Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 32645-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y dejar sin efecto la reducción de la multa decidida en sentencia apelada y confirmar el art. 1° de la resolución DE PRLA 3428. Con costas en el orden causado. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
25229/2023 CAMERON ARGENTINA SAIC (TF 32645-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 15 de octubre de 2024.- SH
El recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional, AFIP-DGA a fs. 108, contra la sentencia de fs. 75/100, fundado por la expresión de agravios de fs. 114/120, cuyo traslado fuera replicado por la parte actora a fs. 123/126; y,
I. Que, por la sentencia del 21 de octubre del 2022, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente el art. 1° de la resolución (DE PRLA) N° 3428/2012, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. N° 12206-19251-2005, la cual condenó a la importadora CAMERON ARGENTINA SAIC, al pago de una multa, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art 970 del CA, por no haber regularizado en plazo la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT 03 073 IT 16 000318X. Impuso las costas en un 37% a cargo de la importadora y en un 63% a cargo del Fisco Nacional.
En cuanto aquí interesa, redujo la multa que originalmente había sido graduada en dos (2) veces, a una (1) vez el importe de los tributos, el que, además resultó reliquidado de conformidad con lo dispuesto por el art. 1166 del CA.
En tal sentido, excluyó de su cálculo al derecho adicional previsto en el art. 23 del decreto 1439/96, toda vez que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, en razón de que se trata de una importación para consumo irregular, proveniente de una operación de importación temporaria, siguiendo la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/DGA” y “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, ambas sentencias del 14 de agosto de 2023.
En lo que atañe a la percepción del impuesto a las ganancias y al impuesto al valor agregado adicional acató lo resuelto por el Alto Tribunal en la causa nº 22.930/2009/CA1-CS1 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN – DGA – resol 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas”, al dictar sentencia del 26 de noviembre de 2019 y declaró que la DGA carece de facultades en el caso para exigir dichos tributos.
Además, justificó la reducción de la graduación de la multa en que, si bien de la resolución aduanera surge que -a los fines de graduarla- se tuvieron en cuenta los antecedentes de las impresiones de pantalla del “Registro General de Infractores” agregadas a fs. 76/78 de las actuaciones administrativas, lo cierto es que las resoluciones con condena quedaron firmes con posterioridad a la comisión de la infracción que se revisa en autos. De este modo, a los efectos de lo previsto en el art. 915 del CA y teniendo en cuenta que esa norma obliga a ponderar un conjunto de circunstancias, dichos registros solo pueden ser considerados como meros antecedentes, pero no como un supuesto de “reincidencia”.
II. Que el Fisco Nacional -AFIP-DGA, interpone el recurso previsto en el art. 1171 del CA, fundándolo en los términos del art. 1173 del CA por el escrito de fs. 114/120, cuyo traslado fuera contestado por la importadora a fs. 123/126.
Manifiesta que le causa un gravamen irreparable la circunstancia que el Tribunal Fiscal haya excluido de la base de cálculo de la multa los conceptos de IVA adicional, la percepción del impuesto a las ganancias y el derecho adicional, en virtud de la reliquidación tributaria formulada en el considerando X del voto mayoritario. En este sentido, postula que “la determinación de una condena infraccional es algo radicalmente diferente a una liquidación tributaria y debe fijarse en función de lo que la norma explícitamente establece y no de una liquidación tributaria que, a posteriori, determina la correspondencia o no de algún tributo en particular con base a criterios diversos que no guardan relación con el momento imponible y por ende, con el momento en que legalmente se establece la condena”.
En seguida, cita el texto del art. 970 del CA, lo conjuga con el texto de los arts. 635, 636 y 274, apartado 1 del mismo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 25229/2023 CAMERON ARGENTINA SAIC (TF 32645-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO código y concluye que “una vez determinado el importe de la condena en virtud de los tributos que corresponderían abonarse al momento de la configuración del hecho gravado, estos no resultan modificables en virtud de nuevas liquidaciones tributarias -reitero, tributarias-, que nada tienen que ver con la determinación del importe mínimo de una condena infraccional”.
En función de tales premisas, solicita que la multa incluya en su base de cálculo el derecho adicional, el IVA adicional y la percepción del impuesto a las ganancias, pues “al momento de la configuración del hecho gravado, es decir, del incumplimiento de la temporal, la firma debería haber abonado” estos rubros.
Por otra parte, critica que se haya dispuesto fijar la sanción pecuniaria en una (1) vez el importe de los tributos. Al respecto, sostiene que la multa se deprecia por el paso del tiempo y que, por ende, su reducción conduce a “fomentar aquello que es algo ya usual y no por ello menos lamentable en nuestro fuero: se recurre a la jurisdicción con el único objetivo de licuar las condenas infraccionales”.
