Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2428/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar de oficio nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 482/495, por quebrantamiento de formas reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2428/21-TSJ Sentencia Nº: 753 Actor: CAPUZELLO JORGE ANDRES Demandada: SINOPEC ARGENTINA S.R.L Objeto: ACCIÓN DE REINSTALACIÓN Fecha: 12-06-2024 Texto: TOMO XXIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 753 FOLIO Nº 4590/4600 PROT. ELECT. TSS1 011 S.241
Río Gallegos, 12 de junio de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “CAPUZELLO JORGE ANDRES c/ SINOPEC ARGENTINA S.R.L s/ ACCIÓN DE REINSTALACIÓN”, Expte. Nº C-17.814/16 (C-2428/21-TSJ), venidos a estudio para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Eugenio Gómez Carrasco (cfr. fs. 503/513), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial (cfr. fs. 482/495), en cuanto rechazó los agravios de dicha parte y admitió los de la accionante. En consecuencia dispuso la reinstalación de Jorge Capuzzello a su puesto de trabajo, el pago de salarios caídos hasta el momento de la reinstalación, el pago de la indemnización establecida en los artículos 178 y 182 de la LCT, y la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, fijándola en el salario equivalente a 14 días de vacaciones, confirmando todo lo demás que fuera motivo de agravio (cfr. foja 494 vta.).- Por su parte, el fallo de Primera Instancia había hecho lugar parcialmente a la demanda promovida declarando la nulidad del despido formulado por la demandada el 11/12/2015 y la procedencia de los salarios caídos desde la fecha del despido hasta la sentencia de Primera Instancia rechazándola con relación a la pretensión de reinstalación, obligación de no hacer e indemnización por daño moral (cfr. fs. 440 vta./441).-
II. Contra la decisión de Segunda Instancia, la demandada interpone recurso de casación en los términos del artículos 2º y 3º inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- acusando quebrantamiento de forma, errónea aplicación de la ley y arbitrariedad (cfr. foja 503) solicitando se declare la nulidad de la sentencia con reenvío para el dictado de un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.-
Sostiene en su recurso que: “…este carril impugnativo… tiene por finalidad someter a juzgamiento una sentencia en la que se advierten errores graves e insalvables en la valoración de la prueba, que exceden de la mera discrepancia con respecto de la selección de los elementos de convicción y de las pautas de interpretación utilizadas en la labor axiológica por los Sres. Vocales de Cámara respecto de la prueba producida…” (cfr. foja 505 vta.).-
Agrega que: “…la presente impugnación estriba en la falta de subsunción correcta de los hechos y el derecho aplicable, sobre la base de una interpretación incongruente con la sana critica, que autorizan a tachar de arbitrario y absurdo el decisorio…” (cfr. foja 506).-
Añade que: “…la valoración del material probatorio incorporado al expediente de marras se ha realizado trasgrediendo todo marco de razonabilidad, por lo que el pronunciamiento en crisis deviene, por quebrantamiento de las formas establecidas por el ritual para el dictado de las sentencias, en un fallo abiertamente arbitrario como consecuencia de encontrarse basado en una fundamentación aparente que no da respuesta, en modo alguno, al planteo de esta parte y mucho menos se ajusta a los hechos y circunstancias comprobadas de la causa…” (cfr. foja 506 vta.).- Afirma que: “…el cuadro indiciario en el que se fundamenta el decisorio en embate se encuentra desvirtuado a partir de elementos indubitables colectados en autos, los cuales no ha sido debidamente analizados en la sentencia. El magistrado soslaya por completo abordar el análisis del material probatorio conducente que ha sido introducido en el proceso por la demandada con el objeto de desvirtuar la presunción del despido discriminatorio…” (cfr. foja 507).-
Manifiesta que: “En autos se ensaya una absurda valoración de las declaraciones testimoniales rendidas […] el cuadro indiciario aportado por el trabajador viene a resultar insuficiente para probar el pretenso acto discriminatorio a la luz de la sana critica…” (cfr. fs. 507vta./509).-
