Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente los agravios de la parte actora debiendo adicionarse a la suma adeudada los intereses correspondientes a la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina.-
2Rechazar los restantes agravios del actor y del demandado y confirmar la sentencia en lo restante, manteniendo la condena de costas por su orden.-
3Regular los honorarios del Dr. Carlos G. Toledo Vargas como letrado apoderado del actor en un veinticinco por ciento (25%) de lo regulado en la instancia de grado y los correspondientes al Dr. Francisco B. Ojeda como letrado apoderado de la demandada en un veinticinco por ciento (25%) de lo regulado en la anterior instancia a la representación de la Municipalidad (arts. 13, 18, 19, 24 y concordantes de la ley 3330).-
4Por la instancia de grado deberá determinarse el monto de la tasa de justicia y realizar las gestiones correspondientes para el pago en la proporción que le corresponde a la parte actora en concepto de costas conforme lo dispuesto en el considerando VII.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8730 Sentencia: Definitiva Actor: Cárdenas Andrés Alejandro Demandada: Municipalidad de Pico Truncado Objeto: Cobro de Pesos Fecha: 03-04-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los tres días del mes de abril de dos mil veinticinco se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “CARDENAS, Andrés Alejandro c/ Municipalidad de Pico Truncado s/ cobro de pesos” Expte. Nº 19.974 del año 2018 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Pico Truncado, Secretaría Civil que ingresaron en la instancia bajo el Nº 8730. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Horacio M. J. Fernández para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que el Dr. Carlos Toledo Vargas en representación de Andrés Alejandro Cárdenas demanda a la Municipalidad de Pico Truncado por $ 16.964.330,03 o lo que en más o en menos surja de la prueba por daños y perjuicios y lucro cesante por la rescisión anticipada de los contratos de ejecución de obra, y pide se la condene con más los intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde la fecha de la interpelación hasta el efectivo pago. Dice que su representado resultó adjudicatario de la licitación pública Nº 010/17 y que se celebró el contrato de ejecución de obra para la construcción de un centro de actividades (NIDO) de 700 m2, de uso múltiple (actividades culturales, deportivas, educativas y talleres de oficio) contrato que se desarrolló con normalidad ejecutando la obra. Dice haber estado supervisado por un inspector de obra, que avanzó en lo contratado e incluso realizó obras en exceso por pedido de la demandada. Se refiere a la normalidad de la relación hasta que reclama el reintegro del fondo de garantía y de reparo que había reemplazado con un seguro de caución como estaba previsto en el pliego. Esta situación, especula, no cayó bien en la demandada y surgen conflictos que llevan al actor a reclamar por nota el reconocimiento de mayores costos. Dice que la obra en ese entonces había alcanzado un 75% y que el inspector sugiere avanzar para la terminación y que una vez finalizados los plazos de entrega el Municipio aplicaría las multas correspondientes. Explica que el Municipio tomó ello como una intimación y el 20/07/2018 rescindió el contrato de ejecución de obra invocando la causal de abandono lo que su parte rechazó por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Detalla los rubros reclamados agregando el fondo de reparo y un 20% en concepto de pérdidas de ganancia. Funda en derecho, acompaña documental y ofrece pruebas.
II. Que superado el tema de la incompetencia con la sentencia interlocutoria de fs. 101/102 y rechazada una cautelar de prohibición de innovar a fs. 104 se corre traslado de la demanda por el procedimiento del juicio ordinario. Con documentación que aporta (fs. 106/ 528) y escrito de fs. 529/551 se presenta el Sr. Carlos Omar Fernández quien representa a la demandada por su condición de Intendente Municipal, con el patrocinio de las Dras. Irene Carrizo y Fabiana Muñoz a contestar la acción.
Formula una serie de negativas y da su versión de los hechos y sostiene que con la acción se pretende el cobro de una suma antojadiza y desproporcionada que representa el valor de la obra ejecutada. Advierte sobre la temeridad del actor en la imprecisión de los hechos. Sostiene que ante el incumplimiento del contrato por vencimiento del plazo y abandono de la obra imputable al actor pese a la intimación que se efectuara se deberá ratificar la rescisión del contrato por culpa del actor. Invoca la procedencia de la rescisión en el art. 50 de la ley 13.064, el vencimiento del plazo en el art. 1.6.2. del pliego de condiciones generales y clausula 6ª del contrato de ejecución de obra, el abandono contemplado en el art. 43 y la potestad de la administración cuando las obras no se encuentran ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato. Explica que el fondo de garantía y reparo procede en los casos de recepciones parciales definitivas por la proporción de la fianza y la garantía de reparo. Hace hincapié en que de los certificados 9, 10 y 11 surge el estado de abandono. Impugna los rubros reclamados ofrece prueba y agrega documental. Funda en derecho.
III. Que la causa se abre a prueba produciéndose la obrante en autos de la que certifica la actuaria (ver PE 824.183/2023. Solo hace uso del derecho de alegar sobre el mérito de la prueba el actor con el memorial de PE957707/2023 con lo que queda la causa en estado de dictar el pronunciamiento que se encuentra en crisis.
