Abriendo la norma
Tribunal de Casación
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación interpuesta por el Defensor Oficial de Eduardo Ignacio Cardozo, Dr. Marcelo Rodríguez Jordán, y la Defensora Particular de Cristian Ariel Ferreyra, Dra. Flavia Karina Beatriz Astray (Causa N° 86.955).
II. Declarar inadmisible la acción de revisión interpuesta, con costas (Causa N° 91.506).
43 III.- confirmar, en orden a los fundamentos expuestos, la sentencia dictada en las causas en las que fue condenado Eduardo Ignacio Cardozo como autor penalmente responsable de los delitos de atentado a la autoridad agravado por el uso de armas, abuso de armas criminis causa y daño agravado en concurso ideal y resistencia a la autoridad, en concurso real, cometidos el 29 de septiembre de 2014, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre (causa nro. 3252); robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puedo acreditarse y daño, en concurso real, cometidos el 14 de junio de 2014, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre (causa nro. 3251) y coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cometido el 8 de septiembre de 2014, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre (causa nro. 3250); todos en concurso real, Y CASAR EN EL MONTO DE LA PENA de 34 años impuesta con REENVÍO para que un Tribunal integrado con Jueces hábiles dicte un nuevo fallo de acuerdo a los parámetros indicados. …
1 "Registrado bajo el Nro. 506 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 9 de mayo de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo Maidana y Víctor Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 86955 caratulada “CARDOZO EDUARDO IGNACIO S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR DEFENSOR OFICIAL // FERREYRA CRISTIAN ARIEL S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR DEFENSOR PARTICULAR” y su acumulada Causa N° 91506 caratulada "CARDOZO EDUARDO IGNACIO S/ ACCION DE REVISION", conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - VIOLINI.
El 7 de junio del año 2017, los Jueces del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 7 del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Eduardo E. Lavenia, Alberto Gaig y María Coelho, condenaron a Eduardo Ignacio Cardozo a la pena de treinta y cuatro años (34) años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable de los delitos de atentado a la autoridad agravado por el uso de armas, abuso de armas criminis causa y daño agravado en concurso ideal y resistencia a la 2 autoridad, en concurso real, cometidos el 29 de septiembre de 2014, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre; robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse y daño, en concurso real, cometidos el 14 de junio de 2014, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre y coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cometido el 8 de septiembre de 2014, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre; todos en concurso real. Asimismo condenaron a Cristian Ariel Ferreyra a la pena de treinta y cinco años (35) años de prisión como autor de los delitos de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y amenazas gravadas por el uso de arma de fuego, en concurso real, cometidos el día 20 de marzo de 2012, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre; tenencia ilegal de arma de guerra, del 9 de mayo 2014 en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre, y coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, el 8 de septiembre de 2014, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre; todos en concurso real. Arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 42, 44, 45, 54, 55, 79, 105 en función de los art. 104, 80 inc. 7, 149 bis, 166 inc. 2 "in fine", 183, 184, inc. 5, 238 inc. 1 en función del art. 237 y 239 del Código Penal y artículos 371, 375, 530 c.c. y s.s. del C.P.P.).
Contra dicha resolución, el Defensor Oficial de Eduardo Ignacio Cardozo, Dr. Marcelo Rodríguez Jordán, y la Defensora Particular de 3 Cristian Ariel Ferreyra, Dra. Flavia Karina Beatriz Astray, interpusieron los recursos de casación obrantes a fs. 110/118 y 119/125vta., respectivamente. Asimismo en el incidente nro. 91506, que corre por cuerda, la Defensora Particular designada por Eduardo Ignacio Cardozo, Dra. Nancy Lilian Casen, interpuso acción de revisión en los términos del art. 467 inc. 4° del CPP y ofreció prueba testimonial.
Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Son admisibles los recursos de casación interpuestos?
Segunda: ¿Es admisible la acción de revisión presentada en favor de Eduardo Ignacio Cardozo?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Habiendo sido interpuestos los recursos por quienes se encuentran legitimados, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo en materia criminal, se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 4 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP) entiendo que resultan admisibles los recursos de casación deducidos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA
A la primera cuestión el señor Juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la primera cuestión el señor Juez doctor Violini dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el señor Juez doctor Maidana dijo:
La acción de revisión presentada por la Defensora Particular de Eduado Ignacio Cardozo (incidente nro. 91506) es inadmisible pues no fue interpuesta contra una sentencia firme(art. 467 c.c. y s.s del C.P.P.).
En la presentación realiza cuestionamientos sobre la autoría penalmente responsable de su defendido en el hecho que tuvo lugar el 8 de septiembre del año 2014 (individualizado con el n° 3250), los que 5 serán abordados al tratar idéntico motivo de agravio planteado por el Defensor Oficial -que interviniera con anterioridad- en el recurso de casación.
VOTO POR LA NEGATIVA
A la segunda cuestión el señor Juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el señor Juez doctor Violini dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la tercera cuestión el señor Juez doctor Maidana dijo:
Sostiene el Defensor Oficial de Cardozo que, habiendo representado también al coimputado Ferreyra en el juicio, si bien la nulidad que propició sólo lo involucra a él, corresponde anular todo el debate, lo que beneficiaría también a su defendido Cardozo, que la Fiscal amplió la requisitoria inicial luego de cerrado el período de prueba, violando el artículo 359 del C.P.P., que se afectó el debido proceso y el derecho de defensa en juicio pues le impidió proceder según lo establece la ley. No pudo solicitar la 6 declaración de Ferreyra para aclarar sobre el punto ni nada nuevo se había agregado en la tramitación, tampoco pudo citar a juicio a la víctima, que el abuso de armas se cambió por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por lo que aun siendo el mismo hecho agrava la situación procesal de su defendido si no se le permite defender, por lo que solicita que se declare la nulidad de todo el juicio.
Reitera asimismo -en el hecho del 14/6/14, causa N° 3251- que se excluya el reconocimiento en rueda de personas de Eduardo Fabián Cardozo pues no se respetó la vestimenta (llevaba gorra y capucha), que el planteo no es extemporáneo como resolviera el tribunal porque en el debate se actualizó cuando el testigo fue interrogado por el Fiscal al respecto, que aun habiendo sido realizado frente a un defensor, la defensa en juicio debe ser eficaz, motivo por el que reclama la absolución por el hecho. De igual forma reclama la absolución de su defendido Cardozo por el hecho del 29/9/2014 -causa nro. 3252- porque sólo está la versión policial confrontada con el relato del encausado quien lo negó, que su hermano fue sobreseído por inimputable, no es claro qué conducta realizó cada uno, no hay secuestro de arma alguna, no hay ningún tercero para dilucidar ni dirimir las distintas versiones por lo que invoca el principio de la duda para reclamar la absolución.
