Abriendo la norma
Juzgado Civil y Comercial N.º 15 de Mar del Plata · Causa 3802
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a la demanda de reajuste promovida por el Sr. MARCELO RUBEN CAMESANA contra el BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, debiendo readecuarse el contrato en los términos indicados en el punto V c) de la presente decisión. En el supuesto de proceder, luego de los cálculos allí indicados, y de aprobado el informe presentado por el contador, intímase a la parte accionada a que entregue a la actora en el término de 10 días las sumas establecidas a su favor, bajo apercibimiento de ejecución y de aplicarse los intereses dispuestos en el punto VII del presente pronunciamiento (art. 163 inc. 7 del CPCC).
2Las costas serán a cargo de la demandada vencida (art. 68 del CPCC).
3Se difiere la regulación de los honorarios (art. 51 de la ley 14.967).
Organismo:JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 15 - MAR DEL PLATA.
Caratula: CAMESANA MARCELO RUBEN C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCION DE REAJUSTE Expediente: 3802 Objeto: Sentencia Definitiva Peticionario: De oficio ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mar del Plata, 10 de Diciembre de 2021.
Estas actuaciones caratuladas “CAMESANA MARCELO RUBEN C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCION DE REAJUSTE”, expte. N° 3802, traídas a despacho a los fines de dictar sentencia.
I. Que con fecha 13 de Junio de 2019 se presenta el actor Marcelo Ruben Camesana a promover formal demanda contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires tendiente a la revisión de contrato de mutuo con garantía personal saldo de crédito UVAs, morigeración de intereses, exacta determinación de deuda, nulidad de cláusulas abusivas, aplicación de normas sobre defensa de consumidor, solicita medida cautelar, todo ello debido a , según dice, los diferentes abusos que se enumeran en los acápites de la demanda, y que obligan a su parte a ocurrir ante un órgano jurisdiccional para que en virtud de la normativa vigente y los principios generales del derecho se ponga fin a la ilegal actitud asumida por la entidad bancaria accionada en este particular.
Aclara que se han iniciado las actuaciones bajo el código “acción de reajuste”, en tanto no existe, a su entender, nomenclada la materia que motiva su inicio, sin perjuicio de lo cual y al solo efecto de facilitar la tarea de Receptoría de expedientes individualiza la pretensión en el punto I de su escrito.
Asimismo, que tratándose de un organismo de Estado la accionada, en su carácter de Banco Oficial no corresponde atravesar la etapa de mediación prejudicial, ello conforme lo dispone el art. 4 inc. 4 de la ley provincial 13.951. Solicita expresamente que no se ordene correr traslado de la demanda hasta tanto su parte no amplíe la acción. Agrega que cualquier presentación que realice la parte accionada no ha de surtir efectos propios de la contestación de la acción que tramita por ante esta dependencia.
Funda su pedido en el derecho de defensa en juicio garantizado por la Constitución Nacional, requiriendo que se resuelva en tal sentido.
Continúa el relato de los hechos explicando que recibió en su momento el ofrecimiento del banco demandado para adquirir un crédito denominado UVA’s promovido por el Estado Nacional en atención a los parámetros inflacionarios que garantizaban en la sucursal que la misma posee en Mar del Plata en calle San Martín n° 2563.
Explica que aceptado tal ofrecimiento, y luego de suscripta toda la documentación que el banco demandado requirió –dejándose expresa constancia de que de la misma nunca se le entregó copia alguna.
Agrega que no obstante sus insistentes reclamos requiriendo tal documental, vulnerando, según dice, la institución lo dispuesto por el art. 4 de la ley 26.361 sobre el deber de información que debe reinar en las contrataciones.
Expone que se generó el crédito personal con el número de cuenta 6189-3159611/4 según las publicaciones del sitio web en el banco, el que gira bajo la denominación BIP.
Aclara que a su entender es la primera de las irregularidades que la entidad comete para con su cliente, toda vez que hace suscribir variada documentación, siempre tipos de contratos de adhesión con cláusulas predispuestas, de los cuales no entregan copias alguna e impreso con un tamaño de letra que a simple vista se torna ilegible. Pero abusan, según dice, del momento, del lugar, de la imposición de la parte mas fuerte del contrato, de las promesas de créditos, y en el caso particular metas de inflación y tasas de interés.
Agrega que iniciada la relación, todo funcionó bien tanto en la cuenta desde la que se hacen los descuentos de las cuotas de depósitos el dinero suficiente para cubrir las erogaciones que tenía sobre las cuotas cuyos vencimientos mensuales se han obligado a pagar.
Expone que los diferentes problemas económicos que se vinieron sucediendo en el país hace tiempo, hicieron que sus ingresos fueran disminuyendo, hecho por demás reconocido, según dice, en relación al aumento de las cuotas. Refiere que tal extremos será acreditado en la pericia contable que pedirá en el acápite correspondiente y cuyo impacto, según relata, fue cada vez mayor, estableciendo que se acreditará con la prueba a rendirse en autos.
Establece que, pese a lo expuesto, se entabló una ronda de comunicaciones con empleados del banco demandado que, en base a la cerrada negativa demostrada por éstos últimos, motivó su reacción que más allá de los ofrecimientos que de su parte se concretaron, según dice, existían sin dudas motivaciones inconfesables por parte de esos dependientes que a todo decían que no.
Expone que el silencio fue la única respuesta que obtuvieron.
Refiere que fue entonces que decidió recurrir a los servicios de un profesional especialista en la materia, a fin de comenzar las negociaciones con el banco demandado, pero a partir de un momento “cierto” y no de la unilateral visión que la entidad le daba a la cuestión.
Relata que le hizo saber dicha circunstancia a dependientes del banco accionado pero que nuevamente la negativa fue la única respuesta, afirmándose de parte de los mismos que “debía abonarse lo que el banco decía y no otra suma…”. Refiere que conforme se indicará en la causa, tal ha sido la desproporción entre aquello comprometido por el Estado Nacional y del relato que se viene realizando en cuanto a proyecciones macroeconómicas respecto del Banco Central de la República Argentina y que puede ser analizado por parte del suscripto, con el ingreso a la página web de la entidad que ahora el gobierno ha lanzado un seguro para todos aquellos tomadores de créditos bajo el sistema UVA.
Remarca que no es intención de la parte dejar de pagar o devolver el dinero que se le otorgó con un ajuste por la compensación del plazo otorgado, advierte que el capital otorgado se refinancia con el sistema UVA a partir de la aplicación del interés compensatorio pactado y luego se convierte en unidades de valor para actualizarse mensualmente, si esto no importa un enriquecimiento desmedido para el banco, no habría otra causal para negarse a su pago.
Establece que el propio gobierno con tales medidas no solo intenta cubrir, o paliar sus propios yerros al proyectar y asegurar metas de inflación tenidas en cuenta para cada uno de los tomadores de tales créditos, sino que también reconoce, según dice, el excesivo aumento de las cuotas que han sufrido.
Afirma que a esta altura, y no solo tomando en consideración los fundamentos vertidos en su presentación sino que las propias conductas o medidas tomadas por el Estado Nacional a través del dictado de resoluciones y/o leyes intenta disminuir el impacto del monto de las cuotas.
Refiere que quien sufre los efectos de la ejecución de contratos donde una de las partes incumple aquellas metas tenidas al contratar es siempre el consumidor bancario.
Expone que no teniendo otra alternativa que acudir al órgano jurisdiccional a fin de evitar abusos y que la ejecución de contratos deban ser cumplimentados, tanto en relación a los dadores de créditos como así también los tomadores de acuerdo a pautas claras. Relata que las pautas no son más que las proyectadas al momento de contratar, y las que se tuvieron en cuenta en dicha oportunidad, caso contrario no hubiesen adquirido la calidad de tomadores de los mismos.
Manifiesta que la suspensión de los efectos de los contratos en curso de ejecución como los de su parte y su revisión integral es la medida que ampara sus derechos, como así fuera solicitado.
Explica que se adjuntan a la causa recibos de haberes correspondientes a los reclamantes, los que muestran que los ingresos no han crecido en proporción a los incrementos de los servicios públicos y bienes de primera necesidad, con los que deben hacer frente al pago de las cuotas mensuales que por el contrato en cuestión se generan.
Dice que con esta modalidad de otorgamientos de préstamos que se ocupan, lanzada en 2016, los pagos y el total de la deuda se actualizan mes a mes según el índice de precios al consumidor del INDEC. Y que ello, sumado al retraso de los sueldos, hizo que al inicio parecieran accesibles, parecidas o solo algo mayor a un alquiler, pero se han vuelto de repente una carga que para muchos es cada vez más pesada sostener.
Continúa explicando que cuando los bancos hacían averiguaciones previas para contratar el préstamo, los bancos ofrecían simuladores online que permitían proyectar la evolución de las cuotas en distintos escenarios económicos. Pero que ni las situaciones presentadas entonces como más “pesimistas” lograron anticipar lo que al final pasó, justo después de un boom inmobiliario en que llegó a haber 24 mil nuevos “propietarios UVA” por trimestre. Manifiesta que solo en los últimos seis meses las cuotas aumentaron más de un 30% , y que cerraron el 2018 con un alza del 46,8%. Dice que se trata de una suba interanual muy superior a la que, según los últimos datos oficiales, vienen registrando los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires (36,1% a noviembre). Expone que también los salarios de los trabajadores registrados, que a octubre se habían actualizado solo un 27,3% en 12 meses, tal como informó el INDEC.
Da ejemplos para reflejar su postura.
Manifiesta que en la Secretaría de Vivienda de la Nación calculan que alrededor de 30.000 deudores -sobre más de 130.000 préstamos-habrían quedado a fines de 2018 en condiciones de activar la “cláusula gatillo” que el sistema UVA prevé para aliviar las cuotas en períodos como el actual.
Expone que lo que dice la “letra chica” de todos los créditos UVA es que, si desde el inicio las cuotas subieron 10 puntos más que el Coeficiente de Variación Salarial del INDEC, el cliente puede pedir que le re calculen los pagos con un plazo hasta el 25% mayor. Aclara que esto se puede hacer solo una vez a lo largo de toda la vida del préstamo de acuerdo a la edad biológica de los contratantes, es decir que no en todos los casos resultaba viable, lo que se transforma, a su entender, no en una resolución sino en estirar el plazo de agonía.
Aclara que como alternativa, en octubre de tal año se sumó un sistema que le pone un tope a las cuotas, para que nunca sean un 10% mayores al valor que tendrían si se hubiesen ajustado al índice de salarios. Refiere que así se logra un techo a las subas sin ampliar el plazo, pero lo que deja de pagarse se compensará con cuotas más altas en futuros años. Refiere que por ahora sólo los bancos públicos planean tener disponible ese recurso, no los privados, pero que ninguna de esas soluciones resulta lógica, a su entender, para los tomadores de los créditos sino una garantía de evitar la mora para el sistema financiero y solo estirar el plazo de recupero sin re calcular la ecuación financiera original.
Explica que con cualquiera de las modalidades las cerca de 30.000 personas que ya habrían cruzado el “umbral del 10%” recién podrán recurrir a esa herramienta a partir de febrero o marzo, esto es, una vez que el INDEC publique los datos de salarios de noviembre y diciembre, que son los que marcarían la mayor brecha entre ingresos e inflación, habilitando por primera vez el uso de la cláusula. Refiere que para entender prácticamente y con el caso puntual de los actores en autos, a los fines de facilitar el entendimiento de V.S. realiza un detalle de la relación entre las partes.
Expone que la parte solicita ante la accionada la obtención de un préstamo personal para la adquisición de un automotor sin que la institución bancaria entregue ningún tipo de documentación al respecto, sobre las condiciones de otorgamiento y demás.
Explica que se adjudicó el préstamo con un plazo de 48 cuotas mensuales para su cancelación, y que se otorgó en dicha oportunidad la suma de $210.100. Agrega que en dicha oportunidad se convino un sistema de devolución actualizada por valor UVA por coeficiente CER más TNA y TEA no informadas. Aclara que su parte había abonado al momento de inicio de la acción la suma de $162.177,64, entrándose a la mitad del plazo de cancelación fijado.
Relata que al tiempo de celebración del contrato y con escasa información suministrada por el banco otorgante, vulnerando claramente el deber de información impuesto por la ley 24.240, se les entrega un detalle de la proyección de lo que sería el pago de sus cuotas mensuales situación a la que de acuerdo a sus ingresos podían hacer frente. Sin embargo, remitiéndose al detalle presentado, refiere que el valor abonado no solo difiere de lo convenido sino que además ha ido incrementado de manera desmesurada, no solo en cuanto al monto de la cuota sino al capital adeudado.
Explica que tal como surge del detalle acompañado, la cuota proyectada diferiría ampliamente de lo que actualmente se encuentra abonando, en un escenario según dice poco alentador para su parte. Aclara que la cuota indicada por la entidad bancaria ya tenía un interés por financiación.
Ejemplifica y refiere que los montos descabellados e imprevisibles no parecen tener límite en la realidad que nos encontramos y que no se corresponden con los ingresos de los actores, que no han recibido, según dice, incremento salarial ni en sus ingresos en dicha proporción, y que sufrieron los avatares de una economía con crisis y con altos índices de incrementos en los precios de adquisición de bienes de primera necesidad y servicios básicos.
Entiende que surge claro que se han vulnerado sus derechos, no solo a riesgo de una ganancia desproporcionada, según dice, a favor de la institución bancaria, sino que también la pérdida considerable de sus ingresos y el riesgo inminente de no poder seguir adelante con el pago del préstamo obtenido y por ende pérdida de su vivienda. Solicita que la situación sea revisada y que se haga lugar a la medida cautelar solicitada.
Refiere que de la documentación adjuntada surge con claridad que la institución bancaria no ha respetado los principios del art. 36 ley 24.240 en tanto no resulta clara, según dice, la suma a abonar, la cual difiere ampliamente entre lo informado por el banco y lo percibido por tal entidad, autorizándose, por lo tanto, al consumidor a reclamar la nulidad del contrato en cuanto a estas condiciones disvaliosas.
Explica que esta norma resulta, según entiende, más que necesaria en un mercado económico que ofrece a los consumidores numerosas y diversas alternativas de crédito o de financiamiento para sus compras. Aclara que la mayúscula competencia entre oferentes y la ausencia de normas han permitido que estas operaciones se manejaran con desprolijidades y mínima información.
Dice que ante semejantes circunstancias los consumidores no están en condiciones de elegir el crédito que les resulta más beneficioso, y que es una realidad que la economía moderna ha ido avanzando con respecto al otorgamiento de créditos o financiaciones ante la imposibilidad de pago al contado.
Explica que al ser estas modalidades de pago más técnicas y complejas, se vislumbra una serie de otros elementos que muchas veces se transforman en un arma filosa contra el consumidor, sobre todo cuando se tiende a creer que el crédito otorgado por los comerciantes, empresas, bancos, supermercados o agencias de automotores no tiene costos adicionales para el consumidor y se trata solo de una facilidad de pago.
Expone que en innumerables ocasiones se ha debido accionar judicialmente ante los conflictos que sufrían los consumidores, originados tras adquirir productos a crédito y haberse implementado cobros abusivos o mecanismos poco transparentes de cobranzas, como entiende que sucedió en el caso de autos.
Dice que ello sucede porque es muy fácil para las empresas y comerciantes ocultar tal información que le permitiría al consumidor saber lo que está pagando realmente; el monto de las cuotas en números grandes y el precio de contado en números pequeños, y que aún pese a la reforma no indican tasa de interés ni el valor total del precio a crédito. Tampoco informan sobre los intereses por mora, los gastos de cobranza y demás anexos.
Entiende que por esas razones la LDC estableció normas específicas que regulan las operaciones de consumo a crédito, protegen a los consumidores que hacen uso de esa forma de pago, posibilitan la comparación de precios a crédito antes de la compra, y evitan el cobro de intereses abusivos o no previstos.
Dice que la ley indica que en toda operación de consumo que se conceda crédito al consumidor debe consignarse los requisitos previstos en los 8 incisos de este artículo, de una forma clara y bajo pena de nulidad. Caso contrario, el nuevo texto confiere, según entiende, la facultad al consumidor de demandar judicialmente la nulidad de los montos que determinan el costo del crédito, circunstancia que en esta modalidad de crédito entiende que no se cumple.