Añade que la aduana ha graduado la multa en dos (2) veces el importe de los tributos que gravaren la importación a consumo dentro del margen de discrecionalidad que surge del art. 915 del CA y que tuvo en consideración un antecedente infraccional firme anterior a la fecha de la resolución aduanera. Por último, agrega que la reducción de la multa no se ajusta a la gravedad de los hechos del caso.
III. Que, inicialmente, debe señalarse que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que se proponen a consideración del Tribunal sino tan solo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140 y 301:970).
IV. Que a fin de resolver los planteos formulados por la representación fiscal resulta conveniente comenzar por dejar sentado que los conceptos del derecho adicional y los anticipos nunca integran la base de cálculo para las multas, desde que los únicos tributos que son tenidos en cuenta a tal fin son: (i) los derechos de importación o exportación; (ii) el impuesto al valor agregado y (iii) la tasa de estadística.
Esta cuestión ha sido materia de diversos dictámenes de la Secretaría de Asuntos Legales de la Administración Nacional de Aduanas, a la vez que refleja una consolidada práctica aduanera que data de -al menos- tres décadas.
Además, en las concretas circunstancias del caso, se advierte que el servicio aduanero actuó de conformidad con este criterio, pues al momento de correr la vista contemplada en el art. 1101 del CA, a los efectos de graduar la cuantía de la multa para el pago voluntario no integró en su base de cálculo al derecho adicional, la percepción del impuesto a las ganancias ni al IVA adicional. En efecto, sólo tuvo en cuenta del derecho de importación del 14%, la tasa de estadística del 0% y el IVA del 21%, sobre un valor en aduana expresado en pesos de $83496,43, lo cual arrojó una base de multa de $31.678,55 (cfr. fs. 53 y 57).
En consecuencia, no corresponde admitir el cuestionamiento formulado por el Fisco Nacional.
V. Que encontrándose fuera de debate el reproche infraccional respecto de la actora como consecuencia de la falta de aptitud de los Certificados de Tipificación y Clasificación (CTC) para demostrar la relación insumo/producto entre la mercadería importada para su perfeccionamiento industrial y la exportada, cuadra señalar que el 970 en el apartado 1 establece que “El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al TREINTA (30%) por ciento del valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no estuviere gravada.”
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
25229/2023 CAMERON ARGENTINA SAIC (TF 32645-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En virtud de lo dispuesto por el art. 915 del citado código “Las penas serán graduadas en cada caso según las circunstancias, la naturaleza y la gravedad de las infracciones y los antecedentes del infractor.”
Al respecto, no puede soslayarse que, por principio, compete al organismo que ejerce facultades disciplinarias apreciar los hechos configurativos de las faltas, determinar la norma aplicable y graduar la sanción, puesto que existe una razonable discrecionalidad, tanto en la graduación de la sanción como en el carácter abierto de los tipos que describen las conductas ilícitas (CSJN, Fallos: 316:855).
En tal sentido, no es sólo la discrecionalidad del ámbito decisorio lo que limita el ejercicio del control judicial a la apreciación de la legalidad o la arbitrariedad de la medida, sino especialmente la división de poderes y el respeto mutuo de un órgano de gobierno a otro (conf. Bianchi, Alberto B., "El Control Judicial sobre la Zona Interna de la Administración", pub. L.L. 1989-C, pág. 481 y ss.). En la especie, aun cuando la reducción decidida por el Tribunal Fiscal de la Nación se encuentra dentro del límite mínimo que establece el art. 970 –ello es, una vez el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo-, le asiste razón al Fisco Nacional cuando alega que no se advierte que la disminución de la multa se presente como una derivación razonada de los hechos involucrados en la causa, máxime si se pondera que el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros tuvo en cuenta para fijar su cuantía el antecedente de fs. 77 de las actuaciones administrativas, referido a la resolución 1700/2008, recaída en la actuación SIGEA 12210-270-2005, firme desde el 26/08/2008.
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la reducción de la multa decidida en sentencia apelada y confirmar el art. 1° de la resolución DE PRLA 3428, del 13 de junio de 2012, manteniendo su graduación en dos veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo ($63.357,10), sin perjuicio lo que pueda corresponder respecto de las Leyes 27.260, 27.541 y 27.743, aspecto que deberá examinarse en sede administrativa.
VI. Que, en punto a las costas de esta instancia, corresponde distribuirlas en el orden causado atento la existencia de vencimientos parciales y mutuos.
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, el Tribunal RESUELVE: admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y dejar sin efecto la reducción de la multa decidida en sentencia apelada y confirmar el art. 1° de la resolución DE PRLA 3428. Con costas en el orden causado. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia