Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala III · Causa MO-38124-2021
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAUTOS y VISTOS : Por ello, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos, por unanimidad se confirma la sentencia apelada en todo cuanto decide y fue materia de recurso. Las costas de Alzada se imponen a la citada en garantía que resulta sustancialmente vencida (art. 68 del CPCC).
" CANO, NAHUEL ELIAS C/ ASSENNATO,
MARTA INES Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LES. O MUERTE "
Causa Nro.: MO-38124-2021.
En la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, reunidos los jueces de esta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, doctores Mirta Susana COLLADOS y Roberto Camilo JORDÁ, ambos integrantes de esta Sala III, con la presencia del Sr. Secretario, proceden a celebrar Acuerdo digital, abocándose a pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: " CANO, NAHUEL ELIAS C/ ASSENNATO, MARTA INES Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" Causa nro.: MO-38124-2021 , habiéndose practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 263 y 266, C.P.C.C., Ley 5827), resultó que debía observarse el siguiente orden: COLLADOS - JORDA, resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia dictada el 7/05/26?;
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN : la señora jueza Dra. COLLADOS , dijo:
I. ANTECEDENTES :
1. El Sr. Juez titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial N° 6 Departamental dictó sentencia condenando a Marta Inés ASSENNATO y a la citada en garantía CAJA DE SEGUROS S.A. a pagar al actor Nahuel Elías CANO la suma de pesos VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL ($22.150.000), con más el interés establecido en el considerando VI -al cual me remito-. Las costas fueron impuestas a las condenadas, en su calidad de vencidas, postergándose la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para el momento procesal oportuno.
2. La presente demanda obedece -según los dichos del actor en el escrito de inicio- al siniestro de tránsito ocurrido el 7 de octubre de 2021, siendo aproximadamente las 12:00 hs., en circunstancias en que circulaba al mando de un motovehículo por la Av. Hipólito Yrigoyen del Partido de Morón.
Afirma el demandante que en la intersección de su vía de circulación con la arteria Bernardo de Irigoyen, y con luz verde del semáforo que le habilitaba el paso, fue embestido en el lateral izquierdo de su motocicleta por el automóvil marca Renault modelo Clio dominio OLM282. Explica que dicho vehículo era guiado por la demandada Marta Inés ASSENNATO, y que circulando por la misma arteria pero en sentido contrario, realizó un giro a la izquierda sin que el semáforo contara con flecha de giro que la habilitara. Se informa en la demanda que, a raíz de la colisión, el accionante cayó sobre la cinta asfáltica sufriendo distintas lesiones (descriptas en el punto 7) y que fue trasladado a la Clínica Modelo de Morón, donde se le brindó la atención médica inicial, y luego continuó su tratamiento.
3. La sentencia de primera instancia mereció el embate de la citada en garantía, con la pieza recursiva del 8/05/2026, y del actor, con la presentada el 11/05/2026, canalizando sus agravios a través de los escritos de fecha 9/08/2026 y 30/06/2026, respectivamente; conferido el traslado de los mismos, fueron replicados mediante P.E. de fecha 25/08/26 -por el accionante- y de fecha 30/08/26 -por la aseguradara-.
Cumplidos los recaudos del caso, con fecha 1/09/2026 desde esta Alzada se llamaron AUTOS para DICTAR SENTENCIA, providencia firme que deja las actuaciones, previo sorteo, en condiciones de ser resueltas.
II. AGRAVIOS :
La parte actora afirma que el juez de grado realizó una errónea valoración de la prueba en relación a los daños sufridos, determinando una indemnización exigua para cubrir una reparación integral.
En relación al daño moral, considera insuficiente el monto fijado, teniendo en cuenta las circunstancias del hecho y sus características personales. Hace lo propio con el rubro gastos de farmacia, traslados y asistencia médica, al cual también considera insuficiente considerando la gravedad de sus lesiones, el tiempo de recuperación y la cantidad de calmantes y antibióticos que debió utilizar.
Finalmente, en lo que respecta al límite de cobertura, solicita se mantenga su actualización a parámetros actuales.
A su turno la citada en garantía se agravia por considerar elevado el porcentaje de incapacidad otorgado por daño físico, y por entender que el monto indemnizatorio sentenciado resulta exorbitante. Considera también excesivos los importes atribuídos al daño moral y a la partida por gastos de farmacia, asistencia médica y traslados; en ambos casos, solicita el rechazo de las partidas o, en su subsidio, su reducción.
