Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Fallos (AD BABL) Nro. 556/2022 y 552/2022 dictadas por la Sra. Administradora de la Aduana de Bahía Blanca, en las actuaciones SIGEA Nro. 17652-190-2018 y 17652-192- 2018.
2Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-108194271-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 29 de Septiembre de 2025 Reunidos los Vocales de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, para dictar sentencia en el expediente EX-2022-86647832- -APN-SGASAD#TFN “BUNGE ARGENTINA S.A. C/DGA S/ RECURSO DE APELACIÓN”, El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Mediante el IF-2022-86647735-APN-DTD#JGM se presenta la firma BUNGE ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Fallos (AD BABL) Nro. 556/2022 y 552/2022 dictadas por la Sra. Administradora de la Aduana de Bahía Blanca, en las actuaciones SIGEA Nro. 17652-190-2018 y 17652-192- 2018, mediante las cuales se dispuso no hacer lugar a la solicitud de devolución de sumas en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la Resolución MEyP N° 182/2008, en relación a las destinaciones Nro. 12003EC01004600S y 12003EC01004602U cuyo valor total asciende a pesos novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos veintiuno con 59/100 ($ 982.421,59), con más sus intereses.
Entiende que el Poder Ejecutivo Nacional fijó ilegalmente, a través de la Resolución N° 182/2008, en un 35% la alícuota de los porotos de soja en concepto de derechos de exportación, ya que fue dictada por el Ministerio de Economía en base a lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. Explica que la Resolución N° 182/2008, que elevo la alícuota del 20% al 35% no fue ratificada por una ley formal del Congreso. En el mismo sentido, plantea que la facultad de legislar en materia aduanera e imponer contribuciones, le corresponde al Congreso. Solicita que se declare no aplicable al presente lo resuelto en el plenario “Petroquímica Comodoro Rivadavia” del 26/04/22. Requiere la aplicación de la doctrina asentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Camaronera Patagónica S.A. c/ Dirección General de Aduanas”, resultando inconstitucional la alícuota fijada por la resolución mencionada, ello en virtud del principio de legalidad tributaria (conf.
Arts. 4, 17, 52, 75 incs. 1 y 2 y 99 inc. 3 de la CN). Sostiene que, en el precedente señalado, la CSJN concluyó que los derechos de exportación son tributos, y que por ello deben ser creados por el Congreso, que sus elementos esenciales deben estar establecidos por esa misma institución, y que las alícuotas podrían ser fijadas por el PE en tanto exista una delegación legislativa clara y precisa, en la que se determine -entre otras cuestiones- un parámetro de mínimas y máximas respecto de su quantum. Afirma que la prohibición de actualización de los créditos fiscales y tasa de interés, que resulta aplicable para los casos de repetición, afectan el derecho de propiedad y violan los principios constitucionales de igualdad, legalidad, razonabilidad y no confiscatoriedad.
Asimismo, entiende que es inconstitucional la tasa de interés resarcitorio fijada por el Art. 3 de la Resolución 314, por cuanto produce un daño económico y financiero al patrimonio de la firma. Cita abundante jurisprudencia en sustento a su postura. Peticiona la aplicación de una tasa de interés equivalente al promedio simple del IPC y del IPIM relativa abarca desde la fecha de interposición de la repetición al 31.07.2019 o, en subsidio, la aplicación de la tasa de interés para uso judicial del BCRA. Expone que el art. 1164 del Código Aduanero habilita al TFN a pronunciarse respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones si se limita a aplicar “la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, pretendiendo que así lo haga siguiendo la interpretación efectuada en la causa “Camaronera”.
Ofrece prueba, hace reserva de plantear el caso federal, y solicita que se revoque la resolución apelada, ordenando la devolución de los montos pagados, con más los intereses peticionados y con costas al Fisco.
II. En el IF-2022-127274422-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado conferido. Mediante IF-2022-127275725-APN-DTD#JGM y IF-2025-90367683-APN-DTD#JGM, dicha representación acompaña las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 17652-190-2018 y 17652-192-2018. Hace una breve reseña de los hechos y formula una negativa genérica. Señala que la interpretación que hace la actora del precedente “Camaronera” es desacertada y no respeta el análisis completo de dicha sentencia ni el sentido que quiso darle el más Alto Tribunal. Sostiene que dicho Tribunal ha declarado la invalidez de las alícuotas por los derechos de exportación y que, muy por el contrario, ha declarado la validez de dichos derechos.
Asimismo, señala que la Corte Suprema de Justicia de la Nación solo decide en procesos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos. Sostiene que la resolución atacada ha sido dictada en el marco de las funciones que acuerdo el PE conforme los arts. 664 y 755 del Código Aduanero, y con la limitación determinada por el artículo 666 del citado cuerpo legal. Cita doctrina y jurisprudencia en sustento a su postura. Analiza la realidad imperante en el comercio internacional, traducida en la velocidad del intercambio de mercaderías como también en el vertiginoso cambio coyuntural exterior, y entiende que se justifica la delegación en cabeza del Poder Ejecutivo a los efectos de establecer los aranceles y su quantum en función de los cambios producidos en el contexto internacional para así promover proteger y conservar la actividad productiva nacional.