Idéntica respuesta solicita en la causa seguida por el homicidio de Adrián Simari del 8/9/2014 -causa nro. 3250- pues Eduardo Ignacio Cardozo negó haber participado, 7 ubicándose en otro lugar, lo que fue corroborado por 2 testigos, que en caso de no considerar verdadera la coartada se debió considerar el falso testimonio, lo que priva de coherencia al fallo y lo convierte en arbitrario, que en el vehículo involucrado no existen rastros que acrediten la presencia de su defendido en el lugar y con el mismo énfasis fue imputado el menor Alejandro Agustín Ferreyra quien fue absuelto. El Defensor Oficial también cuestiona la pena por desproporcionada, que el Fiscal pidió en total 36 años por los hechos en los que fue condenado y los 2 homicidios en grado de tentativa en los que fue absuelto, preguntándose cómo estimó el Tribunal la pena de prisión, con qué parámetros, que en la propuesta de juicio abreviado la Fiscal solicitó 15 años de prisión.
Concluye reclamando que se revoque la condena de Eduardo Ignacio Cardozo, por la nulidad de la ampliación de la acusación o por la escasez probatoria, y se proceda a su absolución.
La Defensora Particular de Cristian Ariel Ferreyra, Dra. Flavia Karina Beatriz Astray, reclama la nulidad parcial de la acusación y exclusión probatoria, porque la Fiscalía amplió el requerimiento de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 359 del CPP pese a que la prueba ya había culminado, alegando que no han cambiado los hechos sino la calificación legal, que se violó la defensa en juicio pues se introdujo un hecho diferente con distintas circunstancias. Luego de efectuar referencias al juicio 8 abreviado, el exceso ritual manifiesto y el planteo de cuestiones federales - sin ninguna correlación con la causa-, cuestiona que en el expediente en el que se le sigue por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra motivo de un robo en un frigorífico, estando en la casa con su concubina, encontraron un arma 9 mm cargada con dos cargadores más proyectiles en condiciones inmediatas de uso y con aptitud, debajo de la cama de su hijo, que es excesivo, arbitrario y discrecional sancionar a alguien por la proximidad. Mas adelante reitera el cuestionamiento sobre la ampliación de la acusación, efectúa consideraciones sobre los actos de los que se vio privado su defendido y hace reserva del caso federal. También objeta la Defensora Particular el monto de la pena impuesta, pues la Fiscal requirió la pena de 35 años que, al ser absuelto su defendido por la tentativa de homicidio de Maldonado y Schivindt, debió tener injerencia en el monto de la pena. Culmina su presentación solicitando se haga lugar a la casación invocada y se tenga presente la reserva del caso federal.
El Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, a fs. 144/148, sostiene el recurso y se remite a las razones en las que se fundamentan los 4 agravios individualizados por el Defensor Oficial. Indica que la pena impuesta es arbitraria, cruel, desproporcionada y hubo ejercicio de una discrecionalidad manifiesta, que Eduardo Ignacio Cardozo tenía 21 años al momento de su detención, se le impuso la pena de 9 34 años de prisión por los delitos que señala, que se consideró como agravantes la "nocturnidad" y la "pluralidad de intervinientes" en la causa del homicidio simple agravado por la comisión con arma de fuego y agrega el antecedente condenatorio. Que no se computó como atenuante la juventud del imputado -21 años- que revela una inmadurez propia que representa un menor ámbito de autodeterminación por lo que, previa invocación del art. 41 inc. 2 del C.P., solicita se case el defecto de aplicación de la ley.
Señala que las agravantes invocadas no pueden explicar una pena que es más elevada que la contemplada por el Estatuto de Roma para los más graves crímenes contra la humanidad, que el principio de razonabilidad de cualquier estado de derecho y el deber de los órganos del estado de dar razones del ejercicio del poder limitan la discrecionalidad, se vinculan con la magnitud del injusto reprochado y la finalidad resocializadora de la pena. Que la proporcionalidad se afecta porque el mínimo de la escala es de 10 años y 8 meses y se lo ha excedido en 23 años con sólo computar las tres agravantes que mencionara, importa una pena equivalente a la prevista para el genocidio por el Estatuto de Roma. Que además la proporcionalidad apreciada desde la obligación estatal de utilizar las penas para resocializar al condenado se vulnera porque la respuesta punitiva es una pena neutralizante.
Invoca en sustento del reclamo fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que refieren la obligación de justificar la imposición de una pena de efectivo cumplimiento: 10 "Squilario, Adrián" y "García, José Martín". Solicita que se le imponga una pena que se aproxime al mínimo del concurso real de 10 años y 8 meses de prisión, que no exceda de 15 años de prisión, tomando en cuenta la pena pedida por la Fiscal al proponer la celebración del juicio abreviado, que si bien su intervención en el juicio oral no está condicionada por el requerimiento anterior, es arbitraria la actuación posterior, al sumar el Fiscal 21 y el Tribunal 19 años a la que se había estimado suficiente con anterioridad, obliga a recoger dicha expectativa punitiva para no dejar la nueva pena a un monto que disminuya arbitrariamente la pena en revisión.
Indica como beneficio de la solución lograr desaconsejar el uso de las penas impuestas en los juicios orales como extorsivo del instituto del juicio abreviado, que acoger el límite de la pretensión punitiva, luego de descartar por irracional y desproporcionada la recaída sobre Cardozo, tendrá el efecto de espantar posibles brujas que surquen el firmamento del debido proceso, por lo que concluye solicitando que se haga lugar el recurso de casación intentado.
El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Fernando Luis Galán, por los argumentos que desarrolla a fs. 155/158, solicita se rechacen los recursos interpuestos por sus respectivas Defensas en favor de Eduardo Ignacio Cardozo y Cristian Ariel Ferreyra, que la Fiscal de juicio no formuló una ampliación de la acusación en los términos del art. 359 del CPP sino 11 que se limitó a postular en su alegato una calificación legal diversa pero ajustada a la plataforma fáctica por la que venía acusado, realiza consideraciones sobre el principio de congruencia, cita jurisprudencia del Tribunal de Casación y destaca que sólo se refiere al hecho por el que fuera condenado Cardozo, sin perjuicio que, de prosperar el reclamo, el resto del resolutorio permanece incólume.