Concluye que: “…en cumplimiento a la carga probatoria que pesa sobre la empleadora, se han incorporado pruebas que en su conjunto han demostrado las verdaderas razones por la cuales se llevó a cabo la desvinculación laboral del actor, que obedecieron a una necesidad de organización operativa de la empresa demandada realizada en el marco del art. 66 LCT, elementos que han sido descartados de plano en el fallo, sin el menor análisis de su contenido, sin una explicación razonable, dando lugar a una sentencia arbitraria con fundamentos apriorísticos basados en gran parte en presunciones que van más allá de la aplicación del principio in dubio pro operario, de las que no se infiere una conclusión silogística ajustada a derecho.” (cfr. fs. 512 y vta.).- A fs. 516 y vta., la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto y en PE424072-2022 obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia, declarándolo bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de esta facultad solo la parte demandada (cfr. PE424943-2022).- El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo, dictamina, por las razones que esgrime y a las que nos remitimos en honor a la brevedad, afirmando que: “…el recurso de casación no debe prosperar.” (cfr. PE486996-2022).-
En PE503230-2022 se llaman autos para dictar sentencia y en PE918388-2023 pasan las presentes actuaciones a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la demandada, ésta se desarrolla en el ámbito de los carriles impugnativos previstos en los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto aduce quebrantamiento de forma, violación de la ley y arbitrariedad.-
Si bien los pronunciamientos de este Tribunal Superior de Justicia deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario provincial, constituye un requisito previo emanado de la función jurisdiccional, el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, ya que la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría ser confirmada (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 476, Folio 2583/2586).- En este marco, resulta imperioso advertir que -más allá de los planteos propuestos por la recurrente- del examen de las actuaciones se desprende que el procedimiento por el cual se llegó a la sentencia atacada adolece de vicios substanciales que la descalifican como acto jurisdiccional.-
Inicialmente cuadra precisar que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte resolutiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en sus fundamentos. Por lo tanto, no es sólo el imperio del tribunal ejercido específicamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento: estos dos aspectos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la decisión.-
El saber ordenado y el raciocinio correcto se logran con la observancia de ciertas reglas de la lógica por las que ha de regirse el pensamiento. Entre estas reglas, que no están consagradas expresamente por el legislador pero que integran el razonamiento jurídico, se encuentra el principio de no contradicción (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVI, Reg. 554, Folio 3128/3138, voto de la minoría), el que responde a un principio de racionalidad, que exige que no se niegue explícita o implícitamente en la conclusión, lo que se afirma en el desarrollo que antecede o viceversa (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XII, Reg. 414, Folio 2257/2260).- Así las cosas, fácil es colegir que: “La unicidad de la sentencia lleva aparejadas ciertas consecuencias, tales como que ella -para ser válida- debe con- figurar un todo coherente, en el que la decisión de mérito se apoye y se derive lógica- mente de los desarrollos que la preceden (resultandos y considerandos), pues si éstos apuntaran a una solución y luego mágicamente en el fallo el juez plasmara otra, la sentencia sería nula, por autocontradictoria…” (cfr. López Mesa, Marcelo J. -Di-rector- y Rosales Cuello, Ramiro -Coordinador-: “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires con leyes complementarias. Comentado y anotado con jurisprudencia”, 1ª ed., La Ley, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014, Tomo II, pág. 528).- Es a la luz de estos postulados que se advierte que la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones incurre en evidente contradicción al contrastarse la decisión que surge del voto de los Sres. Vocales que componen la mayoría con la parte resolutiva de la sentencia cuestionada.-
A fin de poner de manifiesto lo expuesto en el párrafo anterior, es preciso transcribir las partes pertinentes del fallo de Cámara.-
Como punto de partida debemos ponderar que el primer votante -quien conformó el voto minoritario- sostuvo: “…voto por el rechazo del primer agravio del actor que afectaría el derecho de contratar del empleador […] En un tercer agravio subsidiario, para el supuesto de no admitirse el reintegro al puesto de trabajo, solicita se aplique el criterio del (sic) minoría en el precedente ‘Alvarez’ ya referido y se sustituya el reintegro por una indemnización sustitutiva por aplicación analógica de los arts. 178 y 182 de la LCT de manera adicional a la indemnización del art. 245 de la LCT. Entiendo admisible el agravio que se adapta al voto minoritario del precedente ‘Alvarez’ de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el que expresara mi adhesión…” (cfr. fs. 490/491 vta.).- Por su parte, el voto mayoritario de los Dres.
