Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 48.587-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 311/17 y 312/17, con costas.
2Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Camiones Exclusivos S.A., en la suma de $82.210, equivalente a 5,51 UMA, por la representación procesal y $205.526, equivalente a 13,76 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en el Expediente, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-102504984-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 1 de Septiembre de 2023 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 48.587-I caratulado “Camiones Exclusivos S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Camiones Exclusivos S.A. interpuso el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones Nros. 311/17 y 312/17, dictadas por la Dirección Regional Mar del Plata de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Allí se determinaron de oficio sus obligaciones en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 1 a 12/2012 y en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2012 y se la intimó a ingresar las sumas de $52.726,43 y $346.500, respectivamente, más intereses resarcitorios (art. 37, ley 11.683).
Asimismo, en dichos actos se le aplicaron sendas multas de defraudación de $158.179,29 y $1.039.500, de acuerdo con el art. 46 de la misma ley (t. v.).
Surge de los Considerandos de las Resoluciones que el ajuste tiene su origen en la impugnación del importe que registrara como Aportes Irrevocables en el Balance del ejercicio fiscal 2012 ($900.000), sobre el cual el juez administrativo aplicó la presunción de incremento patrimonial no justificado en los términos del art. 18, inc. f) de la ley 11.683 (t.v.). En su presentación ante esta instancia, Camiones Exclusivos S.A. explicó que su actividad es la importación de camiones usados y que en el año 2012 los accionistas decidieron realizar aportes de capital a la sociedad para la adquisición de vehículos “ya que el capital propio de la empresa ($180.000) resultó ser exiguo y no se encontraron líneas de crédito económicamente aceptables para las operaciones planeadas”. Por tal motivo, dijo que el 26 de julio de 2012 los accionistas, Ángel Fritz, Rodolfo Fritz y Leopoldo Carrena, aportaron $300.000 cada uno, bajo la modalidad de “aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos” prevista por la ley de sociedades y regulada por la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.
Agregó que la operatoria cumplió los requisitos formales de registro exigidos por los organismos de contralor (IGJ y DPPJ) y según las Resoluciones Técnicas profesionales del CPCECF. Resaltó que el ingreso a caja fue registrado el 26 de julio de 2012 a fs. 11 del Libro Diario, e incluido en los Estados Contables certificados por contador público. También, se le dio tratamiento en las reuniones de Directorio y de Asamblea de accionistas y destacó que no existía ninguna normativa fiscal que exigiera formalidades a cumplir en los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital. Sigue explicando que el 22 de octubre de 2012 el Sr. Ángel Fritz se retiró de la sociedad y cedió sus acciones y derechos —incluidos sobre el aporte de capital en cuestión— a los Sres. Rodolfo Fritz y Leopoldo Carrena en partes iguales. Adjuntó documentación al respecto.
Dijo que el 16 de mayo de 2016 la empresa decidió capitalizar los aportes irrevocables de los años 2015 y 2016, y que el aporte de $900.000 fue restituido a los accionistas Rodolfo Fritz y Leopoldo Carrena, en razón del retiro previo del Sr. Ángel Fritz.
Señaló que al ser requerida sobre la capacidad económica de los aportantes durante la fiscalización, informó que éstos habían recibido los fondos a partir de la suscripción de mutuos el 26 de julio de 2012. Destacó que éstos tienen firma certificada y que justificaron la disponibilidad de dinero en los accionistas para efectuar los aportes, más allá de que, a dicha fecha, tenían patrimonio declarado más que suficiente para efectuarlos.
Indicó que no existe en la legislación societaria o impositiva la obligación de bancarizar los aportes o realizar algún otro acto administrativo o notarial para darles “fecha cierta”, siendo válida y suficiente la extraída de la contabilidad de la empresa.
Sigue diciendo que no obstante ello, ante las objeciones sobre la solvencia económica de los accionistas, éstos decidieron regularizar la situación mediante su acogimiento al régimen de exteriorización de bienes previsto en el Título I de la ley 27.260 en el que incluyeron los $900.000. Concluye que “… siendo registrado su aporte antes del 22 de julio 2016 (no resulta real declarar un activo “aporte irrevocable” porque el mismo ya no existía a la fecha de corte) … subsanando de esa manera la falta de declaración de los fondos aportados y demostrando por ende la capacidad financiera de los accionistas”.
