumenta una relación de crédito para consumo –con mayor fuerza a partir del precedente "Asociación Mutual Asís"- producto de las atribuciones que poseen los jueces en la materia, quienes deben garantizar los postulados de orden público que establece la ley 24.240 (conf. art. 65), por lo que cabe afirmar que en la actual y adaptada vía ejecutiva se encuentra ampliamente garantizado el derecho de defensa en juicio del ejecutado consumidor en cuanto al origen del crédito y a las consecuencias que del mismo surgen, en exceso de lo dispuesto por el art. 542 del CPCC.De ello colijo sin duda alguna que los recaudos establecidos por el art. 11 del decreto ley 6754/43 se encuentran debidamente cumplimentados en este tipo de procesos y en particular en las presentes actuaciones. Consecuentemente, ha de concluirse que en los supuestos como el de autos, donde se examinó la viabilidad del título ejecutivo a la luz del art. 36 de la Ley de Defensa al Consumidor, los postulados constitucionales a los que responde (art. 42, CN) y se analizó el negocio jurídico que constituye la causa fin de la obligación meritando la incidencia de los intereses compensatorios, moratorios y punitorios pactados -y morigerándolos en su caso-, garantizando el derecho de defensa del consumidor cuidadoso de la tutela judicial efectiva e interviniendo en resguardo de sus derechos y como contralor del orden público el Ministerio Público (conf. arts. 52, LDC; 29 inc. 4º, Ley de Ministerio Público, ley 14.442), corresponde tener por cumplido el recaudo previsto en el art. 11 del decreto ley 6754/43 en tanto exige la existencia de una sentencia firme dictada en el marco de un procedo de conocimiento, asimilándose en estos casos -por los motivos antes expuestos- a la sentencia de trance y remate firme. Ello, claro está, es al solo efecto de tonar viable la procedencia del embargo ejecutorio, pudiendo entablarse el juicio de conocimiento posterior, con el alcance que establece el artículo 551 del CPCC.
En definitiva, se trata de una interpretación armónica de todo el plexo normativo aplicable en la especie, respetuosa del principio de legalidad, por cuanto es dable tener por cumplida la previsión aludida sin incurrir en un exceso de rigor formal.
5. En el presente caso, se advierte que al inicio del proceso se dio intervención al Agente Fiscal (v. auto del 27/6/17, sist. Augusta), quien presumió la relación de consumo y en consecuencia asumió su intervención. Asimismo, la ejecutante acompañó la documentación complementaria tendiente a cumplimentar los recaudos del artículo 36 de la LDC, circunstancia expresamente contemplada en la sentencia de trance y remate -que se encuentra firme- donde además se meritó la incidencia de los intereses pactados –los que fueron morigerados- (v. sent. del 2/8/21, sist. Augusta), por lo que encuentro configurados los presupuestos necesarios para hacer lugar a la medida peticionada, apartándome -por las consideraciones que anteceden- del dictamen emitido por el señor Fiscal de Cámaras.
6. Sentado lo anterior, cabe señalar que si bien es cierto que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales (art. 869, Código Civil y Comercial de la Nación; en adelante CCCN), en el caso -habiendo optado cobrar su crédito con el producido del embargo de haberes- razones de justicia y equidad, a fin de evitar gravámenes innecesarios y teniendo en consideración que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos y que el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo (art. 10, CCCN), cabe disponer que el ejecutante no podrá ampararse en aquélla previsión (art. 869, CCCN), por lo que deberá peticionar la extracción de los fondos y hacer todas las gestiones conducentes para ello en el plazo de 10 días de transferidos a la cuenta de autos bajo apercibimiento de imputarse los pagos al vencimiento de dicho plazo.
Ello así pues debe mediar un necesario equilibrio entre el derecho de cobro que merece el acreedor y el hecho de que la medida dispuesta no perjudique al deudor innecesariamente (arg. art. 10, CCCN; art. 533 y arg. art. 204, CPCC; esta Sala, causa 117.533, RSI 378/20, sent. int. del 3/12/20).
Consiguientemente, si lo que aquí propongo es compartido por mi distinguido colega, corresponde revocar la decisión apelada y hacer lugar al embargo solicitado sobre los haberes que la ejecutada percibe como empleada de la Prefectura Naval Argentina, lo que deberá instrumentarse en la instancia de origen (art. 11, decreto ley 6754/43).
Todo ello sin perjuicio de la facultad de los jueces de revisar la incidencia de los accesorios en el momento de examinar la liquidación respectiva (art. 771, CCCN). Asimismo, deberá la ejecutante peticionar la extracción de los fondos y hacer todas las gestiones conducentes para ello en el plazo de 10 días de transferidos a la cuenta de autos bajo apercibimiento de imputarse los pagos al vencimiento de dicho plazo (arg. arts. 10, 869, CCCN; art. 533 y arg. art. 204, CPCC). Las costas propicio que se impongan por su orden (art. 68, 69, CPCC).
Voto por la NEGATIVA.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOSA AUBONE DIJO:
Adhiero a lo expresado por el distinguido colega Dr. Banegas en el punto 1, referido a los antecedentes del caso, y me remito a ello por razones de brevedad.
Disiento con lo dicho a partir del punto 2, con base en las siguientes consideraciones:
a) Conforme se destaca en el voto que me precede ("considerando" 2), el derecho de defensa en juicio admite postergaciones, tal como sucede con el juicio ejecutivo, donde se limita el marco de conocimiento y se difiere el planteo de las cuestiones que no se pudieron introducir -generalmente referidas a la relación sustancial- al juicio ordinario ulterior (art. 551, C.P.C.C.), lo cual permite consagrar una vía rápida y efectiva para el cobro, que tiene como fundamento la tutela del crédito (arts. 518, 521, 542 y 549, C.P.C.C.; 1815, 1816, 1819, 1821, 1823 y 1827, C.C.C.N.).
b) La limitación defensiva que emerge de los arts. 542 del C.P.C.C. y 1821 del C.C.C.N., ha sufrido morigeraciones por parte de la jurisprudencia a fin de resguardar el derecho de defensa del ejecutado y derechos de tutela preferente, y evitar una tramitación con exceso de rigor formal, que se han visto amplificadas en los procesos incoados en base a títulos valores emitidos en virtud de relaciones de crédito para consumo.
En aras de la tutela judicial efectiva y colocado el consumidor como sujeto de protección preferente (arts. 18 y 42, Const. Nac.; 15 y 38, Const. Prov.), los jueces comenzaron a requerir -ante la ausencia de regulación legislativa expresa- la constatación del cumplimiento de los recaudos que imperativamente exige el art. 36 de la ley de defensa al consumidor (ley 24.240, LDC), lo cual impuso la necesidad de romper con el principio de abstracción que rige en los títulos valores cartulares -en el caso un pagaré- e ingresar al análisis causal a fin de constatar la presencia de una relación de consumo (lo cual es imposible si no se ingresa al análisis de la relación causal), en cuyo caso se debe velar en primer lugar por la válida constitución del proceso a fin de que el consumidor sea demandado ante el juez de su domicilio (el art. 36 in fine impone que el consumidor debe ser demandado ante el juez de su domicilio real, siendo nulo cualquier pacto en contrario), y, en segundo término -en este caso por el juez del domicilio del consumidor-, porque se haya cumplido con el deber de información que bajo pena de nulidad el art. 36 primera parte de la LDC también impone (consignación expresa de la descripción del bien o servicio contratado; el precio al contado del mismo, el pago inicial y el saldo financiado; la tasa de interés efectiva anual; el costo financiero total; el sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses; la cantidad, periodicidad y montos de los pagos a realizar y los gastos extras, seguros o adicionales que hubiere).
Habida cuenta lo expresado y en ejercicio de las atribuciones que emergen de los arts. 18 y 42 de la Constitución Nacional; 15 y 38 de la Constitución Provincial; 1, 2, 3, 4, 36, 53 y 65, ley 24.240; 1, 2, 1092, 1093, 1094 y 1095, C.C.C.N.; 34 inc. 5, 36 inc. 2, 521, 523 y 529, C.P.C.C., frente a la ejecución de un pagaré, el juez debe disponer lo necesario para ingresar al análisis causal (criterio de eficacia), a fin de estar en condiciones de verificar si "prima facie" está frente a un pagaré librado en virtud de una relación de consumo a fin de controlar el cumplimiento del art. 36 precitado, para lo cual se ha permitido al ejecutante integrar el título -previo requerimiento expreso- con instrumentos complementarios -contrato en virtud del cual se dio crédito y del cual emerge el cumplimiento del deber de información que establece el art. 36-.
Superada dicha etapa inicial, el juez estará en condiciones de dar curso a la ejecución.
Si bien la presente acción tramita por las normas del juicio ejecutivo, no debe perderse de vista que se trata de un pagaré cambiario, cuya operatividad ha permitido amalgamar las normas que tutelan al consumidor (42, Const. Nac.; 38, Const. Prov.; ley 24.240 y arts. 1, 2, 1092 y siguientes del C.C.C.N.) con las que tutelan el crédito (17, Const. Nac.; Dec. ley 5965/63, arts. 1815 y siguientes del C.C.C.N. y 518, 521 inc. 5, 529, 540, 542, 546, 547, 548 y 549 y cctes. del C.P.C.C.), a consecuencia de lo cual - tal como ya se destacó- hubo una apertura en el análisis causal en la acción cambiaria a fin de velar por el cumplimiento de las normas imperativas del estatuto consumeril (en especial el art. 36 en las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo), en detrimento de las limitaciones cognoscitivas que venía imponiendo el juicio ejecutivo y de los caracteres esenciales de los títulos valores.
Consecuencia de ello es que el pagaré de consumo ha dejado de ser un título "completo" y su carácter "abstracto" ha sufrido importantes morigeraciones.
Si bien el pagaré cambiario no ha perdido su condición de título valor abstracto, en cuyo caso por vía de principio la causa es irrelevante -es decir, no interesa-, tal carácter ha sufrido una importante morigeración ya que la tutela del consumidor impuso la necesidad de analizar la causa a fin de velar por la existencia de una relación de consumo y el cumpimiento de las normas imperativas que bajo pena de nulidad establece el art. 36 del estatuto del consumo (ley 24.240). Ello a fin de que el marco tuitivo no se convierta en una ficción, tal como sucedía cuando se le decía al consumidor que tenía la vía ordinaria posterior, una vez cumplida la condena. En consecuencia, ya no se podría afirmar válidamente que el consumidor no puede demostrar que su deuda corresponde a un origen por el cual el embargo no sería procedente.
d) Esta apertura en el análisis podría limitar el contenido del juicio ordinario posterior, ya que juicio ordinario ulterior está reservado exclusivamente para aquellos supuestos en que el ejecutado, como consecuencia de las restricciones procesales que son propias del juicio ejecutivo, se hubiese visto imposibilitado para invocar las defensas que tuviere contra la pretensión del acreedor, o para probarlas con la necesaria amplitud. Es que resulta inadmisible la existencia de dos juicios contradictorios plenos sobre una misma cuestión (ver en este sentido art. 551, C.P.C.C. y Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos…", 4ta. edición, 2015, t. VI, pág. 1138, punto b).
Se reitera que el proceso posterior reglado por el art. 551 del ordenamiento procesal está previsto para atender aquellas defensas que en la estructura del juicio ejecutivo antecedente resultaban improponibles. Es por ello que impide renovar el debate sobre las excepciones deducibles, las cuestiones en las que medió allanamiento del acreedor, las de hecho o interpretaciones legales resueltas sin limitaciones (SCBA, "Ac. y Sent." 1991- II, 615, cit. por Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos...", 4ta. edición, 2015, pág. 1139), ya que el propósito que inspira a la norma del art. 551 citada no es el de establecer un doble juicio, sino el de garantizar a las partes una mayor amplitud de defensa y prueba cuando ellas han sido restringidas en el mismo, dado el limitado o estrecho marco de conocimiento impuesto (esta Cámara, Sala I, "Da Silva, Francisco c/Gutiérrez, Domingo s/Cobro ordinario de pesos", Juba B253770).
Consecuencia de lo expuesto es que las cuestiones que en virtud de la apertura del debate se discutieron o pudieron discutir en el juicio ejecutivo, no son renovables en el ordinario posterior, en cuyo caso sería factible asimilar lo resuelto al resultado de un juicio ordinario.
e) El Dec. ley 6754/43 -ratificado por ley 13.894- declara inembargables los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados y obreros de la Administración Nacional, provincial y municipal y de las entidades autárquicas, por las obligaciones emergentes de préstamos en dinero o compra de mercaderías, salvo en la proporción y condiciones de dicho decreto (art. 1).
Asimismo, el artículo 11 inciso "a" del citado decreto 6754/43 reafirma la inembargabilidad de los sueldos de los obreros y empleados de la Administración nacional, provincial y municipal y de las entidades autárquicas, en el supuesto de préstamos en dinero y de compra de mercaderías, permitiendo la ejecución de acuerdo con las disposiciones legales vigentes de las que provengan de servicios profesionales, contratos de locación, créditos del Fisco, alimentos, litis expensas, etc. El inciso "b" de dicho artículo establece que las deudas "…que tengan origen en suministro de mercaderías, sólo podrán hacerse efectivas mediante juicio ordinario y no darán lugar a embargos, salvo que exista sentencia firme que condene al deudor al pago de la deuda", de lo que se infiere sin hesitación alguna que las deudas que tengan origen en préstamos de dinero no pueden dar lugar a embargo, por más que se trate de un juicio ordinario y se tenga sentencia firme de condena.
La situación sería diferente frente a un préstamo de dinero para la compra de mercaderías, en cuyo caso sería procedente la solución que propicia el distinguido colega preopinante.
f) Es innegable que en la apertura del análisis causal es lo que ha permitido controlar la existencia de una relación de consumo en virtud del cual se ha librado el pagaré, quedando al descubierto la relación causal subyacente, lo cual habilita a una discusión más amplia, incorporando elementos extracartulares (v.gr. contrato base) que permiten adentrarse en cuestiones causales (v.gr. capital prestado, onerosidad de la operación, etc.).
g) En los supuestos como el de este expediente, donde se examinó la viabilidad del título ejecutivo a la luz del art. 36 de la Ley de Defensa al Consumidor, los postulados constitucionales a los que responde (art. 42, CN) y se analizó el negocio jurídico que constituye la causa fin de la obligación meritando la incidencia de los intereses compensatorios, moratorios y punitorios pactados -y morigerándolos en su caso- y se ha dado intervención al Ministerio Público (conf. arts. 52, LDC; 29 inc. 4º, Ley de Ministerio Público, ley 14.442), ello es insuficiente para dar lugar a embargos con base en la asimilación a lo resuelto en un juicio ordinario, ya que en el presente caso se trata de una deuda que tiene origen en un préstamo de dinero y no en el suministro de mercaderías.
Consecuentemente, Voto por la AFIRMATIVA.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOPEZ MURO DIJO:
Que por análogas razones a las meritadas por el doctor Sosa Aubone, adhiere a la solución propuesta y en consecuencia también vota por la AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención a la mayoría alcanzada al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar el apelado decisorio de fecha 20 de agosto de 2021, con imposición de costas por su orden ante la ausencia de contradicción (art.
68, CPCC.).
ASÍ LO VOTO.
Los doctores SOSA AUBONE y LOPEZ MURO adhirieron en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, 26 de Octubre de 2021.
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido, por mayoría, que el decisorio dictado el día 20 de Agosto de 2021, es justo (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 3 y cc. del Código Civil y Comercial, 68, 246, y cc. del CPCC; 36 y cc. ley 24.240; jurisprudencia citada).
POR ELLO:
y demás fundamentos del acuerdo que antecede, se confirma el apelado decisorio de fecha 20 de agosto de 2021, con imposición de costas por su orden ante la ausencia de contradicción (art. 68, CPCC.). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 1 del Ac. 3991 SCBA. del 21/10/20 SCBA. DEVUÉLVASE.
JUECES FIRMANTES:
LEANDRO A. BANEGAS RICARDO DANIEL SOSA AUBONE JAIME OSCAR LOPEZ MURO
Fin de la sentencia