Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar en todas sus partes las resoluciones apeladas. Con costas.
2Regular en las sumas de $ 6.512.- (pesos seis mil quinientos doce) y $ 3.056.- (pesos tres mil cincuenta y seis) los honorarios de los co-apoderados Dres. Alejandro Agustín Schiavone y Pablo Daniel Rodríguez, respectivamente y en las sumas de $ 19.100.- (pesos diecinueve mil cien) y $ 3.820.- (pesos tres mil ochocientos veinte) para los Dres. Ignacio Mauro Markievich y Oscar Alberto Yulán, por su participación como letrados copatrocinantes, respectivamente,
3Regular los honorarios de la profesional interviniente por la actora, Dra. María Mercedes Vassallo en la suma de $ 13.613.- (pesos trece mil seiscientos trece) por su participación en el doble carácter de apoderada y letrada patrocinante de dicha parte.
4Regular los honorarios de los peritos contadores Luis Alberto Cortés y Gonzalo Álvarez, en la suma de $6.251.- (pesos seis mil doscientos cincuenta y uno) para cada uno, conforme las pautas emergentes del Decreto- Ley 16.638/57.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-124723959-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 23 de Diciembre de 2021 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros titulares de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación Dres. Viviana Marmillon (Vocal de la 7º Nominación), Claudio Esteban Luis (Vocal de la 8° Nominación) y Juan Carlos Vicchi (Vocal de la 9° Nominación), a fin de sentenciar en la causa N° 33.945-I, caratulada “CAMINO S.A s/apelación -impuestos a las ganancias y al valor agregado”
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 35/57 se interpone recurso de apelación contra las resoluciones de fecha 12 de julio de 2010, suscriptas por el Jefe de Sección Determinaciones de Oficio a Cargo de División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán AFIP-DGI, mediante las que se determinó de oficio la obligación fiscal de la sociedad anómina Camino en el impuesto a las ganancias, ejercicios 2006 y 2007 y al valor agregado, períodos fiscales julio a diciembre de 2006, con más intereses resarcitorios. Asimismo, se aplican sendas multas equivalentes a tres veces los impuestos supuestamente evadidos, conforme lo dispuesto por el artículo 46 de la ley 11683 (t.o. vigente).
Manifiesta el contribuyente que adquirió bienes a un cliente inscripto con CUIT activa, el que emitió facturas respaldatorias de las operaciones, y cuya emisión fue autorizada por AFIP; agrega que el transporte fue efectuado con documentación idónea y que los importes respectivos fueron cancelados en un todo de acuerdo con las normas legales vigentes.
Considera que al no aceptar el organismo fiscal la prueba pericial contable, se violó el derecho de defensa consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Destaca que el Fisco señaló que la empresa no registra movimientos de granos, cuando las impugnaciones se refieren a papas y zanahorias.
Deja constancia que el juez administrativo no mostró diligencia en ahondar en la naturaleza de las operaciones, ya que de haberla tenido, hubiera constatado que la empresa cuestionada actuaba como acopiadora, adquiriendo las papas y zanahorias a terceros.
Hace hincapié en que le resulta insólita la pretensión fiscal de impugnar las operaciones sobre la base de la endeble comprobación de que el proveedor se encuentra incluido en la base APOC, sin ninguna verificación de su realidad operativa y a 1500 kilómetros de la sede del proveedor.
Plantea, en referencia a la multa, que no se dan en los presentes actuados los extremos punibles previstos en los incisos a) y b) del artículo 47, siendo que no existe una grave contradicción entre los libros contables y las declaraciones juradas presentadas, ni datos inexactos que le sirvan de base.
Aclara, en referencia al aspecto subjetivo, que la culpa en el derecho tributario no se presume. Cita doctrina y jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva del caso federal; y solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
Que a fs. 69/83 contesta el recurso la representación fiscal.Menciona que el proveedor no cuenta con bienes que permitan presuponer que posea capacidad de producir o vender o prestar servicios; agregando que de las bases de datos del organismo no consta que posea inmuebles que cumplan con las características que respondan con la actividad que dice desarrollar.
Señala que, no obstante las oportunidades que tuvo a su disposición la actora para arrimar la probanza destinada a rebatir los ajustes efectuados por el organismo, no ha ofrecido constancias de hecho y argumentos de derecho para desvirtuar las razones de los ajustes formulados.
Deja sentado que, de la consulta a la base de movimientos de granos, el proveedor Aquilino Martínez e Hijos S.A. no registra movimiento alguno.
