Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 36.659-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad parcial de Resolución (AD SALO) n° 726/15, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA n° 12520-48-2011, en cuanto condena a la firma CARGILL S.A. a la infracción del inc b), ap. 1, del art. 954 del C.A., costas a la DGA.
2Declarar que la multa del inc a), ap. 1, del art. 954 del C.A. se encuentra condonada (en los términos del artículo 7° de la Ley 27.743 y normas concordantes), con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-95264899-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 28 de Agosto de 2025 recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “CARGILL S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expte. nº 36.659-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 21/32, se presenta por apoderado, la firma epígrafe e interponen recurso de apelación contra la Resolución (AD SALO) n° 726/15, recaída en el SIGEA n° 12520-48-2011, en cuanto lo condena por la presunta infracción al art. 954, ap. 1, incs. a) y b) del C.A., relacionado con las destinaciones n° 06 052 DJVE 002399 K, 06 052 DJVE 001458 F y 06 052 DJVE 001483 D, intimándosele el pago de una multa de $ 460.620,37. En primer término, efectúa un breve relato de los antecedentes que dieran origen al dictado de la resolución apelada. Expresa que debido a un error involuntario cometido en la programación de los embarques en el momento de la carga se cargaron toneladas por encima del 105% de la tolerancia admitida. Sostiene que la liquidación practicada por el servicio aduanero a los efectos del cálculo de la multa mínima reclamada era errónea. Agrega que ello le impidió utilizar el instituto establecido por los arts. 930 y 932 del C.A. Refiere a que no solo se allanó al pago de los tributos reclamados sino que también puso a disposición del servicio aduanero el pago de la multa mínima que consideraba correcto. Relata que un año y medio después, se le corrió una nueva vista imputándosele ya no solo la infracción tipificada en el art. 954 inc a) del C.A. sino que ahora también la del inc b). Hace referencia a la doctrina del plazo razonable. Plantea la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas toda vez que han transcurrido más de 10 años de oficializadas las destinaciones en cuestión. Sostiene la improcedencia de la aplicación del inc. b), ap. 1, del art. 954 del C.A. Se refiere a la Ley 21.453. Expresa que no es posible considerar que un exceso en la exportación de las toneladas registradas a través de una DJVE, es decir, por encima de la tolerancia reglamentaria del 5%, podría determinar que la declaración aduanera implique una transgresión a una prohibición a la exportación. Aclara que el registro de las DJVE no opera como suerte de licencia previa de exportación no automática, ni tampoco como una restricción, simplemente se trata de un régimen de registración con beneficios tributarios. Considera que si se exporta más de las cantidades registradas el excedente no se convierten en exportaciones prohibidas sino que solo se pierde el beneficio tributario previsto en la ley. Subsidiariamente, solicita se apliquen la atenuación de la pena en los términos de los artículos 915 y 916 del C.A.
Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 40/46 vta., la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Efectúa un relato de los hechos y contesta los agravios de la actora. Expresa que no existe ninguna nulidad del acto administrativo. Realiza consideraciones respecto al art. 954 del C.A. Explica que por el Decreto n° 654/02 se le asignó a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos la función del registro de las DJVE, en su carácter de autoridad de aplicación, congruentemente con lo establecido en el inc. d) del art. 609 del C.A., lo que se traduce en la limitación impuesta a la exportación de ese tipo de mercaderías requiriendo como requisito sine qua nom la DJVE previa a la oficialización. De allí, que considera que la infracción del inc b), ap. 1, del art. 954 del C.A. se encuentra configurada toda vez que al no mediar autorización previa concedida por la autoridad competente (ONCCA) su ingreso es sancionado. Sostiene que surge palmariamente que la firma exportadora es responsable de la configuración de la infracción aduanera endilgada. En cuanto a la atenuación de la pena solicitada por la recurrente, solicita su rechazo habida cuenta de que no se ha cumplido con los deberes inherentes al régimen respectivo. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 89, se declara la causa de puro derecho. A fs. 120, se elevan los autos a la Sala “F” y quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas SIGEA n° 12520-48-2011 se inician, a fs. 1, 11 y con los Informes n° 272/11, 300/11 y 301/11 de la Sección “R”. A fs. 4, obran las Denuncias n° 179/14, 184/11 y 185/11. A fs. 43/45, se dispone la apertura de sumario. A fs. 48/49, obra la liquidación de multa y tributos. A fs. 57, se corre vista de todo lo actuado a la firma exportadora CARGILL S.A. A fs. 59, se notifica la recurrente (20/9/11). A fs. 73/81, contesta vista la firma exportadora. A fs. 137/138, obra una nueva liquidación de multa y tributos. A fs. 139, luce una nueva corrida de vista. A fs. 155/166, contesta vista la recurrente. A fs. 176/180, obra el Dictamen n° 342/15. A fs. 183/190, consta la Resolución (AD SALO) n° 457/15. Finalmente, a fs. 191/199, obra la Resolución (AD SALO) n° 726/15, aquí apelada.
