Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 162.774
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI)
Hacer lugar al recurso de fs. 16/18 y revocar el proveído de fs. 15 con el alcance expuesto en los considerandos II) Sin costas, atento a la ausencia de controversia (art. 68 del CPC). III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la ley 8904). IV)
REGISTRADA BAJO EL Nº 76-S Fo. 395/8 Expte. Nº 162.774 Juzgado Civil y Comercial N°3 En la ciudad de Mar del Plata, a los 12 días del mes de abril de 2017 reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “CARABALLO, DORA C/ D´ARCHIVIO, MARIO S/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ª) ¿Es justo el proveído de fs. 15?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. En el proveído de fs. 15 el Sr. Juez a quo, ordenó el cumplimiento de la tasa y sobretasa de justicia, previo a dar curso a la ejecución.
II. Apeló la ejecutante a fs. 16/18, argumentando que los honorarios cuyo cobro se persigue fueron regulados por su labor desarrollada como perito psicóloga en los autos principales, por lo que en virtud del carácter alimentario que revisten, no correspondía el desembolso de la referida carga fiscal.
III. El recurso debe prosperar.
a. Como es sabido, el art. 58 del Decreto Ley 8904/77 dispone que los abogados que persiguen judicialmente el cobro de sus honorarios no están obligados a pagar la tasa de justicia (o cualquier otro gravamen fiscal): dicho emolumento se devenga a favor del fisco pero lo pagará -eventualmente- el deudor vencido, debiéndose incluir en la liquidación definitiva (art. cit). La doctrina y la jurisprudencia han esbozado muy sólidos argumentos para justificar la solución del legislador. Por ejemplo, se ha dicho que el fundamento de la norma radica en una equiparación del profesional al trabajador dado que éstos cuentan –tanto en leyes nacionales como provinciales- con el beneficio de litigar sin gastos de pleno derecho. Exigirle al abogado (en su calidad de trabajador) el desembolso de cargas fiscales para la ejecución de sus estipendios le estaría causando un segundo perjuicio, porque el primero ya lo ha sufrido con la falta de pago (Hitters, Juan M. – Cairo, Silvina, “Honorarios de abogados y procuradores...”, Buenos Aires: Lexis Nexis, 2007, pág. 668).
En esta misma línea argumental, expliqué en mi voto en la causa “Banco Provincia de Buenos Aires c/ Bertero, Juan Lorenzo y ot. s. Cobro” (Expte. 142.143, del 17/03/09, RSD-95) que más allá de las razones históricas que motivaron el distingo entre el salario del trabajador (físico, corporal) y el honorario del profesional (intelectual), en la actualidad no hay razón para aseverar tal distinción: no se puede sostener que solo el trabajo corporal corresponda un salario, mientras que para la tarea intelectual se reserve el honorario como un prestación exclusivamente graciable. En otras palabras, si bien el honorario se mantiene como una retribución de los trabajos por quienes ejercen profesiones liberales, se lo asemeja hoy, en su naturaleza, al salario, tendiente a compensar una labor realizada, donde el factor intelectual predomina sobre los actos materiales, y con un contenido sustancialmente alimentario (mi voto en la causa cit.).
Es sumamente razonable que el abogado que ha actuado como auxiliar de la justicia en el contexto de un proceso judicial (y cuyos emolumentos han sido determinados por el magistrado) pueda perseguir su cobro sin tener que abonar un gravamen fiscal que ahonde en el perjuicio que ya carga en sus espaldas: el propio incumplimiento del obligado al pago.
b. Ahora bien, tal como fuera afirmado por el a quo al momento de resolver el recurso de revocatoria interpuesto por el apelante (v. fs. 20, despacho del 16/12/2016), los peritos psicólogos no cuentan con una norma análoga a la reseñada, lo que puede llevar a considerar que -a la luz de lo dispuesto en los arts. 337 y 343 del Código Fiscal- si desean reclamar en justicia el pago de sus honorarios debe abonar previamente la tasa por servicios judiciales y su contribución (art. 337 y 343 del Código Fiscal –Ley 10.397- y 12 inc. “g” de la Ley 6716).
