Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda; Expte. Nº8926/25 Sentencia: Definitiva Actor: Cantos Matías Leonardo Demandada: G4S Soluciones de Seguridad S.A.
Objeto: Demanda Laboral Fecha: 19-12-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los19 de diciembre de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: "CANTOS MATIAS LEONARDO C/ G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A. S/ DEMANDA LABORAL" - Expte. N° 21.324/22 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia de la ciudad de Pico Truncado, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 8926/25. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio M. Fernández; Griselda I. Bard y Humberto E. Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Que mediante PE623769-2022 se presentan los Dres. Gustavo Manuel Granillo Fernández y Gustavo Oscar Granillo en carácter de apoderados del Sr. Cantos Matías Leonardo y promueven demanda laboral por cobro de pesos en contra de su empleador G4S Soluciones de Seguridad S.A reclamando el importe de pesos tres millones seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho ($ $3.655.468) en concepto de indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso, SAC sobre preaviso, SAC proporcional, vacaciones no gozadas, SAC sobre vacaciones no gozadas, indemnización art. 2 Ley N° 25.323, diferencias de haberes de los meses de Octubre 2021 a Marzo 2022, haberes adeudados de los meses de abril, mayo y junio 2022, duplicación indemnizatoria DNU 34/2019, y sus sucesivas prórrogas, indemnización art. 80 LCT, indemnización art 213 LCT, integración mes de despido, y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos, con más sus intereses y costas.
Argumentan que el actor se desempeñó como vigilador en favor de su empleadora y que en el mes de septiembre de 2021 comenzó a sufrir trastorno adaptativo mixto (ansioso – depresivo) consistente en manifestaciones corporales de ansiedad, parálisis del sueño, ánimo disminuido, capacidad hedónica disminuida, afectación de la esfera volitiva, mal descanso nocturno y falta de apetito, más constantes cefaleas tensionales. Expresan que consultado al Especialista en Psiquiatría Dr. Ignacio Bordenave, M.P 95852, en fecha 29/9/21 le indicó que no se encontraba en condiciones de prestar tareas, debiendo guardar reposo laboral durante 30 días y que en una nueva consulta en fecha 25/10/21, se le vuelve a indicar reposo por 30 días más otorgando certificado el cual dice haber acompañado vía whatsapp al Supervisor de operaciones de la zona, Marcelo Lescano, quien confirmó la recepción del mismo.
Refieren que desde entonces y hasta el mes de febrero 2022 la demandada descontó de manera arbitraria la suma de $35.460,92 “por enfermedad” y todos los ítems “petroleros” que hacían a sus haberes y que desde el mes de marzo de ese año dejó de abonarle el total de su salario pese a que su parte remitió en debido tiempo y forma todos los certificados médicos que justificaban sus ausencias. Finalmente el 11/05/22 mediante TCL CD Nº 184153023 se vio obligado a hacer efectivos los apercibimientos consignados en sus anteriores misivas y se colocó en situación de despido indirecto por exclusiva culpa y responsabilidad patronal.
II. Mediante PE842346-2023 contesta demanda la apoderada de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A., Dra. Cecilia Sarasate y formula negativas generales y especiales de los hechos. Reconoce la relación laboral entre las partes, la fecha de ingreso del actor (20/09/13), las tareas desarrolladas y la extinción de la relación laboral por decisión del actor. Relata la realidad de los hechos y sostiene que éste se ausento de su lugar de trabajo, dejo de prestar servicios y omitió asistir a los controles médicos laborales, por lo que se consideraron injustificadas sus ausencias. Desconoce y niega que el actor haya acompañado los certificados médicos a los que refiere en su demanda, salvo el remitido el 29/09/21 y expresa que ante las ausencias y su falta de justificación, la empresa procedió a liquidar los haberes con los correspondientes descuentos por ausencias injustificadas, razonando que de ningún modo se puede presumir que han existido fundamentos válidos para que el actor se considere injuriado y con razones valederas para producir el distracto. Niega, rechaza e impugna la liquidación provisoria practicada en la demanda por no ajustarse a la realidad de los hechos ni al derecho.
III. Por PE574703-2023 se abre la causa a prueba. Producida ésta, a PE1587690-2024 se clausura el período probatorio y se fija fecha de audiencia para el día 04/12/24 a los fines previstos por el art. 70 de la Ley N° l444. A PE1652596-2024 el Dr. Granillo hace uso de su derecho y presenta alegato de bien probado.
IV. En PE1659276-2024 se hace el llamado de autos para dictar sentencia y a PE1790996-2025 obra sentencia definitiva, la cual hace lugar parcialmente a la demanda incoada por Matías Leonardo Cantos contra G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A. y condena a la demandada al pago de las sumas de dinero correspondiente a los rubros demandados en concepto de: a) Indemnización por Antigüedad; b) Indemnización sustitutiva preaviso. ; c) SAC sobre preaviso; d) SAC proporcional; e) Vacaciones no gozadas; f) Indemnización art. 2 de la ley 25.323; g)Diferencia de haberes; h)Haberes adeudados; i) Indemnización decreto 34/19; j) Indemnización prevista en el art. 80 de la LCT.; k) Integración mes despido; l) SAC sobre vacaciones no gozadas, con intereses de la tasa pasiva promedio del BCRA, en el plazo de 10 días siguientes a la fecha de notificación del auto aprobatorio de la planilla general que al efecto debe practicarse, bajo apercibimiento de ejecución forzosa. Rechaza la indemnización del art. 213 de la LCT. Condena a la demandada a entregarle a la actora el certificado de aportes conforme lo prescripto por el art. 80 de la LCT. Ordena remitir las actuaciones al Gabinete Contable. Condena en costas a la demandada. Difiere la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en autos hasta tanto den cumplimiento con la Ac. 2628 del STJSC. La demandada a PE1810917-2025 interpone recurso de apelación contra la sentencia.