V. Que debe determinarse en autos si la resolución recurrida por la que se condena a la recurrente a la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a) y b) del C.A., al pago de una multa, se ajusta o no a derecho, siendo necesario determinar si se encuentran reunidos los elementos configurativos de la infracción imputada.
Previamente cabe señalar que la actora interpuso como hecho nuevo la puesta en vigencia de la Ley n° 27.743 (B.O. 8/7/24), que estableció un régimen de “Regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social”, que desde ya se adelanta, no corresponde su aplicación a la infracción del inc b), ap. 1, del art. 954 del C.A. toda vez que la cuestión ha sido tratado por la CSJN en la causa “Chehadi, Mallid c/ Aduana La Quiaca s/ impugnación de acto administrativo”, del 30/8/22, que señaló “…las condiciones particulares de la infracción en cuestión, que dan cuenta que la conducta punible no resulta apta para generar un perjuicio fiscal sino que guarda relación con el incumplimiento en sí de deberes u obligaciones asumidas respecto de destinaciones o regímenes aduaneros, resulta que no concurren en el caso las condiciones previstas en las disposiciones aplicables que torne procedente la condonación de la multa, sin perjuicio de la decisión que, en definitiva, deba adoptarse en la causa.” (Considerando 17°).
No obstante, la condonación de la conducta tipificada en el inc a) de la infracción en cuestión será tratada con posterioridad por razones prácticas. En igual sentido, la prescripción opuesta por la firma exportadora en virtud del análisis procesal que resulta relevante en el caso.
En cuanto al fondo de la causa, surge de las actuaciones administrativas que la firma exportadora documentó las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior n° 06 052 DJVE 002399 K, 06 052 DJVE 001458 F y 06 052 DJVE 001483 D, por las que exportó la cantidad consiste en 112, 5000 y 1900 kilogramos, de mercadería descripta como pallets de soja y aceite de girasol, que ubicó en las P.A. 2304.00.10.200G y 1512.11.10.100Q.
Que mediante los Informes n° 272/11, 300/11 y 301/11 de la Sección “R”, advirtió la existencia de un excedente en la exportación de las citadas operaciones, en concreto 106,33 kg (06 052 DJVE 002399 K) 205 kg (06 052 DJVE 001458 F) y 5 kg (06 052 DJVE 001483 D), teniendo en consideración la tolerancia del 5% establecida en la Resolución n° 685/92 (art. 5°).
Por tal razón, el servicio aduanero dispuso la apertura de sumario por la presunta infracción al art. 954, ap. 1, inc a) del C.A., toda vez que la cantidad exportada asociada a una determinada declaración jurada de venta al exterior se encontraba en transgresión al margen de tolerancia permitido por la reglamentación. Resulta importante indicar que en el procedimiento sumarial, la Aduana al correr vista (a fs. 57 de las actuaciones administrativas) a la exportadora inicialmente lo hace por la infracción endilga en el acto de apertura de sumario (inc a) del art. 954 del C.A.) y, con posterioridad, corre nueva vista en los términos infraccionales del inc a) y b) del art. 954 del cuerpo legal mencionado (ver fs. 139 del mismo expte. sumarial).
Al contestar la corrida de vista en sede aduanera, la exportadora reconoció la existencia de un error involuntario al momento de la carga de la mercadería que derivó en la exportación de un excedente de toneladas por encima del 105% de la tolerancia admitida. En virtud de ello, decide allanase al pago de los tributos reclamados, sin perjuicio de que, respecto de la multa, se agravió en cuanto a la determinación de la base para su cálculo, siendo que se computó la sanción del b) del 954 del C.A., además de no tenerse en cuenta los derechos de exportación efectivamente pagados.
En ese marco, el servicio aduanero dicta la resolución que aquí se apela, condenando a la firma importadora al pago de una multa, por la comisión de la infracción tipificada en los incs a) y b), ap. 1, del art. 954 del C.A.
VI. Primeramente, corresponde tratar la tipificación legal atribuida a la recurrente respecto de la infracción del inc b), ap. 1, del art. 954 del C.A. atento a una posible invalidez de la resolución apelada en tal sentido.
El auto de apertura de sumario obrante a fs. 43/45 de las actuaciones administrativas, inicia el procedimiento sumarial en los términos del art. 954, ap. 1, inc a) del C.A., sin embargo, se corre vista a la imputada en dos oportunidades mediando un cambio en la calificación legal. La primera vista, se corre por el inc a) de la infracción y; la segunda vista, por los incs a) y b) (ver a fs. 57 y 139 de las act. Adm.), resultando esta última la figura infraccional atribuida en la resolución aquí apelada.
Al respecto, entiendo que la cuestión debatida obliga a tratar varios puntos, pues observo que la imputación del inc b), ap.1, del art. 954 del C.A. en la citada vista, intenta purgar la calificación legal omitida en el auto de apertura de sumario.
Primeramente, debe señalarse que el art. 1094 del C.A. establece ciertas exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción...”.
Si bien no escapa a mi conocimiento que la Comisión redactora de la Ley n° 22.415, en la Exposición de Motivos indicó que lo normado en el art. 1094 no significaba que se cristalice la investigación con referencia a determinado encuadre infraccional, permitiendo que las medidas preliminares puedan hacerse extensivas a la investigación de otros hechos que pudieren constituir infracciones aduaneras, corriéndose una nueva vista a los presuntos responsables en iguales términos que la anterior (art. 1102). Aclarando que, no obstante, si los hechos fueran los mismos y sólo variara el encuadre legal, no era necesario que se corriera vista de lo actuado.
Tengo para mí que lo descripto en el párrafo precedente no puede ser el criterio que ha de regir en este caso en concreto, pues la corrida de vista que endilga la imputación del inc b), ap. 1, del art. 954 del C.A. intenta sanear la omisión en la identificación del ilícito del auto de apertura de sumario, cuando es dicho acto el que debe guardar los recuados exigibles de la causa y el procedimiento requerido para la validez de todo acto administrativo, más aun cuando no ha existido acto material alguno previo a la vista citada que denote una imputación en ese sentido.
Asimismo, corresponde dejar en claro que el dictado del auto de apertura de sumario constituye uno de los actos que mayor trascendencia dentro del procedimiento infraccional, toda vez que la resolución que lo determina (Resolución AD SALO n° 463/11) no solo establece los límites fácticos del conflicto jurídico sino también la imputación infraccional del encartado.
La instrucción sumaria del procedimiento infraccional comparte en cuanto a su naturaleza jurídica, el carácter y la estructura de la sentencia interlocutoria de carácter provisorial del auto de procesamiento instruccional del proceso penal, entablándose –en ambos casos- una resolución de índole jurisdiccional que refiere a la calificación del o los hechos de que se trate.
Es decir que, el auto de apertura de sumario infraccional es un acto interlocutorio de carácter provisonal del admisnitrador instructor que determina la probable culpabilidad del imputado respecto del ilícito allí endilgado, es de tal trascendencia que desde el punto de vista del encausado, este acto constituye una garantía de su defensa, al mismo tiempo que otorga legalidad y seguridad jurídica en la sustanciación del procedimiento.
