Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2463/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada (cfr. PE66230-2021) y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE113756-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2463/21-TSJ Interlocutorio N°: 3641 Actor: CARDOZO JORGE RAUL Demandada: POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y/O OTRO Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 18-11-2021 Texto: TOMO XXXII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3641 FOLIO Nº 6366/6369 PROT. ELECT. TSS1 062 I.211
Río Gallegos, 18 de noviembre de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “CARDOZO JORGE RAUL c/ POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y/O OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº C-21.110/07 (C-2463/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por el Estado Provincial, por intermedio de su letrada apoderada Dra. María Daniela Vázquez (cfr. PE66230-2021), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 532/540 vta., que confirmó, en todo, la sentencia de Primera Instancia. Esta última hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando al Estado Provincial a abonar al actor, en concepto de daño emergente y daño moral, la suma de pesos treinta mil ($ 30.000) (más intereses) y las costas del juicio (cfr. fs. 458/475).-
II. La accionada recurre la sentencia de Segunda Instancia, aduciendo violación de la ley y arbitrariedad. Cuestiona dicho decisorio por los mismos motivos que cuestionara el fallo de Primera Instancia, esto es, por la forma en que se establecieron los rubros indemnizables. No controvierte en esta instancia la tasa de interés activa que estableció la Cámara, de manera tal que dicha parcela del fallo ha quedado firme (cfr. PE 66230-2021).-
Centra su crítica en la forma en que se determinaron los rubros indemnizatorios que se incluyeron y agrega que estos no guardan relación con las probanzas de autos. Asimismo indica que ante la imprecisión de lo reclamado por el actor, no es deber del Magistrado suplir dicha falencia, en virtud que se estaría violando el principio de congruencia (cfr. PE cit.).-
Señala sobre la cuestión que: “...sin duda que nos encontramos no solamente con la imprecisión de los rubros que pretende reclamar, sino también, con el monto que procura. De esta forma, frente a dicha incoherencia e imprecisión es deber del juez que las decisiones sean aún más congruentes conforme las peticiones que se hacen en la demanda y conforme la prueba rendida, debido a que de lo contrario se estaría violando el derecho de defensa, por lo que el juez debe limitar su discrecionalidad de acuerdo a las reglas de la prudencia, sensatez o buen juicio, y al arbitrio o la voluntad admisibles (sic) en ella.” (cfr. PE cit.).- Ataca al fallo de Cámara tachándolo de arbitrario porque, dice: “…el objeto litigioso queda delimitado por los puntos expuestos en la demanda, delimitando a los jueces el campo de actuación del decisorio e impidiendo que se pronuncien sobre cuestiones que no han sido planteadas, atento que de lo contrario se estaría violando el principio de congruencia y defensa en juicio -art. 18 de la CN-, por lo que la existencia de este defecto constituye un vicio que descalifica al pronunciamiento de modo tal que no resulta válido como acto jurisdiccional debiéndose declarar nula la sentencia, por lo que se agravia a esta parte cuando se pretende extender el reclamo del actor aquello que no solamente no responde a lo reclamado sino tampoco a lo probado…se ha demostrado que no ha existido razonabilidad en el decisorio, que resulta por ende arbitrario, y que constituye motivo para el acogimiento de la pretensión casatoria.” (cfr.
PE cit.).- Podemos advertir que en este acápite, la parte recurrente refiere a que, desde su óptica, se ha producido un absurdo en la valoración de la prueba, ello al señalar que: “…la cámara arbitra como elementos para fijar el quantum del daño material la responsabilidad objetiva, el nexo causal y el daño ocasionado, cuando ni siquiera se encuentra determinado (sic) la causalidad entre la incapacidad y el detrimento económico que pretende atribuirse al daño emergente, cuestión que ni siquiera fue solicitada por el actor quien solamente atribuyó el daño a la incapacidad, cuestión que no resulta ser la presente debido a que no se determinó el cálculo del porcentaje de incapacidad por pérdida parcial de las funciones dentarias para poder encuadrar la lesión.” (cfr.
