Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Morón · Causa 21.992
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSE CONFIRMAN las resoluciones de fecha 24 de Noviembre de 2020 y 30 de Diciembre de 2020, con costas al apelante (art. 68 del CPCC) y se revoca, parcialmente, la sentencia de fecha 20 de Diciembre de 2021 en cuanto rechaza la demanda contra el co demandado Carlos Raimundo BERRA, admitiéndose la misma, condenándose al nombrado a pagar, dentro de los diez días de quedar firme la presente y bajo apercibimiento de ejecución, al actor Eduardo José Carfi, las sumas de: a) u$s 28.950 (dólares estadounidenses veintiocho mil novecientos cincuenta); b) $310.000 (trescientos diez mil pesos). A las sumas indicadas, se deberán añadir intereses (desde el 14 de Marzo de 2012) que se calcularán del siguiente modo: a) a la suma fijada en dólares, a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires para su depósitos a 30 días en dicha moneda; b) a la suma fijada en pesos, a la tasa del 6% anual desde el 14 de Marzo de 2012 y hasta la fecha del presente y, de allí en mas, a la tasa pasiva mas alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus operaciones de depósito a 30 días. Las costas de ambas instancias, por el progreso de la demanda contra el nombrado, quedarán impuestas en cabeza del accionado (arts. 68 y 274 del CPCC). Finalmente, se confirma la sentencia apelada en cuanto rechazó la demanda contra el co demandado Ezequiel Berra, con costas al actor (art. 68 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad.
“CARFI EDUARDO JOSE C/ BERRA RAIMUNDO Y OTRO/A S/COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO”
Causa Nº MO-21992-2012 En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto, con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "CARFI EDUARDO JOSE C/ BERRA RAIMUNDO Y OTRO/A S/ COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO Causa Nº MO-21992-2012" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
1. ¿Son ajustadas a derecho las resoluciones de fecha 24 de Noviembre de 2020 y 30 de Diciembre de 2020?
2. ¿Es ajustada a derecho la sentencia de fecha 20 de Diciembre de 2021?
V O T A C I O N A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR
CUNTO, dijo:
1. En la resolución del 24 de Noviembre de 2020 se decidió rechazar la negligencia articulada por la parte demandada con relación a la prueba pericial informática, con costas al actor.
Dicha resolución fue apelada, en cuanto a las costas, el recurso se concedió con efecto diferido y se funda en los términos del art. 255 inc.1 del CPCC con el escrito del 15 de Marzo de 2022.
Abordando dichos agravios, en los términos de los arts. 68 y 69 del CPCC, se advierte que la parte actora, efectivamente, no había impulsado dicha prueba y que termina desistiendo de la misma recién una vez que fue acusada la negligencia.
Ello así, la imposición de costas es correcta en los términos de los artículos citados y teniendo en cuenta, además, lo prescripto por el art. 73 del CPCC.
Por ello, la resolución habrá de confirmarse, con costas al apelante.
2. Por otro lado, en la resolución del 30 de Diciembre de 2020 se declaró la negligencia de la prueba informativa allí mencionada con costas a la actora, lo cual también es apelado por la actora, concedido el recurso con efecto diferido y fundado con el escrito antedicho.
Al respecto, y computando los argumentos traídos, es necesario destacar que si la negligencia fue efectivamente decretada, las costas corresponden al oferente de la prueba (art. 69 del CPCC); a todo evento, y si ella se tornaba innecesaria, la misma debía haberse desistido en tiempo propio y antes del acuse.
De este modo, el auto apelado se ajusta a derecho, por lo que deberá confirmarse.
Consecuentemente, a la primera cuestión propuesta, doy mi voto por LA AFIRMATIVA A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor CUNTO.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR
CUNTO, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 Departamental con fecha 20 de Diciembre de 2021 dictó sentencia, rechazando la demanda, con costas al actor.
Apela el accionante, su recurso se concede libremente es fundado con la expresión de agravios de fecha 15 de Marzo de 2022, replicada con las presentaciones de fecha 1 de Abril de 2022.
En esencia, el actor se queja del rechazo de su demanda, hablando de la prueba producida y de su interpretación, reclamando se revoque la sentencia desestimatoria y se admitan los rubros, acerca de los cuales argumenta.
A los términos de tal fundamentación cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 12 de Abril de 2022 se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA", providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. A fin de dar respuesta a la cuestión planteada, cabe efectuar dos advertencias preliminares.
La primera es que, a mi juicio, la expresión de agravios satisface, adecuadamente, las exigencias del art. 260 del CPCC.
La segunda es que no llega cuestionado a esta Alzada el encuadre jurídico del caso, y la aplicación de la normativa allí referida. Zanjadas estas dos cuestiones, paso a ocuparme del fondo del asunto.
Al respecto, es bueno rememorar diversos conceptos que fueran vertidos por este Tribunal en las causas n° 50.163 (R.S. 210/05) y 56.118 (R.S. 577/08) plenamente aplicables al caso.-
Se dijo en aquella oportunidad que: "El corretaje es una actividad mercantil por razón del acto (conf. Art. 8, inciso 3 del Código de Comercio) al que se aplican las normas del Código de Comercio, aunque el corredor no se halle inscripto en la matrícula o se trate de venta de inmuebles; es decir, no existe acto de corretaje civil (Conf. Halperin, Isaac "Curso de Derecho Comercial", vol. I -págs 38 y 45; ídem. Fontanarrosa, Rodolfo A. Derecho Comercial Argentino", pág.47). Dicho contrato tiene como característica esencial la de otorgar al corredor el derecho al cobro de una comisión de quienes se han servido, expresa o tácitamente, de su actividad mediadora cuando concluyan el contrato; es condición para ello que exista una relación de causalidad entre esa conclusión y aquella actividad. Este derecho persiste a favor del corredor, entre otros supuestos, cuando las partes simulen el abandono del negocio y, posteriormente, lo concluyan por si mismas excluyendo a aquél en la tramitación final del contrato (Conf. Hernandez - Gomez Leo, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Comercial", Ed. Depalma, Bs. As. 1.986, T º II - pág. 381, Nº 70 y sigtes.) -el subrayado me pertenece-.-
La ley 25.028, promulgada el 1º de diciembre de 1.999 y publicada el 29 de diciembre de dicho año, reformó parcialmente la referida al ejercicio profesional de martilleros y corredores -ley 20.266-, derogando los artículos 88 bis a 112 del Código de Comercio, referidos a la actividad del corredor.- Dicha norma en su artículo 37, último párrafo, expresa que "...la remuneración del corredor se debe aunque la operación no se realice por culpa de una de las partes, o cuando iniciada la negociación por el corredor, el comitente encargare la conclusión a otra persona o la concluyere por sí mismo...".
Llegado este punto, es hora de referirnos a la prueba colectada en autos.
Esta fuera de discusión en autos que el actor tiene matrícula de corredor público (ver fs. 31).
En este contexto, ha venido demandando con el fundamento de haber participado en una operación de compraventa inmobiliaria, acercando a las partes y que sus honorarios no fueron satisfechos.
La demanda ha sido rechazada, siendo -lógicamente- el actor quien recurre dicha decisión.
Y así, dado el tenor de los agravios, debemos aludir -antes que nada- a la prueba aportada por la actora, consistente en la grabación de una conversación que -a decir de quien acciona- reflejaría lo acontecido durante una reunión celebrada con la parte demandada.
Tenemos, en tal sentido los CDs aportados a fs. 60 (y 65)
conteniendo sendos archivos de audio.
Al respecto, la doctrina ha dicho que se conciben a las grabaciones de audio "como una inscripción y recreación digital de ondas de sonido, como, por ejemplo, la voz hablada, el canto, música instrumental o también los denominados efectos de sonido. Las grabaciones y reproducciones de estos contenidos se efectúan a través de medios mecánicos, eléctricos o digitales".
Agregando que "la grabación digital almacena el audio como una serie de números binarios (ceros y unos) que representan muestras de la amplitud de la señal de sonido en intervalos de tiempo iguales, a una frecuencia de muestreo lo suficientemente alta como para transmitir todos los sonidos que pueden escucharse, siendo que una señal digital debe reconvertirse a una forma analógica durante la reproducción antes de amplificarse y conectarse a un altavoz para producir sonido".
Haciendo un estudio pormenorizado acerca de la naturaleza jurídica de esta clase de ficheros, se los clasifica como documentos electrónicos, con la capacidad de contener en sí mismos, imágenes, audios o ambos a la vez.
Postulando que podrían usarse en juicio y surtir efectos probatorios, aquellas grabaciones sobre las conversaciones que efectúan particulares siempre y cuando ellos hayan intervenido de manera directa en las mismas (BIELLI, Gaston - ORDOÑEZ, Carlos J, en AA.VV, Tratado de la prueba electrónica, La Ley, Buenos Aires, 2021, Parte 6, Cap. 9 punto 6.1 y 6.2). Llegado este punto, y profundizando en el análisis de este medio probatorio, es necesario destacar que -al conferirse traslado de la demanda y de dicha documental- el co demandado Raymundo Berra negó la existencia de la aludida reunión y negó también "que la voz que surge de dicha grabación corresponda a la de Berra" (ver fs. 147 punto 25). Ahora bien, aquí cabe hacer un alto para señalar que, en este momento (que era el apto para expedirse sobre la documentación), el accionado no introdujo ningún tipo de planteo acerca del carácter subrepticio, o ilícito, de dicha grabación.