Indica que la exclusión pretendida del reconocimiento en rueda es extemporáneo, fue realizado previa notificación a la defensa y la pretensión de que todos los integrantes de la rueda tengan vestimenta análoga excede la razonable interpretación. El cuestionamiento que las Defensas realizan de la valoración de la prueba constituye una interpretación que efectúan sobre el valor de los elementos y no son más que una reedición de los argumentos utilizados en los alegatos. Con respecto a la causa del 29/9/2014, afirma que la materialidad y la autoría se sostienen con los elementos que cita. Con relación a la causa del 8/9/2014 invoca la directa sindicación efectuada por Walter Alberto Maldonado, testigo presencial, quien expresó además que la víctima Simari le manifestó que eran ellos los que le habían disparado.
En la causa del 14/6/2014 el fallo se construye razonablemente con los testimonios de los oficiales de policía intervinientes y el testigo civil. Indica que el tribunal de juicio encontró, en la inmediación, creíbles a los testigos. Finalmente, frente a las objeciones que las Defensas hicieran de la pena impuesta, sostiene que no explicitan 12 concretamente los fundamentos de por qué la valoración de agravantes y atenuantes es contraria a derecho, que el órgano juzgador afirmó la concurrencia de dos atenuantes respecto a Cristian Ariel Ferreyra (falta de antecedentes y buen concepto) y varias agravantes (pluralidad de intervinientes y nocturnidad) en la causa del 29/9/2014, la intimidación de testigos en la causa del 20/3/2014, respecto de Ferreyra y los antecedentes condenatorios de Cardozo, por lo que la pena impuesta no parece irrazonable ni desproporcionada, para concluír solicitando que se rechacen los recursos interpuestos.
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación. Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo 13 porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitado de tal modo los motivos de agravio consignados por los impugnantes, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, "Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación", sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, "Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación", sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, "Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación", sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
El Tribunal Oral en lo Criminal nro. 7 de San Isidro tuvo por acreditado:
Causa N° 3.254: Que el día 20 de marzo de 2012, siendo aproximadamente las 13:00 horas, frente al domicilio de la calle Sarmiento 2.804 de la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre, con 14 motivo de una disputa verbal entre vecinos, irrumpió en forma violenta, el llamado Cristian Ariel Ferreyra, apodado "Racu", provisto de dos armas de fuego, y efectuó sendos disparos con una de las armas que portaba, al vecino Juan Carlos Campo, apodado "chanchi", con claras intenciones de quitarle la vida, no logrando su cometido por causas ajenas a su voluntad, al tiempo que profirió amenazas con las arma que portaba a los vecinos Jorge Matías Romero y Sara Irene Anchava.
Causa N° 3.253: Que el día 9 de mayo de 2014, siendo aproximadamente las 05:10 horas, con motivo del allanamiento dispuesto por el señor Juez a cargo del Juzgado de Garantías N° 6 Departamental, doctor Nicolás Ceballos, y llevarse a cabo el registro domiciliario de la finca ubicada en la calle Sarmiento s/nro., entre Elizalde y Bibiloni, de la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre, habitado por el aquí juzgado Cristian Ariel Ferreyra, apodado "racu", se procedió al secuestro de la pistola marca Browning´s, calibre 9mm, fabricación nacional, con numeración suprimida, la cual se encontraba cargada, con siete proyectiles: uno en la recámara y seis en el cargador, todos del mismo calibre, que se hallaba oculta por una frazada en una silla para niños de madera de color verde, la cual era detentada por el interfecto, sin la debida autorización legal.
Causa 3252: Que el día 29 de septiembre de 2014, siendo aproximadamente las 12:00 horas, en circunstancias en que personal 15 policial de la Zona 30, dotación compuesta por el Oficial de Policía Néstor More y el teniente 1°, Carlos Silva, se hallaban recorriendo la mentada jurisdicción policial, perteneciente a la localidad de Ricardo Rojas, partido de tigre, en prevención y represión de delitos, fueron advertidos por un transeúnte, que dos sujetos del sexo masculino, provistos de armas de fuego, uno de ellos vestido con remera amarilla, identificado posteriormente como el aquí juzgado, Eduardo Ignacio Cardozo, apodado "pechu", intentaron sustraerle sus pertenencias; por lo que llegados a la intersección de las calles Elizalde entre Cardenal Fagnano y Sarmiento, de la mencionada localidad, constataron la presencia de dos personas que respondían a las características aportadas, quien al advertir la presencia del patrullero y sin mediar orden alguna impartida por los funcionarios de la ley, en especial el interfecto Cardozo efectuó sendos disparos que impactaron en la carrocería del vehículo, en esa circunstancia el Oficial de Policía Néstor More, inició la persecución de los malvivientes, al tiempo que arribó un móvil de apoyo.
Es así que se agregan a dicha acción persecutoria, el Subteniente Damián Romero y el Sargento Germán Fernández, internándose en la villa de emergencia conocida como Km. 38, logrando la aprehensión de Cardozo, que en este segundo tramo, resistió el accionar policial mediante golpes de puño que recibió el Sargento Fernández y mordisco en la mano al Subteniente Romero, a quien hizo trastabillar y perder el control de la 16 escopeta que portaba, la cual se precipitó al suelo. Pese a las acciones mencionadas el personal policial logró finalmente la detención de Cardozo. Causa N° 3251: Que el día 14 de junio de 2014, siendo aproximadamente las 08:30 horas, Hirschfeld y Orlando Javier Obregón efectuaban tareas de extensión de cable de fibra óptica sobre la calle José Ingenieros entre Marcos Sastre Colectora Panamericana Este, de la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre, fueron sorprendidos por el aquí juzgado Eduardo Ignacio Cardozo, apodado "pechu", provisto de un revólver, cuya aptitud para el disparo no puedo acreditarse, despojó a los nombrados de sus pertenencias y dinero en efectivo, como así también de un aparato GPS, marca Garmín, modelo 30, y telefonía celular pertenciente a la empresa "ibercom Multicom", al tiempo que redujo a un vecino del barrio, que transitaba a bordo de una bicicleta, obligándolo a arrojarse al suelo junto a las víctimas nombradas, luego de lo cual, en el curso de su accionar delictivo, el activo valiéndose de la culata del revólver que portaba, procedió a destruir el vidrio parabrisas del automotor marca Renault, modelo Master, dominio MUQ-920, propiedad de la contratista, y en clara actitud intimidante profirió la frase "a quién se llevaría", para darse posteriormente a la fuga.
Causa N° 3.250: Que el día 8 de septiembre de 2014, siendo aproximadamente las 00:30 horas, los aquí juzgados Cristian Ariel Ferreyra, apodado "Racu", Eduardo Ignacio Cardozo, apodado "pechu", 17 circulaban a bordo de un automóvil VW, modelo Surán, Color gris, dominio GVC-869, propiedad de un pariente de Ferreyra, y en esas circunstancias arribaron al domicilio de la calle Richeri N° 2924, de la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre, y en clara coautoría funcional y división de tareas, descienden del mismo arma en mano, efectuando disparos en dirección a donde se encontraba Adrián Leonardo Simari, quien resulta alcanzado por los mismos, luego de lo cual el mencionado "Racu" Ferreyra, acorraló al nombrado Simari, efectuándole al menos otro disparo más, que le produjo su deceso.
