Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 55617979-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos de apelación deducidos por la parte actora y por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada. Las costas se distribuyen en el orden causado. Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. José Luis Lopez Castiñeira; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/26 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III
CAF 38082/2025/CA1; CAMBRE I C Y F SA (TF 55617979-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de abril de 2026.- PDP Y VISTOS;
I. Que por sentencia del 10/6/25 el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió revocar la resolución apelada por Cambre I C Y F SA –en lo sucesivo, “Cambre”–, distribuyendo las costas por su orden.
Reseñó que la firma actora apeló la resolución 12/2024 (DV RRMR) dictada el 7/5/24 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes, de la ex AFIP-DGI, a través de la cual determinó de oficio la materia imponible en el impuesto a las ganancias –en adelante, “IG”–, correspondiente al período fiscal 2021; ello así, debido a que en su declaración jurada –“DDJJ”–, había computado el 100% del ajuste por inflación previsto en el Título VI de la ley del impuesto. En dicho acto administrativo también se liquidaron los intereses resarcitorios y se aplicó una multa en los términos del artículo 45 de la ley 11.683. Expuso que, de acuerdo con las explicaciones brindadas por la firma actora, existe un proceso judicial en curso, a raíz de la interposición de una acción declarativa de inconstitucionalidad, en trámite ante la Justicia Federal de Mercedes. Al respecto, señaló que denegó el pedido de la propia actora, en el sentido de que se suspendieran las actuaciones hasta que se dictara sentencia en aquel proceso judicial.
Refirió a las expresiones esgrimidas por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones, y mencionó que en la causa se produjo prueba.
Explicó los alcances del mecanismo de ajuste por inflación, repasando los antecedentes normativos y jurisprudenciales vinculados con la materia. En particular, refirió al contenido del precedente “Candy”, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sostuvo que, siguiendo la tónica marcada por el Alto Tribunal, se deben evaluar los agravios de los contribuyentes, en cuanto intenten poner en evidencia un menoscabo a su derecho de propiedad, por involucrar un impuesto presuntamente confiscatorio.
Destacó que las pautas rectoras que pueden extraerse de dicho precedente son de carácter sustancial, no nominal, dado que no estableció un porcentaje concreto como límite aplicable.
Con relación a la objeción expuesta por el fisco nacional, al señalar que las condiciones del período fiscal 2021 son diferentes al valorado en “Candy” –2002–, declaró que con la legislación actual cabía reconocer la aplicación del ajuste por inflación, aunque sujeto a determinadas condiciones y limitaciones. Adicionó que la confiscatoriedad no se encuentra sujeta a un año fiscal determinado, sino a la configuración de las circunstancias fácticas que constituyan tal supuesto, en el año fiscal de que se trate.
Puntualizó que, de la pericia contable producida en la causa se pudo demostrar la existencia de un supuesto de confiscatoriedad, en el sentido emergente del precedente “Candy”; de ahí que resultaban aplicables, al caso, las reglas de dicho pronunciamiento.
Describió el contenido que surge del dictamen pericial obrante en autos y aseveró que, de acuerdo con sus términos, quedó acreditado que la limitación de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación, derivaría en un impuesto que excede cualquier límite razonable de imposición. En cuanto a las costas, las distribuyó por su orden, atento a las particularidades y complejidad del caso.
II. Que contra dicha sentencia se alzaron ambas partes, la actora interpuso su recurso de apelación el 7/7/25 y el fisco nacional el 11/8/25; ambos remedios fueron concedidos los días 8/7/25 y 12/8/25, respectivamente. La expresión de agravios de Cambre fue presentada el 15/7/25 y la de ARCA el 2/9/25; la réplica de esta última fue acompañada el 15/9/25 y la de la actora, el 24/9/25.
El 11/2/26 [7:50 hs.] el Sr. Fiscal General acompañó su dictamen.
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CAF 38082/2025/CA1; CAMBRE I C Y F SA (TF 55617979-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO III. Que, en su memorial, la representación fiscal afirma que la sentencia apelada es arbitraria, dado que no analizó adecuadamente la cuestión debatida en la causa, ni su decisorio se ajustó a derecho. Explica el contenido del mecanismo del ajuste por inflación, describiendo los cambios normativos y jurisprudenciales operados en los últimos lustros, y comenta que el Alto Tribunal instó al Congreso Nacional a fijar las pautas que debían regir sobre el particular, lo cual fue llevado a cabo a través de las reformas legales que describe.
Acusa que, sin perjuicio de ello, el Tribunal Fiscal desoyó el remedio legal implementado por el Poder Legislativo, resolviendo que resultaba violatorio de los mismos principios constitucionales que la Corte Suprema pretendió proteger.