Se limitó a decir que la voz allí recogida no era la suya.
Sucede que, tiempo después y cuando ya se produjo la pericia de voz y habla, viene -en el alegato- a plantear que "el referido medio no resulta eficaz, por haber sido obtenido por una tercero ajeno al proceso, en forma subrepticia, fraudulenta y con el fin último de pre-constituir prueba para poner al accionante en una posición más favorable" (presentación del 20 de Mayo de 2021).
Por cierto, el planteamiento es tardío.
En efecto: es posible que la grabación haya sido obtenida de manera oculta, o no.
Esa era una circunstancia que, a todo evento, debía haber sido planteada por aquel a quien se le oponía y, eventualmente, objeto de discusión y eventualmente acreditación.
Pero, frente al aporte de dicha documental, el demandado solo optó por desconocerla, negar que fuera su voz, y hasta allí llegó.
Se da, entonces, un caso análogo al que fuera decidido por la justicia comercial, en el cual se planteaba una situación similar a la aquí verificada (planteo tardío de la eventual ilicitud) y que fuera decidido en el mismo sentido que vengo indicando (C. Nac. Com., sala D, 14/3/2017, "Serantes Peña, Diego Manuel C/ Alves Peña, Jerónimo Francisco S/ Ordinario")
Incluso, allí, la Cámara fue mucho mas allá y entendió admisible la utilización de esta prueba, en el contexto de una relación comercial y no vinculada con situaciones que hicieran a la intimidad de las personas. Recurrido el fallo ante la Corte Suprema, dicho recurso no prosperó, rechazándoselo en los términos del art. 280 del CPCCN (ver Corte Sup., 30/9/2021, "Serantes Peña, Diego Manuel c/ Alves Peña, Jerónimo Francisco s/ ordinario") siendo que, además, la postura del Procurador General considera también admisible este medio probatorio, en un muy fundado dictamen, a cuyos términos cabe remitirse (se lo puede leer aquí: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoById.html ?idDocumento=7697534&cache=1657721754290).
Entonces, y a la luz de lo expuesto, entiendo -al igual que lo hizo el Sr. Juez de la instancia previa- que la prueba documental en cuestión es admisible.
Ahora, donde discrepo con él es en cuanto le desconoce eficacia probatoria.
En efecto: está suficientemente demostrado, pues la pericia de fs. 682/697 es elocuente al respecto, que en dicha conversación interviene el co demandado Carlos Raimundo Berra (identificado como masculino 1). En cuanto a la intervención de la parte actora, ello no es objeto de prueba ni tampoco de discusión: es el propio actor quien la trae reconociendo su intervención.
Por lo demás, la escucha de dicha grabación es elocuente y de su contexto podemos extraer, sin dudas, que el demandado se está refiriendo allí a la operación de autos.
De ella extraemos:
- el reconocimiento de la intervención del actor (segundos 6 a 9, "como yo confié porque creo que es así la cosa y además estaba Carfi adelante")
- a partir de allí se inicia todo un diálogo sobre el desarrollo del vínculo contractual, habla de la construcción de un supermercado de 6000mts (minuto 3.50)
- en el minuto 10.47 se escucha a una persona decirle a Raimundo que "ellos al tener contacto con vos hicieron un desgaste adrede" a lo cual el co demandado responde afirmativamente, pero da una explicación de por qué era necesario ese contacto - en el minuto 12.10 se escucha, claramente, decir que "Berra le vende lo que es Eki" y allí habla del metraje; conversando luego de la obra que Coto realizaría y como se relaciona ello con las expectativas del co demandado - en el minuto 36:30 se escucha claramente al co demandado decír que "hoy es 8 del 3"
- llegado un momento se desencadena una discusión sobre cuanto sería la comisión (a partir del minuto 39); allí se lo escucha al co demandado decir que "vamos a cerrar los números" y pregunta expresamente "¿Te acordás Eduardo?" y comienza a hablar de bajar la comisión al 2% - desde ese momento se genera una discusión en cuanto a bajar, o no, la comisión; a partir del minuto 40.47 el co demandado comienza a hablar de los "honorarios de ustedes", dice que su posición en cuanto al precio y de cómo repercutiría ello sobre la comisión; en el minuto 42.49 habla específicamente de la comisión del 3%, en el minuto 45.09 dice expresamente el co demandado que "me dijo el 3" en cuanto a la comisión, en el minuto 45.32 dice que como él bajo el precio le parece correcto que se baje también la comisión; y la discusión va escalando a partir de ese momento sobre la posibilidad de comisión - el pedido de que el personal de la inmobiliaria no participe en la reunión que se iba a llevar a cabo y argumenta al respecto (minuto 58:30) - en el minuto 59.56 el demandado dice que, el Martes, tendrá el dinero para pagarle, dice que el también está haciendo un esfuerzo y que "esto es lo que voy a pagar, ustedes me dicen no, bueno listo ... que querés que te diga" (minuto 1.00.19)
Del contexto general de dicha grabación, al que cabe remitirse, se puede deducir claramente la existencia de la operación inmobiliaria, en la que interviene el hablante (identificado como el co demandado) y la empresa Coto, con la participación en ella del accionante acercando a las partes, mas allá de todas las cuestiones que allí introduce el co demandado acerca de lo que había sucedido con la empresa adquirente y la posibilidad de disminuir la comisión.