Cita jurisprudencia de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que entiende aplicable al presente caso. Relata el art. 13 de la ley N° 22.520, y a la ley N° 20.545 de “protección del trabajo y producción nacional”, así como la ley N° 22.450 de competencia de los Ministerios Nacionales. Se refiere a las materias de competencia del entonces Ministerio de Economía y destaca el inciso 9 del artículo 19 de la Ley 22.250 el cual prescribe que “compete al Ministerio de Economía, asistir al Presidente de la Nación en todo lo inherente al desarrollo de las actividades económicos nacionales, y en particular: (...) 9) entender en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen impositivo y aduanero”.
Menciona el artículo 3 de la ley 25.645, el cual expresamente aprobó “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994”. Asimismo, agrega que la legislación delegante fue prorrogada en su vigencia por la Disposición Transitoria Octava de la reforma constitucional de 1994, y que con arreglo a esta cláusula, el Congreso de la Nación prorrogó sucesivamente dicha legislación delegada a través de las leyes 25.145, 25.917 y 26.135. Así las cosas, entiende que la Resolución del Ministerio de Economía y el Ministerio de Producción se dictó en función de lo previsto en la Ley 22.415, en la Ley de Ministerios y sus modificaciones, en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2752/1991, 2275/1994 y sus modificatorios.
Explica que no es procedente el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la recurrente en razón de lo normado por el art. 1164 del Código Aduanero. Cita jurisprudencia. Solicita que se aplique el criterio establecido por nuestra Corte Suprema en la causa “Cencosud S.A.”, los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del C.A., y la tasa de interés dispuesta en la resolución N° 314/2004. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que en fecha 22 de agosto de 2025 (PV-2025-92931664-APN-VOCXXI#TFN) se elevan los autos a la Sala “G” y, en fecha 25 de agosto de 2025 (IF-2025-93731805-APN-VOCXXI#TFN), se pasan a sentencia.
IV. La Actuación SIGEA N° 17652-190-2018 se inicia a fs. 1/6 con el recurso de repetición de las sumas pagadas en concepto de derechos de exportación, interpuesto por la actora, con fecha 14/12/2017, en sede aduanera. A fs. 19 obra constancia de recepción de la destinación N° 12003EC01004600S, cuyas copias conjuntamente con la documentación complementaria lucen agregadas a continuación. A fs. 25 obra Nota N° 413/2018 de la Sección Sumarios (AD BABL). A fs. 26 se emite el Informe N° 282/2018 efectuado por la Sección Inspección Simultánea por el cual establece el monto en concepto de derechos de exportación abonados en la destinación en trato. A fs. 27/31 obran prints de pantalla relativos a la operación aduanera en trato. A fs. 32 se efectúa el Informe N° 30/2019 de la Sección Económica Financiera. A fs. 33 obra resumen de devolución cargada de acuerdo al Formulario 7458. A fs. 34/36 obra el Dictamen Jurídico N° 642/2022 (ASLT) AD BABL. A fs. 37/39vta. se dicta la Resolución Fallo N° 556/2022 (AD BABL) y a fs. 41 su correspondiente constancia de notificación.
- La Actuación SIGEA N° 17652-192-2018 se inicia a fs. 1/6 con el recurso de repetición de las sumas pagadas en concepto de derechos de exportación, interpuesto por la actora, con fecha 14/12/2017, en sede aduanera. A fs. 19 obra constancia de recepción de la destinación N° 12003EC01004602U, cuyas copias conjuntamente con la documentación complementaria lucen agregadas a continuación. A fs. 25 obra Nota N° 415/2018 de la Sección Sumarios (AD BABL). A fs. 26/27 se emite el Informe N° 277/2018 efectuado por la Sección Inspección Simultánea por el cual establece el monto en concepto de derechos de exportación abonados en la destinación en trato. A fs. 27/34 obran prints de pantalla relativos a la operación aduanera en trato. A fs. 35 se efectúa el Informe N° 36/2019 de la Sección Económica Financiera. A fs. 36 obra resumen de devolución cargada de acuerdo al Formulario 7458. A fs. 37/39 se emite el Dictamen Jurídico N° 643/2022 (ASLT) AD BABL. A fs. 40/42vta. se dicta la Resolución Fallo N° 552/2022 (AD BABL) y a fs. 44 su correspondiente constancia de notificación.
V. En las condiciones indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.”
VI. En virtud de lo señalado, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación a los Permisos de Embarque Nro. 12003EC01004600S y 12003EC01004602U en virtud de lo dispuesto en la Resolución MEyP N° 182/2008.
VII. Las costas deberán ser soportadas por la vencida dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (art. 1164).
Por lo expuesto, voto por:
1).- CONFIRMAR las Resoluciones Fallos (AD BABL) Nro. 556/2022 y 552/2022 dictadas por la Sra. Administradora de la Aduana de Bahía Blanca, en las actuaciones SIGEA Nro. 17652-190-2018 y 17652-192- 2018.
2).- Costas a cargo de la actora.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al fondo de lo resuelto, excepto en relación a las costas, que considero deben ser impuestas por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión en trato.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1).- CONFIRMAR las Resoluciones Fallos (AD BABL) Nro. 556/2022 y 552/2022 dictadas por la Sra. Administradora de la Aduana de Bahía Blanca, en las actuaciones SIGEA Nro. 17652-190-2018 y 17652-192- 2018.
2).- Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívese.
Date: 2025.09.29 14:53:59 ART Date: 2025.09.29 17:13:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.29 17:25:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.29 17:26:13 -03:00
Fin de la sentencia