Aclara que el hecho de que la Administración autorice la impresión de facturas, no impide que posteriormente éstas puedan ser impugnadas por apócrifas, ya que lo contrario, implicaría justificar las operaciones exclusivamente a través del mero cumplimiento formal y superficial de normas de facturación.
Destaca que, en los procedimientos de determinación de oficio, le corresponde al sujeto pasivo de la obligación tributaria probar la autenticidad de las facturas presentadas, a fin de acreditar las operaciones comerciales con sus supuestos proveedores. Pone de relieve que el organismo fiscal ha demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto a la validez de las facturas y la existencia de las operaciones cuestionadas.
Manifiesta que las conclusiones a las que se arriba con respecto al proveedor, surgen de actuaciones efectuadas al mismo donde el inspector actuante concluyó que la citada firma, no cuenta con bienes que permitan suponer que posea capacidad económica de producir, vender o prestar servicios, y no cuenta con inmuebles que cumplan con las características que respondan a la actividad.
Detalla, con respecto a la multa, que surge claramente la configuración de la conducta defraudatoria tipificada por el artículo 46 de la ley de rito, toda vez que ha quedado demostrada la presentación, por parte del recurrente, de declaraciones juradas inexactas. Asimismo, alega que los importes que fueron objeto de la pretensión fiscal forman parte del erario nacional y, en caso de no ser depositados en término, producen al Fisco un perjuicio patrimonial que no es resarcible con el posterior y extemporáneo ingreso de las sumas.
Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa, se opone a la prueba ofrecida, hace reserva del caso federal; y solicita se confirmen las resoluciones, con costas.
II. Que a fs. 92 se abre la causa a prueba, a fs. 141 se clausura dicho período. A fs. 148/149 obran los alegatos del Fisco Nacional, en tanto la actora no ha hecho uso de su derecho según constancia de fs. 150.
III. Conforme surge a fs. 1/7 y fs. 1/6 de los antecedentes administrativos del impuesto a las ganancias y al valor agregado, respectivamente, el 13/10/2009 se le inició a la sociedad apelante procedimiento de determinación de oficio en el impuesto a las ganancias, ejercicios 2006 y 2007, y al valor agregado, períodos 7/06 a 12/07, por presentar las declaraciones juradas con datos inexactos; ello como consecuencia de la impugnación de las operaciones realizadas con la firma Aquilino Martinez e Hijos S.A. por considerar que la misma no posee capacidad para efectuar las operaciones facturadas.
Que si bien la recurrente no ha planteado expresamente excepción de nulidad, en su escrito recursivo se agravia de que en sede fiscal se denegara la prueba que ofreciera, vulnerando así el derecho de defensa de su parte. Que más allá de las razones dadas sobre la procedencia de la prueba que se rechazara en la instancia administrativa, lo cierto es que dicha parte reiteró su ofrecimiento ante esta instancia jurisdiccional y que pese a la oposición que formulara el Fisco Nacional con sustento en el art. 166 de la ley de rito, se ordenó a fs. 92 la producción de la totalidad de las probanzas propuestas con fundamento en que este organismo jurisdiccional tiene amplias facultades para arribar a la verdad material de los hechos independientemente de lo alegado por las partes y dicha ley precisamente deja a salvo esta atribución y la de disponer medidas para mejor proveer, circunstancia que torna inoficioso pronunciarse sobre el referido agravio de la apelante, toda vez que el perjuicio que podría haberle ocasionado el estado de indefensión al que entiende la sometió el proceder fiscal, fue subsanado en esta instancia.
Que en esta línea de pensamiento se ha pronunciado la Sala II del fuero en la causa “Delia, Carmelo Franco c/Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo, sentencia del 14/06/2016, al recordar que: “….es inveterada y pacífica la doctrina judicial –ratificada recientemente− que señala que la eventual restricción de la defensa en el procedimiento administrativo es subsanable en el trámite jurisdiccional subsiguiente (cfr. C.S.J.N., Fallos: 212:456; 218:535; 267:393; 273:134 y, en particular, Fallos 331:2769; Sala III, in re, “Círculo de Inv. S.A. de Ahorro Previo para Fines Deter. C. D.N.C.I.”, del 20/11/2012, entre otros)”.