Además, la referencia a la fecha de la conversación, la sitúa en el mes de Marzo y mas precisamente el día 8, lo cual se contextualiza con las referencias a la operación que se firmaría en los próximos días. Ahora, esta no es la única prueba que se ha arrimado al expediente, porque lo que surge de dicha grabación resulta corroborado por otros elementos de convicción, que -en virtud del principio de unidad de la pruebadebemos contextualizar (art. 384 del CPCC).
El primero, la existencia misma de la operación inmobiliaria de la que da cuenta la escritura de fs. 774/780; y ello independientemente de que allí interviniera otra sociedad.
Esto último hace a la operatoria y modo de funcionamiento de la empresa que adquiría el inmueble, pero es irrelevante a los fines de la eventual retribución del actor pues hay algo evidente: en el inmueble adquirido funciona hoy en día un establecimiento de la empresa Coto (ver fs. 610/616 y 642/650vta.).
Además, y esto es de suma importancia, tenemos dos declaraciones testimoniales.
En su declaración de fs. 420/421 el testigo Pujol dijo que "a Raimundo lo conozco por los sucesos del caso. Y a su hijo, que es Ezequiel, al igual que los hijos de Carfi yo jugaba de chico al Rugby con el. En la actualidad lo continuo viendo una vez por año porque saca fotos en el colegio donde van mis nenas, el se dedica a hacer filmaciones. El Sr. Carfi tiene como cliente a Coto que le encomendó la busqueda de un predio en Castelar en el año 2011. Carfi une a las partes, a Raimundo Berra con Coto, porque Raimundo tiene un predio en la Avenida Santa Rosa. Finalmente se terminó concretando la operación y Coto compró éste predio, ahora está el coto ahí. El Sr. Carfi fue el intermediario directo en la operación entre Coto y Berra Raimundo. Yo tomo conocimiento de todo ésto porque a mi, aparte de contarme las operaciones relevantes de la inmobiliaria por una cuestión de vínculo, sucedió que Raimundo Berra y Carfi tuvieron diferencias en el cobro de la comisión o el importe a percibir por Carfi. Ellos habían pactado lo que establecen las generales de la ley, que es el 3% de cada parte. Facundo Carfi, el hijo del Sr. Carfi Eduardo José, me encomendó que llame a Raimundo Berra en mi carácter de contador para pedirle los datos para emitir la factura y llevarla al momento en que se iba a efectuar la operación, el boleto o la escritura. Yo me comuniqué con Raimundo Berra, hable telefónicamente con el, le manifesté quien era, para que lo llamaba y pidiendole los datos necesarios para emitir la factura. La respuesta que obtuve fue que el tenía una diferencia con Carfi en cuanto los honorarios y en cuanto la resolviera me iba a dar los datos, pero no me proveyó ningún dato, me dijo que lo iba a arreglar con Carfi. Yo le comuniqué a Carfi lo que me había dicho Raimundo Berra y lo que sé despues es que al momento de concretarse la operación en las oficinas de Coto, asisten Carfi Eduardo José y Facundo para presenciar la operación y cobrar la comisión en ese momento y ahí a ellos no los dejan entrar a la sala de reunión, generándose un momento de tensión. Ahí Eduardo Carfi se descompensa y luego tuvo que ser internado, permaneciendo en ese estado por no menos de 20 días". Dice también que "uno de los predios linderos estaba a nombre de Ezequiel, y el otro supongo que a nombre de Raimundo. Lo que si sé es que uno lindero al principal pertenecía a Ezequiel, y ese predio tambien entró en la operatoria".
Afirma además que "el monto de la operación era alrededor de US$ 2.000.000 (Dos millones de dolares). Me consta por dichos a viva voz de como fue la operación".
