Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 26971-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad de la resolución apelada y devolver las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se analicen los argumentos expuestos por el actor contra las sanciones impugnadas. Por ello, deviene insustancial el tratamiento de los agravios referidos a la violación del principio constitucional de non bis in ídem y las costas del proceso. Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (art. 68 segundo párrafo del CPCCN).-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
46249/2012 CAPDEVIELLE LUIS MARIA (TF 26971-I) c/ DGI s/ Buenos Aires, de junio de 2014.-
VISTOS Y
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani, dijo:
I.-Que por decisorio de fs. 51/64, el Tribunal Fiscal de la Nación; por mayoría: revocó la Resolución del 2/12/2005 dictada por el Jefe de la División Jurídica de la Dirección Regional La Plata de la AFIP-DGI, por la cual se aplicaron dos multas. La primera de ellas, por la suma de $ 22.146, equivalente a un tercio del 50% del 92% del impuesto al valor agregado de los períodos 12/2001 a 06/2003 y 08/2003, con sustento en los artículos 45 y 49 de la Ley nro. 11.683 (t.o. 1998 y modif.). La otra sanción, fue por la suma de $ 58.684, equivalente a un tercio de dos veces el 8% del impuesto al valor agregado por los períodos 12/2001, 01/2002 a 06/2003 y 08/2003 y el 100% de los períodos 07/2013 y 12/2003, 01/2004 a 01/2005, con fundamento en los artículos 46, 47 inc. a) y 49 de la ley 11.683.-
II.-Que a fs. 68 se interpuso recurso de aclaratoria respecto de las costas, decidiéndose a fs. 70 que lo serían por su orden.-
A fs. 71 apeló la parte demandada, quien expresó agravios a fs. 77/83, los que fueron contestados por la parte actora a fs. 92/95.-
A fs. 132 se llamaron autos para sentencia.-
III.-Que el tema a resolver se refiere, específicamente, al artículo 2º de la ley 25.345, en cuanto dispone una sanción frente al incumplimiento de la obligación de emplear los medios de pago admitidos por dicho ordenamiento.-
Al respecto, afirma la actora que se la estaría penando dos veces por el mismo hecho, y argumenta que el art. 34 de la Ley nro. 11.683 se encuentra vigente y, por lo tanto, que existe la posibilidad de demostrar la validez de las operaciones para poder así efectuar el cómputo de deducciones y/o el crédito fiscal correspondientes.- IV.-Que en sentido concordante, el voto del vocal Brodsky, afirma a fs. 52: “Surge así claramente que si esas operaciones (no efectuadas por los medios de pago admitidos) son inválidas aun cuando se acreditare su veracidad, las previsiones contenidas en las normas que así lo establecen adoptan ineludiblemente el carácter de sanciones, puesto que dichas disposiciones se refieren específicamente a la eficacia de los pagos realizados, ya que al restarles validez si han sido efectuados en forma diferente a la que establecen las normas (…), no caben dudas que ello implica desconocer modos de pago que se estiman anómalos para liquidar tributos, ya que la inobservancia de las formalidades impuestas se transforman por virtud de la norma, en una verdadera sanción, la que se constituye en el mayor sacrificio económico que se deriva del incremento de la tributación, como consecuencia de la imposibilidad de computar tales importes en las liquidaciones impositivas, dicho ello sin analizar las demás consecuencias de otro orden que puedan resultar de ese desconocimiento”.-
V.-Que esta Sala en la sentencia de fecha 12/7/2011, dictada en los autos “Mera, Miguel Ángel (TF 27870-I) c/ DGI” expte. Nro. 4384/2011, dijo: “…lo establecido por el artículo 2º de la ley 25.345 con relación a los medios de pago admitidos, se niega al contribuyente la posibilidad de descontar los gastos efectivamente realizados para obtener o conservar las ganancias gravadas, el impuesto deja de recaer exclusivamente sobre las ganancias propiamente dichas, para alcanzar también a los gastos realizados para obtenerlas. De la misma manera, si por aplicación literal de ese precepto no se admitiera que el responsable pudiera computar a su favor el crédito fiscal, deja de guardar CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V relación con el mayor valor agregado por él en la etapa respectiva. En ambos casos se altera el hecho imponible definido en las leyes que determinan la materia imponible y la medida de ella pues, en el primer caso, además de gravarse las ganancias reales también se gravan las ganancias aparentes o ficticias, mientras que en el segundo caso también se grava el mayor valor agregado en la etapa anterior por el proveedor del responsable”.-
VI.-Que por lo allí expuesto y argumentos concordantes de la mayoría del Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde confirmar el pronunciamiento de dicho organismo administrativo jurisdiccional de fs. 51/64. Las costas de esta instancia, habida cuenta de lo novedoso y dificultoso de la cuestión planteada, se imponen por su orden (art. 68 segunda parte del CPCCN).-
Todo lo cual, ASÍ VOTO.-
Los Sres. Jueces de Cámara, Dr. Guillermo F.