V. Previo a expresar sus agravios realiza consideraciones generales y solicita se declare la nulidad de la sentencia dictada en primera instancia por carecer ésta de motivación y fundamentación, en violación al derecho de defensa. Entiende que puede declararse la nulidad de una sentencia cuando carece de motivación, al no contener razones o argumentos que justifiquen la decisión arribada, impidiendo a las partes y a los órganos judiciales superiores evaluar la validez de la decisión. Dice que el Juez de grado hizo lugar a todos los rubros reclamados por el actor sin justificación alguna, sin analizar ni valorar las pruebas ofrecidas y producidas, sin un razonamiento lógico-jurídico y sin explicar cómo arribó a la conclusión final. En subsidio peticiona se revoque la sentencia y en ese sentido expresa sus agravios, los cuales se traducen en 12 puntos.
El primer agravio se centra en la indemnización por antigüedad. La recurrente cuestiona la decisión del Juez de grado que consideró la existencia de un despido indirecto, fundamentando la indemnización por antigüedad. Alega que el trabajador, quien se ausentó de su puesto de trabajo sin justificación alguna, no probó sus ausencias ni presentó evidencia sólida que respalde sus reclamos, como los certificados médicos, y desistió de gran parte de la prueba ofrecida referida a ellos. No pudo probar que los certificados médicos habían sido enviados por whatsapp a números de titularidad de las personas que menciona en su demanda. Además, sostiene que del oficio contestado por la AFIP surge que el actor se encontraba trabajando en paralelo para otra empresa, la firma E.J.C.S.A. (Mar del Plata) desde el 08/11/21 hasta la actualidad. En este orden, considera que no se le adeudaba ninguna indemnización por antigüedad, pues las ausencias injustificadas y su falta de justificación válida anulan dicha pretensión. Remarca que las prolongadas ausencias sin aviso ni justificación trajeron aparejados los descuentos correspondientes, y que el actor no pudo probar por ningún medio de prueba que remitió a su empleadora los supuestos certificados médicos, salvo el enviado el 29/09/21 que dio lugar al pedido de solicitar el correspondiente control médico laboral, al cual el actor no asistió y privó a la empresa de verificar su estado de salud, comenzando ésta a liquidar los haberes con los correspondientes descuentos por ausencias injustificadas. En el segundo, tercero, sexto y octavo agravio la recurrente plantea la improcedencia de los rubros de Indemnización sustitutiva de preaviso, SAC sobre indemnización sustitutiva de preaviso, indemnización art. 2 ley 25.323 y Duplicación Indemnización DNU 34/2019, en virtud a no haberse configurado un despido por parte de la empleadora sino una desvinculación unilateral infundada por el trabajador.
En el cuarto, quinto, séptimo, noveno, decimo, décimo primero y décimo segundo agravio cuestiona la procedencia de los rubros de SAC proporcional, vacaciones no gozadas, diferencias de haberes, haberes adeudados, art. 80 de LCT, Integración mes de despido, SAC sobre integración mes de despido, SAC sobre vacaciones no gozadas y la tasa de interés aplicable, por los argumentos que expone y que tengo presente.
Finalmente peticiona se revoque en todas sus partes la sentencia atacada, con costas al actor.
VI. La actora contesta el traslado de agravios al PE1831950-2025. Sostiene que los argumentos brindados por la demandada son falaces y que sus conclusiones resultan alejadas de la realidad.
Remarca que su parte no se ausentó de su puesto de trabajo sin autorización ni dejó de prestar tareas de manera unilateral sosteniendo que mediante los correos electrónicos y las misivas incorporadas se encuentra acreditado que mes a mes notificó a su empleadora respecto a su enfermedad. Entiende que ésta se encuentra acreditada por la documentación arrimada y por la prueba informativa producida. Respecto a la incomparecencia al control médico a la que refiere la demandada, expone que no se pudo acreditar dicha ausencia y que el hecho de que su empleadora lo haya citado a un control médico importa reconocer que sabía que su parte padecía una enfermedad y que se encontraba de licencia, por lo que no debía dejar de pagarle sus haberes ni considerar injustificadas las faltas. También dice que se encuentra acreditado que su parte intimó debidamente y por el plazo de ley a su empleadora para que se le abonen los salarios adeudados y siendo que ésta no dio cumplimiento a dicha intimación, la injuria invocada resulta incuestionable. Razona por ende que se configuro un despido incausado y resultan viables los rubros peticionados derivados del despido. Sustenta también la procedencia de la indemnización del art. 2 de la Ley N° 25.323, de las diferencias salariales adeudadas y de los salarios íntegros que en su momento no abonó. Defiende asimismo la procedencia del art. 80 de la LCT, alegando que la entrega de los certificados de trabajo no se produjo y que, por más que la demandada manifieste que los puso a disposición, no logró acreditarlo, correspondiéndole la penalidad que establece la norma. En cuanto a la integración del mes de despido y SAC sobre vacaciones no gozadas, argumenta que el despido fue debidamente acreditado y en consecuencia de ello se devengaron los montos que la demandada desconoce. En relación a la derogación del art. 80 de la LCT mediante la Ley N° 27.742, dice que la misma se produjo con posterioridad al inicio de la demanda (y luego del despido), existiendo el principio de irretroactividad de la norma (art. 7 del CCyCN) mediante el cual los hechos pasados quedan sujetos a la ley anterior. Finalmente cita jurisprudencia que considera aplicable al caso, solicita se rechace el recurso interpuesto y se confirme la sentencia atacada, con costas a la demandada.
