Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) Nro. 5653, de fecha 28/07/17, recaída en el expediente SIGEA Nro. 16592-92-2013, en tanto exige a la firma “CANTECOR SA” la suma de U$S 14.440,45.-, en concepto de derechos anti dumping e IVA, más los intereses de conformidad con el art. 794 del CA. Costas a la actora.
2Revocar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) Nro. 5653, de fecha 28/07/17, recaída en el expediente SIGEA Nro. 16592-92-2013, en tanto exige el pago de tributos a la firma “CANTECOR SA” en concepto de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Costas a la demandada.
3Distribuir las costas en un 95% a cargo de la actora y en un 5% a cargo de la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-111681053-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 7 de Octubre de 2025 Reunidos los Vocales de la Sala “F” a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “CANTECOR SA c/ DGA s/ recurso de apelación”; expte. N° 38.378-A, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 12/17, la firma del epígrafe, por intermedio de su apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 5653, de fecha 28/07/2017, dictada en el expediente SIGEA N° 16592-92-2013, por la cual se confirma la determinación tributaria contenida en el cargo N° FI 489/13, por un monto de U$S 14.440,45 en concepto de derechos antidumping e IVA, más la suma de $14.489,80 correspondiente a los rubros IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, todo ello con más sus intereses, en relación con la destinación de importación N° 12 001 IC04 151726 M.
Manifiesta que con fecha 18/03/2014 impugnó el citado cargo, fundando su planteo en que no resultaban aplicables los derechos antidumping, toda vez que, a su entender, la fecha imponible a considerar debía ser la del arribo del medio de transporte. Señala que, con ese objeto, ofreció prueba informativa que fue denegada por el servicio aduanero con fundamento en su supuesta inconducencia, superfluidad y carácter dilatorio. Sostiene que dicha prueba no solo no era inconducente, sino que resultaba idónea para acreditar los extremos invocados en su recurso de impugnación.
Afirma que el importador adquirió la mercadería el día 16/06/2012, conforme surge de la factura comercial N° 9A80E0405 emitida por la firma exportadora, y que con posterioridad contrató el flete marítimo. Añade que la mercadería arribó a la zona primaria aduanera con anterioridad a la entrada en vigencia de la resolución cuya aplicación se cuestiona.
Si bien reconoce que la destinación fue documentada dos (2) días después de la entrada en vigencia de dicha resolución, sostiene que la misma no resulta aplicable al presente caso, en tanto el hecho imponible –el arribo del medio transportador– se verificó con anterioridad a su entrada en vigencia, lo que torna improcedente el cobro del derecho antidumping.
Destaca que, en las liquidaciones practicadas por el servicio aduanero, el derecho específico establecido como base para el cálculo de los derechos antidumping fue utilizado también como base de valoración para los tributos que ya habían sido abonados al momento de oficializar los despachos involucrados. Indica que abonó los importes correspondientes al IVA, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias por la totalidad de la mercadería importada.
Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 27/33 vta., la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. En primer término, niega todos y cada uno de los hechos y del derecho invocados por la parte contraria, en cuanto no hayan sido expresamente reconocidos.
Explica que el fenómeno del dumping se configura cuando una mercadería es exportada a un precio inferior al que se comercializa en el mercado interno del país exportador. Añade que, con el fin de proteger los intereses de los productores nacionales, se establecen y aplican derechos antidumping.
En relación con el caso de autos, indica que con fecha 27/08/2012 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 470/2012 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante la cual se dispuso la aplicación de una medida provisional, bajo la forma de un derecho específico de U$S 4,62 por metro cuadrado (U$S 4,62/m²), para las operaciones de exportación hacia la República Argentina de placas y baldosas de gres fino "porcellanato" y "porcelana", sin barnizar ni esmaltar, destinadas a pavimentación o revestimiento, originarias de la República Popular China, clasificadas en la NCM 6907.90.00.
Afirma que la destinación de importación N° 12 001 IC04 151726 M se encuentra alcanzada por dicha resolución, en virtud de haber sido oficializada el 31/08/2012.
Señala que, con fecha 29/01/2013, mediante la Resolución N° 13/2013 del mismo Ministerio, se dispuso el cierre de la investigación correspondiente, fijándose derechos antidumping definitivos bajo la forma de derechos específicos por el término de cinco años, a razón de U$S 12,20/m² para los porcellanatos pulidos y U$S 8,77/m² para los porcellanatos sin pulir.
Sostiene que la mercadería importada y amparada en el despacho de importación N° 12 001 IC04 151726 M quedó sujeta al cargo N° FI 489/13, en razón del perjuicio fiscal ocasionado, dado que se encontraba garantizada bajo motivo DUMP.
Considera que la liquidación aduanera corresponde efectuarse en dólares estadounidenses, resultando aplicable el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Volkswagen Argentina S.A. (TF N° 22.179-A) c/ DGA”, Expte. N° CNACAF 25552/2008 – V-312/2009 Rex.
Finalmente, afirma que las Resoluciones N° 470/2012 y N° 13/2013 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas gozan de plena legitimidad.
Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 16592-92-2013 se inician a fs. 1/4 con la liquidación del Cargo N° 489/2013, realizada por la División Bienes Intermedios y de Consumo de la Aduana de Buenos Aires. A fs. 6/8, mediante las Notas N° 108/2013 (SE INCO) y N° 859/2013 (DV BINC), la Sección Industria de la Construcción, con el aval de la referida División, emite el informe técnico que sustenta el cargo formulado. Con fecha 21/02/2014, a fs. 11, se notifica el Cargo FI N° 489/2013 a la firma “Cantecor S.A.”. A fs. 19/21 obra la presentación de impugnación del cargo por parte de la mencionada firma. A fs. 30 se tiene por presentada dicha impugnación, no haciéndose lugar a la producción de la prueba informativa ofrecida.
A fs. 34/35 se interpone recurso de revocatoria contra la denegatoria de dicha prueba. A fs. 53 se resuelve rechazar el recurso de revocatoria. Finalmente, a fs. 54/55, con fecha 28/07/2017, obra la Resolución (DE PRLA) N° 5653, que es objeto de apelación en autos.
IV. Que, en primer lugar, corresponde analizar el agravio planteado por la parte recurrente en relación con la denegatoria de la prueba ofrecida y, consecuentemente, con el rechazo del recurso de revocatoria interpuesto en sede aduanera.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que no se configura una violación a la garantía de defensa en juicio consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, siempre que exista la posibilidad de subsanar dicha restricción en una instancia judicial posterior (Fallos: 205:549; 247:52, consid. 1°; 267:393, consid. 12, entre otros). En ese sentido, se ha señalado que, al habilitarse la concurrencia ante un órgano jurisdiccional para procurar justicia, se satisface adecuadamente el derecho de defensa en juicio (Fallos: 205:549, consid. 5° y sus citas).
En tal marco, el procedimiento ante este Tribunal garantiza amplias posibilidades de debate, por lo que debe considerarse subsanado cualquier eventual defecto producido en la instancia administrativa aduanera, máxime cuando, en el caso de autos, se ha hecho lugar a la misma prueba informativa oportunamente ofrecida por la recurrente al impugnar el cargo (véase el auto de apertura a prueba obrante a fs. 34).
En consecuencia, no se advierte la existencia de error, vicio o irregularidad que pueda traducirse en una situación de indefensión o en un perjuicio irreparable para la parte recurrente. Dado que en esta etapa procesal se encuentra plenamente habilitada para ofrecer y producir prueba con amplitud, así como para exponer todos sus argumentos sin restricción alguna, las eventuales nulidades resultan relativas y, por tanto, subsanables. En virtud de lo expuesto, declarar la nulidad del procedimiento en esta instancia carecería de finalidad práctica y resultaría contrario al principio de economía procesal.
V. Que, en relación con el fondo del asunto, corresponde determinar si la Resolución (DE PRLA) N° 5653/2017 —por la cual se confirmó el cargo FI N° 489/2013, fundado en las Resoluciones N° 470/2012 y N° 13/2013 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas— se ajusta a derecho.
Que la actora documentó, mediante el despacho de importación N° 12 001 IC04 151726 M registrado con fecha 31/08/2012, la importación para consumo de mercadería originaria y procedente de la República Popular China, clasificada en la posición arancelaria NCM 6907.90.00.290H.
Que mediante la Resolución N° 470/2012, publicada en el Boletín Oficial el 27/08/2012, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas impuso una medida provisional bajo la forma de un derecho específico de U$S 4,62/m² para las operaciones de exportación hacia la República Argentina de placas y baldosas de gres fino “porcellanato” y “porcelana”, sin barnizar ni esmaltar, clasificadas en la posición NCM 6907.90.00 y originarias de la República Popular China. La norma estableció su vigencia a partir del día siguiente a su publicación (28/08/2012) y por el plazo de seis meses, conforme al artículo 7.4 del Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VI del GATT de 1994, incorporado a nuestro ordenamiento por la Ley N° 24.425.
Que, asimismo, en su artículo 2° se dispuso que, al momento de despachar a plaza la mercadería involucrada, el importador debía constituir una garantía equivalente al derecho específico establecido, aplicable a aquellas operaciones que se documentaran por debajo de los valores de referencia.
Que habiéndose registrado el despacho de importación el 31/08/2012 —esto es, al tercer día de vigencia de la Resolución N° 470/12— la recurrente constituyó la garantía N° 12 001 038209 X, que quedó “afectada” en razón del presunto dumping.
Que finalizada la investigación, y habiéndose constatado la relación entre las importaciones en condiciones de dumping y el daño ocasionado a la industria nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dictó la Resolución N° 13/2013 (29/01/2013), por la cual se dispuso el cierre de la investigación y se fijó un derecho antidumping definitivo en forma de derechos específicos: U$S 12,20/m² para porcellanatos pulidos y U$S 8,77/m² para los no pulidos. Asimismo, se ordenó la ejecución de las garantías constituidas al amparo de la Resolución N° 470/2012.
Que la actora no niega haber oficializado el despacho el 31/08/2012, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la medida provisional. Sin embargo, sostiene que el hecho imponible se configuró con el arribo del medio transportador, que habría ocurrido con anterioridad. Alega, en ese sentido, que la mercadería fue adquirida el 16/06/2012 y que luego se contrató el flete marítimo, que arribó a zona primaria aduanera antes del 28/08/2012. Que este argumento no puede prosperar. Conforme al artículo 637, inciso b) del Código Aduanero, el hecho imponible se configura en la fecha de registro de la destinación de importación para consumo, y no con el arribo del medio transportador —excepto cuando se haya solicitado y autorizado expresamente la oficialización anticipada, lo cual no ocurrió en el presente caso (cfr. arts. 637 inc. a) y 639 del C.A.)—. En consecuencia, asiste razón al servicio aduanero al considerar como hecho imponible la fecha de oficialización (31/08/2012), momento en el cual la Resolución N° 470/12 ya se encontraba vigente.
Que, por otra parte, la recurrente invoca que las mercaderías expedidas con destino final al territorio aduanero antes de la publicación de la medida quedarían exceptuadas de su aplicación. Sin embargo, no ha aportado prueba documental que acredite tales extremos, razón por la cual su argumentación carece de sustento. Que, finalmente, cabe señalar que al momento en que la actora adquirió la mercadería (16/06/2012), ya se encontraba vigente la Resolución N° 470/2011 de la ex Secretaría de Industria y Comercio (previa a las Resoluciones Nros. 470/2012 y N° 13/2013 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), que había dispuesto la apertura de la investigación por dumping respecto de productos idénticos, por lo que no podía desconocer la existencia del procedimiento y sus eventuales consecuencias.
VI. En atención a lo expuesto, corresponde concluir que la aplicación de los derechos antidumping establecidos por las Resoluciones N° 470/2012 y N° 13/2013 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas resulta ajustada a derecho respecto de la operación de importación de autos.
VII. Que la recurrente sostiene que no corresponde el monto reclamado en concepto de IVA, en tanto considera que el derecho específico aplicado para calcular los derechos antidumping no puede integrar la base de valoración de los tributos que ya fueron abonados al momento de la oficialización del despacho de importación. Que, sin embargo, en el cargo N° FI 489/13 se practicó una determinación tributaria suplementaria por la diferencia entre el monto abonado en concepto de IVA al momento de oficializar dicho despacho y el que resulta de la nueva liquidación, calculada sobre la base de los valores específicos determinados en virtud de los derechos antidumping.
Que conforme lo establece el artículo 9 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 —aprobado por la Ley N° 24.425— y el artículo 47 del Decreto N° 1326/98, los derechos antidumping “se aplican en adición a todos los demás tributos vigentes respecto de la importación considerada, los cuales continuarán rigiéndose por su respectivo régimen legal. Se regirán supletoriamente por las normas aplicables a los derechos de importación”.
Que de lo anterior se desprende que los derechos antidumping tienen naturaleza tributaria y no constituyen una mera base imponible para otros tributos, a diferencia del criterio sostenido por el derogado artículo 696 del Código Aduanero (norma derogada implícitamente por la Ley N° 24.425), que limitaba el monto del derecho antidumping a la diferencia de precios, adicionando eventualmente la diferencia de tributación cuando el dumping no fuere generalizado (conf. voto de la Dra. García Vizcaíno in re “CENCOSUD S.A.”, Sala “E”, Expte. N° 28.697-A, sentencia del 15/09/2011).
Que no debe confundirse la base imponible de los derechos aduaneros con la correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, sus percepciones e Impuesto a las Ganancias. En estos últimos casos, la base imponible se integra con el valor en aduana de la mercadería más los tributos aduaneros correspondientes (derechos de importación, tasa de estadística y derechos antidumping).
Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho que el servicio aduanero haya incorporado los derechos antidumping a la base imponible para el cálculo del IVA, conforme al marco normativo vigente.
VIII. Que, en relación con las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias resulta de aplicación al caso de autos la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/D.G.A.”, de fecha 26/11/2019, donde se expidió, con relación a las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Allí el Alto Tribunal expresó que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA”, fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró - tal como lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”. Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos. Que, por ello, VOTO POR:
1. Confirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) Nro. 5653, de fecha 28/07/17, recaída en el expediente SIGEA Nro. 16592-92-2013, en tanto exige a la firma “CANTECOR SA” la suma de U$S 14.440,45.-, en concepto de derechos anti dumping e IVA, más los intereses de conformidad con el art. 794 del CA. Costas a la actora.
2. Revocar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) Nro. 5653, de fecha 28/07/17, recaída en el expediente SIGEA Nro. 16592-92-2013, en tanto exige el pago de tributos a la firma “CANTECOR SA” en concepto de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Costas a la demandada.
3. Distribuir las costas en un 95% a cargo de la actora y en un 5% a cargo de la demandada.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) Nro. 5653, de fecha 28/07/17, recaída en el expediente SIGEA Nro. 16592-92-2013, en tanto exige a la firma “CANTECOR SA” la suma de U$S 14.440,45.-, en concepto de derechos anti dumping e IVA, más los intereses de conformidad con el art. 794 del CA. Costas a la actora.
2. Revocar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) Nro. 5653, de fecha 28/07/17, recaída en el expediente SIGEA Nro. 16592-92-2013, en tanto exige el pago de tributos a la firma “CANTECOR SA” en concepto de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Costas a la demandada.
3. Distribuir las costas en un 95% a cargo de la actora y en un 5% a cargo de la demandada.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y Dr. Julio César Vischi (20-17501345-9). Por SGA, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.10.07 14:55:08 ART Date: 2025.10.07 15:31:15 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.07 15:33:25 -03:00
Fin de la sentencia