Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 29338-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar la resolución apelada en lo que ha sido materia de agravios. Imponer las costas de esta instancia en el orden causado (art. 68, segunda parte, del C.P.C.C.N.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
15376/2013 CANEVARI JORGE EDUARDO (TF 29338-I) c/ DGI s/ Buenos Aires, de diciembre de 2020.- MC
El recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 227/232, replicado a fs. 239/240, contra la resolución agregada a fs. 225/226; y
I. Que, por medio de la resolución del 5 de julio de 2019, agregada a fs. 225/226, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió que el Fisco Nacional adeudaba al Dr. José Antonio Viola Morosini intereses por la demora en el pago de sus honorarios.
II. Que, contra esa resolución, la demandada interpuso recurso de apelación a fs. 227/232, que fue contestado a fs. 239/240. Por un lado alega la incompetencia del Tribunal a quo para resolver la pretensión relativa a la adición de intereses a los honorarios oportunamente regulados, pues no es órgano ejecutor de sus propias sentencias. Por el otro, sostiene que lo resuelto atenta contra el procedimiento de pago establecido en las leyes 24.624 y 23.982.
III. Que, de manera preliminar, cabe señalar que en los artículos 197 de la ley nro. 11.683 y 1174 del Código Aduanero se prevé la aplicación supletoria de las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En tal sentido, y de conformidad con lo establecido en el artículo 6, inciso 1º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en los incidentes y en las regulaciones de honorarios, es competente para resolver el juez del proceso principal.
En ese orden de ideas, toda vez que la cuestión relativa a la procedencia y determinación de los intereses adeudados a la letrada de la parte actora, por el pago de sus honorarios vencido el plazo establecido en el artículo 49 de la ley nro. 21.839, constituye una cuestión accesoria a la regulación original practicada por el Tribunal Fiscal de la Nación, cuya competencia no fue cuestionada; corresponde rechazar el agravio formulado por el Fisco Nacional.
IV. Que, al respecto, cabe señalar que recientemente, el 3 de diciembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la causa caratulada “Martínez Gabriel Rubén c/ Estado Nacional -Ministerio del Interior- Policía Federal Argentina s/ daños yperjuicios”, expte nro. CCF 007483/2007/2/RH002, sostuvo que “En primer lugar, los intereses moratorios, por imperativo legal, deben computarse hasta la cancelación del crédito en orden a satisfacer su integridad y producir el efecto liberatorio del pago para el deudor (art. 744 del código civil, actual art. 870 del Código Civil y Comercial de la Nación).
Ciertamente no puede reputarse como pago, con sus efectos extintivos propios, el inicio del procedimiento del art. 170 de la ley 11.672 mediante la previsión presupuestaria del monto de la condena a los valores computados (en concepto de capital e intereses hasta allí devengados) en la liquidación aprobada en la causa.
En segundo término, la sentencia definitiva dictada en autos condenó al Estado Nacional a pagar el capital, con más sus intereses hasta su cancelación, decisión pasada en autoridad de cosa juzgada” (Considerando 6°). Por último, concluyó que “En este entendimiento y considerando la doctrina del precedente de Fallos: 339:1812 y lo resuelto en el sublite, es necesario precisar que, para la cancelación de los reconocimientos judiciales firmes sujetos al procedimiento del art. 170 de la ley 11.672, el Estado Nacional deberá adoptar las medidas necesarias para que la previsión presupuestaria sea comprensiva del capital de condena y de los intereses devengados hasta su efectivo pago. De otro modo, además de los perjuicios señalados, la sujeción de los accesorios a sucesivas previsiones presupuestarias, frustraría los fines propios del régimen establecido por dicha norma pues atentaría contra la racional administración de los fondos públicos y los derechos patrimoniales de los particulares.” (Considerando 8°). A su vez, y en tal sentido, esta Sala se expidió sobre la procedencia de los intereses pretendidos por los letrados de la parte actora, en la causa caratulada “Scania Argentina SA c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, nro. 83566/2016, del 14 de marzo de 2019, a cuyos fundamentos cabe remitirse por razón de brevedad y pueden ser consultados en la página de la CSJN, en el link “Nueva Consulta de Causas Judiciales” (www.csjn.gov.ar).
En consecuencia, y en razón de que ninguna norma del régimen de orden público que invoca la apelante dispone que el Estado esté exento de pagar los intereses establecidos en el artículo 61 de la ley nro. 21.839 (cfr. Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III, expte. nro. 7.993/06 “Sánchez Tomas Marcelino c/ Estado Nacional -ministerio de defensa- ejército argentino s/ daños y perjuicios”, del 18 de junio de 2013), no se advierten razones que justifiquen revocar el pronunciamiento apelado.
En cuanto a las costas de esta instancia, en atención al cambio de jurisprudencia operado en la cuestión debatida y con fundamento en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V que el artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, prevé la posibilidad de eximir de costas al vencido cuando el juzgador encontraré mérito para ello, corresponde imponerlas en el orden causado. En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar la resolución apelada en lo que ha sido materia de agravios. Imponer las costas de esta instancia en el orden causado (art. 68, segunda parte, del C.P.C.C.N.). Se deja constancia de que el Dr. Jorge F. Alemany no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (Art. 109 RJN). Regístrese, notifíquese y devuélvanse.-
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI
Fin de la sentencia