Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 115335
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEn el precedente acuerdo ha quedado establecido que la apelada decisión de fs. 1423 y vta. no es justa (arts. 168 y 171 Constitución Provincial; 34, 68 segundo párrafo, 163, 260, 242, 246, 270, 272 del C. Proc.; 5 y 11 de la ley 25.561; 23 dec. ley 8904/77; doctrina y jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde modificar el pronunciamiento de fs. 1423 y vta., dejándose establecido que la base regulatoria está dada por la suma de capital transformada en pesos con más el coeficiente de estabilización de referencia, sin intereses, lo que equivale a la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO -$ 3.957.588-. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado.
En la ciudad de La Plata, a los cuatro días del mes de abril de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “FERBIN CONSTRUCCIONES S.R.L.C/ COMITE DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO LEY 12726/12790 S/CANCELACION DE HIPOTECA", (causa nº 115335), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el decisorio dictado a fs. 1423 y vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
I. Mediante la resolución dictada a fs. 1423 y vta. la magistrada de la instancia de origen decidió que la base regulatoria en el presente proceso será el del monto por el que fue suscripta la hipoteca, esto es, U$D 1.128.000, suma que deberá ser convertida al valor del cierre del dólar al día inmediato anterior al resolutorio aludido, según cotización pública del Banco de la Nación Argentina, al tipo de cambio "comprador".
Contra dicha decisión interponen recurso de apelación ambas partes (v. fs. 1424 y 1427). La fundamentación de la actora obra a fs. 1429, contestada a fs. 1449/1450 y los agravios de la demandada surgen de fs. 1431/1436, con réplica de la contraria a fs. 1438/1439.
La parte actora se agravia en cuanto a la oportunidad en que la sentenciante de la instancia de origen estableció la conversión de la moneda -de dólares estadounidenses a pesos argentinos-, sosteniendo que dicha conversión debe realizarse al momento de la regulación de honorarios y no a la fecha de la resolución aquí apelada.
En los agravios, la parte demandada -en síntesis- expresa que en los autos conexos "COMITE DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO DE RECUP. CREDITICIA C/ FERBIN CONSTRUCCIONES SRL S/EJECUCION HIPOTECARIA", se dispuso la pesificación de la deuda condenando a la aquí actora al pago de la misma aplicando CER e intereses al 7,5% anual no capitalizable. En base a ello, sostiene que este proceso tiene íntima relación con dichas actuaciones, siendo que existe identidad de sujeto, causa y objeto, debiendo dicha resolución hacerse extensiva a todos los procesos, a fin de garantizar el principio de congruencia y debido proceso. Sostiene así que el yerro del fallo en crisis recae fundamentalmente en considerar que se está frente a dos procesos distintos lo que implica que la base para la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes es independiente. Indica asimismo también, que se ha omitido la aplicación de la normativa de emergencia, violando de esa manera, por parte del juzgado interviniente, el plexo normativo correspondiente a la emergencia económica -régimen de orden público e irrenunciable en su aplicación-, lo que vuelve carente de sustento jurídico a la resolución aquí apelada. Finalmente solicita se haga lugar a la apelación deducida y se disponga que la base regulatoria se tome sobre el capital pesificado, más el CER, más el 7,5% de interés anual no capitalizable, con costas. Cita jurisprudencia del Supremo Tribunal provincial avalando su postura.
II. Abordando la tarea decisoria y dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículos 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 3, Código Civil y Comercial), cabe destacar que arriba firme a la Alzada que el monto de la base a tener en cuenta para la oportuna regulación de honorarios es el de U$S 1.128.000 -valor del mutuo hipotecario- difiriendo las partes en cuanto al modo de cómo debe realizarse la pesificación del mismo, atento lo señalado ut supra.
En primer término, cabe hacer un repaso de los actos procesales que se han suscitado en las presentes actuaciones. Es así que la accionante en su escrito inicial pretendió desobligarse del pago de una deuda con garantía hipotecaria que en su momento había contraído con el Banco de la Provincia de Buenos Aires y que luego fue cedida al Comité de Administración del Fideicomiso ley 12.726/12.790. En su impugnación esgrimió la prescripción de su obligación -capital e intereses-, lo que le fue rechazado en primera instancia, siendo confirmado por esta Sala en todas sus partes (v. fs. 1285/1294 y fs. 1340/1344). Contra esa decisión, interpuso la actora recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el mismo fue resuelto por el máximo Tribunal provincial a fs. 1393/1401. En dicho pronunciamiento se revocó la sentencia impugnada en lo concerniente a los intereses, los que declaró prescriptos, e impuso las costas de todas las instancias en un 80% a la actora y en un 20% a la demandada.
Sentado ello, a tenor del contenido de los agravios bajo análisis corresponde considerar en primer término aquellas cuestiones introducidas por la parte demandada.
Al respecto, cabe hacer mención que, la aplicación de la normativa de emergencia es de orden público (conf. SCBA, causa C 105.043, del 4/4/12; CSJN, fallos 332:1671) y, siguiendo precedentes de esta Cámara, que la interpretación de los artículos 5 y 11 de la ley 25.561, y los decretos nacionales 214/02 y 320/02, deviene razonable y necesario instrumento para compatibilizar los intereses y valores antagónicos y distribuir las consecuencias de las transformaciones económicas producidas por las leyes en cuestión, a través del principio del esfuerzo compartido al que aluden los artículos citados (arts. 5 y 11 de la ley 25.561; dec. 214/02 y 320/02; esta Sala causa 116.528, RSD 133/13; e.o.).
En efecto, tanto la ley 25.561 que declara la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, cuanto los decretos 214/02, 320/02 y las demás normas complementarias, son como se dijo, de orden público y por lo tanto de aplicación imperativa en relación a todas las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera existentes al tiempo de la declaración de aquella, las que quedan transformadas a pesos, lo que se proyecta a todas las obligaciones dinerarias de cualquier causa u origen, judiciales o extrajudiciales, de plazo pendiente o vencido, estén o no en mora (arts. 1 y 8 del dec. 214/02, modif. por art. 2 del dec. 320/02; 11 ley 25.561; esta Cámara Sala I Reg. Sent. 219/08).
Así entonces, corresponde, a los fines de establecer la base regulatoria, pesificar el monto del mutuo hipotecario utilizando el coeficiente de estabilización de referencia (CER), pero sin intereses, toda vez que la demanda ha sido rechazada en lo principal, por todas las instancias. Y en ese sentido tiene dicho esta Sala que la normativa aplicable establece que en los juicios en donde la demanda es rechazada, a los fines de la determinación de los honorarios profesionales, ha de estarse a lo dispuesto en el art. 23 2° párrafo del Decreto ley 8904/77, el que establece que cuando la demanda fuere íntegramente desestimada se tendrá como valor del pleito el importe de la misma.
Asimismo, tiene decidido el Superior Tribunal Provincial, que la base regulatoria en caso de aplicación del art. 23, segundo párrafo, del decreto ley 8904/77, no se integra con los intereses porque la norma no contempla el agregado de tales accesorios (v. “D.J.J.B.A.”, T° 140, pág. 2.175; T° 144, pág. 1.395 y T° 147, pág. 7.317).
Criterio este que fue seguido -como no podría ser de otro modo- por este Tribunal en distintos pronunciamientos (causa B-75.859, reg. int. 492/93; B-78.467, reg. int. 261/94; B-81.423, reg. sent. 221/95; 109316, reg. sent. 129/14; 116276, reg. sent. 188/14; entre muchas más).
No escapa al Tribunal además, que los intereses no han sido objeto de discusión, puesto que no se ha introducido el agravio en la etapa anterior (ver estimación de fs. 1418 y su contestación de fs. 1413).