Detalla ciertos conceptos que considera de interés a los efectos de interpretar el artículo que analiza, y que en el mismo se agrega la posibilidad de demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas, en caso de verificarse un incumplimiento de la obligación mencionada, con lo que se completa la norma. Refiere que se prevé una situación similar a la contemplada en orden a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de consumo, en el artículo 37, para las situaciones en que el proveedor no consigue requisitos considerados relevantes para estas operaciones, reconociéndole al consumidor, en tales casos, derecho a demandar la nulidad de una o más cláusulas contractuales en sede judicial y, al juez, la atribución de integrar el contrato cuando fuere necesario.
Destaca que su parte no pretende dejar de pagar las sumas otorgadas ni considerar que no deban aplicarse sobre ellas el interés legal correspondiente a la compensación, por el plazo otorgado para la cancelación, ello siempre dentro de los límites de la buena fe y el orden público.
Ingresa en el análisis de la normativa que considera aplicable al caso –desarrolla el vicio de lesión, teoría de la imprevisión, el principio de conservación del contrato.
Dice que la realidad socioeconómica genera una desigualdad de notorias proporciones, no previsible al momento de contratar y de importancia, y que resulta ilógico suponer que el o los contratos con prestaciones pendientes de ejecución, en el caso de los tomadores de créditos UVA no sufra las consecuencias de la realidad económica y que desde el propio estado garantizaban que sería o sucedería lo contrario a lo que sucede en la realidad, por lo que la judicatura no puede hacerse a un lado y debe primar por la igualdad de las partes dentro de una relación contractual como la traída a resolver.
Se refiere a la aplicación de la ley de Defensa del Consumidor, a la Constitución Nacional, y a la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Cita doctrina en respaldo a su postura.
Solicita medida cautelar de suspensión de los contratos en virtud de la excesiva onerosidad sobreviniente en torno a la liquidación de cada cuota mensual y acumulada desde su otorgamiento, como así también del incremento indefinido de lo adeudado, lo que vulnera, según dice, la seguridad jurídica de su parte. Solicita se liquiden las cuotas o se re liquiden las liquidadas de acuerdo a lo que los tomadores tuvieron en cuenta al contratar y que desarrolla a continuación. Efectúa explicaciones respecto a los créditos UVA y su cálculo.
Entiende que concurren en autos los elementos propios de las medidas cautelares.
Analiza la composición del UVA y se refiere a la inflación.
Explica que su parte tomo en cuenta el relevamiento de expectativas de mercado (REM) publicado por el BCRA del mes anterior a la toma del crédito. Se refiere a las publicaciones efectuadas por tal organismo en el año 2017 y 2018. Solicita que se ordene al Banco de la Provincia de Buenos Aires a que ajuste los préstamos tomados mediante coeficiente UVA aplicándose los topes y solicitando se intime a la entidad bancaria a readecuar las cuotas a vencer debiendo tomarse como tope de actualización de la UVA a partir del dictado de la medida cautelar peticionada en tal oportunidad, el índice de Expectativa de Inflación Anual emitido por el BCRA en el REM del mes anterior a la toma del crédito, cuya proyección anual para los 12 meses subsiguientes fue de 16,9%.
Se refiere al cumplimiento de los elementos propios de las medidas cautelares.
Ofrece prueba en su respaldo. Solicita la aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba.
Solicita la ordinarización del proceso en razón de la complejidad del asunto. Introduce el caso federal para su eventualidad.
II. Con fecha 14 de Junio del 2019 se ordenaron medidas para mejor proveer previo a emitir pronunciamiento alguno con respecto a la medida cautelar solicitada. Asimismo, se imprimió a las presentes actuaciones el trámite sumario y se le hizo saber al accionante que previo a ordenar el traslado pertinente, podría readecuar la misma de conformidad al trámite dispuesto. Se le aclaro que en caso contrario debía efectuar la petición pertinente y sin más trámite se proveería el emplazamiento referido.
III. Con fecha 27 de Junio del mismo año, en virtud de la presentación efectuada por la accionante y que surge digitalizada en idéntica fecha, se ordenó una nueva medida para mejor proveer.
IV. Con fecha 27 de Septiembre de 2019 el actor acompaña documentación y amplia demanda. Refiere que con fecha 06 de septiembre de tal año el actor de autos diligencia ante la entidad bancaria demandada, la nota que adjunta al presente, solicitando se entregara copia de la documentación original suscripta, constancia de los pagos efectuados con referencia al préstamo que nos ocupa, como así también evolución del valor UVA desde el otorgamiento del mismo a la fecha, obteniendo, según dice, como única respuesta la planilla que se acompaña con el detalle de los pagos efectuados y el contrato formulario. Entiende que a raíz de ello, surge un nuevo incumplimiento del deber de información que reside en cabeza de la institución bancaria, toda vez que la única búsqueda brindada es la publicada en la página de su sitio web con relación a los pagos y la deuda, que se acompañara oportunamente –según refiere- en la causa, esta vez suscripta por un empleado de dicha institución y certificada por dicha entidad.
Solicita se tenga por ampliada la misma conforme lo documentación acompañada.-
Explica que en el ámbito del derecho del consumo y de las relaciones jurídicas de consumo, el deber de información se erige como un pilar fundamental para lograr la protección del contratante débil (consumidor). Ahonda en el desarrollo del deber de información.
Dice que es casi inexistente la posibilidad de que un ignoto en materia financiera, no solo consensúe las cláusulas de este tipo de préstamos sino también y que conozca qué y cómo se está liquidando la deuda que se reclama y que con mucho esfuerzo es abonada mensualmente por esta parte.-
Cita jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, así como doctrina en su respaldo.
Refiere que es la propia entidad la que reconoce que no se entrega ningún tipo de información al titular del préstamo otorgado más que la que se encuentra en su página oficial, la que se adjunta y la que poco aporta, según dice, al entendimiento del peticionante.
Agrega que “No resulta un detalle menor advertir que a la fecha de entrega de la documental (11/09/2019) se reclama como deuda el pago de $. 218.067.50 sin especificar la cantidad de uvas que ello implica (siendo esta la unidad de medida de reajuste y por ende la premisa fundamental para la variación del préstamo otorgado), sin embargo, emitido por la pagina web de la entidad bancaria con fecha 26 de septiembre de 2019, el mismo préstamo, 15 días mas tarde tiene un saldo de $. 222.403.86, es decir $. 4336.36 mas, a razón de un incremento SOLO DE CAPITAL DIARIO de $289.09, razón por la cual EL CAPITAL adeudado en el mes en curso se incrementara en el mejor de los escenarios en $.8672.72, ello sin contar los intereses compensatorios que se calcularan al fijar el valor del ajuste , si esto no resulta ONEROSIDAD SOBREVIMIENTE el termino carece de sentido. -Es decir, se solicitaron $. 210.100, se abonaron 28 cuotas y se deben al 26/09/2019 la suma de $. 222.403.86, es decir la totalidad del capital obtenido con mas la suma de $. 12.303.86, habiendo abonado un total de $. 204.703.02”
Ofrece, en el caso de negativa de la autenticidad de las impresiones de las páginas web acompañadas, como prueba subsidiaria, el correspondiente reconocimiento.
Refiere que es la propia institución la que entrega un informe detallado de las cuotas y para los vencimientos restantes no informa el monto de ajuste ni la forma en el que se calculara el mismo. Recuerda que el derecho invocado por su parte es reconocido por la accionada al traer la documentación con la que cuenta, la cual califica de “poca”.
Se remite a la resolución de fecha 02 de septiembre de 2019 al citar al Dr. Amalfi en la causa referida: "De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por el gobierno nacional en el año 2017 al momento de presentarse el proyecto de presupuesto nacional para el año 2018 –que puede consultarse en el sitio de internet del Ministerio de Hacienda https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/2017-, la expectiva de inflación para esa año era que "…descienda gradualmente, cada año dentro de la ventana de valores máximos y mínimos fijados al momento de anunciarse el desmantelamiento del cepo cambiario, hasta alcanzar una tasa de crecimiento interanual del IPC INDEC en el rango de la meta 3.5%-6.5% para el año 2019…" (textual, documento citado, página 7). A la vez, según se informaba en esa época en los sitios de internet de algunos medios periodísticos de alcance nacional, la proyección de dicho índice inflacionario se ubicaba entre un 15% y 17,2% (arg.
h t t p s : / / w w w . i n f o b a e . c o m / e c o n o m i a / 2 0 1 7 / 0 9 / 0 4 / e l - m e r c a d o - proyecta-para-2018-una-tasa-de-inflacion-superior-al-15-por-ciento/, publicación del 4/9/2017;
https://www.cronista.com/finanzasmercados/Las-expectativas-de-inflacion-se-alejan - -de-la-meta-del-BCRA-para-2018-20170905-0026.html, publicación el 5/9/2017; https://www.ambito.com/mercado-espera-mas-inflacion-2018-2019-n3996069, publicación del 5/9/2017; todas consultadas el 30/8/2019).
Continúa exponiendo que de considerar lo anterior junto con la realidad sobreviniente desde fines del año 2017 y la referida a la fecha de inicio de las actuaciones –cuya prueba entiende resulta innecesaria por tratarse de hechos públicos y notorios- es posible concluir, a su entender, que más allá del impacto en los ingresos de la actora, el contexto económico en el cual ella se endeudó, varió de un modo sustancialmente negativo, puesto que –en términos generales- durante el período "enero 2018-enero 2019" el índice en cuestión fue cercano al 48% (arg. https://www.infobae.com/economia/2019/02/14/la-inflacion-de-enero-fue-de-29-segu n-el-indec/, publicación del 14/2/2019;
https://www.cronista.com/economiapolitica/Con-subas-de-28-en-diciembre-2018-ter mina-con-inflacion-de-48-20190102-0047.html, publicación del 3/1/2019; https://www.perfil.com/noticias/economia/indec-inflacion-2018-cerro-en-47<-porcie nto-y-es-la-mas-alta-desde-1991.phtml, publicación del 15/1/2019; todos consultados en el 30/8/2019).
Refiere que tal circunstancia objetiva que dimana –subraya- de tener en cuenta las constancias de autos y los acontecimientos económicos producidos desde que la Sra. Adera (sic) tomó su crédito hasta el momento en que interpuso su demanda –junio de 2019-, dejan entrever –al menos en apariencia- un sobreviniente incremento de la onerosidad de las prestaciones a las que se obligó (arg. art. 1091 del CCC).
Menciona que en tal razonamiento se tienen presentes las particularidades del contrato que vincula a las partes, por el cual la demandada entregó a la actora una determinada cantidad de dinero equivalente a la cotización de las llamadas "unidades de valor adquisitivo" (o UVA), y que el valor de las cuotas en las que se devolvería dicho mutuo se sujetaría a dicha equivalencia con más la aplicación de un determinado coeficiente de estabilización de referencia (CER).
Explica que lo analizado no es la mera expectativa económica -que puede ser subjetiva y variar, por ende, entre personas- sino los datos objetivos que razonablemente pudieron haberse considerado al momento de contratar (arg. arts. 961, 1061 y ccdts. del CCC)".
Expone que la documentación acompañada en dicho acto por la propia accionada e individualizada como "LISTADO HISTORICO DEL PRESTAMO "
permite ilustrar con precisión sobre las variabilidades que afectaran a cada una de las cuotas del mutuo hipotecario desde su celebración.
Refiere que del listado indicado se observa asimismo el desmesurado incremento de la cuota y la absorción de la misma sobre el salario del trabajador, resaltando que es la propia accionada la que nos remite a la información brindada por esta en su página oficial, acompañándose en este acto impresión de la misma que podrá ser constatada por V.S. de la que surge la clara indicación sobre cuál será la afectación del haber para la obtención del crédito no puede superar el 25% del mismo (ver https://www.bancoprovincia.com.ar/prestamoautomotoruva/#/).
Dice que si bien su parte al iniciar la acción ha indicado que el ajuste que se toma para el cálculo de la cuota ha crecido de manera desmesurada, el detalle acompañado refleja, según sus consideraciones, claramente lo expuesto. Manifiesta que no poner coto a esta situación de imposible previsión por un ignoto del derecho financiero como es el consumidor bancario causa un evidente y grave perjuicio al mismo.
Refiere que por ello surge palmariamente la necesidad de resolver la cuestión promovida, obteniendo la actora una medida cautelar que le permita sobrellevar las resultas de un proceso judicial que sin lugar a dudas y por la gravedad del mismos superara ampliamente las 16 cuotas que restan aun a su cancelación, más aun cuando debemos considerar que el mismo importa absorber más del % del salario neto percibido por esta parte y publicitado en la página oficial como tope de afectación. Solicita se los tenga por cumplido lo requerido por en el proveído de fecha 19 de septiembre de 2019.
En lo que respecta a la interpretación de la medida cautelar requerida, dice que el sistema financiero no resulta de simple interpretación y que han reiterado que dicha circunstancia sería aún más compleja para el consumidor ignoto como el de la actora, más cuando nos encontramos frente a contratos formularios cuyas clausulas no son negociadas por las partes sino impuestas por la entidad prestataria. Aclara que su parte no pretende modificar la modalidad base de la contratación, lo que solicita a la hora de determinar una medida cautelar es que la ecuación económica que arroja la cuota abonada (adviértase que no se solicita dejar de pagar y que el índice de morosidad bajo en este tipo de préstamos corresponde a una cartera de tomadores empleados públicos a quienes la misma se les retiene directamente del sueldo) se ajuste a la información suministrada por la entidad bancaria al tiempo de contratar.
Explica que cuando se accedió al préstamo se le informo al tomador el valor del UVA vigente, e incluso se indicaba la posibilidad de su suba en tres versiones, que en modo alguno alcanzaban los valores hoy abonados, advierte que nos encontramos frente a un VALOR UVA que asciende a $. 40.16 mientras que al momento de la contratación no superaba los $. 19.33.-
Manifiesta que lo que su parte solicita es que ese ajuste del valor partiendo del valor uva al momento de contratación, se realice sobre los valores proyectados anualmente de inflación por el REM (RELEVAMIENTO DE ESPECTATIVAS DE MERCADO) que es en definitiva el valor certero que puede tener el consumidor del incremento de la unidad de medida que fijara en definitiva el capital de su deuda. Se remite a la regulación específica contenida en el Código Civil y Comercial, respecto a la formación del contrato, en específico al contrato celebrado por adhesión a cláusulas generales predispuestas.
Luego se refiere a la refinanciación como recaudo administrativo ofrecido por la parte accionada, la cual entiende que no soluciona las infracciones denunciadas ni el enorme perjuicio sufrido por su parte.
Explica que si se prolonga la cantidad de cuotas a abonar, solo se verá reflejado un aparente beneficio, y que luego la problemática continuara. Dice que las nuevas medidas publicitadas por el gobierno a los fines de subsanar el reconocido desbarajuste que ha ocasionado esta modalidad de crédito no incluyen a los tomadores de préstamos personales y solo alcanzan los préstamos hipotecarios UVA, dejando a esta cartera en una total indefensión, quedando solo la esperanza de la justicia para palear tan acusante situación.
Solicita se provea la medida cautelar del modo propuesto.
Dice que la medida pretendida tiene por fundamento permitir al actor afrontar el tiempo que demore la resolución del presente proceso, tal como se ha señalado en autos "ADERA VANINA S, C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ ACCION DE REAJUSTE" de trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial nro. 1 de este Depto. Judicial.
Se refiere a los presupuestos de las medidas cautelares, analizando el caso particular.
Acompaña documentación en su respaldo. Pide se habiliten días y horas inhábiles para su proveimiento.
V. Con fecha 3 de Octubre de 2019 se tiene por ampliada la demanda.
VI. Con fecha 24 de Octubre de tal año, se provee la medida cautelar requerida, ordenando que las futuras cuotas a vencer referidas al contrato de marras solicitado por el Sr. Marcelo Ruben Camesana, DNI 23.478.791, no superen el 30% del equivalente a 2,31 SMVM vigentes al momento del vencimiento de cada cuota (arts. 195, 204, 232 y ccdtes del CPCC). Asimismo, se aclara que el criterio adoptado deberá contemplarse durante la vigencia del presente proceso y del mutuo que fuera suscripto entre las partes.
VII. Con fecha 21 de Noviembre de 2019 la accionante solicita se intime a la entidad bancaria a que indique firmante de la solicitud del crédito, requiriendo la aplicación de la teoría dinámica de la prueba.
VIII. Con fecha 29 de Noviembre de dicho año se ordena como diligencia preliminar el libramiento de un oficio al Banco de la Provincia de Buenos Aires a fin de que proceda a indicar nombre completo y domicilio del personal dependiente que intervino en la suscripción del contrato de solicitud del crédito (préstamos personal UVA automotor) como asimismo indique si esta modalidad fue solicitada en forma directa a través de la página web de la entidad, SITIO BIP o se realizó de manera presencial, explicando la dinámica de dicha operatoria (art. 323 inc. 1° y ccdtes del CPCC).
IX. Con fecha 3 de Diciembre de 2019 se concede el recurso de apelación interpuesto por el Banco demandado contra la medida cautelar dispuesta en autos –ver escrito electrónico de fecha 19 de Noviembre de 2019-.
X. Con fecha 4 de Marzo de 2020 la entidad demandada contesta la intimación formulada respecto al personal interviniente en la contratación que motivara los presentes actuados, indicando el nombre y datos del Sr. Martin Adrian Etcheberrigaray.
XI. Con fecha 10 de Marzo del año referido se amplía la demanda oportunamente instaurada.
XII. Con fecha 13 de Marzo del año de mención se corre traslado de la acción, la que tramitará según se indica por las normas del proceso sumario, indicando que esta Dependencia se encuentra adherida a la prueba piloto de Oralidad Efectiva en la etapa de prueba de los proceso de conocimiento civiles y comerciales.
XIII. Con fecha 2 de Abril de dicho año la parte accionante requiere la habilitación de la feria judicial pandemia Covid 19 y solicita se arbitren medidas de congelamiento de cuota desde el mes de marzo al mes de septiembre del 2019. Al respecto, solicita la aplicación analógica de las disposiciones emanadas del Gobierno Nacional, al haber ordenado mediante DNU 319/2020 el congelamiento de los créditos hipotecarios y prendarios ajustables por UVA hasta el 30 de septiembre.
XIV. Con fecha 3 de Abril de 2020 se resuelve hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por el accionante ordenando al Banco de la Provincia de Buenos Aires que las cuotas a vencer referidas al contrato de marras solicitado por el Sr. Marcelo Ruben Camesana, DNI 23.478.791 no podrán superar el monto correspondiente, por el mismo concepto, al mes de marzo del 2020; ello hasta el día 30 de septiembre de este año. Asimismo, se ordena a la mencionada entidad a que arbitre los medios que sean necesarios para que la deuda que se genera con motivo de la diferencia resultante entre el monto de lo que contractualmente hubiese correspondido y el que surja del congelamiento precedentemente dispuesto, la misma sea cancelada en al menos 3 cuotas sin interés mensuales y consecutivas con vencimiento, la primera de ellas, en la misma fecha del vencimiento de la cuota del crédito que contractualmente correspondiere al mes de octubre del corriente año; esto último sin aplicar ningún tipo de intereses compensatorios, moratorios o punitorios ni otra penalidad que se pueda haber previsto en el contrato.
XV. Con fecha 6 de Abril de 2020, y conforme lo solicitado por la parte, se letrado apoderado de la parte demanda.
XVI. Con fecha 15 de Abril del mencionado año, la parte accionada interpone recurso de apelación contra el proveído de fecha 3 de Abril; recurso que fuera proveído con fecha 14 de Mayo.
XVII. Con fecha 28 de Julio de 2020 el Banco de la Provincia de Buenos Aires contesta la demanda instaurada en su contra. Formula una negativa genérica, y luego específica respecto a los hechos invocados en la demanda. En el mismo acto, procede a contestar la demanda instada.
Aduce que de los antecedentes fácticos del caso se desprende que no concurren en la especie las circunstancias que ameriten el reclamo que da motivo a este conteste y menos aún que éste se promueva contra su instituyente solicitando desde ya su absoluto rechazo.
Relata que el actor, solicitó con fecha 11.05.2017 un Préstamo para la compra de automotores N°335-3159611/4 por la suma 11.265,42 uvas, s/ cotización $18.65 equivalente a $210.100.
Refiere que dicho préstamo fue acreditado de conformidad en la Caja de Ahorros del cliente el mismo día, 11.05.2017 tal como se demuestra de la copia de la acreditación que se acompaña.
Dice que se acordó la devolución del mismo en 48 cuotas mensuales y consecutivas, con 30 cuotas pagas en la actualidad y que se pactó la tasa de interés fija del 8% TNAV -tasa preferencial-, es decir 4 puntos menos por haber contratado paquete de productos en el banco. Agrega que los saldos adeudados –que se actualizarán mediante la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)- se expresarán en cantidad de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y se utilizará el sistema de amortización francés. Aclara que dado que el actor cobra sus haberes en el banco, la tasa de interés a la cual se le otorgó el crédito fue menor. Refiere que en el punto segundo del contrato se le informó, entre otras cuestiones, el monto en UVAs del préstamo y el valor del mismo a la feche de suscrición (sic).
Agrega que en el punto Tercero del contrato la actora se obligó a reembolsar la suma adeudada en el plazo de 48 cuotas mensuales y consecutivas, comprensivas de capital e intereses, calculadas conforme el sistema de amortización francés, venciendo la primera de ellas el día 31/05/2017 las posteriores el mismo día de los meses siguientes o el posterior hábil en caso de que aquel resulte inhábil. Menciona que se pactó expresamente que los saldos adeudados se actualizarían mediante la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), se expresarían en cantidad de Unidades de Valor Adquisitivo “UVA”, siendo publicado periódicamente por el BCRA, el valor en pesos de cada “UVA. El importe de capital a reembolsar será el equivalente en pesos de la cantidad de “UVA” adeudadas al momento de cada uno de los vencimientos, calculado al valor de la “UVA” de la fecha correspondiente a los mismos. Aclara que en caso de mora corresponderá su actualización a la fecha efectiva de pago.
En cuanto a la forma de actualización y amortización del capital, dice que se pactó que los saldos adeudados, se actualizarán mediante la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), se expresaran en cantidad de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), siendo publicado periódicamente por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) el valor diario en pesos de cada Unidad de Valor Adquisitivo “UVA”.
Refiere que el importe de capital a reembolsar es el equivalente en pesos de la cantidad de “UVA” adeudada al momento de cada uno de los vencimientos, calculado al valor de la “UVA” de la fecha correspondiente a los mismos, que no obstante, en caso de mora corresponderá su actualización a la fecha efectiva de pago. Dice que la mora en el pago de dos cuotas dará derecho a EL ACREEDOR a considerar el préstamo de plazo vencido, a exigir la integra cancelación de la deuda y a iniciar los trámites de gestión de mora y ejecución de la garantía sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.
Agrega que se acordó una tasa de interés fija del Préstamo Bancario del 8,00% (ocho por ciento) tasa nominal anual (T.N.A.V.); equivalente al 8,30 % (ocho con treinta por ciento) tasa efectiva anual vencida (TEAV) sobre el capital ajustado durante todo el tiempo de vigencia del contrato.
Manifiesta que el hoy accionante pretende deshonrar las obligaciones que asumiera, y a través de la presente acción de reajuste del Préstamo en cuestión y con los cargos en cuanto a proceder, actitud, abuso, etc. que formula a su conferente; pretende eximirse del cumplimiento del pago de la deuda y de las consecuencias de la mora en que pueda incurrir.
Dice que el demandante entre otras de sus elucubraciones intenta por vía de la acción de reajuste, librarse del cumplimiento de la obligación asumida. Luego se refiere a la modalidad de contratación. Comienza por indicar que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, debe ajustar su actuar a lo establecido por la Ley número 21.526 y sus modificatorias.
Relata que el artículo 4° (cuarto) de dicha ley establece que es autoridad de aplicación de la misma el Banco Central de la República Argentina, con las facultades fijadas en esta ley y la que surja de la Carta Orgánica del B.C.R.A. Menciona la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley 24.144, en su Capítulo XI, arts. 44 y siguientes crea la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.
Refiere que el art. 46 fija las funciones de la Superintendencia, siendo entre otras dichas funciones cancelar la autorización para operar; implementar y aplicar las normas reglamentarias de la Ley de Entidades Financieras, dictadas por el directorio del banco, etc.
Se remite al articulado y remarca que tal organismo creado en la esfera del Banco Central de la República Argentina cuenta con facultades de contralor y supervisión de la actividad ejercida por Entidades Financieras y Cambiarias, pudiendo establecer un régimen informativo y contable para dichas entidades; ordenar que estas cesen o desistan de llevar a cabo determinadas políticas de préstamos o de asistencia financiera; aplicar las disposiciones legales sobre funcionamiento de las tarjetas de crédito, tarjetas de compra, dinero electrónico u otras similares; promover y sustanciar los sumarios por infracciones a la Ley de Entidades Financieras y del régimen penal cambiario.
Relata que es obligatorio para el Banco de la Provincia de Buenos Aires el cumplimiento de todas las disposiciones emanadas de la autoridad monetaria y de la Superintendencia de entidades financieras.
Menciona que la violación de cualquiera de sus disposiciones importa la promoción y sustanciación de actuaciones sumariales (arts. 47 inc. f. Ley 24.144) y conlleva a la aplicación de las sanciones previstas por el art. 41 de la ley 21.526 y sus modificatorias.-
Refiere que es obligatorio para el Banco de la Provincia de Buenos Aires ajustar su operatoria a lo que disponga el BCRA, resaltando el carácter de este último en cuanto a ente regulador de la actividad financiera, y que creó como instrumento de ahorro y crédito de largo plazo las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). Dice que dicho índice es impuesto por el BCRA, y que tiene su origen en el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nro. 905/2002 (Reordenamiento del Sistema Financiero) que establece en su artículo 27 que los bancos pueden prestar y tomar dinero ajustándolo por el índice coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), siendo tal decreto fue ratificado por la ley 25.827 (2003).
Menciona que en el mes de septiembre de 2016, el Banco Central de la República Argentina emite la comunicación A 6069, creando el UVA, y que dispuso de tal manera la implementación de una nueva modalidad de ahorro y de préstamos con el potencial de cambiar radicalmente el acceso a la vivienda para las familias argentinas. Dice que si no fuera por la implementación del mencionado índice, el actor no hubiera obtenido su crédito para adquirir el automotor que hoy le pertenece y cuyo valor de mercado en pesos se ha visto incrementado en forma más que significativa.
Refiere que el valor inicial de una UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) al 31 de marzo de 2016 se fijó de manera tal que fuera equivalente a la milésima parte del costo promedio de construcción de un metro cuadrado testigo, basado en las cifras conocidas para inmuebles de diverso tipo en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta y zona del Litoral (Santa Fe de la Vera Cruz-Paraná), ponderados por población. Como este metro cuadrado testigo se ubicaba en $14.053, el valor inicial de la UVI fue de 14,053 pesos (14 pesos con 53 milésimo).
Relata que el valor de la UVA se actualiza diariamente por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), basado en el índice de precios al consumidor, y que el índice de precios al consumidor tiene una altísima correlación con el costo de la construcción, pero sufre menor volatilidad. Expone que 1000 UVA alcanzarán aproximadamente para construir 1m2 testigo en cualquier momento futuro y que el valor diario de la UVA se publica en la página web del Banco Central, junto con las principales variables. No constituye un dato menor que la habilitación del mercado de crédito en UVA multiplico el acceso al crédito.
Afirma que este sistema se fue ampliando, utilizándose el mismo para el otorgamiento de créditos personales como el que se cuestiona en esta acción. Explica que el BCRA tiene en consideración una diversidad de variables que entran en juego asociadas a cuestiones estructurales, propias del mercado inmobiliario y de la economía: nivel de ingreso, valor de la propiedad, evolución de las tasas de interés y de los precios. Una segunda categoría de variables propias del crédito: relación cuota-ingreso (C/Y), costo financiero total (CFT), plazo del préstamo y tipo de préstamo (a tasa de interés fija, variable o combinada, con capital ajustable, etc.), resaltando “TODAS CUESTIONES CUYA VALORACION CORRESPONDE EN EXCLUSIVIDAD AL BCRA”.
Dice que la misma normativa del BCRA en análisis le daba a la actora la posibilidad de haber solicitado un alargamiento del plazo otorgado y disminuir el valor de la cuota, lo que, según refiere, no aconteció.
Reitera que su mandante le dio la opción de extensión de plazo a aquellos que obtuvieron préstamos personales Uva y que fue más allá de lo acordado, según dice, en beneficio de sus clientes; pero que la actora no solo omitió solicitar esa extensión, sino que pretende dejar de cumplir con sus obligaciones.
Remarca la conveniencia, a su entender, de los préstamos obtenidos con esta modalidad, ya que otorgarían una mejora en las condiciones con relación a los préstamos tradicionales (sin la aplicación del índice UVA). Ejemplifica a su respecto. Dice que los préstamos con UVA, además de ampliar la capacidad de endeudamiento al hoy actor, le permitiría aprovechar mejor las posibilidades que otorga un alargamiento de plazos.
Expone que el BCRA estableció claramente la forma de calcular el UVA y de actualizarlo, y que dichos valores son publicados en forma diaria por el mismo organismo. Dice que “NO CORRESPONDE QUE DICHO INDICE SEA CALCULADO DE UNA MANERA DIFERENTE Y CON OTROS PARAMETROS DIFERENCIADOS DE LOS EXPLICITAMENTE INDICADOS POR EL BCRA”.
Refiere que la forma de determinar y actualizar el UVA es más que claro, que no puede apartarse de la normativa dictada por el BCRA, y que constituye un exceso la intromisión del Poder Judicial en la detentación de dicho índice, ya que el mismo es calculado por una Institución Pública a la cual fue delegada expresamente. Manifiesta que el BCRA informa diariamente cual es el valor del UVA determinado (COMUNICACIÓN “B” 11638).
Pone de resalto que el BCRA estableció claramente las características de los préstamos que el Banco de la Provincia de Buenos Aires puede otorgar, como asimismo determinó los índices y sus valores a los cuales se ajustarán el capital (entre otros componentes del crédito). Dice que si este hubiera establecido otra forma para el cálculo del UVA –o la aplicación de otros parámetros- así lo habría dispuesto, cosa que no aconteció.
Agrega que para determinar la composición y actualización del UVA, el BCRA dictó normativa específica y a su vez informa diariamente su valor. Relata que el UVA no sólo constituye una Unidad de Valor para el otorgamiento de préstamos, sino que también es una unidad de ahorro (COMUNICACIÓN DEL BCRA “A” 6494).
Expone que, tal lo normado por el BCRA, el cliente del Banco puede constituir PLAZO FIJO EN UNIDADES DE VALOR ADQUISITIVO ACTUALIZABLES POR C.E.R. - LEY N° 25827 (U.V.A. y que en dicho caso el valor del importe depositado se expresará en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por C.E.R. - Ley N° 25827 (U.V.A.), tomando como base de cálculo el valor de la “U.V.A.” del día hábil bancario de la fecha de constitución de la imposición, de acuerdo con el valor publicado por el Banco Central de la República Argentina.
Refiere que el importe de capital a percibir a la fecha de vencimiento será el equivalente en pesos de la cantidad de “U.V.A.” depositadas, calculado según el valor de la “U.V.A.” a esa fecha.
Dice que el interés se calculará sobre el equivalente en pesos de la cantidad de “U.V.A.” depositadas, determinado conforme con lo previsto en el párrafo anterior y que la tasa de interés vigente para este tipo de depósitos a 90 días, actualmente es del 3 % TNAV.
Destaca la naturaleza de su mandante, y cita textualmente el art. 1 de la ley provincial nº 9434 (Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires). Refiere que las resoluciones judiciales que atentan contra las disposiciones económicas, financieras y cambiarias dispuestas por el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo y la entidad rectora de las entidades financieras -B.C.R.A-, pueden traer como consecuencia el colapso del sistema financiero y resultan una violación de garantías constitucionales, en tanto se está consagrando por la vía jurisdiccional la imposición de cargas a unos y de liberalidades a otros, con la consiguiente trasgresión al principio de igualdad, de profunda raigambre constitucional. Advierte que a su entender esto podría colocar al Banco demandado en una situación anómala, al ser obligado a recibir el pago de los préstamos otorgados en una forma y por un monto distinto al convenido, que lo pueden poner en una situación financiera desfavorable y, por ende, ante el riesgo injustificado que lo imposibilite atender las exigencias de todos los depositantes.
Dice que ello podría ocasionar a su parte un grave daño, el cual será irreparable, puesto que hará colapsar no solo la regularidad y funcionamiento de su instituyente como entidad bancaria del Estado provincial, sino también su patrimonio público.
En cuanto al nivel de cumplimiento de los contratos de préstamos UVA otorgados, dice que el Banco de la Provincia de Buenos Aires al mes de octubre de 2019 otorgó 17.630 créditos con esta modalidad y que la mora de la línea es sólo del 2%.