Con relación al recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial, Dr. Marcelo Rodríguez Jordán, en favor de Eduardo Ignacio Cardozo, corresponde señalar:
Las irregularidades que señala respecto de la ampliación de la requisitoria Fiscal se refieren al encausado Ferreyra (causa N° 3254), por un hecho distinto al atribuido a su defendido Cardozo (del día 20 de marzo del año 2012), por lo que la pretensión de nulidad de todo el juicio que beneficiaría también a su defendido deviene manifiestamente improcedente, sin que se advierta tampoco alguna fundamentación que explique de qué modo aquél vicio puede generar la consecuencia reclamada.
18 La mayoría de los planteos efectuados en el recurso son una reedición de los realizados en la instancia pero desechados con acabados fundamentos, sin que ahora logren contrarrestar con su crítica la conclusión a la que arribara el A Quo, al encontrar a Eduardo Ignacio Cardozo como autor y coautor de los injustos atribuídos (cfr. fs. 69/72). La motivación o expresión de agravios es el razonamiento de censura que el impugnante formula contra la resolución atacada, sea para destruir las premisas y conclusiones de ella o para demostrar su ilegalidad y, por tanto, debe ser clara, precisa y específica (cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. V: La Actividad Procesal, Bs. As., EDIAR, 1966, ps. 468/469); de este modo, si el impugnante omitió formular una crítica concreta e idónea contra los argumentos desarrollados en la sentencia que impugna, el recurso deviene ineficaz para alterar la decisión adoptada.
Con respecto al cuestionamiento que efectúa en el recurso, de la utilización como prueba de la diligencia de reconocimiento en rueda de personas efectuado en la causa iniciada por el hecho del 14/6/14 (causa nro. 3251), es una exacta reiteración de lo que manifestara en el debate (fs. 58/vta.), sin analizar la respuesta que el Tribunal diera al planteo, circunstancia que la inhabilita para poner en crisis la decisión. 19 En efecto, más allá del perjuicio que le pudiera irrogar la valoración del acto, la pretensión de su revocación mediante el reexamen es ineficaz por estar desprovisto de fundamento que ponga en evidencia el punto de vista que represente el razonamiento de la injusticia.
La invalidación pretendida a partir de la circunstancia de que en la diligencia no se respetó la vestimenta (llevaba gorra y Capucha), si bien corresponde que sea tratada en las oportunidades indicada en los artículos 205 inciso 1, 338 inciso 2 y 356 c.c. y s.s. del C.P.P., no sólo fue suficientemente respondida por el Tribunal -fs. 65/66-, sino que deviene también improcedente.
El reconocimiento en rueda de personas constituye un medio de prueba subsumible en la declaración de testigos, del que resulta accesorio o dependiente porque se vale de la información de personas, es decir que se trata de uno los medios de prueba personales.
Cuando en el proceso abierto alguien ha mencionado concretamente acerca de otra persona que necesita ser individualizada, pues no son suficientes las señas que el informante conoce y expresa, para saber quién es el individuo al que se refiere, se ordena el reconocimiento por parte de quien proporcionó la información.
20 La ley procesal penal regula el acto y la forma de llevarlo a cabo, con particular detalle pues se procura rodear de ciertas garantías la individualización del imputado.
El artículo 259 del C.P.P. impone, entre distintas exigencias, que se realice con otras tres o más personas de condiciones exteriores semejantes, por lo que la circunstancia de no haberse utilizado la misma vestimenta en el acto -gorra y capucha-, no sólo que no se trata de una disposición legal expresa sino que la pretensión deviene irrazonable pues la identificación tiene por objeto corroborar la señas personales que indicara el informante en su testimonio y no las vestimentas, lo que pone de manifiesto la inconsecuencia del planteo.
Con relación a la absolución reclamada por el hecho del 29/9/2014 (Causa N° 3.252) porque sólo está la versión policial confrontada con el relato del encausado quien lo negó, no puede soslayarse, de acuerdo a lo indicado con anterioridad, que no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo.
En el caso, los Jueces utilizaron los testimonios de Damián Mauricio Romero, Amado Germán Fernández, Néstor Ricardo More y Carlos David Silva quienes, siendo funcionarios policiales, dieron un relato directo y conteste sobre los sucedido, el que fue corroborado por el examen 21 de visu, las tomas de fotografía y los precarios médicos de fs. 18, 29, 22 y 24 que ilustran sobre los daños producidos en los móviles policiales e informan sobre las lesiones por aquéllos padecidas.
Con ello, la simple reedición de los argumentos utilizados en su alegato, no constituye un razonamiento de censura contra la resolución atacada, sea para destruir las premisas y conclusiones de ella o para demostrar su ilegalidad, tal como se indicara, por lo que no cabe más que dar por reproducidos los fundamentos utilizados por el Tribunal, el que dio cuenta de la valoración que hiciera de los testimonios de los funcionarios policiales al encontrar corroboración con los vestigios materiales que indica, los daños y las lesiones.
La circunstancia que el hermano del encausado fue sobreseído por inimputable no guarda relación con su intervención, pues los testimonios valorados (fs. 69/70vta.), en forma directa, dan cuenta con detalle la actividad que desplegara Cardozo, la falta de secuestro del arma no constituye un obstáculo teniendo en cuenta que fueron comprobados los impactos de los proyectiles de arma de fuego en el móvil policial (fs. 70 vta. y 91) y la invocación de la duda -respecto de cuyo planteo ya se expidiera el Tribunal a fs. 91vta.-, deviene improcedente, pues los elementos de convicción colectados se exhiben coherentes y contundentes, habiendo 22 efectuado el Tribunal un correcto razonamiento probatorio atento la evidencia disponible.
Lo expuesto conlleva a confirmar lo resuelto sobre dicha base, sin que del análisis formulado exista lugar para la invocación del principio in dubio pro reo, pues la duda, en tanto repercusión de la garantía de inocencia como posición del juez respecto de la verdad -frustrada- no sólo no surge de los fundamentos que el magistrado expusiera sino tampoco del planteo efectuado por la defensa (v. TCP, de esta Sala, c. n° 77.026, "Sáez Cofre Guillermo Eduardo s/ Recurso de Casación", sent. del 08 de noviembre de 2016, reg. 953/16; Sala VI, c. 55.295, "El Bueno, Humberto Gabino ó Del Bueno, Humberto Gabino s/ Rec. de casación", sent. del 30 de mayo de 2013, reg. 186/13, entre muchos otros).
Con respecto a las objeciones que efectúa por la condena dictada en el hecho de homicidio del que fuera víctima Adrián Simari ocurrido del 8/9/2014 (causa nro. 3250), tal como ocurriera con el anterior, el Defensor Oficial pretende la revisión de todo aquello que exclusivamente está reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral y cancelar así el principio de publicidad. En efecto, aun cuando Eduardo Ignacio Cardozo haya negado haber participado en él, al indicar que se encontraba en otro lugar y que hayan dos personas que lo atestigüen, no existe en el recurso ninguna 23 argumentación para contrastar la fundamentación hecha por el A-Quo a fs. 92/93 del descrédito que le mereció la coartada, analizando las declaraciones de Paola Carolina Cardozo y de Eduardo Javier Arregin, sin que la falta de valoración signifique irrevocablemente que los deponentes hayan cometido el delito de falso testimonio.
En contra de lo pretendido por el Defensor Oficial, la utilización que el Tribunal hiciera de los testimonios de Juan Marcos Zaracho, Guillermo Schvindt y Walter Alberto Maldonado para imputar el homicidio de Adrián Leonardo Simari a fs. 92/93 pone en evidencia una correcta evaluación de la totalidad de los elementos disponibles. Por último, la circunstancia señalada en el recurso, que en el vehículo utilizado no existan rastros que acrediten la presencia de su defendido, no obsta que concurran otros medios de prueba -individualizados en la sentencia- que permiten establecer el extremo.
La absolución que pudiera haberse dictado en otro proceso respecto del menor Alejandro Agustín Ferreyra, según lo indica el Defensor Oficial, nada tiene que ver con el objeto de autos -en el que se analiza la situación de Cardozo- ni permite observar que tenga vinculación con la prueba de cargo antes evaluada.
Finalmente el reclamo hecho en el recurso con relación a la pena dictada, habrá de ser acogido.
24 En efecto, Eduardo Ignacio Cardozo fue condenado a la pena de treinta y cuatro años (34) años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable de los delitos de atentado a la autoridad agravado por el uso de armas, abuso de armas criminis causa y daño agravado en concurso ideal y resistencia a la autoridad, en concurso real, cometidos el 29 de septiembre de 2014, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre; robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puedo acreditarse y daño, en concurso real, cometidos el 14 de junio de 2014, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre y coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cometido el 8 de septiembre de 2014, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre; todos en concurso real. No se indicaron atenuantes - fs. 94vta.- y como agravantes la condena que registra y en la causa N°3250, en el que fuera víctima Simari, la pluralidad de intervinientes y al ser cometido a altas horas de la noche.
El sistema general de determinación de la pena adoptado por el Derecho Penal Argentino -de penas relativas-, en el que se mencionan pautas de orientación ejemplificadoras, sin determinar no sólo el sentido sino tampoco el valor de cada una de las circunstancias, determina que deba evaluarse que las reglas seguidas cumplan con el deber de 25 fundamentación explícita que permita el control critico - racional del proceso de decisión.
No existe norma que establezca determinado método de dosificación de la pena.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que: "… Si lo que la defensa pretendía era que la decisión hubiera asignado un valor numérico a cada pauta, sumando y restando cada una de ellas sobre algún punto de ingreso a la escala penal, corresponde señalar que esta Corte ha declarado invariablemente que ese método no resulta impuesto por norma alguna…"( SCBA P. 125.464, del 22/12/15, entre otras).
La evaluación conjunta de los ilícitos, el grado de culpabilidad del imputado con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 CP, no permite arribar a un monto con exactitud matemática.
Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen 26 adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, "El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales", en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014).
Con lo señalado, en la sentencia puesta en crisis no existe justificación explícita alguna que permita examinar las reglas seguidas por el Tribunal y, así, posibilitar el control crítico-racional del proceso de decisión.
Se trata de un simple decisionismo o, sin más, de un acto de arbitrariedad que la descalifica como acto jurisdiccional válido en la determinación judicial de la pena, por lo que por falta de fundamentación, la sentencia habrá de ser casada en este aspecto.
Como consecuencia de ello, propongo el reenvío a la instancia para que, integrado el Tribunal con Jueces hábiles, se fije una nueva pena con ajuste a los parámetros señalados.
Con respecto al reclamo del Defensor Adjunto de Casación que se valore como atenuante la juventud del imputado que revela una inmadurez propia que representa un menor ámbito de autodeterminación, aun cuando no hayan sido una cuestión introducida con la interposición del recurso de casación originario y que su conocimiento se encuentra vedado a la Casación por no tratarse de un desarrollo de las razones que provocaran su intervención sino distinto, conforme lo dispuesto 27 por el art. 434 y doctrina del art. 451 -último párrafo- del C.P.P., con lo solución propuesta pierde virtualidad el pronunciamiento de la Sala y el Tribunal que intervenga deberá abordar su tratamiento.
Con relación al recurso de casación interpuesto en favor de Cristian Ariel Ferreyra, por la Defensora Particular Dra. Dra. Flavia Karina Beatriz Astray, corresponde evaluar la regularidad del pedido efectuado por la Agente Fiscal al efectuar los alegatos con relación a la causa 3254.
De acuerdo a las constancias del acta de debate (fs. 41/73vta.), al establecer las líneas de la acusación, la Fiscal expresó que iba intentar demostrar -con relación a la causa nro. 3254-: "Que el día 20 de marzo de 2012, siendo aproximadamente pasadas las 13:00 hs., el imputado Cristian Ariel Ferreyra, quien portaba dos armas de fuego, efectuó dos disparos contra una persona conocida como "chanchi", la cual se encontraba frente al domicilio sito en la calle Sarmiento 2804 de la localidad de Ricardo Rojas, Partido de Tigre, sin causarle heridas" (fs. 42vta.).
Asimismo, luego de dar por finalizada el Tribunal la recepción de la prueba y convocado a las partes a efectuar los alegatos, la Fiscal manifestó, con relación a la causa nro. 3254 que iba a hacer una ampliación del requerimiento oportunamente practicado -fs. 51vta.-, de 28 acuerdo a lo dispuesto en el artículo 359 del C.P.P., explicando seguidamente los motivos.