Sin embargo, diversas razones –que seguidamente detallaré– me llevan a realizar una interpretación distinta de las normas involucradas, permitiendo arribar a una solución favorable a los intereses del apelante. En primer lugar, no puedo dejar de advertir que la legislación fiscal brinda un tratamiento diferenciado a dos situaciones esencialmente idénticas. Tanto el perito como el abogado cuyos honorarios han sido regulados por resolución firme realizaron sus labores en el marco de un proceso judicial en calidad de auxiliares de la justicia (cada uno, de acuerdo a su función, coadyuvando al impulso, desarrollo y conclusión del pleito) y se hallan en la necesidad de acudir a la justicia para cobrar aquello que se les adeuda. Tal como ocurre con el abogado de parte, es injusto que el perito que ha desarrollado su trabajo en el proceso y no se le han pagados sus honorarios tenga que, además, desembolsar otra suma de dinero para el pago de una tasa por el servicio judicial al cual -muy a su pesar- debe acudir para percibir lo que le corresponde. Su crédito, al igual que el honorario del letrado, también se vincula con un desempeño profesional realizado en el proceso y tiene naturaleza alimentaria. De hecho, la situación del perito es incluso más gravosa, dado que debe acudir a un gasto complementario que el abogado no tiene: la asistencia legal obligatoria regulada en los arts. 92 de la Ley 5177 y 56 del Código de Procedimientos.
Así entonces, las mismas razones que justifican la existencia del art. 58 de la ley 8904/77 con relación a los abogados (y que he detallado, con cita de doctrina especializada) motivan su aplicación a los auxiliares de la justicia -no necesariamente letrados- que actuaron como peritos en procesos judiciales y que persiguen el cobro de sus honorarios. Reitero, se trata de dos profesionales que se encuentran en una situación sustancialmente idéntica: la falta de pago de una retribución de naturaleza alimentaria devengada en un proceso y cuantificada por resolución judicial firme.
Cabe recordar que una de las múltiples -y más primitivasmanifestaciones del postulado de la igualdad es el principio de no discriminación e igualdad de trato (art. 16 de la CN). En palabras de la Corte Suprema, «consiste en no establecer excepciones o provilegios que excluyan a unos, de lo que se conceda a otros en iguales circunstancias»; esta regla —apunta Roberto Saba— refleja la necesidad de que el Estado trate en forma igual a aquellas personas que se encuentran en igualdad de circunstancias (CSJN, Fallos, 16:118, 270:374, 318:1256, 322:2701, 329:304; el tema es abordado con admirable profundidad por el autor citado en «Igualdad, clases y clasificaciones: ¿Qué es lo sospechoso de las categorías sospechosas?» en "Teoría y Crítica del Derecho Constitucional" –Roberto Gargarella, coord.-, Buenos Aires: Abeledo, 2008, Perrot, t. II, pág. 695). Postulado éste que impregna todos los órganos del Estado, quien tiene la obligación de eliminar de su ordenamiento jurídico cualquier tipo de regulación discriminatoria y de combatir dichas prácticas (Corte IDH, Opinión Consultiva OC-18/03, «Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados», párrafos 88 y 100; arg. arts. 1.1, 2, 24 y 28 de la C.A.D.H.).
En el caso, no encuentro razones jurídicamente atendibles que pudieren justificar el trato desigual que el legislador ha tenido para con uno y otro auxiliar de la justicia en una situación que es, en lo relevante, exactamente la misma (art. 16 de la CN y 11 de la CPBA).
