Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 13.095
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNecochea, 9 de agosto de 2022 VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se confirma la sentencia de grado con las modificaciones resueltas en la primera cuestión. Las costas de Alzada se imponen en un 70% a cargo de la demandada y el 30% restante para los actores (arts. 68 CPCC; 274 CPCC). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967).
En la ciudad de Necochea, a los 9 días del mes de agosto de 2022 reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "Campanella Leonardo Felix Y Otro/A C/ Franquet Norma Beatriz S/ Cumplimiento De Contratos Civiles/Comerciales" -Expte. 13095-, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza y Sra. Jueza Dra. Ana Clara Issin.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Es justa la sentencia dictada el 20 de diciembre de 2021?.
2ª "¿Qué pronunciamiento corresponde?.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:
I. El sr. Juez de grado dictó sentencia en la que resolvió “lugar a la demanda promovida por Leonardo Felix Campanella y Mariela Alejandra Mari contra Norma Beatriz Franquet sobre cumplimiento contractual. (...) Condenando a la demandada a pagar a la actora: a) la suma de pesos equivalentes a la cantidad de dólares estadounidenses que arroje la liquidación a efectuarse conforme las pautas dadas en el Considerando V más los intereses establecidos conforme las pautas dadas en el Considerando VII y b) la suma de pesos ciento ochenta mil ($ 180.000) establecida en el Considerando VI más los intereses determinados conforme surge de las pautas dadas en el Considerando VII.”
Impuso las costas por su orden “toda vez que tanto la defensa de pago parcial como la modalidad de pago en pesos opuestas por la accionada han prosperado, viéndose modificado el monto reclamado.”
Y finalmente difirió la regulación de honorarios para la oportunidad en que se practique y apruebe la liquidación definitiva.
Fundó su decisión en que en el contrato de compraventa motivo del litigio “las partes previeron un mecanismo de solución ante la contingencia de que variase la cotización de la divisa estadounidense. Es decir que ese cambio sustantivo en las equivalencias fue previsto al momento de contratar y las partes libremente acordaron cumplir el contrato.” De allí que la readecuación de lo convenido -con base en el art. 1091 CCyCN (imprevisión)- opuesta como defensa por la demandada, no podía prosperar.
Determinó luego el monto en dólares estadounidenses adeudado, con base en la pericia contable, admitiendo el progreso parcial de la defensa de pago y entendió que la demandada “deberá abonar el saldo de precio conforme las pautas dadas en el precedente citado, ello es convirtiéndose el monto adeudado en dólares estadounidenses a moneda local, conforme el tipo de cambio oficial al que puede acceder el particular para hacerse de moneda extranjera en el mercado que en el régimen legal actualmente vigente se conoce como “dólar solidario” (art. 35 Ley 27.541), sin la percepción adicional del 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales establecida por el BCRA reglamentada en la Resolución General AFIP 4815/2020.”
Siendo el precedente citado la sentencia dictada en autos "Salinas Alejandro Jesus y otro/A c/ Yeoman Marisa Del Carmen s/ Consignacion de sumas dinero, alq., arrendam." Expte. 12317, 18/11/2021, voto de la Dra. Issin. Respecto de los daños reclamados sostuvo que la lesión patrimonial peticionada en demanda no era tal pues “la misma se encuentra dentro de las sumas percibidas y a percibir por el demandado, con sus intereses, debiendo desestimarse el rubro reclamado''.
En cuanto al daño extrapatrimonial entendió acreditado “El perjuicio sufrido por la parte actora que se vieron privados de su vivienda y el incumplimiento de la demandada, les ha provocado una afectación perjudicial en su estado anímico y espiritual, que merece ser indemnizada (...).” citando el código derogado, jurisprudencia relativa al consumidor dañado y sin discernir a quién de los actores se refería ni en virtud de qué elementos de prueba.