Refiere que ello es de suma importancia, ya que lo único que aduce el actor, a su entender, es su problema para afrontar el pago de la cuota de su crédito –la considera onerosa-, pero no reflejan ningún otro problema específico con relación a las cláusulas del contrato celebrado.
Remarca que el contrato fue celebrado y ejecutado de buena fe -con relación tanto a la entrega de los importes por parte del Banco y cobro de las cuotas acordadas- en un todo conforme a derecho.
Dice que en ningún momento el actor se acercó a la Sucursal acreedora, ni al momento de sacar el préstamo como a los fines de obtener una extensión del plazo de devolución del préstamo, para disminuir de tal manera el importe de las cuotas mensuales.
Refiere que del universo de préstamos otorgados con esta modalidad impuesta por el BCRA, solo 350 casos se encuentran en mora (de 17.600 aprox).
Menciona que de encontrarse alquilando el actor no podría solicitar un alargamiento del plazo para el pago del canon locativo y el porcentaje de incremento del mismo habría sido mayor.
En cuanto al aumento del valor de mercado del vehículo adquirido por la actora considera a su pretensión como un enriquecimiento ilícito por parte de la misma.
Según dice ello se acredita con la simple comparación del boleto de compraventa acompañado al momento de otorgar los préstamos y las cotización actualizada del vehículo.
Aclara que quizás la actora nunca haya querido hacer negocio con su auto, pero entiende que tal condición igualmente se encuentra implícita en todo bien susceptible de apreciación pecuniaria.
Considera que la actora pretende disminuir sus cuotas conforme lo pactado, ello a costa de su mandante, mientras que el valor del vehículo adquirido se ha incrementado. Dice que la demanda deberá ser rechazada por injusta, arbitraria e infundada.
Formula un apartado en el cual funda la inexistencia, a su entender, de abuso de derecho en cláusulas contractuales e intereses aplicados.
Dice que la actora reconoce expresamente que tuvo y tiene en su poder el contrato, con lo cual, resulta falaz su afirmación de que no recibió el mismo, alegando incumplimiento del deber de información por parte de mi mandante. Refiere que su mandante no ha violado el deber de información (art. 4 LDC) tal como pretende hacerlo ver en varias partes de su presentación.
Contesta el planteo efectuado por la actora en relación a las presuntas cláusulas abusivas. Dice que no señala puntualmente cuál es y/o son las cláusula/s que considera abusivas, y el porqué de tal afirmación y el perjuicio que le causa/n, y que se limita a efectuar manifestaciones generales, sin probar ni aportar otro sustento a sus dichos.
Entiende que su demanda como las ampliaciones son descontentos con el aumento del valor de la cuota, y que no hay por parte de su mandante desinformación brindada.
Alega que la actora sostiene que existió un beneficio desproporcionado a favor de mi mandante por el cobro de intereses abusivos, pero nada más aporta, con lo que sus dichos quedan en simples manifestaciones.
Analiza el fallo citado por la parte accionante, afirmando que es de su convicción que no corresponde determinar el límite de los intereses convencionales por Acuerdos Plenarios.
Efectúa una referencia a la figura del abuso del derecho, considerando que en el obrar de su mandante no ha existido abuso de derecho alguno.
Luego realiza un análisis de la facultad de los jueces, intervención en los contratos y resolución en contra de la ley. Hace referencia a la arbitrariedad que implicaría la intromisión del Poder Judicial en un contrato libremente acordado entre las partes.
Dice que resulta necesario analizar cuáles son los límites de los jueces desde dos perspectivas diferentes, remarcando que no es función del Poder Judicial el legislar, que se prohíbe a los jueces expedir disposiciones generales o reglamentarias, debiendo limitarse siempre al caso especial de que conocen.
Luego se refiere a las fuentes de derecho, y a la interpretación de las mismas, así como al deber de resolver por parte del juzgador. Se refiere a jurisprudencia de la CSJN.
En otro apartado trata el abuso de aplicación de la ley de Defensa del Consumidor. Dice que su parte niega la presunta violación de la ley del título, así como también que resulte de aplicación al sublite en la forma pretendida por la actora.
Dice que no ha existido ni existe de parte de su instituyente agresión alguna a las normas de probidad y buena fe en la contratación, ni maniobras violatorias de la citada ley que la actora pretende. Agrega que el Banco no solo cumplió con la totalidad de los términos acordados en los contratos, sino que puso a su disposición la posibilidad de que los obligados se acerquen a las Sucursales, a los fines de obtener una extensión del plazo para la devolución de sus préstamos, para disminuir de tal manera el importe de las cuotas mensuales.
Relata que dicha posibilidad la tuvo y tiene el actor. Entiende que contrario a ello, y pudiendo obtener una baja de la cuota si así lo hubiera solicitado, opto por incoar la presente acción a fin de beneficiarse más allá de lo que le corresponde. Considera que se advierte un abuso por parte del actor, remarcando que del universo de préstamos otorgados con esta modalidad impuesta por el BCRA, solo pocos casos se encuentran en mora (de 17.600 contratos celebrados).
Dice que la conducta del Banco no ha sido abusiva, el monto percibido por su mandante como contraprestación del préstamo otorgado no es indebido o ilegal; y que los préstamos se están ejecutando dentro del marco de lo acordado, y las cuotas percibidas no resultan excesivas injustas o arbitrarias.
Refiere que la actora pretende que se limite el importe de las mismas sobre la base de una proyección no vinculante y que la misma ni siquiera tuvo en cuenta al momento de contratar- a costa de su mandante, mientras que este claramente se ha beneficiado con la adquisición del vehículo para el cual solicitó el préstamo, toda vez que el valor del bien adquirido ha aumentado en mayor proporción que el valor de la cuota a abonar.
Dice que no existe perjuicio irreparable de la actora, toda vez que tal como surge de la valuación de Arba (https://app.arba.gov.ar/LiqPredet/CargarObjetoImponibleSubmit.do) y el boleto de compraventa adunados al presente, el valor del automotor que la actora pretendía comprar ha aumentado entre un 58,35%.
Expone que la actora presentó ante el Banco un boleto de compraventa para la adquisición de un vehículo marca Chevrolet Prisma JOY 4p1,4 LS año 2017 que tenía un valor de $ 234.000 al momento de la compra, y que según se desprende de la cotización de la Tabla de Valores emitida por la Cámara de Comercio Automotor, el valor del automotor modelo 2017 ascendía al momento en el que esta parte apelara la medida cautelar revocada por la Excma. Camara de apelaciones a la suma de $ 484.000 y a la fecha de contestación de la demanda a la suma de $610.000.-. Es decir, que su valor también aumentó.
(http://www.acara.org.ar/guia-oficial-de-precios.php?tipo=AUTOS&marca=VOLKS WAGEN&modelo=Amarok&version=2.0 TDI (122cv) 4x4 C/Doble Startline)
Explica que del listado histórico que se acompaña las cuotas abonadas por la actora han tenido un aumento de más del 160% aproximadamente, y que si el valor del automotor aumentó, no puede esperarse que la cuota no aumente, refiriendo que la cuota aumentó en un porcentaje inferior.
Dice que el Banco de la Provincia de Buenos Aires aquí demandado, que siempre actuó y actúa de buena fe, que un crédito personal para la adquisición de un automotor, ello acordando una tasa de interés fija, muy inferior, según dice, a las otras tasas de interés activas, y un parámetro de actualización del capital (UVA) reglado por la ley especial, y establecido diariamente por el BCRA.
Destaca que sin el otorgamiento del crédito cuestionado, con la modalidad acordada (UVA), la actora no hubiera podido adquirir su vehículo, ya que con los canales tradicionales, la suma que el Banco le hubiera otorgado por sus ingresos declarados sería muy inferior a la efectivamente otorgada.
Refiere que obra en autos una simulación de un Préstamo Personal Tradicional, por la suma obtenida por el actor, ajustado por Sistema Francés amortizable en 48 meses, tomado en mayo de 2017 (iguales condiciones que el que aquí se pretende reajustar).
Dice que los préstamos ajustables por sistema UVA son una herramienta válida para el comercio en general, ello sin que se los desnaturalice como se pretende en este juicio.
Expone que a su entender la acción de reajuste incoada es a todas luces arbitraria y del propio pedido de cautelar y de las constancias de autos, se vislumbra cabalmente cuál es la verdadera intención que esconden en el reclamo de esta demanda, “NO CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN TIEMPO Y FORMA PACTADO LIBREMENTE POR LAS PARTES” (sic).
Luego se refiere a la teoría de la imprevisión y abuso de la posición dominante alegada por la actora, sosteniendo que no resulta de aplicación al caso. Dice que hubo un hecho imprevisible que impidiera el cumplimiento de sus obligaciones por parte de la accionante. Analiza la normativa aplicable y cita doctrina y jurisprudencia a su respecto.
Con respecto al pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley 25827 y de la Circular B 11459/ del BCRA solicitada por el actor, dice que el mismo no indica porque la norma o es su defecto qué parte le causa un agravio tan grande como para requerir la declaración de inconstitucionalidad.
Remarca que no es traído a este proceso el BCRA, autoridad de aplicación y quien dispone el valor de la unidad UVIs –cita art. 6 ley 27.271-.
Posteriormente, el BCRA como autoridad de aplicación determinó que el instrumento de actualización denominado UVI, pase a llamarse UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), limitando, el cambio únicamente al nombre y no modificado el sentido y las condiciones del instrumento.
Explica que reglamento la aplicación del Uva a través de las Comunicaciones A 5945, A 6069 y 11.459 a las cuales por economía procesal se remite, siendo sólo esta última la reputada de inconstitucional por la parte actora.
Resalta que sin dicho crédito de fomento y sin las condiciones acordadas, no se le hubiera entregado la importante suma para adquirir el bien.
Efectúa un paralelismo con la ley de honorarios de la provincia de Buenos Aires (ley 14.967), al regular el valor del “Jus”, y con el sistema específico de actualización monetaria mediante el índice de movilidad Jubilatorio (ley 27.426). Solicita que se rechace la acción, con costas.
Luego se refiere a la medida cautelar, entendiendo que no se encuentran acreditados los elementos para su otorgamiento.
Ofrece prueba en su respaldo, y solicita que se rechace la demanda, se límite el alcance pretendido por el actor del art. 53 de la ley 24240 y se le impongan las costas del proceso. Formula reserva de caso federal.
XVIII. Con fecha 3 de Agosto de 2020 provee la contestación de la demanda, corriendo los traslados pertinentes respecto a la documentación acompañada por la parte accionada y a la oposición a la forma en que fuera propuesta la prueba confesional.
XIX. Con fecha 10 de Noviembre de 2020 la parte actora contesta el traslado conferido, solicitando se fije audiencia preliminar. Asimismo desiste en tal oportunidad de la prueba confesional ofrecida por su parte, al “considerarla innecesaria a tenor del responde efectuado por la demandada” (sic).
XX. Con fecha 18 de Noviembre se evacúa la vista al Sr. Agente Fiscal.
XXI. Con fecha 25 de Febrero del corriente año se llevó a cabo la audiencia preliminar –ver acta de la mencionada fecha-. En la misma, ante la falta de acuerdo, se procedió a proveer las pruebas oportunamente ofrecidas; asimismo, se corrió vista al Sr. Agente Fiscal con fecha 2 de Marzo del corriente año. Con fecha 8 de Marzo se contesta la referida vista por el Sr. Agente Fiscal.
XXII. Con fecha 21 de Mayo del corriente año el perito contador designado presenta mediante escrito electrónico la pericia que le fuera encomendada.
XXIII. Con fecha 3 de Junio del corriente año la accionante denuncia la cancelación de la deuda, sin perjuicio de lo cual manifiesta interés en continuar el proceso.
XXIV. El día 11 de Agosto del corriente año se lleva a cabo la audiencia de vista de causa a fin de tomar declaración al testigo propuesto por la parte actora. Con fecha 13 de Agosto la parte accionante impugna la idoneidad del testigo, y luego del pertinente traslado de fecha 18 de Agosto del corriente año, se resolvió que tal planteo se tendría presente para el momento del dictado de la sentencia definitiva.
XXV. Con fecha 1 de Septiembre del corriente año se certifica el vencimiento del término probatorio; y con fecha 2 se Septiembre la parte accionante desiste de la prueba dirigida al Correo Argentino oportunamente ofrecida.
XXVI. Con fecha 7 de Septiembre del corriente año, en virtud del estado de las presentes actuaciones y el carácter de las mismas se ordenó correr vista al Sr. Agente Fiscal, dictamen que se encuentra producido en autos con fecha 13 del mes indicado.
XXVII. Con fecha 12 de Octubre se llaman “autos para sentencia”, proveído que se encuentra firme y consentido.
I. Circunstancias fácticas. Cuestión en debate.
Vale hacer constar que llega incontrovertida a esta instancia la existencia del vínculo contractual oportunamente anudado por los contendientes. Sin embargo, disienten las partes respecto a la procedencia de las teorías de la lesión o imprevisión aducidas por la parte actora, y eventualmente el reajuste del contrato por ella pretendida.
Partiendo de tales circunstancias fácticas, corresponde efectuar el encuadre legal de la cuestión (arts. 163, 330 inc. 4 y 354 inc. 1 C.P.C.).
A tal fin, cabe aclarar que si bien el principio dispositivo impone que sean las partes exclusivamente las que determinan el tema a decidir, y que el órgano judicial debe limitar su decisión tan solo a las pretensiones deducidas por aquellas (CA1ªCC La Plata, Sala I, causa n° 211.398, reg. 216/92, 8/10/1992), es el juzgador quien establece la normativa que será de aplicación a tal marco fáctico brindado por las partes (conf. Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, sala I autos “Casado, Juan Carlos c. Majema Constructora SRL y otros s/ acción de reducción • 27/11/2014, Cita La Ley Online: AR/JUR/80405/2014).
En este sentido, ha dicho nuestro Máximo Tribunal Provincial que “la determinación del derecho aplicable es resorte exclusivo del juez que debe decidir la controversia -iura novit curia- con independencia de las normas que las partes hayan invocado como sustento de sus pretensiones. En otras palabras, puede el juez enmendar el derecho invocado o suplir el omitido; ello sin infracción al principio de congruencia y de defensa en juicio, puesto que es a los jueces a quienes corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas en tanto y en cuanto no se alteren los hechos o se tergiverse la naturaleza de la acción deducida”-sic- (SCBA LP A 70165 RSD-380-16 S 14/12/2016; “García Urcola, María de las Mercedes c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión indemnizatoria. Recurso exrtraordinario de inaplicabilidad de ley”)
II. Legislación aplicable. Encuadre legal.
a.- Eficacia temporal de Normas Código Civil. Normativa de fondo Habiendo entrado en vigencia el Código Civil y Comercial con fecha 1º de Agosto de 2015 -derogatorio de la Ley 340, Código Civil-, y siendo que el contrato de mutuo bancario que sirve de basamento a la relación jurídica entablada entre las partes se celebró con fecha 11 de Mayo de 2017, es decir, con posterioridad a su entrada en vigencia, éste será sin dudas el ordenamiento jurídico aplicable a los fines de la resolución de la presente contienda (art. 7 Cód. Civ. y Com. de la Nación) Código Civil y Comercial de la Nación. Normas interpretativas.
Constitucionalización del derecho privado.
Sin perjuicio de lo referido anteriormente, considero oportuno señalar que toda interpretación que se efectúe de la legislación aplicable debe hacerse de conformidad con las reglas de los arts. 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación que, como es sabido, son consecuencia de la constitucionalización del derecho privado.
Establecen los citados preceptos que: "Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte”.
"A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho" (art. 1, Cód. Civ. y Com.). "La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento" (art. 2, Cód. Civ. y Com.).
A su vez, tales normas reflejan el necesario diálogo de fuentes que debe existir en toda interpretación y aplicación normativa, para dar coherencia al sistema jurídico en su integralidad (arg. arts. cit.).
Ha dicho nuestro Máximo Tribunal Provincial que "ese mandato, más allá de otras posibilidades -posibles y atendibles, aunque excepcionales- tiene como naturales destinatarios a los jueces: a los jueces concretos y actuales, a los jueces a quienes toca resolver bajo el nuevo código y que tienen la misión de definir la ruta que ha sido señalada (pero no definitivamente trazada) por el legislador. En otros términos: a los jueces, especiales receptores del Capítulo 1 del Título preliminar del nuevo Código, no solo nos toca reconocer ciertas fuentes jurígenas, por el art. 1, o cumplir inexcusablemente ciertos deberes, conforme el art. 3, sino también interpretar el derecho y las leyes -cualesquiera sean: las que se consagran ahora o las del venerable legado de Vélez- a la luz de las pautas actuales: criterios gramaticales, teleológicos, analógicos, integrativos y sistemáticos han de convivir y enlazarse dialécticamente con el reconocimiento de los valores jurídicos y de los principios que (sin perjuicio de su alto grado de abstracción) los actualizan y concretan" (voto del doctor de Lázzari, causa C. 116.714, cit.).” (SCBA "Carasatorre, Juan Pablo y otros contra Visciarelli, José Alberto y otros. Daños y perjuicios", sent. del 27 de septiembre de 2017).
Es por ello que toda interpretación que se efectúe de la legislación aplicable a la presente contienda debe hacerse de conformidad con las reglas de los arts. 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, en un todo conforme con la constitucionalización del derecho privado y el diálogo de fuentes ya referidos. b.- Ley de Defensa del Consumidor como régimen aplicable:
fundamento constitucional. Código Civil y Comercial de la Nación.
Liminarmente, cabe aclarar que el ordenamiento tuitivo del consumidor se encuentra íntimamente relacionado con el derecho en lo Civil y Comercial, del cual depende, por lo que este último inspira el referido “microsistema”.
Habiéndose analizado en el apartado anterior la ley que debe aplicarse al presente proceso, corresponde desarrollar los motivos en virtud de los cuales el régimen especial de Defensa del Consumidor se erige como ley aplicable, con el alcance ya referido.
Es que en los supuestos en que exista colisión de normas, debe evaluarse que no es la ley, sino la Constitución Nacional la que es fuente principal del Derecho Consumerista (Lorenzeti, Ricardo Luis, “Consumidores”, acápite II pág. 44 y 45, 2da. Ed., citado por Sobrino, Walter, “Seguros y el Código Civil y comercial”, su relación con la Responsabilidad Civil, el Derecho de Consumo, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales” Tomo I, pág. 31, ed. La Ley, el destacado me pertenece). Al respecto se ha dicho que “…el estatuto del consumidor es un sistema, en cuanto conforma un todo ordenado e interrelacionado, para la realización de un determinado objeto: la justicia correctiva a favor del consumidor” (CC0002 LM 661 04 RSD 31/2017 S 08/06/2017)
c.- Subsunción del caso planteado en los términos del derecho del consumo.
Adentrándonos en el análisis concreto de la presente causa, se presenta con claridad, en virtud de las circunstancias fácticas que la rodean, que nos hallamos en presencia de una relación de consumo en los términos del art. 42 de la Constitución Nacional.
En efecto, el art. 3 de la ley 24.240 define a la relación de consumo como el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario (ver art. cit.). En virtud de ello, es requisito indispensable constatar, a fin de considerar configurado tal vínculo, por un lado, la presencia de un consumidor y por el otro la presencia de un proveedor.
Es decir si alguna de las partes reúne los requisitos previstos por el art. 1 del régimen legal analizado y si su contraria cumple con los del art. 2 de tal ordenamiento, podemos afirmar que estamos en presencia de una relación de consumo.
En lo que respecta a la noción de “consumidor”, tenemos que la ley 26.361 que reformó a la ley 24.240, amplió considerablemente el ámbito subjetivo de aplicación del régimen consumeril. En efecto, el artículo 1 de la referida legislación establece que su objeto es la defensa del "consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social..." (conf. art. 1 de la ley 24.240 - texto según ley 26.361-). Por ende, queda comprendido en el concepto en estudio todo aquel que adquiere un bien para su uso y/o consumo (ver al efecto “La noción de "consumidor" en la nueva Ley de Defensa del Consumidor” por Rusconi, Dante D., pub. en La Ley Online 0003/013843, art. 42 de la CN y art. 3 de la ley 24.240).
En consecuencia, entiendo que la accionante reviste el carácter de consumidor en los términos legales, habiendo suscripto un contrato de mutuo bancario con cláusulas predispuestas con la entidad accionada; y que la demandada se dedica profesionalmente en el ámbito financiero, configurándose así una relación de consumo entre las partes intervinientes en este proceso (arts. 1, 2 y 3, ley 24.240 conf. ley 26.361; arts. 1092 y 1093, CCyC; art. 42, CN; art. 38, CP, conf. SCBA LP C 120989 S 11/08/2020 Juez SORIA “G., M. F. c/ Banco de Galicia y Buenos Aires s/ Daños y perjuicios”)
Asimismo, vale decir que el ordenamiento tutelar del consumidor es de orden público; encontrándose asimismo resguardado por el proceso de constitucionalización del derecho privado -art. 42 CN-, por lo que resulta ineludible su aplicación en casos como el que nos ocupa (conf. arts. 1, 2 Cód. Civil y Comercial de la Nación, art. 42 y 75 inc. 22 CN).
Los propios redactores del ordenamiento fondal remarcan la importancia de distinguir los contratos de consumo, al referir que corresponde su regulación en concreto en virtud de que "...hay que considerar el rango constitucional de los derechos del consumidor, la amplia aplicación de estas normas en los casos judiciales y la opinión de la mayoría de la doctrina" (Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial 2012, título II, punto I.1, ver tb título III, el destacado me pertenece).
Efectuadas las aclaraciones correspondientes en cuanto al marco de discusión y a la legislación aplicable, corresponde abocarme al tratamiento del supuesto traído a decisión.
III. RELACION CONTRACTUAL. ACERCA DEL CONTRATO BANCARIO Y LA RELACION DE CONSUMO. DEUDA DE VALOR.
En lo que refiere a la relación entablada entre las partes, debemos analizar en primer lugar que nos hallamos en el marco de un contrato bancario, haciendo especial hincapié, tal como fuera adelantado, que el tomador del préstamo en cuestión es un consumidor, circunstancia que posiciona los involucrados en una situación de desigualdad real (arg. art. 42 CN, arts. 1, 2 y ccdtes. Cód. Civ. y Com. Nación, ley 24.240).
A su vez, resulta indudable que corresponde exigir una conducta leal por parte del banco accionado, máxime si analizamos su preferente posición dentro de la referida relación contractual entablada (arg. arts. cit.).
Al respecto se ha dicho que “Con el correr del tiempo se ha generado en torno a los bancos un plexo de actividades complejas, muchas veces sofisticadas y de riesgos cruzados. Ello sitúa el rol de la entidad bancaria demandada en una función especializada que se despliega profesionalmente como garante de las actividades económicas que se realizan por su intermedio, en cuyo cumplimiento debe extremar los cuidados requeridos por los intereses que le han sido confiados (argto. doct. Picasso-Vazquez Ferreyra, T° II Editorial La Ley, pág. 327)” y que “En su calidad de intermediarios financieros, ejercen objetivamente una actividad privada, pero que reviste un intenso interés público y trascendente función social. El desempeño de su actividad requiere ineludiblemente de profesionalidad, idoneidad y experiencia en la gestión y administración de los servicios bancarios. Así, las entidades financieras deben observar las reglas elementales de prudencia y buena organización para precaver de todo perjuicio a su cliente (argto. jurisp. esta Sala, causa N° 150783 RSD 22/13 del 21/2/2013) (Cám. Apel. en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala III, sentencia de fecha 18 de Diciembre de 2018 en autos “Marmol Carlos Eduardo c/ Banco de la Pcia de Buenos Aires s/ daños y perj. incumplimiento contractual", el destacado me pertenece).
Adentrándonos en el tratamiento específico de la de la cuestión traída a debate, y en virtud de las aclaraciones ya formuladas, vale tener por cierta la existencia, términos y circunstancias del contrato de mutuo celebrado entre las partes. Ello en virtud de las manifestaciones vertidas por las propias partes en sus escritos postulatorios, y del análisis del material probatorio arrimado a estas actuaciones (ver escrito de demanda digitalizado con fecha 27/06/2019, ampliación de demanda de fecha 10/03/2020, contestación de demanda efectuada mediante escritos electrónicos de fecha 28/07/2020, audiencia preliminar de fecha 01/02/2021, pericia presentada mediante escrito electrónico de fecha 21/05/2021 y audiencia de vista de causa celebrada el día 11/08/2021 (link https://links.scba.gov.ar/87b104b4-081a-4156-bb4c-d2e72965cd9e/11ed).
Conforme el contrato de mutuo bancario suscripto por las partes “para la compra de automotores consumidores y usuarios de servicios financieros” de fecha 11 de Mayo de 2017, y como contraprestación a la entrega de las sumas acordadas: $210.100- equivalentes en tal momento a la cantidad de 11.265,42- , el actor se obligó al pago de 48 cuotas mensuales y consecutivas, venciendo la primera de ellas el día 30/06/2017 (ver contestación de demanda de fecha 28/07/2020, contrato adjunto en archivo PDF, cláusula tercera).
Se estableció asimismo que los saldos adeudados se actualizarían mediante la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y se expresarían en cantidad de UVA –unidades de valor adquisitivo-. Se aclaró que “…el importe de capital a reembolsar será el equivalente en pesos de la cantidad “UVA” adeudada al momento de cada uno de los vencimientos, calculando el valor de la “UVA” de la fecha correspondiente”, y que en caso de mora correspondería su actualización “…a la fecha efectiva del pago” (ver documentación precedentemente referida, idéntica cláusula).
Vale aquí decir que en supuestos como el de autos en que se toma un valor de referencia para el pago del saldo restante en la contratación –UVA-, nos encontramos ante una deuda de valor (arg. art. 772 y cctes. Cód. Civ. y Com. de la Nación). Así, el art. 772 del Cód. Civ. y Com. de la Nación contempla las obligaciones de valor, al decir que “si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda…”. Dentro de esta calificación se puede evidentemente ubicar al supuesto en estudio, en el cual el valor de la UVA se compone de ciertos elementos que debían ser necesariamente analizados en cada vencimiento (arg. art. referido).
Ha dicho la doctrina en relación a este tipo de obligaciones que “se diferencia de la obligación en dinero en que, siendo ambas obligaciones de dar, en la obligación de dinero se debe cabalmente una suma de dinero, y en la otra, obligación de valor, se debe entregar un valor determinado (un bien, una utilidad, una ventaja, una ganancia o beneficio cierto) que ha de proporcionar el deudor al acreedor. Es distinto, por cierto, que se deba una suma de dinero a que se deba un valor. Sin embargo, es verdad que estas dos obligaciones se unifican o se igualan en una misma forma de cumplimiento, pues las dos se cancelan entregando una suma de dinero: en la obligación de dinero, porque ese era el objeto específicamente debido; y en la obligación de valor, porque el dinero es, según concepción universal, representativo de los valores de todas las cosas y bienes” (“Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias” Análisis doctrinal y jurisprudencial Dir. Alberto J. Bueres, tomo 3ª, Ed. Hammurabi, año 2017, pág. 344). En aditamento a ello, ha dicho la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que “es un rasgo distintivo de la deuda de valor que, en este tipo de obligaciones y a diferencia de las puramente dinerarias, el dinero no aparece in obligatione (lo debido no es dinero sino un valor) sino in solutione (dicho valor debe traducirse en dinero y pagarse en dinero). Se debe un valor pero se paga en dinero”. (SCBA LP C 123271 S 31/03/2021 Juez SORIA (OP) “Brizuela, Rubén Matías c/Transportes Unidos de Merlo S.A.C.I.E.I. y otros. Daños y perjuicios. Autom. c/Les. o Muerte (Exc. Estado)”)
En cuanto al supuesto específico de los créditos UVA creados mediante comunicación “A” 6069 del Banco Central de la República Argentina, se trata de un mecanismo crediticio que determina una unidad de referencia –unidad UVA- que se constituye en el objeto de la obligación de restitución. La deuda de unidades UVA se convierte al momento de vencimiento en una suma de dinero (ver normativa cit.). En estos supuestos, el objeto de la prestación se integra por un valor mediante el cual se pretende cumplir con la expectativa patrimonial del acreedor, manteniendo, en principio, los términos económicos originariamente establecidos.
Empero, ello no garantiza que en ciertos supuestos el valor que se determine en concreto no refleje un desequilibrio en las prestaciones, por motivos ajenos tanto al contrato como a las partes mismas, con lo cual deviene indispensable analizar, en este caso en particular, si concurren los requisitos necesarios para habilitar la aplicación de la teoría de la imprevisión al contrato celebrado entre el Sr. Camesana y el Banco de la Provincia de Buenos Aires (arg. arts. 772, 1091 y ccdtes. Cód. Civ. y Com. de la Nación).
IV. INCUMPLIMIENTO AL DEBER DE INFORMACIÓN POR LA ENTIDAD BANCARIA. PROTECCION DE LA CONFIANZA
Parágrafo aparte, y previo al tratamiento del instituto de la imprevisión, merece la consideración acerca del deber de información y de la protección de la confianza, nociones elementales dentro del microsistema de defensa de consumidor (arts. 4 y ccdtes. ley 24.240).
Existe, sin hesitación alguna, además de las desigualdades económicas propias de la situación de inferioridad en que se encuentra el actor, una notoria diferencia en cuanto al acceso a la información de las vicisitudes del mercado entre la entidad financiera (pleno acceso) y al consumidor (marco acotado).
Y es que más allá de que la parte accionada remarcó que en todo momento se comunicó al cliente la variabilidad del crédito, y el alea que implicaba la toma del mismo, lo cierto es que ese profundo cumplimiento no surge con claridad de la prueba producida en autos (arg. art. 53 ley 24.240).
En efecto, se desprende que el empleado del banco que prestó declaración testimonial, y que fuera sindicado por la propia entidad como interviniente en la contratación no tuvo contacto personal con el Sr. Camesana (ver minuto 13:20 audiencia de vista de causa, link https://links.scba.gov.ar/87b104b4-081a-4156-bb4c-d2e72965cd9e/11ed, ver respuesta a oficio de fecha 04/03/2020).
Ha dicho textualmente el testigo que “yo con el seguramente no, no tuve” (13:32 ver link AVC transcripto) “no estoy en la línea de la atención al público” (13:40, ver link AVC transcripto).
Mal puede hablarse del cumplimiento del deber de información con relación al cliente, cuando no se ha presentado en autos quien ha tenido contacto efectivo con el mismo. He de poner de resalto aquí que el Banco accionado, al serle solicitada tal información respondió: “se informar que el personal Interviniente en la contratación del Préstamo Personal UVA Automotor efectuada de manera presencial por el Sr. Camesana es: Martin Adrian Etcheberrigaray con domicilio en Avda. Independencia N°3205 de Mar del Plata” (sic) (ver respuesta al oficio efectuada por el Banco accionado con fecha 04/03/2020).
Por ende, no se ha acreditado en autos ni quién ni de qué manera le proporcionó al actor la información respecto al mutuo bancario y sus pormenores (arg. art. 4 ley 24.240).
Es más, ni siquiera se desprende de la declaración del testigo Etcheberrigaray, -quien resultaba ser “subgerente operativo”, es decir, el personal jerárquicamente superior a quien le hizo suscribir el contrato al Sr. Camesana-, que él mismo realmente entendiera en profundidad el crédito que se estaba fomentando. El testigo aclaró que la línea de créditos, en ese entonces “era nueva” remarcando, asimismo, que “era compleja” (ver audiencia de vista de causa, minuto 28:10 y 28:25 aprox., link transcripto).
A su vez, con respecto a la variabilidad de cada cuota, aclaró que eso se establecía en el contrato –vale aclarar aquí, de adhesión- pero que igualmente se le explicaba (ver audiencia de vista de causa minuto 29:20 aprox., link referido). En sumatoria a lo expuesto, resulta contradictorio que el testigo afirma que se le explicaba a los clientes del Banco respecto al contenido de la línea de créditos UVA, y luego él mismo reconoce que la operatoria no era tan clara para los propios empleados del Banco. Explicó: “entre nosotros nos sacábamos las dudas” para después “poder explicarle” al cliente (ver audiencia de vista de causa, minutos 29:41 y 29:37 aprox., referido link).
Ha dicho la jurisprudencia que “el cliente del banco tiene derecho a contar con una información completa sobre la evolución de la cuenta corriente al tiempo de sus requerimientos, con suministro de aclaraciones necesarias para su comprensión, toda vez que el cliente bancario promedio no conoce las normas y técnicas que regula un campo tan complejo que incursiona en el ámbito de las matemáticas financieras, ello no pretende dotar al consumidor el carácter de privilegiado, sino simplemente reconocer su situación de debilidad estructural en el mercado y construir un sistema de soluciones que lo eleve a una posición de igualdad real y seguridad jurídica a la hora de informarse sobre los productos y servicios ofrecidos (ley 24.240, art. 4)…” (CNCom. Sala A 30-8-2000 “Podestá Pedro Miguel s/ Banco del Buen Ayre SA s/ ordinario cit. por Wajntraub Javier H. “Régimen jurídico del consumidor”, Ed. Rubinzal-Culzoni, año 2020, pág. 45).
Sumado al deber de información que recae sobre la entidad financiera, la misma debe asimismo resguardar en todo momento la confianza que le es debida por parte de su cliente. En cuanto a la protección de la confianza respecto a la parte débil, ha dicho la doctrina que “… debemos diferenciar los vínculos jurídicos de igual poder negocial de aquellos que no se celebran en igualdad de condiciones (contratos de adhesión y/o de consumo), que es donde el principio de confianza adquiere mayor intensidad y fundamento en los comportamientos” (Weingarten Celia “El principio de confianza en el Código Civil y Comercial”, Ed. Rubinzal- Culzoni, año 2020, pág. 61).
Y que “no ha de recibir la misma solución en un contrato de negociación individual, en el que priva la autonomía de la voluntad, y en el que los sujetos se encuentran en simetría informativa, que en un contrato de consumo, en el que ha de tenerse en cuenta la calidad de los sujetos intervinientes, la minusvalía del consumidor frente al poder dominante de las empresas, la escasa información con la que cuenta, que muchas veces se traduce en publicidad engañosa e inductiva, lo que lo lleva a una menor seguridad, certidumbre y el necesario reemplazo por la confianza. Es aquí entonces donde el nivel de confianza se incrementa” (Weingarten C., ob. cit, pag 62, el destacado no es de origen)
Es que en este tipo de supuestos, el consumidor se entrega a la propuesta efectuada por el proveedor: “…el hombre actúa por motivaciones, y la primordial es la expectativa de confianza que supera la incertidumbre en cualquier orden, especialmente en el ámbito jurídico-económico para romper con los riesgos del mercado, creando un marco de expectativa favorable a su acceso, evitando daños innecesarios. La expectativa de confianza nace fundamentalmente a partir de la credibilidad objetivizada, que es la que orienta el comportamiento y guía las decisiones del individuo y sus intencionalidades, especialmente a los consumidores” (Weingarten, Celia, “El valor económico de la confianza para empresas y consumidores”, pub. en Jurisprudencia Argentina , TR LALEY 0003/007748) Y no obstante que el crédito tomado por el Sr. Camesana formaba parte de una línea fomentada por el propio Estado Nacional, no debemos obviar aquí que el Banco accionado adoptó un rol activo en la publicidad de ese tipo de contrataciones (ver audiencia de vista de causa, link transcripto, declaración testigo Etcheberrigaray minuto 15:27 aprox.). En este sentido, se ha dicho que “la confianza vuelve exigibles las razonables expectativas que objetivamente una declaración, comportamiento o apariencia han generado. No es entonces la voluntad lo que fundamenta el contrato, sino la confianza jurídicamente protegida” (Weingarten C., ob. cit., pág. 64). Por ende, la oferta de este tipo de créditos fue impulsada por la entidad financiera demandada, aun cuando tales lineamientos fueron determinados por el Estado Nacional, resultando de plena aplicación la teoría de la apariencia. Ante tal panorama, el Sr. Camesana (consumidor) aceptó, sin reparos y en base a la expectativa generada basada en la confianza, el crédito en cuestión.
La doctrina se ha expedido a este respecto, al decir que “el sistema es inextricable porque la complejidad técnica que presenta es abrumadora; es anónimo porque no se puede conocer al dueño o su responsable. Sin embargo el sistema genera fiabilidad a través de su funcionamiento reiterado, las marcas, el respaldo del Estado y otros símbolos. Las pruebas que realiza el consumidor para verificar la seriedad son muy pocas y generalmente inicuas; se basa en un conocimiento inductivo débil....Es necesaria la confianza, porque esta se encuentra en la base del funcionamiento del sistema experto, inextricable y anónimo, y es el lubricante de las relaciones sociales. Por ello debe ser respaldada juridicamente, tanto con el establecimiento de presunciones como mediante imputaciones de responsabilidad, utilizando para ello la regla de la apariencia jurídica” (Lorenzetti, Ricardo, "Consumidores", Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 70 y sgtes., el destacado no es de origen).
En este mismo orden de ideas, la Sala Tercera de nuestra Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Departamental ha efectuado aplicación de la teoría de la apariencia en casos regidos por la normativa consumeril, afirmando que “…si se ha sugerido determinada apariencia, quien lo ha hecho queda obligado a cumplir en la medida en que la otra parte ha podido creer en ella, aun cuando la situación creada no se corresponda con la realidad o con la voluntad de quien la haya generado…La apariencia se analiza teniendo en cuenta los arts. 8 y 40 de la Ley 24.240 (y mod.), en tanto allí se establecen los efectos de la publicidad y, precisamente, de la apariencia creada por el contenido de la misma y/o por el uso de una determinada marca o nombre comercial (CC0103 MP 149950 6 S 01/02/2017, autos “Zubillaga, Osvaldo Martin y otra c/ Tapia Mario Rubén y otros s/ Daños y Perjuicios”).
En consecuencia, surge a las claras que el Banco demandado no ha reguardado el principio de confianza que se encontraba a su cargo, ni ha cumplido con el deber de informar de manera precisa al Sr. Camesana respecto al contenido y consecuencias del contrato de mutuo celebrado, ello sin perjuicio de la procedencia de la teoría de la imprevisión al presente caso, tal como se analizará a continuación (arg. arts. 42 CN, arts. 4, 8, 53 y ccdtes. Ley 24.240).
V. TEORIA DE LA IMPREVISIÓN. APLICACIÓN AL CONTRATO DE MUTUO BANCARIO ENTABLADO ENTRE LAS PARTES. SOLUCION DEL CASO.
Sabido es que la libertad de contratación implica, no solo que las partes de un convenio tienen plena autonomía para determinar su contenido, sino que asimismo una vez establecida esa voluntad común, lo pactado las obliga como la ley misma (arg. arts. 958, 959 Cód. Civ. y Com. de la Nación).
Ahora bien, tales directrices generales resultan incuestionables en supuestos en que las partes son verdaderamente libres de contratar –y no cuando, como ya fuera referido, existe una desigualdad real que impide las negociaciones en paridad de condiciones-, y cuando las expectativas que tuvieron en miras las mismas al convenir no sufran graves modificaciones no atribuibles a los contratantes que rompan con el esquema contractual originario.
Así, la teoría de la imprevisión “…da una respuesta justa y equilibrada…” a la situación de quien resulta perjudicado por haber cambiado radicalmente las circunstancias tenidas en cuenta al momento de contratar, expresa o implícitamente, de modo tal que su prestación deviene excesivamente onerosa respecto del otro, con grave ruptura del equilibrio real del contrato (ver Pizarro-Vallespinos “Tratado de Obligaciones”, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 99, año 2017)
Ha dicho la doctrina a su respecto que “la onerosidad excesiva, expresión que debe ser entendida como desmesurada, exorbitante, intolerable, debe tener entidad suficiente para degradar la ecuación negocial, desnaturalizando como lógica consecuencia el querer contractual…” (Pizarro-Vallespinos, ob. cit., pág. 114) Corresponde en esta instancia aclarar, que si bien el accionante invoca la aplicabilidad de la teoría de la lesión al presente caso, para luego aludir a la procedencia de la teoría de la imprevisión, considero que la primera de ellas resulta inaplicable al caso por no haber existido un desequilibrio al momento del nacimiento del acto jurídico, sin perjuicio de lo cual, la segunda de ellas se ajusta a lo acaecido en autos (conf. art. 332, art. 1091 Cód. Civ. y Com. de la Nación).
Es que al momento de contratar no se evidenciaba una ventaja desproporcionada y sin justificación en favor del banco, con lo cual de lleno se desplaza la aplicación de la teoría de la lesión (arg. art. 332 Cód. Civ. y Com. de la Nación).
En cuanto al instituto de la teoría de la imprevisión, considero de relevancia mencionar que es un mecanismo de suma utilidad para paliar la grave ruptura del equilibrio real del contrato, para el supuesto que amerite acudir a esta solución, situación que entiendo se encuentra configurada en el presente caso. Veamos. a) Análisis de la prueba producida y del desarrollo de la relación contractual.
Tenemos que, tal como fuera ya mencionado, el convenio de mutuo objeto de autos fue celebrado por las partes el día 11 de Mayo de 2017.
Resulta con claridad de la prueba producida a lo largo de la presente causa que al momento de concurrir el acuerdo de voluntades, el préstamo bancario solicitado por el Sr. Camesana se presentaba como hondamente conveniente. Ello, en base al bajo interés pactado -8%- y a las expectativas de mercado que indicaban que la inflación esperada para los meses (y años) subsiguientes comprendidos en la contratación, iba a tener una gran tendencia a la baja, circunstancia que tornaba el contrato (en apariencia) sumamente conveniente. En efecto, el propio empleado de la entidad financiera, el Sr. Etcheberrigaray, refirió en su declaración que “esa unidad de valor adquisitivo…ese índice que fue empleado por el poder ejecutivo en su momento, fue por un DNU, y después esa creación fue enviada al Banco central que es quien regula las entidades financieras…nosotros teníamos que fomentar esa línea de créditos para que los clientes se acercaran y sacaran la línea… en su momento tuvo la tasa muy atractiva” (ver audiencia de vista e causa de fecha 11/08/2021 link https://links.scba.gov.ar/87b104b4-081a-4156-bb4c-d2e72965cd9e/11ed, aproximadamente minuto 15:27).
Esta conclusión se refuerza con la mera lectura de las “Expectativas de Mercado” publicadas en el sitio web del Banco Central en Abril de 2017 –mes anterior a la toma del crédito por el Sr. Camesana-, y que demuestran el contexto en el cual se encontraba situado el actor, reflejando mediante gráficos el alentador panorama existente en tal ocasión (ver “Resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM)” relativos al mes de Abril de 2017, publicados en https://www.bcra.gob.ar/ y adjuntos a la presente sentencia en archivo PDF, pág. 8 gráfico 1.6 “Expectativas de inflación mensual- IPC nacional-“, pág. 9 gráfico 1.7 “Expectativas de inflación anual — IPC-Nacional”).
Aun cuando las proyecciones contenidas en los instrumentos mencionados no son vinculantes, ellas reflejan cuál era el pronóstico macroeconómico que aconsejaba a consumidores como el Sr. Camesana a solicitar mutuos sujetos a actualización por UVA y no otra opción crediticia, por el bajo costo financiero atribuido a este tipo de préstamos, que eran anunciados, en cierta medida, como una modalidad de ahorro (ver en este sentido autos “Butera Falvio Damian c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ medidas cautelares” Cám. Civ. y Com. II de Azul, causa 66.791, sent. del 18 de Marzo de 2021)
Resulta, entonces, necesario evaluar la etapa de ejecución de dicho convenio, para luego concluir si el contrato celebrado válidamente en su génesis ha sufrido algún tipo de afectación en el equilibrio negocial, a raíz de causas sobrevinientes al mismo y ajenas a las partes (arg. arts. 259, 1091 Cód. Civ. y Com. de la Nación) Según las mencionadas “Expectativas de Mercado”, luego de efectuar un estudio sobre las proyecciones del índice de precios al consumidor en el ámbito del Gran Buenos Aires, las cuales “…se revisaron a la baja” a nivel nacional, la inflación esperada a nivel nacional también fue en descenso (ver “Resultados…” mes de Abril de 2017, pags. 4 y ssgtes., gráficos anteriormente referidos). Para los 12 meses subsiguientes a la toma del crédito se esperaba que la inflación fuese del 17,5%. Según lo informado por los especialistas que intervinieron en la elaboración del REM, la inflación continuaría bajando al mes de Abril de 2019 -24 meses luego de la toma del crédito- hasta rondar en 14%, y seguiría en baja hasta culminar en una expectativa anual de inflación del 9,8% a diciembre del 2019 (ver gráfico 1.7, documentación ya referida).
Tal proyección fue negativamente superada por la realidad, como puede observarse de la pericia realizada y los instrumentos posteriormente publicados por el Banco Central, que demuestran el grosero error incurrido en tales proyecciones (ver Anexo IV pericia contable presentada mediante escrito electrónico de fecha 21 de Mayo de 2021, cuadro “inflación”, “Errores de Pronóstico del Relevamiento de Expectativas de Mercado –REM-” de fecha Noviembre de 2021, publicados por el Banco Central en su sitio web oficial, ya referido, Anexo II, cuadros 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 “Expectativas de inflación IPC Nivel General” años 2017, 2018, 2019 y 2020 respectivamente).
A modo ilustrativo, la inflación trepó al 47,65% en el año 2018, y al 53,8% en el año 2019 (ver https://www.lanacion.com.ar/economia/dolar/inflacion-diciembre-2018-indec-precios- - n i d 2 2 1 1 0 9 1 / , https://elpais.com/economia/2020/01/15/actualidad/1579119241_444665.html , fallo ya cit.).
Para explicar el impacto que tuvo la inflación en este tipo de préstamos, cierta doctrina ha dicho que “los llamados créditos UVA/UVI causan obligaciones de valor sujetos a indexación, que se insertan en el contexto económico argentino de combate a la inflación. Ese mismo contexto es el que justifica le mecanismo elegido de protección del valor de lo prestado, pero es a su vez lo que terminó modelando una marcada desprotección del deudor”.
No debemos soslayar que los créditos UVA son contratos celebrados por adhesión a condiciones contractuales generales, por tanto “la respuesta a la conflictividad existente solo podrá ser encontrada atendiendo a la dimensión colectiva del problema” (“Las relaciones contractuales en tiempos de emergencia. Contratos Resilientes; SOZZO Gonzalo, págs. 393, 408 Ed. Rubinzal-Culzoni). Aclarado el contexto, indispensable para analizar en profundidad el alea del contrato celebrado entre las partes, vale decir que si bien la naturaleza misma del convenio comprendía las vicisitudes propias del mercado, lo cierto es que lo sucedido con posterioridad superó ampliamente toda proyección y expectativa posible. Tal como surge de la pericia contable producida en autos, el actor abonó al inicio de las presentes actuaciones 23 cuotas del convenio de mutuo, habiendo cancelado en esa sumatoria de pagos -los cuales ascienden a $160.985,97 la cantidad de 6.397,45 UVA- (ver anexo II, escrito electrónico de fecha 12 de Mayo de 2021). Ello sin perjuicio del pago posterior efectuado para cancelar el crédito en estudio, el cual fuera realizado bajo reserva de continuar con la presente causa (ver escrito electrónico de fecha 03/06/2021).
Desmembrando cada una de las cuotas vencidas, tenemos que la primera de ellas, luego del cálculo de sus componentes del modo establecido en el convenio –UVA; interés 8%- ascendía a la suma de $6.270,73 con un valor unitario de UVA de 19,33 (ver pericia contable referida, anexo II). Puede observarse claramente el aumento del valor unitario de la UVA, alcanza el valor de $40,16 con fecha 31/08/2019, (ver pericia contable del 21/05/2021 anexo II y respuesta al punto de pericia propuesto por la actora, pág. 2). Si bien el Sr. Camesana abonó sendas cuotas luego de la estos pagos referidos (habiéndose ya iniciado la presente causa), la pericia resulta ilustrativa para verificar el fuerte impacto de la inflación en el mutuo en análisis.
A ello se le suma lo aportado por el auxiliar de justicia en relación al incremento del valor UVA desde la contratación hasta la fecha de la pericia, en el sentido de que “dado que a la fecha de contratación el valor UVAs ascendía a $18,65 y a la fecha del presente informe asciende a $74,87 se determina que ha aumentado un 401% en el periodo informado” (ver pericia contable producida mediante presentación electrónica de fecha 21/05/2021, respuesta a punto de pericia planteado por la parte actora, pág. 2, el destacado no es de origen).
En cuanto a qué conceptos componen cada uno de los débitos efectuados en la cuenta corriente del actor, es dable remarcar que ello no pudo ser determinado en la pericia contable porque no se ha puesto a disposición del profesional “….detalle de composición de cada uno de los débitos efectuados por el Banco”, denotando de esta manera la falta de colaboración en este aspecto por parte de la entidad demandada (ver respuesta al punto de pericia propuesto por la actora, pág. 2 del escrito electrónico ya referido, art. 53 3° párr. Ley 24.240).