En este sentido cuadra recordar que el ámbito de conocimiento de los tribunales de Alzada se encuentra limitado por el contenido de las cuestiones propuestas a la decisión del juez de primera instancia, siendo inadmisible la deducción de pretensiones u oposiciones ajenas a las que fueran objeto de debate en la instancia originaria, derivando dicha limitación del principio dispositivo, que confiere a los justiciables la potestad de fijar los límites del objeto litigioso y excluye que los tribunales de justicia se pronuncien sobre cuestiones que no hayan sido planteadas oportunamente por las partes. Si se admitiese que en la Alzada pudieran tratarse capítulos no esgrimidos en primera instancia, o fundados en hechos no articulados en la misma, ello importaría alterar los términos en que quedó trabada la litis, con menoscabo del derecho de defensa (arts. 34 incs. 4 y 5 ap. c, 163 inc. 6, 272 del C.P.C.C., 18 C.N.; conf. S.C.B.A. Ac. y Sent., 1971, v.II, p. 920; Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos...", v. I, págs. 120/121, 2da. edición, y v.III, págs. 403 y sigs. 2da. ed. ampliada).
Así reiteradamente se ha decidido que lo preceptuado por el artículo 272 del Código Procesal tiene su razón de ser en la naturaleza jurídica del recurso de apelación en nuestro sistema legal, que no importa un nuevo juicio sino un nuevo examen, por lo cual el material sobre el que ha de trabajar la alzada, por regla, es nada más que el acumulado en primera instancia. Y a ello debe agregarse que si se procediera como lo pretende el apelante se conculcaría el derecho de defensa del apelado, afectándose así el principio del debido proceso que es necesaria derivación de aquel (art. 18 C.N. y 15 C.P.B.A.); importando también esa eventualidad la violación del principio de congruencia, al resolver cuestiones distintas a las planteadas en la oportunidad procesal pertinente (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6).
Por todo lo expuesto, si mi opinión es compartida por mi colega de Sala, cabe hacer lugar parcialmente a los agravios interpuestos por la aquí demandada, debiéndose así modificar el pronunciamiento de fs. 1423 y vta., dejándose establecido que la base regulatoria está dada por la suma de capital transformada en pesos con más el coeficiente de estabilización de referencia -CER-, sin intereses, lo que equivale a la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 3.957.588), suma que surge de aplicar el CER al monto pesificado a la fecha de la interposición de la demanda (23/06/2010), según referencia extraída de la página web del BCRA - http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_variables_datos.asp- (arts. 242, 246, 270 del Cód. Procesal; 23 dec. Ley 8904/77).
Por lo demás, la Cámara no se encuentra obligada a considerar todas las cuestiones sometidas a su decisión, si la solución otorgada a una de las propuestas torna innecesario ocuparse de las demás (esta Sala causas 121.351 RSI 41/17 I 13/03/2017; 119580 RSD-52-16 S 14/04/2016; entre muchas otras más).
En cuanto a las costas de Alzada atento a las especiales particularidades del presente caso propongo se impongan en el orden causado (arts. 68, Código Procesal).
Voto en consecuencia por la NEGATIVA.
Por los mismos fundamentos la Doctora LARUMBE votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL DOCTOR SOTO DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde modificar el pronunciamiento de fs. 1423 y vta., dejándose establecido que la base regulatoria está dada por la suma de capital transformada en pesos con más el coeficiente de estabilización de referencia, sin intereses, lo que equivale a la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO -$ 3.957.588- (arts. 242, 246, 270 del Cód. Procesal; 23 dec. Ley 8904/77). Las costas de Alzada atento a las especiales particularidades del presente caso se imponen en el orden causado (arts. 68, Código Procesal).
ASI LO VOTO.
En un todo de acuerdo la Dra. Larumbe adhirió al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose por el tribunal la siguiente:
La Plata, 4 de abril de 2019.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
En el precedente acuerdo ha quedado establecido que la apelada decisión de fs. 1423 y vta. no es justa (arts. 168 y 171 Constitución Provincial; 34, 68 segundo párrafo, 163, 260, 242, 246, 270, 272 del C. Proc.; 5 y 11 de la ley 25.561; 23 dec. ley 8904/77; doctrina y jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde modificar el pronunciamiento de fs. 1423 y vta., dejándose establecido que la base regulatoria está dada por la suma de capital transformada en pesos con más el coeficiente de estabilización de referencia, sin intereses, lo que equivale a la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO -$ 3.957.588-. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado. Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia