Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 6.031-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la repetición solicitada, con más los intereses desde la fecha de interposición del respectivo reclamo administrativo, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dálmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93 (Expte.Nº 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley procedimental. Con costas al Fisco Nacional.
I. Que a fs. 23/37 la parte actora interpone recurso de apelación, en los términos del artículo 81 y concordantes de la Ley de Procedimiento Tributario Nº 11683 y sus modificaciones, a fin de obtener la devolución de la suma de pesos veintitrés millones setecientos veinte mil cuatrocientos setenta y cinco con 24/100 ($ 23.720.475,24), ingresada por Fidia S.A. en concepto de Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, todo ello con más los intereses calculados de conformidad con el art. 179 de la citada ley. En primer lugar, manifiesta que FIDIA S.A. es una empresa de reconocida trayectoria en el país que se dedica a la comercialización de artículos deportivos y de outdoor en locales minoristas propios y a la venta mayorista a locales que cuentan con licencia de uso de la denominación comercial y marca.
Afirma que debido a las vicisitudes económicas que ha atravesado el país en los últimos años, más precisamente el fuerte proceso inflacionario iniciado en el año 2002, el hecho de haber liquidado el Impuesto a las Ganancias de acuerdo a la normativa vigente, esto es sin aplicar el ajuste por inflación impositivo, le ha generado graves perjuicios económicos, toda vez que ha tributado por ganancias ficticias.
Alega que tal como surge de la certificación contable aportada en sede administrativa y se desprenderá, dice, de la prueba pericial que ofrece por haber sido ilegítimamente denegada en la instancia administrativa previa, los resultados reales de FIDIA S.A. con respecto a los períodos fiscales 2010 a 2015, luego de la aplicación del ajuste por inflación impositivo arrojan resultados impositivos de $2.415.252,04; $6.379.538,04; $4.163.885,61; $11.566.510,65; (-$10.444.021,20) y; $39.362.656,41, respectivamente. Esto se traduce en un impuesto determinado ajustado de $845.338,21; $2.232.838,31; $1.457.359,96; $4.048.278,73; $0 y; $13.776.929,70, respectivamente, LO QUE IMPORTA UN IMPUESTO TOTAL INGRESADO EN EXCESO POR LA SUMA DE $ 23.720.475,24.
Manifiesta que al momento de interponer el reclamo de repetición y, en aras de acreditar los derechos conculcados, acompañó las declaraciones juradas originales y rectificativas del Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2010 a 2015, y una certificación contable sobre la determinación de la ganancia neta sujeta a Impuesto a las Ganancias, aplicando el ajuste por inflación impositivo utilizando índices IPIM (INDEC). Sostiene que dicho informe, elaborado bajo idénticas pautas que las que llevaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a declarar la inconstitucionalidad de la imposibilidad de aplicar el ajuste por inflación impositivo, acreditaba, sin hesitación alguna que, en el caso de FIDIA, esa imposibilidad se traducía en un caso de confiscatoriedad, en la medida que la alícuota efectiva del Impuesto a las Ganancias determinado en los períodos fiscales 2010 a 2015, sin aplicar el mentado ajuste, representaba el 164,90%, 79,63%, 101,69%, 62,97%, 44,53% y 56,34%, respectivamente, de la ganancia neta sujeta a impuesto de los períodos indicados.
Alega que pese a que la tasa efectiva del tributo resultaba en la mayoría de los casos ampliamente superior a la determinada en la causa "Candy S.A.", la fiscalización actuante omitió expedirse al respecto, señalando nuevamente a fs. 122/123, que no correspondía aplicar el ajuste por inflación impositivo por así disponerlo la normativa vigente.
Señala que en el caso del Impuesto a las Ganancias, el Índice de Precios Internos al Por Mayor -IPIM- es el que se utiliza para su liquidación, y fue el que la recurrente utilizó para calcular el perjuicio económico que le ocasionó el no haber ajustado por inflación sus declaraciones juradas. Idéntico índice ha utilizado el profesional que confeccionó la certificación contable aportada en sede administrativa.
Afirma que conforme el IPIM la variación de precios del año 2010 fue del 14,65%, la del año 2011 del 12,66%, la del año 2012 del 13,14%, la del año 2013 del 14,76%, la del año 2014 del 28,27% y, la del año 2015 del 17,19%. No obstante ello, no puede perderse de vista la innumerable cantidad de críticas que ha recibido el método utilizado para calcular aquél índice, motivo por el cual, ni siquiera refleja la depreciación monetaria real, siendo la misma aún más elevada que la utilizada para calcular las verdaderas ganancias que ha obtenido la sociedad. Alega que corresponde revocar la Resolución N° 228/2017 y, consiguientemente, ordenar la devolución de los montos ingresados en concepto de Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2010 a 2015, con más intereses. Ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que a fs. 44/57vta el Fisco Nacional contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
Afirma que se debe decir que como expresamente lo reconoce la contribuyente, la normativa vigente y aplicable al período fiscal objeto de las presentes no habilitaba -ni habilita en la actualidad- a la contribuyente a hacer aplicación del mecanismo del ajuste por inflación.
Alega que en efecto, y en cuanto a las normas involucradas, es dable señalar que a través del Título VI de la ley de impuesto a las ganancias, y por intermedio de la ley 21.894, se estableció un mecanismo de ajuste por inflación para la determinación de la ganancia neta imponible (cfr. arts. 94 a 98), sistema que sufriera luego, a su vez, importantes modificaciones introducidas por la ley 23.260.
Sostiene que mediante la instauración de dicho mecanismo se buscó reflejar una situación patrimonial y un resultado económico que adaptara sus valores históricos a los que correspondían a una realidad distorsionada por la inflación.
Alega que los Balances Certificados por la empresa, de acuerdo a las Notas agregadas a los Estados Contables, indican que la sociedad decidió en su punto 1.4 que "Los estados contables han sido preparados sin reconocer los cambios en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de diciembre de 2001, debido a la existencia de un período de estabilidad monetaria. Desde el de enero de 2002 y hasta el 1 de marzo de 2003 se reconocieron los efectos de la inflación, debido a la existencia de un período inflacionario. A partir de esa fecha se ha discontinuado la reexpresión de los saldo contable a partir del 1 de enero de 2003".
Señala que dicha situación se ve reflejada del análisis de los Estados Contables, dado que las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las disposiciones establecidas en las Resoluciones Técnicas (R.T) N°6 y 17, con las modificaciones introducidas por la R.T. N° 39 y por la interpretación N° 8, normas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E).
Analiza que estas normas establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la existencia de un contexto con inflación, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una tasa acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%, considerando para ello el índice de Precios Internos al por Mayor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Alega que cuando esta tasa se alcance, los estados contables correspondientes deberán ser reexpresados a partir del momento en que se interrumpió el ajuste. FIDIA S.A. sólo aportó estados contables con papeles donde efectúa el ajuste por inflación, dicha situación fue observada por la División Revisión y Recursos en su Resolución N° 228/2017 (DV NRR1), exponiendo en los puntos de su considerando que en la certificación contable de la empresa, se utilizan estimaciones sin indicar el procedimiento para su cálculo que permitan arribar a un resultado certero.
Afirma que es infundado el agravio tendiente a solicitar la aplicación de los intereses establecidos en el art. 179 de la Ley 11.683, destaca también que: "...los intereses para la repetición de los tributos resultan de aplicación las tasas que fijan las resoluciones del Ministerio de Economía y no la tasa pasiva promedio que dispuso el Tribunal Fiscal de la Nación, ya que el art. 179 de la ley 11.683 (t. o. 1998), al igual que el art. 161 anteriormente vigente, no establece la tasa de interés aplicable... ".
Hace reserva la cuestión federal y solicita se confirme el acto apelado, con costas.
III. Que a fs. 80 se celebra la audiencia preliminar prevista en el artículo 173 de la Ley 11683, texto según Ley 27.430. Se abre la causa a prueba, ordenándose producir la prueba pericial contable. A fs. 98/112 vta se produce la prueba pericial contable. A fs. 130 se clausura la instrucción, se elevan los autos a consideración de la sala “B”y se ponen los autos para alegar. A fs. 133/135, 136/144 obran alegatos del Fisco Nacional y la parte actora. A fs. 155 se llaman los autos a sentencia.
IV. Conforme surge del informe final de inspección obrante a fs. 43/44 el cargo tiene su origen en la Nota N° 1244/16 de fecha 19/12/2016 remitida por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional, mediante la cual solicita la generación de un cargo de fiscalización a la recurrente por el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2010 a 2015, con motivo del recurso de repetición interpuesto con fecha 1/12/2006 por la suma de $ 23.720.475,24.
V. Que a efectos de lograr una mayor claridad expositiva, cabe realizar una breve reseña histórica sobre la evolución legal del mecanismo denominado “ajuste por inflación” en nuestra legislación nacional. Que el mecanismo antes mencionado está expuesto en el Título VI de la ley del Impuesto a las Ganancias, estableciéndose el procedimiento aplicable, los valores y conceptos a computar, y los responsables que deben practicar el ajuste, entre otras cosas (arts. 94 a 98).
Que, posteriormente, la ley 24.073 (art. 39, parte pertinente) agregó: “A los fines de las actualizaciones de valores previstos en la ley 11.683, t.o. en 1978 y sus modificaciones, y en las normas de los tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del 1 de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive”. Finalmente, la ley 25.561 modificó el art. 10 de la ley 23.928 manteniendo “derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional –inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar.”
La recurrente entiende implícitamente derogado el art. 39 de la ley 24.073 por cuanto considera que su única razón de existencia como la estabilidad económica del país desapareció en 2002, debe señalarse que la Sala “D” de este Tribunal sostuvo en oportunidad de expedirse en los autos “C.D.R. Comunicaciones”, “Swaco de Argentina S.A.” (ambos de fecha 22/03/2007) y “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.” (de fecha 7/10/2010) –criterio compartido por la Sala “B” en su anterior composición in re “Cragnolino, Raúl José” del 18/04/2008-, que “la virtual derogación del sistema en forma oblicua o indirecta..., no existe, porque no basta que algunas opiniones doctrinarias... lo sugieran, sino que para que deje de regir, la abrogación debe encontrarse plasmada en norma dispositiva expresa, lo que no ha ocurrido hasta el presente, precisando así el desigual enfoque que la ley otorga a las distintas categorías de contribuyentes. El dictado posterior de otras normas legales que hacen directa referencia al mecanismo, ratifican su permanencia (vrg. Ley 24.587 – B.O. 22/11/95)”.
“Que no obsta a esas consideraciones que la aplicación del mecanismo corrector en la práctica no logre el efecto que de él se espera. Ello así, porque sin necesidad de modificar un ápice el texto legal, el sistema de actualización y de ajuste de valores ha dejado de hallarse operativo por lo dispuesto en el citado art. 39 de la ley 24.073, pues al fijar como tope las variaciones de índice hasta el mes de marzo de 1992 inclusive, ha tornado inocua su aplicación en cuanto a este aspecto se refiere, situación que subsistirá en tanto dicha norma se encuentre vigente”. “Que, en ese orden, en el citado precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que convalida la constitucionalidad de las normas que la apelante intenta cuestionar, se reiteró la doctrina de que “no es función del Poder Judicial juzgar el mérito de las políticas económicas decididas por otros poderes del Estado, sino ponerles un límite cuando violan la Constitución y, en este caso, el derecho de propiedad”.
“Que los precedentes de esta Corte sostienen que no compete al Poder Judicial pronunciarse sobre la eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o financiero, apreciando si éstas pueden ser benéficas o perjudiciales para el país (Fallos: 150:89), ya que escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301, 314:1293 y, más recientemente, en Fallos: 329:2152)”. Que “a partir de lo señalado, puede colegirse, nítidamente, que no es competencia del Poder Judicial considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que necesita el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro (Fallos: 223:233; 318:676), así como tampoco le corresponde examinar si un gravamen ha sido o no aplicado en forma que contradice los “principios de la ciencia económica” (Fallos: 249:99), ya que sólo le incumbe declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional. Conforme con esta regla, el Congreso Nacional tiene la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen, siempre que, como se señaló, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos 314:1293)”.
Que, finalmente, remite a la doctrina que emana del precedente “Santiago Dugan Trocello S.R.L.” (Fallos: 328:2567), que en su parte pertinente se expusiera: “Desde esta perspectiva, no cabe sino reafirmar aquí que la prohibición al reajuste de valores así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas, ordenada por los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas)”.
VI. Que, no obstante lo expuesto, siguiendo la tónica marcada por nuestro Máximo Tribunal, cabe pronunciarse sobre los agravios de la apelante que intentan poner en evidencia un menoscabo en su derecho de propiedad, implicando la confiscatoriedad del impuesto discutido de no aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación, como única tangente válida admitida para hacer lugar hipotéticamente, en cada caso concreto, al ajuste solicitado y, ergo, al reintegro del monto reclamado.
Que, al respecto, se ha señalado inveteradamente que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros).
Que, como se puso ya de manifiesto, a fin de resolver la cuestión ventilada en estos autos, ha de estarse al criterio de la Corte Suprema, que a partir del ya citado precedente “Candy S.A.”, viene resolviendo en toda cuestión análoga en el sentido de si se adecuan o no los hechos de la causa con los parámetros establecidos en dicha oportunidad (véase “Pettiti Automotores S.A.”, del 04/05/2010; “Carlisa S.A.”, del 07/09/2010 y “Pontoni, Roberto Luis y otros S.H.”, del 17/05/2011).
Que, así, en lo principal, el Alto Tribunal discurrió: “Que la jurisprudencia de esta Corte no ha tenido la oportunidad de fijar los límites de confiscatoriedad en materia de impuesto a las ganancias. En razón de ello, y en atención a que las características particulares que presenta el tributo difieren de las propias de otras gabelas examinadas en anteriores fallos (vgr. impuesto sucesorio -Fallos: 234:129; 235:883-; contribución territorial - Fallos: 206:214, 247; 209:114; 210:172 y 239:157-; ahorro obligatorio -Fallos: 318:676 y 785-, en los que se fijó un 33% como tope de la presión fiscal) el criterio para la determinación del límite de afectación del derecho de propiedad en el caso no puede estar férreamente atado a los parámetros fijados en aquellos precedentes”. “Que en orden a ello, cabe destacar que en el caso, el Tribunal tiene especialmente en consideración que se trata de un ejercicio -el correspondiente al año 2002- signado por un grave estado de perturbación económica, social y política que dio lugar a una de las crisis más graves de la historia contemporánea de nuestro país, que fue reconocido por el Tribunal en oportunidad de pronunciarse en Fallos: 328:690, 329:5913 y 330:855...”. “Que como ya se ha señalado, si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (confr. causa citada "Santiago Dugan Trocello"), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
“Que de acuerdo con dichas pautas, y en virtud de las conclusiones arribadas en los considerandos 8° y 9° del presente decisorio, cabe concluir que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste del Título VI de la ley del impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor -según cabe tener por acreditado con la pericia contable- y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad”.
Que, en consecuencia, las pautas rectoras que pueden extraerse de dicho precedente para delimitar la aplicación de la doctrina de la no confiscatoriedad en el impuesto a los réditos, son de carácter sustancial y no nominal, toda vez que el Máximo Tribunal no estableció un porcentaje concreto como límite aplicable, sino que, conforme las pruebas de la causa, entendió que en dicho caso el pago del impuesto a las ganancias sin aplicar el ajuste discutido, al representar para Candy S.A. más del 62% del resultado impositivo ajustado y del 55% de las utilidades contables también ajustadas por inflación, resultaba confiscatorio. Vale aclarar, que dicha decisión, además, se basó en las especiales circunstancias vividas en el país durante el año 2002 y en la prueba producida por la actora, siendo ambas pautas determinantes para decidir la cuestión.
Que, siendo ello así, ha de señalarse que habiendo advertido el citado Tribunal la desmesurada incidencia real del gravamen por la no aplicación del ajuste por inflación, el mismo concluyó que la ganancia neta determinada sin ajuste por inflación, no es adecuadamente representativa de la renta que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar (utilidades reales en lugar de ganancias ficticias). No obstante, ello deberá evaluarse en cada caso, en tanto no existe una línea divisoria absoluta que permita delimitar hasta dónde resulta aceptable en este contexto que la alícuota efectiva exceda a la legal, es decir, hasta qué punto se tolera cierta distorsión inflacionaria.
Por otro lado cabe destacar que si bien mediante sentencia del 23/4/2013 (fs. 264/266vta) la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió “...revocar la sentencia apelada pues, al no haberse producido en autos un peritaje contable, no hay suficientes elementos de prueba como para determinar si la aplicación de las referidas normas configurara, en la concreta situación de la actora, un supuesto de confiscatoriedad...”, cabe dejar sentado que en el caso de marras si se ha producido la prueba pericial contable, siendo menester remarcar que las cuestiones debatidas en los presentes autos resultan sustancialmente análogas a las consideradas y resueltas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Candy” (Fallos: 332:1571).
Que de las conclusiones del informe pericial conjunto presentado por los peritos contadores a fs. 98/112vta llevan a tener por demostrada la existencia de un supuesto de confiscatoriedad según el criterio establecido en los considerandos 7° y siguientes del referido precedente.
Al respecto y antes de entrar al análisis de las respuestas brindadas por los expertos en autos cabe señalar, respecto de la impugnación que de la pericia efectúa la representación fiscal, que a los efectos de responder los puntos de pericia no es óbice que los peritos no intervinieran en la auditoría sobre los Estados Contables puesto que la información a brindar es aquella que surge de los libros de la recurrente. Por otra parte, el propio perito del Fisco Nacional reconoce haber tenido a la vista los papeles de trabajo de la recurrente y los Estados Contables. Asimismo respecto del IPC Congreso y los cálculos que efectúa a partir de ellos el perito de la actora, cabe puntualizar que así lo requería el punto de pericia que oportunamente admitiera este Tribunal; por el contrario ha sido el perito del Fisco nacional quien en su respuesta efectúa un análisis de la legislación que no era requerida por el punto pericial y que precisamente por ser una cuestión debatida correspondía a este Tribunal emitir opinión al respecto. Más allá de las salvedades que introdujo el perito del Fisco Nacional respecto de la documentación que dice le fue exhibida, en definitiva produjo sus respuestas a los puntos propuestos, las que conjuntamente con las brindadas por el perito de la actora serán objeto de análisis en los párrafos siguientes.
Al respecto, cabe precisar que ambos peritos son contestes en que para determinar la tasa efectiva del gravamen en los períodos fiscales 2010 a 2015 sin la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación por el período fiscal 2010: el Impuesto a las Ganancias determinado de FIDIA S.A. al 31/12/2010 sin aplicar el ajuste por inflación impositivo previsto por el Título VI de la Ley del Impuesto, asciende a la suma de $ 3.982.731,38-; mientras que el resultado impositivo con el ajuste por inflación calculado por la Compañía correspondiente a ese período fiscal le arrojó (utilizando el índice direccionado por la actora -IPIM-) una ganancia de $ 1.030.556,98-. La relación entre ambos importes arroja un cociente de 386,46%.
Por el Período Fiscal 2011: el Impuesto a las Ganancias determinado de FIDIA S.A. al 31/12/2011 sin aplicar el ajuste por inflación impositivo previsto por el Título VI de la Ley del Impuesto, asciende a la suma de $ 5.079.877,68-; mientras que el resultado impositivo con el ajuste por inflación calculado por la Compañía correspondiente a ese período fiscal le arrojó (utilizando el índice direccionado por la actora -IPIM-)una ganancia de $ 6.379.537,47-. La relación entre ambos importes arroja un cociente de 79,63%.
Por el Período Fiscal 2012: el Impuesto a las Ganancias determinado de FIDIA S.A. al 31/12/2012 sin aplicar el ajuste por inflación impositivo previsto por el Título VI de la Ley del Impuesto, asciende a la suma de $ 4.234.204,91-; mientras que el resultado impositivo con el ajuste por inflación calculado por la Compañía correspondiente a ese período fiscal le arrojó (utilizando el índice direccionado por la actora -IPIM-)una ganancia de $ 4.163.885,61. La relación entre ambos importes arroja un cociente de 101,69%.
Por el Periodo Fiscal 2013: el Impuesto a las Ganancias determinado de FIDIA S.A. al 31/12/2013 sin aplicar el ajuste por inflación impositivo previsto por el Título VI de la Ley del Impuesto, asciende a la suma de $ 7.283.211,72-; mientras que el resultado impositivo con el ajuste por inflación calculado por la Compañía correspondiente a ese período fiscal le arrojó (utilizando el índice direccionado por la actora -IPIM-)una ganancia de $ 11.566.510,64. La relación entre ambos importes arroja un coeficiente del 62,97%.
Por el Periodo Fiscal 2014: el Impuesto a las Ganancias determinado de FIDIA S.A. al 31/12/2014 sin aplicar el ajuste por inflación impositivo previsto por el Título VI de la Ley del Impuesto, asciende a la suma de $ 3.322.391,23-; mientras que el resultado impositivo con el ajuste por inflación calculado por la Compañía correspondiente a ese período fiscal le arrojó (utilizando el índice direccionado por la actora -IPIM-)una pérdida de $ 10.444.021,20-. Considerando el resultado impositivo negativo, no resulta posible determinar matemáticamente relación alguna.
Por el Periodo Fiscal 2015: el Impuesto a las Ganancias determinado de FIDIA S.A. al 31/12/2015 sin aplicar el ajuste por inflación impositivo previsto por el Título VI de la Ley del Impuesto, asciende a la suma de $ 22.178.490,53; mientras que el resultado impositivo con el ajuste por inflación calculado por la Compañía correspondiente a ese período fiscal le arrojó (utilizando el índice direccionado por la actora -IPIM-) y sin computar el quebranto del ejercicio anterior, una ganancia de $ 49.806.677,62. Teniendo en cuenta ello, la relación entre ambos importes arroja un coeficiente del 44,53%.
Cabe señalar que los guarismos expuestos anteriormente exceden cualquier límite razonable de imposición, configurándose de este modo un supuesto de confiscatoriedad en los términos planteados en los considerandos anteriores.
Que de acuerdo con lo expuesto y a las conclusiones arribadas en los considerandos que anteceden, cabe concluir que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación establecido en el Título VI de la ley de impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos, conforme a los términos expuestos por la CSJN en la causa "Candy", dado que el impuesto determinado por la AFIP insume una parte sustancial de la renta en un monto que excede cualquier limite razonable de imposición, configurándose de este modo un supuesto de confiscatoriedad.
Que por lo tanto corresponde revocar la resolución apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la repetición solicitada, con más los intereses desde la fecha de interposición del respectivo reclamo administrativo, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dálmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93 (Expte.Nº 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley procedimental. Con costas al Fisco Nacional.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la resolución apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la repetición solicitada, con más los intereses desde la fecha de interposición del respectivo reclamo administrativo, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dálmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93 (Expte.Nº 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley procedimental. Con costas al Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.08.08 23:43:34 ART Date: 2022.08.09 11:21:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.09 11:35:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.09 11:35:34 -03:00
Fin de la sentencia