Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 262/271 vta. por el Sr. Defensor particular del imputado HUGO ORLANDO CAMPOS.-
2Absolver de culpa y cargo a HUGO ORLANDO CAMPOS en orden al delito de Portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización (art. 189 bis, inc. 2º, 3er. párrafo) por el cual fuera condenado en la sentencia dictada al Tº XXX, Rº 843, Fº 078/089, de fecha 01 de noviembre de 2013 por la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA SENTENCIA Nº:021 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 13 de abril de 2015 AUTOS: "CAMPOS HUGO ORLANDO S/INFRACCIÓN A LOS ARTS. 189 BIS, 2DO Y 3ER PÁRRAFO DEL C.P." Expte. Nº C-843/14/TSJ.-
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los trece días del mes de abril de dos mil quince, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia integrado por los vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Angeles Mercau (quien presenció la audiencia y votó) y Paula Ernestina Ludueña Campos, bajo la presidencia a cargo del Dr. Mauricio Daniel Mariani, con la asistencia del Sr. Secretario Dr. Ricardo Javier Albornoz, pronuncia la presente sentencia dictada en los autos caratulados "CAMPOS HUGO ORLANDO S/INFRACCIÓN A LOS ARTS. 189 BIS, 2DO Y 3ER PÁRRAFO DEL C.P." Expte. Nº C-843/14/TSJ, en razón que la Excma. Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 249/260 vta. condeno a Hugo Orlando Campos a la pena de un (1) año de prisión de efectivo cumplimiento con más costas del proceso y revocando la libertad condicional que fuera concedida al filiado en los autos Nº 1568/04 unificando la pena que se le impusiera en aquélla con la que se le dictó, fijándola en la de doce (12) años y diez (10) meses de prisión, de cumplimiento efectivo con costas. Que en esta instancia han actuado en calidad de partes, el imputado Hugo Orlando Campos, quien se encuentra asistido por su defensor particular Dr. Marcelo Urbano Quintero, y se desempeñó como Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia el Dr. Claudio Roberto Espinosa y,
I.-) Que, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial que luce a fs. 249/260 vta., interpuso recurso de casación el Dr. Marcelo Urbano Quintero, fundándolo en los artículos 439 incs. 1º y 2º del CPP, manifestando que la impugnación deducida tiene como sustento: "...1) inobservancias o errónea aplicación de la ley sustantiva; 2) inobservancia de las normas que este Código establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, siempre que, con excepción de los casos de nulidad absoluta, el recurrente haya reclamado oportunamente la subsanación del defecto, si era posible, o hecho protesta de recurrir en casación...".- Manifestó el recurrente que "...la sentencia en recurso llega a conclusiones absurdas y arbitrarias, contrarias a derecho al tratar el pedido la nulidad (sic) del registro domiciliario solicitado por esta defensa, y concluye erróneamente que el mismo no puede ser tratado nuevamente, fundándose en razonamientos que se estrellan o enfrentan al propio contenido de las normas que se invoca para sostenerlos. Más adelante con evidente error de derecho, considera configurado el hecho imputado y da por probado la acusación pública, violando groseramente el principio constitucional "ne bis in idem"... tiene por acreditada la forma de producción de los sucesos en investigación a partir de prueba insuficiente contradictoria, y que impedía a la Magistratura valerse de ella para condenar a mi defendido, debido a que él mismo por ese hecho ya fue "sobreseído" violando como dijéramos la prohibición constitucional de doble juzgamiento...".- Agregó que "...el Tribunal a quo "por mayoría", procede a condenar en forma dogmática y arbitraria a mi asistido. La resolución, es violatoria de normas procesales y contraria a mandas Constitucionales y de Tratados Internacionales vinculados a los principios tutelares de los Derechos Humanos correspondientes al "principio de ne bis in idem", "in dubio pro reo", "pro hominis" y "favor libertatis"...". Plantea la nulidad del allanamiento sin orden judicial.-
A fs. 276/277 se hace lugar al recurso impetrado y se emplaza a la parte quien mantuvo el recurso a fs. 299.-
El día 28 de noviembre de 2014 por auto interlocutorio de este Alto Cuerpo, se tuvo por mantenido el recurso de casación articulado (fs. 301/302 vta.).-
Que, por auto de presidencia que luce a fs. 307, se citó a los interesados a la audiencia de debate que prescribe el art. 451 del C.P.P., cuya acta se encuentra agregada a fs. 321/322, exponiendo los asistentes los fundamentos de sus respectivas posturas.-
II.-) En la audiencia de debate el Defensor ratificó el recurso de casación presentado a fs. 262/271 agregando que "...la Cámara de Caleta Olivia hizo una interpretación contraria a derecho que lo torna arbitrario. Ha interpretado erróneamente el tema del tratamiento de las nulidades, también ha violado el principio de doble juzgamiento toda vez que el imputado ha sido absuelto por un hecho el cual es comprendido luego en la condena.
Que esta defensa postuló la nulidad del allanamiento y de todo lo actuado toda vez que no se encuentra probada la excepción del art. 211.
Que la Cámara dice que es una nulidad absoluta que puede ser declarada en cualquier estado del proceso pero que como la misma fue tratada en el juzgado de Recursos ha precluído lo cual es absurdo toda vez que la nulidad absoluta puede ser planteada en cualquier estadio... la sentencia del juez de recursos no son sentencias en los términos del art. 440 del Código Procesal, es decir, no son cosa juzgada. Que con el criterio de la Cámara de Caleta Olivia ante la confirmación del Juez de Recursos no se podría alegar en el debate dichas cuestiones lo que resulta arbitrario. Postuló la nulidad del allanamiento. No se acreditó el art. 211 inc. 4º, que habilita a la prevención, al allanamiento no siendo acreditado en este caso.
Reitero la nulidad del allanamiento y de todos los hechos que de él dependan. Que en el caso concreto el perjuicio que ha sufrido mi defendido surge del registro ilegal toda vez que se colectó prueba obtenida ilegalmente, por lo cual ha sido perjudicado ya que fue el basamento del procesamiento y prisión preventiva. Que en cuanto al segundo agravio, la magistratura ha manifestado en su sentencia que el hecho se encuentra acreditado violando el principio del doble juzgamiento... que el fundamento es contradictorio. De autos surge que con sentencia del juez de instrucción su defendido fue sobreseído por el primer tramo del hecho, amenazas calificadas por el uso de arma. Que al calificar el delito de la portación ha sido arbitraria, que el voto del Dr.
Olivera ha sido correcto. Solicito que éste Tribunal revoque la sentencia y dicte una conforme a derecho. Por último sostengo la errónea aplicación de la ley sustantiva toda vez que ha entendido que ha cometido el delito de tenencia de arma de fuego, lo arbitrario radica que al momento de ser detenido su defendido no portaba el arma, por lo que se debe corregir la calificación expuesta y peticiono por el art. 189 inc. 2º párrafo 1º, es decir, tenencia de uso civil...".- Para finalizar, el Dr. Claudio Roberto Espinosa, Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, expresó que "...entiendo que a la solicitud de nulidad no se debe hacer lugar toda vez que las nulidades pueden ser corregidas por la Cámara por lo que no encuentra nulidad en el proceso.
En segundo lugar de lo que surge de la audiencia se debate si hubo portación o tenencia, siendo dos cosas distintas. Disiente con el fallo de la Cámara coincidiendo con el Dr. Olivera... en el expediente no surge la portación al momento de la detención si en cambio al momento de la agresión. Que se acredita la tenencia ilegítima la cual requiere que se encuentre el arma en lugar público o en el domicilio del imputado cosa que así sucedió. Por lo expuesto sostengo que se está en presencia de la tenencia ilegítima de arma. Que el arma estaba en condiciones de ser utilizada..." Solicita se modifique la calificación y se lo condene por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.- Atento todo lo manifestado por las partes intervinientes corresponde resolver las cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 262/271 vta. por la defensa del imputado HUGO ORLANDO CAMPOS?