Por otro lado, en su declaración de fs. 445/vta. la testigo Garcia -que en ese momento trabajaba como secretaria de la inmobiliaria- afirmó que "había una propiedad en zona Oeste que el sr Raimundo Berra puso a la venta. La misma está ubicada en la intersección de las calles Santa Rosa y Alem, Castelar, Partido de Morón. Lo sé de escucharlo en los pasillos de la oficina, que hablaban sobre el tema. Estaba al tanto de la operacion entre ellos y Coto, que eran los posibles compradores. Sabía que realizaban reuniones, desconozco donde. Lo sabía por llamados telefónicos. Yo atendía los llamados y los derivaba. Sé que se concretó la operación entre las partes. Se arreglaron digamos entre ellos, dejando fuera la inmobiliaria. Ahí fue cuando Eduardo Carfi se descompone, dado que tengo entendido que el tenía que percibir unos honorarios por la operación realizada y es cuando debido a ello le deben realizar una intervención quirúrgica. No sé donde se descompuso. Me entero a través de los hijos del hecho sucedido. Con respecto a los mails , tengo entendido que Raimundo Berra tenía intención de comprar un inmueble en la zona de Castelar a través de la inmobiliaria Carfi, y es por ello que yo enviaba dictado por Eduardo e-mails con propiedades".
El aporte que realiza la testigo, desde su lugar de secretaria de la inmobiliaria (luego desvinculada de ella), es trascendente y se contextualiza con la restante declaración testimonial (Pujol) y con el resto de los elementos que vengo analizando.
En cuanto a los dichos de Pujol, por mas que pudiera tener alguna cercanía con las partes, no veo mérito para descreerle.
Sus manifestaciones se correlacionan con las de Garcia y con los restantes elementos de convicción que he ponderado hasta aquí (arts. 384 y 456 del CPCC).
Por lo demás, los dichos del testigo Montiel (fs. 807/vta.), no aportan mayores datos pues es sumamente impreciso y no llega contradecir todo el plexo probatorio que ya he mencionado (arts. 384 y 456 del CPCC). Además, y complementando todo lo expuesto, tenemos la incontestación a la Carta Documento de fs. 12 por parte del co demandado Carlos Raimundo Berra lo cual, en el contexto que vengo describiendo, es un dato de suma relevancia.
Finalmente, tenemos un dato con potencialidad indiciaria (art. 165 inc. 5 del CPCC) que no podemos desconocer.
El mismo día en el que se firmó la escritura -esto es el 14 de Marzo de 2012- el actor tuvo un episodio médico, que es vinculado por el perito actuante con una situación que le resultó estresante (ver presentación de fs. 581/583 mas precisamente fs. 582vta. y, fundamentalmente, escrito de fecha 26 de Agosto de 2020); la constancia de fs. 271 (emanada de Osde) documenta el pedido de auxilio médico de ese día y la historia clínica del IADT (fs. 211/258) corrobora que el actor efectivamente tuvo este problema; no es dato menor que a fs. 213 se marca que el actor ingresó ese día con una crisis nerviosa.
El hecho así señalado, de manera solitaria, podría ser equívoco y ambivalente.
Pero si se lo aprecia en el contexto al que vengo haciendo referencia adquiere una gran potencialidad indiciaria.
En efecto: conforme las máximas de la experiencia, frente a una situación como la que aquí se venía desarrollando, no es irrazonable que quien vea indebidamente frustrados sus derechos (luego de haber realizado el trabajo de corredor, acercando a las partes) sufra un episodio de este tipo. Y tiene buen peso indiciario, como decía, que esto haya sucedido ni mas ni menos que en el ámbito de las oficinas vinculadas con el giro comercial de uno de los co contratantes, justo el día en que se firmó la escritura.
Si bien este elemento, insisto, no es de por sí acreditativo de los hechos principales, sí goza de potencialidad indiciaria (art. 163 inc. 5 CPCC) como para corroborar todo lo que vengo señalando hasta aquí; mas aún frente al tenor de la conversación antedicha y cómo concluyó la misma. Por lo demás, y en cuanto al precio e inmuebles que involucró la operación, tenemos la prealudida escritura, en donde se menciona la venta por la suma de u$s 965.000 y en ella interviene el co demandado Carlos Raimundo Berra como vendedor.
El restante co demandado (Ezequiel) allí no participa.
Tampoco participó en la reunión documentada en la mencionada grabación.
Por eso, y mas allá de lo que hubiera reconocido al absolver posiciones (solo la titularidad del inmueble y su participación en la reunión del 14 de Marzo) o lo que hubiera dicho el otro co contratante, lo cierto es que no tenemos suficientemente demostrado el acto de compraventa del inmueble de su propiedad, ni tampoco cuál sería su vinculación con el aquí actor como para obligarlo personalmente al pago de una comisión.