Expuso que, en el período fiscal involucrado en la litis, el mecanismo de ajuste por inflación puede aplicarse, pero sólo en 1/6; mientras que los 5/6 restantes se difieren en partes iguales para los ejercicios subsiguientes.
Critica al tribunal de grado, argumentando que se arrogó el ejercicio de funciones legislativas, pues adoptó un método de ajuste no permitido para el periodo fiscal 2021.
Cuestiona asimismo que efectuara un paralelismo con la causa examinada por la Corte Suprema en “Candy”.
Introduciéndose en el contenido del dictamen pericial de autos, indica que el porcentaje que arroja el impuesto a las ganancias tras aplicar la limitación de 1/6 fue de $ 93.000.435,32 sobre el resultado contable antes del IG –de $ 321.776.278, según la determinación de oficio–, arrojando una relación del 28,9%, la cual se halla muy por debajo de la considerada en “Candy”. Adiciona que otras relaciones que surgen del estado de situación patrimonial del ejercicio 2021, que mostrarían la inexistencia de confiscatoriedad del impuesto determinado.
Declara que los datos que surgen de la prueba producida en la causa, en nada se comparan con lo establecido en “Candy”.
Sostiene que la sentencia apelada vulnera el principio de legalidad, y que la decisión adoptada se traduce en una derogación tácita de las normas para el caso concreto.
Cita jurisprudencia y doctrina, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.
IV. Que, de su lado, la parte actora dirige sus agravios contra lo resuelto en torno a las costas del proceso.
Señala que, sin fundamentación alguna, la sentencia de grado arribó a un decisorio que resulta contrario a derecho, por no ajustarse a las constancias de autos y a la legislación aplicable.
Afirma que hubo un apartamiento al principio general de la derrota, sin brindar fundamento suficiente para ello.
Aduce que la facultad de apartarse del principio general previsto en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es excepcional y de interpretación restringida, y como tal debe aplicarse con extremada prudencia.
Cita jurisprudencia y doctrina, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, en lo que es materia de agravios, con costas.
V. Que previo a ingresar al tratamiento de los agravios descriptos, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir a los recurrentes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a su consideración, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, en sus anteriores composiciones, “ACIJ c/ EN-ley 24240-Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/amparo ley 16.986", Causa CAF 5916/2009, del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, Causa CAF 29024/2010, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2-III-11) c/ BCRA-Comunicación “A”
5147 y otro s/proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 38082/2025/CA1; CAMBRE I C Y F SA (TF 55617979-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Aldo Alberto c/EN- DNM Disp 1207/11-Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, Causa CAF 18282/2011, del 25/8/11; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 41147/2013, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 57052/2013, del 7/5/15, “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN M Interior OPyV DNM s/ recurso directo DNM”, Causa CAF 77545/2017, del 27/4/18 y “D´Alessandro, Jorge Héctor (TF 33405-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 49932/2015/CA2, del 2/5/24, entre otras).
VI. Que, asimismo, corresponde rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (cfr. CSJN, Fallos: 300:985).
Así pues, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)” (cfr. esta Cámara, Sala III, en sus anteriores conformaciones, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27409/2012 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGI”, Causa Nº 4502/2014 del 29/9/14; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa CAF 18124/2016 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/ DGI”, Causa CAF 83620/2016, del 16/10/18; “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, Causa CAF 72673/2018, del 7/5/19; “Sol Frut SA (TF 79199011-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 47840/2023, del 9/5/24, entre otros).
VII. Que, según se desprende de las constancias de autos, Cambre apeló ante el Tribunal Fiscal de la Nación la resolución 12/2024 (DV RRMR), dictada por la entonces AFIP-DGI, la cual –en lo que incumbe aquí reseñar– impugnó la DDJJ-IG-2021 oportunamente presentada y determinó de oficio la obligación tributaria correspondiente, en un valor total de $ 26.571.801,66.
En su recurso de apelación –presentado el 28/5/24–, la firma contribuyente expuso que, al presentar aquella DDJJ, computó el ajuste por inflación íntegramente, dado que, de hacerlo en 1/6, derivaría en una obligación fiscal confiscatoria.
En prieta síntesis, aseveró que reportaría para la sociedad una ganancia neta sujeta a impuesto de $ 310.001.451,08, en lugar de $ 221.428.778,88, traduciéndose en una alícuota efectiva del 42%, en lugar de 30%.
VIII. Que, junto con su recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, la firma acompañó la “Certificación contable sobre cierta información relacionada con la aplicación completa del ajuste por inflación impositivo en el impuesto a las ganancias 2021”, elaborado por el contador público Mariano L. Ghirardotti, el 29/2/24, a lo cual se suman los documentos obrantes en las actuaciones administrativas, entre ellos: la DDJJ-IG-2021 y los registros contables de la sociedad correspondientes al ejercicio comercial 2021, que inició el 1/4/20 y cerró el 31/3/21, incluyendo el comparativo con el ejercicio precedente; el estado de situación patrimonial; el estado de evolución del patrimonio neto y flujo de efectivo, con sus notas; el estado de resultados y sus notas y la memoria. En pos de toda la información que de dichos documentos se obtiene, de consuno con la proveniente de la prueba pericial contable ofrecida en la causa, se sustenta la pretensión de la actora.