Otra cuestión, es la corrida de vista, providencia de mero trámite que tiene por finalidad permitirle al imputado el acceso a las actuaciones, y específicamente en el procedimiento infraccional, implica también, un traslada de lo comunicado en el auto de apertura de sumario que le permite su descargo y la presentación de su defensa.
En efecto, se advierte en estas actuaciones que, por las particularidades procesales de la causa y la afectación del derecho de defensa en juicio, como lo es una imputación contenida en la vista del sumario infraccional (inc b), ap. 1, del art. 954 del C.A.) por la que se condenó a la recurrente, ha configurado un gravamen irreparable de imposible o difícil reparación ulterior, puesto que la imputación infraccional en el auto de apertura de sumario no deviene de una procedencia formal sino sustancial del procedimiento respectivo.
En este orden de ideas y teniendo en consideración los extremos señalados ut supra en cuanto al procedimiento llevado a cabo ante la administración y el objeto de la condena, contenido en la Resolución (AD SALO) n° 726/15, entiendo que corresponde declarar la nulidad parcial de la resolución apelada en cuanto condena a la recurrente a la infracción tipificada en el inc b) ap. 1, del art. 954 del C.A.
VII. Seguidamente, corresponde tratar la excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer multas opuesta por la actora, en lo que respecta a la infracción del inc a), ap. 1, del art. 954 del C.A. En lo que se refiere a la imposición de la pena de multa, los artículos 934 y 935 del C.A. determinan que “la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de CINCO (5) años”, plazo que “comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción...”.
En el presente caso, por aplicación de las normas citadas resulta que el plazo de prescripción de la acción del Fisco para imponer multa comenzó a correr a partir del 1/1/07, toda vez que las DJVE n° 06 052 DJVE 002399 K, 06 052 DJVE 001458 F y 06 052 DJVE 001483 D fueron oficializadas en fecha 20/10/2006, 13/07/2006 y 14/07/2006, operando dicha prescripción el día 31/12/11.
A diferencia de lo que pretende la actora, el auto por el que se dispuso la apertura del sumario administrativo, de fecha 25/8/11, obrante a fs. 43/45 de las actuaciones administrativas, interrumpió el curso de la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas -art. 937, inc. a), del C.A. También corresponde añadir que, reanudado el plazo de cinco años para la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, el mismo volvió a ser interrumpido por el dictado de la resolución condenatoria n° 726/15, de fecha 15/12/15, en los términos del artículo 937, inc. d), del C.A. De todo lo expuesto, se desprende que no se ha producido la pretendida prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, por lo que corresponde desestimar el planteo de la recurrente en tal sentido.
VIII. Por último, debe determinarse si resulta procedente la condonación solicitada por la recurrente respecto de la multa impuesta en virtud del inc a), ap. 1, del art. 954 del C.A.
Al respecto, cabe aclarar que el sumario infraccional se inicia con motivo de una inexactitud advertida por el servicio aduanero conllevando un perjuicio fiscal, en razón de la excedencia de tolerancia en más, permitida sobre la cantidad comprometida para exportar en las declaraciones juradas de trato, de conformidad con lo establecido en el Anexo II “A”, punto 4, de la Resolución General AFIP n° 1256/02 Que tal diferencia no se encuentra discutida en autos por la actora puesto que reconoce haber incurrido en un error al momento de la programación de los embarques, admitiendo haber cargado toneladas en más del 105% de tolerancia admitida.
Tal reconocimiento tuvo como correlato que la actora abonara los derechos de exportación relacionados con la excedencia cometida, dejándose constancia de tal proceder mediante el comprobante de pago obrante a fs. 87 de las actuaciones administrativas.
