Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-756/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora en PE618644-2022.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-756/16-TSJ Interlocutorio N°: 466 Actor: CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
Demandada: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Fecha: 13-12-2022 Texto: TOMO IX -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 466 FOLIO Nº 1762/1766 PROT. ELECT. TSS1 012 O.221
Río Gallegos, 13 de diciembre de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. Nº C-765/16-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso extraordinario federal articulado por la parte actora, por intermedio de sus letradas apoderadas Dras. Marcela Castro Dassen y Maria Cristina Riera en PE618644-2022, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución dictada por este Alto Cuerpo obrante en PE596422-2022, por cuanto declara la caducidad de instancia en las presentes actuaciones.- En su recurso, la parte actora manifiesta que: “El T.S.J. de la Provincia de Santa Cruz al decretar la caducidad de la instancia en un excesivo rigorismo formal viola los principios elementales y sin tener en cuenta la gravedad institucional que este proceso implica, otorga validez constitucional a la Ley 3467 consintiendo la violación a los Derechos de Igualdad, de propiedad y del debido proceso...” (cfr. PE618644-2022, pág. 5).- Entiende que se configura la cuestión federal en cuanto existe colisión entre las normas establecidas en la Constitución Nacional en sus artículos 16, 17 y 18 con la resolución impugnada (cfr. PE y pág. cit.).-
Plantea que se: “...decreta la caducidad de la instancia por el solo transcurso del tiempo y sin atender a que el proceso se encontraba en estado de ser clausurado el período probatorio por ser la única prueba faltante una informativa supletoria y cuya respuesta estaba a cargo de la propia demandada, la que en reiteradas oportunidades hizo caso omiso a la petición de informes del propio Tribunal, consintiendo una maniobra dilatoria tendiente precisamente a impedir el progreso de la acción.” (cfr. PE y pág. cit.).- Añade que se ha incurrido en un excesivo rigorismo formal, deviniendo en un fallo inválido porque no resulta una conclusión razonada con particular referencia a las circunstancias comprobadas del caso (cfr. PE cit., pág. 6).-
Dice que sustenta el recurso en la doctrina de la sentencia arbitraria (cfr. PE y pág. cit.).-
Manifiesta que este Excmo. Tribunal Superior de Justicia se limita a corroborar el transcurso del tiempo sin valorar razonablemente las circunstancias particulares y que fueron especialmente invocadas al contestar el traslado de la caducidad de instancia (cfr. PE y pág. cit.).-
Destaca que: “...la demandada, a través de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, en una clara muestra de deslealtad procesal, en oportunidad de contestar la presente acción de inconstitucionalidad, desconoció documentación que esta parte adjuntara como prueba y que fuera emitida por la propia Comisión de Fomento de Cañadón Seco (como lo son las Ordenanzas Fiscales para los años 2016, 2015, 2014 y 2013 y adjuntas como Anexos J y L), como así también la nota emitida por Camuzzi y que fuera recibida por la Comisión de Fomento de Cañadón Seco el 1/2/2016 adjunta como Anexo K.” (cfr. PE cit., págs. 7/8).- Aduce que de no revocarse la perención de instancia se estaría convalidando no sólo el ejercicio abusivo y desleal de un derecho, sino que, más grave aún, se consentiría la vulneración del derecho de defensa en juicio, el derecho de propiedad, el derecho al debido proceso, entre otros. Esto estaría lejos de toda razonabilidad que debe primar en un proceso judicial puesto que el objetivo principal es alcanzar la verdad objetiva y el respeto de los derechos constitucionales en juego (cfr. PE cit., pág. 8).- Argumenta que la razonabilidad exige a la hora de analizar la caducidad de instancia que no se realice de forma mecánica, sino mediante un análisis adecuado teniendo en cuenta el carácter restrictivo del instituto por lo que se deben ponderar de los hechos en cada caso particular (cfr. PE cit., pág. 9).-
Afirma que: “La trascendencia de la cuestión suscitada se vislumbra tanto en la cuestión federal invocada ya que es la CSJN quien debe interpretar en última instancia la C.N. como ante el pronunciamiento de ese Tribunal Superior de Justicia que se traduce en una sentencia arbitraria repercutiendo en su calificación como acto judicial válido que incide en el derecho de nuestra mandante y cuyo peso de la cosa juzgada provoca un gravamen irreparable, trascendiendo los intereses de la parte, al sentar un precedente que habilita al Poder Legislativo de la Provincia de Santa [Cruz] a expropiar sin el requisito indispensable de la ‘utilidad pública’.” (cfr. PE cit., págs. 9/10).- Sostiene que la Ley Provincial Nº 3467 determina la expropiación genérica de bienes propiedad de nuestro mandante con el supuesto propósito de transferirla a otros particulares, y bajo pretexto de un interés social, afectando claramente el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado por el artículo 16, de propiedad, garantizado por el artículo 17, y del debido proceso, estatuido en el artículo 18 de la Constitución Nacional (cfr. PE cit., pág. 14).- Insiste en recordar que la accionada no sólo ha desconocido la propia documentación que de ella emanara, sino que, en reiteradas ocasiones, hizo caso omiso a la orden emanada de este Tribunal Superior de Justicia de remitir la documentación en cuestión. Agrega que la desidia -en el mejor de los casos- o la intención de dilatar indefinidamente el proceso, para lograr el agotamiento procesal de los aportes, son avalados por este Alto Cuerpo con la resolución en crisis (cfr. PE cit., págs. 15/16).- Plantea que la pretensión declarativa de inconstitucionalidad de la Ley Provincial Nº 3467 adquiere relevancia ante la necesidad de determinar la calidad de utilidad pública para alcanzar una expropiación, generando un precedente que habilitaría al Poder Ejecutivo Provincial a expropiar so pretexto de una utilidad social no demostrada, con un efecto erga omnes (cfr. PE cit., pág. 16).-