IX. Que, teniendo en cuenta el modo en que ha resuelto el tribunal de grado, y los achaques que su decisorio ha recibido de ambas partes, se colige que las materias sobre las cuales debe transitar este análisis son las dos siguientes: (a) la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación al caso concreto, y (b) las costas del proceso.
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CAF 38082/2025/CA1; CAMBRE I C Y F SA (TF 55617979-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO X. Que, en cuanto al primer asunto referido, corresponde introducirse en el estudio del mecanismo de ajuste por inflación. Para ello es necesario efectuar dos análisis estructurales, de cara a examinar si la sentencia apelada, respecto de este asunto, amerita su convalidación, o no.
Los análisis corresponden a los siguientes tópicos: a) el cambio normativo operado en los últimos lustros, con relación al mecanismo de ajuste por inflación, y b) la aptitud y la suficiencia de las argumentaciones y las probanzas arrimadas y producidas en autos, a fin de respaldar la pretensión de la accionante.
XI. Que, con relación al primer análisis descripto en el considerando precedente, sabido es que, con respecto al mecanismo de ajuste previsto en el Título VI de la ley de IG, desde un plano teórico la trama se generó a partir de la sanción de la ley 24.073 de 1992 –y sus normas concordantes–, cuyo artículo 39 dispuso que las actualizaciones impositivas debían tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta marzo de 1992.
En este orden, en la causa “Establecimiento El Carmen SRL c/EN-AFIP DGI ley 24.073 s/proceso de conocimiento”, Causa Nº 48285/2003, del 11/11/10 –entre otros precedentes–, esta Sala, en otra conformación– reseñó la secuencia histórica del mentado mecanismo de ajuste, tanto desde el plano normativo –fundamentalmente desde su instauración por la ley 23.260, pasando por la aprobación de la denominada “Ley de Convertibilidad del Austral” (ley N° 23.928), hasta llegar al dictado de la ley 24.073, que suspendió la aplicación del mecanismo a partir de abril de 1992–; el plano macroeconómico y jurídico: salida del “régimen de convertibilidad” –con especial mención de la “Ley de Emergencia Económica” (ley N° 25.561), de los decretos 214/02, 1269/02, 554/03, de la resolución de la Secretaría de Hacienda 100/02 y la Nota Externa Nº 10/02 de la AFIP–, hasta llegar al plano jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el dictado de los precedentes “Santiago Dugan Trocello SRL c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía s/ amparo”, del 30/6/05 (cfr.
CSJN, Fallos 328:2567) y “Candy SA c/ AFIP y otro s/ acción de amparo”, del 3/7/09 (cfr. CSJN, Fallos: 332:1571). Allí se señaló que de los precedentes jurisprudenciales referidos, que resultan complementarios, se extrajo en primer lugar, y como principio general, que el plexo normativo que impide a los contribuyentes la actualización de los balances impositivos para el cálculo de tributos, tuvo origen en el “órgano al que el texto constitucional atribuye el ejercicio del poder tributario –respetándose, incluso, el procedimiento legislativo que estatuye el art. 52 de la norma suprema–”, por lo cual “no puede alegarse una violación al principio de reserva de ley tributaria, conclusión que no se modifica por el mero hecho de que haya existido un período en el que se observó un sensible proceso inflacionario” (v.
Considerando IV, fallo cit.). En esa misma senda también se sostuvo que, sin perjuicio de ello, el Máximo Tribunal ha entendido que la eventual confiscatoriedad que puede provocar el cálculo del impuesto a las ganancias sin el ajuste, opera como excepción al principio general expuesto. Confiscatoriedad que ha sido definida, a la luz de la jurisprudencia clásica del Tribunal, como “absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital” “que exceda los límites razonables de imposición” (Considerando 14). Se afirmó además que, siguiendo a la Corte Suprema, la configuración de esa excepción debe ser debidamente fundada y acreditada por el contribuyente que solicita la aplicación de la actualización en cuestión; carga probatoria que, en principio, sólo podría cumplirse a través de un peritaje contable (“Bertoto, Bruera y Cía S.A.C. y F. c/Estado Nacional-AFIP-DGI s/demanda de repetición”, del 19/5/10, cfr.
