Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-864/23-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-864/23-TSJ Otros Recursos N°: 468 Actor: CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
Demandada: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Fecha: 28-04-23 Texto: TOMO IX -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 468 FOLIO Nº 1770/1771 PROT. ELECT. TSS1002O.231
Río Gallegos, 28 de abril de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. Nº C-864/23, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de la presentación que efectuaran las Dras. Marcela Castro Dassen y María Cristina Riera, en el carácter de apoderadas de Camuzzi Gas del Sur S.A., solicitando: “…la declaración de inconstitucionalidad de la ley 3467 en la medida en que a través de la misma se calificó de utilidad pública la necesidad de expropiar las viviendas sitas en el Barrio Cañadón Seco, ello en forma errónea y arbitraria, y con el único objetivo de beneficiar a un grupo reducido de habitantes de dicho barrio.” (cfr. PE797631-2023, pág. 2).- Afirman, que la inconstitucionalidad planteada resulta procedente ya que: “…la calificación realizada en la mentada ley no configura precisamente una utilidad pública en los términos concebidos por la Constitución Provincial y Nacional, haciendo de ese modo letra muerta del constitucionalmente consagrado derecho de propiedad de Camuzzi.” (cfr. PE y pág. cit.).- Dicen que: “…se sujeta a expropiación los inmuebles de propiedad de nuestra mandante, sin que los mismos hayan sido debidamente identificados, tal y como exige la Constitución Nacional y Provincial…generándose de ese modo una situación confusa e incierta para poder delimitar correctamente la zona a expropiar…” (cfr. PE cit., pág. 24).- Sostienen que dicha situación: “…claramente vulnera el derecho de igualdad de los restantes ciudadanos del pueblo de Cañadón Seco provocando un perjuicio a los mismos y discriminando a algunos en aras de justificar esa expropiación para el perfeccionamiento social cuando en realidad no abarca a la totalidad de los habitantes y no configura una CAUSA EXPROPIANDI en los términos expresados y garantizados en el artículo 17 de la Constitución Nacional.” (cfr. PE cit., pág. 32).- Ofrecen prueba y hacen reserva del caso federal (cfr. PE cit., págs. 32/35).-
Corrida vista de la acción al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, dictamina que el Excmo. Tribunal Superior de Justicia es competente para entender en la misma (cfr. PE814867-2023).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE516016-2023.-
II. Que corresponde definir cuál será el adecuado marco legal por el que en definitiva deberá transitar el presente proceso.-
Ingresando en el estudio del sub lite, se observa prima facie que el objeto de la pretensión importa el planteamiento de una acción de inconstitucionalidad, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Nº 3467. Razón por la cual, este Tribunal Superior, por imperio del mandato constitucional al que alude el artículo 132, inciso 3) de la Constitución Provincial, es competente para entender en la causa.- Al carecer nuestro ordenamiento procesal de un procedimiento específico a aplicar en las acciones de inconstitucionalidad y no pudiendo impedirse el ejercicio de la propia competencia por ausencia de normas rituales que la rijan, con estricto apego a la garantía de la defensa en juicio y debido proceso en sus formas esenciales, corresponde establecer o fijar las pautas procedimentales a seguir de conformidad a las particulares circunstancias que se plantean.- En consecuencia, y remitiéndonos a los antecedentes de este Tribunal en casos similares, corresponde determinar que la causa tramitará sujeta a las normas procedimentales del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600 (cfr. causas Nros. 207/91; C-245/93 y S-280/95; entre otros, en que se aplicó el trámite de la Ley 22, derogada por la Ley 2600 -art. 110-; y posteriormente, antecedentes registrados en el Libro de Otros Recursos, Tomos VII, Reg. 365, Folio 1377/1378; VIII, Reg. 385, Folio 1456/1457, Reg. 389, Folio 1473/1472 y IX, Reg. 447, Folio 1690/1691 y Reg. 448, Folio 1692/1693).- Por todo lo expuesto y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Imprimir al presente el trámite previsto en el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.- Protocolización: TSS1002O.231 Tomo: IX Otros Recursos: 468 Folio N°: 1770/1771 Secretaría: 1
Fin de la sentencia