Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-765/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto, y atendiendo a que el instituto de la perención de instancia, en tanto modo anormal de conclusión del proceso impuesto por razones de orden público, opera cuando se ha abandonado aquélla por inacción del procedimiento durante un determinado lapso previsto en la ley; corresponde, entonces, establecer si en los presentes se verifica el cumplimiento de los plazos que permitan declarar perimida la instancia conforme lo dispuesto por los artículos 288 inciso 1º y 289 del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión de los artículos 82, 45 y 22 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, tal como lo sostiene la parte demandada.- En tal sentido, se advierte que la última actuación que ha tenido lugar, antes del acuse de caducidad, fue la constancia obrante en PE202540-2021, acaecida 11 de agosto de 2021. En ella se deja asentado que se recibió en soporte papel la cédula de notificación librada a la parte demandada, intimándola a constituir domicilio electrónico.-
Así, se verifica que entre la referida constancia y la presentación del 2 de mayo de 2022, en la cual la parte demandada acusa la perención de instancia (cfr. PE466526-2022) ha transcurrido el plazo de caducidad establecido por la ley procesal para la presente instancia (cfr. art. 288, inc. 1º del CPCyC, por remisión de los arts. 82, 45 y 22 del CPCA, Ley Nº 2600); es decir, más de los seis meses que exige la ley de rito para tener por operada la perención de instancia.- …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: C-765/16-TSJ Sentencia N°: 1105 Actor: CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Fecha: 10/08/22 TOMO XVIII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1105 FOLIO Nº 3545/3549 PROT. ELECT. TSS1 010 C.221
Río Gallegos, 10 de agosto de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. Nº C-765/16-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver el pedido de caducidad de instancia planteado por el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, Dr. Fernando Pablo Tanarro, conjuntamente con el Dr. Emilio José Monzón, ambos en representación del Estado Provincial (cfr. PE466526-2022).-
Allí afirman, en lo sustancial, que acusan la caducidad de la instancia en las presentes actuaciones “…por haber transcurrido en exceso el plazo previsto por la normativa procesal sin que la actora inste la prosecución del juicio. Dispone el art. 82 del CPA que regirán las disposiciones sobre perención de la instancia que se establecen en el Código Procesal Civil y Comercial. Por su parte, el CPCyC ordena en sus artículos 288 y 289 que se producirá la caducidad de la instancia cuando no se instare su curso dentro del plazo de seis (6) meses en primera o única instancia y que el plazo se computará desde la fecha de la última petición de las partes o actuación que tenga por efecto impulsar el procedimiento, salvo las que correspondan a las ferias judiciales [...] En este caso, la última actuación útil a los fines de dar impulso a las actuaciones fue le providencia PE202540-2021 de fecha 11 de agosto de 2021, es decir que durante el año 2021 han transcurrido cuatro (4) meses y lo que va del año 2022 tres (3) meses, arrojando ni más ni menos siete (7) meses lo que evidencia el desinterés de la actora en continuar con el trámite de este juicio.
Sin perjuicio, que la providencia de fecha 11/08/2021 no es un acto impulsorio, el plazo previsto en los arts. 288 y 289 del CPCyC, se encuentra ampliamente vencidos (sic). Por tales razones solicitamos a V.E. declare operada la caducidad de la instancia.” (cfr. PE cit.).- Corrido el traslado del pedido de caducidad de instancia, es contestado por la parte actora, por intermedio de sus letradas apoderadas, Dras. María Cristina Riera y Marcela Castro Dassen en PE477509-2022, quienes solicitan su rechazo manifestando que al tratarse el sub lite de un proceso de declaración de inconstitucionalidad, donde la violación de los derechos de su mandante es continuada, esto habilita a la declaración de la inconstitucionalidad de la Ley Nº 3467 (que califica la necesidad de expropiar viviendas sitas en el Barrio Cañadón Seco de la localidad homónima) en cualquier momento, aún de oficio (cfr.