La sentencia obra en PE 1359935/2023 y hace lugar parcialmente a la demanda promovida por Andrés Alejandro Cárdenas contra la Municipalidad de Pico Truncado a quien condena al pago de la suma correspondiente al fondo de reparo que deberá abonarse dentro de los diez días de que adquiera firmeza la presente (art. 50 y concordantes de la ley 13.064). Impone las costas por su orden y regula honorarios de los profesionales disponiendo se notifique y se registre.
El trabajo del magistrado no dejó satisfechos a las partes y ambas interpusieron recursos de apelación. El actor lo hizo en PE 1384889/2024 que le es concedido libremente y con efecto suspensivo por providencia simple en PE 854140/2024 que pone los autos a disposición para que el recurso se funde dentro de los diez días. La Municipalidad demandada hace lo propio, representada por el Dr. Francisco B. Ojeda, en PE 1384281/2024 recurso que también se concede libremente y con efecto suspensivo poniendo los autos para que la parte funde su apelación dentro de los diez días.
El Dr. Carlos G. Toledo Vargas, por la parte actora expresa agravios en PE 1440021/2024 de la que se corre traslado por diez días.
El Dr. Francisco B. Ojeda por la demandada contesta el traslado y al propio tiempo expresa agravios en PE1468716/2024 de los que se corre a su vez traslado al actor en PE894744/ 2024 quien contesta en PE1547813/2024 por medio de su apoderado y se los tiene por contestado en PE 944623/2024.
En PE1559600/2024 se avoca el Dr. Nieva Figueroa. Los autos se elevan con la certificación de estilo de PE 1534931/2024 y recibidos, en PE1642938/2024 se hace saber a las partes la integración y se dispone el pase de los autos a sentencia fijando el orden de estudio.
IV. Que la parte actora ataca la sentencia en cuanto entiende que hubo abandono de la obra; en cuanto no se le reconoce al contratista la diferencia entre el volumen de obra ejecutada y el consignado en el presupuesto y rechaza el reclamo de pérdida de ganancias imponiendo las costas por su orden.
Refiere antecedentes y aclara que si bien el Juez sostiene que no hubo presentaciones del actor en orden a la ejecución la obra y señala que de la documental de fs. 51/54 mediante nota reclamó el reconocimiento de mayores costos, que la obra había alcanzado el 72,35% conforme informe del inspector de obra a fs. 81 y lo que califica de sugerencia de avanzar hasta el final de obra y que el municipio aplicaría las multas correspondientes. Recuerda que sostuvo que esta sugerencia fue interpretada por el Intendente como intimación y por ello, mediante escritura Nº 127 de la escribana Daniela Vanesa Gerk, procedió a rescindir el contrato de ejecución de obra invocando la causal de abandono de la obra y posteriormente por escritura 141 intimó el pago de sumas de dinero. Respecto de la causal invocada sostiene que el plazo de realización de la obra era un plazo estimado y no perentorio haciendo referencia a una serie de imponderables de la construcción que atrasan el avance (que enumera) y que el intendente no tuvo en cuenta, atraso que tenía como sanción la aplicación de multas y jamás la rescisión. Se queja por falta de valoración de las pruebas (que enumera) que acreditarían que su representado se vio obligado a realizar obras en exceso a lo estipulado en la licitación o en el contrato de ejecución de obra y afirma que si su representado se hubiera ceñido al contrato “seguramente la obra hubiera estado terminada con mucha anterioridad”. Dice que ejecutar mayor cantidad de obras es lógico que insuma un mayor tiempo.
Se queja por cuanto entiende que no hubo abandono y razona que el avance surge de la diferencia entre la orden de servicio (72,65%) y la escritura pública que señala un avance de obra de 79,02% o sea un 6,37% más que, sostiene, ejecutó su mandante y que el magistrado no tuvo en cuenta.
Invoca la declaración testimonial de la arquitecta Knez a cargo de la dirección técnica o la testigo Herrera que declara que el intendente los echó. Se refiere a los adicionales y los faltantes señalados por el perito Julio Perujo para sostener que la demanda no acreditó el abandono de la obra.
Del informe del Ministerio del Interior quiere extraer que no hubo abandono de la obra sino que la empresa (su mandante) “no entregó los materiales a tiempo” y que sin embargo hubo un avance del 6,37%. Haca hincapié en la obra de la cancha de futbol sintético y otras indicadas en el punto 6 del informa pericial.
Deduce que al surgir que el Sr. Intendente señala que el actor debe retirar personal y herramientas indica con claridad que se estaba trabajando en la obra con presencia de personal de su mandante e insiste en que no hubo abandono y como indica la testigo Herrera fueron echados. Argumenta que las fotografías acompañadas a la escritura pública son prueba que la obra estaba prácticamente concluida y solo faltaban “terminaciones”. Por ello concluye que quedó demostrado que no existiera abandono y por ello cae el sustento fáctico del argumento del juez y se impone revocar la sentencia.
