Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial Sala III de la Plata · Causa 125.099
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede, atento a la importancia del asunto, mérito, eficacia de las tareas desempeñadas, y teniendo en cuenta que la aplicación estricta de los aranceles locales conduciría a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, se fijan los honorarios de la Dra. J.A.R. (T°… F°… C.A.L.P.), apoderada de la parte actora, -por la etapa de ejecución de sentencia- en la cantidad de 0,11 JUS arancelarios -a la fecha del presente-; modificándose así el apelado decisorio de fecha 06/06/2022 (arts. 1, 2, 10, 15, 16, 21, 28, 34, 41, 51 y conc. ley 14.967; 1255, C.C.C.N.). Y por la labor desarrollada ante esta Alzada -por la sentencia de fecha 28/05/2019-, se establecen los emolumentos de la citada Dra. R., por el recurso de fecha 29/10/2018 y memoria de fecha 15/11/2018, en la cantidad de 0,27 JUS arancelarios -a la fecha del presente-; y -por la sentencia de fecha 14/09/2021- los de la Dra. R., por el recurso de fecha 10/06/2021 y memoria de fecha 20/06/2021, en la de 0,22 JUS arancelarios -a la fecha del presente- (arts. citados y 31 de la ley 14.967).
FGG
Causa N° 125099; Juz. N° 20 FINANPRO S.R.L. C/ BREST CARLOS ROBERTO S/ COBRO EJECUTIVO Sala III En la ciudad de La Plata, a los veinte días del mes de Septiembre de 2022, reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Dra. Laura Marta Larumbe, doctor Leandro Adrián Banegas, por integración de la Sala Tercera, y el señor Presidente Francisco Agustín Hankovits, por disidencia, para pronunciar resolución de honorarios en los autos caratulados: “FINANPRO S.R.L. C/ BREST CARLOS ROBERTO S/ COBRO EJECUTIVO", (causa nº 125099), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fecha 6/06/2022?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
1. Vienen las presentes actuaciones a efectos de tratar el recurso de apelación deducido por la doctora J.A.R. el 06/06/2022, contra la resolución de igual fecha (06/06/2022), únicamente respecto de los honorarios que allí le fueran regulados. El remedio, fundado en la misma presentación de su interposición, fue concedido mediante providencia del 21/06/2022 (ver constancias obrantes en el sistema Augusta).
2. Al momento de dictar el resolutorio atacado, la jueza de la instancia de origen, tomando como base arancelaria la suma de $5.634,08, reguló los honorarios de la Dra. J.A.R., letrada apoderada del actor, por su labor en la etapa de ejecución de sentencia, en siete centésimias de Jus (0.07 Jus) -equivalentes al día de la tarifación a $292,32-, con más su aporte legal e IVA si correspondiere y con fundamento en los arts. 1, 14, 16, 21, 41 y ccdtes. ley 14967 -Ley de Honorarios de Abogados y Procuradores de la Provincia de Buenos Aires) -ver resolución del 06/06/2022, sist. Augusta-.
3. En prieta síntesis, en lo que aquí interesa destacar, se agravia la apelante por considerar bajos los honorarios que le fueran regulados por sus tareas realizadas en la etapa de ejecución de sentencia (ver escrito del 06/06/2022, sist. Augusta).
4. Sentado lo anterior, atento a la importancia del asunto, mérito, eficacia de las tareas desempeñadas, y teniendo en cuenta que la aplicación estricta de los aranceles locales conduciría a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, corresponde fijar los honorarios de la Dra. J.A.R. (T°… F°…. C.A.L.P.), apoderada de la parte actora -por la etapa de ejecución de sentencia-, en la suma de PESOS QUINIENTOS, equivalente a la cantidad de 0,11 JUS arancelarios; modificándose así el apelado decisorio de fecha 06/06/2022 (arts. 1, 2, 10, 15, 16, 21, 28, 34, 41, 51 y concs. ley 14.967; 4 de la ley 24.240; 1255, 1623, 1627, C.C.C.N.; base regulatoria $5.634,08; Ac. S.C.B.A. 4065/22, valor 1 jus = $4.537).
5. A su vez, por la labor desarrollada ante esta Alzada -por la sentencia de fecha 28/05/2019-, cabe establecer los emolumentos de la citada Dra. R., por el recurso de fecha 29/10/2018 y memoria de fecha 15/11/2018, en la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA, equivalente a la cantidad de 0,27 JUS arancelarios; y -por la sentencia de fecha 14/9/2021-, los de la Dra. R., por el recurso de fecha 10/06/2021 y memoria de fecha 20/06/2021, en la de PESOS UN MIL equivalente a la cantidad de 0,22 JUS arancelarios (arts. citados y 31 de la ley 14.967).