Alega que si no se tiene en cuenta el “sinceramiento” efectuado por los socios y continuarse el reclamo sobre Camiones Exclusivos S.A., se genera un supuesto de “doble imposición” y un enriquecimiento sin causa para el Fisco Nacional. Destaca que, en todo caso, la falta de disponibilidad financiera de los socios aportantes es una cuestión ajena a Camiones Exclusivos S.A.
Para el hipotético caso de que no se hiciera lugar a lo antedicho, en subsidio solicitó que se le aplique el beneficio de liberación prevista en el art. 48 de la ley 27.260 Criticó asimismo que el juez administrativo cuestionara las actas de directorios en las que consta la decisión de efectuar el aporte irrevocable porque fueron acompañadas en copia simple.
Se agravió que se aplicara una “presunción de presunción”, es decir, que en primer lugar se presumiera que la firma no recibió los fondos y que ello, a su vez, se presuma que constituye una utilidad para el impuesto a las ganancias y ventas omitidas en el impuesto al valor agregado.
Sostuvo que el método presuntivo aplicado es excepcional y que en el caso, contaba con su contabilidad en orden y el 90% del aporte irrevocable estaba contabilizado entre las disponibilidades al cierre de ejercicio. También señaló que se podría haber circularizado a los respectivos Registros a fin de corroborar la existencia de ventas no declaradas ya que los bienes con los que opera presentan una trazabilidad innegable en tanto deben necesariamente inscribirse en el Registro de la Propiedad Automotor, además de los trámites propios de aduana que su importación conlleva.
Por otro lado, hizo notar que la presunción utilizada por el Fisco Nacional está mal aplicada porque la empresa no tenía “necesidad” de cubrir su caja con los $900.000 porque tenía una disponibilidad de $780.088,14 en dicho período fiscal. Observó un excesivo rigor formal en la solicitud de documentación sobre la realización de los aportes y refiere al principio in dubio pro administrado según el cual es el Fisco Nacional el que debe demostrar la procedencia de los cargos formulados debiendo interpretarse cualquier duda a favor del administrado.
Con relación a las multas aplicadas, plantea la ausencia de omisión de impuestos y pide que se recalcule según las modificaciones introducidas por la ley 27.430 al art. 46.
Ofrece la producción de prueba informativa y pericial contable y solicitó que se revoquen las Resoluciones en todas sus partes, con costas.
II. A su turno, el Fisco Nacional contestó el traslado de los recursos y pidió que se confirmen sus actos, también con costas.
Hizo notar que la empresa no sólo se dedica a la importación de camiones —como indicó en su presentación recursiva— sino que también los adquiere en el país, constatándose la adquisición de doce vehículos entre el 2 de marzo de 2012 y el 29 de diciembre de 2017.
Dijo que del análisis de los Estados Contables cerrados al 31 de diciembre de 2012 se advirtieron gastos en combustible por un importe de $17.199,60 y que, analizado el Balance y el Libro IVA Compras surgió que la empresa efectivamente necesitó los fondos de los aportes sin los cuales no habría podido adquirir bienes de cambio, ni afrontar los gastos de la actividad. En ese sentido, dijo que adquirió vehículos por $968.646,80 mayormente en junio y septiembre de 2012. Por lo cual, teniendo en cuenta que a dicha fecha el capital social era de $180.000 más una venta registrada en marzo de 2012 de $355.000, concluyó que los fondos supuestamente aportados por los accionistas fueron para afrontar dichos costos. Resaltó, entonces, que lo que no pudo establecerse fue la trazabilidad del dinero supuestamente aportado desde el patrimonio de los socios al de la sociedad. Por ello se consideraron a dichos aportes como ingresos omitidos, en razón de su falta de capacidad económica para hacerlos.
Hizo notar que las exteriorizaciones efectuadas por los socios el 29 de diciembre de 2016 no alcanzan para demostrar que los aportes irrevocables realmente existieron. Tampoco procede la aplicación del art. 48 de la ley 27.260 porque dicha norma hace referencia al beneficio de liberación de las obligaciones fiscales correspondientes a empresas o explotaciones unipersonales, condición que no tenía Camiones Exclusivos S.A.