II. La decisión es apelada por ambas partes.
1. La demandada reitera aquí su reclamo de la procedencia del reajuste por imprevisión en función de la diversa cotización del dólar estadounidense. Refiere distintos argumentos y peticiona se aplique el esfuerzo compartido, concluyendo que entiende que abonar “la diferencia al valor del dólar oficial, sin impuestos, parece ser una solución ajustada a derecho, una readecuación de los importes, lo que propongo a VE, salvo mejor criterio.”
Como segundo agravio procura se lo autorice a cancelar la deuda al valor del tipo de cambio oficial. Luego de largas consideraciones sobre el tipo de obligación que significaría la adoptada en el contrato, concluye ajustando su petición del siguiente modo: “la deuda debe ser pesificada al valor oficial del dólar, dado que el impuesto solidario no puede aplicarse en favor de la parte, sino es el Estado quien aplica ese % que debe ser destinado a fines sociales. Siendo un impuesto, no puede ser recaudado por los particulares, ya que es una facultad prohibida para los privados, solo reservada para los organismos recaudatorios. El valor oficial es el que rige inter partes, el plus que se cobra por encima debe ir a las arcas estatales quien se encarga de disponerlo según las necesidades sociales del país.”
En su tercer agravio cuestiona la admisión de la indemnización por daño moral. Señala en tal sentido la excepcionalidad de esa lesión en materia contractual así como la falta de prueba en el caso.
Como cuarto agravio cuestiona los intereses fijados para el saldo de precio. Indica que “El a quo no especifica si la tasa aplicable es en pesos o en dólares, lo cual genera una diferencia cuantiosa. Tampoco queda en claro a la cotización de qué fecha deben convertirse los dólares; si utilizáramos el dólar del día de la sentencia, no puede aplicarse intereses en pesos desde la fecha de mora, ya que tornaría un resultado absolutamente desproporcionado y arbitrario. Así pues, no podemos utilizar el valor del dólar al momento de la sentencia (año 2021/2022) y aplicarle una tasa de intereses en pesos desde el 2018, ya que, para ese cálculo estaríamos tomando por un lado un valor actual y por otro adicionando intereses desde la mora retroactiva a varios años atrás, en dos monedas diferentes.”
Peticiona en tal sentido que los intereses se fijen de igual modo que para el daño moral; subsidiariamente “si el monto de condena ha sido fijado en dólares, los intereses desde la fecha de mora deben serlo en la misma moneda.” Solicita allí que sea la tasa pasiva en dólares.
Señala como quinto agravio que no se ha tratado su defensa relativa al incumplimiento de la parte actora de las obligaciones contractuales a su cargo. Refiere que por ese incumplimiento anterior es que suspendió sus pagos. Subsidiariamente solicita que “ante un eventual monto de condena”
(textual) se descuenten los impuestos adeudados y que el pago debe hacerse contra el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio.
Finalmente efectúa la reserva del caso federal.
2. A su turno los actores se agravian de la falta de admisión del daño emergente. Indican que “La no recepción de este rubro, claramente y como se expresó en demanda, generó en la Sra. Franquet una ventaja económica, y una desventaja a esta parte.Gozó de un amplio inmueble en un Barrio cerrado sin abonar, ni Boleto de compraventa, ni alquiler, contrariamente la actora generó una deuda ante su vendedor”.
El segundo agravio lo compone la distribución de las costas. Indican que lo sustancial de la demanda ha prosperado y en consecuencia los demandados resultan vencidos y como tales responsables de las costas.
III. Ambos recursos progresan aunque de manera parcial.
1. Comenzaré por el de la demandada.
En relación al primer agravio entiendo que los fundamentos traídos a consideración no conmueven la premisa de la sentencia apelada. Como repasamos previamente la decisión de grado estimó que no era aplicable la llamada “teoría de la imprevisión”, esgrimida por la accionada con vistas a recomponer el contrato. Entendió que la supuesta imprevisión no era tal y que se había previsto un mecanismo para atender la eventualidad.
La cláusula en cuestión (segunda) señala que el precio de la compraventa del inmueble es de ciento veinticinco mil dólares estadounidenses, pagaderos en ese acto y en ocho cheques en pesos, los que se identifican en cuanto a su Banco, número e importe en pesos (v. boleto fs. 20/21). Y continúa la cláusula indicando que “A la fecha de cobro cada uno de los valores serán cambiados por el comprador por efectivo en dólares, a la cotización que al día del vencimiento corresponda, comprometiéndose a abonar la diferencia que surja para llegar al valor total del precio convenido.”. De la literalidad de la cláusula emerge que la obligación de la compradora implicó asumir la diferencia entre el valor consignado en cada cheque y la moneda de pago hasta alcanzar el precio convenido. No hay allí convenidos límites o valores de referencia que permitan entender que tal asunción fue restringida a una determinada evolución de la cotización.
Las alusiones del memorial a que se previó una variación pero no de la magnitud que efectivamente sucedió se chocan con la letra del contrato donde, reitero, no se estableció limitación alguna. Ello de por sí daría respuesta suficiente al agravio.
Pero para atender más ampliamente el planteo debo señalar que, conforme es de práctica al analizar la aplicación o no de la teoría de la imprevisión, deben valorarse las prestaciones en juego y la situación del deudor y con ese contexto determinar o no su admisión.
En el caso, tratándose de la venta de un inmueble, se carece de toda información relativa a cómo evolucionó su valor en relación a la prestación adeudada. Es que si la figura en examen procede frente al desequilibrio entre las prestaciones necesariamente debemos contar con la información del valor de las prestaciones principales; esto es el inmueble por un lado y el precio por el otro, así como también las circunstancias personales del obligado al pago. Aspecto este último el que tampoco se ha aportado nada.
Refiere la doctrina especializada que para establecer si existe excesiva onerosidad sobreviniente “Una operación esencial será poner en relación los valores originarios de las ventajas y de los sacrificios y medirlos con un denominador común (que puede ser el valor de una cosa o conjunto de cosas en dinero), de manera de obtener la diferencia existente entre ellos.” ("Las Vicisitudes del contrato y su regulación en el Código Unificado” por Ramiro J. Prieto Molinero en RDPyC - Rubinzal 2016 - 3 “Contratos - Parte general” p. 403)
Y continúa: “En ese sentido, uno de los debates clásicos que se han dado en la Argentina es la cuestión de las deudas en dólares o con cláusula dólar. ¿Qué parámetro cabría emplear aquí? Tratándose de particulares, lo más razonable es emplear los niveles de ingresos y el poder de compra efectivo. Así, por ejemplo, y frente a una devaluación, no es lo mismo que una persona esté dispuesta a pagar por un inmueble el equivalente a diez años de su salario que treinta años, y esto, aun cuando aquél mantenga el mismo valor en moneda extranjera. Incluso puede ocurrir que, a raíz del cambio en las circunstancias, el inmueble haya disminuido en su valor de mercado y que, no obstante, siga representando un sacrificio enorme en base al nivel de ingresos del comprador”. Ello responde a la lógica propia de la figura que procura restablecer un equilibrio supuestamente perdido en el sinalagma, tarea en la que se requiere contar con los valores de las prestaciones, previos y posteriores, así como la cuantía del sacrificio de quien se dice excedido; sin que la evidente modificación de uno de los elementos pueda imponer sin más la procedencia de la revisión. La propia recurrente entiende que la excesiva onerosidad “debe resultar de la ineludible comparación de los valores de ambas prestaciones, no sólo de la variación brusca del valor dólar con nuestra moneda, sino que debe ser el resultado de la ponderación y el cotejo del valor dólar con el valor de la tierra comprada.” (expresión de agravios del 6/2/202 página 3, 3er. párrafo). En el caso la compradora no ha producido ninguna información más allá de la cotización de la moneda extranjera cuyo compromiso de entrega conforma el precio pactado, de allí que más allá de haber asumido el pago de su cotización sin limitación alguna, lo cierto es que tampoco ha producido la información que permita entender que, en el caso y más allá de la evolución de la cotización, exista para ella tal excesiva onerosidad en función de los valores en juego en el contrato.