PE cit.).- Asimismo, se agravia la recurrente “…cuando se reconoce el reclamo del daño moral cuando no se demuestra en el presente caso los padecimientos físicos y espirituales que denuncia el actor, como tampoco ningún sufrimiento o angustia; extremos que evidencian el carácter resarcitorio que se le asigna a esta indemnización […] De esta forma, el juez nuevamente tiende a acomodar la demanda para suplir las manifestaciones del actor, al punto de determinar aquello que le causa dolor. Del mismo modo, la propia cámara entiende que aquello que le causo (sic) dolor fueron las consecuencias de la revuelta que tuvo lugar en la comisaría cuando lo cierto es que no fue expresado por el actor, violando de esta forma el ejercicio del derecho de defensa, debido a que no podemos contrarrestar la pretensión de aquello que no fue manifestado.” (cfr.
PE cit.).- Finalmente hace reserva del caso federal (cfr. PE cit.).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación (cfr. PE113756-2021).-
En PE137678-2021 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que no refuta adecuadamente los fundamentos sobre los que se asienta el decisorio recurrido, a la par que debe demostrar el error que le atribuye al fallo que ataca.-
IV. A la luz de estas premisas, podemos anticipar que la pieza recursiva no satisface, mínimamente, los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
Los argumentos desplegados en la impugnación bajo estudio remiten a típicas cuestiones de hecho y prueba, ajenas en principio a esta instancia extraordinaria, salvo demostración de absurdo o arbitrariedad, lo que no se vislumbra en el caso de autos.-
En efecto, de lo que se agravia la accionada es de la manera en la cual el Tribunal de Alzada confirmó los rubros indemnizatorios establecidos por el Juez de Primera Instancia y ello es, en principio, materia propia de los jueces de grado.-
Reiterada jurisprudencia se ha pronunciado en tal sentido: “...la cuantificación de los perjuicios constituye una cuestión de hecho y como tal sólo puede ser analizada en esta instancia cuando la prerrogativa de los jueces de grado no ha sido ejercida con la necesaria prudencia y el grado razonable de acierto que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, es decir cuando ha mediado absurdo…” (cfr. SCBA, “Godoy Rubén Gustavo c/ Andrada Sergio Daniel y otro s/ Daños y perjuicios”, causa Ac. 80919, del 04/09/2002, www.rubinzal.com.ar. Cita Online: RC J 14213/10). En igual sentido: “Determinar si están o no acreditados la existencia del daño y su cuantificación, constituye una típica cuestión de hecho y prueba, abordables únicamente en el supuesto de absurdo.” (cfr. SCBA, sum. “Grosso Alberto y otro c/ Chutchurru Roberto Ricardo y otro s/ Daños y perjuicios”; del 30/03/2005; www.rubinzal.com.ar. Cita Online: RC J 681/09).- Se ha dicho que: “Es facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria la elección de las pautas que consideran adecuadas cuando se trata de establecer el monto de la indemnización por un infortunio de trabajo cuya reparación se reclamó por vía del derecho común y en tal supuesto la configuración del absurdo debe apreciarse estrictamente.” (cfr. SCBA, sum. “ F., G. c/ B., R. s/ Daños y perjuicios”, causa L 95849, del 09/09/2009, www.rubinzal.com.ar. Cita Online: RC J 7729/10).-
Coincidente con dicho criterio este Tribunal Superior de Justicia ha señalado en reiterados precedentes que la fijación del monto de las condenas, en cuanto a su cálculo aritmético y quantum, resulta, en principio, ajeno a la casación. En esta línea ha expresado: “…que la cuantificación del resarcimiento en acciones de daños y perjuicios como la del sub lite, sólo encuentran acogida por la vía casatoria, si se logra demostrar el manifiesto absurdo que permita el excepcional estudio de hechos y pruebas porque: '...el monto indemnizatorio constituye una cuestión que pertenece al ámbito de conocimiento y juzgamiento de los jueces de grado, quedando ubicada en el espacio de la razonable discreción de éstos…'...” (cfr. Sentencia, Tomo XIV, Reg. 481, Folio 2612/2618).- En igual sentido que la determinación del monto del juicio o la indemnización constituyen una cuestión de carácter fáctico y procesal que queda en el espacio de la razonable discreción del juzgador y es inescrutable por vía del recurso extraordinario provincial, salvo que se demuestre arbitrariedad (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo VI, Reg. 217, Folio 1171/1175; Interlocutorio, Tomo XVIII, Reg. 2310, Folio 3403/3408).-
Consecuentemente, la materia sobre la que versan los agravios es ajena al recurso de casación.-
V. Entonces, sólo demostrando que se ha configurado un caso de absurdo, podría la recurrente lograr el ingreso a la máxima instancia provincial.-
Sabido es que tratándose de una cuestión de índole fáctica, no procede la revisión en esta instancia de la tarea realizada por el órgano jurisdiccional de Alzada en uso de sus facultades privativas. Regla ésta que solo puede alterarse mediante la invocación y acabada demostración del absurdo. Consecuentemente, quien lo alegue debe acreditar que en la sentencia que se ataca existe un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Ello es así porque no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones lo ponen de manifiesto; es necesario, por el contrario, que se acredite la existencia de un importante desarreglo en la base del pensamiento exteriorizado por la Excma.