Sin perjuicio de ello, reconoció que la ley 27.260 permitió sincerar créditos por aportes irrevocables que hubieran tenido los socios en las sociedades siempre y cuando dichos aportes hubieran existido como tales en la realidad, lo que en el caso no fue probado con documentación de respaldo. Es que de haber existido dicho aporte tuvo que haber sido capitalizado porque en el Estado de evolución del patrimonio neto se observa que al inicio del 2013 el capital social era de $1.080.000 mientras que al inicio del ejercicio 2012 el capital social era de $180.000. Más allá de que no se verificaron asientos y/o actas de directorio donde se refleje la capitalización.
III. A fs. 185 no se hizo lugar a la prueba ofrecida por la recurrente por improcedente y porque lo que se pretendía probar con ella surgía de la documental aportada al interponer el recurso. Mediante la PV-2023-59147801-APN-VOCXI#TFN se elevó el Expediente a consideración de la Sala y por IF-2023-101341741-APN-VOCXI#TFN quedó el Expediente en estado de dictar sentencia.
IV. Corresponde resolver si las Resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
Para ello, cabe hacer mención a lo que surge de los Considerandos y de las actuaciones administrativas que preceden su dictado.
De allí se desprende que por requerimiento del 17 de octubre de 2013 la Sección Verificaciones de la Dirección Regional Mar del Plata solicitó a Camiones Exclusivos S.A. que respaldara con documentación en su poder los aportes irrevocables de capital registrados en el Balance General por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012 por $900.000. El 11 de marzo de 2014 informó que dichos aportes habían sido realizados por los entonces accionistas de la sociedad, los Sres. Ángel Fritz, Rodolfo Fritz y Leopoldo Carrena, y para acreditar su capacidad económica, adjuntó contratos de mutuos de fecha 26 de julio de 2012, a partir de los cuales habrían recibido los fondos que luego aportaron a la sociedad. De los mismos surge que: 1. Ángel Fritz le prestó $160.000 a Rodolfo Fritz; 2. Genny Lema (en representación de Sinaloa S.A.) le prestó $760.000 a Rodolfo Fritz; 3. Ángel Fritz le prestó $300.000a Leopoldo Carrena; 4. Genny Lema (en representación de Sinaloa S.A) le prestó $760.000 a Ángel Fritz (v. fs. 120/127 del “cuerpo de antecedentes”). La fiscalización circularizó a los accionistas, pero la única notificación recibida fue la remitida al Sr. Leopoldo Carrena, mientras que las enviadas a los Sres. Ángel y Rodolfo Fritz fueron devueltas con la leyenda “Ausente c/ aviso” y “Desconocido”.
De cualquier modo, con la información obrante en sus propios sistemas en cuanto a la situación patrimonial de los accionistas, constató que:
- Leopoldo Carrena tenía presentadas las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y del impuesto sobre los bienes personales del año 2012 y había declarado ingresos de cuarta categoría por $120.467,60 y ganancias y/o ingresos exentos o no gravados por $90.715,38. En ellas, no incluía el crédito con Camiones Exclusivos S.A. ni el supuesto pasivo con el Sr. Ángel Fritz por el mutuo con el que justificó su capacidad para hacer los aportes.
- Ángel Fritz y Rodolfo Fritz estaban en el período fiscal 2012 inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y no habían presentado la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales.
Con dichos elementos, la fiscalización concluyó que Camiones Exclusivos S.A. no había acreditado la capacidad financiera de los accionistas como aportantes, ni tampoco la forma en que los aportes ingresaron en su patrimonio, por lo que el 5 de septiembre de 2016 puso en su conocimiento el inicio de la fiscalización en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2012 con el objeto de impugnar la declaración jurada presentada del impuesto a las ganancias en dicho período y el 21 de febrero de 2017 amplió la fiscalización por el impuesto al valor agregado Surge de allí también que encontrándose en curso el trámite del procedimiento de fiscalización, el 6 de febrero de 2017 Camiones Exclusivos S.A. informó el acogimiento de los accionistas al régimen de sinceramiento de la ley 27.260 y sus reglam., e hizo saber su intención de imputar los importes sincerados a los ajustes de inspección vinculados al desconocimiento de los aportes irrevocables de modo de usufructuar los beneficios de liberación otorgados en dicha normativa.