Griselda Bard y Jorge Alonso expresa: “…Con respecto al tratamiento de los agravios de la parte actora disiento con mi colega preopinante en cuanto a que corresponde disponer la reinstalación al trabajador en caso de ser ello posible…concluyo que corresponde admitir la reinstalación de Jorge Andrés Capuzello a su puesto laboral…Entiendo que ambas consecuencias son incompatibles, -el reintegro o la percepción de una indemnización-, razón por la cual si el actor manifiesta que aún transcurridos aproximadamente seis -6- años, persiste su interés en retomar su puesto de trabajo…las sumas percibidas oportunamente como indemnización habrán de descontarse del monto a percibir por salarios caídos…” (cfr. fs. 492/493).- Esta última conclusión no se ve reflejada en la parte dispositiva del fallo toda vez que en dicha parcela se hace lugar -en forma conjunta- a la reinstalación del trabajador a su puesto de trabajo y al pago de la indemnización sustitutiva.
En concreto se resolvió: “…1º)…2º)…3º) En consecuencia modificar la sentencia disponiendo la reinstalación de Jorge Capuzello a su puesto de trabajo, a opción del actor, que deberá manifestar de conformidad con lo detallado en el considerando XII… y el pago de la indemnización establecida por los arts. 178 y 182 de la LCT…” (cfr. foja 494 vta.).- Este modo de decidir -reiteramos- encierra una contradicción insalvable, ya que por un lado los fundamentos de la mayoría esbozados en los considerandos hacen lugar a la reinstalación del operario considerando incompatible su procedencia con la indemnización sustitutiva otorgándole la opción al trabajador a manifestarse dentro de los diez (10) días de notificado mientras que, por el otro, la parte dispositiva del fallo -en su punto tercero- admite la reinstalación conforme los considerandos pero le adiciona a ello, en forma afirmativa la indemnización sustitutiva de manera conjunta.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que es descalificable como acto jurisdiccional el fallo que incurre en una evidente autocontradicción entre los considerandos y la parte dispositiva (Fallos 317:465) y que la existencia en el fallo de una contradicción tal que lo haga ininteligible importa ausencia de fundamentos e impone su anulación (Fallos 261:263).-
En esta línea de pensamiento, este Alto Cuerpo también ha considerado procedente el recurso de casación por quebrantamiento de forma en el supuesto de autocontradicción entre los considerandos y lo que se decide en la sentencia (cfr. Sentencia, Tomo XII, Reg. 414, Folio 2257/2260).-
La idea fuerza que permite al principio de contradicción anular una decisión judicial es que en un mismo proceso no puede aceptarse un determinado hecho o concepto jurídico y procurar una solución (consecuencia jurídica) que se sus- tente en lo contrario: la negación de ese mismo hecho o concepto (cfr. Molina Sando- val, Carlos A.: “Recurso de casación: Aspectos sustanciales, argumentales y procesa- les”, 1ª edición, Córdoba, Ed. Advocatus, 2016, pág. 88).-
En estas condiciones, el vicio indicado imposibilita a este Tribunal el conocimiento acabado del recurso extraordinario de casación interpuesto por la demandada, estando obligado a declarar la nulidad del fallo por quebrantamiento de las formas.-
IV. Otro aspecto que atenta contra la validez de la sentencia cuestionada es que Excma. Cámara de Apelaciones resuelve cuestiones que no han sido materia de debate por ante el Sr. Juez de grado.-
Si observamos las constancias de autos se puede apreciar que -al promover la demanda laboral- el Sr. Capuzello persigue la nulidad del despido sin causa; la reinstalación en el puesto de trabajo que ostentaba al momento del distracto; el pago de los salarios caídos desde el momento del despido hasta la fecha de la efectiva reincorporación, el resarcimiento por daño moral y finalmente solicita se ordene a la demandada abstenerse de obstaculizar cualquier forma el libre y pleno ejercicio del derecho constitucional y humano de peticionar y reclamar lo que estima en derecho (cfr. fs. 88 y vta., 94/95 y 410/430 vta.).- En la oportunidad procesal correspondiente, la accionada -tras las negativas de rigor- solicita el rechazo in totum de la demanda con costas, funda su postura y ofrece la prueba que hace a su derecho (cfr. fs. 146/161).-