VII. Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo. Se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.
VIII. Previo a dar ingreso al tratamiento de los agravios expuestos por la demandada, me avocaré a la nulidad de la sentencia planteada, la cual se sustenta en la falta de motivación y fundamentación por parte del Juez de grado, quien, según expresa la recurrente, omitió exteriorizar el razonamiento que justifica la decisión arribada, ello en violación al derecho de defensa.
Que inicio el tratamiento del punto, poniendo de resalto que la motivación de las sentencias es un deber procesal que responde a una doble función, pues, por un lado permite a las partes conocer los razonamientos que sustentan la decisión judicial y, por otro, garantiza el control jurisdiccional de los fallos.
En este contexto remarco que no es requisito que el fallo contenga un análisis detallado o extenso de cada prueba producida en el expediente, sino que debe quedar claro, de manera razonada, cómo se aplicaron los hechos probados a las normas jurídicas pertinentes. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que: “…la obligación que tienen los jueces de fundar sus decisiones no es solamente 'porque los ciudadanos puedan sentirse mejor juzgados, ni porque contribuya así al mantenimiento del prestigio de la magistratura ... sino que persigue también ... la exclusión de decisiones irregulares, es decir, tiende a documentar que el fallo de la causa es derivación razonada del derecho vigente y no producto de la individual voluntad del juez" (Fallos: 236:27; 240:160). En éste sentido pongo de relieve que quien solicita la nulidad de una sentencia debe expresar el perjuicio sufrido y el interés que procura subsanar la declaración, es decir, la parte debe mencionar de manera precisa aquellas defensas que se vio privada de oponer, sin que su omisión pueda suplirse a través del memorial de agravios.
En éste contexto debo dejar asentado que en materia de nulidades procesales existe un criterio de interpretación restrictiva y sólo procede la nulidad cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo causando un daño irreparable.
Bajo este entendimiento tengo presente que la sentencia de primera instancia contiene un relato detallado y ordenado de los hechos (demanda, contestación y prueba) y posteriormente el Magistrado arriba a la conclusión de que se encuentra configurado en autos el despido indirecto previsto por el art. 246 de la LCT, y realiza una consideración individual de cada rubro reclamado e incorpora citas jurisprudenciales y legales. No obstante, debo reconocer que ha sido reducida la labor analítica del juzgador para decidir de la manera en que lo hizo.
Así las cosas, considero que no obstante las falencias del acto jurisdiccional destacadas por la parte demandada, habrá de optarse por mantenerlo válido ya que no advierto un vicio de gravedad tal que haya impactado en la construcción regular del proceso, pues, las demás cuestiones son susceptibles de ser revisadas y eventualmente modificadas por el camino de la apelación. En ésta dirección se tiene dicho que “…si bien el recurso de apelación comprende al de nulidad, la invalidez del fallo sólo podría sobrevenir cuando ofreciere defectos de forma, en cuyo supuesto la declaración puede hacerse oficiosamente, siempre que los agravios que ellos pudieran acarrear no pudiesen remediarse dentro del área de la apelación propiamente dicha” (Causa B-46.572, “Sauylys, Leones y otra contra Varela, Héctor. Desalojo” Cám. 2° de apel. Civil y com., sala 1, Departamento Judicial de La Plata, 11-IX-79, DJBA, 20-XII-79, v. 117, p. 469) Técnica de los Recursos Ordinarios – Juan Carlos Hiters – Librería Editora Platense - pág. 527. Que por tales motivos opino que se debe rechazar la nulidad planteada.
No obstante y sin perjuicio de mantener la validez del acto jurisdiccional atacado, considero necesario recomendar al Sr. magistrado de la instancia anterior dar estricto cumplimiento a las directivas comprendidas en los arts. 34 inc. 4 y del art. 164 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia conforme a las facultades conferidas por el art. 46 inc. 5 de la Ley Nro. 1600 (Orgánica de la Provincia de Santa Cruz)
IX. Dicho ello, doy ingreso al tratamiento de los agravios expuestos por la parte demandada.
Que a través de la primera de las críticas, la quejosa cuestiona que el juez de grado tuvo por configurado un despido indirecto y por ende admitió el rubro de indemnización por antigüedad, sin haber llevado a cabo ningún razonamiento lógico y sin haber analizado las pruebas producidas y los hechos relatados. En concreto, el apelante sostiene que no fueron justificadas las ausencias en las que incurrió el actor y que la ruptura de la relación laboral fue decida unilateralmente por esa parte, razón por la cual, entiende que nada le adeuda por el cese del vinculo.
Así centrada la cuestión sobre la que se debe opinar, advierto primero que la decisión que se adopte sobre éste punto resultará medular para la resolución del caso, pues, según la suerte que corra el agravio estaremos ante un despido indirecto con derecho a indemnización o en su defecto ante una desvinculación unilateral e infundada por parte del trabajador Dicho ello inicio el estudio del presente recordando que el art. 242 de la LCT dispone que "Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consientan la prosecución de la relación...".
Bajo esas directivas observo primero que la parte demandada, reconoce haber recibido en el mes de septiembre de 2021, un primer certificado médico con licencia psiquiátrica por el plazo de 30 días emitido por un médico psiquiatra de la ciudad de Mar del Plata. Adujo también que posteriormente notificó mediante misiva al trabajador que debía presentarse a control médico laboral el día 15 de octubre de 2021 en el hospital zonal de Caleta Olivia y según señalo al contestar demanda, la notificación referida la curso el 7 de octubre de 2021 por CD 004851459 cuyo tenor transcribe en los siguientes términos "Ante el aviso de enfermedad inculpable de fecha 29/9/2021 se lo cita a control médico el día 15/10/2021 a las 12,30 hs en Hospital Zonal de Caleta Olivia en Avda. Eva Perón N° 430 con el Dr. Padilla. Debe Ud. concurrir con correspondientes certificados y estudios médicos realizados bajo apercibimiento de considerar injustificadas las inasistencias incurridas. Notifíquese". Que si bien dicha misiva no fue acompañada, como así tampoco el correo Oficial “Correo Argentino” informó respecto de la misma, a partir de allí se dio un derrotero de comunicaciones, particularmente a través de un nutrido intercambio epistolar entre las partes, que finalizó con la decisión del trabajador de colocarse en situación de despido indirecto por exclusiva culpa y responsabilidad patronal en fecha 11/05/22 mediante TLC CD 184153023. En dicha comunicación intimó a la demandada a que en el plazo de ley se le abone diferencia de haberes, haberes adeudados, indemnización del art. 245, indemnización sustitutiva de pre aviso, integración mes de despido, SAC 2º Sem 2021 y SAC prop. 1º Sem 2022, todo ello bajo apercibimiento de iniciar la presente acción judicial y reclamar lo prescripto en el art. 2 de la Ley N° 25.323, y se la intimó a dar cumplimiento con el art. 80 LCT y Dto Reg 146/2001. La discusión que se planteó giro entonces alrededor de las ausencias del actor a su lugar de trabajo, pues, según el accionante logró acreditar tanto la enfermedad como la notificación de su dolencia a la empleadora y ésta última entendió que ello no fue probado.
Que en el camino de analizar la cuestión en debate, tengo en cuenta que la carga de producir la prueba para determinar la injuria que motivo el despido indirecto invocado, le corresponde aquí al reclamante y en ese sentido se tiene dicho que “Así como cuando el empleador alega la existencia de una causa que justifica el despido, pesa sobre él la carga probatoria al respecto en el despido indirecto es el trabajador quien debe acreditar el hecho que invoca para darse por despedido” Id SAIJ: SUI0000708.
Con esa premisa, advierto que aquel ha desistido de elementos probatorios que sostenían su pretensión. Desistió así de la prueba de confesional y de reconocimiento mediante las PE 595661-2023 y 959445-2024, de la prueba testimonial de los Sres. Marcelo Lescano, Laureano Iribarne, Rodrigo Benitez, Horacio Martínez y Bernarda Arrachea por PE 898234-2024 e hizo lo propio respecto de la testimonial del Dr.Ignacio Bordenave por PE 665229-2023. Produjo en cambio la pericial informática (PE 989525-2023) y la informativa dirigida al Enacom (PE 1032296-2023), a la AFIP (PE 975162-2023), al Correo oficial (PE 1063385-2023) y al Hospital Privado de Comunidad-Fundación médica (PE 969464-2023) de la ciudad de Mar del Plata.
Que repasada la prueba, y de acuerdo a la Historia Clínica enviada por este nosocomio, tenemos que el Sr. Matías Canto fue evaluado en aquella ciudad por el profesional Ignacio Bordenave, especialidad psiquiatría, en fecha 29 de septiembre de 2021 y prescribió, entre las indicaciones de tratamiento, licencia laboral. Luego lo evaluó en fecha 25 de Octubre de 2021, 24 de Noviembre de 2021, 23 de diciembre de 2021, 19 de enero de 2022, 14 de febrero de 2022, 16 de marzo de 2022, 12 de abril de 2022, 17 de mayo de 2022 y 14 de junio de 2022 y en cada una de tales consultas médicas el profesional nombrado mantuvo el mismo esquema de tratamiento, incluyendo la licencia laboral. Finalmente el 30 de Junio de 2022 elaboro un resumen de la historia clínica del nombrado.
Que del informe remitido por la empresa de correo postal “Correo Argentino” mediante PE1063385-2023, surge, tal como ya se dijo, que entre las partes hubo una profuso intercambio epistolar que se condice con la prueba documental agregada por la actora consistente en las cartas documento que se entrecruzaron las partes. Entre ellas destaco la CD 161916955 de fecha 23/03/22 a través de cual la empleadora citó al actor a control médico en los siguientes términos: "Rechazo CCDD 18 y 9 de marzo por improcedente, debiendo Ud. presentar a su empleador los certificados médicos correspondientes a fin de poderse llevar a cabo el control médico patronal. Atento lo manifestado por Ud. se lo cita a control médico patronal el día 05/04/2022, 17hs en consultorio Dr.
Eguilegor sito en 25 de Mayo 3727 PB, Mar del Plata. Debe Ud. presentarse con certificados médicos y documentación correspondiente con que cuente. Notifíquese". También reparo en la CD 176034259 remitida por el empleador en fecha 13/04/22 la cual reza: "Rechazo TLC, ratificando anterior en todos sus términos, no obstante atento informar el médico que lo controló que Ud. no se encuentra en condiciones de prestar tareas, se practicará en término legal el ajuste correspondiente. Notifíquese”.
Tales comunicaciones fueron incorporadas por el trabajador en su demanda.
Así las cosas e ilustrada la prueba que entiendo de relevancia, tenemos que la parte actora desde el mes de septiembre de 2021 se encontraba en la ciudad de Mar del Plata y atravesó una dolencia de tipo emocional desde el 29 de septiembre de 2021 que, de acuerdo a la prescripción médica referida antes, hacía necesaria una licencia laboral, prescripción que por cierto se fue prorrogando en idénticos términos hasta el mes de junio de 2022. En ese marco la dadora de trabajo le hizo saber al operario que en virtud a su condición de salud se practicaría en el término legal el ajuste correspondiente.
Ahora bien, tal como lo refiere la recurrente, de la prueba informativa remitida en fecha 23 de junio de 2.023 por la ex AFIP (hoy ARCA) por PE 97516y2-2023, surge que el actor, Sr. Matías Leonardo Cantos – CUIL N° 20-35433896-4 – registra una relación de trabajo con la firma E.J.C.S.A. CUIT N° 30-70882823-4 desde el 8 de Noviembre de 2.021 hasta la actualidad. Es decir, la parte actora desempeñó tareas laborales en tiempo concomitante a la licencia por enfermedad invocada.
El organismo tributario informo así la modalidad de contrato celebrado con la firma indicada, la actividad desarrollada, la obra social declarada, las remuneraciones totales, los aportes y contribuciones al organismo de seguridad social y los aportes y contribuciones a la obra social, ello desde el mes de noviembre de 2021 hasta el mes de junio de 2022.
Que este acontecimiento advertido, no puede ser pasado por alto puesto que pone en jaque el obrar de buena fe del trabajador reclamante, ya que puso de manifiesto una conducta alejada de las directivas del art. 63 de la LCT. En este entendimiento se tiene dicho que “El principio de buena fe -señala la doctrina- adquiere en el derecho laboral una especial relevancia, pues el contrato de trabajo no crea sólo derechos y obligaciones de orden exclusivamente patrimonial, sino también una vinculación personal que al prolongarse en el tiempo, necesita de la confianza y lealtad recíprocas de las partes, quienes deben actuar de buena fe para lograr el normal y armónico desarrollo de la relación. Así, la buena fe aparece como el módulo regulador de la conducta de ambas partes, siendo tan importante la que debe demostrar el empleador como la que debe inspirar al trabajador. Consecuentemente, esta idea directriz que ha de presidir la conducta de ambos, comprende, explicita y respalda todas las obligaciones que emanan de su contenido, pero las trasciende, porque sirve para orientar al intérprete y de algún modo también viene a suplir, en los casos concretos, las omisiones en que pudo incurrir el legislador.” Id SAIJ: SUS0090256. Definido en esos términos este principio rector, cabe afirmar que la realización de tareas para otro empleador durante el periodo de licencia por enfermedad, tal como ocurrió en el caso, demostró la inobservancia a la prescripción médica invocada y la consecuente deslealtad del trabajador, pues, la licencia así ordenada implicaba el cese de todo tipo de actividad laboral y no solo la desempeñada para la demandada, configurándose así una ostensible violación al deber de fidelidad y de buena fe.
Repárese que el trabajador, no sólo no dio conocimiento a la empleadora de esa nueva relación laboral poniendo a sus espaldas su fuerza de trabajo a disposición de otro, sino que paralelamente le formulaba reclamos de diferencias de haberes por enfermedad en los períodos que se le abonaron los salarios. De ahí es que entiendo que en el supuesto, la no prestación del débito laboral del actor en favor de la demandada, no está aquí para nada justificada.
No cabe otra interpretación a partir de que como se dijo antes la actora desistió de parte de su prueba y no se contó con el testimonio del profesional tratante Ignacio Bordenave, ni tampoco de ningún otro profesional en psiquiatría que de detalle de la dolencia que habría aquejado al operario en el tiempo de la licencia invocada. Tampoco se contó con la prueba que acredite el control médico laboral durante los meses de inasistencia.
Que en este contexto de análisis, interpreto que salió a la luz un comportamiento abiertamente deshonesto que lleva a concluir que el accionante ha echado por tierra la legitimidad de su reclamo, pues, en virtud de las razones expuestas el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo ha quedado aquí de su lado.
En este sentido comparto la jurisprudencia que dice: “El proceder que tuvo la actora de ingresar a trabajar para otro empleador mientras se encontraba de licencia por el art. 208 de la LCT, percibiendo los haberes derivados de esa situación que la demandada le abonó hasta el distracto laboral, no se compadece con la buena fe que exige el art. 63 de la LCT, principio rector del derecho del trabajo, como así también del derecho en general, de cumplir con su débito laboral para con la demandada -esto es, poner su capacidad de trabajo al servicio del empleador- cuando claramente quedó probado que sí estaba en condiciones de poner tal capacidad de desempeño a disposición de otro empleador para el que había sido contratada”. “M. N. S. c/ Aegis S.A. s/ Despido” - Tribunal de Trabajo de Mar del Plata - 13 de diciembre de 2022 - Cita: MJ-JU-M-140517-AR|MJJ140517|MJJ140517. Así las cosas, en mi opinión, la ruptura de la relación laboral por aquel decidida ha sido improcedente y no puede por ende generar derecho a indemnización alguna derivada del despido sin causa.