El 5 de septiembre de 2017, en oportunidad de contestar la vista de los ajustes en los términos del art. 17 de la ley 11.683, adjuntó como prueba, en lo que aquí interesa:
i) sobre los aportes: Acta de Directorio de fecha 22 de marzo de 2013 en la que se aprobaron los aportes irrevocables; Acta de Asamblea de fecha 16 de mayo de 2016 que decide la desaprobación parcial de los aportes y su reintegro a los accionistas; Acta de Directorio del 17 de mayo de 2016 en la que se registra su devolución.
ii) sobre el acogimiento de los accionistas al régimen del sinceramiento fiscal las notas de imputación de los Sres. Carrena y Fritz, informando que los dólares exteriorizados provienen de la devolución de los aportes; declaraciones juradas y tickets de presentación en el régimen de la ley 27.260.
Como antes se dijo, el juez administrativo concluyó que las exteriorizaciones efectuadas el 26 de diciembre de 2016 por los accionistas no alcanzaron para liberar a Camiones Exclusivos S.A. de las consecuencias tributarias derivadas de la falta de justificación de los ingresos para realizar los aportes irrevocables, concretamente, porque no eran suficientes para demostrar que dichos aportes realmente existieron y que no obedecen, en realidad, a ingresos de la empresa omitidos de declarar.
Y es sobre dicho punto en torno al cual gira fundamentalmente la defensa de la recurrente ante este Tribunal y sobre lo cual debe resolverse. Esto es, si con los acogimientos de los accionistas -Carrena y Fritz- al régimen de sinceramiento y exteriorización de activos previsto por la ley 27.260, Camiones Exclusivos S.A. puede justificar los aportes de capital que registró en su contabilidad en el período fiscal 2012 que en los actos recurridos el Fisco Nacional calificó como originado en un incremento patrimonial no justificado, valiéndose para ello de la presunción del art. 18, inc. f) de la ley 11.683 (t.v.).
En efecto, Camiones Exclusivos S.A. entiende que a partir de las exteriorizaciones efectuada por los accionistas quedó subsanada la falta de declaración de los fondos aportados en sus propias declaraciones juradas y demostrada, además, su capacidad financiera para llevarlos a cabo.
Sin embargo, cabe ya adelantar que tal pretensión no puede prosperar.
Ello, toda vez que la ley 27.260 no previó entre sus beneficios la exteriorización de lo que nunca existió, sino de aquello que habiendo existido, no fue declarado.
En el caso, ni de los antecedentes administrativos, ni de las pruebas agregadas a este Expediente surgen acreditados los aportes de capital por parte de los accionistas. La única prueba es su registración en la contabilidad de Camiones Exclusivos S.A., más ello no es suficiente cuando se trata de probar el origen de los fondos con los que fueron efectuados que es, en definitiva, de lo que aquí se trata, porque lo que la Administración Tributaria presume, valiéndose del art. 18, inc. f) de la ley 11.683, es que se trató de ingresos no declarados, originados en ventas omitidas.
Ello así máxime cuando lo que sí quedó acreditado es que Camiones Exclusivos S.A. requirió en el mismo ejercicio - 2012- de un importe extra al capital social para afrontar sus actividades —así lo reconocen ambas partes—, pero no ha probado debidamente su origen. Cabe recordar que la fiscalización no pudo localizar a los accionistas, siquiera pudo diligenciar los requerimientos en sus domicilios a dos de ellos, y constató además en sus propios sistemas que ninguno tenía registrado los aportes como créditos en las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales. Dos de ellos eran, además, monotributistas, y ninguno declaraba importes de dinero suficientes como para prestar en mutuos a otros accionistas.
Por otro lado, que en la presentación ante este Tribunal, Camiones Exclusivos S.A. manifiesta que los aportes fueron realizados por los tres accionistas por $300.000 cada uno, mientras que del Acta de Directorio N° 4 del 22 de marzo de 2013 que acompañó surge que fueron dos los accionistas, los Sres. Leopoldo Daniel Carrena y Rodolfo Efrain Fritz, los que lo realizaron, por $450.000 cada uno. Es decir, la información que la propia empresa esgrime en su defensa no coincide con la aportada como prueba.
Debe decirse también que los aportes se habrían realizado con supuestos mutuos celebrados entre los propios accionistas – a pesar de carecer de capacidad financiera- o bien con la participación de la representante de una sociedad identificada como Sinaloa S.A. de la cual tampoco se ha aportado ninguna prueba sobre su capacidad económica, siquiera de su real existencia, lo que pone en seria duda que los aportes irrevocables efectivamente existieron.
Queda decir que Camiones Exclusivos S.A. pretende dar validez a la operatoria realizada invocando actas, de directorio y de asamblea, del año 2013 y 2016, suscriptas por los supuestos accionistas y aportantes, que nunca pudieron ser localizados, y que fueron presentadas como prueba en hojas sueltas y en copia simple, es decir sin ningún dato que permita asignarle certeza a la fecha en que fueron realmente celebradas las reuniones y tomadas las decisiones allí documentadas, lo cual también resta verosimilitud a sus agravios. Es que si lo que se pretendía era demostrar la realidad de los aportes irrevocables con anterioridad a la sanción de la ley 27.260, debió esforzarse por probar que revestían dicha condición con elementos fehacientes en los que las formalidades, como las referidas a la fecha de emisión, revisten un rol fundamental.
Lo cierto es que por más amplitud con la que se conciba al excepcional régimen de regularización sancionado por la ley 27.260 y sus reglamentaciones, su interpretación no puede llevarse al extremo de admitirse que la sola exteriorización de dinero por parte de accionistas convierta en aporte de capital lo que no es aporte de capital e implique la justificación de un pasivo -que ya estaba declarado-, que es lo que el Fisco Nacional objetó en las Resoluciones recurridas, y como ya se señaló antes, Camiones Exclusivos S.A. no ha rendido prueba en contrario, ni del origen de los fondos, ni de la forma en que ingresaron a su patrimonio.
En efecto, el Fisco Nacional le otorgó a los aportes el tratamiento de incremento patrimonial no justificado en los términos del art. 18, (en el caso, inc. f), norma que establece las facultades de la Administración Tributaria para practicar determinaciones estimativas en base a presunciones. Ha dicho la Corte Suprema, en más de una oportunidad, que las presunciones son elementos de juicio aptos para aquellos casos en que el contribuyente no ha presentado declaraciones juradas o cuando no existan o resulten insuficientes las registraciones contables y documentación que respalden las operaciones comerciales, sin que ello implique autorizar decisiones discrecionales (Fallos 264:99).
Se trata, en definitiva, de la potestad que la ley le asigna para verificar que los movimientos de fondos en efectivo no correspondan a ingresos que fueron sustraídos previamente del deber de tributar. Es por eso que, en el curso del procedimiento de fiscalización, de determinación de oficio y, por último, en el proceso contencioso ante este Tribunal, el contribuyente tiene el derecho a ejercer su defensa y rendir prueba, teniendo en consideración, especialmente, que se partió de un monto que la propia recurrente había consignado en su contabilidad, que, además, debe estar respaldadas por los comprobantes correspondientes porque, conforme lo establece el art. 33 de la ley 11.683, sólo de la fe que éstos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllas.
Finalmente, tampoco le cabe el beneficio del art. 48 de la ley 27.260 que fue previsto únicamente para el caso de empresas o explotaciones unipersonales, condición que al ser una sociedad anónima Camiones Exclusivos S.A. no detenta.
Por todo ello, corresponde confirmar las Resoluciones Nros. 311/17 y 312/17 tanto en cuanto al capital como los intereses que lo acceden por así disponerlo en forma expresa el art. 37 de la ley 11.683, con costas.
V. Respecto de las sanciones de defraudación aplicadas, el juez administrativo se valió de las presunciones de dolo establecidas en el art. 47, inc. b) y c) de la ley 11.683, toda vez que Camiones Exclusivos S.A. computó en sus declaraciones juradas aportes irrevocables de capital que no contaban con su correspondiente respaldo probatorio. Tales presunciones admiten prueba en contrario, sin embargo la recurrente no expresó agravios con relación a ello, limitándose a negar la existencia de la omisión del pago de los impuestos correspondientes.