En lo que aquí interesa, la Ley n° 27.743 –BO 08/07/2024– creó en su art. 1° “el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social con el fin de lograr el pago voluntario de las obligaciones (...)”. Seguidamente, el art. 2° de la norma citada establece que “los contribuyentes y responsables de las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, y por las infracciones cometidas hasta dicha fecha relacionadas o no con aquellas obligaciones. (...). Asimismo, dispone que el acogimiento puede formularse desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación a cargo de la AFIP –lo que aconteció el 17/07/2024 (cfr. RG AFIP 5525, art. 47) – y hasta transcurrido ciento cincuenta (150) días corridos desde esa fecha, inclusive.
Asimismo, el art. 3° dispone que “Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior: a) Aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa (incluye las causas ante el Tribunal Fiscal de la Nación) o contencioso administrativa (incluye cualquier causa en trámite ante el Poder Judicial), en tanto el contribuyente se allane y/o desista, según corresponda, incondicionalmente por las obligaciones regularizadas; y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento y/o el desistimiento, según corresponda, podrá ser total o parcial. En ningún caso, dicho allanamiento y/o desistimiento podrá ser interpretado como un reconocimiento de la exigibilidad de la obligación fiscal con relación a los períodos fiscales que no se hayan regularizado a través del presente régimen (...)”.
En ese marco, el art. 6° establece los beneficios para los sujetos que se acojan al régimen, para los cuales prevé distintos porcentuales de condonación de los intereses resarcitorios y punitorios devengados según la fecha en la que se efectivice la adhesión y la forma de pago de las obligaciones adeudadas. Además, el art. 7° dispone que “En los casos mencionados en los incisos a), b), c), d) y e) del primer párrafo del artículo 6° se condonará el cien por ciento (100%) de las multas aplicadas. Dicha condonación también aplicará al supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 6° de esta ley. El beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal. De haberse sustanciado el sumario administrativo previsto en el artículo 70 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, el citado beneficio operará cuando el acto u omisión atribuido se hubiere subsanado antes de la fecha de vencimiento del plazo para el acogimiento al presente régimen. Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de marzo de 2024, inclusive. Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. Este beneficio de condonación de sanciones no está sujeto al cumplimiento de ninguna condición o requisito más que haberse realizado el pago de la obligación sustancial al 31 de marzo de 2024, inclusive, y que se trate de una multa o sanción que no se encuentre firme ni cancelada a dicha fecha.”.
Por su parte, la Resolución General 5525/2024 (AFIP), reglamentó el régimen de regularización excepcional de la Ley 27.743.
En ese sentido, el art. 4° determinó los requisitos que deberá cumplir quien se adhiera al régimen para obtener los beneficios de la condonación: “a) Tener presentadas las declaraciones juradas o liquidaciones determinativas -originales y/o rectificativas- de las obligaciones a regularizar. b) Declarar en el servicio “web” denominado “Declaración de CBU”, en los términos de la Resolución General N° 2.675 y sus modificatorias, la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta corriente o caja de ahorro de la que se debitarán los importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas, únicamente en los casos en que la adhesión al régimen de regularización excepcional se realice por medio de planes de facilidades de pago. c) Poseer Domicilio Fiscal Electrónico constituido conforme a lo previsto en la Resolución General N° 4.280 y su modificatoria.”.
El art. 5° dispone la modalidad de adhesión al régimen, a fin de cancelar o regularizar las obligaciones adeudadas en los términos del art. 6° de la Ley 27.743: “a) Pago al contado de acuerdo con lo establecido en los incisos a), b) y c) del mencionado artículo, hasta el 14 de octubre de 2024, inclusive. A tal efecto, los contribuyentes y/o responsables deberán acceder con Clave Fiscal al sistema “Mis Facilidades” disponible en el sitio “web” de este Organismo (https://www.afip.gob.ar), opción “Ley N° 27.743 - Regularización Excepcional” y considerar, en sus aspectos pertinentes, el procedimiento descripto en el artículo 9° de la presente. Asimismo, deberán consolidar la deuda y generar, a través de dicho sistema, el Volante Electrónico de Pago (VEP) que tendrá validez hasta la hora VEINTICUATRO (24) del día de su generación y cuyo pago se concretará únicamente por transferencia electrónica de fondos, según lo dispuesto por la Resolución General N° 1.778, sus modificatorias y complementarias. (...)”. El porcentaje de condonación de los intereses resarcitorios y/o punitorios se determinará en función de la fecha de acogimiento a este régimen de regularización y de la forma de cancelación elegida, de acuerdo con lo previsto en el primer párrafo del artículo 6° de la Ley N° 27.743.”.
Que, respecto de la condonación de multas, el art. 23 establece que: “El beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria o previsional resultará procedente cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: a) Haberse efectuado el pago íntegro de la obligación sustancial al 31 de marzo de 2024, inclusive, siempre que la sanción no se encontrare firme ni cancelada a dicha fecha. b) Haberse regularizado la obligación sustancial y los intereses no condonados mediante pago al contado o plan de facilidades de pago en los términos del presente régimen, en la medida en que la sanción no se encuentre firme ni cancelada a la fecha de acogimiento al mismo. c) Haberse regularizado la obligación sustancial y sus respectivos intereses mediante planes de facilidades de pago vigentes dispuestos con anterioridad a la entrada en vigencia del Título I de la Ley N° 27.743, siempre que la sanción no se encuentre firme ni cancelada a dicha fecha. La condonación de multas en materia aduanera resultará procedente siempre que las infracciones materiales tuvieran una obligación tributaria asociada o bien, se trate de importes pagados indebidamente en concepto de estímulos a la exportación, tipificadas en los artículos 954 -apartado 1, inciso a)-, 965 -incisos b) y c)-, 966 -cuando el beneficio sea una exención tributaria-, 970, 971 y 973, todos ellos del Código Aduanero - Ley N° 22.415 y sus modificaciones-.”.
En el caso de autos, se las ha imputado a la recurrente la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954 inc. a) del C.A., imponiéndosele una multa como sanción y sin formularse reclamo tributario alguno toda vez que los mismos fueron abonados en la sustanciación del procedimiento.
Por tal motivo, resulta procedente la condonación de la multa impuesta por el servicio aduanero a la firma apelante de conformidad con la normativa citada, en especial, con lo dispuesto en el cuarto párrafo del art. 3 de la ley 27.743 y el art. 23de la RG n° 5525/24 Asimismo, cabe señalar que la condonación -reunidos los recaudos para su aplicación- opera de pleno derecho, tal como lo establece la normativa citada.
En consecuencia, corresponde declarar condonada la deuda emergente de la sanción aplicada mediante la Resolución (AD SALO) n° 726/15, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA n° 12520-48-2011, apelada en los presentes actuados, ello de conformidad con lo dispuesto por la ley 27.743 y sus resoluciones reglamentarias.
IX. En cuanto las costas del proceso, entiendo que las mismas deben imponerse, en relación a la declaración de nulidad a la demandada y, en relación a la condonación, por su orden.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad parcial de Resolución (AD SALO) n° 726/15, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA n° 12520-48-2011, en cuanto condena a la firma CARGILL S.A. a la infracción del inc b), ap. 1, del art. 954 del C.A., costas a la DGA.
2. Declarar que la multa del inc a), ap. 1, del art. 954 del C.A. se encuentra condonada (en los términos del artículo 7° de la Ley 27.743 y normas concordantes), con costas por su orden.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero a la propuesta del Vocal Preopinante. ASÍ LO VOTO.-
Que, en virtud de los votos que anteceden, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad parcial de Resolución (AD SALO) n° 726/15, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA n° 12520-48-2011, en cuanto condena a la firma CARGILL S.A. a la infracción del inc b), ap. 1, del art. 954 del C.A., costas a la DGA.
2. Declarar que la multa del inc a), ap. 1, del art. 954 del C.A. se encuentra condonada (en los términos del artículo 7° de la Ley 27.743 y normas concordantes), con costas por su orden. Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.08.28 12:36:59 ART Date: 2025.08.28 13:05:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Tribunal Fiscal de la Nación Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.28 13:06:40 -03:00
Fin de la sentencia