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifica la existencia de irregularidades procesales que tornan a la sentencia recurrida como fruto de la violación del debido proceso legal? TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
De este modo quedan las presentes en condiciones de tratar y resolver las siguientes cuestiones y:
I.-) PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 262/271 vta. por la defensa de HUGO ORLANDO CAMPOS?. A la primera cuestión planteada, este Tribunal Superior de Justicia, entiende que el recurso de casación en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados en lo pertinente, por los artículos 446 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que el impugnante se encuentra legitimado para recurrir, y teniendo en cuenta que la sentencia objeto del recurso se enmarca dentro de las resoluciones que el código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía (art. 440 C.P.P.), debe entonces admitirse el recurso de casación interpuesto.- Por todo lo expuesto, corresponde votar por la afirmativa.-
II.-) SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifica la existencia de irregularidades procesales que tornan a la sentencia recurrida como fruto de la violación del debido proceso legal? En primer lugar, como se ha expuesto en la presente, el recurrente plantea la nulidad del allanamiento realizado en José Hernández Nº 1383, por la autoridad policial, oportunidad en la cual fue secuestrada el arma marca Ballester Molina, Nº de serie 109618, calibre 22. Para desestimar la nulidad del acto procesal recién aludido articulada por el Sr. Defensor, en la sentencia en crisis, se argumenta que su rechazo obedece a que: "...Se trata, a mi juicio, de una de las nulidades denominadas absolutas puesto que, por oposición a las relativas – que son simplemente de orden-, es de aquellas realizadoras de reglas constitucionales, en el caso, la garantía de inviolabilidad del domicilio (art. 18 CN).
Así las cosas, entiendo que una cosa es la naturaleza de la nulidad (que la defensa presenta como absoluta, en el caso) y otra diferente es la oportunidad para su tratamiento y los recursos previstos a su respecto. La parte tiene derecho, y está obligada, a plantear las nulidades producidas durante la instrucción en el término de citación a juicio, o en cualquier momento si se trata de una nulidad absoluta. Pero esto es si y solo si no las planteó antes. Una cosa es que una nulidad absoluta pueda ser declarada en cualquier momento del proceso y otra diferente es que, habiendo sido ya resuelta, un Tribunal que no tiene competencia de Alzada en relación a quien la decidió, pueda volver sobre el tema, afectando el principio de preclusión.
Este instituto, el de la preclusión, se refiere no sólo al aspecto temporal –qué es lo que se resuelve-. De lo contrario todas las cuestiones podrían ser reeditadas constantemente ante todos los magistrados que intervienen en las diversas etapas hasta lograr, quien las presentase, una resolución favorable que, por lógica, generalmente resultaría desfavorable para la contraparte quien, a su vez, podría reeditar infinitamente la cuestión..." (fs. 250 vta.).- Se recrea lo expuesto en el voto mayoritario, en virtud que su lectura revela el error de razonamiento, al afirmar que la irregularidad del acto procesal amerita la declaración de nulidad de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, en que lo advierte el tribunal, guiándonos por las expresiones contenidas en el art. 160 segunda parte, para luego, contradictoriamente, afirmar que corresponde su rechazo por haber sido tratada y rechazada en Instrucción e incluso con pronunciamiento final del Juez de Recursos.-
Tratándose de la violación de formas procesales que tienden a evitar la afectación de derechos constitucionales, si se concretó el perjuicio para el interés tutelado, dicha irregularidad jamás puede ser saneada por el particular ni siquiera por el órgano jurisdiccional, atento que el interés afectado integra el orden público.-
No se puede concebir que la declaración de nulidad de un acto procesal que afectó un derecho constitucional, quede sujeto a la actuación o pedido de un particular, cuando el interés en su no admisión, se encuentre instalado en el orden público. Es por ello, por ejemplo que se ha resuelto: "...Esta nulidad existe de derecho. No resulta convalidable en el proceso por inacción de las partes (salvo excepción, art. 62) o del órgano jurisdiccional, habilitado para declararla oficiosamente, en cualquier estado y grado del mismo [CNP, Sala I, LL, 1995-C-522, DJ, 1995-2-490; CNCP, Sala II, JA, 1994-II.448; CNCP, Sala III, JA, 1999-IV.32; entre muchas]. Puede ser planteada hasta por quien no tenga interés en ella o, aun, haya dado causa [Manzini, Tratado…, t. III, p.111]. Es ejemplo el procesamiento sin indagatoria previa, que viola el art. 306. Será deber del órgano jurisdiccional verificar si existe vicio que provoque [CS-Fallo, 319:1496; CNCP, Sala I, LL, 1995-C-522, DJ, 1995-2-490]..." (Código Procesal Penal de la Nación; Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray; pág. 424; ed. Hammurabi).- Así, "...en opinión de la Corte Suprema, no puede convalidarse la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y afectar una garantía constitucional, pues constituye la exigencia previa, emanada de su función jurisdiccional, el control, aun de oficio del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran comprometidos aspectos que atañen al orden público..." (Código Procesal Penal de la Nación; Francisco J. D´Albora; pág. 266; ed. Abeledo Perrot).-
Además. "...En este contexto, el Alto Tribunal (ver consid. 5) expresó dos cosas que nos interesan considerar: a) “que, en efecto, si bien es doctrina de este Tribunal que sus sentencias deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario, constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público” (el subrayado me pertenece). Adviértase la importancia de lo expresado por la Corte: nada menos que el contralor de oficio de la regularidad del procedimiento cuando está en juego el orden público. b) El Alto Tribunal vincula la idea de nulidad absoluta a la idea de “orden público”; en el citado considerando 5 se lee “cuando se encuentren involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría ser confirmada”... Esta es la idea central: estaremos frente a una nulidad absoluta cuando la irregularidad procesal sea de tal entidad que signifique que el acto procesal lesione una regla constitucional consagrada a favor de la persona sometida a proceso penal, determinando así que el proceso penal cause una situación jurídica perjudicial para el sujeto afectado..." (La Nulidad en el Proceso Penal; Nelson R. Pessoa; págs. 122/124; ed. Mave).- Significa ello que, salvo la hipótesis del dictado de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, no es posible, cuando hay una irregularidad formal del acto procesal que afecta el principio constitucional que ella tutela, aceptar que la misma se encuentra saneada, por no haber sido instada por la parte, o bien, por resoluciones del órgano jurisdiccional intervinientes en el mismo proceso, ya que se encuentra en juego la garantía constitucional del debido proceso legal que integra, necesariamente, el orden público jurídico.-
Ilustrativo, en el sentido de la corrección de los asertos expuestas precedentemente, la colación de la doctrina expuesta en el siguiente fallo:
“… El Tribunal de Casación de la provincia señaló que:
(3). El código Procesal Penal establece un sistema en el que las nulidades si son opuestas por las partes en tiempo oportuno, no quedan saneadas por el transcurso de cada etapa del procesamiento. Así, las producidas durante la investigación penal preparatoria, es oportuno alegarlas hasta el término de ésta o el de la citación a juicio (art. 205, inc. 1º, Cód. ritual), en tanto que la audiencia del art. 338 del Cód. Proc. Penal brinda oportunidad para que un órgano distinto al que intervino en la etapa investigativa las verifique.
Y si se denegaran en esta última oportunidad, con la sentencia definitiva podrían ser revisadas por el Tribunal de Casación de haberse efectuado la protesta exigida por la última parte del art. 338 cit. e, incluso, ser dictadas de oficio si percibiera la existencia de aquellas que implican violación de normas constitucionales (art. 203, Cód. de forma).