“De este modo, el hipotético gravamen que le habría ocasionado la denegación de las pruebas en sede administrativa…. pierde toda entidad ya que, al margen de lo actuado en el procedimiento administrativo, en la instancia jurisdiccional posterior pudo ejercer plenamente su derecho de defensa (cr. Fallos: 310:360), ofreciendo todas las pruebas que hicieran a su derecho y alegando sobre su mérito. Asi, se satisface la exigencia de la defensa en juicio brindando la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (cfr. Fallos 205:549 y Sala IV, en autos: “Ex Entidad Tarraubella S.A. Cía Financiera y otros c. B.C.R.A.”, sentencia del 10/03/2009, entre otros).”
Debe destacarse que la resolución apelada contiene los elementos jurídicos formales para declarar su validez, invoca la normativa legalmente tenida en cuenta para arribar a sus conclusiones, así como los conceptos y montos determinados, también menciona las circunstancias de hecho que la motivan, sin que ello implique prejuzgar sobre la pertinencia o no de los mismos, y se han cumplimentado los procedimientos establecidos, habiéndose posibilitado al contribuyente conocer la pretensión fiscal y elaborar su defensa, no habiendo acreditado la actora el perjuicio que habría sufrido por la denegación de la misma en sede administrativa, por lo que acoger su defensa equivaldría a declarar la nulidad por la nulidad misma.
Que en virtud de las consideración efectuadas “supra”, procede rechazar este agravio de la recurrente y toda vez que el mismo no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. CSJN, in-re: “Colorín IMSSA”, 02/07/2013).
IV. Que en relación con la cuestión de fondo que este Tribunal es llamado a resolver, cabe señalar que el ajuste practicado por el organismo fiscal como consecuencia de la impugnación de facturas del proveedor Aquilino Martinez e Hijos S.A., por lo que se procedió a determinar de oficio a la contribuyente su obligación frente al impuesto al valor agregado e impuesto a las ganancias, por los períodos referidos oportunamente. Que en el informe final de inspección obrante a fs. 170/180 del legajo principal de IVA, surge como actividad principal declarada por la apelante “Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas, prepara. CP de frutas, hortalizas y legumb”, siendo la fecha de cierre de su ejercicio fiscal el 31 de octubre de cada año.
Que con respecto al proveedor en cuestión, de la consulta a las bases de datos del organismo la AFIP-DGI surge que aquél se encuentra incluído desde el 23 de noviembre de 2006 en la Base Apoc por ser un contribuyente sin capacidad operativa para el desarrollo del trabajo facturado (conf. fs. 62 del cpo IVA de antecedentes). La fiscalización advierte que las operaciones corresponden a venta de hortalizas (papas mayoritariamente y en menor medida zanahoria), siendo que su actividad principal declarada, según informe final de inspección obrante a fs. 170/180 del legajo principal de IVA es la de cultivo de cereales, excepto los forrajeros y las semillas NCP y venta al por mayor en comisión o consignación de cereal.
Por otra parte del legajo del proveedor acompañado en sede administrativa surge que el mismo no declara empleados, presenta sólo declaración de IVA en tres meses en el 2006, sin incluir importe alguno en concepto de crédito y débito fiscal y desde el 2007 no presenta declaraciones juradas por ninguno de los tributos, no registra propiedades ni automotores a su nombre, así como tampoco movimiento de granos y presenta retenciones en concepto del impuesto a las ganancias por enajenación de bienes muebles y bienes de cambio.
En relación con las autoridades de la firma, el ente fiscal se constituyó en la localidad de Daireaux, Provincia de Buenos Aires entrevistando al Sr. Norberto Baustista Martinez quien manifiesta que la sociedad fue vendida en febrero de 2005 al Sr. Julio Cesar Borromeo Castignani con domicilio en la localidad de Bragado, Provincia de Buenos Aires, adjuntando documentación respecto de la venta de la sociedad. Asimismo pone de manfiesto que no se pudo constatar su actividad.
Seguidamente, con fecha 19/09/06 se visita el domicilio fiscal del Sr. Borromeo Casttagnani siendo atendido por Armando Raul Castagnani, quien declara ser el propietario del inmueble que es su vivienda, aclarando que aquél es su sobrino pero que nunca vivió en ese domicilio, que el inmueble nunca fue alquilado ni como titular no prestó conformidad para que fijara ningún tipo de domicilio. Agrega que su sobrino le adeuda una suma de dinero (aproximadamente $ 7000) en conceptos de viaje que realizó en su auto particular, ya que se encontraba sin trabajo realizando changas como remis, a diferentes ciudades.
