Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8.441/24 Sentencia: Definitiva Actor: Car Jorge Luis Demandada: Estelar Resources S.A Objeto: Laboral Fecha: 22-05-2.024 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los 22 de mayo de 2024 se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos "CAR JORGE LUIS C/ ESTELAR RESOURCES S.A. S/ LABORAL", Expte. N° 1298/23, que tramita en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Puerto Deseado, que ingresara en esta instancia, bajo el Nº 8441/24. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard; Humberto E. Monelos y Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?. A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. En documento PE724802-2022 se presenta Jorge Luis Car con el patrocinio letrado de la Dra. Mariela Y. Caro, promueve demanda laboral contra Estelar Resources Limited S.A. solicitando la entrega de las certificaciones de trabajo y la indemnización correspondiente por el incumplimiento respectivo. Refiere que ingresó a la firma en el año 2017 y fue despedido en el año 2019 sin expresión de causa, que la demandada abonó la liquidación final pero no entregó la certificación del art. 80 de la LCT en debida forma. Señala que intimó a la empleadora para que se entregue la documentación y le entregaron una documentación sin los requisitos legales, ante lo cual realiza un reclamo en la Secretaría de Trabajo y en la audiencia de conciliación la representante de la empresa le entrega la certificación. Agrega que dicha documentación contendría errores pues se consigna que realizó servicios comunes cuando en realidad sostiene que realizaba servicios especiales. Ante la falta de entrega en forma correcta de la certificación inicia la presente demanda. -
II. En PE925396-2023 se deja constancia de la audiencia de conciliación entre las partes con resultado negativo. En PE925879-2023 se agrega la contestación de la demanda. La Abogada Rocío S. Marsicano en representación de ESTELAR RESOURCES LIMITED S.A, niega los hechos, reconoce la relación laboral, manifiesta que siempre el actor se encontró debidamente registrado y correcta su liquidación de haberes, y que nunca reclamó al respecto. Afirma que el reclamo carece de sustento, detalla las tareas que se realizan en la mina y su calificación, agrega que frente al despido se puso la documentación correspondiente a su disposición y ni siquiera el actor pasó a retirarla ni tuvo ningún inconveniente que se lo impidiera. Cita jurisprudencia. Sostiene que el reclamo es de mala fe, y que el actor deberá acreditar sus dichos. Ofrece prueba, funda en derecho, hace reserva del caso federal. - En documento PE955560-2023 se ordena la producción de prueba, finalizada la misma sólo la parte actora presenta alegato y en PE1287770-2024 se dicta sentencia que admite parcialmente la demanda haciendo lugar a la sanción económica por falta de entrega tempestiva del certificado de trabajo y rechaza el reclamo en cuanto al tipo de servicios prestados por el actor, impone las costas por su orden y difiere la regulación de honorarios.-
III. En documento PE1299290-2024 la parte demandada deduce recurso de apelación que le es concedido. En agravios la recurrente impugna la multa del art. 80 LCT. Señala que al ser desvinculado de la empresa, Jorge Luis Car fue informado que la liquidación y certificados se encontraban a su disposición. Aduce que el nombrado no menciona que haya intentado acercarse a retirar los certificados o que haya tenido algún inconveniente. Aclara que tal como sostiene el fallo el día 20 de noviembre de 2019 la empleadora pretendió entregar la documentación, y que los certificados en cuestión, se encuentran correctamente confeccionados y reflejan los datos reales del vínculo laboral. Insiste en que este reclamo persigue un fin pecuniario únicamente. Cita jurisprudencia. Sostiene que la prueba no fue debidamente valorada ya que la empresa no habría incumplido los recaudos del art. 80 LCT y su norma reglamentaria (Dec. 146/01).- En otro orden se agravia por no haberse determinado la remuneración que se utiliza como base de cálculo de la multa del art.80 de la LCT, solicitando se revoque en lo pertinente.
En otro apartado se agravia por la imposición de costas por su orden, sostiene que la demandada no ha causado ninguna costa y se vio obligada a defenderse de un reclamo infundado. Hace reserva del caso federal. -
En PE1319020-2024 el actor con patrocinio letrado contesta los agravios formulados. Señala que el hecho de poner a disposición los certificados laborales no es suficiente para considerar que se ha efectivizado la entrega, ya que se trata de una obligación del empleador y no del trabajador en ir a retirarlos. Reitera que intimó a su presentación y le enviaron por correo electrónico los certificados carente de los requisitos legales. Indica que lo llamaron para corroborar su domicilio y los certificados nunca llegaron, entiende que no tiene razón para ser él quien concurra a retirarlos a la base de la empresa, siendo un desempleado y que la demandada se encontraba en mejores condiciones para entregarlos. Recuerda que la Secretaría de Trabajo Provincial reconoció su derecho y se expidió a su favor. Recuerda que era supervisor de planta y manifiesta que se evalúe el tipo de trabajo que realizaba, ya que no era administrativo. En otro orden en cuanto a la cuantificación de la multa afirma que es el resultado de los tres (3) últimos recibos de haberes por lo que se encontraría bien liquidada. Reconoce que la tasa a aplicarse para la actualización debería de ser la tasa pasiva promedio del banco central.-
En respuesta al agravio sobre imposición de costas entiende que deberían ser soportadas por la demandada ya que su reclamo es legítimo y de buena fe. Hace reserva del caso federal.-
IV. Encontrándose la causa en estado de decidir habré de analizar el primer agravio formulado en cuanto a la procedencia de la indemnización por falta de entrega tempestiva de los certificados de trabajo.-
En atención a lo reclamado en el escrito de demanda Jorge Luis Car reclama la certificación de trabajo con la modificación de que se habría desempeñado en servicios especiales y además la indemnización por ello. La calificación por la cual entiende que el certificado extendido no se ajusta a la realidad no ha prosperado, pues la Jueza de grado sostuvo que el solicitante se desempeñaba en servicios comunes y el fallo en lo pertinente no fue recurrido por el actor.- En lo que respecta a la procedencia de la indemnización por la falta de entrega tempestiva de los certificados de remuneraciones y aportes. Se trata en éstos de verificar concretamente si la certificación en cuestión se entregó o se consignó tempestivamente o por el contrario fuera de los plazos previstos por la ley, en cuyo caso procedería la indemnización pretendida.-
En anteriores pronunciamientos con relación a la entrega de la certificación de servicios contemplada por el art. 80 de la LCT la suscripta ha decidido que "El artículo citado: “…impone al empleador cuando el contrato de trabajo se extingue por cualquier causa, el deber de entregar al trabajador un certificado de servicios que deberá contener el tiempo de prestación de servicios, la naturaleza de estos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social y calificación profesional obtenida" (confr. Grisolía, Julio Armando, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tº I, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2004, págs. 661/671). El artículo 45 de la ley 25345 agrega una indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador el último año de la relación o durante el tiempo de la prestación de servicios si este fuere menor, para el caso que el empleador no cumpliere con la entrega de las constancias o el certificado dentro de los dos días hábiles de efectuado el requerimiento en forma fehaciente...
En definitiva el plazo que tiene el empleador para entregar el certificado es de 30 días contados desde la disolución del vínculo y la indemnización es debida si el empleador no entrega los certificados vencido el plazo de dos días hábiles siguientes a la recepción de la notificación de la intimación, realizada luego de treinta días corridos de extinguido el contrato de trabajo (confr. Grisolía, Julio Armando, ob. cit., pág. 672/674)."(en autos SANCHEZ, JAIME SEBASTIAN C/ AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A. S/ LABORAL - COBRO DE PESOS”, Expte. Nº 14.109/10; T: XLI SENTENCIAS; REG. 2750, F. 38/45, 5-10-2018).- Es decir, para que proceda la indemnización a favor del trabajador, deben haber transcurrido 30 días corridos del distracto.
Seguidamente la norma requiere que se haya intimado en forma fehaciente requiriendo su entrega. La jueza de grado entiende que dicha intimación se encontraría formalizada. Disiento con la interpretación dada en la instancia de grado. El actor acompaña en su demanda documentación que acreditaría que envió una Carta documento el 11 de noviembre de 2019, y un informe de seguimiento del correo. Pero no se acreditó a lo largo del expediente que la parte demandada hubiera recibido dicha intimación. Tengo presente además que la propia demandada informa que está a disposición el certificado al momento de disponer el despido. Si bien esta conducta por sí podría resultar insuficiente, el actor no manifestó su imposibilidad de ir a retirarla o que se la envíen a su domicilio.
Sino que se observa que su conducta obedeció a lograr el cobro de la indemnización, ya que al momento de interponer la demanda tenía los certificados en cuestión, también de lo actuado en la Subsecretaría de trabajo que luce en PE-1143955-2023 se desprende que se le entregó los certificados al actor. Car insiste en que debe corregirse por la categoría consignada, pero ello fue desestimado judicialmente, por lo que cabe concluir que cobran total vigencia las certificaciones entregadas. Llegado este punto debo recordar el principio de buena fe que debe ser reinterpretado ante las conductas en conflictos como las que aquí nos trae y nos obliga a reflexionar entre lo ético y lo jurídico. “A partir de estas ideas, hemos sugerido que los jueces al evaluar la aplicación de la sanción del art. 80 de la LCT, con relación a la entrega de una constancia documentada de los depósitos previsionales, deberán merituar las particularidades del caso y las conductas de las partes dentro de los carriles de la buena fe contractual (arts. 62 y 63 y concordantes de la LCT).” (Revista de Derecho Laboral - Actualidad– Rubinzal- Culzoni año 2010-2 página 285).- En el particular, como se expresara supra, tengo en cuenta que los aportes y contribuciones se realizaron correctamente, siendo ello el fin primordial de la norma analizada, el empleador indicó desde el primer momento que estaban a disposición de Jorge Luis Car en sede de la empresa, que la intimación que acompaña Jorge Luis Car no contiene la constancia de recepción de la misma lo que impide el cómputo de los plazos legales y por lo tanto no se puede afirmar certeramente que se encontraran vencidos.
Sumado a ello tengo presente que al momento de absolver posiciones el actor reconoce como cierto que cuenta con su certificaciones laborales (PE-1062163-2023); la empresa adelantó tempestivamente por mail los certificados y solicitó indique el domicilio real del actor para hacerle llegar la documentación y éste no contestó. Se deja entrever que el único perjuicio que le podría ocasionar al actor era la diferencia en la calificación de las tareas que realizaba lo que fue desestimado en la instancia de grado y consentido por el actor que no recurrió el fallo. Tanto la ley laboral en su art. 11 como el Código Civil y Comercial en el art. 9 vedan el ejercicio abusivo de los derechos, entendiendo que la mera persecución en una causa judicial por el cobro de una multa en el contexto que aquí se detalla constituye una conducta abusiva por parte del actor que no debe contemplarse.
Por estas razones el agravio en este aspecto debe prosperar (conf. art. 80 de la LCT con modif. del art. 45 de la ley 25.345).-
V. Con relación al agravio sobre las costas entiendo que deben confirmar se las costas por su orden impuestas en la instancia de grado. Se razona de este modo ya que el actor entendió en todo tiempo que sus tareas eran especiales y no comunes como le fueron liquidados sus aportes y pudo creerse con derecho a la iniciación de este proceso. En esta instancia las costas habrán de ser soportadas por el actor ya que se resuelve conforme lo propuesto por la recurrente (arts. 68 y ss. CPCC por remisión de la ley 1444).-
VI. Resta observar que se ha llevado a cabo las audiencias y transcripto su contenido para ser posteriormente agregado al SIPED en formato de documento. Debe recordarse que desde el año 2016 se instrumentó por parte del Tribunal Superior de la Provincia la grabación de las audiencias por medios de videograbación, debiendo en lo sucesivo observarse dicha modalidad para la realización de las audiencias y su incorporación al expediente digital en la forma reglamentada.- Por lo aquí señalado entiendo que la sentencia es parcialmente justa y debe revocarse parcialmente.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VII. Por los mismos fundamentos comparto la solución brindada a los agravios, ya que no logró acreditarse la recepción de la intimación para entrega de los certificados y la conducta adoptada por las partes, y compartir los demás argumentos señalados.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA Dra. Griselda Bard dijo:
VIII. En mérito a lo expuesto en las cuestiones anteriores propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento 1º) Admitir parcialmente los agravios. 2°) Revocar el punto 1 de la sentencia de primera instancia y desestimar el reclamo correspondiente a la multa del art. 80 de la LCT. 3º) Desestimar el agravio con relación a la imposición de costas que se confirma lo decidido en la instancia de grado. 4º) Las costas en la instancia se imponen a la parte actora (art. 68 y 278 CPCC). 5º) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta que se encuentren regulados en la instancia de grado. 6º) Hacer saber la observación señalada en el considerando VI en cuanto a la forma de registrar las audiencias en el proceso. 7°) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
IX. Que coincido con la Dra. Bard por considerar justa la propuesta que formula. Adhiero pues a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 22 de mayo de dos mil veinticuatro.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.
2. Revocar el punto 1 de la sentencia de primera instancia y desestimar el reclamo correspondiente a la multa del art. 80 de la LCT.-
3. Desestimar el agravio con relación a la imposición de costas que se confirma lo decidido en la instancia de grado.
4. Las costas en la instancia se imponen a la parte actora (art. 68 y 278 CPCC).-
5. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta que se encuentren regulados en la instancia de grado.-
6. Hacer saber la observación señalada en el considerando VI en cuanto a la forma de registrar las audiencias en el proceso.
7. Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.
El Dr. Mario A. Albarrán no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes y constituir mayoría. - FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201017S.241 Tomo: C Sentencia: 3057 Folio Nº: 105/109 Secretaria: 1
Fin de la sentencia