La aseguradora finaliza sus agravios cuestionando los intereses aplicados en la sentencia de grado, así como la actualización del límite de cobertura establecido en el contrato de seguro.
III. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS RECURSOS.
Ante todo, advierto que la parte actora, al replicar la expresión de agravios de la citada en garantía, solicitó que este Tribunal declare su deserción; es por ello que creo necesario recordar liminarmente que dicho mecanismo recursivo tiene por finalidad la revisión en una nueva instancia de un pronunciamiento judicial, a fin de modificarlo total o parcialmente, por haber incurrido en error de juzgamiento.
La frase "expresión de agravios" indica la carga que tiene el apelante de fundamentar ante la Alzada el recurso concedido libremente. Es la debida argumentación de este medio de embate. Debe ser concreto, preciso y claro, es decir suficiente. Es el quejoso quien quiere romper el fallo atacado y en tal tarea debe poner de manifiesto los errores de la resolución atacada (Hitters. Recursos ordinarios, com. Art. 260; Arazi-Rojas, Cód. Proc.).
En este sentido es bueno destacar que el art. 260 del C.P.C.C. establece puntualmente que "el escrito de expresión de agravios deberá contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas, no bastará remitirse a presentaciones anteriores" . Dicha pieza recursiva debe explicar con precisión cuál es el error que pretende subsanar, ya sea una interpretación equivocada de los hechos de la causa, o bien una aplicación errónea del derecho, para señalar a continuación la forma en que debió resolverse la cuestión, de modo tal que quede demostrado, a través de un razonamiento claro, el fundamento de la impugnación que se sustenta, pues ello constituiría lo que se ha denominado la personalidad de la apelación, a través de la cual se delimitará el conocimiento de la Alzada (Arazi-Rojas, Cód. Proc. TI-835). No es una argumentación que pueda llevarse a cabo de cualquier forma, sino que se encuentra reglada, por normas procesales y por reglas de la lógica judicial. En primer lugar, debe ser una crítica "concreta" , es decir precisa, rigurosa, perceptible de manera clara y precisa; además ha de ser " razonada" , lo que implica que debe demostrar el error en el razonamiento del decisorio que se ataca. Corolario de ello es que no sería suficiente la simple copia de lo dicho en la instancia anterior, el simple relato de lo sucedido en autos, las citas jurisprudenciales y dogmáticas, la exposición de algún criterio distinto al usado, objeciones genéricas, etc.; por el contrario, debe tratar de demostrar que lo decidido es erróneo, lo cual implica ir sobre su motivación.
Ahora bien, a los fines de su análisis debe emplearse un criterio amplio y elástico, resguardando siempre la defensa en juicio -artículo 18 de la Constitución Nacional-, y la tutela judicial continua y efectiva -artículo 15 de la Constitución Provincial-, y conjugándolo siempre con las características del caso concreto.
Haciendo uso entonces de ese norte para apreciar el cumplimiento de la carga legal impuesta por el art. 260 del código ritual, en la tarea de sustentar los recursos interpuestos por las partes, encuentro que los agravios vertidos por los recurrentes cumplen con dichos requisitos, aunque algunos de ellos en forma mínima.
Destaco, asimismo, que según los argumentos desarrollados en los escritos postulatorios, no llega cuestionada a esta Alzada ni la existencia del hecho dañoso, ni la responsabilidad de la accionada.
En consecuencia, centrándome en los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamiento a los mismos, dejando constancia que debe examinarse el plexo probatorio, a la luz de las reglas de la sana crítica (conf. Morello-Passi, Lanza-Sosa-Berizonce, "Códigos.", y jurisprudencia allí citada, art. 384 del ritual), sin que exista obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que resultan esenciales y decisivos para el fallo -art 384 del ritual-.
Cabe recordar a su vez que la prueba de los daños pesa sobre quien los reclama -art. 375 del ritual-. Es necesaria una conexión causal entre el acto y su resultado, y ello se da cuando el primero ha contribuido a producir el segundo, y además debía normalmente producirlo de acuerdo con el orden natural y ordinario de las cosas. Ello por cuanto, en atención a lo previsto por los arts. 1726 y 1727 CCC, serán reparables las consecuencias dañosas que tengan relación de causalidad con el hecho productor del daño, consecuencias inmediatas y mediatas previsibles. La investigación sobre el nexo entre la conducta y su resultado es una cuestión de hecho, supeditada a la apreciación del juez quien debe establecer a través de las pruebas aportadas si la relación de causalidad ha existido o no, rigiéndose la carga probatoria por el art. 375 antes citado.
