Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 122404
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución de fs. 91 y vta., estableciendo que ya se encuentran, en el caso, cumplidos los requisitos que prevé el artículo 54, de la ley 8904/77.
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXV
Causa N° 122404; Juzgado En Lo Civil Y Comercial Nº11 - La Plata
Lopez, Maria Florencia C/Espinola, Miguel Angel Y Otro/A S/ Cancelacion De Hipoteca
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 4 de abril de 2019.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. Vienen las presentes actuaciones a efectos de tratar el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto por el letrado Pablo José Lorenzo a fs. 91 y vta., contra el auto de fs. 90, en cuanto dispone que previo a lo solicitado -inicio de la ejecución de honorarios- deberá notificarse a los obligados al pago a su domicilio real. A fs. 93 se desestimó la revocatoria impetrada, concediéndose el recurso de apelación incoado en forma subsidiaria.
II. En prieta síntesis, se agravia el letrado por considerar que el auto regulatorio ya se notificó al domicilio constituido de la parte demandada, encontrándose habilitada la vía de ejecución. Explica que la notificación ordenada por el sentenciante de grado no tiene sustento legal alguno, pues no está a su cargo la notificación de los codemandados a su domicilio real, siendo que, en caso de que tuviera interés su letrado patrocinante en percibir honorarios profesionales, este último sí debiera hacerlo (fs. 91 vta.).
III. En el caso, se dictó sentencia acogiendo la demanda instaurada por María Florencia López contra Miguel Ángel Espinola y Nohemí Hayde Bologna, condenando a estos últimos a que en el término de treinta días corridos inmediatamente posteriores a que dicho pronunciamiento pase en autoridad de cosa juzgada, otorguen escritura de cancelación de hipoteca, con relación al bien identificado catastralmente como Circunscripción VI, Sección X, Fracción XVII, Parcela 2, Matrícula 5265 de La Plata, en la escribanía de Juan Pablo Almagro, bajo apercibimiento de lo previsto en el primer párrafo del artículo 510 del Código de rito y, eventualmente, de resolverse la obligación en el pago de pérdida de intereses a favor de la parte actora. Asimismo, se impusieron las costas a la demandada y se postergó la regulación de los estipendios profesionales hasta la oportunidad en que obren en autos pautas a tal fin (v. fs. 63/64 vta.).
Cabe destacar que dicha decisión quedó firme. Ello así, pues si bien los accionados se mostraron disconformes y la apelaron (fs. 69), llamados que fueran a expresar agravios por esta Alzada (v. fs. 75), se destaca que no lo hicieron, por lo que se declaró desierto el recurso (v. fs. 76 y vta.).
Con posterioridad a ello, la iudex a quo procedió a regular los honorarios profesionales, tomando como base regulatoria el monto de la hipoteca que se pretende levantar, es decir, la suma de $240.000. Así, reguló los honorarios del doctor Pablo José Lorenzo -por su actuación en el carácter de patrocinante de la actora, presentando la demanda, trabando la litis y obteniendo sentencia favorable- en el valor de 72 JUS; los del doctor Ricardo Eskenazi por su intervención como patrocinante de los demandados -quien ha contestado la demanda- en el valor 45 JUS y, finalmente, los de la mediadora, doctora Silvina Andrea Gigena, en la suma de 7 JUS, en todos los casos con más el 10% de aportes legales (fs. 87).
Es en ese entender que el doctor Pablo José Lorenzo inició la ejecución de honorarios dentro del presente proceso (fs. 89), destacándose, en lo que aquí interesa, que se notificó - el día 6 de abril de 2018- a los demandados –con la transcripción del artículo 54 de la ley 8904/77-, en su domicilio constituido (v. cédula del 6 de abril de 2018).
IV. A. Ahora bien, a efectos de resolver la presente cuestión y atento a la entrada en vigencia de la ley 14.967 (B.O. de 12-X-2017), cabe indicar que, habiéndose realizado los trabajos durante la vigencia del decreto 8.904/77, habrán de utilizarse las pautas allí establecidas (conf. causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017).
B. La notificación de los autos que regulan honorarios persigue el certero anoticiamiento de los obligados a su pago a fin de delimitar la conducta morosa de los mismos, estableciendo la normativa prevista en el artículo 54 del dec. ley 8904/77 cuáles han de ser las consecuencias de dicho incumplimiento moroso. Así, la intención de la ley es de que llegue al obligado al pago una real y verdadera noticia de la regulación profesional que es titular del crédito por honorarios y un panorama claro de las eventuales consecuencias que acarrea el estado de mora en que se incurra (conf. Juan Manuel Lavié, “Honorarios de Abogados y Procuradores”, edit. Zavalia, pág 393).
Como puede apreciarse, la citada norma –art. 54 dec. ley 8904/77-, en su parte final dispone que, cuando el honorario es a cargo del mandante o patrocinado quedará firme a su respecto si la notificación se ha practicado en su domicilio real y añade que, en todos los casos aquélla debe contener, bajo pena de nulidad, su transcripción (conf. art. 54, dec. ley 8904/77).
En ese entender, incumbe armonizar los artículos 54 y 57 de la LHP. De este modo corresponde puntualizar que, cuando se trate de notificar al letrado beneficiario de la regulación y también al condenado en costas, el anoticiamiento puede hacerse personalmente o por cédula al domicilio de cada uno de ellos. El mismo criterio, ha de adoptarse cuando la comunicación sólo se dirija al condenado en costas (conf. Hitters-Cairo, “Honorarios de Abogados y Procuradores”, Lexis Nexis, pág. 631).
Así, debe entenderse que la norma prevista en el artículo 54 del dec. ley 8904/77, en cuanto dispone notificar en el domicilio real al mandante o patrocinado, persigue como finalidad colocar a las partes en condiciones de tomar conocimiento directamente de las regulaciones que se deberán abonar, debiendo procurarse que el cliente del abogado posea una chance real de conocer los estipendios y, eventualmente, disconformarse de ellos, ocasión que se reduciría si fuera el propio letrado el que elaborara la cédula y se anoticiara de sus propios honorarios.
Distinto resulta ser el caso en el que el beneficiario de los emolumentos no posee relación contractual con el condenado en costas, de modo que la obligación que pesa sobre este último tiene su razón de ser, precisamente, en la sentencia que lo condena a abonar las mismas.
Consiguientemente, si los estipendios deben ser abonados por los condenados en costas -quienes no posee relación con el letrado beneficiario de los mismos-, la cédula debe dirigirse al domicilio constituido y, en tal caso, será deber del letrado informar a su cliente la recepción de la diligencia, como así también que tenía diez días para cancelar la deuda por estipendios, una vez que éstos adquieran firmeza (conf. Hitters-Cairo, “Honorarios de Abogados y Procuradores”, Lexis Nexis, pág. 608).
Es por los motivos expuestos que cabe revocar la resolución de fs. 91 y vta., estableciendo que ya se encuentran, en el caso, cumplidos los requisitos que prevé el artículo 54, de la ley 8904/77.
POR ELLO, se revoca la resolución de fs. 91 y vta., estableciendo que ya se encuentran, en el caso, cumplidos los requisitos que prevé el artículo 54, de la ley 8904/77. REGISTRESE. NOTIFIQUESE en el domicilio electrónico constituido a las partes de autos (art. 143, CPCC. según ley 14.142; art. 1 del Anexo I del Reglamento para la notificación por medios electrónicos). DEVUELVASE.
Fin de la sentencia