En función de dichas irregularidades el proveedor fue excluido con fecha 30/11/05 del Registro de Operadores de Granos, por considerar a la firma sin capacidad económica para realizar las ventas de bienes que ha facturado, no contando con medios para producir y vender cereales.
V.-Que en atención a lo expuesto, el tema en debate queda circunscripto a una cuestión de hecho y prueba, a fin de establecer si los indicios invocados por el organismo recaudador para fundar los actos administrativos apelados adquieren relevancia probatoria por reunir las condiciones de ser graves, precisos y concordantes. En tal sentido serán graves cuando la conclusión sobre el hecho a probar derive del hecho conocido por medio de una inferencia capaz de atribuir un grado de probabilidad adecuado o de razonable certeza a la hipótesis sobre el hecho que se pretende probar; precisas en el caso de que entre las diversas conclusiones que se pueden obtener a partir del hecho conocido, la más probable es la que confirma la hipótesis sobre aquél que se pretende probar y concordantes pues ante la presencia de varias inferencias presuntivas, las mismas deben direccionarse hacia la misma conclusión, es decir, cada una de ella debe ofrecer elementos de confirmación para la misma hipótesis sobre el hecho a probar. (ver Taruffo, Michele; “La Prueba De Los Hechos”; Ed. Trotta, 4ta. Edición, Madrid, 2011; pág. 471 y sgs.).
Por otra parte, corresponde al actor acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales por distintas vías, en orden a destruir los elementos colectados por la administración.
Que en tal sentido, es preciso recordar lo sostenido recientemente por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa Agrocentro Santa Fe SA c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo” de fecha 19/02/2019 en donde se sostuvo que “…del juego armónico de los arts. 12, 37 y 41 de la ley del IVA, es posible inferir que la procedencia del cómputo del crédito fiscal está condicionada —entre otros requisitos— a que el impuesto sea facturado y discriminado en un todo de acuerdo con las normas vigentes sobre emisión de comprobantes y, como derivación lógica de ello, que el crédito fiscal responda a una operación gravada, es decir que se hubiera generado en el vendedor el respectivo hecho imponible de acuerdo con lo previsto en los arts. 5° y 6° de la ley del gravamen (esta Sala, causa n° 21.020/2017 “Cremer y Asociados SA (TF 36.791-I) c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 26 de octubre de 2017”.
Asimismo, la Sala IV del mentado Tribunal en la causa “Leones de Bleek Saayc c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo” de fecha 19/04/2018 ha señalado que “…cuando se dan en forma concomitante una serie de hechos comprobados, graves y precisos que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez y la existencia de las operaciones, corresponde a la contribuyente, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditar la veracidad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de su proveedor y de los bienes y servicios vendidos que menciona la facturación que supuestamente se emitiera a su nombre” (“Bisi SRL [TF 27.386-I] c. DGI”, sent. del 12/06/2014).“ VI.- Que, en esta inteligencia resulta pertinente destacar que la defensa del actor a lo largo de todo su escrito recursivo consiste, fundamentalmente, en sostener que las facturas impugnadas cumplen con los requisitos formales exigidos por la normativa vigente y que si bien de la pericia contable surge que las operaciones fueron registradas, ello sólo demostraría la formalidad de las mismos pero no así su realidad económica ni financera Al respecto, cabe destacar que si bien, de manera alguna puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto (en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la firma emisora de las facturas y su inclusión en la base de datos del organismo de proveedores apócrifos), el Fisco impugnó las operaciones con el proveedor de la recurrente sobre la base de una serie de indicios, tales como la discordancia entre la actividad declarada por el proveedor y los supuestos bienes vendidos y servicios prestados, la ausencia de instalaciones y de medios de transporte para prestar los servicios facturados, así como también de compra de insumos para los mismos y, finalmente, la inclusión de aquél en la Base APOC, elementos que -en su conjunto- llevaron al organismo fiscal a concluir sobre la inexistencia de las mismas.
Asimismo, no puede dejar de señalarse que dado el grado de sofisticación cada vez mayor de las maniobras utilizadas por algunos contribuyentes destinadas a evadir el impuesto debido a través del cómputo improcedente de créditos fiscales, no puede convalidarse la existencia de las operaciones discutidas únicamente porque las mismas se encuentran registradas en la contabilidad de la firma y las facturas que las respaldan cumplen con los recaudos exigidos por la normativa fiscal.
Que del oficio al Banco Galicia que luce a fs. 114/130 surge que los ocho cheques por los que se requirió información fueron endosados por la firma Aquilino Martínez e Hijos SA y que los ocho restantes a la fecha de la contestación no fueron presentados al cobro.
Cabe destacar que en los referidos endosos consta una firma con un sello por el que se invoca la calidad de apoderado del proveedor sin ninguna aclaración y que, en consecuencia, no siendo cobrados en ningún caso por el proveedor, nada se aporta a fin de probar el circuito financiero.
Asimismo el Banco BBVA Frances, en su contestación de fs. 108, explicita que no se han podido ubicar los siete cheques solicitados , cuya numeración se detalla, que habrían sido librados por la actora y que la cuenta corriente N° 26620031...“ resulta ser inexistente en nuestra base de cuentas. Respecto a la firma Camino S.A y atento a que la cuenta comienza con 266 se ha realizado una búsqueda en nuestra Sucursal 266 (Catamarca) NO resistrando cuenta alguna bajo la demominación de la firma CAMINO S.A..”
VII.-Que, finalmente, es menester traer a colación la importante doctrina sentada por este Tribunal, en numerosos pronunciamientos (vid. por todos “Impulso S.A.”, 27/3/98), en la que se sostuvo que “de la de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la “doctrina de la concurrencia de los elementos materialformales del crédito fiscal”. En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Dicho criterio fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal en la causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
En esta inteligencia, corresponde al actor acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales, por distintas vías, independientemente de la identidad del presunto proveedor.
Que teniendo en consideración que de las probanzas analizadas precedenemente , a criterio de la suscripta, la contribuyente no ha podido revertir fehacientemente las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en las resoluciones cuestionadas en autos, por lo que corresponde su confirmación, con costas.
VIII.-Que en cuanto a la aplicación de intereses resarcitorios, el artículo 37 de la ley 11683 (t.o. en 1998 y modif) autoriza su aplicación a partir el vencimiento de las obligaciones tributarias sin necesidad de interpelación alguna, como consecuencia de que ellos configuran una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora incurrida por el deudor.
Que ante la ausencia de disposición expresa en la ley de procedimiento tributario sobre su carácter, es posible recurrir a la legislación común para llenar este vacío, resultando aplicable a la ley tributaria el artículo 509 del Código Civil, que exime al deudor cuando prueba que aquella no le es imputable (conf Fallos 304:203). En el mismo sentido se expide hoy el artículo 888 del Código Civil y Comercial.
Que, en consecuencia, su configuración requiere la existencia de dos requisitos, a saber: el retardo en el incumplimiento de la obligación y que el mismo no le sea imputable al deudor por haberse configurado circunstancias excepcionales, ajenas a él, que hubieren impedido el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria, debidamente acreditadas.
Que en el caso de autos, el contribuyente no acreditó la existencia de dichas causales exculpatorias, por lo que corresponde confirmar los intereses resarcitorios aplicados por el organismo recaudador.
IX. Que con relación a las multas quien suscribe comparte el criterio fiscal en cuanto encuadra la conducta de la recurrente en la descripta en los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la ley de rito.
Que en efecto, para evaluar la procedencia de la aplicación de una infracción debe constatarse que se haya configurado el aspecto objetivo del ilícito que en el caso de autos está dado por la presentación de declaraciones juradas en defecto, ocasionando un perjuicio a la renta fiscal. Sin embargo, dicha circunstancia no resulta suficiente para la imposición de sanción, pues dada la naturaleza penal de las infracciones tributarias sólo podrá ser penado aquél a quien la culpa pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Así lo ha entendido nuestro Máximo Tribunal al consagrar el principio de personalidad de la pena en su pronunciamiento del 2 de septiembre de 1968, recaído en la causa “Parafina del Plata S.A.”, doctrina seguida por los tribunales inferiores. Si el aspecto subjetivo debe examinarse ante la posible negligencia o impericia incurrida por un presunto infractor, cuanto más en casos como el de autos en que el organismo fiscal le imputa a la recurrente haber incurrido en una conducta dolosa la que se patentiza mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas u ocultaciones maliciosas, procederes que implican por parte del imputado el haber actuado con conciencia de que su acción u omisión provocaría perjuicio al Fisco Nacional.
Que la recurrente limitó su defensa a tratar de probar la validez formal de las facturas con las que intentó acreditar las operaciones cuestionadas pero no tuvo en cuenta que ello no resulta suficiente para desvirtuar las presunciones utilizadas por la Administración fiscal, por lo que en función de lo analizado y resuelto en los Considerandos IV y V, corresponde confirmar las aplicadas multas con sustento en los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modifs.)
Que en consecuencia, procede confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. X.-Que sentado lo que antecede, corresponde regular los honorarios de los profesionales intervinientes en autos. Previo a toda consideración, cabe poner de manifiesto que en la especie ha de procederse aplicando las pautas emergentes de la ley 21.839 y su modificaciones, toda vez que los trabajos efectuados por dichos profesionales fueron realizados íntegramente con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.423.
Que en tal sentido, nuestro más Alto Tribunal reiteradamente ha sostenido que “...es necesario en cada caso indagar el momento o la época en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esta circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable. En el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación. Es a partir de ahí que nace una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida, o modificada, por ley posterior...” (conf. CSJN “Francisco Costa e Hijos c/Bs.As., Pcia.” 12-9-1996, Coronel, Martín Fernando c/Villafañe, Carlos A, y Universidad de Tucumán” 11-4-2006).
Que, en consecuencia, corresponde regular en las sumas de $ 6.512.- (pesos seis mil quinientos doce) y $ 3.056.- (pesos tres mil cincuenta y seis) los honorarios de los co-apoderados Dres. Alejandro Agustín Schiavone y Pablo Daniel Rodríguez, respectivamente y en las sumas de $ 19.100.- (pesos diecinueve mil cien) y $ 3.820.- (pesos tres mil ochocientos veinte) para los Dres. Ignacio Mauro Markievich y Oscar Alberto Yulán, por su participación como letrados co-patrocinantes, respectivamente, teniendo en consideración la labor profesional desarrollada, el monto del juicio, las etapas procesales cumplidas y el resultado de la causa (conf. ley 21.839, arts. 6, 7, 9, 10, 19, 37, 38 y cctes. y modif.).
No obstante la presentación efectuada por la Dra. María Luján Rodríguez Oliva, a fs. 140, su participación en estos autos no amerita regulación de honorarios teniendo en consideración el tenor de la misma. Asimismo, procede regular los honorarios de la profesional interviniente por la actora, Dra. María Mercedes Vassallo en la suma de $ 13.613.- (pesos trece mil seiscientos trece) por su participación en el doble carácter de apoderada y letrada patrocinante de dicha parte.
De igual modo, procede regular los honorarios de los peritos contadores Luis Alberto Cortés y Gonzalo Álvarez, en la suma de $6.251.- (pesos seis mil doscientos cincuenta y uno) para cada uno, conforme las pautas emergentes del Decreto-Ley 16.638/57.
Se deja constancia que la totalidad de los honorarios regulados precedentemente se encuentran a cargo de la recurrente y no incluyen el impuesto al valor agregado.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto precedente.
El Dr. Vicchi dijo:
Que en función de los argumentos vertidos por la Vocal preopinante en el apartado V de su voto, vota en su mismo sentido.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar en todas sus partes las resoluciones apeladas. Con costas.
2. Regular en las sumas de $ 6.512.- (pesos seis mil quinientos doce) y $ 3.056.- (pesos tres mil cincuenta y seis) los honorarios de los co-apoderados Dres. Alejandro Agustín Schiavone y Pablo Daniel Rodríguez, respectivamente y en las sumas de $ 19.100.- (pesos diecinueve mil cien) y $ 3.820.- (pesos tres mil ochocientos veinte) para los Dres. Ignacio Mauro Markievich y Oscar Alberto Yulán, por su participación como letrados copatrocinantes, respectivamente, 3.- Regular los honorarios de la profesional interviniente por la actora, Dra. María Mercedes Vassallo en la suma de $ 13.613.- (pesos trece mil seiscientos trece) por su participación en el doble carácter de apoderada y letrada patrocinante de dicha parte.
4. Regular los honorarios de los peritos contadores Luis Alberto Cortés y Gonzalo Álvarez, en la suma de $6.251.- (pesos seis mil doscientos cincuenta y uno) para cada uno, conforme las pautas emergentes del Decreto- Ley 16.638/57.
Se deja constancia que la totalidad de los honorarios regulados precedentemente se encuentran a cargo de la recurrente y no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2021.12.21 16:37:11 -03:00 Date: 2021.12.22 16:25:08 -03:00 Claudio Esteban Luis Juan Carlos Vicchi Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.23 10:21:56 -03:00 Viviana Marmillon Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.23 10:21:57 -03:00
Fin de la sentencia