CSJN Fallos 333:631). Y, en cuanto al contenido concreto de dicho medio probatorio, señaló que “el mero cotejo entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación, y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad, ya que tal compulsa no trasciende el ámbito infra constitucional, y sólo podría derivar de ella la mayor o menor bondad o equidad de un sistema por sobre el otro, pero no CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 38082/2025/CA1; CAMBRE I C Y F SA (TF 55617979-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO la demostración de la repugnancia de la solución establecida por el legislador con la cláusula constitucional invocada” (cfr.
“Candy”, Considerando 4º y “Dugan Trocello”, Considerando único, segundo párrafo).
Para finalizar, se indicó que, sin perjuicio de lo descripto, si entre la ganancia neta sujeta al impuesto a las ganancias, calculada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de la aplicación del mecanismo de actualización “se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar” (“Candy”, Considerando 14º), deberá aplicarse el mecanismo de ajuste.
También indicó esta Sala –in re “IBM Argentina SA c/EN-AFIP DGI-Resol 4/10 (REGN) s/ Dirección General Impositiva”, Causa CAF 2901/2010, del 26/12/18 y “Akapol SACIFI c/EN-AFIP-DGI-Resol 41/07- períodos 2002/2003 s/ Dirección General Impositiva”, Causa CAF 10144/2009, del 17/3/22, entre otras–, que nuestra Corte Suprema, luego de dictados los precedentes “Dugan Trocello” y “Candy”, negó que pudiera considerarse vulnerada la garantía constitucional de no confiscatoriedad, si los resultados del ejercicio arrojaban quebranto.
Efectivamente, en el precedente “Estancias Argentinas El Hornero SA c/ EN-AFIP-DGI c/ proceso de conocimiento”, del 2/10/12 (CSJN, Fallos: 335:1923), haciendo suyos los fundamentos del dictamen de la Procuración General de la Nación, la Corte Suprema, luego de efectuar una reseña de los distintos tratamientos que tuvo el instituto del quebranto en la historia de la imposición sobre la renta, afirmó que: “Tal solución pretoriana del Tribunal [en referencia a la jurisprudencia que admite la posibilidad de que un tributo resulte inconstitucional por confiscatorio] tuvo por miras conjurar aquellas situaciones en las que el pago de uno o más gravámenes implicaban una lesión a la garantía de la propiedad individual, al reducir más allá de lo constitucionalmente tolerable sea la renta o el capital de los contribuyentes”.
“Es de toda evidencia que el caso de autos no puede ser encuadrado dentro de los lineamientos de esa doctrina, por la sencilla razón de que no hay tributo a pagar que pueda ser cotejado con el capital o la renta gravados para verificar si hay una absorción inadmisible de éstos”. Por tal motivo, y al no haber esa parte alegado ni mucho menos demostrado qué otra eventual causa de agravio constitucional padece a causa de la suspensión del mecanismo de ajuste inflacionario en trato, estimo que con lo dicho basta para desestimar su demanda” (los subrayados son del original) (cfr. CSJN, Fallos: 335:1923).
Dicha hermenéutica fue reiterada en los precedentes “Alubia SA c/ AFIP-DGI s/ repetición”, del 4/11/14; “Natufarma SA c/ AFIP-DGI s/ demanda contenciosa”, del 24/2/15 –en las cuales sostuvo que “…la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación en los términos del precedente `Candy´ tiene por objeto evitar que se configure el supuesto de confiscatoriedad que -según los lineamientos de una tradicional jurisprudencia de la Corte- se produce cuando el pago de un impuesto implica la absorción, por parte del Estado, ´de una porción sustancial de la renta o el capital´ … sin que corresponda derivar de tal doctrina el reconocimiento de un mayor quebranto que pueda ser utilizado por el contribuyente en otros ejercicios fiscales…”–; “Consolidar Administradora de Riesgo de Trabajo ART SA c/ EN-AFIP-DGI-Resol. LGCN 140/08 s/ DGI”, del 11/8/15; “Fava Hnos SA c/ AFIP-DGI s/ inconstitucionalidad”, del 4/8/16; “Favacard SA c/ AFIP-DGI s/ inconstitucionalidad”, del 15/11/16;“Bayer S.A. y otro cl AFIP s/ impugnación de acto administrativo”, del 14/8/18 y en “Giorno SA c/ AFIP – DGI s/ varios”, del 24/11/21 (Fallos: 344:1458).