En otra línea impugnativa insiste en la falta de intimación previa. Recuerda haber sostenido que de parte del municipio sólo existió una sugerencia. Invoca el art. 1088 del CCyC que requiere una intimación previa por un plazo no inferior a 15 días como causales de rescisión si la contraria incurriere en incumplimiento grave. Dice que si bien figura el abandono de la obra, no figura la causal del vencimiento del plazo que no es automática por lo que entiende debe dirigirse al 1088 del CCyC. Sostiene que la ley de obras públicas provincial referida, en el art. 72 requiere la intimación previa. Hace mención que el punto 1.6.2. del pliego de la licitación que se refiere al plazo para el cumplimiento no especifica que al vencimiento se opera la rescisión del contrato y que debe estarse a la disposición del art. 1.6.7 contempla una prórroga enumerando los motivos y que en el punto 1.6.8 se contempla para el caso de demora la aplicación de las multas correspondientes pero, repite, jamás la rescisión.
Entiende que para él la única forma de intimación fehaciente es la carta documento, telegrama o inclusive la escritura pública y que el Intendente obvió este requisito. Por ello entiende equivocado el razonamiento del magistrado y la rescisión dispuesta carece de fundamento por no reunir los requisitos legales, resulta improcedente y carente de los recaudos elementales formales y por lo tanto de eficacia. Por ello sostiene equivocado el razonamiento del magistrado y dice que la rescisión del contrato carece de sustento jurídico por no reunir los recaudos legales y resulta improcedente. Expresa que el rechazo de los rubros reclamados, salvo el fondo de reparo, no resulta ajustado a derecho. En apoyo de esta expresión afirma estar acreditado que hubo un avance de obra aludiendo al avance del 6,37 que entiende la municipalidad ha reconocido en la escritura arriba referida.
Por ello entiende que se debe revocar la sentencia y mandar abonarlo con intereses y costas. Respecto de la desestimación del rubro obras ejecutadas de mas, critica que el magistrado sostenga que estaban incluidas en la oba principal y las enumera afirmando que implican un 26,67 en más de la obra original de la obra húmeda y lo cuantifica en la cantidad reclamada en la demanda. La obra del playón externo de adicional dice equivale a un 165,48% más y que asciende a la suma de $6.590.592 que se reclamó en la demanda. Ellas se encuentran incorporadas a la obra original, no pueden ser desconocidas y fueron ejecutadas en más de lo previsto en la contratación original y sostiene que se incorporaron al patrimonio municipal que se enriqueció a costa del actor.
Expresa que al requerir del actor la ejecución de esas obras la municipalidad debió acudir a otra licitación asignando la obra a otro contratista con el consecuente incremento de gastos por lo que considera justo se le reconozca al actor quien sufrió pérdidas económicas importantes. Recuerda que el actor reclamó el rubro pérdidas de ganancias afirmando que solo le quedaba efectuar las “terminaciones” para finalizar la obra y que ello equivale en porcentajes al 20,98% más o menos. Dice que ello queda acreditado con las fotografías anexas a la escritura pública acompañada y que a nadie se le ocurriría rescindir un contrato con tal avance de obra, restando solo terminaciones. Recuerda que sostuvo que impedirle terminar la obra faltando tan poco era una maniobra rayano con lo doloso para intentar perjudicar patromonialmente al actor y enriquecerse indebidamente el Municipio, lo que no debe ser tolerado.
Refiere que el Municipio no llamó a nueva licitación porque la obra se encontraba prácticamente terminada y lo tilda de maniobra del Sr. Intendente para impedir que su mandante pueda finalizar la obra y eludir el pago de la certificación por ese 20% y retener indebidamente el fondo de reparo y también pretender el cobro del seguro de caución. Razona que al ser incausada la rescisión corresponde revocar la sentencia y admitir los rubros referidos.
Se agravia por la aplicación de la tasa de interés establecida pidiendo se la revoque. Argumenta que ninguna de las partes solicitó la aplicación de la tasa pasiva y que la actora reclamó la condene al pago de la tasa activa del Banco de la Nación sin oposición de la contraria.
Le agravia la imposición de las costas por su orden solicitando se revoque imponiendo las costas a la demandada en ambas instancias por el principio objetivo de la derrota.
V. Que el apoderado de la demandada en un solo memorial de PE1468716/2024 expresa agravios para sostener su recurso y contesta los agravios de la parte actora.
Para fundar su apelación ataca la sentencia en cuanto condena el pago del fondo de reparo. Invoca los términos de las cláusulas 1.10.3 y 1.11.6 del pliego de condiciones generales que establece que el fondo de reparo quedará en poder del comitente hasta la recepción definitiva de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y reparaciones que fueran necesarios. Afirma, tras consideraciones sobre la resolución del contrato, e invocar el art. 51 de la ley 13.064 que la unidad ejecutoria tiene derecho a retener los fondos de reparo a resultas de la liquidación final de la obra. Aclara que la póliza de caución constituida por el actor (fs. 334) es sobre el anticipo financiero y no para garantizar la ejecución de la obra que hasta la fecha el actor no restituyo por lo que la unidad ejecutora está facultada a ejecutar la póliza. Recuerda que el fondo de reparo conforme cláusula 16 del contrato suscripto por las partes establece claramente que se reintegrará hasta la recepción definitiva de la obra lo que no ha ocurrido. Cita el art. 1256 del CCyC. Pide se revoque este punto de la sentencia. En la misma pieza contesta los agravios del actor. Respecto del plazo considera errado el argumento del actor toda vez que resulta un elemento esencial de ambas partes contratantes y transcribe la cláusula 1.6.2 de las condiciones generales y del contrato suscripto para sostener que de esos instrumentos se aprecia que el contratado se obligó a ejecutar la obra dentro del plazo convenido y no “dentro del plazo que más o menos pudiera realizarlo.” Transcribe también el art. 1256 del CCyC. Invoca también la cláusula 9 del contrato entre las partes donde contempla que la empresa invoque las causas de fuerza mayor para suspender o retardar la ejecución y el procedimiento a seguir para de ser aceptado se prorrogue el plazo de ejecución. Se refiere también a la cláusula 13º del contrato de ejecución de obra que faculta a la administración a rescindir el contrato en caso de incumplimientos graves. Por ello concluye que se consideró que la obra no se ejecutó en los plazos estipulados.
Con respecto del tema del abandono de la obra y la intimación previa explica que la decisión se tomó de las constancias de las certificaciones 3/18 y 4/18 y de las fotografías obrantes en autos de las que surge la falta de avance en la obra. Señala que respecto del NIDO los certificados 9, 10 y 11 registran cero avance de obra ratificado por los memorándum 091 y 306 del 15 y 27 de junio de 2018 y que el abandono de la obra es palmario, y la ausencia del operarios, materiales y tareas.
Hace hincapié en que la falta de intimación previa a que alude al actor con apoyo en el art. 1088 del CCyC opera en los casos de falta de regulación entre las partes. Por ello invoca la cláusula 13ª estableció la resolución expresa además de estar vencido el plazo y por ello establecido un plazo la mora se produce por el mero vencimiento.
Recuerda que en los contratos con la administración pública, forman parte del contrato el pliego de condiciones generales, el pliego de condiciones particulares, el pliego de condiciones técnicas y los libros de órdenes de servicio.
Hace notar que en la orden Nº 5 del 18 de abril de 2018 suscripta por la representante técnica intima a arbitrar los medios necesarios para el cumplimiento de los plazos de obra, orden que no fuera contestada ni impugnada por el actor y considera que cumple los recaudos pretendidos por el actor a pesar de que el plazo se encontraba vencido y la mora se produjo por el vencimiento del plazo.
Con relación a los agravios por el rechazo de los rubros indemnizatorios hace notar que establecida la resolución contractual operó por culpa de la contratada sin responsabilidad de la administración se derrumba la pretensión indemnizatoria de la parte actora. Afirma que el avance de obra y obras ejecutadas de más no cuentan con las certificaciones de servicio emitido por la administración.
Pide se haga lugar a su agravio revocando la sentencia en cuanto manda pagar la suma del fondo de reparo y se rechacen los agravios del actor.
VI. Que el actor en PE 1547813/2024 contesta los agravios de la demandada. Si bien es difícil en esta causa separar las cuestiones, se advierte que en el agravio de la demandada y en su traslado se hace referencia a la rescisión del contrato. Pero en lo que hace a la condena a abonar el fondo de reparo y el argumento de la demandada que tiene derecho a retener los fondos de reparo y el diferente objeto del seguro de caución es el único tema materia de traslado. No corresponde volver sobre la culpa del contratista o si existió abandono de la obra. Ello fue materia de agravios del actor contestados por la demandada y por ende no se puede volver sobre el tema al contestar este traslado, y constituye una réplica improcedente. Los eventuales daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado no han sido materia de juicio. Hecha esta aclaración e ingresando a los argumentos esgrimidos para contestar los agravios de la demandada observamos que el actor sostiene que la demandada no ha acreditado una incorrecta ejecución de la obra o trabajos a realizar, por lo que concluye que la obra se encuentra terminada y “recepcionada” (sic) por la municipalidad y por ello se debe reintegrar el fondo de reparo.
Argumenta que la demandada no produjo pruebas de los extremos invocados pudiéndolo hacer y que solo produjo prueba su parte. Afirma que la obra que quedaba no se pudo realizar precisamente porque la Municipalidad de Pico Truncado no lo permitió rescindiendo el contrato pretextando abandono de la obra cuando ello no había ocurrido. Dice que el agravio de la demandada no debe progresar insistiendo (fuera de oportunidad), que no hubo culpa del actor.
Pide el rechazo de los agravios de la parte demandada confirmando la sentencia de primera instancia con costas.
VII. Que antes de comenzar con el análisis de los agravios debo señalar que iniciado el beneficio de litigar sin gastos por el actor (expediente 19.973) se lo despacha el 3 de septiembre de 2019 al resolverse una cuestión de competencia en el principal (fs.9) sin que existiera actividad posterior en el expediente papel. En el expediente digital la siguiente actividad del actor es en junio de 2023, (después de casi cuatro años de inmovilidad), luego que el Juzgado lo intimara a proseguir su trámite en PE906995/2023. El apoderado del actor manifiesta interés en proseguirlo y activa el pedido de informes al Registro de la Propiedad Inmueble, a la Municipalidad de Pico Truncado y al Registro de la Propiedad Automotores los meses posteriores hasta el último movimiento el 12/7/23 en PE 607700/2023. Nunca se tuvo el informe del Gabinete Social. Pero de la producida se desprende que quien demanda tiene una propiedad en Rio Gallegos (matrícula N16343) y la propiedad de cinco automotores. Nunca se corrió traslado del pedido de beneficio a la demandada. Es decir la parte actora aprovechó, con su inactividad, el beneficio provisorio del art. 83 del CPCC para obtener, sin abonar la tasa de justicia correspondiente, la actividad jurisdiccional que requirió. Por los canales correspondientes se le deberá intimar que cumpla con las gestiones correspondientes para el pago de la tasa omitida con los intereses que correspondan, y se pondrá en conocimiento de la dirección de Auditoría y Control de Tasa de Justicia a sus efectos. Formulada esta digresión y a fin de aclarar el panorama planteado por los agravios de las partes adelanto que, por una cuestión de lógica, debo ingresar en primer término al tratamiento de los agravios expresados por la empeñosa representación del actor.
Uno de los puntos que se plantea y se debe aclarar en primer término es el alcance de la actuación del inspector de la obra de fs. 81. El actor le asigna el carácter de mera sugerencia y por ende que nunca ha sido intimado y pretende por ello que no pudo rescindirse el contrato. Esa actuación fotocopiada a fs. 81 del 18 de abril de 2018, dirigida al contratista y suscripta por la representante técnica, con referencia al avance de obra, es del siguiente tenor:
“Se solicita que arbitre los medios necesarios para cumplimentar los plazos de obra establecidos en tiempo y fecha, ya que hace (2) dos meses las certificaciones fueron de 0% (cero) y no se visualiza un avance notable de la misma, quedando un 27,35% aún para materializarla. Restando tan poco tiempo para la finalización de los plazos estipulados en la licitación, se considera que existen serias dificultades que aseguren la culminación de esta obra en tiempo y forma. Por ello y debido a esta situación que ha generado este importante atraso y con el incumplimiento observado por dicha empresa en los tiempos de ejecución, una vez finalizados los plazos de entrega de obra este municipio procederá a aplicar las multas correspondientes.” Se trataba de la orden de servicio Nº 5 suscripta por el director de Planeamiento, Estudios y Proyectos de la Municipalidad y firmada por la representante técnica de la empresa. No obstante ello la obra no concluyó y la Municipalidad en la constatación notarial realizada el 20 de julio por escritura y fotografías de fs.55/70 o copia acompañada al contestar la demanda a fs.365/380 comunica la resolución del contrato y con la escritura pública de fs. 71/72, diligencia que la escribana cumple conforme fs. 381/382 se intima el pago se sumas de dinero. Ello después de un plazo más que razonable para que el contratista finalizara la obra y de haber enumerado en la orden de servicio Nº6 los trabajos faltantes en los distintos locales (fs. 392/397) y vencido el plazo contractual 386 días computando 21 días adicionales de prorroga otorgados (fs. 355). No puede sostenerse seriamente que la orden de servicios Nº 5 se trató de una “sugerencia” y que la única forma de interpelación para hacerlo fehacientemente es la vía de la carta documento, del telegrama o inclusive escritura pública. ello está en contra de lo dispuesto en el punto 1.9.3 del pliego que regula las comunicaciones entre las partes. No estamos en un libro de “sugerencias” sino un libro de “ordenes” y ello aclara el alcance de lo consignado en la Orden de Servicio Nº 5.
Entendemos que estamos en un contrato administrativo regido, como establece la cláusula primera del contrato reiterando lo dispuesto en la cláusula 1.1.1. del pliego de condiciones generales, en cuanto a que forman las bases y condiciones las establecidas en la licitación pública Nº 010/17, las condiciones generales y especificaciones técnicas particulares, el Proyecto y las disposiciones que establece la ley Nº 760 de Contabilidad de la Provincia de Santa Cruz, su decreto reglamentario Nº 263/82 con sus respectivas modificaciones y las disposiciones establecidas en la ley Provincial de Obras Públicas (Ley 2743) y decreto reglamentario 2133/13. Ergo no se rige por las disposiciones del Código Civil y Comercial en lo que hace a la rescisión que en autos no se discute se haya operado.
Esta demanda tiene por objeto el cobro de una suma de dinero derivados de los daños y perjuicios y lucro cesante por la rescisión anticipada de los contratos de ejecución de obra (ver fs. 85) aunque se la pretende fundar en normas del CCyC. En lo que hace a la rescisión del contrato debemos atarnos a los términos del contrato, y no recurrir a la legislación civil. No obstante sí a fin de despejar dudas nos adentramos, vemos que se sostiene no haber incurrido en “abandono” de la obra en una interpretación muy subjetiva, pero lo cierto es que los tres últimos certificados indican un progreso de cero. Que queden en la obra dos serenos no aleja el concepto de abandono pues en la ejecución de la obra han pasado tres meses sin avanzar ni certificar ningún trabajo o sea en buen castellano se abandonaron las tareas a realizar y, no obstante la orden de servicio Nº 5, no se alcanzó llegar a la finalización.
La interpretación del actor pretende inmovilizar la obra pública estirando su plazo a voluntad del adjudicatario de ella. La orden de servicio Nº 5 ordenaba arbitre los medios necesarios para cumplimentar los plazos de obra establecidos en tiempo y fecha, ya que hace (2) dos meses las certificaciones fueron de 0% (cero) y no se visualiza un avance notable de la misma. Y la orden fue desoída y se pretexta ahora que esa orden fue una sugerencia. Lo concreto y real es que la obra no se terminó en el plazo estipulado. Las prórrogas son otorgadas por la Administración Pública, no tomadas por el contratista extendiendo el plazo y especulando con el pago de la multa. Por otro lado si tenemos en cuenta que conforme 1.6.9 b) la multa es del 1% (uno por ciento del monto original del contrato) diario, y que faltaba más del 20% de la obra, la multa absorbería el saldo del certificado lo que descarta que el actor estuviera en condiciones o con voluntad de realizarla para que su trabajo fuera destinado al pago de la multa.
Puede observarse el detalle de lo faltante en la obra detallado en la escritura de fs.367 in fine/368 realizada con la presencia de la Señorita Mariana Knez representante técnica que no la observó. Son los detalles de terminación los más importantes, lentos y caros como enseña la experiencia. Ellos requieren personal especializado para la instalación eléctrica, sistema de calefacción e instalación de calderas y artefactos, cielorrasos, artefactos sanitarios, griferías y su conexión, cloacas y pozo absorbente, revestimientos de muros, vidrios, pintura, carpintería metálica, cierres perimetrales iluminación, veredas, conforme el detalle de la escritura. Incluso para un profano la obra distaba de finalizar como se desprende de las fotografías incorporadas a la escritura pública del 20 de julio de 2018 (ver fs. 70 fotocopias no impugnadas y que se corresponde con las fotocopias 365/380 acompañadas por la demandada).
El Ingeniero Julio Eduardo Perujo en su pericia en PE 5921133/2022 establece como porcentaje de la obra certificada un 72,65% conforme ítems de fs. 421/423 plan de trabajos de fs. 425/428 y certificados rubricados por la inspección de obra. Corrobora de esta manera que la obra no se encontraba finalizada y restaba más de una cuarta parte a la fecha de la orden Nº 5 del libro de comunicaciones. A mi juicio el ataque contra la sentencia no demuestra, en este punto, cual es el error de la sentencia al considerar ajustado a derecho la rescisión del contrato. Por ello considero justa la sentencia en este aspecto. No se me escapa que se hace referencia a tareas posteriores pero ellas no están certificadas elemento probatorio indispensable en la obra pública ni representan un avance importante.
Ergo debe rechazarse el agravio que pretende su cobro sin certificación, toda vez que abonarlo sin certificación irrogaría responsabilidades ante el Tribunal de Cuentas.
Debemos recordar que el objeto de la demanda no ha sido dejar sin efecto la rescisión del contrato, sino una suma de dinero cuyo origen corresponde a daños y perjuicios y lucro cesante. No se reclamó dejar sin efecto la rescisión del contrato a fin de terminar la ejecución. Este agravio también debe ser rechazado.
Respecto de las obras ejecutadas de más es de señalar que el contrato de ejecución de obras con referencia a ésta cancha sólo contine una ADDENDA (en latín en el contrato, adenda en castellano) Nº 1 que se refiere a una cancha de césped sintético de 40 por 20 metros) ver fs. 719/720) que tampoco resultó finalizada. No hay constancias que se hubiera contratado un “playón”. Ergo no es admisible que se pretenda el pago con fundamento en un contrato de obra realizado por el sistema de AJUSTE ALZADO. A mayor abundamiento se señala que no se ha realizado en autos una pericia que permita detallar su descripción, sus características técnicas constructivas y su costo. Debe rechazarse el agravio. El argumento que ha sido más económico para la demandada hacer el actor la obra en lugar de “acudir a otra licitación y su asignación a otro contratista con el consecuente incremento de gastos” se trata de un capítulo no propuesto al juez de primera instancia (ni tampoco objeto de prueba) por ende vedado al conocimiento de este tribunal (art. 276 del CPCC). Dada la forma que se rescindió la contratación de obra, el reclamo de pérdidas de ganancias ha sido bien rechazado por la sentencia de grado. No se acreditó con prueba en autos si el haber continuado con la obra le hubiera reportado ganancias al actor. La obra venía con atraso y seguramente hubiera debido soportar multas sin perjuicio que a simple vista podemos advertir que los faltantes hubieran irrogado un costo que las hubiera disipado. Se afirma que no se ha llamado a licitación para terminar la obra, pero es solo una manifestación de un hecho no puesto a consideración del juez de grado ni que tampoco ha sido materia de prueba, sin descartar que pudo terminarla con personal propio. Respecto de la queja con relación a la tasa pasiva de interés que manda pagar es de hacer notar que el magistrado se ha ajustado a la doctrina legal establecida por nuestro Tribunal Superior de Justicia en los precedentes que cita por lo que debe rechazarse este agravio.
Ests solución no viola el principio de congruencia por cuanto la doctrina del Tribunal Superior de Justicia fue posterior al momento de la contestación de la demanda.
Antes del tratamiento del agravio relativo a las costas se debe ingresar al agravio de la parte demandada con relación a la condena a restituir el fondo de reparo. Desde ya adelanto que a mi juicio es justa la sentencia habida cuenta que implicaría un abuso por parte de la Municipalidad el retener ese fondo de Reparo que conforme la cláusula séptima del contrato se encuentra destinado a garantizar por un año la realización de todas las tareas necesarias que pudieran surgir como defectos de ejecución y sean expresamente indicados por la dirección de obra y la Inspección Técnica y que debía reintegrar en oportunidad de realizarse la recepción definitiva después de un año de la recepción provisoria no encontrándose la existencia de vicio oculto alguno. Ha pasado un tiempo más que suficiente para que la Municipalidad señalara por la dirección de obra y la inspección técnica señalen la existencia de vicios ocultos. El fondo de reparo no tiene por objeto garantizar la finalización de la obra. Se rechaza este agravio de la demandada.
Aclarado ello queda por señalar que dado este resultado resulta equitativa la forma que se impusieron las costas. Ello se deberá tener en cuenta al liquidar la tasa de justicia por cuanto la Municipalidad demandada ae encuentra eximida e integra las costas.
VIII. Que establecidas estas conclusiones respondo a la primera cuestión propuesta al Acuerdo en forma afirmativa por considerar que la sentencia en crisis es justa. Debe en consecuencia ser confirmada en cuanto fuera materia de agravios. Así lo voto y propongo al Acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
IX. Comparto los argumentos desplegados en el voto que antecede en cuanto a la solución principal del litigio y disiento en cuanto a la postura asumida con relación a la tasa de interés que habrá de considerarse.
Es propio recordar que el art. 768 del Código Civil y Comercial establece: “Intereses moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.” En éstos por ende, la situación debe encuadrarse dentro del inc. c) del art. 768 del Nuevo Código. Al respecto, puntualiza la doctrina que este inciso tiene alguna dificultad en su interpretación porque el Banco Central fija diferentes tasas y además existen dos tipos muy difundidos y cualificados como son la tasa pasiva que se utiliza para pagarles a los depositantes ahorristas y la tasa activa que los bancos cobran a los mutuarios. Por lo tanto, quedaría como tarea de los jueces, en ausencia de pacto o de la ley, la aplicación de la tasa de interés, siempre dentro del cuadro de tasas que publica el Banco Central de la República Argentina (RIVERA, Julio César – MEDINA, Graciela, “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Bueno Aires, La Ley, 2.014, Tomo III, pág. 97). Tengo presente al respecto las conclusiones de la comisión Nro. 2 de las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en la ciudad de Bahía Blanca en el año 2015, donde por unanimidad, se concluyó: “Es necesario que al determinar la tasa de interés moratoria se fije aquella que aliente el cumplimiento en tiempo propio por el deudor.” (jndcbahiablanca2015.com/). Esta discrecionalidad que se ha delegado en la función jurisdiccional debe adaptarse a la justicia del caso, debiendo procurarse que la reparación o resarcimiento sea integral, general o completo.
En el particular al interesar la demanda el actor reclama una suma de dinero más la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, por su parte el demandado niega en términos generales la deuda y en sus argumentos hace referencia a un interés pactado correspondientes a la tasa nominal anual vencida a treinta días fijados por el Banco Santa Cruz para los descuentos de documentos. Esta última postura si bien refiere que se encuentra en el pliego de condiciones no se acompañó en el expediente dentro de la documentación agregada. Es decir que los términos en quedó configurada esta contienda es ese. En ninguno de los escritos postulatorios se solicitó la aplicación de la tasa pasiva del BCRA ni se hizo referencia a la doctrina casatoria del Tribunal Superior de Justicia Provincial.
Si bien es conocida la postura del superior tribunal de la provincia, no puedo dejar de señalar que "...la congruencia en el principio de defensa en juicio, al referir el límite que tiene la judicatura de no introducir sorpresivamente alegaciones o cuestiones de hecho de manera que las partes no puedan ejercer su plena y opotuna defensa. Por ello la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa es ineludible exigencia de cumplimiento de principios sustanciales del juicio concernientes a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del Juez." ( Arazi, Roland-Rojas, Jorge A. "Código procesal civil y comercial de la Nación, com. y conc." T. 1, conf. pag. 168, Ed.
Rubinzal Culzoni- 2014). Estas ideas se encuentran además íntegramente entrelazadas con el principio dispositivo que rigen en nuestra legislación procesal. Estos postulados exigen ser mesurados en esta instancia y me inclino por adoptar el uso de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina sobre la deuda aquí determinada. Debo señalar que dicha tasa es la que pidió la parte y la contraria nada dijo, y además postuló la aplicación de una tasa aún más gravosa a sus intereses, y que no se encuentra entre las fijadas por la reglamentación del Banco Central (conf. art. 768 inc. c) Código civil y comercial), resulta ser un caso entre particulares -cumplimiento de un contrato- donde no existen principios de orden público en juego, siendo de especial importancia en el caso los usos y costumbres en la materia lo que guarda relación con el postulado consignado en los arts. 1 y 2 del CCC; siendo además una solución acorde a los principios dispositivo y de congruencia que deben respetarse.
Por ello considero parcialmente justa la sentencia y adhiero parcialmente al voto que antecede con la disidencia señalada de la tasa de interés.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernandez dijo:
X. Coincido con la postura asumida por la Dra. Griselda Bard con relación a la tasa de interés y adhiero a su voto en ese punto por compartir sus fundamentos.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XI. Que en función de las consideraciones expuestas en mi voto al responder a la primera cuestión en estudio propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios vertidos por ambos recurrentes y en consecuencia confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios, manteniendo la condena de costas por su orden. 2º) Regular el honorario del Dr. Carlos G. Toledo Vargas como letrado apoderado del actor en un veinticinco por ciento (25%) de lo regulado en la instancia de grado y el correspondiente al Dr. Francisco B. Ojeda como letrado apoderado de la demandada en un veinticinco por ciento (25%) de lo regulado en la anterior instancia a la representación de la Municipalidad. (arts. 13, 18, 19, 24 y concordantes de la ley 3330). 3º) Por los canales correspondientes se le deberá intimar al actor que cumpla con las gestiones correspondientes para el pago de la tasa omitida en la proporción que le corresponde por las costas con los intereses que correspondan, y se pondrá en conocimiento de la dirección de Auditoría y Control de Tasa de Justicia a sus efectos, como se indica en la primera parte del considerando VII. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XII. En atención a las consideraciones expuestas en mi voto al responder a la primera cuestión en estudio propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir parcialmente los agravios de la parte actora debiendo adicionarse a la suma adeudada los intereses correspondientes a la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina. 2°) Rechazar los restantes agravios del actor y del demandado y confirmar la sentencia en lo restante, manteniendo la condena de costas por su orden. 3º) Regular los honorarios del Dr. Carlos G. Toledo Vargas como letrado apoderado del actor en un veinticinco por ciento (25%) de lo regulado en la instancia de grado y los correspondientes al Dr. Francisco B. Ojeda como letrado apoderado de la demandada en un veinticinco por ciento (25%) de lo regulado en la anterior instancia a la representación de la Municipalidad. (arts. 13, 18, 19, 24 y concordantes de la ley 3330). 4º) Por la instancia de grado deberá determinarse el monto de la tasa de justicia y realizar las gestiones correspondientes para el pago en la proporción que le corresponde a la parte actora en concepto de costas conforme lo dispuesto en el considerando VII. 5º) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernandez dijo:
XIII. En virtud de lo debatido en el Acuerdo y decidido en la primera cuestión, considero que la propuesta formulada por la Dra. Bard resulta justa y equitativa. Adhiero a su voto.-
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 03 de abril de dos mil veinticinco.
Y
La deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, por mayoría:
1. Admitir parcialmente los agravios de la parte actora debiendo adicionarse a la suma adeudada los intereses correspondientes a la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina.-
2. Rechazar los restantes agravios del actor y del demandado y confirmar la sentencia en lo restante, manteniendo la condena de costas por su orden.-
3. Regular los honorarios del Dr. Carlos G. Toledo Vargas como letrado apoderado del actor en un veinticinco por ciento (25%) de lo regulado en la instancia de grado y los correspondientes al Dr. Francisco B. Ojeda como letrado apoderado de la demandada en un veinticinco por ciento (25%) de lo regulado en la anterior instancia a la representación de la Municipalidad (arts. 13, 18, 19, 24 y concordantes de la ley 3330).-
4. Por la instancia de grado deberá determinarse el monto de la tasa de justicia y realizar las gestiones correspondientes para el pago en la proporción que le corresponde a la parte actora en concepto de costas conforme lo dispuesto en el considerando VII.-
5. Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. Rechazar los agravios vertidos por ambos recurrentes y en consecuencia confirmar la sentencia en todo cuanta fuera materia de agravios, manteniendo la condena de costas por su orden. - Fdo.- Griselda I. Bard, Jueza de Cámara- Presidenta; Humberto Eduardo Monelos- Juez de Cámara; Horacio Fernández- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201014S.251 Tomo: CII Sentencia: 3110 Folio Nº: 073/084 Secretaria: 1
Fin de la sentencia