Ante el planteo, la respuesta de la presidenta del Tribunal fue que se trata del mismo hecho y no de uno nuevo, que no se da el presupuesto del art. 359, por lo que decidió no dar traslado a la Defensa. Como consecuencia de ello, y con motivo del nuevo requerimiento de la Fiscal, el Tribunal tuvo por comprobado -causa N° 3.254- en el veredicto (fs. 67): "Que el día 20 de marzo de 2012, siendo aproximadamente las 13:00 horas, frente al domicilio de la calle Sarmiento 2.804 de la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre, con motivo de una disputa verbal entre vecinos, irrumpió en forma violenta, el llamado Cristian Ariel Ferreyra, apodado "Racu", provisto de dos armas de fuego, y efectuó sendos disparos con una de las armas que portaba, al vecino Juan Carlos Campo, apodado "chanchi", con claras intenciones de quitarle la vida, no logrando su cometido por causas ajenas a su voluntad, al tiempo que profirió amenazas con las arma que portaba a los vecinos Jorge Matías Romero y Sara Irene Anchava."
Corresponde evaluar si se encuentra afectada la garantía de defensa, tal como lo reclama la Defensora Particular de Cristian Ariel Ferreyra.
29 La cuestión radica en si hubo correlación entre la imputación y el fallo, por lo que deben realizarse algunas consideraciones preliminares.
La enfática consagración en el artículo 18 de la Constitución Nacional de la fórmula: "Es inviolable la defensa en juicio, de la persona y de los derechos", se ha definido en material procesal penal que comprende la facultad de intervenir en el procedimiento penal abierto para decidir acerca de una posible reacción penal contra el imputado y la de llevar a cabo todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de fundamento de la potestad penal del Estado o cualquier circunstancia que la excluya o atenúe.
La base esencial reposa en la posibilidad de expresarse sobre cada uno de los extremos de la imputación, por lo que es imprescindible que exista lo que en materia procesal penal se conoce como imputación: una hipótesis fáctica, que consista en la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, singular, de la vida de una persona, cuyo paso fundamental consiste en garantizar al imputado el derecho a ser oído, lo que se conoce como intimación.
La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la 30 consecuente consideración del juzgador. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan (v. Corte IDH, caso Fermín Ramírez vs.
Guatemala, Sentencia de 20 de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 67).
La calificación jurídica puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los mismos hechos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. Es decir que el llamado "principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia" implica que ésta última puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación (Corte IDH, Íd.).
En sentido similar, la Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido que "Las particularidades del delito juegan un rol crucial en el proceso penal, desde […] la comunicación de aquéllas es cuando el sospechoso es formalmente puesto en conocimiento de la base fáctica y legal de los cargos formulados en su contra […]. El artículo 6.3.a) de la Convención reconoce al imputado el derecho a ser informado no sólo de la causa de la acusación, es decir, de los actos que supuestamente ha cometido y sobre los que se basa la acusación, sino también de la 31 calificación legal dada a esos actos […]" (Cfr. Pelissier and Sassi v. France 25444/94, [1999] ECHR, párrs. 51, citado por Corte IDH, cit.)
Este principio, en consecuencia, se ve lesionado por todo aquello que en la sentencia signifique una sorpresa para quien se defiende, es decir, todo aquello sobre lo cual el imputado y su defensor no hayan podido expedirse y esta pauta hermenéutica decide en los casos concretos, toda vez que la infinita riqueza de elementos que cada uno de ellos contiene impide una definición a priori en términos abstractos (cf. Maier, Julio, B. J., Derecho Procesal Penal. Fundamentos, t. I, Del Puerto, Buenos Aires, 2004, 2da. ed., p. 568).
En términos generales, si bien en principio esta regla no se extiende a la subsunción legal de los hechos bajo conceptos jurídicos, dado que lo que interesa es el acontecimiento histórico imputado, como situación de vida ya sucedida (acción u omisión), que se pone a cargo de alguien como protagonista, del cual la sentencia no se puede apartar porque su misión es, precisamente, decidir sobre él (cf. Maier, op. cit., p. 569); debe reconocerse que un viraje brusco en el significado legal atribuido al accionar desplegado puede provocar situaciones de indefensión, dado que se trata de un parámetro orientador de la actividad probatoria.
En el caso de autos, inicialmente Ferreyra fue acusado de ser el autor penalmente responsable de disparo de armas pero que, luego 32 de recibida la prueba en el debate, la Agente Fiscal decidió -previa intervención del Tribunal que entendió que no era un supuesto de los previstos en el artículo 359 del C.P.P.-, modificar la calificación por la de tentativa de homicidio agravado.
Como surge de las transcripciones del acta de debate hechas y el veredicto -sin perjuicio de no haber sido autorizado por el Tribunal el procedimiento previsto por el artículo 359 del C..P.P.-, no es posible sostener que el hecho calificado como disparo de armas en los términos del art. 104 del Código Penal sea el mismo que constituyera la realización del tipo homicidio agravado por el empleo de armas en grado de tentativa como se decidiera.
En autos, las figuras en cuestión son secantes, esto es los elementos de una (104 del CP), no están íntegramente incluídas en la otra (79 CP).
No se trata de una simple alteración de la calificación legal sino de una modificación sustancial del suceso imputado.
Más allá de la identidad espacial, temporal y de los intervinientes, la conducta atribuida contiene una variación esencial que se desprende del simple cotejo de las descriptas en las diferentes oportunidades.
33 El tipo previsto en el artículo 104 del Código Penal se encuentra en una relación de concurso de leyes con respecto a la figura del 79, en el que formalmente se han realizado los tipos, empero mediante el castigo por uno de esos tipos ya se ha retribuído y saldado completamente el contenido de injusto o ilícito y de culpabilidad del suceso (Claus Roxin, Derecho Penal. Parte General. Ed Thomson Reuters-Civitas, año 2003, pág. 997), supuesto regulado expresamente en el Código Penal mediante una cláusula de subsidiariedad: art. 104 "… Esta pena se aplicará aunque se causare herida a que corresponda pena menor, siempre que el hecho no importe un delito mas grave".
Se trata de un caso de subsidiariedad formal en el que la norma ordena el retroceso o desplazamiento de un tipo con carácter general, en el que la acción de "matare a otro" (art. 79 CP) difiere de la del "que disparare un arma de fuego contra una persona" (art. 104 CP). Se produce una interferencia, con la característica de que no opera por encerramiento sino por progresión, con una afectación más intensa del bien jurídico.
Con ello, la sentencia, para no provocar indefensión, no puede exceder el marco de las circunstancias fácticas efectivamente descriptas por la acusación para ser corroboradas durante el debate. 34 La realización del tipo de homicidio reclama en el hecho mayores elementos que los exigidos por el de disparo de arma, particularmente vinculadas al tipo subjetivo, circunstancia que, al no haber sido puestas en conocimiento del imputado por las vías regularmente establecidas - art. 374 "3er. y 4to. párr..", c.c. y s.s. del C.P.P., permite observar la conculcación de la garantía en cuestión.