Treacy y Dr. Jorge Federico Alemany, dijeron:
I.-Que a través de la resolución de fojas 59/64, y su aclaratoria de fojas 70, la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar al recurso deducido por el Sr. Luis María CAPDEVIELLE y revocó las multas aplicadas. Distribuyó las costas en el orden causado. Para así decidir, luego de reseñar brevemente las constancias administrativas que precedieron a las sanciones impugnadas en autos, el voto seguido por la mayoría destacó que el artículo 46 de la Ley Nº 11.683 “dispone que ‘el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa perjudicare al Fisco con liquidaciones de impuestos que no correspondan a la realidad, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido’” (el destacado es del original). En este sentido, el vocal interviniente señaló: “me he permitido destacar en el 2º párrafo del art. 46, la frase ‘que no correspondan a la realidad’, para hacer notar el efecto contradictorio que supone la exigencia de que tal requisito deba cumplir para que -según la ley- pueda sancionarse la conducta disvaliosa que supone ‘no pertenecer a la realidad’ o ‘contrariar la realidad’, cuando tal realidad es precisamente lo contrario del supuesto que deja expedito el camino para sancionar lo ilegítimo, siempre según la [Ley Nº 25.345]. Dicho de otro modo, nada hay menos irreal en esta causa que las operaciones de compra llevadas a cabo, cuya veracidad no ha sido objetada y cuya reprobación es penada por no verificarse el supuesto establecido en la [Ley Nº 25.345] y las resoluciones complementarias R.G: Nº 151 (B.O. 25/06/98) y R.G. 1547 (B.O. 12/08/03)”.
Por otro lado, al referirse al agravio relativo a la violación del principio constitucional de non bis in ídem, recordó que el artículo 2º de la Ley Nº 25.345 establece que los pagos que no sean efectuados de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1º de la presente ley tampoco serán computables como deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente responsable, aun cuando estos acreditaren la veracidad de las operaciones. A partir de ello, sostuvo que “si esas operaciones son inválidas aún cuando se acreditare su veracidad, las previsiones contenidas en las normas que así lo establecen adoptan ineludiblemente el carácter de sanciones, puesto que dichas disposiciones se refieren específicamente a la eficacia de los pagos realizados, ya que al restarles validez si han sido efectuados en forma diferente a la que establecen las normas (ver La Ley, Tº 2001/B, pág. 1022 y sigtes.), no caben dudas que ello implica desconocer modos de pago que se estiman anómalos para liquidar tributos, ya que la inobservancia de las formalidades impuestas se transforma por virtud de la norma, en una verdadera sanción, la que consiste en el mayor sacrificio económico que se deriva del incremento de la tributación, como consecuencia de la imposibilidad de computar tales importes en las liquidaciones impositivas, dicho ello sin analizar las demás consecuencias de otro orden que puedan resultar de ese desconocimiento” (el destacado es del original). En virtud de ello, frente a la sanción aplicada por aplicación del artículo 45 de la Ley Nº 11.683, concluyó que se están aplicando dos penalidades derivadas de la misma situación fáctica, contrariando de este modo el principio constitucional de non bis in ídem.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
II.-Que a fojas 71 el Fisco Nacional (AFIP-DGI)
interpuso recurso de apelación y expresó agravios a fojas 77/84, los que fueron contestados a fojas 92/95.