Cabe recordar el criterio que en esta materia pusiera de manifiesto la Cámara que ejerce de Alzada de este Tribunal al fallar in re "Desartex S.A.", sentencia del 18 de julio de 2019 oportunidad en la que expresó que “… la figura de la defraudación -tipificada en el artículo 46 de la Ley N° 11.683- requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Ello, en la medida en que no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error en la víctima de defraudación (in rebus "Carlos Romero Hijos y Cía. S.Á. ", del 02/05/05; y "Sacks, Santiago (TV 20.669-1) c/ DG!", del 15/09/10). Por otro lado, el citado artículo 47 incorpora diferentes presunciones legales "iuris tantum" por las que se invierte la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto significa que, como consecuencia de estas presunciones, una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configuró alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (esto Sala in re: "Beleza SA (TV 21.382-1) c/ DGI", del 24/06/05; Sala III in re: "Andechaga Jorge Luis (TV 25.401-1) c/ DGI", del 15/04/09; y Sala IV in re: "Garnero Víctor Hugo (TV 24.331-19 c/ DGI", del 30/07/09)”.
Y que, “… ante el hecho de que se consignaron datos en las declaraciones juradas que incidieron sobre lo determinación de la materia imponible (inc. b del art. 47 de la Ley Nº 11.683), es aplicable en el caso la presunción de que existió una conducta dolosa por parte de la contribuyente. A partir de ello, es posible concluir que la declaración jurada inexacta presentada inicialmente por el contribuyente tuvo una grave incidencia en la determinación de la materia Imponible y, por su parte, lo actora no acreditó ninguna circunstancia que la eximiera de responsabilidad por dicha inexactitud (esta Sala, in re "Agro Beef S.R.L" cit.). En consecuencia, la sanción impuesta posee fundamento fáctico y jurídico suficiente (arts. 46 y 47 inc. b de la Ley N°11.683)".
A partir de todo lo expuesto en el apartado IV, no existen dudas de que se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo, conforme el criterio de la Cámara antes desarrollado, que permiten confirmar el encuadramiento de la conducta de Camiones Exclusivos S.A. en la figura infraccional bajo análisis. Las declaraciones juradas fueron presentadas en forma inexacta ya que se incluyó un importe en concepto de aporte irrevocable cuya real existencia, como se expusiera en los Considerandos precedentes, no fue acreditada. A ello cabe agregar que no se han alegado, menos aún probado razones que permitan eliminar el dolo en la conducta de la aquí recurrente, teniendo en cuenta que su defensa ante esta instancia giró mayormente en torno al “sinceramiento” efectuado según la ley 27.260 por los socios de la empresa y no a probar la existencia del aporte de capital supuestamente efectuado.
Finalmente, Camiones Exclusivos S.A. solicitó que las multas sean “recalculadas” a la luz de la modificación introducida por la ley 27.430 a la figura defraudatoria prevista en el art. 46. Dicha reforma redujo de 10 a 6 el máximo de veces de impuesto a los fines de calcular la sanción de defraudación. Siendo que en el caso las multas fueron graduadas en tres tantos y que no se advierten razones ni de los antecedentes de la causa, ni de su trámite ante este Tribunal que lleven a objetar dicha ponderación, corresponde concluir que la conducta fue correctamente merituada y, por ende, que las multas aplicadas en las Resoluciones también deben ser confirmadas, con costas.
Por lo expuesto, se resuelve:
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 311/17 y 312/17, con costas.
2. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Camiones Exclusivos S.A., en la suma de $82.210, equivalente a 5,51 UMA, por la representación procesal y $205.526, equivalente a 13,76 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en el Expediente, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere a la solución propiciada por la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 311/17 y 312/17, con costas.
2. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Camiones Exclusivos S.A., en la suma de $82.210, equivalente a 5,51 UMA, por la representación procesal y $205.526, equivalente a 13,76 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en el Expediente, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2023.09.01 10:37:02 -03:00 Date: 2023.09.01 11:02:52 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.01 11:15:34 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.01 11:15:35 -03:00
Fin de la sentencia