A lo apuntado cabe adicionar que el criterio descripto fue mantenido por el Alto Tribunal en: “Recurso de hecho deducido por la AFIP en la causa Maipú Automotores SA c/ AFIP-DGI s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad” y “Fava SA c/ AFIP DGI s/ acción declarativa ordinaria”, ambas del 19/10/23; “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Humberto Batistella SA c/ AFIP-DGI s/ CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 38082/2025/CA1; CAMBRE I C Y F SA (TF 55617979-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, del 24/10/23; “Recurso de hecho deducido por la AFIP-DGI en la causa Humberto Batistella SA c/ AFIP-DGI s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, del 20/2/24 y más cercano: “Syngenta Agro S.A. c/ EN-AFIP-DGI-resol. 6/10 (REGN) períodos fiscales 2002/3/4 y otros s/ Dirección General Impositiva”, del 27/12/24, ver voto de la mayoría (Fallos: 347:2334).
Finalmente, es del caso mencionar que esta Cámara también admitió la reexpresión de las amortizaciones de los bienes de uso; la actualización de costos por enajenación de bienes muebles, inmuebles e intangibles y de los quebrantos impositivos (v. Sala I “Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva”, Causa CAF 5894/2014, del 9/5/19; Sala II “Orazul Energy Cerros Colorados S.A.c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva”, Causa CAF 78131/2017, del 29/6/21; Sala III “Orazul Energy Cerros Colorados SA c/ EN-AFIP-RESOL s/ Dirección General Impositiva”, Causa CAF 90935/2017, del 21/4/22; “Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP- DGI s/ Dirección General Impositiva”, Causa CAF 70967/2017, del 29/12/23 y “Telefónica Móviles Argentina SA c/ EN-AFIP-Resol s/ proceso de conocimiento”, Causa CAF 5058/2021, del 24/2/26; Sala IV “Weatherford International de Argentina SA c/ AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva”, Causa Nº 32870/2016, del 12/8/21 y Sala V “Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva”, Causa CAF 49252/2011, del 28/12/17), criterio que, por lo demás, fue tambien admitido por el Maximo Tribunal en las Causas 49252/2011 y 5894/2014, ambas caratuladas “Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva”, con sentencias del 25/10/22).
XII. Que, en orden a lo reseñado anteriormente, se desprenden dos resultados: el primero, que la Corte Suprema de Justicia, para arribar a las conclusiones descriptas, hizo mérito especialmente de circunstancias fácticas y probatorias en torno de la comprobación de la alegada confiscatoriedad en cada período cuestionado; el segundo, que a pesar de que las decisiones del Máximo Tribunal sólo resultan vinculantes para las partes y para los órganos jurisdiccionales intervinientes en las causas en que son dictadas (cfr. CSJN, Fallos: 245:429; 252:186; 255:119; 316:180, entre otros), no puede soslayarse que los restantes tribunales deben un acatamiento moral a su doctrina (cfr. CSJN, Fallos: 311:2004, entre otros), habida cuenta de que ese Tribunal resulta ser el máximo intérprete de la aplicación del derecho en el ámbito nacional, lo cual torna aconsejable seguir sus lineamientos para mantener la unidad de la interpretación de la ley (v. esta Sala in re “Cavaco, Adrián Alberto c/ UBA (Facultad Ciencias Exactas) s/ empleo público”, Causa CAF 24801/2009, del 20/5/14 y “Duke Energy Cerros Colorados SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva”, Causa CAF 10307/2017, del 25/8/23, entre otros).
XIII. Que, ahora bien, a lo explicado corresponde añadir las modificaciones legislativas operadas en los años 2017, 2018 y 2019. A través de la ley 27.430 –sancionada el 27/12/17– se incorporó al entonces artículo 95 de la ley del gravamen –texto ordenado en 1997, actual art. 106– la siguiente regla: “El procedimiento dispuesto en el presente artículo [en referencia al “ajuste por inflación”] resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 89, acumulado en los treinta y seis (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al ciento por ciento (100%)”. “Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer y segundo ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación acumulada de ese índice de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y hasta el cierre de cada ejercicio, supere un tercio (1/3) o dos tercios (2/3), respectivamente, el porcentaje indicado en el párrafo anterior”.
Posteriormente, a través de la ley 27.468 –sancionada el 4/12/18–, se lo sustituyó por el siguiente: “Las disposiciones del párrafo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 38082/2025/CA1; CAMBRE I C Y F SA (TF 55617979-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un cincuenta y cinco por ciento (55%), un treinta por ciento (30%) y en un quince por ciento (15%) para el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente”.
Por otro lado, la misma ley sustituyó las expresiones “índice de precios internos al por mayor (IPIM)” e “índice de precios al por mayor, nivel general” por “índice de precios al consumidor nivel general (IPC)”. Por último, la ley 27.541 –sancionada el 21/12/19 y publicada en el Boletín Oficial del 23/12/19– sustituyó el artículo 194 de la ley del impuesto –texto ordenado en 2019–, estableciendo que: “El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1° de enero de 2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 106, deberá imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes…”. De acuerdo con el artículo 87 de la ley, comenzaría a regir a partir del día de su publicación oficial.