Por ello, entiendo, la condena no puede alcanzarlo, ni comprender tampoco el precio de venta otro inmueble que no sea el mencionado en la escritura, siendo la única operación fidedignamente demostrada en el caso. Ciertamente el actor podía, y debía (art. 375 CPCC), acreditar dicha operación adecuadamente, si pretendía también comisión en tal sentido, pero -insisto- mas allá de las circunstancias, no existe prueba suficiente en tal sentido y coincido, en este aspecto, con lo que indica el Sr. Juez de Grado en cuanto a cual ha sido la única operación debidamente acreditada en autos.
Luego, y a la luz de todo lo expuesto, entiendo que con las pruebas aludidas ha quedado suficientemente demostrada la actividad de intermediación del actor en la operación llevada a cabo, como así también cuál había sido el acuerdo relativo a su comisión (3%) y cuál fue el precio por el que se vendió el inmueble allí mencionado (u$s 965.000). Consecuentemente, y si mi propuesta es compartida, deberá revocarse el rechazo de demanda contra el co demandado Carlos Raimundo Berra, prosperando la misma por la suma de u$s 28.950 (dólares estadounidenses veintiocho mil novecientos cincuenta).
Debo ocuparme, ahora, de los restantes rubros reclamados.
El peticionante incorporó a su pretensión, además de lo relativo a los honorarios, un reclamo por incapacidad física, reintegro de gastos y daño moral.
En cuanto a la incapacidad, debo recordar que la indemnización por incapacidad psicofísica tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1083, 1086 y ccdtes. C. Civil).
Por lo demás, la circunstancia de que nos hallemos ante un incumplimiento contractual, que puede generar determinados daños, no inhibe su resarcibilidad pues, a mi modo de ver, lleva razón el actor cuando dice que nos hallamos ante un incumplimiento deliberado por parte del demandado (de acuerdo con lo analizado), lo que acarrea las consecuencias del art. 506 y 521 del Código Civil, en lo que hace a las consecuencias mediatas del incumplimiento (como sería un eventual menoscabo físico). Ahora bien, con respecto a la cuantificación del perjuicio, como lo expliqué anteriormente, considero que no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que puede ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcula u point", sino que debe adoptarse un criterio que, en cada caso, contemple las específicas circunstancias de la víctima, especialmente las referidas a la edad, estado familiar, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción y la incidencia que ésta tiene para el cumplimiento de las tareas que desarrollaba, inclusive en su vida de relación, como también el nivel socioeconómico en que se desenvolvía (art. 165, C.P.C.C.; conf. SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010). Decía, asimismo, en la causa mo-21839-2014, sentencia del 3 de Marzo de 2022 del Registro de la Sala III que los montos dependen de las circunstancias del caso, y que varían o pueden lícitamente variar de caso en caso, y de tiempo en tiempo, no estando constreñido moral ni jurídicamente a seguir los valores que en otros casos pudieran haberse fijado, ni tampoco el método del calcul au point, sino más bien me inclino decididamente por la posición establecida por el Dr. Jordá en cuanto a que el monto a fijarse no puede ser fruto, de manera exclusiva, de la aplicación mecánica de los porcentajes informados por los peritos o de meros cálculos matemáticos, y que esa clase de porcentajes sólo constituyen un elemento más a considerar entre una multiplicidad de variables.
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo y el principio de integralidad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso-.
Atento lo pretendido lo fundamental, tratándose de una cuestión que requiere conocimientos especializados, es el dictamen de expertos (art. 457 del CPCC).
Vayamos, entonces, a la prueba pericial médica producida.
La pericia de fs. 581/3 nos dice que como consecuencia del evento dañoso en autos, el actor sufrió una obstrucción de carótida derecha que puede haberse desencadenado por un pico hipertensivo a causa de un hecho estresante.
Nos habla de una incapacidad parcial y permanente del 2%, señalando que no hay constancias que determinen que el actor sufriera patologías previas.
Al perito se le pidieron explicaciones y las evacuó (ver presentaciones de fecha 28 de Julio y 26 de Agosto de 2020), en escritos a los que cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
La pericia está suficientemente fundada, emana de profesional competente, es clara y explicativa, no existiendo elementos de convicción (objetivos) que la contradigan sino todo lo contrario, las piezas de fs. 211/258 y 271 la corroboran (arts. 384 y 474 del CPCC).
Por lo demás, los testigos Pujol y Garcia se expiden en sentido coincidente, con relación al cuadro que sufrió el actor (arts. 384 y 456 del CPCC).
Consecuentemente, a la luz de lo expuesto, teniendo en cuenta lo dicho por mi en cuanto a la inaplicabilidad de las fórmulas matemáticas, conjugando la incapacidad referida con las condiciones personales de la accionante, ponderando dichas circunstancias y la moderada incapacidad pericialmente informado, entiendo que el rubro debe prosperar, por la suma de $180.000 (ciento ochenta mil pesos).
Prosigo, ahora, con los agravios atinentes al rubro gastos.
Para abordar el tema, es del caso recordar que desde esta Sala se ha sostenido que ciertos gastos (honorarios de médicos; traslados; etc.) aunque no se haya demostrado documentadamente su existencia deben ser reparados, aunque -claro está- este concepto dista mucho de ser absoluto y de resultar una graciosa concesión de los jueces encontrando su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa su prueba. Lo que si debe acreditarse es la correlación entre los gastos realizados y las lesiones experimentadas, tiempo de curación, secuelas, carácter de ellas y tratamientos aconsejados no pudiendo derivar solamente de la voluntad o comodidad de la víctima o sus familiares (ver esta Sala en causa N° 33.001, R. S.295/95, 54.100, R.S. 367/07, entre otras). Importante resulta mencionar también que en más de una ocasión esta Sala, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal, tiene dicho que: "...el hecho que la víctima de un accidente de tránsito se haya atendido en establecimientos asistenciales públicos, no obsta a que en la indemnización se incluya una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventadas por el paciente, aunque el resarcimiento se reitera- debe guardar concordancia con las lesiones, afección o enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que se encuentre documentado su importe S. C. B. A., Ac. y Sent., T° 1.976-I-549; D.J.B.A., T. 118-74-.
Asimismo, es menester referir que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no este demostrado cabalmente su importe..." -S.C.B.A., T° 117, p g. 127- (Conf. Causas de esta Sala N° 20.745, R.S. 63/88; N° 24.973 R.S. 165/90; N° 41.649, R.S. 607/99), y que la circunstancia de que la víctima de un hecho ilícito se encuentre asociada a los servicios de una obra social, no resulta suficiente para desestimar el rubro (esta Sala entre otras causas: nros. 32.928 y 32.928 bis, R.S. 648/99; 27.098, R.S. 199/91; 40.796, R.S. 218/99); pues ello no se condice con el principio de reparación integral y la obligación de resarcir todos los gastos de curación y convalecencia no se comparecen con semejante tesis (causa nro. 26.558, R.S. 148/91); lo mismo sucede en el caso de que exista una aseguradora de riesgos del trabajo.
Sentado ello, estando acreditados los menoscabos físicos y las atenciones médicas recibidas (fs. 210/258 y 385/6) entiendo que el rubro debe prosperar, por la suma de $30.000 (treinta mil pesos).
En cuanto al daño moral, debemos recordar que la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria.
Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
En este contexto, si bien es cierto que -en materia contractual- el daño moral suele analizarse con carácter restrictivo, no menos cierto es que su inclusión está contemplada (art. 522 del Código Civil) y mas aun en casos como el presente cuando queda demostrado un incumplimiento deliberado de parte del deudor.
Amén de lo cual, aquí el incumplimiento contractual, por sus derivaciones, ha terminado generando un menoscabo físico al actor, con lo cual es atendible también este aspecto del reclamo.
Pues bien, desde esta perspectiva, abordando las quejas atinentes a los montos resarcitorios, considerando las características del hecho, las lesiones que padeció el actor, los tratamientos a los que debió someterse, su edad al momento de los hechos y, fundamentalmente, las secuelas que le han quedado instaladas de manera permanente, considero que el rubro debe prosperar por la suma de $100.000 (cien mil pesos).
Bajo tales condiciones, el reclamo contra el co demandado Carlos Raimundo Berra prosperará, en las condiciones indicadas.
A las sumas indicadas, se deberán añadir intereses que se calcularán del siguiente modo:
a) a la suma fijada en dólares, a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires para su depósitos a 30 días en dicha moneda b) a la suma fijada en pesos, a la tasa del 6% anual desde el 14 de Marzo de 2012 y hasta la fecha del presente y, de allí en mas, a la tasa pasiva mas alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus operaciones de depósito a 30 días.
Los intereses se devengarán desde el 14 de Marzo de 2012.
Y las costas de ambas instancias por este reclamo quedarán en cabeza del demandado (arts. 68 y 274 del CPCC).
La condena deberá cumplirse en el plazo de 10 días de quedar firme la presente y bajo apercibimiento de ejecución.
Mientras tanto, y por las antedichas razones, el rechazo de la demanda contra el codemandado Ezequiel Berra deberá confirmarse, con costas al actor.
Bajo tales condiciones, promoveré la revocación parcial del fallo apelado.
Consecuentemente a la segunda cuestión planteada doy mi voto PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA A LA MISMA CUESTION EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO Adhiero al voto que antecede, por sus mismos fundamentos, con las los propios que aquí añado En lo tocante al monto fijado por daño físico, cabe señalar que la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de daños, t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).- La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).- Asimismo tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suáres), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
La base referencial que estamos utilizando es la de $60.000 por punto de incapacidad, pero de acuerdo con la evolución de las circunstancias económicas actuales, entiendo que podemos empezar a trabajar con un valor de $70.000 y luego irlo adecuado a las diversas circunstancias del caso.