De la documentación analizada, y reforzada por la pericia ya referida, surge que: “la primera cuota del 30/06/2017 fue de $6.270,73, y la última cuota hasta la fecha 31/08/2019 de $11.044,87. Aumentó 76,13% valor uva 30/06/2017: $19,33 valor uva 31/08/2019 $40,16. Aumentó 107,76. Capital adeudado al día de la fecha $100.226,71” (ver nota presentada por la parte actora, suscripta por responsables del Banco demandado, con fecha 11 de Septiembre de 2019, fs. 114 digitalizada con fecha 27 de Septiembre de 2019 y reforzada por la pericia contable de fecha 12 de Mayo de 2021).
Aquí he de hacer una salvedad, que no modifica en absoluto la suerte de la presente acción, y es que existe una discordancia entre la cantidad de cuotas que el auxiliar de justicia tiene por abonadas a los efectos de la pericia -23 en total- (ver informe de fecha 21/05/2021) de las que surgen del listado histórico del préstamo presentado por la accionada (ver escrito de fs. 125/127 presentado por la parte actora, digitalizado con fecha 27/09/2019: 27 cuotas liquidadas relativas al crédito en cuestión al día 06/09/2019); y que se corresponde en cierta medida con el listado presentado por la accionada (ver escrito de fs. 156/157 presentado por la demandada y digitalizado el 19/11/2019: aproximadamente 28 cuotas liquidadas al día 31/10/2019.
A su vez, al escrito presentado por la actora con fecha 10/12/2019 a fin de denunciar el incumplimiento de la medida cautelar oportunamente ordenada, se adjunta constancia extraída de la página web del banco que revelaría que el actor efectuó el pago de hasta la cuota n° 30 inclusive del mutuo en cuestión, circunstancia reconocida por la entidad accionada en su presentación electrónica de fecha 17/12/2019 (ver presentaciones electrónicas de fecha 10/12/2019 y 17/12/2019). Volviendo al momento inicial de celebración del contrato de mutuo bancario, la parte actora habría acudido, según sus dichos, al “REM” -Relevamiento de expectativas de mercado- publicados por el BCRA. Y resulta posible que los acontecimientos hayan transcurrido de esa manera, ya que en un obrar diligente hubiese sido lo esperado al momento de convenir un crédito de la índole del tomado por el Sr. Camesana (art. 9, 961 del Cód. Civ. y Com. de la Nación).
Máxime teniendo en cuenta que tal información provenía de una entidad oficial reconocida, como es el Banco Central de la República Argentina, y que en su propio sitio oficial indica que el mentado relevamiento permite un seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo sobre la evolución de la economía argentina y es generado a partir de una encuesta realizadas a personas especializadas, del país y el extranjero (https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Relevamiento_Expectativas_de_ Mercado.asp)
“La información que proporciona resulta de gran relevancia, no sólo para las decisiones de política monetaria y económica, sino también para las decisiones de consumo e inversión, constituyéndose como un bien público al proveer a la comunidad la mejor información posible respecto de las estimaciones que realizan los especialistas sobre el comportamiento futuro de las principales variables económicas” (ver sitio web precedentemente mencionado, el destacado no es de origen).
A su vez, he de remarcar que la entidad mencionada que publicó en su sitio web tales proyecciones tiene por objeto proteger los derechos de los consumidores, en tanto en el art. 4 de su Carta Orgánica (ley 24.144) se dispone “son funciones y facultades del Banco…h) Proveer a la protección de los derechos de usuarios de servicios financieros y a la defensa de la competencia, coordinando su actuación con las autoridades públicas competentes en estas cuestiones”. Incluso, se ha dicho que a partir de la sanción de dicha ley “…el Banco Central abandona el rol distante sobre la relación de las entidades que este regula y su clientela, para convertirse en un verdadero ente de contralor de créditos cedidos por entidades financieras; Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra (Boquin Gabriela – Rodriguez Gonzalo, “La defensa del consumidor. Práctica forense- Jurisprudencia- Doctrina; Ediciones dyd, año 2017, pág. 107).
Por ende, si bien existía dentro del alea propio del contrato de las características del suscripto por el Sr. Camesana, cierta incertidumbre respecto a cuánto ascendería mensualmente el valor de la cuota a abonar, en modo alguno es posible asumir que un aumento de la UVA desmedida e imprevista aún por el pronóstico publicado por el BCRA –como veremos a continuación- se encontraba comprendido dentro de ese riesgo (ver sitio web http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Relevamiento_Expectativas_de_M ercado.asp)
Los grandes picos inflacionarios sobrevinientes a la contratación entre los contendientes de ninguna manera pudieron haber sido previsto por las partes, y menos aún por el Sr. Camesana, quien posiblemente contrató el mutuo sin reparos con plena convicción de que el mismo le era conveniente y que iba a poder abonar las cuotas mensuales sin mayores inconvenientes.
Por otro lado, aun cuando la parte accionada ha dicho en su escrito de contestación de demanda que para aminorar las dificultadas habidas en el pago de cada cuota el Sr. Camesana pudo haber solicitado la extensión propuesta por el Banco Central para el pago del crédito, no solo que tal prolongación se trató de una facultad en cabeza del actor –y no una obligación-, sino que ello no hubiera modificado en absoluto la excesiva onerosidad aquí analizada, toda vez que tal medida se limitaba únicamente a extender el número de cuotas originariamente pactado, sin alterar el monto total del mutuo (arg. art. 1091 Cód. Civ. y Com. de la Nación, ver comunicación 6069 del BCRA, ver escrito electrónico de fecha 28/07/2020).
Con respecto a la teoría de la imprevisión, que como fuera adelantado considero plenamente aplicable al caso traído a solución, vale decir que el art. 1091 capta a los contratos conmutativos y aleatorios, de ejecución diferida o continuada. Como requisito inexorable para la procedencia del instituto, debe existir, así como exige el precepto, una “alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada”.
Este recaudo de procedencia que exige la existencia de "una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración” remarca que el hecho generador de la alteración extraordinaria debe ser necesariamente imprevisible, por cuanto toda otra alteración que no cumpla con tal calificativo integraría el riesgo asumido por la parte afectada al tiempo de contratar (arg. art. cit.). Ha dicho nuestro Máximo Tribunal Provincial que la imprevisión es toda alteración que “…excede los niveles de lo habitual y prudentemente previsible. La imprevisión debe valorarse de acuerdo a las circunstancias del caso” (SCBA LP B 56704 S 11/04/2012 Juez DE LAZZARI “Agremiación Médica Platense c/Provincia de Buenos Aires (I.O.M.A.) s/Demanda contencioso administrativa”, el destacado no es de origen).
Al analizar en qué consiste el requisito de “alteración extraordinaria”, ha dicho la doctrina que “…Según el Diccionario de la lengua española, "extraordinario", en su primera acepción, significa 'fuera del orden o regla natural o común' (12). Una alteración extraordinaria sería, entonces, la que se aparta del orden natural o común. Apelando a la terminología del art. 1727 del Cód. Civ. y Com., sería una alteración que no acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas. Naturalmente, esto solo se puede discernir teniendo en consideración las circunstancias de cada caso. De todos modos, la categoría no puede interpretarse con una exageración tal que virtualmente impida aplicar la normativa de la imprevisión, (que, como toda norma jurídica, se diseñó para ser aplicada). No es necesario que se trate de una catástrofe (por ejemplo, una guerra, un terremoto o una invasión).. En términos abstractos, puede ser "simplemente" una inundación, una sequía, un granizo, un fenómeno inflacionario, un cambio normativo, una deflación, un cambio en la política tributaria, una medida aduanera, etc.. También de una devaluación, por supuesto. Siempre que el evento sea extraordinario, se entiende” (“La devaluación de 2018 y la imprevisión. A propósito de una medida cautelar”. Sánchez Herrero, Andrés; pub. en LA LEY 04/02/2021, el destacado no es de origen).
Como ya fuera expuesto, las circunstancias sobrevinientes a la contratación excedieron lo habitual y previsible, configurándose el requisito establecido en la norma en cuestión. En sumatoria lo expuesto, a raíz de la coyuntura económica mencionada, el Banco Central de la República Argentina acordó con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina implementar un mecanismo de compensación para amortiguar el incremento que deberían afrontar en febrero de 2020 las cuotas de los deudores hipotecarios UVA (ver https://www.bcra.gob.ar/Noticias/Deudores-hipotecarios-uva.asp). Y si bien se trata de una medida aplicable únicamente a los créditos hipotecarios a raíz del congelamiento previamente dispuesto por el aumento desmedido, lo cierto es que ello revela con claridad cómo se disparó el valor de la unidad de medida analizada en estos actuados (UVA), dando ello cuenta de las imprevistas vicisitudes sufridas por los tomadores de los créditos dependientes de tal unidad.
Es que la inflación inusitada superó las expectativas de que una persona con diligencia razonable habría tenido al momento de contratar. En efecto, ni los especialistas en la materia pudieron prever lo que sucedería con posterioridad a nivel macroeconómico, y que repercutiría –negativamente- en los créditos otorgados bajo la modalidad “UVA”.
En consonancia con ello, en el mes de Noviembre de 2021 se han publicado en el sitio oficial del Banco Central de la República Argentina los “Errores de pronóstico del Relevamiento de Expectativas de Mercado” (REM), que dan cuenta del yerro incurrido por los analistas al momento de efectuar las proyecciones de mercado, con anterioridad al año 2018, precisamente momento en el cual el Sr. Camesana suscribió el contrato de mutuo bancario con la entidad demandada –Mayo de 2017- (ver “Errores de Pronóstico del Relevamiento de Expectativas de Mercado –REM-” de fecha Noviembre de 2021, publicados por el Banco Central en su sitio web oficial, ya referido)
De tal instrumento se desprende que “las y los pronosticadores que participaron en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) han exhibido errores significativos en sus predicciones en los últimos 3 años. En parte, los elevados niveles de incertidumbre y la imposibilidad de prever la dimensión y precisión temporal de los shocks devaluatorios que se sucedieron durante 2018-2019 y la irrupción de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, condujeron generalmente a una amplia brecha entre los datos efectivos y los proyectados” (“Errores de Pronóstico…” cit. pág. 5, el destacado me pertenece).
Al referirse a la inflación minorista, el documento en estudio refleja que “hasta mediados de 2019, quienes participaron en el REM proyectaron trayectorias con tendencias generalmente descendentes de la inflación, que luego no se observaron. Por el contrario, la inflación exhibió una aceleración significativa hasta niveles muy elevados (“Errores de Pronóstico…” cit., pág. 5)
“La inflación interanual proyectada por la mediana del REM con 12 meses de antelación muestra un fallo significativo, con un error absoluto promedio entre 17% y 67% del dato observado hasta dic-20. Las y los analistas subestimaron sistemáticamente hasta mediados de 2019 la inflación que ocurriría 12 meses después” (“Errores de pronóstico…” cit. pág. 6)
Y aquí vuelvo a aclarar que la celebración del mutuo que unió a las partes contratantes no se basó en un conocimiento erróneo del actor respecto del objeto del acto, ni a un engaño por parte del banco, ni mucho menos a un aprovechamiento de este último respecto a su inexperiencia, sino sencillamente a que en la fecha en que el Sr. Camesana suscribió el préstamo en cuestión, la debacle económica acaecida con posterioridad no pudo haber sido por él –ni por nadie- prevista. Se trató, asimismo, de un acontecimiento completamente ajeno a las partes y que no fue provocado por el propio accionante.
Ello por cuanto al momento de celebrarse el contrato de mutuo, y tal como fuera referido anteriormente, no se evidenciaba una ventaja desproporcionada y sin justificación en favor del banco, sino que, muy por el contrario, el préstamo se presentaba como conveniente, en base a las expectativas de mercado (ver “Resultados…mes de Abril 2017” ya referidos, y declaración testimonial analizada a continuación).
Y si bien la inflación se ha presentado en nuestro país casi crónicamente, circunstancia que de lleno excluiría la procedencia de la figura en estudio, lo cierto es que en el caso analizado y en los períodos en los cuales ha contratado el actor excedieron el marco de lo habitual y previsible, afectando severamente el sinalagma contractual. Es que debe analizarse el contexto concreto en el cual las partes celebraron el contrato (arg. art. 1091 Cód. Civ. y Com. de la Nación). El testigo Etcheberrigaray, quien si bien se encuentra comprendido en las generales de la ley respecto al Banco demandado surge a las claras la objetividad de su declaración (conf. SCBA LP L 107785 S 03/10/2012 "Giménez, Claudia Elizabet c/Ródenas, María Teresa s/Indemnización por despido"), destacó que en el período en el cual el Sr. Camesana solicitó el crédito el mismo era atractivo, afirmando -sin dudar- que él mismo lo hubiera tomado (ver minuto 45 de la audiencia de vista de causa, link ya transcripto).
Sin embargo, la plena seguridad con la que respondió acerca de la toma del crédito en tal oportunidad, rápidamente fue desbaratada cuando se le continuó preguntando si mantendría esa decisión habiendo analizado lo sucedido, con posterioridad, a nivel económico.
En efecto, en menos de dos minutos de tal aserción, refirió -vacilando- que luego en la historia del crédito “uno dice... no es lo que pensaba” pero que al momento de sacar el crédito “eran una cosa…” (ver minuto 46:47 aprox. audiencia de vista de causa, link transcripto), escudándose luego en que eran líneas que bajaba el Banco Central, y que la entidad demandada nada podía hacer al respecto (ver minuto 47:20 aprox, audiencia de vista de causa, link transcripto).
A mayor abundamiento, esta duda generada a raíz de los hechos posteriores a la toma del crédito terminó por convencer al propio testigo durante su declaración, al decir el mismo que “hoy” con el “resultado” no saca el crédito (ver declaración del testigo, minuto 48:00 aprox. audiencia de vista de causa, link transcripto), fundando su decisión en que “los índices subieron demasiado” (ver minuto 48:15 aud. ref.), reforzando en que “hoy no lo sacaría… realmente no lo sacaría” (ver minuto 48:28 aud. ref.) finalizando de manera contundente la pregunta con un: “hoy no” (ver minuto 49:15, aud. ref.).
Por otro lado, se presume el desequilibrio de las prestaciones como resultado de la situación extraordinaria ya referida, toda vez que el Banco accionado se limitó a efectuar un comparativo respecto al valor del automotor adquirido con el préstamo solicitado por el actor, sin perjuicio de lo cual no ha demostrado que la prestación a su cargo se ha vuelto asimismo más onerosa, máxime teniendo en cuenta que el objeto del contrato de autos encuadra en un préstamo personal (art. 53 Ley 24.240, ver contestación de demanda y contrato de mutuo adjunto a la misma, escrito electrónico de fecha 28/07/2020).
No solo no se han acreditado los extremos invocados por la accionada ni ha aportado la misma punto de pericia alguno tendiente a demostrar esta mayor onerosidad en su propia prestación, sino que inclusive ha manifestado desinterés en la producción de la prueba pericial contable, denotando una falta de compromiso evidente con el esclarecimiento de los hechos ventilados en estas actuaciones (ver escrito de contestación referido, punto X.-C). A su vez, y en cuanto a la prueba informativa ofrecida y producida, nada aporta respecto al extremo en estudio (ver escrito de contestación, punto X. 1., oficios de fecha 07/04/2021 y 07/05/2021, arg. arts. 53 y ccdtes. Ley 24.240).
Es en virtud de todos los argumentos expuestos y los derechos en juego, que resuelvo aplicar al caso de autos la teoría de la imprevisión, debiendo reajustarse el convenio celebrado entre las partes en los términos que se establecen en el punto siguiente (arts. 42 CN, arts. 1, 2, 3, 4, 53, 65 y ccdtes. Ley 24.240, arts. 1091, 1092 y ssgtes. Cód. Civ. y Com. de la Nación).
b) Solución del caso. Readecuación contractual.