Anuda que la ley citada debe ser expulsada del sistema legal provincial para evitar futuras expropiaciones genéricas, arbitrarias y carentes de fundamentos (cfr. PE cit., págs. 16/17).-
En consideración a estos antecedentes procesales, dice que la caducidad de instancia debe ceder, pues el carácter restrictivo del instituto así lo permite (cfr. PE cit., pág. 17).-
Expresa que: “el propio Tribunal reconoce el carácter restrictivo que esa CSJ ha sentado para la aplicación del instituto de la caducidad pero afirma que aquí la inactividad de esta parte es patente y manifiesta, lo cual resulta incorrecto en virtud de que durante cuatro años realizamos el despliegue procesal correspondiente para llegar a las puertas de su culminación aun con prueba fuera de la Jurisdicción de Río Gallegos, que exigió un esfuerzo particular.” (cfr. PE cit., pág. 18).- Argumenta que la actividad procesal desplegada por la actora no implica abandono de la instancia en forma objetiva, pues ha realizado una actividad procesal útil hasta el inicio de la pandemia Covid 19 lo que permite desestimar el pedido de caducidad en el marco de la condición restrictiva que le cabe al instituto (cfr. PE y pág. cit.).-
Añade sobre la declaración de caducidad de la instancia que: “...este excesivo rigorismo formal convierte a la resolución como arbitraria y por ende ineficaz como acto judicial válido en virtud de que se traduce en una clara violación al principio de economía procesal, ya que obliga a esta parte a iniciar un nuevo proceso de inconstitucionalidad en virtud de la actual lesión que la ley 3467 mantiene permitiéndonos servir de la prueba producida en este proceso, con la única prueba a producir la prueba informativa faltante, todo lo cual también contraría el principio de tutela judicial efectiva que debe primar en todo proceso judicial.” (cfr. PE cit., pág. 22).- Indica que más allá de que esté derogado el artículo que obligaba al Actuario a certificar la prueba una vez vencido el plazo legal determinado para el período probatorio, lo cierto es que debió este Alto Cuerpo certificar la producción de la prueba a los fines de permitir el dictado de una sentencia ajustada a la realidad de la causa, pues es una actividad que debe desplegarse de oficio por el Tribunal Superior de Justicia (cfr. PE cit., pág. 23).- También afirma que es arbitrario el fallo porque padece una decisiva carencia de fundamentación. Amplia diciendo que: “...como bien puede apreciarse, en la sentencia dictada median deficiencias lógicas de razonamiento, defectos graves de fundamentación y un excesivo rigorismo formal manifiesto que acarrean el impedimento de considerar el pronunciamiento dictado como la sentencia fundada en ley a que hacen referencia los ya citados arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional. Es decir, el TSJ SC ha dejado vacía de contenido la resolución adoptada en este caso y dicha circunstancia la descalifica como acto jurisdiccional válido. Es importante resaltar que la resolución objeto de la presente apelación, arriba a conclusiones sin un razonamiento previo claro ni, mucho menos, acabado...” (cfr. PE cit., págs. 26/27).- Luego se ordena correr traslado a la parte contraria del recurso extraordinario interpuesto por la actora (cfr. PE398360-2022).-
En PE643245-2022 la demandada, Provincia de Santa Cruz, por intermedio de sus representantes, Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, Dr. Fernando Pablo Tanarro y Dr. Emilio José Monzón, responden el planteo de su contraparte y solicitan el rechazo del recurso intentado. Allí destacan, en primer lugar, que no se observa colisión entre una ley provincial y una ley nacional, ni tampoco vulneración de las normas establecidas por la Constitución Nacional (cfr. PE cit., pág. 3).- Enfatizan que tampoco nos encontramos ante una sentencia arbitraria; por el contrario, la misma satisface lo exigido por los pronunciamientos judiciales, pues constituye una derivación razonada del derecho vigente en atención a las cuestiones propuestas (cfr. PE cit., pág. 4).-
Añaden que la resolución atacada no es sentencia definitiva ni equiparable a ella, por lo que la recurrente no ha dado cumplimiento a lo estatuido en el artículo 3º, inciso a) de la Acordada Nº 4/2007. Destaca que es la recurrente quien reconoce que puede volver a iniciar la acción de inconstitucionalidad, en virtud de que la resolución de este Alto Tribunal no resuelve sobre el fondo de la litis (cfr. PE cit., pág. 8).- El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal dictamina expresando -sobre la base de los argumentos que esgrime y a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad- que debe declararse inadmisible el recurso impetrado (cfr. PE663798-2022).-
Pasan los presentes autos al Acuerdo en PE425486-2022.-
II. Analizando la presentación de la parte actora y tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nros. 38/2011 y 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Alto Cuerpo verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso extraordinario federal articulado.- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que la presentación de marras, según las propiedades del documento, cumple íntegramente con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al presentar el recurso deducido en formato de hoja A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º por su similar Nº 3/12.-
Que, en dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo 1º. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una y ha sido escrita con letra claramente legible (cfr. art. 1º del Reglamento).-
También se observa que cuenta con carátula en hoja aparte, dando cumplimiento con los recaudos establecidos en el artículo 2º.-
Por otra parte y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida resulta equiparable a sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Alto Tribunal elaborada en la materia; en tanto fue dictada por el Máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.- Es criterio sentado en la materia, que la procedencia del recurso extraordinario federal requiere que la decisión apelada revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (Fallos 303:633, entre otros).- En consecuencia, el recaudo en examen se encuentra debidamente cumplimentado.-
En relación a los restantes requisitos del artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007, el recurso no consigue satisfacer los mencionados en los incisos b), c), d) y e) del citado artículo.-
El recaudo del inciso b), del artículo 3º implica un relato de las circunstancias relevantes del caso vinculadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal que, supuestamente, han sido violadas, lo cual no se ha cumplido acabadamente en la especie. En concreto, el artículo 10 establece que la fundamentación del recurso extraordinario no podrá suplirse con una enunciación genérica y esquemática que no permita la cabal comprensión del caso que fue sometido a consideración de los jueces de la causa. Desde esta perspectiva, el Máximo Tribunal de la Nación ha declarado que: “...el requisito de fundamentación autónoma sólo se satisface si la lectura del recurso extraordinario hace innecesaria la del expediente...” (Fallos 323:1261), lo que evidentemente no puede predicarse respecto de la presentación bajo estudio, puesto que tan solo se limita a efectuar una sucinta reseña de las constancias de autos.- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º, inciso c), se observa que la recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna.- Un capítulo aparte debe dedicársele a la inobservancia del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada N° 4/2007 y 14 de la Ley N° 48, puesto que para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos: 148:62; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el cimero Tribunal Nacional (cfr. autos: “Reynoso, Edgardo R. c/ Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126- 170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley N° 48.
Es decir que la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 104).- En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (cfr. art. 14, inc. 1°, de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (cfr. art. cit. inc. 2°, de la ley cit.), y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (cfr. art. 14, inc. 3°, de la Ley N° 48).
Por el contrario, en el fallo recurrido se decretó la caducidad de la instancia (cfr. PE596422-2022), cuestión de índole procesal y por ende, notoriamente ajena a la instancia del artículo 14 de la Ley N° 48.- Tampoco se advierte en el escrito bajo estudio: “la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquellas.” (cfr. inc. e), del art. 3º de la Acordada N° 4/2007). Esto se sigue de la inexistencia de cuestión federal (cfr. art. 14 de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr.
Palacio de Caeiro, Silvia B.: “Recurso extraordinario federal”, 2° edición, La Ley, 2012, págs. 431/432).- Además, le corresponde a la recurrente precisar con exactitud la cuestión o caso federal que se ha discutido en el juicio y demostrar la vinculación existente entre los fundamentos de la sentencia y la efectiva lesión de las garantías constitucionales, a fin de que pueda ser válidamente fallado. La relación directa, exige que los agravios expresados contengan un adecuado nexo o ensamble entre la cuestión federal planteada, los términos de la resolución recurrida y las cláusulas de la Constitución Nacional afectadas. En caso contrario, si no se presenta o advierte la mencionada relación directa e inmediata no habrá materia para el remedio federal (cfr. aut. y ob. cit., págs. 432/433 y los fallos allí citados).
Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional y de diversos Tratados Internacionales, constituye una mera enunciación de principios y normas supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal ni mucho menos la relación directa con la materia debatida. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (cfr.
TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomos VII, Reg. 367, Folio 1383/1391; IX, Reg. 434, Folio 1646/1649, entre otros).- En definitiva, en razón de la inexistencia de cuestión federal es que no se ha podido dar cumplimiento con el requisito del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Asimismo la recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado, en algunas ocasiones, a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad.-
Respecto de este carril por el que intenta encauzar su recurso, debe recordarse que el Alto Tribunal ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 325:3265).- La presentación en estudio denota una absoluta ausencia de debida fundamentación, toda vez que las presentantes se limitan a denunciar la arbitrariedad de la sentencia pero sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda.
Ello, por cuanto el verdadero agravio de la recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.- En efecto, este Tribunal Superior de Justicia ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Nótese que en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).- En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley N° 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos 308:761 y 2421; 310:722; 311:499).
No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concreta-mente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- Corresponde concluir entonces que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio federal intentado.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora en PE618644-2022.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1012O.221 Tomo: IX Interlocutorio: 466 Folio N°: 1762/1766 Secretaría: 1
Fin de la sentencia