En consecuencia, habiendo valorando prudencialmente los hechos y la prueba producida, entiendo que éste primer agravio de la parte demandada debe prosperar y en consecuencia de ello, habrá de revocarse la sentencia de primera instancia en cuanto reconoce la procedencia de la indemnización por antigüedad (art. 245 LCT) derivada del despido sin causa, así lo propongo al acuerdo.
Que en virtud a la forma en la que se resolvió el primer agravio, deben también revocarse los demás rubros derivados del despido sin causa en particular la indemnización sustitutiva del preaviso, SAC sobre indemnización sustitutiva de preaviso, indemnización art. 2 de la ley 25323 y duplicación indemnización DNU 34/2.019. Se admiten por ende los agravios segundo, tercero, sexto y octavo.
Que en cuanto a los demás rubros que fueron reconocidos en grado, teniendo en cuenta la forma en la que se resolvió el primer agravio, debe revocarse también la integración del mes de despido y el SAC sobre integración del mes de despido. Respecto del SAC Proporcional y SAC sobre vacaciones no gozadas, observo que fueron ambos abonados conforme surge del recibo agregado por PE842354-2023. Que en consecuencia y siendo que la sentencia emitida en la instancia anterior sustenta el reconocimiento del primer rubro en la falta de acreditación de pago y en el segundo caso no formulo motivación alguna, entiendo corresponde admitir sin más las quejas que en tal sentido se plantearon contenida en los agravios cuarto y décimo primero. En cuanto al rubro vacaciones no gozadas, tengo presente para resolver el punto que éste ítems se abona al finalizar la relación laboral cualquiera sea la causa de su extinción. Se abonan así los días de vacaciones pendientes y generados durante el año en curso y de anteriores siempre que no hayan caducado. Se debe tener en cuenta que las faltas injustificadas no generan días de vacaciones, lo que impacta obviamente en el alcance de la indemnización que se abona cuando finaliza el vínculo de trabajo.
Que conforme con ello y lo resuelto en el primero punto del presente, opino que no es correcto reconocer 21 días de vacaciones no gozadas como se dispone en la instancia de grado, por lo que debo darle la razón a la apelante y admitir también el quinto agravio.
En relación a los rubros diferencias de haberes y haberes adeudados, aprecio de los recibos de haberes acompañados por la demandada en la PE842354-2023 que en el período 10/21, el primer ítem que figura con el código 1100 es "Enfermedad 1" por la suma de $35.460,92, seguidamente figura con código 1390 "Descuento Enfermedad 1" (-$35460.92). En dicho mes le fueron abonados los ítems “Acdo 12/5/2011 Remun” y “Acdo 12/5/11 No remun”. En el período 11/21 al trabajador le abonan el ítem Enfermedad y al mismo tiempo le realizan el descuento por enfermedad, y no le abonan los adicionales referidos recientemente, como así tampoco otros ítems (Adic. objetivo Art 24, Viático Convenio UPSAP). En los períodos 12/21 y 01/22 se presenta la misma situación. En el período 02/22 le abonan el ítem Enfermedad y al mismo tiempo le realizan el descuento por enfermedad y ahora por inasistencia, percibiendo la suma de $4105.46. Del recibo de haberes de los períodos 03/22 y 04/22 surge que al trabajador le abonan la "Remuneración mensual" y le descuentan por inasistencias, percibiendo $0.00. Así las cosas, y teniendo en cuenta la resuelto en el primer agravio considero que también deben ser revocadas las diferencias de haberes y haberes adeudados reconocidas en grado ya que se fundan en los ítems enfermedad e inasistencias como así también en adicionales que requieren efectiva prestación de servicios, por lo es procedente el séptimo y noveno agravio.
Que respecto al décimo agravio relativo a la Indemnización del art. 80 LCT, destaco primero lo dicho por nuestro Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia en Sentencia inscripta al Tomo XVIII, Reg. 612, Folio 3516/3521 – Prot. Elect. TSS1008.171, en el que señalo que “es la omisión de hacer entrega de los certificados que indica la norma la que genera la indemnización prevista en la misma, y no el actuar de los actores, debiendo analizarse solamente lo realizado por la demandada”.
En este sentido advierto que si bien obra acompañada a éstos autos la documentación laboral de que se trata, la recurrente no aportó prueba que acredite que hizo saber al trabajador de que podía retirarlas de las oficinas de la empresa. En este punto destaco que el hecho de 'poner a disposición del trabajador la documentación del art. 80 LCT' no satisface la obligación que pesa sobre el empleador, pues, con ello no se corrobora la cabal voluntad de entregar la misma. De lo que se trata es de llevar a cabo las diligencias necesarias para que el trabajador pueda obtener la documentación laboral indicada en el tiempo legal oportuno. Enseña nuestra doctrina que “…hemos sugerido que los jueces al evaluar la aplicación de la sanción del art. 80 de la LCT, con relación a la entrega de una constancia documentada de los depósitos previsionales, deberán merituar las particularidades del caso y las conductas de las partes dentro de los carriles de la buena fe contractual (arts. 62 y 63 y concordantes de la LCT)” (Revista de Derecho Laboral – Actualidad Rubinzal-Culzoni año 2.010-2 página 285).
Conforme con ello, opino que la agregación de los certificados con la contestación de la demanda, tal como ocurrió en el caso, no es suficiente para tener por cumplida la obligación del art. 80 LCT, pues la entrega de tales instrumentos debe ser concomitante a la finalización del vínculo, cosa que aquí no ocurrió.