Al resolver la contienda, el Sr. Juez de origen admitió parcialmente la demanda en lo que respecta a la declaración de nulidad del despido formulado por la empleadora y por el rubro salarios caídos, rechazándola en cuanto a la reinstalación, obligación de no hacer y daño moral con costas (cfr. 440 vta./441).-
Contra este pronunciamiento ambos litigantes interpusieron recurso de apelación.-
En su apelación -y en lo que aquí interesa- la parte actora incluye entre sus agravios uno con carácter subsidiario. Bajo dicho título solicita la procedencia de la indemnización establecida en los artículos 178 y 182 de la LCT en los siguientes términos: “…para el caso de que no prosperasen los agravios referidos a la reinstalación de mi mandante, pido a la Excma. Cámara que complete e integre la sanción de la nulidad del despido discriminatorio de autos de conformidad al criterio minoritario del fallo ‘Alvarez’ que el juzgador ha considerado aplicable…sustituyendo la reinstalación por una suma equivalente a la indemnización agravada del art. 182 LCT, declarando aplicable por analogía dicha norma y mandando pagar ese importe de manera adicional a la indemnización del 245 LCT y al resarcimiento de los daños y perjuicios…” (cfr. foja 457).- La demandada en cambio, -al hacer lo propio- dedujo argumentos relativos a la interpretación de la prueba producida (cfr. fs. 446/450).-
Recordemos que esta indemnización llamada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación “compensación adicional” o por la jurisprudencia “recargo por discriminación” (cfr. CNAT, SALA I “Risso, Carlos F. c/ Fate S.A.”, del 26-04-2010. Cita on line www.informacionlegal.com.ar TR LALEY 40050293) o “indemnización agravada” (cfr. TSJ La Pampa: “Gallo Silvina Noemí c/ Banco de La Pampa SEM s/ amparo laboral (cfr. www.microjuris.com.ar cita on line MJ-JU-M-110049-AR | MJJ110049) no había sido solicitada expresamente por el actor en su escrito de demanda y tampoco reclamada en la carta documento remitida el 15 de diciembre de 2015 en la que rechazaba el despido sin causa (cfr. foja 10) razón por la cual, la empleadora no pudo formular defensa alguna respecto a su procedencia o rechazo.- Si bien es cierto que en el libelo de inicio la actora pidió la aplicación del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Alvarez”, que trata el despido discriminatorio, la nulidad del mismo y la indemnización sustitutiva lo hizo solo con referencia a que se considere a la Ley Nº 23.592 aplicable a las relaciones de empleo privado y, puntualmente, para que se tenga presente las pautas allí descriptas con relación a la carga probatoria (cfr. foja 93 vta.), pero no manifestó y tampoco dio a entender que, además, solicitaba la aplicación de la compensación adicional que emanaba del voto minoritario de dicho antecedente.- Ahora bien, al momento de dictar sentencia el Tribunal de Alzada -tanto en su voto mayoritario como el minoritario- no solo dió tratamiento al agravio referido a la indemnización establecida en los artículos 178 y 182 de la LCT (cfr. foja 494 vta.) sino que además, en su parte dispositiva, resolvió su procedencia alterando flagrantemente los términos en que quedara trabada la relación procesal.-
Es que el fallo en crisis valora y decide circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo, superando el marco establecido por la relación procesal.-
Ante este panorama, cabe precisar que si bien los jueces laborales tienen la atribución de fallar ultra petita, les está vedada la posibilidad de resolver extra petita (“por fuera de lo pedido”), hipótesis que se configura cuando el sentenciante decide sobre lo que no está en juicio -materia de debate-, conteniendo el fallo algo distinto a lo que fue objeto de la pretensión y de la oposición (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XX, Reg. 684 Folio 3984/3991).-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho sobre este punto que el fallo judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos resulta incompatible con las garantías constitucionales de defensa y propiedad, y con el principio de congruencia toda vez que el juzgador no puede convertirse en intérprete de la voluntad implícita de una de las partes sin alterar, de tal modo, el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria (Fallos 342:1580 del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite).- Así lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que tiene dicho que “...el principio de congruencia se vincula -básicamente- con la forma en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las cuestiones sometidas a su decisión, teniendo en cuenta los términos en que quedó articulada la relación procesal, esto es, sin incurrir en omisiones o demasías decisorias.
El destino de dicha directriz es conducir el proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, imponiendo que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa (conf. causas L. 102.237, ‘Villate’, sent. del 5-IV-2013; L. 103.000, ‘Boyler’, sent. del 21-III-2012; L. 86.982, ‘Anaquin’, sent. del 10-VIII-2005; entre otros).” (cfr. “Baigorria José Antonio c/ Nidera S.A. s/ Diferencia en Indemnización”, causa LP L 116830 S, del 13/05/2015).- Sumado a ello se ha entendido que transgrede el principio de congruencia el fallo que se aparta del objeto del litigio determinado en la demanda y la contestación, comprometiendo la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal que debe primar en toda controversia judicial (cfr.
SCBA, Sum. “Fideicomiso Financiero y de Administración ‘Empresa Papelera Quilmes’ s/ Beneficio de Litigar Sin Gastos s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley”, causa LP A 74.632 S, del 23/09/2020; “Scaglia Ana María c/ IPS s/ Pretensión anulatoria s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, causa LP A 74.458 S, del 19/12/2018, entre otros).- En palabras de Elena I. Highton, la Alzada se encontraba limitada en su decisión por aquello que fue materia de la litis, de modo tal que las cuestiones no presentadas al Tribunal quedaban afuera del poder del juzgador, pues el límite lo constituye el thema decidendum propuesto por las partes en los escritos de constitución del proceso (cfr.
CNCiv., Sala F, 3/12/96, LL, 1997-B-806, DJ, 1997-3-576, aut. cit. y Aréan, Beatriz A.: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005, Tomo 3, pág. 479).- Lo expuesto, en definitiva, torna nula la sentencia de marras (cfr. artículo 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-). Dicha nulidad es absoluta y no es susceptible de convalidación, por lo que debe ser declarada aún de oficio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 581, Folio Nº 3318/3322).-
Asimismo, y como consecuencia de lo aquí resuelto, deviene abstracto el tratamiento de los planteos casatorios efectuados a fs. 503/513, debiendo advertirse que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el litigio.-
En consecuencia, corresponde declarar de oficio la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 482/495, por quebrantamiento de formas debiendo reenviarse las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda. Las costas se imponen por su orden, atento la forma en que se resuelve (cfr. art. 68, segundo párrafo del CPCyC, aplicable a los procesos laborales en virtud de la remisión contenida en el art. 121 de la Ley Nº 1444).- Por lo expuesto y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar de oficio nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 482/495, por quebrantamiento de formas reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1011S.241 Tomo: XXIII Sentencia: 753 Folio N°: 4596/4600 Secretaría: 1
Fin de la sentencia