PE cit., pág. 3). Agregan que: “Tal circunstancia determina que, en caso de decretarse la caducidad de instancia, se habilita automáticamente la posibilidad de iniciar una nueva acción ya sea por instancia originaria o como acción ordinaria, o como defensa. Esta habilitación de una nueva acción de inconstitucionalidad o de una petición ordinaria de inconstitucionalidad torna ineficaz cualquier declaración de caducidad pues afectaría el principio de economía procesal. Por otra parte, el único resultado sería prolongar el estado de incertidumbre respecto a la condición de titularidad de los terrenos cuya utilidad pública se declara generando en definitiva el estado contrario al que se pretende con el instituto de la caducidad pues se mantendría la vigencia de la incertidumbre respecto de la cuestión planteada.” (cfr.
PE cit., págs. 3/4).- Siguen diciendo que, sumado a lo antedicho, no puede perderse de vista el estado avanzado del proceso y que la única prueba pendiente de producción resulta ser la informativa supletoria a la Comisión de Fomento de Cañadón Seco (cfr. PE cit., pág. 4).-
Hacen notar que: “...con anterioridad al inicio de las suspensiones de plazo y ferias extraordinarias declaradas a partir del Covid 19 se produjo toda la demás prueba ofrecida y se instó debidamente en reiteradas oportunidades la producción de esta prueba aún pendiente, lo que evidencia que en manera alguna hubo desinterés en la acción por lo que el transcurso de este plazo no puede hacer presumir el abandono del proceso.” (cfr. PE y pág. cit.).-
Observan que en caso de iniciar un nuevo pedido de inconstitucionalidad sería al solo efecto de producir la prueba informativa supletoria pendiente (Oficio a la Comisión de Fomento de Cañadón Seco), ya que la restante prueba tiene eficacia para un nuevo juicio por imperio del artículo 296 del CPCyC, de aplicación por imperio del artículo 82 de la Ley Nº 2600 (cfr. PE cit., pág. 5).-
Añaden que: “A lo expuesto debemos agregar que en el caso de la prueba pendiente es el propio Estado Provincial quién debía dar respuesta al Oficio ya que como comisión de Fomento depende de aquél, por lo que su ineficacia en la respuesta a un oficio no puede ser aprovechada por el propio Estado demandado para plantear la caducidad de instancia, ni menos aún consentido desde la órbita judicial. Hemos de destacar V.E. que el período de prueba se encontraba ampliamente vencido más allá de la prueba informativa supletoria pendiente, por lo que claramente debe aplicarse el art. 291 inc. 3 del CPCyC aplicable supletoriamente por la norma antes invocada, en cuanto que debió certificarse el vencimiento del plazo probatorio de oficio.” (cfr. PE y pág. cit).- Expresan que: “Adicionalmente, deberá tener presente V.E. que de conformidad con lo dispuesto por el art. 473 del CPCyC, aplicable supletoriamente por la norma antes invocada, ‘(...) Si producidas las pruebas quedare pendiente únicamente la de informes en su totalidad o parte, y esta no fuere esencial, se pronunciará sentencia prescindiendo de ella, sin perjuicio de que sea considerada en segunda instancia si fuere agregada cuando la causa se encontrare en la alzada. No existiendo prueba pendiente de producción, con la salvedad establecida en el párrafo anterior, el juez declarará clausurado el período correspondiente’. De acuerdo a los términos de la norma aludida precedentemente sumada a la circunstancia de que el plazo probatorio se encontraba holgadamente vencido, y que únicamente restaba por producir la prueba informativa a la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, colocaba a las presentes actuaciones en el estado de que pasen a dictarse sentencia prescindiendo de la prueba en cuestión, o dicho de otro modo, esta circunstancia por sí sola produce en autos el supuesto obstativo al curso de la caducidad de la instancia.” También hace referencia a un fallo, que con fundamento en el derogado artículo 495 del CPCyC de la Nación, avalarían la postura antedicha (cfr. PE cit., págs. 5/6).- Afirman que de declararse la caducidad se estaría afectando su derecho de propiedad; y los más elementales principios procesales que establecen la legítima defensa en juicio y el debido proceso adjetivo (cfr. PE cit., pág. 8).-
Entienden que de admitirse el planteo de caducidad de instancia formulado por la demandada se incurriría en un excesivo rigorismo formal y en arbitrariedad, que provocaría un innecesario dispendio jurisdiccional (cfr. PE y pág. cit).-