IV. RUBROS BAJO ANÁLISIS :
1. INCAPACIDAD SOBREVINIENTE (incapacidad psico-física).
Cuestionan los apelantes el monto otorgado por este parcial.
Parto de la base de que la integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. Arts. 33, 75 inc. 22 y concs. Constitución Nac., art. 89 del Cód. Penal, arts. 1746 y ss. del CCCN.).
El individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud, y la citada integridad, no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento -doloso o culposo- debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público. Lo que se indemniza en este ítem es el daño económico ocasionado como consecuencia de las secuelas que dejó la lesión traumática una vez completado el plazo de recuperación o restablecimiento, que se traduce en una merma de la capacidad de la víctima en el sentido amplio, no sólo en su aptitud laboral, sino también en la relacionada con la actividad social, cultural y deportiva.
La finalidad del resarcimiento por incapacidad sobreviniente es cubrir la proyección económica de la limitación corporal en todas las esferas de la personalidad de la víctima, no solo en la faz laboral (CNac.Civ Sala M, causas libres n° 503.511 del 06¬09-2010 y n° 546.289 del 09-12-2010; Llambías, J. J., "Tratado de Derecho Civil -Obligaciones", t. IV-A, p. 120, n.E2373; Kemelmajer de Carlucci, en Belluscio - Zannoni, "Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado", t. 5, p. 219, n. E 13; Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", t. III, p. 122; Borda, G. A., "Tratado de Derecho Civil Argentino -Obligaciones", t. I, p. 150, n. E 149; Mosset Iturraspe, J., "Responsabilidad por daños", t. II-B, p. 191, n.E 232; Alterini-Ameal-López Cabana, "Curso de Obligaciones", t. I, p. 292, n° 652).
Bajo el término "incapacidad" debo considerar los efectos de una reparación plena o integral -receptada por el art. 1740 del Código Civil y Comercial- con sustento en los artículos de raigambre constitucional -arts. 17 y 19-. Identifico como elementos a considerar la ofensa a la integridad corporal del damnificado -física-, el detrimento que ello acarrea en su aptitud laboral o productiva, como a su vez en la faz de su vida en relación, al dificultar su interrelación familiar, social, cultural, hogareño, de esparcimiento, o inconvenientes con las cosas. También debe merituarse el daño psíquico o psicológico, ya que en virtud del principio antes dicho y la numeración ejemplificativa del art. 1738 del mismo cuerpo legal, se descarta la aplicación de un criterio restrictivo.
Ha de recordarse, asimismo, que quien acciona por daños en función a un factor de atribución objetiva de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1757, 1758 y 1769 del Código Civil y Comercial (en adelante denominado CCyC) -en similares términos que los establecidos por el Código Civil derogado (art. 1113)- debe probar: 1) el daño; 2) la relación causal; 3) el riesgo de la cosa; 4) el carácter de dueño o guardián de los demandados y 5) el hecho antijurídico (conf. SCBA; Ac. 86.378 sent. del 9/02/2005; Ac. 93337 sent. del 9/07/2006, C. 85.552 sent. del 22/08/2007); respondiendo en principio el dueño o guardián de la cosa riesgosa productora del daño de manera objetiva. Se ha reiterado también que como derivación de lo establecido en el art. 375 del CPCC, es a cargo de quien reclama el perjuicio la acreditación de la relación de causalidad (conf. SCBA; AC. 88506, Sent del 6/08/2005; Ac. 93.684 Sent. del 9/08/2006; C. 97.097, Sent. del 7/05/2008).
En relación a la prueba producida en autos, cabe comenzar analizando las periciales presentadas.