Vale decir que el Código de rito convierte a las nulidades de la investigación penal en revisables, lo cual impide considerarlas, en principio, como definitivas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas en casación. [Tribunal de Casación Penal La Plata, Sala II, 5/9/00, "P., G. W. s/ Recurso de Casación", LP 1456 S, JUBA-W, versión 2.0] (Nulidades Procesales; Gabriel H. Di Giulio; pág. 198, 199; ed. Hammurabi)…”.-
En el mismo sentido, oportuno es recordar, también, la doctrina contenida en el lúcido fallo de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación:
“…(2). El respeto a la garantía del debido proceso, invocable tanto por la persona que se encuentra sometida a juicio como por los demás actores del proceso, consiste en la correcta observancia de estas formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia. Y es aquí donde los principios de preclusión y progresividad encuentran su límite: es axiomático que los actos procesales precluyen cuando han sido cumplidos observando las formas que la ley establece, salvo supuestos de nulidad (del dictamen del Procurador General de la Nación a cuyas consideraciones y conclusiones adhirió la mayoría de la CSJN, conformada por los jueces Nazareno, Moliné O´Connor, Fayt, Belluscio –según su voto-, Boggiano – según su voto-, López, Vázquez –según su voto- y Maqueda) (Leonardo G. Pitlevnik; Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; pág. 112; ed. Hammurabi). [CSJN, 10/4/03, “VERBEKE, VICTOR JULIO s/HOMICIDIO S/CASACIÓN”, (CSJN-Fallos, 326:1149)]…”. En la misma oportunidad en los autos antes referenciados, se sentó:
“… Es doctrina de esta Corte que constituye un requisito previo, emanado de su función jurisdiccional, el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cunado se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una garantía constitucional no podría ser confirmada (del voto de los jueces Bellucio, Boggiano y Vázquez)…”.-
II. a) Sin perjuicio de lo señalado, yendo a la cuestión relativa a la validez de la requisa domiciliaria, al margen del argumento expuesto por el voto mayoritario, corresponde advertir que, dadas las particularidades del caso, la prescindencia judicial de requerimiento y obtención de la orden judicial, en este caso, se encontraba plenamente justificado, ya que, mediante un control judicial posterior de las razones que tuvo la autoridad policial para ingresar al domicilio, conforme los testimonios brindados por Daniel Alejandro Regensburger y Bruno Roberto Jacob, se justificaba, al no admitirse en el mismo una demora que podría traducir resultados trágicos.- En este sentido, resulta ajeno a las particularidades del sub examine, afirmar una hipótesis de intrusión estatal arbitraria del domicilio de un particular, ya que se configura la hipótesis de excepción a la orden judicial prevista en el Código de Rito en el art. 215 in fine en conjugación con el art. 211 al cual remite, donde se contempla el legítimo proceder sin previa orden judicial en los "casos urgentes". Efectivamente, el ingreso de la autoridad policial al domicilio antes referido y posterior incautación del arma de fuego, se desarrolló en un contexto circunstancial que no admitía la demora que implicaría el requerimiento de orden del órgano jurisdiccional.- Por estas razones, manifiestamente, la nulidad articulada por la Defensa, ahora invocada en su calidad de recurrente, no puede prosperar, aún cuando corresponda su tratamiento en esta instancia extraordinaria, (en virtud de lo expuesto en párrafos precedentes) ello así, toda vez que la resolución motivada y orden jurisdiccional para el ingreso del Estado al ámbito, constitucionalmente tutelado, privado, persigue evitar que aquel sea arbitrario o ilegítimo, extremo que no se ha verificado en el sub examine.-
III.-) Seguidamente, en este lugar, corresponde ocuparnos del agravio vertido por el recurrente en su medio de impugnación, referido específicamente a la presunta violación del principio constitucional de prohibición de doble persecución penal por el mismo hecho –ne bis in idem-.-
Se adelanta que este Tribunal ha de compartir la postura propuesta por el recurrente.-
Acontece que el hecho por el que fue indagado el enjuiciado, y que se describió en sus circunstancias penalmente relevantes, con la finalidad que ejerciera su defensa material, incluido el interrogatorio que lo componía, giraba en torno a la acción protagonizada en perjuicio de Cintia Yanet Villalba, consistente la imputación en: "...El 7 de octubre de 2012, siendo aproximadamente las 19:30 hs., en la vereda frente al domicilio sito en calle José Hernández Nº 1383 de esta ciudad, en circunstancias en que [Hugo Orlando] CAMPOS se encontraba allí teniendo en sus brazos a un bebé de diez meses, Leonardo Thiago Marcial, mientras mantenía una discusión con Cintia Yanet Villalba, el imputado la agredía con golpes de puño; en un momento en el que Campos sostenía al bebé con la mano izquierda, con la mano derecha extrajo de su cintura un arma de fuego tipo pistola, le apoyó el cañón del arma en la cabeza a Villalba y luego le comenzó a golpear la cabeza con el arma, ello mientras le decía a Villalba que la iba a matar. Alertado el personal policial llegó al lugar, momento en el que el imputado ingresó al predio con Villalba y el bebé, a los que no permitía salir del lugar, por lo que el personal policial, que sintió olor a pólvora, debió ingresar y reducirlo; hallando posteriormente en el lugar un arma de fuego tipo pistola, marca Ballester Molina, calibre 22, serie Nº 109618, con su respectivo cargador con cinco cartuchos en el mismo, y con un proyectil en la recámara del arma...".- La referencia en el hecho imputado al arma de fuego, en la conducta reprochada, estaba temporalmente limitada al despliegue del hecho principal, y solo computada a los efectos de la calificación del mismo, en principio, de amenazas, vale decir, temporal y especialmente limitado a dicho tramo.-
Sumado a ello la circunstancia que, en principio, la exhibición del arma de fuego espacialmente fue realizada en la vereda o vía pública lindante a unos pasos del ingreso del domicilio privado del imputado.-
Este repaso circunstancial de la imputación formulada en la indagatoria, explica, salvo afectación del derecho de defensa, que no correspondía, como aconteció, dictar una falta de mérito, devenida luego en sobreseimiento, para, contemporáneamente, procesar por el mismo hecho al imputado invocando otro tipo penal por una de las circunstancias que integraban la imputación. Si se entendió que, sin perjuicio de la falta de mérito por el hecho imputado, emergía sospecha sobre la posible realización, jurídicamente independiente, de otro hecho que adquiría relevancia penal por su posible adecuación al tipo previsto en el art. 189 bis, inc. 2, párrafo tercero, correspondía, como mínimo, (para respetar la defensa en juicio), la ampliación de la indagatoria del imputado. Por la forma en que se procedió, no hay duda, que el primer acto de defensa (indagatoria) material, se vio, con respecto al hecho por el cual, posteriormente, fue juzgado, manifiestamente restringido, obstruyendo la posibilidad de un despliegue defensivo real y pleno.- En consecuencia, ahora si, con claridad se aprecia que, efectivamente, el hecho imputado originariamente en el acto procesal esencial de la declaración indagatoria, fue sobreseído, y, ante la afirmación sobre la existencia de un delito jurídicamente independiente, corresponde afirmar que, con claridad, se le debía exhibir en la indagatoria la fáctica que daba lugar, también en forma independiente, a la nueva imputación.-
Con respecto a lo expuesto, en torno al principio de "ne bis in idem", expresamente reconocido, a través del bloque de constitucionalidad, contenido en el art. 75 inc. 22, (CADH art. 8.4; PIDCP art. 14.7) y en el art. 1 del CPP de la Provincia, reclamado por el recurrente, cabe recordar que su viabilidad responde al cumplimiento de los extremos que, se los conoce como eadem res, eadem persona y eadem causa petendi.-
Estas dos últimas se encuentran fuera de discusión que en el caso han quedado satisfecho por tratarse el mismo imputado y atento que el motivo del recurso es una sentencia condenatoria a la cual se arribó luego del juicio que manda la constitución, y, con respecto a la primera, que ha conformado la encuesta a dirimir en esta instancia extraordinaria, por lo precedentemente expuesto, sin hesitar se concluye en que se encuentra satisfecho en la medida que el mismo hecho por el cual fue sobreseído, con una nueva calificación legal ha sido materia de posterior juzgamiento y condena.- Oportuno es colacionar: "...Del mismo modo, la identidad objetiva de las persecuciones penales existentes es un requisito sine qua non para la aplicación de la regla. En este sentido, le está vedado al Estado someter a proceso a una misma persona cuando las persecuciones penales tienen por objeto la imputación de los mismos sucesos históricos. “Desde este punto de vista al exigencia del principio es que la doble persecución se basa en el “mismo hecho”. Este “hecho” se mira como una conducta del hombre que modifica el mundo exterior, es un hecho desnudo de toda calificación jurídica, es el suceso criminoso tal como se ha dado en realidad. Aquí no importan las modificaciones que pudo haber sufrido el mismo, o las consecuencias que trajo si es que las tuvo...".- Esta idea de “hecho” como suceso histórico – independiente de toda calificación jurídica que pueda otorgársele- fue relatada por la Corte Interamericana en el caso “Loayza Tamayo”…”(Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Leonardo G. Pitlevnik; pág. 185, T° 1; ed. Hammurabi).-
En este sentido, en palabras de Binder: "...cabe indicar que, cuando nos referimos a “los hechos”, estamos aludiendo, en realidad, a una hipótesis. El proceso penal siempre se funda en hipótesis fácticas con algún tipo de significado jurídico. La exigencia de eadem res significa que debe existir correspondencia entre las hipótesis que fundan los procesos en cuestión. Se trata, en todos los casos, de una identidad fáctica, y no de una identidad de calificación jurídica. No es cierto que pueda admitirse un nuevo proceso sobre la base de los mismos hechos y una calificación jurídica distinta. Si los hechos son los mismos, la garantía del ne bis in idem impide la doble persecución penal, sucesiva o simultánea..." (Introducción al derecho procesal penal; Alberto M. binder; pág. 166; ed.