Destacan el carácter restrictivo que tiene el instituto de la caducidad de instancia (cfr. PE cit., pág. 13).-
Dicen que: “...En virtud de lo hasta aquí expuesto solicitamos se rechace, con costas, el planteo de caducidad de instancia efectuado por la demandada y continúen los autos según su estado, ordenándose librar un nuevo oficio a la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, a los mismos fines y efectos que los anteriormente librados, bajo apercibimiento de imponérsele a la oficiada sanciones pecuniarias por la demora injustificada en contestar el oficio que le sea cursado.” (cfr. PE cit., págs. 12/13).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE311892-2022.-
II. En primer lugar es importante destacar que en los presentes se imprimió el trámite previsto en el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, conforme resolución obrante a fs. 116/117.-
Corresponde recordar que el artículo 45 del código citado, prevé que son de aplicación a las causas contencioso administrativas las normas sobre el juicio ordinario establecidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Por su parte, el artículo 82 del Código citado en primer término dispone que en este tipo de proceso regirán, en lo que respecta a la perención de instancia, también las previsiones contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial, contempladas en los artículos 288 a 296. Este cuerpo legal establece, para el juicio ordinario, que la misma se producirá cuando no se instare el curso del proceso por un lapso de seis (6) meses, en primera o única instancia (cfr. art. 288, inc.1º del CPCyC). Asimismo, el artículo 289 de dicho Código señala que los plazos se computarán desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero que tenga por efecto impulsar el procedimiento y correrán durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales.- De lo expuesto se desprende que se requiere un plazo de seis (6) meses de inactividad para que la caducidad sea declarada en esta instancia única contencioso administrativa (cfr. artículo 288, inciso 1º del CPCyC, por remisión de los arts. 82, 45 y 22 del CPCA, Ley Nº 2600).-
III. Sobre el instituto de la caducidad de la instancia debemos recordar que es doctrina de este Tribunal Superior de Justicia que: “…la perención de la instancia tiene un objetivo bien delineado y ordenador, y la inactividad prolongada que la ley sanciona, confiere a una de las partes el derecho a verse liberada del proceso determinado por el tiempo que la norma prevé, siendo que tal inactividad -resulta harto elocuente de destacar- debe serle imputable a la parte…” (cfr. Sentencia, Tomos VI, Reg. 191, Folio 1030/1032 y XIII, Reg. 457, Folio 2488/2489; Contencioso Administrativo, Tomo XVI, Reg. 1004, Folio 3092/3093).- Asimismo ha dicho que si bien la caducidad de la instancia -por ser un modo anormal de terminación del proceso- debe ser de interpretación restrictiva, nada impide que concurriendo los presupuestos que la configuran pueda el órgano jurisdiccional declarar operada la perención, puesto que se trata de una institución de orden público (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1032, Folio 3212/3213).-
Además debemos recordar que en los procesos dispositivos, como el presente, el impulso procesal está puesto en cabeza de las partes (cfr. art. 46 del CPCA, Ley Nº 2600), más allá de algunas actividades que específicamente el Código adjetivo pone a cargo del Tribunal, de allí que le concierne a quien promovió la demanda, realizar la actividad necesaria en procura de la conservación de la instancia y en resguardo de sus derechos. Su inacción demuestra el desinterés en mantener la acción que promovió. No debemos olvidar que la finalidad del instituto de la perención es evitar que los procesos judiciales permanezcan paralizados indefinidamente en el tiempo. Por ello se ha afirmado que su existencia responde a la necesidad de impedir la subsistencia ilimitada de procesos judiciales cuando el transcurso del tiempo indica una conducta desinteresada de aquel que pretendía el reconocimiento de un derecho, que se presume si no procede a instar el proceso en el plazo legal fijado, conjugándose con el principio de seguridad jurídica que exige otorgarle certeza a las relaciones jurídicas (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1032, Folio 3212/3213, cit., y XVIII, Reg. 1099, Folio 3529/3532).-
IV. Por lo expuesto, y atendiendo a que el instituto de la perención de instancia, en tanto modo anormal de conclusión del proceso impuesto por razones de orden público, opera cuando se ha abandonado aquélla por inacción del procedimiento durante un determinado lapso previsto en la ley; corresponde, entonces, establecer si en los presentes se verifica el cumplimiento de los plazos que permitan declarar perimida la instancia conforme lo dispuesto por los artículos 288 inciso 1º y 289 del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión de los artículos 82, 45 y 22 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, tal como lo sostiene la parte demandada.- En tal sentido, se advierte que la última actuación que ha tenido lugar, antes del acuse de caducidad, fue la constancia obrante en PE202540-2021, acaecida 11 de agosto de 2021. En ella se deja asentado que se recibió en soporte papel la cédula de notificación librada a la parte demandada, intimándola a constituir domicilio electrónico.-
Así, se verifica que entre la referida constancia y la presentación del 2 de mayo de 2022, en la cual la parte demandada acusa la perención de instancia (cfr. PE466526-2022) ha transcurrido el plazo de caducidad establecido por la ley procesal para la presente instancia (cfr. art. 288, inc. 1º del CPCyC, por remisión de los arts. 82, 45 y 22 del CPCA, Ley Nº 2600); es decir, más de los seis meses que exige la ley de rito para tener por operada la perención de instancia.-
Efectivamente se constata una ausencia total de actos de impulso del procedimiento durante el lapso señalado, del 11 de agosto de 2021 al 2 de mayo de 2022.-
Si bien -como se ha dicho más arriba- la utilización de este instituto debe ser restringida, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado que el criterio restrictivo que debe seguirse en la aplicación del instituto de la caducidad de instancia es útil y necesario cuando existen dudas sobre la inactividad que se aduce, pero no cuando aquélla resulta manifiesta (Fallos: 324:160; 329:78; 329:1673; 329:2226; 330:243). El caso de autos no presenta dudas acerca de la inactividad de la actora, por el contrario, la misma resulta en forma patente y manifiesta.- No es óbice para decretar la caducidad de instancia, la defensa esgrimida por la actora en cuanto afirma que la declaración de caducidad afectaría el principio de economía procesal y cuyo único resultado sería prolongar el estado de incertidumbre respecto a la titularidad de los terrenos en disputa.
Esto es así pues quien se ha desentendido de la continuidad del proceso ha sido quien tenía la carga de impulsarlo, es decir, la actora, y es la propia ley la que fija la consecuencia de su accionar: la declaración de su caducidad. Recordemos, por otro lado, que el instituto de la caducidad de instancia no atenta contra el principio de economía procesal, sino todo lo contrario, al evitar la indefinida prolongación de los procesos (cfr. Falcón, Enrique M.: “Tratado de Derecho Procesal Civil, Comercial y de Familia”, 1ª ed., Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2006, Tomo III, pág. 700).- Tampoco la declaración de caducidad implica la violación del derecho de propiedad de la actora o de las garantías de defensa en juicio y debido proceso; ni un excesivo rigorismo formal o una arbitrariedad.
En este sentido Enrique M. Falcón ha dicho que: “...la jurisprudencia y la doctrina se han mostrado coherentes en el sentido de que la caducidad de instancia no coarta principios constitucionales porque está comprendido entre las leyes que reglamentan los derechos de propiedad y defensa en juicio. No coarta estos derechos, sino que impone plazos razonables para su ejercicio, encuadrando dentro del artículo 14 de la Constitución Nacional. En este sentido cabe recordar la opinión de Alsina, quien enfatiza que el interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.
Podríamos agregar que la institución también tiende a imponer plazos razonables al proceso y propender de tal modo a la agilización y reparto de la justicia, pues la finalidad de la perención excede la mera ventaja de los litigantes ocasionalmente beneficiados con la misma. Por la misma razón, como la perención de instancia no tiene un fin en sí misma no tiende a provocar una innecesaria duplicación de juicios.” (cfr. aut. y ob. cit., pág. 710).- Desde otro cuadrante, debemos decir que no resulta aplicable al sub lite, como pretende la actora, la excepción prevista en el artículo 291, inciso 3° del CPCyC, en atención a que sólo faltaría sustanciar una prueba informativa a la Comisión de Fomento de Cañadón Seco.