El perito médico legista designado, Dr. Luis Rodrigo ROMERO (M.P. 54.478) presentó con fecha 26/01/23 el informe que le fuera encomendado, concluyendo en el mismo que el actor presenta "...una incapacidad física, parcial y permanente del 29.46% de la T.V., teniendo en cuenta: 1-Compromiso de la Columna Cervical: 7% (Cervicalgia con contractura muscular dolorosa, pérdida de la lordosis fisiológica en las radiografías y disminución del rango de movilidad de la columna.) 2-Compromiso de la Columna Lumbosacra: 8% (Lumbalgia con contractura muscular dolorosa, perdida de la lordosis fisiológica en las radiografías y reducción del rango de movilidad de la Columna.) 3-Compromiso de Antebrazo Izquierdo:15% (Secuela de fractura de cubito y radio con angulación de hasta 10°)- 4-Compromiso de Mano y Muñeca Izquierda: 3% (Tendinitis crónica)...".
Al contestar el primer pedido de explicaciones de la citada en garantía, el galeno aclaró que "...De la documentación obrante en autos, el examen semiológico y los estudios médicos por él solicitados por este Perito surge que las secuelas halladas se relacionan con el evento dañoso en autos de acuerdo a la mecánica del accidente."
En lo que respecta a la pericial psicológica, la Lic. Melisa Paula MAGLIO SANCHEZ (M.P. 83.985) concluyó en su informe de fecha 15/12/23 que ".Al momento de la realización de la evaluación psicodiagnóstica el actor no presentaba patologías psiquiátricas ni psicológicas que manifiesten tener un vínculo causal con el hecho de marras. No se observa un antes y un después en la vida del sujeto. No presenta alteraciones funcionales en las diferentes esferas de su vida cotidiana: No se hallan alteraciones en la vida familiar, de pareja, social o laboral vinculada con el hecho de autos, ni surgen elementos diagnósticos que permitan inferirlo...". Asimismo, mediante P.E. de fecha 27/02/24, contestó en debida forma el pedido de aclaraciones formulado por el accionante, aclarando: "...Que el sujeto haya atravesado una situación disvaliosa, y aun, teniendo secuelas físicas no implica que ello que directamente se conforme un trastorno psicopatológico. A veces se si se configura y otras no..."
De tal manera, mientras el perito médico valoró una incapacidad física del 29,46%, la perito psicóloga descartó la existencia de secuelas psíquicas incapacitantes.
En la sentencia en crisis, el juez de grado concluyó que ". Analizada la cuestión, si bien es cierto que al momento del accidente el actor contaba tan solo con 26 años de edad y que sufrió importantes lesiones (inmediata rotura en los huesos de su antebrazo, lesiones en su mano y muñeca izquierdos), concuerdo con la aseguradora en que no existen constancias fehacientes que acrediten que la cervicalgia y lumbalgia descriptas por el experto, tengan relación de causalidad directa con el accidente de marras.".
Para decidir de tal manera, el presentenciante tuvo en cuenta que las patologías detectadas por el perito un año y medio después del accidente no aparecían mencionadas en la atención primaria, ni en estudios posteriores; y que tampoco había otra prueba, más allá de las afirmaciones periciales, que las vincularan con el accidente.
El accionante se agravia de tal decisión, afirmando que la pericia se encontraba debidamente fundada ; por su parte la citada en garantía solicita el rechazo del rubro, o en subsidio, su readecuación ".resarciendo únicamente las lesiones fehacientemente acreditadas en autos y no otras."
Ahora bien, sobre este punto, no encuentro que los recurrentes hayan logrado demostrar la existencia de error alguno en la sentencia; más bien expresan una mera disconformidad con la misma.
En primer lugar, analizando los medios probatorios en su conjunto, no surge de los mismos que las patologías columnarias constatadas puedan relacionarse causalmente con el infortunio de autos. En efecto, en la atención primaria recibida por el actor en la Clínica Modelo de Morón (ver contestación de oficio agregada el 8/03/22) no consta ningún traumatismo, ni atención por dicha zona corporal.
Además, a través de la prueba informativa producida, quedó demostrado que el accionante había sufrido otros infortunios con anterioridad (ver Historial de siniestros informados el 7/11/24 por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo), entre los que destaco el de fecha 17/05/21 que diera origen al expediente SRT 300.852/21, en el que a su vez consta alta médica por otro infortunio de fecha 26/08/21, en los siguientes términos: "...manifiesta que iba a tomar el colectivo, cuando fue atacado por terceros. Diagnóstico: TEC LEVE. Indicaciones/tratamiento: AINE. TC DE ENCEFALO y CERVICAL..." (ver fs. 14 del referido expte. SRT 300.852/21). Es decir, surge probado que en la zona cervical existió atención médica por un siniestro anterior.
Y en lo que respecta a la lumbalgia, no encuentro ningún elemento probatorio que permita vincularla con el accidente de fecha 7/10/21.
Entre sus agravios, el accionante afirma que el a-quo debió tomar en cuenta al momento de dictar sentencia el porcentaje de incapacidad física informado por el perito médico (29,46%). Pero sabemos que para que proceda el resarcimiento del art. 1746 del CCCN, la parte actora carga con la prueba de demostrar que efectivamente, existe una incapacidad de tipo permanente (art. 1744 del CCCN) y que la misma se encuentra vinculada causalmente con el accidente (art. 1736 del CCCN).
En este sentido no resulta suficiente que el perito informe haber detectado, al momento del examen, alguna dolencia o menoscabo físico, si el mismo no logra conectarse con el hecho respectivo, porque la presencia de cierta minusvalía en el cuerpo humano puede obedecer a muchas razones. Es decir, la prueba aportada en el proceso debe llevar al Juez a la convicción de que la incapacidad que detecta el perito, deriva efectivamente de las lesiones producidas por el accidente. Y si bien no resulta determinante ni fatal para el progreso del rubro que ciertas dolencias no aparezcan mencionadas en las constancias de atención primaria, si es un dato importante y a tener en cuenta dentro del contexto de la prueba rendida (arts. 384 y 474 del CPCC).
Por otra parte, cabe recordar que el dictamen pericial no resulta vinculante para el Juzgador, ya que es el Juez el que debe analizarlo siguiendo las pautas del art. 384 del CPCC.
En el caso de autos, contrariamente a lo que afirma el actor, el juez de grado no se apartó de las conclusiones del informe pericial, sino que analizó la relación de causalidad entre las patologías columnarias y el infortunio, en uso de las facultades que le son propias, y concluyó que aquélla no se encontraba probada. Entiendo, pues, que ante la ausencia de fundamentos atendibles en los escritos postulatorios, el razonamiento de la sentencia ha quedado incólume en lo que respecta a la cuestión antes tratada.
En lo referente a las demás secuelas físicas valoradas, que sí fueron admitidas por el juez de grado (compromiso en antebrazo izquierdo -secuela de fractura de cubito y radio con angulación de hasta 10°- y compromiso de mano y muñeca izquierda -tendinitis crónica-) su relación causal con el infortunio de autos quedó debidamente probada con las contestaciones de oficio incorporadas al expediente, en especial con la historia clínica adjuntada el 8/03/22 por la Clínica Modelo de Morón, en la que consta su ingreso el 7/10/21: "...PACIENTE QUE INGRESA POR REFERIR PRESENTAR ACCIDENTE EN VIA PUBLICA PRESENTANDO CAIDA DE LA MOTO A BAJA VELOCIDAD, PRESENTANDO TRAUMATISMO A NIVEL DE MUÑECA IZQUIERDA CON POSTERIOR DOLOR E IMMPOTENCIA FUNCIONAL, NIEGA TEC, NIEGA OTROS TRAUMATISMOS . EF: INGRESA BIPEDESTANDO, HOMBRO IZQ SIN DEFORMIDAD, CODO SIN EDEMA NI DOLOR, MUÑECA IZQ CON DEFORMIDAD ANATOMICA, DOLOR A LA PALPACION. FLEXOEXTENSION DE LA MISMA LIMITADA POR DOLOR. SS RX SE EVIDENCIA FRACTURA DE RADIO DIAFISIARIA + CUBITAR DISTAL ...". Además, tales secuelas no fueron cuestionadas oportunamente por la aseguradora, que únicamente impugnó el informe pericial médico en lo referente a las patologías columnarias informadas por el experto.
Paso entonces a introducirme en el análisis de la cuantía del rubro "incapacidad sobreviniente", tema sobre el cual tenemos dicho desde esta Sala que ".el ordenamiento jurídico no prescribe reglas fijas para su cuantificación dineraria, ostentando relevancia las particularidades del hecho, de las consecuencias que de aquel se deriven y las circunstancias personales de la víctima..."
Comparto la opinión y postura mayoritaria de los restantes miembros de esta Cámara de la no aplicación de fórmulas matemáticas para la fijación de los resarcimientos, sino trabajar con las distintas variables que el caso nos ofrece. La cuantía por incapacidad sobreviniente no debe ceñirse a cálculos rígidos, cerrados y herméticos, sino que debe fijarse sujeta al prudente arbitrio judicial ponderando la multiplicidad de factores particulares de cada caso (enunciadas por el art. 1746 CCyC). El monto de la reparación no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que pueden ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcul au point", sino que debe adoptarse un criterio en cada caso en concreto. De ahí que para tal faena -determinación del quantum-, deben valorarse los elementos que permiten al juez mayor flexibilidad para fijar el monto del daño atendiendo a las denominadas "particularidades" de cada situación específica, y teniendo en mira que no se resarce sólo una limitación para el trabajo, sino el impacto negativo de las secuelas irreversibles en todos los aspectos de la vida plena (SCBA, "P. c. Cardozo, Martiniano B. s/ daños y perjuicios", del 11-2-2015, LLBA 2015 (julio), 651; conf. CS, Fallos: 320:1361 y 325:1156) (mi voto en causa "SUAREZ, ASENCION ESTHER C/ EMPRESA LINEA 216 S.A. Tte. /DAÑOS Y PERJ." Causa nro.: MO 53612-2019, R.S. 338/25).
Como ya postulara en párrafo precedente, los montos dependen de las circunstancias y varían de caso en caso. Tomo a su vez lo establecido por el art. 772 C.C.yC. al indicar que si la deuda es de valor -como en este caso por tratarse de una reparación- el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda (conforme doctrina legal de la Suprema Corte emergente de los precedentes "Vera" -Causa C. 120.536, sent. del 18/4/2018-, "Nidera" -Causa C. 121138, sent. del 3/5/2018- y "Barrios -Causa C. 124.096, sent. del 17/4/2024-).
De este modo, la fijación del monto resarcitorio no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de ello, articular su resultado -valiéndome de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso, con los elementos acercados por las partes -sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima- y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso -art. 165 del ritual- y respeto el principio de reparación plena -art 1740 del CCC-., bajo el norte de dos principios como son la prudencia y razonabilidad, sin dejar de lado la equidad, receptados por nuestro derecho positivo -arts. 1738, 1739 y concs CCC-.
Despejado este punto, y atento que la cuantía del rubro viene apelada por la parte actora y por la citada en garantía, evaluaré si la suma reconocida en la instancia de grado en concepto de daño físico se encuentra ajustada a derecho.
El actor Nahuel Elías CANO, de 26 años al momento del hecho, se desempeñaba como empleado de la firma "LINSER S.A.C.I.ydeS." dedicada a mantenimiento y limpieza; es de estado civil soltero, sin hijos, y vive en un inmueble de propiedad de sus padres. Todo ello surge de las constancias obrantes en el Beneficio de Litigar sin Gastos (Expte. MO-44042- 2021), y en especial de la declaración jurada y declaraciones testimoniales agregadas a dichos actuados el 10/08/23, que no merecieron cuestionamiento alguno de la citada en garantía en oportunidad de contestar la vista prevista en el art. 81 del Código de rito.
Teniendo en cuenta las referidas condiciones personales del actor, el porcentaje de incapacidad admitido, y la especial circunstancia de que las expresiones de agravios no contienen críticas suficientes para rebatir las conclusiones del fallo sobre este punto, propongo -si mi criterio es compartido- confirmar la procedencia del rubro, así como la suma fijada en relación al mismo en la sentencia de primera instancia.
2. GASTOS DE FARMACIA, ASISTENCIA MÉDICA Y TRASLADO .
La sentencia en crisis admitió la partida en la suma de $150.000, cifra que viene recurrida por el actor por considerarla insuficiente, y por la aseguradora por entender que aquél "...no ha acreditado intervención médica ni atención médica derivada de esta hecho..."
Abordando la queja, es del caso recordar que corresponde resarcir a la víctima de un accidente por los gastos en que ha debido incurrir para el tratamiento de las lesiones, aunque no haya aportado prueba concreta de cada uno de ellos, sobre la base de una presunción legal al respecto (art. 1746 del CCyCN). Basta que traiga al proceso referencias o indicios que hagan formar convicción acerca de la razonabilidad del reclamo (arts. 165, 384 del CPCC.).
