Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Con Asiento en San Nicolás
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, confirmando la sentencia de grado en cuanto fue motivo de agravios; - 2º Imponer las costas a la vencida (artículo 19 Ley n° 14192); - 3º Rechazar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios por las tareas ante la Primera Instancia; - 4° Volver los autos al Acuerdo para la regulación de los honorarios por las tareas en esta instancia.
En la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, a los 17 días del mes de setiembre de 2012, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, integrada por los Dres. Cristina Yolanda Valdez, Damián Nicolás Cebey, y Marcelo José Schreginger -encontrándose en uso de licencia-, se reúne en Acuerdo Extraordinario para dictar sentencia definitiva en los autos "CANELO DAMIÁN ANIBAL S/ AMPARO C/ I.O.M.A. - INCIDENTE DE APELACIÓN", expediente nº 1468-2012.
De acuerdo con el sorteo efectuado se estableció el siguiente orden de votación: Cristina Yolanda Valdez y Damián Nicolás Cebey. La Cámara estableció la siguiente:
¿Es justa la sentencia apelada?
La Dra. Valdez dijo: - I. Con fecha 3 de setiembre de 2.012 (ver fs. 83/90 del principal) el a quo, titular del Juzgado Correccional n° 1 de Rojas, resolvió hacer lugar a la acción de amparo instaurada y, en consecuencia, ordenar a la accionada brinde cobertura a la práctica quirúrgica que demanda la patología que padece el actor, consistente en una cirugía de cerebro entre etapas, según el siguiente detalle: la primera parte para asegurar la irrigación del hemisferio cerebral izquierdo con un by pass de alto flujo entre la carótida primitiva y la arteria silviana; la segunda mediante embolización, donde se ocluirán los pedículos aferentes que alimentan el tumor; y la tercera tendiente a la remoción en bloque del peñascoizquierdo con el tumor y los vasos vena yugular y arterias, con resonancia magnética intraoperatoria, a llevarse a cabo en la Clínica Adventista Belgrano de la Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día, y a cargo del neurocirugjano Roberto Herrera, tendiente a la resección completa de tumor del glomus yugular.
Fundó en derecho, impuso las costas a la demandada y reguló los honorarios profesionales. Para así decidir, comenzó por ponderar la procedencia del amparo; conceptualizó el derecho a la salud; citó antecedentes jurisprudenciales; fijó la posición de las partes y adujo que: - a) Quedó probada la patología del accionante y la gravedad de su cuadro; - b) el Sr. Canelo había concurrido a los dos (2) centros que la obra social le ofrece para su tratamiento, tal el Hospital Italiano y el Instituto Fleni; no obstante, la discordancia radica en las respectivas historias clínicas de ambas entidades, en las cuales se observa que ninguna de ellas propugna la solución de la cirugía; - c) el paciente ha demostrado que su objetivo es intentar la cura definitiva para lograr aumentar la probabilidad de sobrevida y que ello lo ha decidido a tratarse en la Clínica Adventista Belgrano, aún en conocimiento que la cirugía a realizar es de altísimo riesgo.
Adunó el aquo: "Su apuesta es clara: asume el peligro ante una posibilidad, aunque escasa, de éxito, en lugar de iniciar tratamientos que intentarán mejorar su calidad de vida y dilatar el progreso de la enfermedad, pero con un desenlace conocido a corto o mediano plazo. Y ante esa posibilidad difícil, remota, pero reitero, única en lo que hace a salvar la vida del paciente, nada puede interponerse. Y lo menos que corresponde, al Estado en forma directa, o a través de las instituciones que lo representan, en el caso, el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Pcia. de Bs. As., es brindar al actor lso medios para que la intente. De lo contrario, podría hasta tornarse ilusoria la pretensión de salvar la vida del mismo." (v. fs. 87 vta./88 del principal).
Agregó que distinta sería la solución si los prestadores del IOMA ofrecieran idéntica posibilidad de tratamiento que la Clínica Adventista Belgrano, que llevarían a no avalar la postura del paciente.
II. Contra dicho pronunciamiento el apoderado de la demandada interpuso recurso de apelación (ver fs. 107/110 del principal), agraviándose por entender que el Juez de grado ordenó la cobertura del tratamiento quirúrgico en un centro que, según el judicante, es el único que ofrece la solución que pudiera permitirle a Canelo salvar su vida.