2. En lo relativo al tipo de cotización al que deberán pagarse los dólares adeudados -y tal como cita el magistrado de grado- esta Cámara ya ha sentado su interpretación sobre la que se construye la propia sentencia apelada. En ese marco el único argumento que esgrime la recurrente es relativo al pago del porcentaje que impone la ley 27541 en su art. 35. Sin embargo -y nuevamente- la cláusula contractual ponía en cabeza de la compradora obtener el efectivo en dólares para lograr el valor total del precio convenido. De allí que si para obtener tal efectivo se requiere el pago extra del impuesto en cuestión (pues ninguna de las partes reporta como exento; v. art. 36 L. 27.541) esa carga no puede recaer en el acreedor pues resulta regla general del derecho que los costos que irrogue el pago adeudado los asume el deudor pues de lo contrario se afectaría el principio de integridad y la cancelación en sí misma (arts. 10; 729; 869 CCyCN).
En definitiva atender ese gasto implica asumir el cumplimiento por el deudor de aquellas obligaciones accesorias a la obligación principal, en tanto aquellas resultan esenciales para satisfacer el interés del acreedor (conf. art. 856 última parte del CCyCN).
A ello cabe agregar que admitida en sentencia -y firme en ese aspecto por ausencia de agravio- la facultad de cancelar en pesos que prevé el art. 765, resulta aplicable la interpretación que al respecto efectuó este Tribunal de esa norma y más puntualmente de la palabra “equivalente” en el contexto de multiplicidad de cotizaciones.
Allí se sostuvo que “la conversión de la moneda extranjera a moneda de curso legal a la cotización del banco oficial, no constituye el concepto de ´equivalente´ contenido en la norma, de acuerdo a los distintos valores de la divisa extranjera por las disposiciones dictadas por el Gobierno Nacional. Sobre el particular se ha sostenido que “En cuanto a qué es el equivalente, la discusión no puede plantearse sino partiendo de la significación de la palabra "equivalente". Según el Diccionario de la Real Academia Española, significa "ser (una cosa) igual a otra en la estimación, valor, potencia o eficacia". He aquí el drama de buscar el equivalente de algo que tiene varias estimaciones o valores. (") "El art. 765 "dentro de su pobre técnica" ha tenido el acierto de no señalar un valor determinado, sino el equivalente, que no es "en nuestro criterio" la cotización del dólar "tipo vendedor" del Banco de la Nación Argentina, pues no se trata del "igual" imperante en la realidad económica del país. Se dejó en manos de los jueces la fijación de la cantidad y calidad del equivalente." (conf. Parellada Carlos A. "El derecho y la economía. Sus desencuentros en las obligaciones de dar moneda extranjera", La Ley 16/11/2020,3)
Agregando el citado jurista que “Cuando resulta aplicable y el deudor ejerce la opción, la equivalencia debe tener en cuenta que no puede perjudicarse al acreedor. Ciertamente no es fácil "para la jurisdicción" la determinación del quantum del perjuicio que debe evitar, pero debe hacerse siguiendo pautas de realidad económica, lo que lleva a un cuidadoso examen de las circunstancias fácticas del negocio. No parece adecuado adoptar como pauta un valor ficticio, como el resultante del cambio oficial según las operaciones del Banco Nación, pues no se trata del equivalente según la realidad económica. Tal criterio resulta disfuncional a incentivar a las partes a un arreglo de sus diferencias, en cuanto da esperanza al deudor respecto de que su deuda será menos gravosa en la vía judicial.". (conf. expte. 12.317 “Salinas c. Yeoman“ RS 77 del 18/11/21)
En definitiva la pretensión de la recurrente, en este aspecto, no respeta lo convenido, ni la interpretación del art. 765 del CCyCN, ni los deberes que como deudora se derivan del propio Código.
3. Como tercer agravio trataré lo relativo a los intereses por el saldo de precio. Recordaré que la sentencia cuestionada los fijó en la tasa pasiva más alta determinada por el Bapro para sus depósitos a 30 días, desde la mora. La fecha de mora no fue establecida ni las partes debatieron tal aspecto puntualmente por lo que, en función del límite de la jurisdicción que implican los agravios (arts. 266 y 272 CPCC), tal determinación queda postergada para la oportunidad en que se practique liquidación.
No obstante esa omisión no impide tratar el agravio relativo a los intereses el que debe admitirse pues la deuda es en moneda extranjera, por lo cual la tasa a aplicar debe atender esa particularidad, sin perjuicio de que el pago luego sea efectivizado en moneda nacional tal como ordena la sentencia en aspecto que llega firme.
De allí que al capital adeudado (saldo de precio ya determinado y firme) deberán agregársele los intereses a la tasa pasiva más alta que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en dólares estadounidenses a treinta días desde la fecha de mora y hasta su efectivo pago (art. 768 inc. “c” CCyCN).
4. En cuanto al agravio por la condena relativa al daño moral entiendo que también es ajustada la crítica relativa a la falta de prueba.
Si bien es cierto que el régimen de la responsabilidad civil se ha unificado en gran medida ello no implica que la existencia de una lesión a la esfera extrapatrimonial no requiera de una dosis de evidencia para progresar, en especial cuando los intereses en juego derivan de un contrato paritario, donde la ley no imputa ni presume la lesión ni tampoco ella surge notoria de los propios hechos (art. 1744 CCyCN).
En autos se alegó que los actores se vieron mortificados ante la falta de pago y por no poder abonar a su familia la compra de otra vivienda (pto. V fs. 62vta./63)
Los testigos no son asertivos en tal aspecto (audiencia del 3/3/21). Confirman la compraventa como un negocio familiar (compra de un inmueble en esta ciudad al padre y al tío del co-actor) señalan la existencia de “conflictos” (testigo Rodríguez 8a. respuesta) o que la relación se encuentra fracturada pero que se ven (2a y 3a. ampliatoria, misma testigo); o “problemas familiares por la compra de la vivienda” (testigo Susana Donato; 8a. respuesta) pero no identifican estados de ánimos en cada uno de los actores, ni cuándo o cómo habrían padecido la lesión reclamada.
No hay otras pruebas al respecto. Ni ofrecidas y producidas.
Ese nivel de indeterminación y de generalidad -que impide siquiera discernir entre los daños que se alegan padecidos por uno y por otro actor, los son reclamados, referidos y otorgados en plural, sin precisión alguna- tornan huérfano de acreditación al reclamo e imponen la admisión del agravio y la revocación de ese apartado de la sentencia (arts. 375; 384; 456 CPCC y 1744 CCyCN).
5. En cuanto a la falta de tratamiento de las defensas por incumplimientos ejercidas por la demandada, tal omisión en la decisión de grado es comprobable pero esa constatación no implica admitirlas.
Los incumplimientos denunciados eran tres: falta de levantamiento de la hipoteca (desmentido por el informe del 12/2/21); falta de pago de las tasas municipales devengados antes del boleto y falta de escrituración (ésta última a cargo de la compradora en todos sus aspectos esenciales, conforme cláusula 6a. del boleto). Como se advierte sólo la omisión del pago de las tasas sería un incumplimiento contractual atendible.
Sin embargo, esas defensas no prosperaron. En primer lugar -y conforme llega firme- la demandada ha incumplido con una prestación esencial de toda compraventa: el pago del precio.
En ese contexto su defensa no es atendible. En primer lugar no articuló reconvención alguna por la deuda que se dice impaga y cuyo monto ni siquiera se encuentra determinado a la fecha, a pesar del informe que la Municipalidad donde se ubica el inmueble ha informado (v. informe Municipalidad de Funes agregado el 6/5/21). Obviamente que ello no releva a los actores de tal obligación pero si difiere su exigibilidad.
En segundo orden la mora en cumplir su obligación esencial es anterior (ver boleto de fs. 20/21, cláusula 2a.; cartas documento de fs. 22 y 23 de noviembre de 2018 y de fs. 25; pericial contable del 26/2/21; sentencia apartado V) y aun cuando no lo fuese su relevancia es tan grande -en relación a la falta de pago de las obligaciones municipales- que no autoriza a disculpar su incumplimiento por otro muy inferior pues de hacerlo se admitiría un abuso del derecho de parte de la compradora (arts. 10; 961; 1031 a contrario; 1141 inc. “a” y ccdtes del CCyCN)
6. Toca el turno de atender los agravios de la parte actora.
El primero relativo a los daños derivados del incumplimiento no prospera. El rubro reclamado en primer lugar es inatendible. La privación de uso del inmueble entregado en venta no puede reportar como un daño emergente si los reclamantes han obtenido una condena favorable al pago del precio y, en definitiva, esa “privación” -querida en el contrato- recibe su contraprestación, vía sentencia. No hay allí daño alguno (arts. 1716; 1717; 1737 y 1739 CCyCN). El segundo aspecto no se encuentra probado.
Aún admitiendo que existe un contrato de compraventa entre los actores y el padre y el tío de uno de ellos (fs. 28/vta.) de allí no puede derivarse necesariamente un daño material por falta de pago pues nada de esto último se ha acreditado. No hay reclamos de ningún tipo, ni judiciales ni extrajudiciales, por lo que el daño alegado no fue acreditado (arts. 163 inc. 5°; 375; 384; 456 CPCC; 1716; 1717; 1737 y 1739 CCyCN) Ello sin detenernos en establecer si ese daño, indemostrado, puede ser imputable al incumplidor conforme las reglas del art. 1728 CCyCN, aspecto sobre el que los actores tampoco aportan elemento alguno de certeza.
7. Finalmente cabe pronunciarse respecto de las costas del proceso, aspecto en el que la apelación de los actores debe prosperar.
Es que obtuvieron la condena al pago de la suma adeudada y la diferencia computada en moneda extranjera según el apartado V de la sentencia sólo difirió en un 8%. Así la suma reclamada era de U$S74.346,05 y la de progreso es de U$S65.555,55; todo lo cual demuestra que su pretensión de cumplimiento de contrato fue atendida.
La falta de progreso de los daños reclamados no reporta como un tema esencial pues era la pretensión de cumplimiento del contrato la esencial y ésta fue mayormente admitida de donde la condena en costas en la instancia debe recaer en la demandada que es sustancialmente vencida (art. 68 CPCC). En cuanto a las costas de Alzada en función del progreso parcial de los recursos entiendo que deben ser distribuidas en un 70% a cargo de la demandada y el 30% restante para los actores (arts. 68 CPCC; 274 CPCC). Con las modificaciones propuestas voto por la AFIRMATIVA.
La Sra. Jueza doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:
Corresponde confirmar la sentencia de grado con las modificaciones resueltas en la primera cuestión. Las costas de Alzada se imponen en un 70% a cargo de la demandada y el 30% restante para los actores (arts. 68 CPCC; 274 CPCC). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada la señora Jueza doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 9 de agosto de 2022 VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se confirma la sentencia de grado con las modificaciones resueltas en la primera cuestión. Las costas de Alzada se imponen en un 70% a cargo de la demandada y el 30% restante para los actores (arts. 68 CPCC; 274 CPCC). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967). Notifíquese mediante el depósito del o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Fin de la sentencia