Sobre este piso de marcha, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del calcul au point no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fria, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado -valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experienciacon las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C.
Civil).- Finalmente, y en cuanto a la eficacia probatoria de los dictámenes periciales, debo recordar que he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en sus conocimiento personales, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurda o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Aquí debo detenerme para dejar señalado que, computando las circunstancias del caso (que bien reseña el Dr. Cunto), coincido en sus consideraciones vinculadas con la valoración del plexo probatorio y de los dictámenes periciales, como así también -teniendo en cuenta las circunstancias personales del actor, el daño que han sufrido y la incapacidad que le ha quedado, con sus repercusiones concretas y no abstractas, todo ello a la luz de las mencionadas pautas de tarifación referencial- acompaño al colega en su propuesta.
En otro orden de ideas, y con relación al daño moral, he venido señalando que el mismo resulta de una lesión a los sentimientos, en el padecimiento y las angustias sufridas, molestias, amarguras, repercusión espiritual, producidos en los valores más íntimos de un ser humano; que, probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferida por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias del proceso- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; ésta Sala en causas 21.247, R.S. 128 del 3/8/88, idem causa 21.946, R.S. 192 del 9/8/88, causa 29.574, R.S. 45 del 9/3/93).-
Por otro lado, en reiteradas ocasiones, hemos dicho que el rubro tiene carácter eminentemente resarcitorio para la víctima y no sancionatorio para el victimario (esta Sala en causa nro. 42.001 R.S. 364/01, 47.522 R.S. 447/03).-
Decíamos en la causa nro. 44.628 (R.S. 637/01) que si el dinero que se paga por el daño moral no tuviera carácter indemnizatorio, faltaría el fundamento necesario para que la víctima lo percibiera y que encarando la reparación del daño moral como pena, se incurre en el defecto de enfocar el problema desde el punto de vista del autor, únicamente, al cual se le impondría la sanción de reparar el agravio causado, pero quedaría sin justificar la razón en virtud de la cual la víctima recibiría el importe de esa sanción ejemplar y que entre los objetivos de la pena prevenir, punir o enmendar, no está ciertamente el de enriquecer el bolsillo del perjudicado; en base a ello se señalaba que para constituir el derecho de la víctima a cobrar el importe de la reparación, es imprescindible recurrir a la idea del resarcimiento por lo que la reparación del daño moral es eminentemente satisfactoria.
Sentado ello, computando la índole misma del hecho dañoso, como así también las repercusiones que le han quedado instaladas al accionante, como así también sus circunstancias personales, coincido con el colega que ha votado previamente y por ello lo acompaño en su propuesta.
Finalmente, adhiero -por sus mismos fundamentos- a todas las demás propuestas que se formulan en el voto anterior, dando el mio PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMAN las resoluciones de fecha 24 de Noviembre de 2020 y 30 de Diciembre de 2020, con costas al apelante (art. 68 del CPCC) y SE REVOCA, parcialmente, la sentencia de fecha 20 de Diciembre de 2021 en cuanto rechaza la demanda contra el co demandado Carlos Raimundo BERRA, admitiéndose la misma, condenándose al nombrado a pagar, dentro de los diez días de quedar firme la presente y bajo apercibimiento de ejecución, al actor Eduardo José Carfi, las sumas de: a) u$s 28.950 (dólares estadounidenses veintiocho mil novecientos cincuenta); b) $310.000 (trescientos diez mil pesos). A las sumas indicadas, se deberán añadir intereses (desde el 14 de Marzo de 2012) que se calcularán del siguiente modo: a) a la suma fijada en dólares, a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires para su depósitos a 30 días en dicha moneda; b) a la suma fijada en pesos, a la tasa del 6% anual desde el 14 de Marzo de 2012 y hasta la fecha del presente y, de allí en mas, a la tasa pasiva mas alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus operaciones de depósito a 30 días. Las costas de ambas instancias, por el progreso de la demanda contra el nombrado, quedarán impuestas en cabeza del accionado (arts. 68 y 274 del CPCC). Finalmente, SE CONFIRMA la sentencia apelada en cuanto rechazó la demanda contra el co demandado Ezequiel Berra, con costas al actor (art. 68 del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac.
4013/21, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, HACIENDO SABER A LAS PARTES QUE SI ALGUNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA RESULTARA ADMISIBLE DEBERA PRESENTARSELA ANTE ESTE TRIBUNAL (ART. 279 CPCC) Y QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, ESTA SALA REQUERIRA LA REMISION DE LOS OBRADOS A LA INSTANCIA DE ORIGEN
Fin de la sentencia