En su memorial sostuvo que la resolución apelada resulta arbitraria e infundada. Al respecto señaló que las multas aplicadas se basan en dos ajustes diferentes, ya que, las operaciones impugnadas en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 25.345, fueron sancionadas por aplicación del artículo 45 de la Ley Nº 11.683, mientras que, el ajuste efectuado por la impugnación del crédito fiscal, fue sancionado conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado plexo normativo.
Por otro lado, alegó que la colisión en que se basó la decisión de grado no era tal, debido a que se trata de sanciones diferentes, en cuanto a que la Ley Nº 25.345 prohíbe el cómputo del gasto por contravención a la norma, y los artículos 45 y 46 de la Ley Nº 11.683 establecen tipos penales en los que se debe encuadrar la conducta del recurrente. Asimismo, señaló que la resolución apelada es un acto carente de toda sujeción al sistema normativo vigente, que afecta derechos amparados por la Constitución Nacional y lesiona gravemente la potestad sancionatoria. Citó jurisprudencia relacionada con la cuestión planteada y por último se agravió respecto de la imposición de costas en el orden causado.
III.-Que en primer lugar, es dable recordar que los magistrados no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones sino sólo a tomar en cuenta las que son conducentes para esclarecer los hechos y resolver concretamente el diferendo (Fallos: 319:119; 307:2012; 311:2135).
En este sentido, de acuerdo con los agravios planteados por el Fisco Nacional, la cuestión a resolver se centra en determinar si se verifica en autos una violación del principio non bis in ídem, tal como lo entendió el tribunal a quo, o si por el contrario, de acuerdo con la postura expuesta por dicha parte, lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 25.345 no resulta incompatible -en vistas del mencionado principio- con la sanción establecida en el artículo 45 de la Ley Nº 11.683. No obstante ello, a los fines de una mayor claridad expositiva conviene reseñar los antecedentes administrativos y confrontarlos con la apreciación de los hechos efectuada en la resolución del organismo jurisdiccional.
III.1.-De acuerdo con las conclusiones del Informe Final de Inspección (v. fs. 12/18 del expediente administrativo que corre agregado por cuerda, al que se hará referencia en lo subsiguiente), en lo que aquí interesa, el personal fiscalizador señaló que “se solicitó apertura de la determinación del Costo de Mercaderías imputando para cada período pormenorizando el análisis en las compras y gastos computados, cotejando los mismos con los registros de IVA aportados y la documentación respaldatoria. De dicha compulsa se verificaron proveedores con irregularidades e incumplimiento de la [Ley de Prevención de la Evasión Fiscal] procediéndose en consecuencia al ajuste correspondiente”. Asimismo, allí se destacó que “de los comprobantes de compras exhibidos a la actuante, se seleccionaron los proveedores más relevantes a fin de validar las operaciones registradas. De la documentación respaldatoria aportada (recibos de pago) surge como medio de pago, entre otros, ‘efectivo’ para las compras efectuadas a un grupo de proveedores a saber: Plastina, Corfe SRL, Cromos Internacional, De Maghales, Enilsur, Europart SR, Farid, Peyce SRL, Pilarmate SRL, Sam Service SA, Saniser SA”. A partir de ello, la inspectora interviniente sostuvo que “por las operaciones que conforme los recibos de pago aportados por el contribuyente y que obran en el cuerpo de inspección han sido canceladas en efectivo en su totalidad, no se ha dado cumplimiento a la [Ley de Prevención de la Evasión Fiscal] motivo por el cual resulta impugnable el costo computado correspondiente a dichas compras”.