Refiere en tal sentido que la auditoría médica en forma contundente determinó que IOMA ha suscrito convenios con el Fleni y el Hospital Italiano y demás prestadores en la Provincia de Buenos Aires, entidades de alta complejidad asistencial y excelencia médica no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional, para el abordaje de patologías como la de autos, extremos que no justifican la decisión. Por lo tanto, sostuvo que IOMA no actuó con arbitrariedad o ilegalidad, sino que los prestadores del mismo son los que decidieron no intervenir quirúrgicamente al afiliado; y que en ningún momento se dejó desprotegido o desprovisto de toda cobertura al amparista, siendo que tal circunstancia fue informada por auditoría médica por existir convenios con prestadores de excelencia nacionales e internacionales en condiciones de realizar la práctica, pero que la consideraron no conveniente.
III. Tanto el letrado del amparista, como el apoderado de la demandada cuestionaron la regulación de los honorarios que le fueran fijados, por bajos y por altos respectivamente, pretendiendo el primero que se tenga en cuenta como base regulatoria el valor de la práctica requerida.
IV. Corrido el traslado de ley, y contestado el mismo, se remitieron los autos, arribando a esta Alzada, en la que se dispuso, en los términos del artículo 36 inciso 2 del ritual, informe del señor perito médico oficial de la Asesoría Pericial Departamental.
Además, por Secretaría se dejó constancia que el Juzgado de origen informó vía telefónica que, por error, habían sido remitidos los autos en forma de incidente, pero que la totalidad de las actuaciones principales se corresponden con las copias remitidas.
V. A fs.132/138 obra el informe médico, del cual se dio traslado por dos (2) horas a la contraparte, que -a su vencimiento- se mantuvo inconteste.
VI. En este estado, las actuaciones pasan a despacho para resolver.
Inicialmente debo señalar que el recurso de apelación presentado por la parte demandada resulta formalmente admisible; ello, en tanto fue interpuesto contra la sentencia en escrito fundado (ver fs. 107/110) y dentro del plazo previsto (ver cargo de fs. 110). Igual carácter posee el recurso que intenta cuestionar por bajos los honorarios regulados (v. fs. 111/112).
VII. Considero, en función de los agravios planteados, y adelantando opinión -por los fundamentos del caso que paso a darque la sentencia debe confirmarse.
En primer lugar, y partiendo del derecho a la vida, conviene recordar que la SCBA se expidió en torno del mismo en la causa I. 248.XLI. "I., C. F. c/ Provincia de Buenos Aires s/ amparo" (sentencia de fecha 30-IX-2008) y siendo un argumento reiterado en causa B.67.269 "S., O, E, Y OTRA CONTRA PROVINCIA DE BS. AS. (IOMA) S/ AMPARO" (sentencia de fecha 13 de junio de 2012), diciendo: "En ese fallo, la Corte Suprema, recordó que 'la vida es el primer derecho de la persona humana reconocido yCiTag10 protegido por la Ley Fundamental yCiTag11 que, en tanto eje yCiTag12 centro de todo el sistema jurídico, es inviolable yCiTag13 constituye un valor fundamental con respecto al cual los demás tienen siempre carácter instrumental".
Del mismo deriva el derecho a la salud, protegido con carácter fundamental por conducto del artículo 75 inciso 22 de la CN por encontrarse consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 3, 8, 25; por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 4 inciso 1, 5 inciso 1 y 26; por la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XI.
Además, por nuestra Constitución provincial (artículo 39 inciso 3) también se le confiere protección.
En el orden legal, el IOMA es uno de los medios con los que cuenta la Provincia de Buenos Aires para alcanzar su cometido en la asistencia sanitaria, en particular, para la cobertura de salud de los empleados públicos provinciales y municipales (artículo 1° Ley Orgánica del IOMA n° 6982).
Así, en dicho artículo establece el objetivo de su creación y funcionamiento siendo el de "realizar en la provincia todos los fines del Estado en materia médico asistencial para sus agentes en actividad o pasividad y para sectores de la actividad pública y privada que adhieran a su régimen...", indicando la libre elección del médico por parte de los usuarios reafirmando el sistema de obra social abierta y arancelada.
Ha establecido este Tribunal que la libre elección por parte de los afiliados del IOMA respecto de los profesionales tratantes deben ser dentro de aquellos que resulten prestadores de la obra social ("Alcolea Silvia Haydée c/ IOMA s/ Amparo", expdte. n° 381-2007, sentencia definitiva de fecha 8 de mayo de 2008).
No obstante lo dicho, el principio debe ceder cuando las particularidades de la causa lo ameriten. Y paso a explicarlo. Se ha informado en autos que el Hospital Italiano de Buenos Aires elaboró Historia Clínica en resumen, en fecha 22/5/12 (v. fs. 18) del cual surge que "...el paciente fue evaluado por el Comité de Tumores de cabeza y cuello de nuestra institución y se decidió dada la imposiblidad de resección quirúrgica completa la realización de centellograma, entre otros antecedentes. Además, el Fleni, a fs. 23, en Informe de epicrisis de alta médica, refiere que "Se decide no colocar VDVP para trata de hidrocefalia interpretada como no aguda; presenta mejoría de su cefalea; se acuerda con familiar valoración por ORL por consultorios y eventual re-citación para definir conducta terapéutica. Se dejan marcadas pautas de alarma con contacto para eventual consulta. Diagnóstico glomus yugulo-timpánico."
A fs. 26 el Dr. Herrera Roberto de la Clínica Adventista Belgrano, y a ello hace referencia el informe pericial de fs. 132/138, el 6/8/12 solicita urgente traslado a dicho nosocomio para realizar complejo tratamiento quirúrgico interdisciplinario con cobertura por parte del IOMA, contrariamente a lo sostenido por los anteriores nombrados, quienes calificaran al caso como terminal.
Yendo a lo que Auditoría Médica informara el 6/8/12 (v. fs. 47 y 62 del principal), sólo se limita a manifestar que la Clínica Adventista no es prestador del Instituto.
A fs. 64 consta informe del Director de Auditoría y Fiscalización Médica de Establecimientos Asistenciales de Ioma, Dr. Marcelo G. Relli y del Médico Auditor del Ioma, Dr. Marcelo Acuña, que según el sistema, el afiliado inició trámite de excepción n° 108991-12, soilcitando autorización de cirugía en la Clínica Adventista; que la práctica se podía realizar en los dos prestadores ya nombrados, adheridos con categoría IV y que la Auditoría advierte que la solicitud de los gastos de cirugía estaba firmada por un profesional médico, desconociéndose qué vínculo tiene el mismo con la Clínica, sin valores estimativos del procedimiento solicitado y situación fiscal del destinatario de los honorarios de la práctica.
A la luz de lo reseñado no advierto -de las constancias de autos- que el trámite de excepción que iniciara el amparista tuviera el debido tratamiento por parte del Directorio, de conformidad a las estipulaciones de la Ley orgánica n° 6982, y Decreto reglamentario n° 7881/84 que rigen al IOMA, sino sólo informes, con lo cual también prevengo que la demandada no encauzó el trámite hasta su conclusión, pese a la gravedad del caso, que pudo ser advertida por los auditores firmantes, teniendo en cuenta sus respectivas incumbencias, en tanto es el Directorio quien debe expedirse finalmente. Y en el caso luce ausente su decisión, respecto de lo cual haré una referencia infra.
Lo concreto y claro del caso puede observarse en el informe de la pericia practicada en anterior instancia, donde la señora perito médico oficial informó a fs. 78/79 del principal que el tratamiento aconsejado es la extirpación radical del tumor de glomus yugular, y luego de repasar las fases quirúrgicas del mismo, opinó que "Es sumamente urgente porque, si se opera en mal estado neurológico las oportunidades de una intervención exitosa disminuyen mucho." Conteste con ello, el perito médico oficial interviniente en esta segunda instancia, se expidió a tenor de los siguientes puntos: a) Sobre la práctica requerida por el amparista: necesidad de la misma según diagnóstico, prescripción médica y pronóstico; b) Si el tratamiento propuesto por los médicos tratantes aporta beneficio para el amparista; c) Riesgo estimativo de vida y/o secuelas conforme las etapas propuestas en el tratamiento; d) Sobre la urgencia alegada por el demandante; e) Si existe alternativa al trámite propuesto de acuerdo a las condiciones del actor; f) Si el Sr. Canelo ha sido conveniente y fehacientemente informado tanto de los beneficios como de las posibles secuelas en todas y cada una de las diferentes etapas del tratamiento indicado. g) Todo dato que considere de interés.
En un pormenorizado informe, y luego de entrevistar en el día de la fecha al señor Canelo, reseñó las constancias de la causa, efectuó la anamnesis, se ocupó del examen físico, efectuó consideraciones y conclusiones médico-legales, ilustró sobre la patología, la forma diagnosticarla, e indicó que "La cirugía, cuando es posible, es el mejor tratamiento, por lo menos en pacientes jóvenes." (v. fs. 136 vta.). Prosiguió con las etapas respectivas, de las consecuencias esperables y/o posibles, e indicó que respecto a la enfermedad del amaprista es una afección grave, como lo es todo proceso tumoral intracraneano que por más que sean de características benignas se comportan como malignos; que la cirugía estaría indicada en los tipo "D" -que antes describiera- con edad menor a cincuenta (50) años, forma unilateral, clínica neurológica y cuando exista invasión intracraneal como es el caso de autos (v. fs. 137 vta./138).
Concluyó del siguiente modo: "a) La cirugía estaría indicada en el amparista y que padece un glioma yugulo timpanico tipo D, con una edad <50 años, forma unilateral, clínica neurológica e invasión intracraneal como es el caso de autos. Con la propuesta concreta de la cirugía de tres tiempos como único tratameinto a pesar de los riesgos implícitos en este tipo de cirugía que ya fueron detallados y con un concreto riesgo de vida, aunque este sería inminente en caso de no realizar la cirugía para la exereses definitiva del tumor. El pronóstico es reservado yendo de la mano de la evolución de las distintas etapas de la cirugía propuesto como único tratamiento a instituir. b) Sí, si se logra la exeresis completa del tumor, existiría una cura de la enfermedad con las secuelas probables que padece y otras que podrían derivar de la cirugía a realizar. c) Con respecto a riesgo de vida este perito desea aclarar que no hay un metro, pero cada caso es individual, aunque la literatura médica habla que con las nuevas técnicas neuroquirúgicas y multidisciplinarias, se han disminuido los riesgos de morbimortalidad en este tipo de cirugías de glioma yugulo timpanico, siendo baja (7%) relacionado a cirugía. Las secuelas fueron consideradas en las consideraciones y conclusiones médico legales. d) La urgencia es resolver la problemática que el crecimiento del tumor va provocando en el paciente, que deteriora su estado general que puede desembocar en la muerte. e) No, ya que los prestadores que ofrece su obra social descartaron la cirugía, además la radioterapia en el estadio del amparista está contraindicada. f) El Sr. Canelo se halla debidamente informado al igual que su familia tanto de los beneficios como de las secuelas en todas y cada una de las diferentes etapas del tratamiento indicado. g) Se desea aclarar a pedido de V.E. la cirugía a realizar es una cirugía modulada, se halla fuera del nomenclador nacional y es un arreglo entre las partes. A criterio de este perito el presupuesto fijado es el valor del módulo total que incluye los tres pasos quirúrgicos."
En este contexto, donde el actor es afiliado al IOMA según copia de fs. 15, la patología no se encuentra cuestionada, la prescripción del tratamiento quirúgico que le es propuesta como única alternativa de vida por un no prestador del IOMA, que la práctica no está en el nomenclador nacional y que obran agregados los presupuestos a fs. 2527/34 de autos, que el paciente posee la edad de treinta y nueve (39) años, y que el único agravio es que la accionada no incurrió en una conducta ilegítima o arbitraria, tras los antecedentes de autos, propongo considerar a la actuación del IOMA como una omisión antijurídica, que quedó configurada con la falta de expedición por parte del Directorio al trámite de excepción, relegando un accionar relajado en un informe de Auditoría Médica, por lo que la parte actora debió iniciar la presente acción de amparo en fecha 21/8/12.
Hemos dicho (en expdte. n° 1212 "Pettinarolli", y entiendo vuelve a resultar de aplicación al caso) que: "Considero que, en atención a las especiales características del caso, el demandado debió adoptar una actitud diligente frente a la solicitud instada mediante la reconocida instancia administrativa por quien es su contrincante."
El criterio de razonabilidad viene impuesto por la propia Carta Magna (tanto Nacional, artículos 28, 43, 99 inciso 2, como Provincial, artículos 20 inciso 2, 57, 144 inciso 2) y es deber de los jueces -en cada situación en particular- apreciar si la norma o su reglamentación resultan contrarias a tales principios, derechos y garantías que ella consagra, a los efectos de su operatividad y efectividad.
Juzgo de importancia que prevalezca el derecho fundamental del actor a la protección de su salud -artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- (que, en sentido positivo, al decir de Adolfo Gabino Ziulu en "Derecho Constitucional", Tomo I, "El Poder y las Garantías Constitucionales", Depalma, Bs. As., 1997, páginas 286 y ss., es aquél en que la persona puede ejercer con normalidad todas sus funciones naturales), antes que el reglamentario de la autoridad administrativa.
Por último, cabe tener en cuenta lo expresado por la SCBA, al decir: "Hay especiales situaciones frente a las cuales las normas constitucionales exigen que se articulen decisiones de acompañamiento que atiendan aquéllas (Preámbulo de la Const. Nacional; art. 75 incs. 22 y 23 de dicha Norma Fundamental; 11 y 15 de su par provincial), sin que ello implique desborde de la competencia funcional del Poder Judicial (arts. 160 y 161 de la Constitución de la Provincia de Bs. As.).", SCBA, A.69719, sentencia del 4-11-2009, "D.,J. c/ P.,d. s/ Amparo". En consecuencia, en virtud de todo lo expuesto, entiendo ajustado a derecho el pronunciamiento del Juez de grado, por lo que propongo el rechazo de la apelación.
VIII. En lo que refiere a las costas del proceso, interpreto que el recurso tampoco puede prosperar.
Es que, atento que el presente es un proceso de amparo, debe aplicarse el artículo 19 de la Ley n°º 14.192, que impone la regla objetiva que hace cargarlas al vencido, con aplicación supletoria del ritual, además de eximir de la condena si antes del plazo fijado para la contestación de demadna, cesara el acto u omisión que motiva la acción.
En ese marco, considero que dadas las particularidades reseñadas, ninguna excepción a la regla adjetiva se presenta en autos. Ello, en virtud que no pueden establecerse distinciones que la ley no efectúa.
Más allá que la patología del amparista no fue cuestionada, sí se presenta el caso de una manifiesta oposición al progreso de la acción, no sólo cuestionando la vía por la cual optara el actor, sino que, bajo la modalidad de ofrecimiento de tratamiento por parte de otros prestadores, a través de la Auditoría Médica, y sosteniendo que el informe de la propia Auditoría no resulta un acto, hecho, omisión o decisión manifiestamente arbitrario o ilegítimo por parte del IOMA, sino sólo un dictamen congruente con la normativa vigente.
Considero a todo evento, opinar sobre lo que la obra social demandada tiene como práctica constituida, es decir, informando lo que Auditoría Médica considera, haciéndolo saber a los afiliados, dejándolos en oportunidades a la suerte de lo que puedan interpretar, con la consiguiente dilatación de los respectivos tratamientos, muchas veces urgentes, como resulta el de autos.
No se trata en este procedimiento juzgar sobre la naturaleza de dicho informe, sino más bien, de valorar si -a través del mismo- se constituye o no una afectación a los derechos por los cuales se ha venido en busca de tutela. Y estoy convencida, del desarrollo de la causa, que sí lo ha sido, a tal punto de sugerir a la Administración, revise el modo de proceder en casos en los que el sentido común harían llevar a cualquier persona a sospechar de la urgencia y gravedad del caso como para dejar la solución a la suerte de la interpretación del afiliado, omitiendo, en todo caso de considerarlo necesario, el dictado formal del acto que despejara toda duda, es decir, la cobertura o no de la prestación.
Por tales fundamentos, y en definitiva, habiendo necesitado el amparista del dictado de una condena como la aquí recurrida para dirimir la cuestión, soy de opinión que las costas debe sorportalas la demandada vencida (artículo 19 Ley n° 14.192).
La misma suerte debe correr la condena en la materia respecto de las correspondientes a esta instancia.
IX. En cuanto a los honorarios del Dr. Pérez Morelli -letrado de la amparista- fueron cuestionados por la contraria a fs. 106 por altos, a la vez que a título personal, el propio abogado los apela por bajos, pretendiendo que la regulación debió practicarse en función a los montos que forman la pretensión que lucen los presupuestos referidos a fs. 32 y ss., añadiendo el carácter alimentario de los mismos.
El Juez a quo efectuó la regulación de honorarios profesionales en base a las normas de los artículos 49, 16 y 1 del decreto ley n° 8904/77.
El recurrente se agravio por entender que no tuvo en cuenta el juzgador -al momento de fijar sus estipendios- que en la causa existe una base regulatoria a partir de los presupuestos acompañados en relación a la práctica requerida por el amparista.
A los fines de resolver el agravio en cuestión, es de tener en cuenta que el artículo 49 del decreto ley n° 8904 dispone que: “Por la interposición de acciones de inconstitucionalidad, de amparo y de hábeas corpus se aplicarán las normas del artículo 16° con un mínimo de 20 'Ius'”.
Luego éste último artículo establece que: “Para regular los honorarios, se tendrá en cuenta: a) El monto del asunto, si fuera susceptible de apreciación pecuniaria; b) El valor, motivo y calidad jurídica de la labor desarrollada; c) La complejidad y novedad de la cuestión planteada; d) La responsabilidad que de las particularidades del caso pudiera haberse derivado para el profesional; e) El resultado obtenido; f) El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 inc. 1° de la Ley 5177; g) La probable trascendencia de la resolución a que se llegare para casos futuros; h) Las actuaciones esenciales establecidas por la ley para el desarrollo del proceso; i) Las actuaciones de mero trámite; j) La trascendencia económica y moral que para el interesado revista la cuestión en debate; K) La posición económica y social de las partes; l) El tiempo empleado en la solución del litigio, siempre que la tardanza no fuera imputable al profesional.
Tengo para mí, y siguiendo el criterio del Alto Tribunal Federal en la causa “Barría Mercedes y otro c/ Pcia, del Chubut y otro”, Fallo del 24/10/06, que el agravio en tratamiento debe rechazarse toda vez que nos encontramos ante una acción de amparo en la que se persigue la realización de una práctica médica, en procura de la protección y la tutela del derecho a la salud del accionante, y en la que el aspecto económico o patrimonial que pudiera sopesar sobre la pretensión actoral pierde toda relevancia, ya que -como dijera- el objeto del presente amparo radica fundamentalmente en la efectivización de una práctica médica que le fue en su momento negada.
En consecuencia, dejando de lado el costo que representa la práctica médica, debe estarse a la norma del artículo 49 del decreto ley n° 8904/77, en armonía con otras previsiones del ordenamiento arancelario, y por lo tanto encontrándose la regulación de honorarios efectuada por el Juez a quo ajustada a derecho, debe confirmarse, Itero, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y el mérito, la calidad y la eficacia de los trabajos profesionales desarrollados, considero que los honorarios no deben modificarse, toda vez que compensan de modo adecuado la tarea cumplida -artículos 15, 16 y 49 del decreto ley nº 8904/77; Ac. n° 3544 SCBA-.
ASI VOTO
A la cuestión, el Dr. Cebey expresó:
Compartiendo lo expuesto por la Dra. Valdez, VOTO en idéntico sentido.
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Cámara
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, confirmando la sentencia de grado en cuanto fue motivo de agravios; - 2º Imponer las costas a la vencida (artículo 19 Ley n° 14192); - 3º Rechazar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios por las tareas ante la Primera Instancia; - 4° Volver los autos al Acuerdo para la regulación de los honorarios por las tareas en esta instancia.
Regístrese y notifíquese por Secretaría con habilitación de días y horas (artículo 153 CPCC, artículo 25 Ley n° 14.192).
Ofíciese al prestador que habrá de llevar adelante el tratamiento en cuestión, para que -previa acreditación de su condición tributaria- dé cumplimiento con los demás recaudos exigidos por IOMA en torno de la facturación. La diligencia del mismo estará en cabeza del letrado del actor.
CRISTINA YOLANDA VALDEZ DAMIÁN NICOLÁS CEBEY ANTE MÍ:
Fin de la sentencia