Que por otra parte y en cuanto al planteo relativo a la derogación del art. 80 LCT en virtud a la entrada en vigencia de la Ley N° 27.742 (ley posterior), en virtud a que la ley aplicable resulta ser la vigente al momento del despido y no la vigente al momento del dictado de la sentencia, pues, el derecho se devenga al momento del incumplimiento, la postura que en éste sentido se ensaya en agravios no es admisible. Al respecto los tribunales confirman que la indemnización del art. 80 no es una multa, sino una sanción atento el incumplimiento de la obligación laboral, y que no corresponde aplicar la Ley Bases retroactivamente (STJ de la Prov. de Entre Ríos en autos "Coronel Brian Ramón c/ F.E.P.A.S.A. s/ Cobro de pesos – recurso de inaplicabilidad de la ley", 16/12/24. Cita: MJ-JU-M-154420-AR|MJJ154420|MJJ154420). Que por las razones dadas, y no habiendo entonces la demandada exteriorizado una conducta tendiente a concretar la entrega tempestiva de los certificados en cuestión, concluyo que no cabe más que rechazar el agravio en tratamiento.
El último agravio de la demandada, esto es el décimo segundo, se centra en el rechazo de la tasa de interés dispuesta por el Juez de grado (tasa pasiva promedio que publica el BCRA). Al respecto solicita que, ante el hipotético caso de no hacerse lugar a sus agravios y, en caso de prosperar alguno de los rubros pretendidos por el actor, se aplique una tasa de interés que no represente un enriquecimiento ilícito para el accionante.
El reproche pretendido por la demandada carece de fundamento toda vez que no ahonda en argumentos para determinar siquiera a simple vista si el monto de condena resultará desproporcionado en confrontación con el principio de equidad. En efecto, la recurrente no realiza cálculo numérico alguno que permita observar si la tasa aplicable generara un enriquecimiento ilícito para el trabajador, tal como lo sostiene en agravios.
No debe perderse de vista que las actualizaciones de los créditos laborales reconocidos no tienen la finalidad de generar una ganancia extra para el trabajador, sino de restituir el valor del dinero que no fue pagado oportunamente. Es decir, lejos de tratarse de un beneficio extra, constituye una compensación por el tiempo que el trabajador estuvo sin recibir lo que le correspondía y es de ahí que el método que se utilice para actualizar los montos determinados, debe valorarse en cuanto a su conveniencia siempre en beneficio del trabajador, ya que se trata de la tutela de derechos laborales que impone prestar una especial atención (arts. 14 bis C. N., 9 y ccs. LCT, arts. 766 y ccs. CCC, 164 y 166 CPCC). Que por lo dicho el agravio que se trata debe también ser rechazado.
X. Por estas razones y con el alcance establecido en mis consideraciones, entiendo que la sentencia de grado resulta injusta y por ende debe revocarse salvo en lo que respecta a la indemnización prevista en el ar. 80 de la LCT, imponiéndose las costas en ésta instancia a la parte actora. Así lo propongo al acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
XI. En primer término debo señalar que disiento con el Juez preopinante en cuanto a lo que decide sobre la validez de la sentencia de primera instancia. La recurrente en primer término invoca y solicita la nulidad del fallo apelado por carecer de razonamiento lógico-jurídico y sin explicar cómo arriba a la conclusión final. En el caso el principal tema a resolver lo constituye el hecho del distracto, sobre el cual el juez de grado no dedica ni una sóla línea. El art. 164 del CPCC al que remite el art. 121 de la ley 1444, detalla claramente los requisitos que debe contener una sentencia. El cumplimiento de esta norma se encuentra íntimamente ligado con el principio de motivación de la sentencia, debido proceso y derecho de defensa (arts. 18 Constitucion Nacional, 8 y 25 Convención Americana de DDHH). En el caso "Santillán" (Fallos: 321:2021) entre otros numerosos precedentes, la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de la sentencia que no ofreció una motivación suficiente señalando que: “El juez no puede decidir sin explicitar las razones que justifican su decisión, lo que torna arbitraria la sentencia.” y en el precedente “Strada” (Fallos: 308: 490) declaró nula una sentencia cuando se desatendió una prueba decisiva presentada por una de las partes, y no se dio explicación adecuada al respecto. La Corte sostuvo que: “Una sentencia que ignora elementos probatorios esenciales para la resolución del caso es nula, pues se infringe el principio de razonabilidad judicial”. A diferencia del anterior votante entiendo que le perjuicio sufrido por las partes es evidente, ya que no conocer el razonamiento lógico del juez y la valoración de la prueba los coloca en un claro estado de indefensión que impide la posibilidad de realizar los agravios o recursos correspondientes a fin de ejercer su derecho de defensa.
El art. 3 del CCC exige a la magistratura el dictado de resoluciones razonablemente fundadas. Ello no importa la extensión en cuanto a lo que se consigna en el cuerpo del fallo, sino que sea clara, explicada, coherente y que traduzca el razonamiento lógico que se sigue.
En el caso, luego de transcribir prácticamente todos los escritos postulatorios de la parte, lo que constituye además una práctica desaconsejada por apartarse de las máximas del lenguaje claro, directamente el juez determina los rubros por los que procederá la demanda, es decir carente de la parte sustancial del fallo en cuestión, su análisis de por que decide como lo hace. Esta falla evidente importa a mi criterio el dictado de la nulidad de la sentencia y su comunicación al Tribunal Superior a los fines que tome las notas correspondientes.
XII. Toda vez que el proceso se encuentra ajustado a derecho se configura en éstos el supuesto del art. 254 del CPCC al que remite la ley de procedimiento laboral, corresponde resolver sobre el fondo del litigio.