XIV. Que en función de lo explicado, y de cara a las posiciones asumidas por las partes contendientes, es de considerar que las pautas y guías instituidas por el Alto Tribunal a partir del dictado del precedente “Candy”, deben ser aprehendidas e incorporadas en el presente estudio, sin por ello desatender las particularidades que actualmente evidencia el instituto tributario en trato.
De dicho precedente –tantas veces citado– se desprenden, entre otras, dos circunstancias de insoslayable mención:
i. Por un lado, la Corte Suprema, reseñando parte de la jurisprudencia relativa a las potestades con que cuenta el Poder Judicial, sostuvo que no es función de los jueces expedirse acerca del mérito de las políticas económicas decididas por los otros poderes, sino ponerles un límite cuando se traduzcan en una violación de la Constitución Nacional. Bajo tal premisa –sumado al resto de los fundamentos reseñados en el Considerando XI de este voto– revocó la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley 24.073, artículo 4° de la ley 25.561 y decreto 214/02, en línea con lo que anteriormente había resuelto en la causa “Dugan Trocello”.
Adentrándome en el planteo de autos, se colige que, en línea con lo reseñado, las decisiones adoptadas por el legislador en punto al modo de medir las variables macroeconómicas y sus implicancias en la cuantificación de la base imponible del impuesto, son asuntos que, per se, no merecen reproche constitucional.
Esto quiere decir, pues, que las disposiciones adoptadas por el Poder Legislativo mediante las leyes 27.430, 27.468 y 27.541, a la luz del planteo de autos, son plenamente aplicables al presente caso.
Vale evocar el principio según el cual “… las leyes se presumen constitucionales, por aplicación del principio más general de validez presunta de los actos del poder público (Fallos: 190:142)” (cfr. CSJN, Fallos: 239:157).
ii. Por el otro lado, a partir del Considerando 7° de “Candy”, el Tribunal se abocó al estudio de la cuestión restante, concerniente a la confiscatoriedad que había sido invocada por la firma contribuyente. Al respecto, sostuvo que si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste, y el importe que resulta de aplicarlo, no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad, “ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar” (v. Considerando 14). Esto condujo a que, en el caso CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 38082/2025/CA1; CAMBRE I C Y F SA (TF 55617979-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO particular, se hiciera lugar a la demanda y se declarara aplicable el mecanismo de ajuste por inflación.
Pues bien, a la luz de lo que se viene exponiendo a lo largo de este considerando, se advierte que, sin perjuicio de la reimplantación del mecanismo de ajuste por inflación en nuestro ordenamiento legal, el test de constitucionalidad direccionado a corroborar si la carga impositiva es confiscatoria se halla justificado, dado que responde a los principios, derechos y garantías supralegales que conforman y estructuran nuestro régimen republicano y democrático de derecho, reconocedor, entre otros, del derecho de propiedad de los habitantes (Constitución Nacional, arts. 14, 17).
XV. Que lo explicado supra demarca los pasos a seguir en este examen, pudiéndose resumir de la siguiente manera: las modificaciones que introdujeron las leyes 27.430, 27.468 y 27.541 a la ley 20.628 (t.o.) son plenamente aplicables al caso; no obstante, y sin desmedro de ello, corresponde atender y evaluar el argumento introducido y mantenido por la accionante, en el sentido de que la liquidación del tributo, bajo las condiciones legalmente impuestas, absorbió una parte sustancial de su renta, excediendo el límite razonable de imposición (v. esta Sala, en su anterior integración, in re “Banco BMA SAU (ex Banco Itaú Argentina SA) (TF 104149914-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso de organismo externo”, Causa CAF 35582/2023, del 5/11/24).
Esta premisa abre el camino al estudio de la materia descripta en el punto b) del segundo párrafo del Considerando X de este voto.
XVI. Que, como es sabido, la acreditación de la confiscatoriedad requiere un serio, completo y preciso despliegue probatorio, lo cual se logra, en principio, a través de un peritaje contable (cfr. CSJN, “Bertoto, Bruera y Cía, cit.).
En autos, además de la prueba instrumental acompañada por la demandante –de la que dí cuenta en el Considerando VIII–, ofreció prueba pericial contable, a cuyo tenor los dos peritos contadores propuestos por las partes, presentaron el dictamen pericial el 15/4/25, el cual no fue objeto de pedidos de aclaraciones ni tampoco de impugnaciones.
XVII. Que, de la lectura de la información descripta, en lo que incumbe aquí reseñar, se obtiene lo que seguidamente se enunciará. Como primera mención, los peritos describieron los registros que fueron puestos a su disposición para la elaboración de su labor, con especificación del contenido y período al que se refierían.