La interpretación que propongo no es novedosa. Hay precedentes jurisprudenciales en los que también se han aplicado las previsiones legales contempladas en el Decreto Ley 8904/77 en materia de intereses moratorios a profesionales de la medicina que actuaron como peritos de lista. Allí también se argumentó que la situación del perito y del abogado es idéntica y el principio de la igualdad ante la ley motiva a no dar un tratamiento disímil frente a circunstancias iguales (e.g., véase el fallo dictado por la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala Primera, en autos “Cuneo, María I. c. Seguros Bernardino Rivadavia Coop. L. s/ Incidente”, Expte. 69943, del 25/09/2012).
c. A lo dicho debo agregarle un argumento complementario, y que se vincula con el adecuado funcionamiento del servicio de administración de justicia.
En reiteradas ocasiones la Casación bonaerense, citando a Morello, ha dicho que «los jueces no pueden ser fugitivos de una realidad que se presenta objetivamente ante sus sentidos» (SCBA, causa 92.313 del 10/10/2007, c. 92112 del 20/08/08, c. 111.698 del 08/08/2012; Morello, Augusto M., "La Corte Suprema, piloto de tormentas", publicado en La Ley, Sup. Esp. La emergencia y el caso Massa 2007 (febrero), 91).
El sistema de Designaciones de Oficio de Profesionales Auxiliares de la Justicia regulado en el Acuerdo 2728/96 de la Suprema Corte provincial atraviesa una situación crítica, motivada por la tendencia decreciente en el número de inscriptos en los distintos fueros y especialidades.
Los datos que emergen del sistema informático del Organismo de Contralor (que tiene sede en este Tribunal) confirman esta percepción. Por ejemplo, en el año 2009 en la especialidad «Ingeniería mecánica» había veinticuatro profesionales inscriptos en el Departamento Judicial Mar del Plata, en tanto que en el último listado de 2017 solo se inscribieron diez ingenieros. En la especialidad de «Psicología clínica», en el año 2009 había ciento once inscriptos y el último listado de 2017 hubo una reducción de más del 40%, con solo cincuenta psicólogos anotados.
En otras materias la situación es aún más delicada. En la especialidad «Medicina - Psiquiatría y Psicología Médica» al año 2009 había un total de cinco médicos inscriptos en este Departamento Judicial; para el año 2010 solo cuatro quedaban en el listado; en el 2011 solo dos; en el 2013 uno; finalmente, desde el año 2014 y a la fecha no hay profesionales inscriptos en esta especialidad (muy requerida en los pleitos laborales y civiles). Idéntico resultado obtengo si analizo los listados correspondientes a «Medicina - Ortopedia y traumatología» (esencial para el fuero civil, comercial y laboral). En el año 2009 el número de inscriptos ascendía a diez; al año siguiente había solo siete. Para el año 2013 los inscriptos eran cinco, y al año siguiente quedaban dos. Finalmente, en 2015 solo un profesional se anotó y desde 2016 no hay médicos disponibles en esta especialidad.
La Suprema Corte bonaerense no ha sido ajena a esta situación. En la Resolución 1327/15 del 24/06/2015 se autorizó la reapertura excepcional de las inscripciones a los listados por diez días hábiles en todas las especialidades, y ello estuvo motivado en las preocupaciones que fueron transmitidas por el Presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Presidente del Colegio de Ingenieros de la Provincia, quienes al unísono advirtieron la reducción e insuficiencia de los profesionales inscriptos en los distintos fueros y especialidades. Agregó el Tribunal que «en algunos Departamentos Judiciales han quedado especialidades desiertas, debiendo recurrirse a las listas de inscriptos en departamentos aledaños» (v. res. cit.). Esta misma situación llevó a que dicho Tribunal, meses después, dictase el Acuerdo 3771/15 por medio del cual se modificó el art. 3 del Ac. 2728/96 permitiendo que los profesionales se inscriban en dos departamentos judiciales.
Las causas del desinterés de los profesionales para ingresar al sistema son múltiples y no es posible abordarlas aquí en profundidad. La experiencia de más de una década en la magistratura y el diálogo con distintos profesionales me han llevado a concluir que el sistema no genera incentivos económicos suficientes para atraer nuevos inscriptos. Los peritos suelen sopesar, entre muchas otras variables, a los tiempos y costos que insume la gestión tribunalicia, las demoras en obtener regulaciones de honorarios, la insuficiencia de la tasa de interés para recomponer el capital frente a la depreciación monetaria, la ausencia de adelantos o regulaciones provisorias y la mejor rentabilidad que obtienen con la actividad privada. Es evidente que esta ecuación, a la luz de la comparativa interanual del número de inscriptos, está arrojando un saldo negativo para los profesionales que optan por no incorporarse en los listados.
De suyo que los problemas en el funcionamiento del sistema de peritos de lista dificultan –y eventualmente impiden- el desarrollo regular de los procesos: la prueba pericial es esencial (y en algunos casos, determinante) para la solución de una amplia gama de controversias que se dirimen a diario en nuestros tribunales. Su producción muy difícilmente puede ser sustituida por otro medio probatorio. A ello se le suma el hecho de que las Asesorías Periciales Departamentales dependientes de la Suprema Corte no están en condiciones de asumir el caudal de trabajo que emerge de los pleitos que tramitan ante los distintos fueros (a modo de ejemplo, y en materia de restricción de la capacidad de ejercicio, véanse las Resoluciones n° 1303/12, 2389/12 y 2681/13 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires), motivo por el cual aquella acuciante situación termina por afectar directa y gravemente la calidad y eficacia del servicio de administración de justicia, en detrimento de los derechos de las personas que acuden a la jurisdicción y de los compromisos asumidos por el Estado Nacional a nivel regional y universal (arts. 8.1 y 28 de la C.A.D.H., 14.1 del P.I.D.C.y.P., 18 y 75.22 de la CN, 11 y 15 de la CPBA).
El punto es que, en este particular contexto, sumar una exigencia fiscal a los peritos que reclaman honorarios impagos, además de suponer un trato desigual frente a otros auxiliares de la justicia que actuaron en el proceso, poco y nada ayuda a superar las dificultades que el sistema atraviesa. Antes bien, es un costo complementario que se revela como una nueva razón para que los profesionales no se vean interesados en participar.
d. Por todo lo que llevo dicho, siendo necesario adoptar soluciones que no profundicen la situación reseñada y contribuyan -aun indirectamente- a un mejor y más eficiente servicio de justicia, y a los fines de no promover una interpretación de las leyes que cristalice un tratamiento desigual frente a circunstancias iguales, entiendo que corresponde extender excepcionalmente el marco de aplicación del art. 58 del Dec-Ley 8904/77 a los profesionales que actuaron en el proceso como peritos designados de oficio en los términos del Acuerdo 2728/96 de la SCBA, eximiéndolos en consecuencia del pago de la tasa de justicia –y su contribución; art. 12 inc. “g” de la Ley 6716– cuando persigue el cobro de los honorarios que se le hubieren regulado por auto judicial firme. Ello, claro está, sin perjuicio de incluir dichos conceptos en la liquidación definitiva a cargo del deudor.
Corresponde entonces, con el alcance reseñado, hacer lugar al recurso y revocar el proveído impugnado (arts. 8.1 y 28 de la C.A.D.H., 16, 18 y 75.22 de la CN, 11 y 15 de la CPBA, 337 del Código Fiscal y 12 inc. “g” de la Ley 6716).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Hacer lugar al recurso de fs. 16/18 y revocar el proveído de fs. 15 con el alcance expuesto en los considerandos, II) Sin costas, atento a la ausencia de controversia (art. 68 del CPC), III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la ley 8904)
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I)
Hacer lugar al recurso de fs. 16/18 y revocar el proveído de fs. 15 con el alcance expuesto en los considerandos II) Sin costas, atento a la ausencia de controversia (art. 68 del CPC). III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la ley 8904). IV) Regístrese y notifíquese personalmente o por cédula (art. 135, inc. 12 del CPC); cumplido, devuélvase.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU ALEXIS A. FERRAIRONE SECRETARIO
Fin de la sentencia