En este aspecto coincido con el juez preopinante en cuanto a que el despido de Matías Cantos se encuentra justificado por un claro comportamiento desleal hacia la empleadora y me remito en honor a la brevedad a los argumentos expuestos en forma precedente en cuanto a que no corresponden las indemnizaciones derivadas del despido.
XIII. Disiento en la solución propuesta con relación a la multa del art. 80 de la LCT. Tengo presente que la propia demandada informa que está a disposición el certificado. Si bien esta conducta por sí podría resultar insuficiente, el actor no manifestó su imposibilidad de ir a retirarla o que se la envíen a su domicilio. Sino que se observa que su conducta obedeció a lograr el cobro de la indemnización, ya que al momento de contestar la demanda se acompañan los certificados en cuestión y hasta la fecha no han sido retirados y tampoco ha sido un impedimento para Cantos de conseguir nuevo empleo. Llegado este punto debo recordar el principio de buena fe que debe ser reinterpretado ante las conductas en conflictos como las que aquí nos trae y nos obliga a reflexionar entre lo ético y lo jurídico. “A partir de estas ideas, hemos sugerido que los jueces al evaluar la aplicación de la sanción del art. 80 de la LCT, con relación a la entrega de una constancia documentada de los depósitos previsionales, deberán merituar las particularidades del caso y las conductas de las partes dentro de los carriles de la buena fe contractual (arts. 62 y 63 y concordantes de la LCT).” (Revista de Derecho Laboral - Actualidad– Rubinzal- Culzoni año 2010-2 página 285) En el particular, tengo en cuenta que los aportes y contribuciones se realizaron correctamente, siendo ello el fin primordial de la norma analizada, el empleador indicó que estaban a disposición de Matías Canto. Tanto la ley laboral en su art. 11 como el Código Civil y Comercial en el art. 9 vedan el ejercicio abusivo de los derechos, entendiendo que la mera persecución en una causa judicial por el cobro de una multa en el contexto que aquí se detalla constituye una conducta abusiva por parte del actor que no debe contemplarse. Por estas razones entiendo que el agravio en este aspecto debe prosperar (conf. art. 80 de la LCT con modif. del art. 45 de la ley 25.345) Expuesta mi postura con relación a la solución del caso, paso las presente al tercer votante a sus efectos.-
A LA PRIMERA CUESITÓN el Dr. Humberto E. Monelos dijo:
XIV. Que llamado a dirimir la disidencia entre mis distinguidos colegas mi prenuincio por adherir a la propuesta de la Dra. Bard toda vez que entienddoe que la sentencia en crisis carace de motivación y fundamento y en el otro punto mos hemos pronunciado de acuerdo en distintas oportunidades respecto del tema del art. 80 de la LCT como es conocido en foro. Adhiero al voto de la Dra. Bard.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XV. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Conforme a las facultades conferidas por el art. 46 inc. 5 de la Ley N° 1600 (Orgánica de la Provincia de Santa Cruz) corresponde recomendar al Magistrado de la instancia anterior dar estricto cumplimiento a las directivas de los arts. 34 inc. 4 y 164 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia. 2°) Rechazar el planteo de nulidad de sentencia formulado por la demandada. 3°) Admitir los agravios vertidos por la parte demandada con excepción de los agravios decimo y decimosegundo y en orden a los fundamentos dados en el considerando respectivo, revocar la sentencia de primera instancia inscripta a Resolución N° 13857, Tomo XCI, Folio 060, obrante a PE 1790996-2025 en cuanto reconoce los rubros indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso, SAC sobre indemnización sustitutiva de preaviso, SAC proporcional, vacaciones no gozadas, indemnización art. 2 ley 25.323, diferencias de haberes, duplicación indemnización DNU 34/2.019, haberes adeudados, integración mes de despido, SAC sobre integración mes de despido y SAC sobre vacaciones no gozadas 4º) Rechazar el agravio decimo y decimosegundo y en consecuencia confirmar la condena al pago de la indemnización contemplada en el art. 80 de la LCT en favor del actor y mantener la pauta de actualización del crédito reconocido en los términos previstos en el punto III) de la sentencia de grado. 5°) Imponer las costas de esta instancia a la parte actora vencida. 6º) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 7º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
XVI. Por la forma que me pronucié a la primer cuestión propongo al acuerdo el siguiente fallo. 1°) Declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia y comunicar lo aquí resuelto al Tribunal superior de Justicia a fin de que tome nota correspondiente. 2°) Admitir los restantes agravios y desestimar la demanda en todas sus partes teniendo por justificado el distracto del actor. 3°) Costas a la parte actora. 4°) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 6º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto E. Monelos dijo:
XVII. Adhiero al voto que antecede por considerarlo justo.
Por ello se dicta la siguiente sentencia, Caleta Olivia, 19 de diciembre de 2025
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial por mayoría F A L L A:
1. Declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia y comunicar lo aquí resuelto al Tribunal superior de Justicia a fin de que tome nota correspondiente (art. 46 ley nro. UNO).- 2°) Admitir los restantes agravios y desestimar la demanda en todas sus partes teniendo por justificado el distracto del actor.- 3°) Costas a la parte actora (art. 68 CPCC por remisión de ley 1444). 4°) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 5º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara- Presidenta; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Horacio Fernández- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201075S.251 Tomo: CIV Sentencia: 3171 Folio Nº: 172/184 Secretaria: 1
Fin de la sentencia