En cuanto a la información obtenida de la compulsa, exhibieron los siguientes valores, relativos al ejercicio comercial 2021: resultado contable del ejercicio $ 169.425.359; ajuste por inflación total: $ 106.287.206,65 –ajuste estático: $ -115.151.769,18, ajuste dinámico $ 8.864.589,53– y ajuste por inflación en 1/6: $ 17.714.534,44. A partir de estos guarismos, el resultado impositivo, aplicando el ajuste por inflación en 1/6, sería de $ 310.001.451,08 y el impuesto determinado de $ 93.000.435,32; en cambio si se imputara el ajuste por inflación en su totalidad –6/6–, el resultado impositivo sería de $ 221.428.778,88, y el impuesto determinado de $ 66.428.633,66.-
En cuanto al porcentual que representaría el impuesto –liquidado con la aplicación del mecanismo de ajuste en 1/6– sobre el resultado impositivo ajustado por inflación, sin la limitación –$ 221.428.778,88–, expusieron que alcanzaría el 42%. Al respecto, cabe destacar que la representación fiscal refiere a otras relaciones porcentuales, mas sin referir explícitamente a la apuntada.
La información trancripta es sustancialmente similar a la contenida en la “Certificación contable sobre cierta información relacionada con la aplicación completa del ajuste por inflación impositivo en el impuesto a las ganancias 2021”, de la que di cuenta en el Considerando VIII.
XVIII. Que si bien la mera comparación de los resultados sin el ajuste y con él no es apto, por sí sólo, para demostrar la afectación del derecho de propiedad del contribuyente –v. Considerando XI–, el cúmulo de información reunida en esta causa alcanza para conocer el estado de situación contable de la firma actora en el ejercicio 2021, extremo que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 38082/2025/CA1; CAMBRE I C Y F SA (TF 55617979-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO resulta idóneo y necesario para evaluar la incidencia del IG, particularmente en su renta.
En tal sentido, se aprecia que los guarismos presentados y explicados por los profesionales que han intervenido en el análisis de la realidad económica de la empresa, en línea con las expresiones argüidas por esta última, permiten avizorar, tal como lo hizo el Tribunal Fiscal de la Nación, que en la especie existe un exceso irrazonable de imposición a la renta, a causa de activarse el mecanismo de ajuste en estudio, en 1/6. En este tren, de la prueba ofrecida y producida en la causa se desprende que, conforme lo predica la demandante, la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación limitado a 1/6, conlleva a la necesidad de ingresar una suma de dinero en concepto de IG, que alcanza la categoría de confiscatoria (en sentido semejante, ver Sala I, “BBVA Banco Francés SA c/ EN-AFIP-DGI-Ley 20628 s/ proceso de conocimiento”, Causa CAF 25304/2019, del 10/7/23; Sala II, in re “Metlife Seguros de Retiro SA c/ EN- AFIP s/ proceso de conocimiento”, Causa CAF 79979/2018, del 29/4/25; “Pampa Generación SA c/ EN-AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento”, Causa CAF 14443/2020, del 6/5/25 y “Diransa SRL c/ EN-AFIP-Ley 20628 s/ proceso de conocimiento”, Causa CAF 10423/2021, del 12/9/25; asimismo Sala V, in re “Banco BBVA Argentina SA c/ EN-AFIP-DGI-Ley 20628 s/ proceso de conocimiento”, Causa CAF 8049/2021, del 27/6/24; “Ita SA Industria y Tecnológica SA (TF 111430918-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 20595/2024, del 15/5/25 y “FCA SA de Ahorro para Fines Determinados c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva”, Causa CAF 25298/2019, del 11/9/25, entre otros).
XIX. Que, por otro lado, si bien el analisis practicado en autos no es exactamente identico al efectuado en “Candy” –pues, como se indicó, aquí se evalúa la incidencia de la aplicación del ajuste por inflación, de acuerdo con las reglas contenidas en las leyes 27.430, 27.468 y 27.541–, no ha de perderse de vista, como norte de esta investigación, que un adecuado estudio de la trama estriba en calcular y comparar la alícuota nominal-legal del impuesto y la alícuota efectiva. Sobre el particular se ha dicho que, a pesar de que la alícuota efectiva –calculada sin la aplicación total del ajuste– fuere inferior a la ponderada por la Corte en el precedente mencionado, no significa, por esa sola circunstancia, que corresponda desconocer o negar la confiscatoriedad del impuesto (v. esta Sala, en su anterior integración, in re: “Paolini Hnos SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva”, Causa CAF 21766/2015, del 24/4/18; “Orazul Energy Cerros Colorados SA c/ EN-AFIP-Resol s/ Dirección General Impositiva”, cit; “Duke Energy Cerros Colorados SA”, cit.; “Poliresinas San Luis SA (TF 48784-I)”, cit.; “M Royo SACIIFYF”, Causa Nº 35502/2019/CA2, cit.; “Seguros Sura SA c/ EN-AFIP-DGI y otro Dirección General Impositiva”, cit., “Banco de Galicia y Buenos Aires SAU c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva”, cit. y “Banco BBVA Argentina SA c/ EN-AFIP-Ley 20628 s/ Dirección General Impositiva”, cit.; Sala II, in re “Metlife Seguros de Retiro SA c/ EN-AFIP s/ proceso de conocimiento”, cit.; “Pampa Generación SA c/ EN-AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento”, cit. y “Diransa SRL c/ EN-AFIP-Ley 20628 s/ proceso de conocimiento”, cit.; Sala IV, in re “Paolini Hnos SA”, cit; “Aluar Aluminio Argentino SAIC (TF 123459521-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 43550/2023, del 11/7/24 y “Bridgestone Argentina SAIC c/ EN-AFIP s/ Dirección General Impositiva”, Causa CAF 4560/2021, del 10/12/24 y Sala V, in re “Fidia SA (TF 48412-I) s/ Dirección General Impositiva”, Causa CAF 25286/2023, del 28/6/24, entre otros).