En Sircovich (31/10/06), S. 1798.XXXIX, la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó que "… esta diferencia teleológica, modifica necesariamente la significación jurídica penal de la acción, puesto que -cualquiera sea la posición que se tenga ante la teoría del dolo- todo acto humano, para ser punible, debe ser considerado también en su faz subjetiva. Al ser ambos aspectos, el objetivo y el valorativo, inseparables en una conducta típica, cualquier cambio significativo de uno de ellos arrastra al otro, distorsionando así la naturaleza de la imputación". "El cambio de calificación adoptado por el tribunal será conforme al art. 18 de la Constitución Nacional, a condición de que dicho cambio no haya desbaratado la estrategia defensiva del acusado, impidiéndole formular sus descargos" (Conf. "Zurita" 23/4/91 CSJN, fallos 314:333; "Acuña" CSJN 10/12/96, fallos 319:2959; "Martínez" CSJN 17/3/98 fallos 321:469). Como consecuencia de ello, de haberse formulado acusación por el hecho por el que fuera condenado, entre las defensas 35 probables de las que se vio privado el encausado podrían indicarse: solicitar la declaración de la víctima, debatir sobre las exigencias fácticas del tipo subjetivo en el caso, el grado de probabilidad de afectación del bien jurídico protegido, entre otras.
Si bien subsiste la imputación originariamente hecha de disparo de arma (art. 104 del C.P.), la circunstancia de haberla omitido el Fiscal al momento de efectuar los alegatos -fs. 51 vta./53-, aunque sea en forma alternativa, impide al tribunal de Casación pronunciarse sin afectación de la garantía de Defensa (art. 18 C.N.).
Por todo ello habré de proponer que se case la sentencia recaída en la causa nro. 3254.
Asimismo, teniendo en cuenta que las formalidades procesales indicadas, cuyo incumplimiento provocara la decisión, se encuentran instauradas para garantizar derechos del imputado, que fue el propio Estado -sea el Ministerio Público o el Tribunal- el responsable de ese incumplimiento, no se lo puede volver a someter a juicio y al consecuente riesgo de una nueva condena, con el sólo fin de que el Estado corrija sus propios errores.
En el caso bajo análisis rigen los principios de progresividad y preclusión que impiden el sometimiento a un nuevo debate cuando el imputado ya soportó uno cumplido en todas sus partes.
36 La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que no es posible corregir los defectos de una sentencia anterior sometiendo a la imputada a un nuevo debate ya que ello implicaría "concederle al estado una nueva oportunidad que el principio non bis in idem prohíbe" (Cfr. CSJN "Olmos, José Ignacio, De Guernica, Guillermo Augusto s/ estafa", fallos 329:1447, del 9 de mayo de 2006).
Por todo ello, no corresponde el reenvío al Tribunal de origen y propongo la absolución de Cristian Ariel Ferreyra por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Juan Carlos Campo, ocurrido en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre el 20 de marzo del año 2012. También cuestiona la Defensora Particular de Ferreyra, Dra. Flavia Karina Beatriz Astray, que en la causa 3.253 que se le sigue por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra, es arbitrario y discrecional sancionar a alguien por la proximidad con el lugar de hallazgo de un arma 9 mm cargada en condiciones inmediatas de uso y con aptitud.
El planteo constituye una exacta reedición de los argumentos desarrollados por el anterior Defensor en los alegatos (ver fs. 70, renglón 20 y 21), por lo que no constituye una crítica a los fundamentos de la sentencia al respecto (ver fs. 90vta.), en la que el Tribunal contestó con suficiencia las pretensiones e inquietudes, por lo que al haber omitido realizar una crítica concreta e idónea contra los argumentos utilizados en la 37 sentencia que cuestiona, el recurso deviene ineficaz para alterar la decisión adoptada.
En efecto, corresponde validar el razonamiento probatorio del A-Quo, que hizo mención al allanamiento practicado en el domicilio del imputado, con motivo de una investigación de un hecho de robo con armas, en el que, con la presencia de un testigo hábil, ingresaron los funcionarios policiales Walter Fabián Pérez, Osvaldo Javier Sosa y Fernando Gómez y hallaron una pistola browning con numeración suprimida, cargada y apta para su empleo. Habiendo desconocido el imputado Ferreyra en su declaración que hubiera existido el arma, los testimonios de quienes realizaran la diligencia y de su concubina -presente junto a él en el domicilio al realizarse el procedimiento- lo contradijeron abiertamente, sumado a que en el debate surgió la utilización de un elemento similar por el encausado en episodios anteriores.
Finalmente corresponde abordar el motivo de agravio expuesto por la Defensora Particular de Ferreyra con respecto al monto de pena impuesta, pues si la Fiscal solicitó la pena de 35 años, al haber sido absuelto por la tentativa de homicidio de Maldonado y Scivindt, debió tener repercusión en el que finalmente impuesto.
El imputado Cristian Ariel Ferreyra fue condenado a la pena de treinta y cinco años (35) años de prisión como autor de los delitos 38 de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y amenazas gravadas por el uso de arma de fuego, en concurso real, cometidos el día 20 de marzo de 2012, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre; tenencia ilegal de arma de guerra, del 9 de mayo 2014 en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre, y coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, el 8 de septiembre de 2014, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre; todos en concurso real. Como atenuantes el Tribunal valoró la ausencia de antecedentes, condenas y el buen concepto informado -fs. 94vta.- y como agravantes en la causa nro. 3250, en el que fuera víctima Simari, la pluralidad de intervinientes y al ser cometido a altas horas de la noche; y en la causa 3254 la intimidación que ejerciera sobre dos testigos.
Corresponde dar por reproducido los fundamentos expuestos al tratar idéntica cuestión con relación al coimputado Eduardo Ignacio Cardozo, a los que cabe remitirse, pues en la sentencia puesta en crisis no existe justificación explícita alguna que permita examinar las reglas seguidas por el Tribunal y, así, posibilitar el control crítico-racional del proceso de decisión.
Se ha incurrido en un acto de arbitrariedad que descalifica a la sentencia como acto jurisdiccional válido en la determinación judicial de la pena, por lo que también habrá de ser casada este aspecto. 39 A ello debe adunarse que la absolución dispuesta por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Juan Carlos Campo, ocurrido en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre el 20 de marzo del año 2012, circunstancia que también habrá de incidir necesariamente en el acto de individualización de la pena.
Por ello, propongo, tal como ocurriera al tratar la situación de Cardozo, el reenvío a la instancia para que, integrado el Tribunal con Jueces hábiles, se fije una nueva pena con ajuste a los parámetros señalados y que considere la absolución dispuesta.} ASI LO VOTO.