De acuerdo con la importancia del daño acreditada en autos y la realidad económica vigente a la fecha de la sentencia objeto de revisión, evalúo el rubro con suma prudencia y destaco que se ha probado atención médica primaria en Clínica Modelo de Morón y posterior tratamiento quirúrgico por factura de cúbito y radio.
Teniendo en cuenta tales circunstancias, las particularidades del caso, así como los gastos de traslado que seguramente debieron realizarse durante el tratamiento médico, propongo también en este caso -si mi criterio es compartido- confirmar la sentencia de grado.
3. DAÑO MORAL (NO PATRIMONIAL ).
Este parcial prosperó por la suma de $7.000.000, monto que también viene recurrido por el accionante y la citada en garantía.
Sobre este rubro, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene resuelto que "aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede otorgar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio el valor moral que ha desaparecido. El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extra patrimoniales" (CSJN, 12/4/2011, "Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros", RCyS, noviembre de 2011, p. 261, con nota de Jorge Mario Galdós).
El art. 1741 del Código Civil y Comercial actual, ha receptado esta doctrina, estableciendo que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. En ese orden, corresponde atender a los sufrimientos afectivos y espirituales relacionados con el accidente, que constituyen aquello que se pretende reparar. Y si bien el daño moral no siempre guarda una relación directa con la gravedad de las lesiones padecidas, sí deben tenerse en cuenta para su determinación, los sufrimientos y sensación de pérdida y angustia que su curación debió ocasionar en la víctima del hecho dañoso, las contingencias posteriores que debió atravesar a partir del suceso y toda otra circunstancia que permita dimensionar la real extensión del agravio que afecta su plano no patrimonial.
El accionante considera escaso el monto de la reparación, afirmando que el a-quo ".debió apreciar las circunstancias del hecho y las características personales de la víctima." ; por su parte, la citada considera que "...el monto acogido en el decisorio resulta absolutamente infundado..." , por lo cual solicita su rechazo o, en subsidio, su reducción.
Para decidir sobre este parcial, tengo en cuenta las condiciones personales del accionante -antes descriptas- y las secuelas físicas derivadas del infortunio. Considero también el hecho de que el actor fue sometido a tratamiento quirúrgico y que recién recibió el alta laboral el 27/04/22, tal como surge de la contestación del oficio cursado a la Clínica Modelo de Morón, agregada el 28/07/22.
En definitiva, de acuerdo a las circunstancias del accidente y la razonable incidencia en su vida individual, familiar y social, entiendo que las quejas no pueden tener favorable acogida, encontrando atinado confirmar la procedencia del rubro y su cuantificación.
4. INTERESES .
La sentencia de primera instancia estableció que habiéndose "...cuantificado los daños a valores actuales a la fecha de esta sentencia, se impone pues de conformidad con el acuerdo citado, aplicar dos tasas de intereses diferentes:
* una desde que la obligación se hizo exigible (que identifico con la fecha del hecho ventilado que en el caso de marras es el día 7/10/2.021 hasta el día de hoy en que se determinó el valor de la prestación, que se liquidará a una tasa pura del 6% anual
* y la otra, desde el día posterior a la de esta sentencia y hasta su efectivo pago (sin capitalizar los devengados en el lapso anterior) que se liquidará de acuerdo a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos día que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arg. arts. 505, 509, 622 y 623 del Código Civil; arts. 7 y 768 inc. "c" del Código Civil y Comercial de la Nación)..."
La aseguradora cuestiona tal decisión únicamente en lo concerniente a la fecha de corte de la tasa pura, solicitando que se aplique "... la tasa pura del 6% anual desde la fecha del alta médica o el hecho a la sentencia que determine la cuantía (que podrá ser la de Primera o Segunda Instancia, dependiendo si ésta última modifica o no -en más o en menos- el quantum indemnizatorio fijado en la resolución revisada en la Alzada) y de ahí al efectivo pago la pasiva más alta que paga el Banco Provincia de Bs. As..."
Ahora bien, atento lo expresado en los puntos anteriores, y dado que propongo confirmar los distintos rubros de condena, de compartise tal decisión, la misma suerte seguirán los intereses, que deberán ser calculados según lo establecido en la sentencia de grado.
5. SOBRE EL LÍMITE DE COBERTURA .
Al expedirse sobre el tema en cuestión el juez de grado dispuso que ".Se extiende la responsabilidad precitada a la aseguradora citada en garantía CAJA DE SEGUROS S.A. en la medida del seguro (arg. arts. 109, 118 y cctes. de la Ley 17.418), debiéndose tener en consideración no obstante ello, el valor de la garantía mínima vigente al día del efectivo pago..."
Sobre el tema en cuestión, el a-quo manifestó que "...el seguro obligatorio -que no se agota en la relación jurídica que vincula al asegurado con el asegurador- también obedece a una necesidad y función socializadora y colectivizadora de los riesgos, atenta primordialmente a la protección de la víctima a través de la efectiva reparación de sus daños; de modo que una razonable aplicación de las cláusulas del contrato, ponderadas a la luz de la tutela reglamentaria de la Superintendencia de Seguros de la Nación y del principio de reparación integral de los damnificados, debe llevar a extender la garantía contratada incorporando la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, sustituyendo dicho componente en su valor histórico, y sin perjuicio del mayor valor pactado por encima de dicho mínimo obligatorio y las demás prestaciones o riesgos convencionalmente comprometidos por la aseguradora."
La parte actora solicita que en esta instancia se mantenga tal forma de decidir, mientras que la citada en garantía peticiona su modificación por entender que "...el monto máximo de cobertura por el que debe responder la aseguradora es el valor que se constata de la póliza de seguro al momento del siniestro y no al momento de la sentencia judicial..."
Para dar respuesta a los agravios de la aseguradora, me remito a la doctrina legal de la SCBA (Causas C 119.088 "Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto" y C 122.588 "González, Maximiliano Ramiro c/ Acosta, Emir Dorval") ya que la misma despeja toda duda acerca del alcance de la condena que se efectúa en los términos del art. 118 de la Ley 17.418.
Según la doctrina legal que fluye de tales precedentes, el monto de la cobertura no permanece estático sino que, cuando la condena a afrontar se calcula con precisiones indemnizatorias actuales, la compañía aseguradora debe responder en base a la cobertura que se encuentre vigente según el tipo de seguro que se trate. Es por ello que corresponde confirmar lo decidido sobre este punto por el juez de grado, en tanto la "medida del seguro" en virtud de la cual será ejecutable la presente sentencia en los términos del art. 118 de la ley 17.418 será aquel que corresponda al de la cobertura contratada que esté vigente en el momento en que la sentencia sea cumplida, pues el límite de cobertura establecido en un contrato de seguro debe ajustarse a la normativa vigente al momento del pago de la condena.
Ello de ningún modo implica sostener la inoponibilidad de las cláusulas que establecen una delimitación cuantitativa del seguro; lo que se considera es que el valor de ese límite no es el histórico, sino su real valor actualizado (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II, Expte.175.368, sent. del 23/11/22).
No siendo necesario tratar más cuestiones que las conducentes a la adecuada solución del pleito (art. 266 del C.P.C.C.), y conforme todo lo hasta aquí dicho, propongo si mi voto es compartido, confirmar el decisorio recurrido, votando POR LA AFIRMATIVA. Así lo decido.
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA por iguales consideraciones, adhiere también, votando POR LA AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION : la señora jueza Doctora COLLADOS , dijo: Conforme se ha votado en la cuestión anterior, corresponderá CONFIRMAR LA SENTENCIA apelada en todo cuanto decide y fue materia de recurso. Las costas de Alzada deben quedar impuestas a la citada en garantía que resulta sustancialmente vencida (art. 68 del CPCC). ASI LO VOTO.
El señor Juez Doctor JORDA, por los mismos fundamentos, votó en análogo sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente
AUTOS y VISTOS : Por ello, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos, por unanimidad SE CONFIRMA la sentencia apelada en todo cuanto decide y fue materia de recurso. Las costas de Alzada se imponen a la citada en garantía que resulta sustancialmente vencida (art. 68 del CPCC).
Regístrese. Notifíquese en los términos del art. 10 1º párrafo del Anexo I, Cap. II del Reglamento para las presentaciones y la notificación por medios electrónicos Ac. 4039/21 de la S.C.B.A.
Firman digitalmente la presente los señores Jueces Dres. COLLADOS y JORDA, por ante el Secretario autorizado, en la fecha y hora según la referencia.
Firmas
Funcionario firmante: JORDA Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario firmante: COLLADOS Mirta Susana - JUEZ
Funcionario firmante: PILI Damian Ignacio - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 366-2026
Fin de la sentencia