XX. Que, por todo lo hasta aquí expuesto, cabe reconocer que la pretensión de la firma actora se halla suficientemente fundada y probada, lo cual se traduce en el mérito de la sentencia apelada.
Así pues, no resulta predicable lo sostenido por el fisco nacional, en el sentido de que, en la especie, debe aplicarse el ajuste por inflación en 1/6 (v. resolución 12/2024 DV RRMR).
XXI. Que, por último, en cuanto a las costas del proceso –lo cual incluye la de ambas instancias–, corresponde confirmar la sentencia apelada, en atención a la complejidad y novedad que reviste la cuestión CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 38082/2025/CA1; CAMBRE I C Y F SA (TF 55617979-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO examinada en la causa (v. esta Sala, en su anterior composición, in re “Akapol SACIFI c/EN-AFIP-DGI-Resol 41/07-períodos 2002/2003”, cit.; “Orazul Energy Cerros Colorados SA”, Causa CAF 90935/2017, cit; “Carsa SA (TF 34186-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 60220/2022, del 23/3/23; “Poliresias San Luis SA (TF 48784-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 19467/2022, del 15/6/23; “M Royo SACIIFYF”, cit; “Duke Energy Cerros Colorados SA”, cit; “Seguros Sura SA c/ EN-AFIP-DGI y otro c/ Dirección General Impositiva”, cit; “Banco BMA SAU (ex Banco Itaú Argentina SA) (TF 104149914-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso de organismo externo”, cit.; “Banco de Galicia y Buenos Aires SAU c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva”, cit. y “Banco BBVA Argentina SA c/ EN-AFIP-Ley 20628 s/ Dirección General Impositiva”, cit. En igual sentido: Sala I, “BBVA Banco Francés SA c/ EN-AFIP-DGI-Ley 20628 s/ proceso de conocimiento”, cit.; “Telefónica Móviles Argentina SA c/ EN-AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento”, Causa CAF 8934/2020, del 26/3/24; “RCI Banque c/ EN-AFIP-DGI-expte 2073941/22 s/ Dirección General Impositiva”, Causa CAF 21392/2023, del 21/10/25; Sala II, “Monsanto Argentina SRL c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva”, Causa CAF 33047/2017, del 23/2/24; “Metlife Seguros de Retiro SA c/ EN-AFIP s/ proceso de conocimiento”, cit.; “Pampa Generación SA c/ EN-AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento”, cit. y “Diransa SRL c/ EN-AFIP-Ley 20628 s/ proceso de conocimiento”, cit.; asimismo, Sala V, “Banco BBVA Argentina SA c/ EN-AFIP-DGI-Ley 20628 s/ proceso de conocimiento”, cit. e “Ita SA Industria y Tecnológica SA (TF 111430918-I)”, cit.).
Al respecto, si bien no se desconoce que ya han pasado varios años desde el dictado del precedente “Candy”, no menos cierto es que, a partir de las nuevas regulaciones normativas, la materia no ha dejado de ser compleja y novedosa.
XXII. Que, por todo lo expuesto, corresponde confirmar la sentencia apelada y distribuir las costas en el orden causado (cfr. CPCCN, art. 68, segundo párrafo).
Que por todo lo expuesto, habiendo dictaminado el Sr. Fiscal General, SE
rechazar los recursos de apelación deducidos por la parte actora y por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada. Las costas se distribuyen en el orden causado. Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. José Luis Lopez Castiñeira; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/26 de esta Cámara. Regístrese, notifíquese a las partes y al señor Fiscal General – mediante correo electrónico dirigido a la dirección oficial del Ministerio Público ante esta alzada, y oportunamente devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA
Fin de la sentencia