Cámara de Apelaciones, vale decir, una anomalía extrema.- Sobre el particular hemos señalado: “…si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, que como se ha expresado no se acreditan ni se evidencian. Por otra parte, corresponde a la impugnante demostrar la existencia del absurdo y no al Superior Tribunal explicar por qué no se ha configurado (conf. Juan Carlos Hitters, 'Técnica de los recursos extraordinarios y de casación', 2ª. edición, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, págs. 452/471). Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por la recurrente no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos, que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente...” (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3522, Folio 6045/6049).- En este caso la recurrente circunscribe su ataque recursivo a referencias que afirman una solución opuesta, a presentar criterios interpretativos diversos, a destacar su propio punto de vista, sin demostrar acabadamente la incorrección de la evaluación llevada a cabo por la Excma. Cámara de Apelaciones y, por lo tanto, sin llegar a conmover los basamentos del decisorio impugnado. La casacionista pretende lograr la revisión de las circunstancias fácticas ante esta instancia extraordinaria sin hacerse cargo de los argumentos brindados por el Tribunal a quo y así no logra demostrar, puntualmente, que el razonamiento empleado por el Tribunal de Alzada fue afectado por un error grave y manifiesto que ha derivado en conclusiones contradictorias e incoherentes, por lo que los agravios esgrimidos en este sentido resultan a todas luces insuficientes.- La Cámara ha brindado las explicaciones en base a las cuales conformó su criterio y analizado, en concreto, los antecedentes de la causa, justificando, de ese modo, la decisión adoptada, la cual puede no compartirse, pero satisface el recaudo de una sentencia fundada en ley, basada en las circunstancias probadas de la causa.
Razón por la cual no se advierte una equivocación grosera o un desvío lógico que pudiera dar cabida al planteo de absurdo.-
VI. A mayor abundamiento, vale la pena acotar que no se encuentran reunidos en autos, los presupuestos que configuran la arbitrariedad por absurda valoración de la prueba. Sobre la materia tiene dicho este Alto Cuerpo que ello se produce cuando nos encontramos ante “...el desvío lógico, la falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, y que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa-, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial...” (cfr. Sentencia, Tomo VII, Reg. 254, Folio 1383/1389; Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros).- Asimismo, la recurrente no demuestra que la sentencia recurrida sea arbitraria como alega.
Vale acotar que arbitraria, se considera a aquéllas sentencias que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padecen de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (cfr. Bidart Campos, Germán J., “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, pág. 441).- A su vez, sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “...'tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación'.
Por lo tanto 'debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas…'” SCBA, Ac. 24.739, 'Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios', del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, 'Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 19-VIII-78; Ac. 25.048, 'Correa de A.A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54, citado por Hitters, Juan Carlos, en su obra “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, 2ª. edición, L.E.P.
S.R.L., La Plata, 1998, págs. 479/780).- De su lado, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que: “...'...la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación'...” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
VII. En resumen, del libelo recursivo surge que los agravios de la recurrente se basan en cuestiones fácticas, propias de los jueces de grado; sin lograr demostrar que el fallo impugnado sea arbitrario, o se hubiera apartado de la solución normativa prevista para el caso o careciera de fundamentación; tampoco la concurrencia de un yerro jurídico patente, o un desvío lógico susceptible de ser reparado en esta instancia extraordinaria.-
Que, en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte demandada (cfr. PE66230-2021), no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE113756-2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada (cfr. PE66230-2021) y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE113756-2021.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1062I.211 Tomo: XXXII Interlocutorio: 3641 Folio N°: 6366/6369 Secretaría: 1
Fin de la sentencia