Por otra parte, en cuanto al IVA -en lo que aquí interesa- los inspectores señalaron que se “planillaron las distintas columnas del Libro I.V.A. Compras del período [01-2002 a 12-2004], verificándose por muestreo la documentación respaldatoria que da lugar al cómputo del crédito fiscal -por muestra-, detectándose anomalías con respecto a la forma de pago de operaciones efectuadas con un grupo de contribuyentes”. Asimismo, “del análisis de la forma de pago a los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V proveedores se verificó con documentación (recibo) que para un grupo de proveedores las facturas fueron canceladas en Efectivo dando lugar al incumplimiento de la [Ley de Prevención de la Evasión Fiscal] por lo que resulta impugnable el crédito fiscal contenido en las mismas; períodos: 12- 2001, 01 a 12/2002, 01 a 06 y 08/2003”.
De acuerdo con lo expuesto, con relación al impuesto a las ganancias, el informe destacó (entre los aspectos cuestionados) que “con motivo de las tareas relacionadas con la forma de pago a proveedores, se detectó el incumplimiento a la [Ley de Prevención de la Evasión Fiscal] resultando impugnable el costo de los comprobantes involucrados en los ejercicios 2001 a 2003”. Agregó que tales ajustes fueron conformados por el verificado, con fecha 30/08/2005, a través de la presentación de las declaraciones juradas rectificativas, incluyendo los saldos resultantes a favor del Organismos en el plan vigente. En igual sentido, respecto del IVA, allí se señaló que se “impugnó el crédito fiscal contenido en las facturas para las que se detectó el incumplimiento a la [Ley de Prevención de la Evasión Fiscal] para los períodos 12-2001, 01 a 12/2002 y 01 a 06 y 08/2003. /// Se impugnó el crédito fiscal tomado en exceso en dd.jj. por comparación entre libros y dd.jj. de IVA para los períodos 01 a 12/2004 y 01/2005, permitiendo computar el [crédito fiscal] que surge de libros para el mes de 09/2003. /// Se incrementó el [débito fiscal] correspondiente a los períodos 01/2002 a 01/2005 determinados originalmente por aplicación de alícuotas erróneas.- /// Se incrementaron las retenciones conforme las que surgen de comprobantes y bases analizadas que no habían sido computadas en las ddjj originales.- (…) La determinación efectuada fue aceptada por el verificado presentando con fecha 30/08/2005, las dd.jj rectificativas correspondientes (…) Los saldos a favor del Organismo fueron ingresados mediante planes vigentes: RAFA hasta 10/2004 y RAFI para los meses posteriores”.
A través de la resolución de fecha 07/10/05 (v. fs. 20/21), el Jefe de la División Jurídica de la Dirección Regional la Plata resolvió instruir sumario al actor, en los términos de los artículos 45 y 46 de la Ley Nº 11.683, y le concedió el plazo de 15 días para que efectuara su defensa. Ello, en tanto de la fiscalización practicada resultaba que -en su carácter de responsable en el IVA- “ha incurrido en presentación de declaraciones juradas inexactas por cuanto, según surge del informe de los funcionarios actuantes, el 92% del ajuste en [los períodos fiscales 12/01, 01/02 al 12/02, 01/03 al 06/03 y 08/03] se debió a la impugnación del crédito fiscal computado atento no haberse dado cumplimiento, en cuanto a la forma de pago de dichas operaciones, con lo estipulado en la [Ley de Prevención de la Evasión Fiscal]. Por lo expuesto habría dejado de ingresar el impuesto resultante en su justa medida (…) conducta [que] estaría encuadrada en el artículo 45 de la [Ley Nº 11.683]”. Asimismo, señaló que “respecto de los períodos fiscales [12/01, 01/02 al 12/02, 01/03 al 08/03, 12/03, 01/04 al 12/04 y 01/05] ha defraudado al Fisco mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas por cuanto, según surge del informe de los funcionarios actuantes, el 8% del ajuste efectuado en los períodos [12/01, 01 al 12/02, 01 al 06/03 y 08/03] junto al 100% del ajuste en los restantes períodos se debió a la impugnación del crédito fiscal tomado en exceso y se incrementó el débito fiscal consignado originalmente con aplicación de alícuotas que no eran las correspondientes, todo ello según lo que surgía de los propios Libros del contribuyente”. A partir de ello, sostuvo que el actor “habría dejado de ingresar el impuesto resultante en su justa medida (…) conducta [que] estaría encuadrada, prima facie, en las prescripciones del art. 46 de la Ley Nº 11.683”, resultando también de aplicación las presunciones establecidas en el artículo 47 incisos a) y b) de la citada ley. A fojas 24/29 obra el descargo presentado por el actor.
Finalmente, por medio de la resolución de fecha 02/12/05 (impugnada en autos, v. fs. 31/41) el Jefe de la División Jurídica de la Dirección Regional la Plata aplicó al actor una multa de $ 22.146 (pesos veintidós mil ciento cuarenta y seis), correspondiente al 50% del 92% del IVA omitido por los períodos fiscales 12/01, 01/02 al 12/02, 01/03 al 06/03 y 08/03, reducido a un tercio conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Nº 11.683. Asimismo, le aplicó una multa de $ 58.684 (pesos cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro), correspondiente a dos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V veces del 8% del IVA omitido por los períodos 12/01, 01/02 al 12/02, 01/03 al 06/03 y 08/03; y el 100% del IVA omitido por los períodos 07/03, 12/03, 01/04 al 12/04 y 01/05 y reducido a un tercio conforme lo dispuesto en el artículo 49 de la citada ley.
Luego de recordar el sustento de las dos imputaciones oportunamente efectuadas, la administración señaló -en lo que aquí interesa- que “aún cuando los montos impugnados obedezcan a operaciones efectuadas efectivamente no correspondía que el encartado procediera a su cómputo por cuando es muy claro el artículo 2 de la [Ley de Prevención de la Evasión Fiscal] al sostener: ‘Los pagos que no sean efectuados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley tampoco serán computables como deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable, aun cuando éstos acreditaren la veracidad de las operaciones”. Agregó que “en el trámite del presente sumario no se afecta en manera alguna el principio de naturaleza constitucional del ‘non bis idem’ (sic.) ello en razón de que la [Ley de Prevención de la Evasión Fiscal] prohíbe el cómputo de los gastos efectuados que no sean cancelados por los medios allí contemplados mientras que en el presente se busca sancionar el hecho de que el contribuyente presentó sus declaraciones originales en forma inexacta ya que procedió al cómputo de tales gastos cuando, como ya se expresó, surgía con claridad que tal actuar no era adecuado a derecho”.
Además, recordó que “el ajuste practicado por los funcionarios actuantes fue conformado por el contribuyente quien procedió a rectificar en forma voluntaria sus declaraciones juradas por lo que mal puede sostenerse que se haya vulnerado su defensa en juicio”. Por otro lado, sostuvo que la materialidad de las conductas reprochadas quedó debidamente acreditada mediante la documentación que obra en el cuerpo de inspección y la declaración jurada rectificativa presentada por el sumariado. De este modo, concluyó que verificaban los extremos requeridos respecto de la conducta regulada por el artículo 45 de la mencionada ley. En otro sentido, con relación a las conductas a las que se le imputó defraudación (art. 46 de la mencionada ley), luego de recordar el valor de las declaraciones juradas y lo dispuesto en el artículo 47 incisos a) y b) del citado plexo normativo, sostuvo que la gravedad requerida por las disposiciones en estudio “se encuentra dada por el monto dejado de ingresar oportunamente, esto es, la suma de $ 88.026,16” y que “la conducta del encartado se adecua perfectamente a dichas prescripciones por cuanto el sumariado declaró un débito fiscal inferior al que surgía de sus Libros y un crédito fiscal superior al mismo”.
En este aspecto citó jurisprudencia relacionada con el dolo requerido por la figura imputada y destacó que “incumbía al sumariado aportar elementos de juicio tendientes a desvirtuar la imputación formulada, circunstancia que en las presente actuaciones no ha ocurrido”.
III.2.-Efectuada la reseña que antecede, a partir de lo expuesto es posible advertir que la resolución administrativa apelada aplicó dos sanciones diferentes en base a conductas claramente diferenciables. Por un lado, el ajuste practicado en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Nº 25.345 fue calificado como omisión en los términos establecidos por el artículo 45 de la Ley Nº 11.683, mientras que el crédito fiscal declarado en exceso fue tipificado como defraudación de acuerdo con lo prescripto en los artículos 46 y 47 incisos a) y b) de la esta última. En igual sentido, el actor en su recurso deducido ante la anterior instancia (v. fs. 14/23), planteó diferentes argumentos a fin de atacar los fundamentos expuestos por el Fisco Nacional en su resolución administrativa. En efecto, en relación con la conducta calificada de omisión, expuso que se vulneró el principio constitucional non bis in ídem, mientras que con respecto a la defraudación, su argumentación se orientó a cuestionar la ausencia de dolo.
No obstante ello, el Tribunal Fiscal de la Nación, de acuerdo con los fundamentos expuestos por la mayoría, no hizo mérito alguno de que se reprochaban dos conductas distintas tal como fue expuesto precedentemente, como así tampoco en los diferentes argumentos planteados por el recurrente. Al respecto, su argumentación se basó principalmente en que las sanciones establecidas se encontraban fundadas únicamente en el incumplimiento de la Ley Nº 25.345, para concluir de este modo que -en la presente causa- se había vulnerado el principio CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V constitucional de non bis in ídem, motivo por el cual revocó en su totalidad la resolución apelada.
Ahora bien, dicha conclusión se basó en una errónea valoración de los hechos de la causa, ya que -tal como se expuso anteriormente- ambos reproches se encontraban fundados en diferentes conductas, que eran plenamente diferenciables. Por lo tanto, el tribunal a quo ignoró la existencia de un doble reproche por parte de la Administración, incurriendo en un error en la apreciación de los elementos fácticos de la presente causa. Tal deficiencia priva al decisorio apelado de los efectos de un acto jurisdiccional válido. En efecto, dicha resolución no se adecua a la lógica de los antecedentes y del derecho aplicable, motivo por el cual resulta arbitraria, toda vez que incurrió en un error en la valoración de los hechos en que se fundaron las multas apeladas. En este sentido, cabe recordar que la doctrina de la arbitrariedad, tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, al exigirse que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa (Fallos: 311:948, 2402 y 2547, y sus citas, entre muchos otros), extremo que no se verifica en autos en virtud de lo antes señalado.
III.3.-A partir de lo expuesto, corresponde declarar la nulidad de la resolución apelada y devolver la presente causa al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se analicen los argumentos expuestos por el actor contra las sanciones impugnadas. Conforme al modo en que se debe resolver, de acuerdo con lo propuesto en el presente voto, deviene insustancial el tratamiento de los agravios referidos a la violación del principio constitucional de non bis in ídem y las costas del proceso. En relación con esto último, las costas deben ser soportadas en ambas instancias en el orden causado, ya que la solución aquí propuesta no se basó en los argumentos planteados por las partes ante esta Alzada (art. 68 segundo párrafo del CPCCN).
ASÍ VOTAMOS.-
En atención al resultado del Acuerdo que antecede, por mayoría SE
Declarar la nulidad de la resolución apelada y devolver las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se analicen los argumentos expuestos por el actor contra las sanciones impugnadas. Por ello, deviene insustancial el tratamiento de los agravios referidos a la violación del principio constitucional de non bis in ídem y las costas del proceso. Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (art. 68 segundo párrafo del CPCCN).-
Regístrese, notifíquese y devuélvanse.-
Pablo O. Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy (en disidencia)
Jorge Federico Alemany
Fin de la sentencia