Habiéndose acreditado la concurrencia de los recaudos propios del instituto de la imprevisión, y la falta incurrida por el Banco accionado en sus deberes para con el consumidor, corresponde ahora evaluar en qué términos debe proceder el reajuste contractual a raíz de la mentada figura, máxime teniendo en cuenta el principio de conservación del negocio jurídico (art. 1091 Cód. Civ. y Com. de la Nación, ver Pizarro-Vallespinos “Tratado de Obligaciones”, ob. cit., tomo III pág. 118). Es que la regla debe ser la conservación del contrato, toda vez que ello surge de la interpretación sistémica del ordenamiento (ver Kemelmajer de Carlucci, Aida, “Acciones de las que dispone la parte afectada”, art. pub. en Revista de Derecho Privado y Comunitario 2020-3 “Efectos de la emergencia sanitaria en las relaciones contractuales, Ed. Rubinzal-Culzoni, año 2021 págs. 244/245).
En el estado actual de la protección de la situación del sujeto vulnerable –consumidor- y con una mirada que tenga foco en el solidarismo contractual, es necesario elaborar una solución del caso que mantenga la vigencia del ordenamiento jurídico en su conjunto, y que sea coherente con los principios constitucionales en juego, ello en concordancia con la constitucionalización del derecho privado y el diálogo de fuentes (art. 42 CN, arts. 1, 2 y ccdtes. Cód. Civ. y Com. de la Nación). Así se ha expresado en los Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, al decir que “el tribunal determina la procedencia de la rescisión total o parcial, o de la adecuación, tomando en cuenta la índole del contrato, los motivos o propósitos de carácter económico que tuvieron las partes al celebrarlo, y la factibilidad de su cumplimiento; la adecuación debe procurar el reajuste equitativo de las prestaciones convenidas” (Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Título II, punto 181). No puede obviarse, en esta instancia, la apreciación de la situación particular del justiciable, quien ha tomado un crédito y luego ha debido soportar los devenires económicos completamente fluctuantes –e imprevistos-, circunstancia a la cual se le ha sumado la crisis por la pandemia Covid-19 –infortunio de público y notorio conocimiento-. Es que la realidad fáctica acaecida originó el dictado de una batería de medidas normativas de emergencia con la finalidad de aminorar las graves consecuencias derivadas de la situación sanitaria, como, verbigracia, lo ocurrido con el dictado de los DNU 260/2020, 297/2020, 319/2020.
Y más allá de no haber tenido incidencia a la hora de evaluar el cumplimiento de los deberes por parte del Banco demandado ni la aplicabilidad de la teoría de la imprevisión (ya dispuesta en el punto anterior), no resulta superfluo señalar aquí que el Sr. Camesana se encontraba desocupado al momento de iniciar la presente acción, toda vez que, con posterioridad a la toma del crédito –en el mes de Octubre del año 2018- su relación de dependencia respecto “Lonco CLA SRLA” había culminado (ver respuesta al oficio efectuado por la entidad mencionada, fs. 86/95 –digitalizado con fecha 12 de Julio de 2019-).
Ello sumado al aumento inesperado de cada una de las cuotas del crédito que había tomado encontrándose en relación de dependencia, probablemente desembocó en un pedido de ayuda para lograr su cancelación (ver escrito de fecha 3 de Junio del corriente año).
Cierta doctrina que ha analizado específicamente el impacto de la pandemia en las relaciones contractuales ha dicho que “la crisis del COVID-19 nos recuerda que hemos menospreciado el costado social de los contratos. Con el correr de la modernidad nos hemos quedado sólo con la dogmática y los aspectos económicos de las relaciones contractuales. Nos alejamos de considerar y valorar la función social que cumplen en las sociedades modernas: individualizar al sujeto y construir el tipo de lazo social que queremos. Ahora, cuando por las medidas de aislamiento social obligatorio una persona ve afectada su actividad, sus contratos se desmoronan y se desmoronan por razones un tanto lejanas del vínculo estrictamente económico: no puede salir de su casa o sus ingresos han decaído…” (Sozzo, Gonzalo “Las relaciones contractuales…” ob. cit. pág. 19).
En este orden de ideas, se ha concluido que “…la irrupción del virus COVID-19, la pandemia mundial que generó, y la regulación dictada en la Argentina relativa al mismo, asumieron una entidad tan importante y sus efectos en la economía han sido tan relevantes que sin duda alguna producirán un fuerte impacto en los contratos vigentes y en las consiguientes obligaciones de las partes. El artículo 1091 del Código Civil y Comercial está disponible para que, a través de los remedios que éste prevé, se encaucen los contratos respectivos para que vuelvan a encontrar su equilibrio conmutativo o bien para que las partes los dejen sin efecto” (Fissore, Diego “El COVID-19, la pandemia y la teoría de la imprevisión” pub. en revista “Efectos…”cit. precedentemente, pág. 228).
Es necesario considerar, entonces, que el papel del juzgador debe ser direccionado hacia la tutela del vulnerable, a fin de corregir las fallas del mercado cuando estas aparezcan completamente imprevisibles al momento de contratar, dando sentido a los términos legales (art. 42 CN).
El proceso que aquí nos convoca se enmarca en un contexto, que no se encuentra ajeno a las circunstancias atinentes al entorno económico social, sino que muy por el contrario estas afectan de manera directa a la contratación entre el actor y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora bien, sin perjuicio de lo ya expuesto y la solución legal contemplada por el art. 1091 del Código Fondal, tenemos que la aplicación fría de la letra de la ley conllevaría a asumir que aquella proyección de inflación tomada en consideración al momento de contratar se constituyó efectivamente en el riesgo asumido por el Sr. Camesana al adherirse a la contratación propuesta por el Banco accionado (ver resultados del REM del mes de Abril de 2017 ya citados, adjuntos a la presente). Lo cierto es, sin embargo, que la realidad posterior enmarcada en las situaciones excepcionales ya referidas profundizó la dificultad en el cumplimiento del pago de las cuotas, situación que no puede ser desatendida por el suscripto. En virtud de ello, no obstante la solución del caso ameritaría, reitero, sin considerar la particular situación de los contratantes, el restablecimiento del equilibrio subjetivo inicial, tal respuesta no sería concordante con el plexo normativo de protección del consumidor en tanto sujeto vulnerable (arg. art. 42 CN, art. 75 inc.
22 CN).
Es por ello que considero que el reajuste debe ser establecido en base a razones de elemental equidad, tomando en consideración la importancia de los derechos en juego, ello sin desconocer la vigencia de las normas legales existentes en el ordenamiento, así como sus fundamentos y las consecuencias en ellas contempladas (arg. art. art. 42 CN, art. 1, 2 y ccdtes. del Cód. Civ. y Com. de la Nación).
Se ha dicho que “el exceso de ritualidad, el formalismo sin sentido y la reverencia irreflexiva hacia las reglas significa desconocer que entre las tareas más altas que han sido confiadas a un magistrado (cualquiera sea el fuero en que se desempeñe) está la de juzgar con equidad” (SCBA LP A 72456 RSD-196-19 S 23/10/2019 del voto del juez DE LÁZZARI en autos “Bernard, Tomás Diego contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, el destacado me pertenece).
Ha explicado nuestro Máximo Tribunal Provincial que la equidad implica “corregir la justicia ya contenida en una ley general, para su mejor aplicación en una situación concreta”, y citando a Carlos Cossio refirió que “…la equidad no es la justicia del caso particular, sino lo singular del acto de justicia (La teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de libertad, Abeledo Perrot, 1964; v. mi voto en la causa C. 94.000, "Rutenberg, Marta Irene y otro c/Pocovi, Jorge Alberto. Incidente de reajuste equitativo", sent. de 26-XII-2012)”; para luego de un estudio pormenorizado del caso concluir que “…la interpretación de la ley debe atender a su finalidad y vincularla al principio de equidad, directriz sobre el que se asienta el régimen de emergencia y la teoría del esfuerzo compartido” (Sfeir, Lilia Cristina c/ Sauma, Marta y otro s/Incidente reajuste equitativo, SCBA, del voto del ministro De Lazzari, en autos LP C 123545 S 24/02/2021 Juez DE LÁZZARI, el destacado no es de origen).
Es por razones de elemental equidad que considero adecuado, con el objeto de efectuar el cálculo de cada unidad de valor adquisitivo, considerar al CER como componente de tal unidad de la siguiente manera: tomando el punto medio entre la proyección de inflación y la inflación efectivamente acaecida en cada período; debiendo adicionar por fuera de dicho valor el interés del 8 % pactado en el contrato de mutuo (ver solución en el punto siguiente).
Consideración aparte merece el tratamiento de los pagos que ya había realizado el Sr. Camesana con anterioridad a la interposición de la emanda. Al respecto, vale aclarar que si bien históricamente nuestro Máximo Tribunal Provincial ha resuelto que “el reajuste por imprevisión contractual no puede afectar a los pagos efectuados y aceptados sin reserva (arts. 721, 1198, del C.C.).” (SCBA LP Ac 34675 S 05/09/1986 Juez MERCADER “Corazza, Gelindo Alfredo c/Zelada, Agustín César s/Reajuste resolución boleto compraventa. Desalojo. Daños y perjuicios), entiendo que dicho criterio no resulta aplicable a la relación contractual que motivara la presente acción.
Ello por cuanto se trata de supuestos completamente diferenciados, en contextos claramente distintos, que no justifican adoptar en el presente caso idéntica solución. Es más, surge a la vista que tal decisión fue tomada bajo la vigencia del Código de Vélez que no contemplaba (en razón de la época de su sanción) un sistema protectorio del consumidor como el actual microsistema ya referido en la primera parte de esta decisión (ver punto II) b.-, arg. art. 1091 Cód. Civ. y Com. de la Nación, ley 24.240).
A más de lo expuesto, si bien el actor efectuó ciertos pagos del mutuo en estudio, ellos formaban parte de la obligación asumida al momento de celebrar el acto jurídico, la cual debe ser necesariamente considerada en su integralidad. Tiene dicho la Sala Segunda de nuestra Cámara de Apelaciones Departamental que “…si una única prestación se divide en cuotas para facilitar y dar mayor comodidad al deudor para su cumplimiento, la obligación tiene uniformidad y en muchos casos actúa como contrapartida de una única prestación, por ejemplo, la venta de un inmueble cuyo precio se paga en cuotas mensuales y consecutivas…” (CC0102 MP 166697 S 27/12/2018 autos “Majul, Analia Isabel c/ Majul Eduardo Humberto s/ Fijación de precio de arrendamientos”, el destacado no es de origen).
No resulta superfluo mencionar que el precepto aplicable en materia de imprevisión no estipula limitación alguna para la procedencia del ajuste a los pagos que ya fueron efectuados, con lo cual, no encuentro mérito para formular limitación alguna al respecto (arg. arts. 4, 1091 del Cód. Civ. y Com. de la Nación). c) En razón de los argumentos desarrollados, considero prudente hacer lugar a la demanda instaurada en cuanto al ajuste pretendido, y en razones de equidad y justicia disponer el reajuste del contrato de mutuo celebrado entre el Sr. Camesana y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los siguientes términos:
1. El reajuste equitativo alcanzará a la totalidad de las cuotas comprendidas en el contrato de mutuo -48-, ello sin perjuicio del pago cancelatorio efectuado por el Sr. Camesana.
2. Se efectuará el cálculo de cada unidad de valor adquisitivo, considerando al CER como componente de tal unidad de la siguiente manera: tomando el punto medio entre la proyección de inflación y la inflación efectivamente acaecida en cada período; debiendo adicionar por fuera de dicho valor el interés del 8 % pactado en el contrato de mutuo (ver convenio adjunto al escrito presentado por la accionada con fecha 05/12/2019 y documentación adjunta al escrito de fecha 27/06/2019).
3. A fin de efectuar la readecuación indicada, se intima al perito contador designado en autos, en su carácter de auxiliar de justicia, a que en el término de 10 días de adquirir firmeza la presente elabore los cálculos correspondientes, debiendo determinar si existe un saldo a favor del Sr. Camesana a raíz de lo abonado a lo largo de la relación contractual por el mencionado (pagos de cuota, pago cancelatorio), y en caso afirmativo indique a cuánto asciende el mismo.
4. Para el supuesto en que lo efectivamente abonado a lo largo de la relación contractual por el Sr. Camesana supere el monto que el mismo debía abonar conforme lo que surja del informe que debe hacer el perito contador, se intima al Banco de la Provincia de Buenos Aires a que en el término de 10 días de aprobado dicho cálculo por el suscripto entregue a la parte actora las sumas que del mismo resulten, bajo apercibimiento de ejecución.
25.827 y Comunicación B 11459/2017 Con respecto a la inconstitucionalidad de la ley 25.827 y de la Comunicación B 11459/2017 planteada en el escrito de inicio, adelanto que la misma no puede prosperar. Ello, en razón de los argumentos que se expresan a continuación. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado con frecuencia la excepcionalidad de la declaración de inconstitucionalidad de una determinada norma. Así, ha dicho que “la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye un remedio de última ratio que debe evitarse de ser posible mediante una interpretación del texto legal en juego compatible con la Constitución Nacional, pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas (voto de los jueces Highton de Nolasco y Rosatti). -Del dictamen de la Procuración General al que el voto remite-“; Fallos: 341:1625 del 21/11/2018); y que “la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no cabe efectuarla sino cuando la repugnancia del precepto con la cláusula constitucional invocada sea manifiesta y requiere de manera inexcusable un sólido desarrollo argumental y la demostración de un agravio en el caso concreto” (-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-, fallos 341:1675, sentencia del 21/11/2018)
Por su parte, nuestro cimero Tribunal Provincial tiene dicho que “la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico” (SCBA LP A 71313 RSD-252-18 S 03/10/2018 Juez DE LÁZZARI, autos “Peñaloza Aída del Carmen c/Ministerio de Economía (IPS) s/Pretensión de restablecimiento o reconocimiento del derecho”). Ahora bien, aclarado ello, tenemos que del planteo efectuado por la accionante en el punto VI B del escrito de inicio no se desprenden los motivos concretos en virtud de los cuales solicita la declaración de inconstitucionalidad de la normas referidas, sino más bien una disconformidad genérica con respecto a las medidas adoptadas por el gobierno a nivel económico (ver escrito electrónico de fecha 27/06/2019, punto cit.).
Por otro lado, la ley 25.827 data del año 2003, a fin de aprobar el presupuesto de gastos y recursos para la administración nacional por el ejercicio 2004, normativa que se encuentra en un todo conforme a las facultades –y deberes- del Estado asumidos a nivel internacional para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales, de jerarquía constitucional (arg. art. 26 CADH, art. 75 inc. 22 CN).
Por su parte, la comunicación emanada por el Banco Central de la República Argentina –Comunicación B 11459/2017- que estipula la “Unidad de Valor Adquisitivo actualizable por “CER” - Ley 25.827 (“UVA”)” se limita a establecer la forma del cálculo de la mencionada unidad de medida, no surgiendo, de por sí, su afección a una norma de jerarquía constitucional (ver norma cit.).
Ateniéndome a la excepcionalidad de la declaración de inconstitucionalidad de una norma, a las circunstancias de autos, a las características de las resoluciones en cuestión, así como a los argumentos desplegados con anterioridad, corresponde, sin más, rechazar el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la parte actora (arg. jur. cit., art. 75 inc. 22 CN, art. 161 Const. Prov. Bs. As.).
VII. INTERESES POR MORA.
En cuanto al monto que deba abonar el Banco de la Provincia de Buenos Aires al Sr. Camesana luego de aprobado el informe del perito contador -en caso de corresponder, a raíz de lo que surja del mismo-, siendo que tal obligación nace con el dictado de la presente sentencia, se aclara que le será aplicado en concepto de interés la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago, que en este caso resulta ser la tasa pasiva digital BIP (arts. 768 inc. c del CCyC, art. 163 del CPCC doct. y jurisp. citadas). Ello, solo en caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente pronunciamiento y desde la fecha de la mora (art. 163 del CPCC).
VIII. Por todo lo expuesto, FALLO:
1. Haciendo lugar a la demanda de reajuste promovida por el Sr. MARCELO RUBEN CAMESANA contra el BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, debiendo readecuarse el contrato en los términos indicados en el punto V c) de la presente decisión. En el supuesto de proceder, luego de los cálculos allí indicados, y de aprobado el informe presentado por el contador, intímase a la parte accionada a que entregue a la actora en el término de 10 días las sumas establecidas a su favor, bajo apercibimiento de ejecución y de aplicarse los intereses dispuestos en el punto VII del presente pronunciamiento (art. 163 inc. 7 del CPCC).
2. Las costas serán a cargo de la demandada vencida (art. 68 del CPCC).
3. Se difiere la regulación de los honorarios (art. 51 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 inc. 12° del CPCC).
HECTOR FABIAN CASAS JUEZ CIVIL Y COMERCIAL
Fin de la sentencia