A la misma tercera cuestión planteada el señor juez, doctor Carral, dijo:
I. Adhiero al voto del distinguido colega Dr. Maidana, con la siguiente salvedad.
Las constancias del legajo indican que Cristian Ariel Ferreyra fue acusado por un hecho ocurrido el 20 de marzo de 2012, consistente en haber efectuado dos disparos de arma de fuego contra una persona identificada como Juan Carlos Campo -conocida como “chanchi”, los cuales no impactaron en el cuerpo del nombrado –causa n° 3254- (fs. 42vta.).
40 La calificación legal propuesta inicialmente por la fiscalía –abuso de armas- (fs. 41vta) fue modificada en el alegato de cierre del debate, proponiendo en esa instancia el órgano acusador, que el suceso sea considerado como constitutivo del delito de homicidio agravado en grado de tentativa, petición que fue recibida favorablemente por el tribunal del juicio, que condenó al acusado en orden a la novedosa calificación legal introducida en el alegato de cierre del juicio (fs. 99).
La sentencia condenatoria dictada en esas condiciones, resulta violatoria del principio de congruencia, tal como se analizó en el voto precedente a cuyas consideraciones me remito para evitar repeticiones innecesarias.
II. Ahora bien, en mi opinión, la deficiencia de la sentencia se encuentra en condenar al acusado por un hecho que no se encontraba completamente incluido en los términos de la acusación, vale decir que el problema es el exceso del pronunciamiento jurisdiccional por fuera de los límites que le impone la actuación del Ministerio Público Fiscal, a cuyo cargo se encuentra la facultad de delimitar la hipótesis fáctica sobre la que recaerá la sentencia.
En el caso se estableció que la imputación por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa no fue formulada en tiempo y forma durante el debate.
41 Sin embargo, mantiene las condiciones de validez la acusación del mismo suceso con las circunstancias fácticas y bajo la calificación legal que la defensa sí tuvo posibilidad de confrontar, esto es, el delito de abuso de armas (art. 104, Cód. Penal).
Cabe destacar, en este punto, que la comprobación de las proposiciones fácticas que rodean a este suceso no ha sido materia de agravio en el recurso deducido por la defensa del acusado Ferreyra. En función de tales consideraciones, entiendo que la solución que corresponde adoptar, frente a la afectación del derecho de defensa en juicio con el alcance arriba señalado, es la modificación del encuadre legal del suceso por el que se dictó la sentencia condenatoria, que será aquella que resulta coincidente con la plataforma fáctica de imputación sostenida por el órgano acusador en el juicio, esto es, abuso de armas (art. 104, Cód. Penal).
Luego, el Tribunal en el que recaigan estas actuaciones deberá establecer el monto de la pena a imponer al acusado, en función de los parámetros establecidos en el voto que lidera el acuerdo, y además por la modificación de la calificación legal del suceso que aquí se propone. En todo lo demás, adhiero al sufragio de mi colega preopinante y por los mismos fundamentos.
ASÍ LO VOTO.
42 A la misma tercera cuestión planteada el señor juez, doctor Violini, dijo:
En lo que ha sido materia de disidencia entre los colegas preopinantes y a los efectos de alcanzar la mayoría constitucionalmente requerida, adhiero por sus fundamentos a lo expresado por el doctor Carral.
ASÍ LO VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. DECLARAR ADMISIBLE la impugnación interpuesta por el Defensor Oficial de Eduardo Ignacio Cardozo, Dr. Marcelo Rodríguez Jordán, y la Defensora Particular de Cristian Ariel Ferreyra, Dra. Flavia Karina Beatriz Astray (Causa N° 86.955).
II. DECLARAR INADMISIBLE la acción de revisión interpuesta, con costas (Causa N° 91.506).
43 III.- CONFIRMAR, en orden a los fundamentos expuestos, la sentencia dictada en las causas en las que fue condenado Eduardo Ignacio Cardozo como autor penalmente responsable de los delitos de atentado a la autoridad agravado por el uso de armas, abuso de armas criminis causa y daño agravado en concurso ideal y resistencia a la autoridad, en concurso real, cometidos el 29 de septiembre de 2014, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre (causa nro. 3252); robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puedo acreditarse y daño, en concurso real, cometidos el 14 de junio de 2014, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre (causa nro. 3251) y coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cometido el 8 de septiembre de 2014, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre (causa nro. 3250); todos en concurso real, Y CASAR EN EL MONTO DE LA PENA de 34 años impuesta con REENVÍO para que un Tribunal integrado con Jueces hábiles dicte un nuevo fallo de acuerdo a los parámetros indicados.
IV. CONFIRMAR la sentencia en la que fuera condenado Cristian Ariel Ferreyra como autor de los delitos de tenencia ilegal de arma de guerra, del 9 de mayo 2014 en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre (causa nro 3253) y coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, el 8 de septiembre de 2014, en la localidad de 44 Ricardo Rojas, partido de Tigre (causa nro. 3250); todos en concurso real Y CASAR EN EL MONTO DE LA PENA de 35 años impuesta con REENVÍO para que un Tribunal integrado con Jueces hábiles dicte un nuevo fallo de acuerdo a los parámetros indicados.
V. HACER LUGAR al recurso de casación, CASAR el pronunciamiento dictado el 7 de junio del año 2017 en el que el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 7 del departamento judicial de San Isidro condenó a Cristian Ariel Ferreyra como autor de los delitos de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y amenazas gravadas por el uso de arma de fuego, en concurso real, cometidos el día 20 de marzo de 2012, en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre (causa nro 3254) y - por mayoría- CONDENAR al nombrado en orden al delito de abuso de armas (art. 104, Cód. Penal), con REENVÍO al Tribunal en el que recaigan estas actuaciones a fin de establecer el monto de la pena a imponer al acusado, en función de los parámetros establecidos y como consecuencia de la modificación de la calificación legal del suceso.
Rigen los artículos 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 42, 44, 45, 54, 55, 79, 105 en función de los art. 104, 80 inc. 7, 149 bis, 166 inc. 2 "in fine", 183, 184, inc. 5, 238 inc. 1 en función del art. 237 y 239 del Código Penal y artículos 20 inc. 1, 106, 201, 202, 210, 233, 335, 359, 371, 375, 448, 450, 451, 454 inc. 1, 456, 459, 460, 530 y 531 c.c. y s.s. del Código Procesal Penal.
FDO. RCIARDO MAIDANA – DANIEL CARRAL – VÍCTOR VIOLINI. ANTE MÍ: JORGE ANDRES ALVAREZ.
Fin de la sentencia