Recordemos que la norma citada establece, en su parte pertinente, que: “Art. 291º - Improcedencia. No se producirá la caducidad:...3º. Cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al tribunal, o la prosecución del trámite dependiere de una actividad que este Código o las reglamentaciones de superintendencia imponen al secretario o al oficial primero.”.- Es que la carga del litigante de impulsar el proceso cesa cuando existe el deber del tribunal de hacerlo, “...porque la obligación del litigante termina donde empieza la del juez (art. 313, inc. 3°, del CPCC).” (Sup. Corte Bs. As., 3/10/1989, ‘Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Giacometti, Fabián Alfredo y/ q.r.p. s/ Daños y perjuicios’; 13/8/1991, ‘Alfonso, Cornelio c/ Llanderrozos, Miguel Ángel s/ Daños y perjuicios’; 8/7/1997, ‘Municipalidad de Tigre c/ Usina Ulyt s/ Modificación de inscripción dominial’, Juba sumario B15080).” (cfr.
López Mesa, Marcelo J. -Director- y Rosales Cuello, Ramiro -Coordinador-: “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires con Leyes Complementarias. Comentado y anotado con jurisprudencia”, CABA, La Ley, 1ª ed., Tomo III, pág. 645). Sin embargo, el caso sub examine no se encontraba pendiente de ninguna resolución por parte de este Alto Cuerpo, sino, por el contrario, la demora en autos ha sido causada por la misma actora al no instar el avance del proceso.- Tampoco brinda la actora ninguna razón valedera que demuestre que la actividad procesal haya quedado supeditada únicamente a la labor del Tribunal.-
Se advierte, entonces, que no se presenta en el sub lite el supuesto de excepción que contempla el artículo 291, inciso 3° del CPCyC que pudiera obstar a la declaración de caducidad de instancia.-
A pesar de lo sostenido por la parte actora, no se verifica que la suspensión de los plazos procesales -en atención a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid 19- tenga alguna influencia sobre el transcurso del plazo de la caducidad. Es que la actividad judicial se desarrolla con normalidad desde el 4 de febrero de 2021 (cfr. Resol. de este Alto Cuerpo del 29 de enero de 2021, registrada al Tomo CX, Reg. 148, Folio 181/183) y la totalidad del período de inactividad por el cual se debe decretar la caducidad de instancia fue posterior. Por lo tanto no existe ninguna relación de causalidad entre uno y otro acontecimiento (suspensión de la actividad judicial por la emergencia sanitaria e inactividad procesal).- Por otro lado, es inatendible el planteo vinculado con la vulneración del artículo 473 del CPCyC en su texto derogado, cuando el mismo se encontraba incluido en el capítulo de Proceso Sumario, inaplicable a los presentes aún cuando hubiera estado vigente, ya que dicho artículo, en su texto actual, ni siquiera se relaciona al tema que nos ocupa, sino que se refiere a la legitimación en acciones de tutela preventiva del daño. Textualmente el artículo reza: “Legitimación. Está legitimado para promover la acción cualquier persona que acredite un interés razonable. (modificado por ley 3453).”.-
V. Que en orden a todo lo expuesto y de conformidad a las constancias que surgen de los presentes autos, corresponde hacer lugar al planteo deducido por la parte demandada, Estado de la Provincia de Santa Cruz en PE466526-2022 y, en consecuencia, declarar operada la caducidad de instancia en las presentes actuaciones, debiendo imponerse las costas por su orden en virtud de lo dispuesto por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y diferir la regulación de honorarios de las letradas intervinientes -por la parte actora- hasta tanto den cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
3. Diferir la regulación de honorarios de las letradas intervinientes -por la parte actora- hasta tanto den cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1010C.221 Tomo: XVIII Sentencia: 1105 Folio N°: 3545/3549 Secretaría: 1
Fin de la sentencia