6. Ahora bien, teniendo en cuenta que en los presentes obrados integro Sala por excusación del Dr. Soto, con el Dr. Leandro Banegas y sabiendo de la existencia de criterios diferentes que, en cuanto a regulación de honorarios, tienen las distintas Salas de esta Cámara, creo conveniente dejar aclarado que la Sala Tercera formula las regulaciones de honorarios de los letrados intervinientes respetando las directivas de la ley 14.967, sin perjuicio de privilegiar por sobre dichas normas, aquellas que dimanan de la ley de defensa del consumidor, propiciando además el diálogo de fuentes, que como pautas interpretativas contienen los arts. 1 a 3 del C.C.C.N. En esta inteligencia, las regulaciones que se han determinado bajo el imperio de la ley 14.967, han sido formuladas en jus pero estableciendo siempre la equivalencia a moneda de curso legal, con el fin último de salvaguardar el derecho a la información que todo consumidor merece, conforme el art. 4 de la ley 24.240, equivalencia cuyo fin último tiende a despejar cualquier duda en torno a lo que el cliente debe abonar a su abogado, ello claro está, si dicho pago se realiza dentro del plazo previsto en el art. 54 de la ley 14.967.
Habiendo formulado las aclaraciones precedentes y en la convicción de proteger, tanto los derechos de los consumidores, como los de los letrados intervinientes, quienes en definitiva, consensúan con sus clientes un contrato de locación de servicios profesionales (arts. 1, 2, 3, 1.623, 1.627 y ccds. del CCCN), -con lo cual y de seguirse la letra expresa de la ley 14.967, frente a los servicios brindados por médicos, ingenieros, agrimensores, contadores, escribanos o martilleros por ejemplo, debería procederse de la misma manera que con los abogados, ya que las distintas leyes que regulan sus colegiaturas contemplan distintas unidades arancelarias a las del JUS-; dejo debidamente manifestado que es criterio de la suscripta que cuando cabe la regulación en JUS corresponde establecer su equivalente en pesos.
Voto por la NEGATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTION PROPUESTA EL DOCTOR BANEGAS DIJO:
Discrepo con mi distinguida colega preopinante, a partir del punto 4 de su voto, no en cuanto a la solución en sí misma de la cuestión, sino al modo de consignar las cantidades que se tarifan en concepto de estipendios a favor de la letrada, y ello en razón -puntualmente- de no compartir los fundamentos brindados en el apartado 6 que antecede.
En el caso particular y, genéricamente, en las regulaciones de honorarios que encuadran en los preceptos de la ley 14.967 (Ley de Honorarios de Abogados y Procuradores, en adelante LHAP), resultan de aplicación -en lo que aquí interesa destacar- los artículos 15 inciso “d” y 24 de dicha norma.
En efecto, el art. 15 inc. “d” establece que: “El monto deberá estar expresado en la unidad arancelaria Jus, cuyo valor definitivo se establecerá en el momento de hacerse efectivo el pago”.
Por su parte, el art. 24 de la referida ley reza: “La regulación de los honorarios se efectuará en su equivalente a la medida Jus, debiendo así mantenerse, hasta el momento del efectivo pago, a excepción de lo normado en el artículo 54 inc. b)”.
De la propia letra de la ley 14.967, que debe ser la primera fuente de exégesis, surge claramente que las regulaciones de honorarios deben efectuarse en la unidad arancelaria Jus, correspondiendo así mantenerse hasta el momento en que se establezca su valor definitivo, esto es, al hacerse efectivo el pago, a salvo lo normado en el art. 54 inc. “b” -cuya opción corresponde al letrado beneficiario de los emolumentos-. De ello se colige que, en la oportunidad de la regulación de los honorarios, no cabe determinar el valor de los estipendios en moneda de curso legal.
Es que, en principio, toda interpretación de la ley debe comenzar por la ley misma y, cuando el texto es claro y expreso, debe aplicársela en el sentido que resulta de sus propios términos (conf. SCBA LP Q 76591, RSI- 315-21, sent. int. 12/07/2021, e/o).
Ello así, integrando la Sala Segunda de esta Cámara Segunda (en mi carácter de vocal titular la misma), ya me he expedido en torno a la cuestión, en el sentido que atento lo previsto en las mencionadas normas (arts. 15 inc. “d” y 24, ley 14.967), expresándose el monto de los emolumentos en la unidad arancelaria Jus, su valor definitivo debe establecerse al momento de efectivizarse el pago (conf. causas 129018, RSI 94-21, sent. int. del 18/03/2021; 129282, RSI 193-21, sent. int. del 04/05/2021; 128055, RR 45-2021, sent. int. del 28/10/2021).
Más aún, la Suprema Corte de Justicia provincial ha sostenido que corresponde aplicar la ley 14.967 y la unidad arancelaria (ius) para las labores desarrolladas a partir de su fecha de entrada en vigencia (21 de octubre de 2017) -conf. SCBA, causa L. 124.197, "Lugani, Fernando Daniel contra Siderca S.A.I.C. Daños y perjuicios", sent. 30/08/2021-. Sin perjuicio de la loable intención que trasluce la postura adoptada por la distinguida colega que votara en primer término, es lo cierto que la aclaración en el mismo momento de la regulación del monto en pesos equivalente a la cantidad de Jus tarifados contraría -a mi entender- los expresos e imperativos términos del dispositivo legal, en tanto prevé - únicamente- la regulación en la medida arancelaria Jus, operando su conversión a moneda nacional -pesos- recién en la oportunidad del efectivo pago y no antes, excepto -claro está- el supuesto contemplado en el art. 54 inc. “b” citado.
Dicha tesitura legal no se contrapone en manera alguna con el deber de información contemplado en el art. 4 de la ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor, LDC) -el que, por otra parte, en forma permanente aplico en la totalidad de los fallos dictados en el marco de la tutela consumeril-, desde que al momento del pago -y no en una oportunidad anterior- se determinará el monto de los honorarios en pesos multiplicando la cantidad de Jus regulados por el valor del Jus al tiempo de la efectivización de dicho pago.
Atento ello, es que propugno fijar los honorarios únicamente en la unidad arancelaria Jus, sin establecer el equivalente en pesos en esta oportunidad, es decir, al regular los estipendios profesionales. Con los alcances de lo precedentemente considerado, voto también por la NEGATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR PRESDIENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
En lo atinente a la divergencia de opiniones suscitada entre los distinguidos colegas preopinantes en torno al modo de consignar las cantidades que se tarifan en concepto de estipendios a favor de la letrada, por los fundamentos expuestos por el Sr. Juez Dr. Banegas, a los cuales adhiero, teniendo en consideración que comparto dicho criterio y en ese orden he suscripto conjuntamente con el mencionado colega -por integración de la Sala Segunda- las causas precedentemente referidas (129018, 129282, 128055).
Finalmente, he de señalar además que la Ley 24.240 -Ley de Defensa del Consumidor- no es de aplicación en la especie (art. 2, ley cit.). Con este alcance, doy mi voto por la NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
Teniendo en cuenta el acuerdo logrado, por mayoría, corresponde, y así lo propongo que atento a la importancia del asunto, mérito, eficacia de las tareas desempeñadas, y teniendo en cuenta que la aplicación estricta de los aranceles locales conduciría a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, se fijan los honorarios de la Dra. J.A.R. (T°… F°… C.A.L.P.), apoderada de la parte actora, -por la etapa de ejecución de sentencia- en la cantidad de 0,11 JUS arancelarios -a la fecha del presente- ; modificándose así el apelado decisorio de fecha 06/06/2022 (arts. 1, 2, 10, 15, 16, 21, 28, 34, 41, 51 y conc. ley 14.967; 1255, C.C.C.N.). Y por la labor desarrollada ante esta Alzada -por la sentencia de fecha 28/05/2019-, se establecen los emolumentos de la citada Dra. R., por el recurso de fecha 29/10/2018 y memoria de fecha 15/11/2018, en la cantidad de 0,27 JUS arancelarios -a la fecha del presente-; y -por la sentencia de fecha 14/09/2021- los de la Dra. R., por el recurso de fecha 10/06/2021 y memoria de fecha 20/06/2021, en la de 0,22 JUS arancelarios -a la fecha del presente- (arts. citados y 31 de la ley 14.967).
ASÍ LO VOTO.
En un todo de acuerdo los doctores Banegas y Hankovits adhieren al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede, atento a la importancia del asunto, mérito, eficacia de las tareas desempeñadas, y teniendo en cuenta que la aplicación estricta de los aranceles locales conduciría a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, se fijan los honorarios de la Dra. J.A.R. (T°… F°… C.A.L.P.), apoderada de la parte actora, -por la etapa de ejecución de sentencia- en la cantidad de 0,11 JUS arancelarios -a la fecha del presente-; modificándose así el apelado decisorio de fecha 06/06/2022 (arts. 1, 2, 10, 15, 16, 21, 28, 34, 41, 51 y conc. ley 14.967; 1255, C.C.C.N.). Y por la labor desarrollada ante esta Alzada -por la sentencia de fecha 28/05/2019-, se establecen los emolumentos de la citada Dra. R., por el recurso de fecha 29/10/2018 y memoria de fecha 15/11/2018, en la cantidad de 0,27 JUS arancelarios -a la fecha del presente-; y -por la sentencia de fecha 14/09/2021- los de la Dra. R., por el recurso de fecha 10/06/2021 y memoria de fecha 20/06/2021, en la de 0,22 JUS arancelarios -a la fecha del presente- (arts. citados y 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
LAURA M. LARUMBE LEANDRO A. BANEGAS FRANCISCO A. HANKOVITS JUEZ JUEZ PRESIDENTE
Fin de la sentencia