Ad-Hoc).- Agrega que "...existen casos claros como el de concurso de leyes, subsidiariedad o concusión, donde en última instancia existe sólo una distinción de calificación jurídica y ningún tipo de discusión sobre los hechos. Por ejemplo, un mismo hecho puede constituir una estafa o una entrega de cheque sin fondos; evidentemente, esta diferente calificación jurídica no produce una excepción al principio ne bis in idem porque en los hechos - por ejemplo la entrega de un cheque que luego resultó rechazado- no existe diferencia alguna... En general la doctrina afirma que, para que opere la garantía de ne bis in idem, es necesario que se mantenga la estructura básica de la hipótesis fáctica. Es decir, que en términos generales el hecho sea el mismo.
Caso contrario, sería muy fácil burlar esta garantía mediante la inclusión de cualquier detalle o circunstancia que ofreciera una pequeña variación en la hipótesis delictiva..."(Obra y autor citado; págs. 166/167).- Finalmente, se verifica que, efectivamente la descripción del hecho objeto del proceso contenido en la declaración indagatoria y en la sentencia es idéntico y, traduce una hipótesis de concurso ideal, en los términos del art. 54 del CP, donde se intenta reprochar a título de portación no autorizada de arma de fuego la misma circunstancia que integrando la calificante de amenazas calificadas fue sobreseída. Tratándose de una hipótesis de concurso ideal, como acontece en la de concurso aparente de leyes, a diferencia de la de concurso real o de hechos independientes, claramente, emerge que la identidad objetiva fáctica resta la posibilidad de una nueva persecución penal por el mismo hecho ya sobreseído.- En este sentido, corresponde ilustrarnos con la siguiente cita: "...el concurso ideal o formal de hechos punibles determina cuando estamos en presencia de una imputación única o idéntica, si se trata de establecer comparaciones, y, por ende, en caso de una persecución plural con este objeto, aunque bajo distintos títulos delictivos..." (Derecho Procesal Penal, I Fundamentos; Julio B.J.
Maier; pág. 613; ed. Del Puerto).-
III.-) TERCERA CUESTIÓN ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? De conformidad a lo establecido en los arts. 446 y 448, 454 C.P.P., corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 262/271 vta. por la defensa técnica, en favor de HUGO ORLANDO CAMPOS, casando la sentencia dictada a fs. 249/260 vta. por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, absolviéndolo en orden al delito de Portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización (art. 189 bis, inc. 2º, 3er. párrafo) por el cual fuera condenado.-
Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
1. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 262/271 vta. por el Sr. Defensor particular del imputado HUGO ORLANDO CAMPOS.-
2. ABSOLVER de culpa y cargo a HUGO ORLANDO CAMPOS en orden al delito de Portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización (art. 189 bis, inc. 2º, 3er. párrafo) por el cual fuera condenado en la sentencia dictada al Tº XXX, Rº 843, Fº 078/089, de fecha 01 de noviembre de 2013 por la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial.-
Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariano-Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos- Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2014S.151 TOMO:VI– SENTENCIAS- T.S.J.
REGISTRO Nº:021 FOLIO Nº136/142 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia